Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00464-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00464-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2023-00464-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
6 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001 23 33 000 2023 00464 01
Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla
Temas: Tutela por la presunta violación de los derechos fundamentales de petición,
al debido proceso, a la defensa y a la vida digna. Solicitudes de impulso
procesal. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Mecanismo de
vigilancia judicial administrativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 17 de enero de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó
la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor Alfredo Mauricio García Villarreal, promueve acción de tutela contra el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, al que le atribuye
la transgresión de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa
y vida digna.
1.2. Pretensiones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 08001 23 33 000 2023 00464 01
Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
El accionante formula como única súplica, la siguiente:
i) Se ordene al señor juez catorce administrativo del circuito de Barranquilla, dicte
sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001
33 33 014 2021 00267 00.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:
i) En su condición de discapacitado, los días 4 de octubre de 2023 y 10 de noviembre
de 2023, presentó peticiones al despacho del juez catorce administrativo del circuito
de Barranquilla, donde cursa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001 33 33 014 2021 00267 00, en la cual es demandante.
ii) El 17 de septiembre de 2014, mediante dictamen No. 17419 la Junta Regional del
Atlántico calificó su capacidad laboral, obteniendo un resultado de 54.55 de
incapacidad laboral.
iii) Acudió a la acción de tutela por ser este el medio más inmediato, teniendo en cuenta
que su salud se deteriora cada día debido a que padecía por no tener una alimentación
digna, con un mal estado de salud y adicional a ello, por ser un adulto mayor de 62
años, que no labora, ni depende económicamente de los programas sociales del
Gobierno.
1.4. Fundamentos jurídicos
El accionante fundamentó la acción en el artículo 86 de la Constitución Nacional y el
Decreto 2591 de 1991 reglamentado por el Decreto 306 de 1992.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 15 de diciembre de 2023, en el cual
se ordenó notificar al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla,
como demandado, para que dentro del término de dos (2) días y en uso de su derecho
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Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
de defensa, rindiera el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla
solicitó se negara el amparo constitucional deprecado por las siguientes razones:
i) Es cierto que existen memoriales radicados ante el despacho, pero no el 4 de octubre
de 2023 y 10 de noviembre de 2023, como señala en la tutela, sino el 5 de octubre de
2023 y el 17 de noviembre de 2023, tal y como consta en el expediente.
ii) Es del caso señalar, que la solicitud contenida en dichos escritos va dirigida
concretamente a que se emita sentencia de fondo dentro del proceso con radicado
08001 33 33 014 2021 00627 00, por lo que el despacho asumió que dichos
memoriales intentaban dar impulso al proceso, y no como lo pretende el accionante,
que, a través de un fallo de tutela, se ordene al despacho emitir sentencia de fondo.
iii) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001 33 33
014 2021 00267 00, el despacho ha surtido las siguientes etapas: a) la demanda fue
presentada el día 9 de diciembre de 2021, bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Retiro de la Policía Nacional, b)
fue admitida mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2021, en el cual se vinculó
como litisconsorte necesario a las señoras Elvira Isabel Nieto de García y Blanca Eliet
Villarreal Rada, y se ordenó su notificación personal, c) por auto del 14 de diciembre
de 2021, se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar presentada con la
demanda, d) a través de auto del 26 de enero de 2022, se denegó dicha medida
cautelar, e) el 5 de agosto de 2022, por medio de auto, el despacho dejó sin efecto el
auto proferido el 26 de enero de 2022 , toda vez que no se había notificado a la señora
Blanca Eliet Villarreal Rada en calidad de litisconsorte necesario, f) mediante
providencia del 25 de noviembre de 2022, el Juzgado ordenó el emplazamiento de la
señora Blanca Eliet Villarreal Rada, en calidad de litisconsorte necesario, con el fin de
surtir la notificación personal del auto admisorio de la demanda y del que corrió traslado
de la medida cautelar el día 14 de diciembre de 2021, g) dicha notificación personal no
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Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
se logró y el juzgado por medio de auto del 25 de mayo de 2023, nombró a los doctores
Oscar Arturo Bayona Vela, José Nicolas López Payares y Julián Andrés Hernández
Llanos, como curadores ad-litem, y h) atendiendo a que el doctor Julián Hernández
Llanos mediante memorial del 27 de julio de 2023, aceptó el nombramiento, en
providencia del 3 de agosto de 2023, se resolvió tenerlo como curador Ad-litem de la
señora Blanca Villarreal Rada y se ordenó su notificación personal y el envío del
expediente.
iv) Como se puede observar al proceso se le ha dado el trámite correspondiente, sin
vulnerar derecho fundamental alguno al accionante, así las cosas, para poder emitir
un pronunciamiento de fondo, se deben agotar las demás etapas procesales, lo cual
hasta el momento no se había podido surtir, en tanto, no se había nombrado curador
ad-litem a la señora Blanca Villarreal Rada, a quien se le debe garantizar su derecho
a la defensa y contradicción.
v) Ahora bien, los escritos que presentó el accionante en los que solicita se dicte
sentencia de fondo, si bien podrían acogerse como memoriales que pretenden
impulsar el proceso, no pueden se tenidos como tales, por cuanto no fueron
presentados por su apoderado, quien es el que tiene el derecho de postulación dentro
del mismo, ciertamente el demandante tiene la capacidad para ser parte dentro del
proceso, pero no tiene la capacidad para comparecer y presentar memoriales, como
sí la tiene su abogado.
vi) Por otro lado, y en referencia al derecho de petición, del cual dice el accionante se
le ha vulnerado, se advierte que el mismo no procede para poner en marcha el aparato
judicial, puesto que la mencionada actuación está reglada y sometida únicamente al
imperio de la ley.
vii) El Juzgado, con el fin de sustentar lo anterior, trajo a colación, las Sentencias de la
Corte Constitucional T-334 de 1995 y T-007 de 1999, y la Sentencia de segunda
instancia del Consejo de Estado, de fecha 4 de febrero de 2021, en las cuales se
observa que, frente a las autoridades judiciales el derecho de petición no resulta
procedente, cuando lo que se pretende obtener son pronunciamientos por parte del
juez en el curso de un proceso.
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Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
1.7. La sentencia que se impugna
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante fallo del 17 de enero de 2024, negó
el amparo de los derechos invocados con fundamento en lo siguiente:
i) En el presente asunto, no se avizora vulneración de derecho alguno, porque la
petición frente a servidores judiciales utilizada dentro de procesos a su cargo no se
rige por las nomas del contencioso administrativo, en consecuencia, no se puede
considerar que se trata del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política y, por ende, se entiende como solicitud de impulso
procesal.
ii) De acuerdo con lo anterior, el derecho de petición no procede para poner en
funcionamiento el aparato judicial ni para pretender que el servidor judicial cumpla sus
funciones, por lo tanto, no puede ser resuelto bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas, debido a que las solicitudes que presenten las partes o
los intervinientes relacionados con el objeto de la litis, tienen un trámite en el cual
prevalecen las reglas del proceso, por tal razón, no puede desnaturalizarse el derecho
como se pretende hacer en esta acción de tutela.
iii) En tal orden, se advierte que, el trámite adelantado por el juzgado demandado
dentro del proceso con radicado 08001 33 33 014 2021 00267 00, ha correspondido a
las situaciones procesales que en él han concurrido y que si bien, en ocasiones es
viable la prelación de procesos en caso de acreditarse circunstancias que lo ameriten,
en el presente asunto, el interesado no expuso sus condiciones precarias en la sede
judicial demandada.
iv) De conformidad con lo expuesto y atendiendo lo manifestado por el Juzgado y
posteriormente constatado en el expediente digital, en el caso sub examine no se
advierte mora judicial, dado que los tiempos procesales en este asunto se acompasan
con las situaciones propias del proceso, teniendo en cuenta las particularidades que
evidenció el juzgado demandado.
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Radicado: 08001 23 33 000 2023 00464 01
Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
v) El Juzgado demandado afirmó que los memoriales de petición presentados por el
actor corresponden a impulsos procesales, y que los mismos no fueron atendidos
como tales, por no haber sido signados dentro del tramité por quien ostenta el derecho
de postulación, de acuerdo a lo anterior, el Tribunal insta al funcionario judicial, para
que, dentro del proceso, suministre al interesado las razones expuestas en esta sede
judicial, por las cuales no les dio trámite a dichos memoriales.
vi) Finalmente, se precisa que esta acción de tutela no se presentó como mecanismo
transitorio para conjurar un perjuicio irremediable, por lo que, ante el Tribunal no se
acreditó prueba alguna de la presunta situación calamitosa.
1.8. Impugnación
El accionante impugna la providencia anterior y como motivos de inconformidad
esgrime las siguientes alegaciones:
i) No se realizó un examen profundo a la pérdida de capacidad laboral que sufre,
según diagnostico de la Junta Regional de invalidez del Atlántico, cuya calificación es
de 54.55%.
ii) Hay un glaucoma, «motivo por el cual elaboré esta acción de tutela, que fue la
prueba que me obligó a presentar esta acción, ya que me encuentro en delicado estado
de salud, al mismo tiempo con una presión alta corporal de 183, estas fueron las
pruebas que presente ante el despacho del Tribunal Administrativo con la magistrada
ponente Lilia Yaneth Álvarez Quiroz». (sic en todo el texto)
iii) El argumento principal que utilizó el Tribunal para declarar improcedente la acción
de tutela, fue determinar como punto de partida el derecho fundamental de petición,
desconociendo el de defensa, debido proceso y vida digna.
iv) La sentencia del Tribunal transgrede las consideraciones de la sentencia T-185 del
2018, que se planteó al inicio de la tutela, en que se analizó el derecho a la capacidad
jurídica y la seguridad social de personas en situación de discapacidad, en la que se
determinó que la acción de tutela es procedente excepcionalmente para reclamar el
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Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y de igual manera, en las sentencias
T-503 de 2017, T-728 de 2017, T-533 de 2010 y T-653 de 2004, entre otras, se destaca
que esto obedece a dos elementos fundamentales, el primero, a la calidad del sujeto
que reclama, y el segundo, a la importancia de tal reconocimiento, debido a que esta
radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se
constituye en el único sustento económico con el que cuentan las personas.
v) Sin embargo, el Tribunal no tuvo en cuenta que lo que se pretende en la presente
acción es el amparo de una población de especial cuidado constitucional, que ha sido
reconocida desde una protección reforzada por parte de la justicia y la legislación, en
la que deben velar por reconocer sus derechos y su conservación como grupos
diferenciados.
vi) Si la segunda instancia considera que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, constituye el mecanismo efectivo para proteger los
derechos fundamentales cuya vulneración se alega en la acción de tutela, conforme a
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 8 del Decreto
2591 de 1991, esta es procedente y debe ser concedida como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para
conocer de la impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Catorce Administrativo Oral del
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Circuito de Barranquilla, vulneró los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, a la defensa y a una vida digna del señor Alfredo Mauricio García Villarreal,
por no haberse proferido sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 08001 33 33 014 2021 00267 00.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
1 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. La mora judicial
El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,2 señala que el derecho al debido proceso
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte,
el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado».
En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».
Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la
obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias. Así mismo, prevén el deber de dictar sentencias respetando el orden en
2 Al respecto, ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio
González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa,
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas
de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas».
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que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.
En esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una demanda,
interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación
dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho
a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para
ello».3
Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia
constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia de
observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de las
controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico
procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes
al despacho, salvo prelación legal.
Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».4
Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores
jurídicos incurren en mora judicial injustificada,5 así: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».6
En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
3 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
4 Sentencia T-297 de 2006.
5 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
6 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
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lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de
la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo —
como el exceso de carga laboral de los despachos—, sino de la falta de diligencia y
omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.7
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El señor Alfredo Mauricio García Villarreal, en calidad de demandante, surtió un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el Juzgado Catorce
Administrativo de Barranquilla, bajo el radicado 08001 33 33 014 2021 00267 00.
2.4.2. En las fechas 5 de octubre de 2023 y 17 de noviembre del mismo año, el señor
Alfredo Mauricio García Villarreal, solicitó al Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Barranquilla, proferir sentencia en el proceso con radicado 08001 33 33
014 2021 00267 00, aduciendo la discapacidad que padece y las condiciones precarias
en las que se encontraba.
2.4.3. El dictamen de fecha 17 de septiembre de 2014, practicado al accionante por
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, arrojó un resultado de
54.55% de pérdida de capacidad laboral.
2.4.4. El 13 de diciembre de 2023, el accionante instauró acción de tutela contra el
Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla, con el fin de que se tutelaran sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la defensa y a una vida
digna.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
7 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
El señor Alfredo Mauricio García Villarreal alega la violación de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la defensa y a una vida digna, por
parte del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, al no decidir
sobre las solicitudes que presentó el 5 de octubre y el 17 de noviembre de 2023,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001 33 33 014 2021 00267 00, con el objetivo de que se dictara sentencia
de fondo.
El Tribunal Administrativo del Atlántico consideró, que no se avizoró violación de
derecho alguno, teniendo en cuenta que la petición frente a servidores judiciales
utilizada dentro de los procesos a su cargo no se rigen por las normas del contencioso
administrativo y se entienden como impulsos procesales, y, con respecto a los demás
derechos invocados, estableció que no se acreditó siquiera sumariamente su
afectación.
Pues bien, la mora judicial injustificada en el trámite de un proceso es una situación
que la parte actora debe cuestionar no a través de la acción de tutela, sino mediante
el mecanismo de vigilancia judicial administrativa prevista en el artículo 101, numeral
6, de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de
2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La referida norma atribuyó, como función, a las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura ejercer «vigilancia judicial administrativa» para que la
justicia se administre oportuna y eficazmente, y se cuide el normal desempeño de las
labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito
de su circunscripción territorial, este mecanismo goza de un procedimiento preferente
o sumario para su resolución.
De manera que, dicho instrumento es el que puede emplearse para efecto de
cuestionar la mora que se presente dentro de los trámites judiciales, a fin de asegurar
que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial desarrollen sus funciones de
manera oportuna y eficaz.
La acción de tutela resultaría procedente para analizar la vulneración del derecho al
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debido proceso sin dilaciones, solamente si, en el caso, se acredita que se agotaron
todas las medidas o recursos establecidos por el ordenamiento jurídico para evitar la
mora injustificada en la decisión de las actuaciones judiciales y, aun así, no se ha
logrado la decisión del asunto, evento que no ocurre en el caso sub examine.
Así las cosas, la Sala encuentra que se configura la causal de improcedencia de la
acción de tutela contenida en el numeral 1 del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991,
que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales al
alcance».
Además, en el sub examine y con respecto a los demás derechos reclamados, el
accionante no invocó el amparo constitucional como mecanismo transitorio de
protección, ni expresó razones que señalen la existencia de un daño; y, del plenario,
no se evidencia que se cumpla alguno de los criterios establecidos en la jurisprudencia
para que se configure el perjuicio irremediable,8 que pretermita la subsidiariedad de la
acción.
3. Conclusión
La Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente, porque el
accionante tiene a su disposición el mecanismo de vigilancia judicial administrativa
para controvertir la presunta mora del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla, en cuanto a la sentencia de fondo que solicitó se profiriera dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001 33 33
014 2021 00267 00.
En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales de petición,
debido proceso, defensa y vida digna, invocados por el señor Alfredo Mauricio García
Villarreal y, en su lugar, se rechazará por improcedencia la solicitud de tutela, por falta
del requisito de subsidiariedad.
8 Los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son: su
inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
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Demandante: Alfredo Mauricio García Villarreal
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 17 de enero de 2024, que dictó el Tribunal
Administrativo del Atlántico mediante la cual negó el amparo deprecado. En su lugar,
rechazar, por improcedente, la acción de tutela interpuesta por el señor Alfredo
Mauricio García Villarreal.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ACVF
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