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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2023-00395-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2023-00395-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, el 12 de marzo de 2024. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2023-00395-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante PAYU COLOMBIA S.A.S.
Demandada DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, SECRETARÍA DE HACIENDA
Temas Liquidación de aforo ICA. Silencio administrativo positivo.
Condena en costas en primera instancia. Prueba de su
causación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia del 12 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que decidió lo siguiente1:

PRIMERO. - DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Aforo No. GGI-FI-LA-50089-21 de
07 de julio de 2021, a través de la cual se determinó el impuesto de industria y comercio año
gravable 2016 (anual) y se impuso sanción por no declarar a la empresa PayU Colombia
S.A.S., así como la nulidad de la Resolución No. GGI-DT-RS-60-2023 de 04 de mayo de 2023,
mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración presentado contra aquellas, ambas
expedidas por el DEIP de Barranquilla por conducto del Gerente de Gestión de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda Distrital, de conformidad con las razones anotadas en precedencia.
SEGUNDO. - A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la sociedad PayU
Colombia S.A.S., no está obligada al pago de las sumas determinadas en la Liquidación
Oficial de Aforo No. GGI-FI-LA-50089-21 de 07 de julio de 2021, como tampoco en la
Resolución No. GGI-DT-RS-60-2023 de 04 de mayo de 2023, por haberse configurado el
silencio administrativo positivo en relación con esta última decisión.
TERCERO. - No condenar en costas.
CUARTO. - Ejecutoriada esta decisión, ARCHIVAR el expediente. [transcripción fiel al original].

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en adelante distrito de
Barranquilla) expidió la liquidación oficial de aforo GGI-FI-LA-50089-21 del 7 de julio
de 2021, mediante la cual determinó el impuesto de industria y comercio (ICA) para
el año gravable 2016 a cargo de PayU Colombia S.A.S., liquidó la sobretasa
bomberil e impuso sanción por no declarar.

Inconforme con la decisión, la sociedad interpuso recurso de reconsideración el 2
de marzo de 2022. Luego, la administración solicitó información adicional y
suspendió por tres meses el término para resolver dicho recurso, esto, mediante
auto GGI-DT-AU12-2023 del 31 de enero de 2023. Posteriormente, la liquidación
oficial de aforo fue confirmada por la resolución GGI-DT-RS-60-2023 del 4 de mayo
de 2023.
1
Samai del tribunal, índice 16, página 21.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

Para efectos de la notificación, la administración remitió citación a PayU Colombia
S.A.S. del 18 de mayo de 2023, para que se presentara personalmente dentro del
término de 10 días hábiles en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, por no poder
efectuarse la notificación de forma personal, el distrito fijó un edicto el 5 de junio de
2023, el cual se desfijó el 20 del mismo mes y año.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:

A. Que se declare - A título de nulidad.
1. La nulidad total de la Liquidación Oficial de Aforo No. GGI-FI-LA-50089- 21 de 7 de
julio de 2021, mediante la cual la secretaría de hacienda de Barranquilla liquidó el
impuesto de industria y comercio del año gravable 2016 e impuso sanción por no
declarar.
2. La nulidad total de la Resolución No. GGI-DT-RS-60-2023 del 4 de mayo de 2023
mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración.
3. Que se declare la ocurrencia del silencio administrativo positivo a favor de PayU,
toda vez que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se notificó
extemporáneamente.
B. A título de restablecimiento del derecho.
1. Que se declare que operó a favor de PayU, el silencio administrativo positivo y por
tanto el recurso de reconsideración presentado, se entiende resuelto a su favor.
En subsidio, que se declare que PayU no es sujeto pasivo del [i]mpuesto de industria
y comercio y avisos y tableros por el año gravable 2016 en el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla.
2. La condena en costas (incluidas las agencias en derecho) a la alcaldía de
Barranquilla de conformidad con el contenido normativo determinado en los artículos
361, 363, 364, 365 y 366 del Código General del Proceso y en concordancia con los
numerales 3.1., 3.1.2 y 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003.
La solicitud de condena en costas debe probarse y fundamentarse, razón por la cual
solicitamos a su honorable Despacho tenga en cuenta los fundamentos de hecho y
de derecho contemplados en este medio de control, así como las pruebas allegadas
de conformidad con lo expuesto en el capítulo final de la presente demanda.
Sin perjuicio de lo anterior, la condena en costas debe realizarse, de acuerdo con
los valores en los que incurrió PayU para defenderse frente a la expedición de los
actos administrativos contrarios a la ley, tomando como fundamento de la condena
la tarifa prevista en el numeral 1 del artículo 5 del acuerdo No. PSAA16-10554 del 5
de agosto de 2016 proferido por Consejo Superior de la Judicatura, el cual dispone
como agencias en derecho para los procesos declarativos de mayor cuantía en
primera instancia lo correspondiente a un máximo del 7,5% del valor de la pretensión
pecuniaria.

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 565, 643, 732, 734 y
742 del Estatuto Tributario; 41, 298 y 355 del Estatuto Tributario Distrital (Decreto
119 de 2019 del distrito de Barranquilla); 32 y 33 de la Ley 14 de 1983; 154 de la
Ley 1421 de 1993; y 164 del Código General del Proceso.
2
Samai, índice 2, archivo ZIP, documento de la demanda, páginas 4 a 5.

2
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Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

El concepto de violación se resume, así:

1. Configuración silencio administrativo positivo

Indicó que, de conformidad con el artículo 355 del Decreto 119 de 2019 y el artículo
732 del Estatuto Tributario, las autoridades tributarias cuentan con el término de un
año para resolver el recurso de reconsideración, contado desde la respectiva
interposición. Explicó que este plazo puede extenderse ante la configuración de
alguna de las causales legítimas de suspensión previstas en la normativa vigente.
En todo caso, sostuvo que no basta solo con expedir la decisión, sino que esta debe
ser notificada dentro del término señalado por la ley3.

Para el caso bajo examen, puso de presente que el recurso de reconsideración fue
interpuesto el 2 de marzo de 2022, por lo que en principio la decisión al respecto
debió ser notificada a más tardar el 2 de marzo de 2023. No obstante, debido a que
el distrito de Barranquilla suspendió el plazo por tres meses en el auto que abrió a
pruebas para decidir el recurso de reconsideración, el término para notificar su
decisión se extendió hasta el 2 de junio de 2023. Pese a lo anterior, la notificación
se surtió mediante edicto desfijado el día 20 del mismo mes y año, por lo que
consideró que se configuró el silencio administrativo positivo4.

Señaló que, si bien la sociedad recibió la citación para realizar la notificación
personal de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, existió la
imposibilidad que algún representante se trasladara hasta la ciudad de Barranquilla,
por lo que fue notificada mediante edicto desfijado por fuera del término legal. En
consecuencia, el acto se entiende fallado a favor del contribuyente y está viciado de
nulidad por falta de competencia temporal.

2. Indebida interpretación del artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y del artículo
41 del Estatuto Tributario Distrital

Afirmó que la demandada vulneró el aspecto territorial del impuesto por gravar
actividades que la sociedad desarrolla fuera de su jurisdicción. Argumentó que la
actividad que realiza es la gestión del sistema de pagos de bajo valor, que de
acuerdo con el Banco de la República son canales para realizar transferencias
financieras entre personas naturales y jurídicas, desarrollando un servicio de
procesamiento y facilitación de pagos por internet, en el que los servidores se
encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá.

Expuso que, aunque la operación de la compañía es clara, el distrito concluyó que
existía la sujeción pasiva del impuesto de ICA por la ubicación de los comercios, ya
que los sellos de recepción de los clientes en las facturas emitidas por la actora
indican que están ubicados en Barranquilla; no obstante, sostuvo que solo se
configura el hecho generador en el lugar donde se prestó el servicio, que fue Bogotá,
y no en donde está ubicado el cliente5.

Agregó que no realiza de forma indirecta la actividad en la jurisdicción de
Barranquilla, porque para que se de dicha situación es necesario ejecutarla
mediante un tercero, aclarando que la sociedad no cuenta con agentes o
intermediarios en esta ciudad.
3
Al respecto citó la sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 26007 (no identificó al ponente).
4
En lo referente al silencio administrativo positivo citó las sentencias del 25 de abril de 2018, exp. 21805, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto y del 2 de febrero de 2023, exp. 26007, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
5
Citó la sentencia del 2 de mayo de 2019, exp. 20993, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

3
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Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

3. Indebida valoración probatoria

Manifestó que la administración estudió erróneamente las pruebas aportadas por el
contribuyente y les dio un alcance que no es viable a las recaudadas en la
inspección tributaria realizada.

Advierte que las facturas no identifican el lugar de la prestación del servicio, pues
su único fin es documentar y soportar la operación para el registro contable y el
proceso financiero. Agregó que las actas de visitas a diferentes entidades no
demuestran el servicio con el lugar de expedición, solo la relación contractual con
la compañía, por lo que no son pertinentes y conducentes para el caso, toda vez
que no cuestionan la realidad del servicio prestado por PayU Colombia S.A.S. desde
Bogotá.

Por último, argumentó que en el presente caso no se discriminaron las operaciones
sobre las que recaía el impuesto ni los ingresos de la compañía en la ciudad de
Barranquilla.

4. Aplicación indebida de la norma

Expuso que los artículos 32 y 33 de la Ley 14 de 1983, regulan de manera general
los impuestos territoriales, el cual determinó que el ICA solo recae en las actividades
que se realicen en cada municipio directa o indirectamente, y se liquidará conforme
con los ingresos que se obtienen en cada jurisdicción6.

Aclaró que el Decreto Ley 1421 de 1993, mediante el cual se dictó el régimen
especial para el Distrito Capital de Bogotá, estableció una excepción a la citada
regla, en la que determinó que se presumirán como ingresos percibidos en esa
ciudad aquellos que no han sido gravados con el impuesto en otro municipio,
excepción exclusiva para el distrito capital. Por lo anterior, concluyó que el distrito
de Barranquilla no puede adicionar ingresos a las declaraciones de los
contribuyentes sin que se prueben efectivamente que fueron causados en la
jurisdicción.

5. Inexistencia del hecho sancionable

Insistió que no existen supuestos fácticos para imponer la sanción por no declarar
el impuesto de industria y comercio para el año 2016, esto con fundamento en que
la autoridad tributaria no demostró cuales fueron los ingresos brutos obtenidos en
el distrito de Barranquilla, y desconoció los certificados de revisor fiscal aportados
en la respuesta al requerimiento de información y las demás pruebas aportadas que
demuestran la prestación del servicio desde la ciudad de Bogotá.

6. Condena en costas

Solicitó imponer condena por este concepto a la parte demandada, la cual consideró
probada con la propuesta de servicios profesionales celebrada con la firma de
abogados, las facturas de pago de los servicios contratados y el pago efectivo del
servicio de representación judicial. En cuanto a las agencias en derecho, indicó que
el acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura establece
que en los procesos declarativos de mayor cuantía corresponde al 7,5% del valor
de las pretensiones.

6
Citó la sentencia del 29 de septiembre de 2011, C.P. Marta Teresa Briceño, sin identificar expediente.

4
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Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

Oposición de la demanda

El distrito de Barranquilla solicitó negar las pretensiones de la demanda, al
considerar que los actos demandados se expidieron en observancia de las normas
aplicables.

En cuanto a la configuración del silencio administrativo positivo, afirmó que la
Gerencia de Gestión de Ingresos remitió la citación para notificación personal de la
resolución que resuelve el recurso de reconsideración, la cual fue introducida al
correo el 18 de mayo de 2023. De esta forma, consideró que se cumplió con la
formalidad del artículo 565 del Estatuto Tributario, norma que otorga 10 días a partir
de la introducción al correo del aviso7 para surtir la notificación personal. De esta
forma, según la demandada, la sociedad tenía hasta el 2 de junio de 2023 para
comparecer y notificarse sobre esta. Por lo tanto, consideró que no operó el silencio
administrativo positivo.

Frente a la indebida interpretación y aplicación normativa, indicó que PayU
Colombia S.A.S. realizó actividades gravadas con ICA para el período de 2016,
advirtiendo que los proveedores o clientes que hacen parte de la operación en la
pasarela de pagos que ofrece la demandante están ubicados en la ciudad de
Barranquilla, por lo que goza beneficios de la infraestructura económica y comercial,
ejecutando de forma indirecta el hecho generador.

Expuso lo referente a las regulaciones que conciernen a la computación en la nube
o cloud computing8 con el fin de determinar que, para el uso de dicha plataforma,
es necesario utilizar la base de datos del distrito de Barranquilla, así como los
usuarios también hacen uso de las herramientas tecnológicas que se encuentran
en este.

Además, por ser un servicio digital, la territorialidad del impuesto no puede verse
simplemente como el lugar en el que la sociedad tiene su establecimiento
permanente.

Sobre la valoración probatoria, manifestó que la demandante tenía la carga de
probar los ingresos que generó fuera de Barranquilla, pero no lo hizo. Además,
sostuvo que practicó una inspección tributaria realizada previo a proferir los actos
que se cuestionan, en la que se recopiló todo el acervo probatorio necesario, en el
que obran facturas asociadas a establecimientos de comercio en Barranquilla, y las
declaraciones realizadas en la ciudad de Bogotá.

Concluyó afirmando que, en el proceso administrativo y en sede judicial no existen
elementos de prueba que permitan con razonabilidad inferir que la contribuyente no
recibe ingresos en la jurisdicción fiscalizadora, por el contrario, del cruce de
información realizado existe evidencia que las actividades cuestionadas le
generaron recursos que recibe de manera directa.

En lo que respecta a la procedencia de la sanción, aseguró que la demandada
adelantó el procedimiento de aforo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Sostuvo que no es procedente la condena en costas porque no hay prueba de que
la entidad territorial haya actuado de mala fe o con temeridad.
7
Citó sentencia del 18 de octubre de 2018, exp. 22099, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y la C-929 de 2005.
8
Citó el Concepto 017056 del 25 de agosto de 2017 de la DIAN, que precisó lo dicho por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones sobre las características de esta actividad.

5
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Demandante: PayU Colombia S.A.S.

Planteó la excepción previa de caducidad9, pues consideró que la demanda fue
interpuesta luego de finalizado el plazo de 4 meses para hacerlo, y de mérito
denominadas «legalidad de las actuaciones surtidas por el Distrito de Barranquilla»,
«improcedencia de los cargos formulados» y «excepción genérica de oficio», las
cuales se fundamentaron en los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

Sentencia apelada

El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, pero no condenó en costas,
por las siguientes consideraciones:

Expuso las pruebas que obran en el expediente, así como el contenido de las
normas y jurisprudencia aplicables a este caso, precisando lo referente al silencio
administrativo positivo10. De este modo, explicó que para su configuración se
necesitan tres elementos, que son los siguientes: que la ley de a la administración
un plazo dentro del cual debe resolver la petición, que la ley contemple de manera
expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio administrativo
positivo y que la autoridad obligada a resolver no lo haya hecho dentro del término
legal. Frente al último requisito, precisó que la decisión debe emitirse y notificarse
en debida forma durante el plazo establecido.

En cuanto a la notificación de los actos discutidos, expuso que el artículo 355 del
Decreto 0119 de 2019 del distrito de Barranquilla, en concordancia con el artículo
732 del Estatuto Tributario, fijan que la administración tendrá un año para resolver
el recurso de reconsideración, contado desde su debida interposición; sin embargo,
este puede ser suspendido hasta por tres meses cuando se realice inspección
tributaria, como ocurrió en el presente caso.

Ahora bien, advirtió que el artículo 734 ibidem prevé que, si transcurrido el
mencionado término no ha sido resuelto el recurso por la autoridad tributaria, se
entenderá fallado a favor del recurrente. Para el efecto, reiteró que no basta solo
con expedir el acto, sino que sea notificado en debida forma.

De conformidad con lo anterior, determinó que la parte demandante interpuso el
recurso de reconsideración el 2 de marzo de 2022, fecha en la que comenzó el
conteo del año para proferir la respectiva respuesta. No obstante, mediante auto de
inspección tributaria notificado el 6 de febrero de 2023, el término para decidir el
recurso fue suspendido por tres meses, cuando faltaban 26 días para finalizar el
plazo de 1 año. Debido a lo anterior, la suspensión finalizó el 6 de mayo del mismo
año y los 26 días faltantes corrieron hasta el 1 de junio de 2023.

Advirtió que la notificación de la resolución que decidió el recurso de
reconsideración fue notificada por edicto desfijado el 20 de junio de 2023. En
consecuencia, destacó que la notificación no se ajustó a las normas aplicables para
el caso en concreto, por lo que se entiende resuelto a favor de la demandante, pues
operó el silencio administrativo positivo.

9
Aunque el tribunal no resolvió la excepción, se observa que no está llamada a prosperar porque la notificación se surtió
mediante edicto desfijado el 20 de junio de 2023, por lo que el plazo para demandar inició el día siguiente y finalizó el
sábado 21 de octubre del mismo año. Por ser día en que los despachos judiciales están cerrados, el término se extendió
hasta el lunes 23 del mismo mes y año. Según el auto admisorio de la demanda, ese fue el día de presentación de la
demanda, por lo que debe considerarse oportuna.
10
Citó las sentencias del 30 de abril de 2014, exp. 19553, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 21 de junio de 2018,
exp. 23433, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

6
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Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

Indicó que, debido a que prosperó el cargo de nulidad relacionado con el silencio
administrativo positivo, no será necesario estudiar los demás argumentos de la
demanda. Sumado a lo anterior, no condenó en costas porque consideró que no fue
demostrada su causación.
Recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apelación únicamente sobre el numeral
tercero de la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, que negó la
condena en costas. Para estos efectos, expuso que la condena por este concepto
procede de forma objetiva y que la ley solo exige acreditar la causación de este
concepto, sin que se exija acreditar el pago efectivo.

Para el caso concreto, indicó que la causación de las agencias en derecho está
probada dentro del expediente con la propuesta de servicios profesionales y las
facturas emitidas por honorarios emitidas por la firma de abogados que representó
a PayU Colombia S.A.S. Agregó que, de conformidad con el numeral 1 del artículo
5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, las agencias en derecho se
deben liquidar en los procesos declarativos de mayor cuantía como máximo en el
7,5% del valor de las pretensiones.

La parte demandada también interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda relacionados con la forma de notificación de la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración, la inexistencia del silencio administrativo
positivo y el término para la notificación.

Sobre este último, agregó que la resolución se profirió antes del vencimiento del
plazo que por ley correspondía, y que teniendo en cuenta la jurisprudencia del
Consejo de Estado11, también se notificó dentro de este término. Explicó que el
recurso de reconsideración fue presentado el 2 de marzo de 2022, por lo que
inicialmente el plazo para resolverlo finalizaba el 2 de marzo de 2023. Empero, este
término fue prorrogado hasta el 2 de junio del mismo año debido a la notificación
del auto que abrió el expediente a pruebas. Luego, puso de presente que la citación
para surtir la notificación personal fue introducida al correo el 18 de mayo de 2023,
y fue recibida en las oficinas de la sociedad el 23 del mismo mes y año, lo que
evidencia que fue antes de la fecha límite, conforme el artículo 565 del Estatuto
Tributario y el artículo 227 del Decreto 119 de 2019 del distrito de Barranquilla.

Advirtió que la finalidad del silencio es el castigo por no brindar un pronunciamiento
dentro del término o que al recurrente no se le informe de la existencia de la
respuesta a la solicitud que presentó. Empero, esto no ocurrió en este caso, toda
vez que la parte demandante conocía de la existencia de la decisión, pese a lo cual,
no acudió a notificarse personalmente. Destacó que no se puede convalidar la
actuación de la demandante, que conscientemente no acudió a las instalaciones de
la demandada para surtir la notificación personal.

Oposición a la apelación
La demandante manifestó que la citación para notificarse personalmente no se
puede entender como la notificación oficial del acto administrativo, por lo que
concluye que esta no fue realizada en tiempo, y que se configuró el silencio

11
Citó la sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 24279, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

7
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Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

administrativo positivo. Destacó que así lo indicó expresamente la jurisprudencia
citada en la contestación de la demanda, reiterada en la apelación. Por último,
insiste en la procedencia de la condena en costas.

La demandada guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la liquidación oficial de aforo GGI-
FI-LA-50089-21 del 7 de julio de 2021 y la resolución GGI-DT-RS-60-2023 del 4 de
mayo de 2023, proferidas por el distrito de Barranquilla, por medio de las cuales se
determinó el impuesto de industria y comercio para el año 2016 a cargo de la
Sociedad PayU Colombia S.A.S, se impuso sanción por no declarar y sobretasa
bomberil.
Para estos efectos, en primer lugar, se verificará si está probada la configuración
del silencio administrativo positivo, conforme los reparos formulados por la
demandada. De confirmarse que operó esa figura jurídica, la Sección analizará si
procede la condena en costas a la parte vencida en primera instancia, de acuerdo
con lo expuesto en la apelación de la demandante.
Análisis del caso en concreto
1. Sobre la configuración del silencio administrativo positivo
La demandada sostiene que notificó oportunamente la resolución que decidió el
recurso de reconsideración. Para sustentar lo anterior, puso de presente que el
término para hacerlo fue prorrogado por la suspensión de 3 meses dispuesta en el
auto de pruebas GGI-DT-AU12-2023 del 31 de enero de 2023, por lo que realmente
finalizaba el 2 de junio del mismo año. En consecuencia, indicó que la citación para
surtir la notificación personal, introducida al correo el 18 y entregada a la
demandante el 23 de mayo de 2023, era suficiente para impedir la configuración del
silencio administrativo positivo, conforme lo establecido en el artículo 565 del
Estatuto Tributario. Reforzó lo anterior en que la demandante no acudió a sus
oficinas para surtir la notificación personal a pesar de haber recibido oportunamente
la citación, por lo que no se puede convalidar su actuación.
Por el contrario, la demandante se opuso a la apelación indicando que la citación
para surtir la notificación personal no es suficiente para impedir la configuración del
silencio administrativo positivo.
Para decidir sobre lo expuesto, la Sección observa que el artículo 355 del Decreto
119 de 2019 del distrito de Barranquilla establece lo siguiente: «La Administración
Tributaria Distrital tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración,
contado a partir de su interposición en debida forma. La suspensión del término para
resolver el recurso y el silencio administrativo se regulan por lo dispuesto en los
Artículos 732 a 734 del Estatuto Tributario Nacional […]»12.
12
Esta norma se puede consultar en el siguiente enlace: https://barranquilla.gov.co/hacienda/normatividad

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

De acuerdo con el artículo 732 del Estatuto Tributario al que se remite la norma
local, la administración tributaria tiene un año para resolver el recurso de
reconsideración, contado desde su debida interposición. Por su parte, el artículo 733
ibidem sostiene que el plazo anterior podrá ser suspendido por 3 meses, cuando se
practique de oficio una inspección tributaria. Finalmente, el 734 prevé que operará
el silencio administrativo positivo y, por tanto, el recuso de entiende fallado en favor
del contribuyente, en los eventos en que el recurso «no se ha resuelto» en el plazo
de un año, antes referido.

Sobre el alcance de esa última norma se ha pronunciado la Sección13, precisando
que para impedir la configuración del silencio administrativo positivo no basta la
expedición del acto que decide el recurso de reconsideración, sino que también
debe ser notificado en ese plazo.

Para determinar cuándo se surte en debida forma la notificación, se debe tener
presente que el artículo 565 del Estatuto Tributario (norma también invocada en la
apelación de la demandada) establece que las providencias que decidan recursos
«se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días
siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo
del aviso de citación».

De conformidad con lo señalado, en sentencia del 26 de junio de 202514 se precisó
que la notificación personal se surte al momento de la comparecencia del
contribuyente a la diligencia, no con la entrega de la citación para que acuda a la
notificación personal. Además, observó que el contribuyente cuenta por ley con un
término de 10 días para concurrir, de modo que puede hacerlo en cualquiera de
ellos, sin que la administración pueda pretermitirlos. Con base en lo anterior,
concluyó lo siguiente:

[…] no le asiste razón a la apelante al presumir la mala fe por no haber acudido el obligado, a
la diligencia de notificación personal, en unos determinados días, pues se insiste que este
podía acudir cualquier día dentro del término que la ley le confirió, como efectivamente lo hizo
el 27 de octubre de 2016. Era a la Administración a quien competía controlar los términos en
orden a asegurarse de notificar la decisión dentro del año, considerando los tiempos que
demandaba la citación a la notificación personal.
Tampoco le asiste razón a la impugnante cuando considera como suficiente el envío de la
citación dentro del año, pues el ejercicio de defensa y contradicción pende en gran parte de la
publicidad de las decisiones adoptadas en las actuaciones adelantadas, lo que solo se
materializa a partir de que el administrado conozca la decisión y su sustento. Al efecto, la Corte
Constitucional ha indicado que «a modo de ejemplo- el principio de publicidad constituye una
condición para el ejercicio del derecho de defensa, y contribuye a dotar de legitimidad las
actuaciones judiciales y administrativas, al exigir la presentación de una motivación jurídica
que demuestre el sustento legal de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas,
concretando a la vez el principio de legalidad» (sentencia C-035 de 2014, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva). La acepción «conocer», debe tener la entidad suficiente para que el
contribuyente pueda ejercitar debidamente la defensa y contradicción, lo que no ocurre cuando
al administrado tan solo se le anuncia de que se ha expedido una decisión dentro de una
actuación adelantada en su contra, como sería el caso del aviso citatorio a la diligencia de
notificación personal.

El anterior criterio será acogido en esta ocasión para decidir el caso bajo examen.
De esta forma, se evidencia que en el expediente está probado que:
13
Sentencias del 1 de agosto de 2018, exp. 22061, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 11 de febrero de 2021, exp.
23932, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
Exp. 28960, C.P. Wilson Ramos Girón.

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Demandante: PayU Colombia S.A.S.

El 2 de marzo de 202215, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial de aforo GGI-FI-LA-50089-21 del 7 de julio de 202116,
con el fin de que la autoridad revocara su decisión. De este modo, en principio, el
plazo para decidir sobre el recurso finalizaba el 2 de marzo de 2023.

Posteriormente, mediante auto que abrió a pruebas el expediente17, se ordenó de
oficio la inspección tributaria y contable a la sociedad, por lo que el término para
decidir el recurso de reconsideración fue suspendido por 3 meses. En
consecuencia, el plazo para decidir el recurso se extendió hasta el 2 de junio de
2023.

Si bien la resolución que decidió el recurso de reconsideración fue expedida el 4 de
mayo de 202318, esta solo fue efectivamente notificada por edicto que se desfijó el
20 de junio de la misma anualidad19, fecha que excedía el plazo del año que
establece el artículo 732 del Estatuto Tributario.

Conforme la jurisprudencia reiterada en este caso, el hecho de que la citación para
surtir la notificación personal fue introducida al correo el 18 de mayo de 202320, no
permite considerar que ese día o el de la recepción del correo se haya surtido la
notificación porque, tal como se explicó previamente, la formalidad exigida por el
artículo 565 del Estatuto Tributario es la notificación personal o, en su defecto, por
edicto. Además, es irrelevante que PayU Colombia S.A.S. conociera de la citación
antes del vencimiento del término para realizar la notificación personal, pues puede
acudir dentro de los 10 días siguientes a la introducción de dicha citación al correo
o notificarse de forma posterior, mediante edicto.

En consecuencia, no prospera la apelación de la demandada, por cuanto está
acreditado que la notificación del acto que decidió el recurso de reconsideración, el
20 de junio de 2023, excedió el plazo previsto para estos efectos del artículo 732
del Estatuto Tributario, por lo que se configuró el silencio administrativo positivo.

2. Sobre la condena en costas en primera instancia

La parte demandante consideró que el tribunal debió imponer condena en costas a
la demandada, pues considera que en los anexos de la demanda (O y P) se
encuentran probados los gastos por honorarios en los que ha incurrido en el
presente proceso.

Sin perjuicio de las consideraciones sobre la naturaleza de los juicios de impuestos
y su vinculación a los recursos públicos del Estado, para decidir este punto la Sala
precisa que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo se remite a la regulación de la condena en costas del
Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). En consecuencia,
es aplicable el artículo 361 de esta última codificación, que establece que las costas
procesales están compuestas, de un lado, por «las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso», y del otro, por «las agencias en derecho». Por su
parte, el numeral 8 del artículo 365 ibidem señala que la condena en costas requiere
que se demuestre su causación y comprobación.
15
Samai, índice 22, documento PDF 24_MemorialWeb_Anexos-PAYUTOMO2RECUR, página 1.
16
Ibidem, páginas 3 a 21.
17
Samai, índice 22, documento PDF 24_MemorialWeb_Anexos-PAYUTOMO2RECUR, páginas 49 a 52.
18
Samai, índice 22, documento PDF 25_MemorialWeb_Anexos-PAYURESOLUCIONGG, páginas 1 a 46.
19
Ibidem, página 47.
20
Ibidem, página 153. De igual forma, ver Samai del tribunal, índice 20, documento PDF
25_Agregaescrito_ANEXOLCitacionparano_0_20241005182144579, página 1.

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En concordancia, los numerales 3 y 4 del artículo 366 ibidem disponen que la
liquidación incluirá los siguientes conceptos: los gastos probados, útiles y que
deriven de actuaciones autorizadas por la ley; y las agencias del derecho, fijadas
atendiendo las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura,
considerando la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado judicial. Por lo anterior, la sala21 señaló lo siguiente:

[…] únicamente procede la condena en costas en la medida en que existan elementos de juicio
en el expediente que den certeza sobre su causación, esto es, que se haya asumido un costo
efectivo de la parte ganadora, lo cual se justifica en la sentencia C-157 de 2013 en la que se
señaló que «Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte
beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia,
de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera,
las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios
causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en
su contra». [negrilla del original].

La Sección también indicó que «es posible concluir que las costas se integran por
los gastos en que incurre, en el curso del proceso, la parte triunfante, incluyendo
aquellas erogaciones asociadas a la defensa judicial, también llamadas agencias
en derecho. La exigencia en ambos casos (costas y agencias) es que su causación
y valor estén debidamente acreditadas en el proceso»22.

Ahora, se destaca que la demandante no alegó la existencia de gastos procesales,
sino solo de agencias en derecho, por lo que únicamente se verificará si está
probada la causación de este concepto.

En el asunto bajo examen, la sociedad demandante aportó23 la factura de pago de
los servicios contratados con esa misma firma, del 9 de junio de 202224; es decir,
que es un documento anterior a la expedición del acto que decidió el recurso de
reconsideración objeto de controversia, del 4 de mayo de 2023. Además, la factura
allegada por la demandante indica un valor que, según la propuesta de servicios,
corresponde únicamente a la etapa administrativa, en concreto, por la elaboración
y radicación del recurso de reconsideración contra la liquidación oficial.
Por lo anterior, la Sección concluye que los documentos aportados con la demanda
y alegados en la apelación no demuestran la causación de costas procesales
(agencias en derecho) en primera instancia. Por lo que tampoco prospera la
apelación de la demandante, por lo que la sentencia impugnada será confirmada en
su totalidad.
Costas
Finalmente, en esta instancia tampoco habrá lugar a condena en costas porque no
hay prueba de su causación, conforme fue expuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

21
Sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 28273, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
Sobre la necesidad de demostrar la causación de las agencias en derecho, aunque sean fijadas conforme las tarifas
dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, ver la sentencia del 13 de abril de 2023, exp. 27303, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
23
Samai, índice 2, archivo ZIP, carpeta 05. AnexosParteNo.1, documentos anexos O y P.
24
Samai del tribunal, índice 22, documento PDF 28_Agregaescrito_ANEXOPFacturadepagoa_0_20241005182307659,
página 1.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2023-00395-01 (29502)
Demandante: PayU Colombia S.A.S.

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C, el 12 de marzo de 2024.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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