Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2024-00028-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2024-00028-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2024-00028-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
28 de agosto de 2025
Radicación: 08001 23 33 000 2024 00028 01
Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 08001 23 33 000 2024 00028 01
Solicitante: ÁLVARO ÁLVAREZ BOTERO
Concejal acusado: HAROLD CERVANTES MONASTERIO
Tesis: No es procedente invocar en el recurso de
apelación una causal distinta a la señalada en
el escrito inicial para solicitar la
desinvestidura del acusado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante
en contra de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó la desinvestidura del
concejal del municipio de Soledad, (Atlántico), señor Harold Cervantes
Monasterio.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
El señor Álvaro Álvarez Botero, actuando en nombre propio, solicitó que
se decretara la pérdida de investidura del señor Harold Cervantes
Monasterio, por considerar que incurrió en la incompatibilidad prevista por
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radicado nro. 08001 23 33 000 2024 00028 00.
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, adicionada por el
artículo 41 de la Ley 617 de 2000.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
El solicitante informó que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las
elecciones de autoridades territoriales y que el señor Harold Cervantes
Monasterio fue elegido concejal del municipio de Soledad, (Atlántico), para
el período constitucional 2020-2023, y que se desempeñó como tal, aun
estando inhabilitado, por cuanto, en el año inmediatamente anterior a la
inscripción de las elecciones fue representante legal de la fundación Cervid.
A lo que agregó que su padre fue el representante legal de la IPS Fundación
Centro Integral Cervid y su madre hacía parte del consejo directivo.
Explicó que el 29 de octubre de 2023 se celebraron las elecciones para
autoridades territoriales y que el acusado fue elegido concejal del municipio
de Soledad (Atlántico) para el período constitucional 2024-2027.
Expuso que el acusado se desempeñó como representante legal de la IPS
Fundación Centro Integral Cervid desde el día 6 de noviembre de 2016
hasta el 25 de octubre de 2018.
Manifestó que conforme al acta nro. 7 del 25 de octubre de 2018, el señor
Harold Abel Cervantes Varelo, padre del acusado, fue nombrado
representante legal de la IPS Fundación Centro Integral Cervid en
reemplazo del señor Cervantes Monasterio, es decir, «(…) la inhabilidad
sobreviene para el período de concejal 2020-2023 y persiste 2024-2027
(…)». Acotó que el padre del acusado fue representante legal desde el 25
de octubre de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.
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Ibidem.
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
Señaló que la IPS Fundación Centro Integral Cervid en el nro. acta 6 del 5
de diciembre de 2016, nombró a la señora Erica Priscila Monasterio Villalba,
madre del concejal acusado, como miembro del consejo directivo, quien
ocupa el cargo hasta la fecha.
Indicó que, en el año 2020, durante la pandemia del Covid-19, la IPS
Fundación Centro Integral Cervid suscribió contratos con el Hospital
Materno Infantil, tal como consta en los informes de los estados financieros,
«(…) hecho que inhabilita al concejal HAROLD ABEL CERVANTES
MONASTERIO, dado que par[a] dicha época su señora madre se
desempeñaba como miembro del Consejo Directivo de la IPS Fundación
Centro Integral CERVID (…)».
Argumentó que la IPS Fundación Centro Integral Cervid y la sociedad
Cafesalud celebraron varios contratos y órdenes de prestación de servicios
en el municipio de Soledad (Atlántico) y destacó que estos contratos se han
prorrogado sucesivamente desde el año 2015 «(…) es decir se [ha]
ejecutado paralelo a la fecha del día de la inscripción de elección para el
período de concejal, por tanto el señor HAROLD ABEL CEREVANTES (sic)
MNOASRTERIO (sic) se encuentra inhabilitado tanto por una causal
sobreviniente, como una vigente para la fecha de inscripción (…)».
Precisó que como la sociedad Cafesalud fue liquidada, sus contratos fueron
cedidos a la Nueva EPS, incluyendo el que tiene suscrito con la Fundación
Centro Integral Cervid.
Expuso que el 15 de julio de 2020, la entidad Nueva EPS y la Fundación
Comunidad Viva (IPS Fundación Centro Integral Cervid) suscribieron el Acta
de Negociación nro. 215-2020, en la cual se detallaron los servicios objeto
de contratación y se estableció como área de influencia todos los municipios
del departamento del Atlántico, lo que conlleva a la inhabilidad del acusado,
toda vez que, para dicha época su madre hacia parte del consejo directivo
de la IPS Fundación Centro Integral Cervid.
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
Aseveró que el concejal acusado «(…) tiene vínculos con la IPS Fundación
Centro Integral Cervid al celebrar él y sus parientes en primer grado de
consanguinidad importantes contratos y órdenes de prestación de servicio
con la empresa de seguridad social Emsalud, ejecutados en el
departamento del Atlántico, inclusive en el municipio de Soledad (…) con lo
cual incurrió en la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 5 del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994 (…) al desempeñarse simultáneamente
como concejal del municipio de Soledad, y su padre representante legal de
una IPS y su señora madre miembro del consejo directivo de la misma
IPS(…)».
Insistió que el 10 de diciembre de 2019, la IPS Fundación Centro Integral
Cervid celebró contrato con el Hospital Materno Infantil de Soledad, fecha
para la cual la madre del acusado era miembro del consejo directivo.
Adujo que el 1 de octubre de 2021 y 9 de mayo de 2023, la Secretaría de
Salud del municipio de Soledad suscribió con la IPS Fundación Centro
Integral Cervid los contratos identificados con los números SS-CD-2021-
C442 y SS-CD-2023-159, respectivamente; fechas para las que el acusado
ya ostentaba el cargo de concejal del municipio de Soledad. Puso de
presente que, durante el período de ejecución de los mencionados
contratos, el padre, la madre y la hermana del acusado se encontraban
vinculados a la referida IPS en calidad de miembros y contratistas,
circunstancia que podría configurar una causal de inhabilidad.
Afirmó que existe una ambulancia con placa ENM-531 y una Unidad Móvil
de servicios con placa KHW-222 propiedad del padre y la hermana del
concejal acusado «(…) con lo que se demuestra de manera inequívoca
[que] sus familiares en primer y segundo grado de consanguinidad
celebran contratos de prestación de servicios de salud en el municipio de
soledad-[A]tlántico, el mismo territorio en el cual se desempeña el señor
concejal, es suficiente para que se configure el elemento circunstancial,
componente que requiere coexistir para que se establezca la
incompatibilidad endilgada (…)».
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
Consideró que el concejal acusado incurrió en la causal de incompatibilidad
prevista en el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, toda vez
que se desempeñó simultáneamente como concejal del municipio de
Soledad y representante legal de la IPS Fundación Centro Integral Cervid;
además, su padre también fue representante legal y su madre miembro del
concejo directivo.
Aseveró que se configuran los requisitos exigidos de la incompatibilidad
endilgada, dado que el acusado:
i) Ejerció el cargo de concejal durante los períodos constitucionales 2020–
2023 y 2024–2027.
ii) En cuanto al segundo elemento, explicó que, de manera simultánea al
ejercicio de dicho cargo, el acusado, su padre y su madre desempeñaron
funciones dentro de la IPS Fundación Centro Integral Cervid, en calidad de
representante legal y miembro del consejo directivo, respectivamente, y,
señaló que al proceso se allegó el contrato suscrito con Cafesalud, el acta
inscrita con la Nueva EPS, el informe del contrato celebrado con el Hospital
Materno Infantil de Soledad y los contratos firmados con la secretaría de
salud de la alcaldía del municipio de Soledad.
iii) Frente al tercer elemento, esto es, «(…) que la empresa con la que éste
hubiere contratado fuera una empresa de servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social, (…) quedando de esta forma demostrado que el señor
Harold Abel Cervantes Monasterio, se desempeñó como representante legal
al igual que su padre de la IPS Fundación Centro Integral Cervid (IPS
Fundación Comunidad Viva) y su señora madre como miembro del consejo
directivo de la misma IPS, y al mismo tiempo su hermana contratista con
la IPS Fundación Centro Integral Cervid (arriendo de ambulancia) y su
padre continuó con el contrato de arriendo del vehículo unidad móvil de
salud con la IPS Fundación Centro Integral Cervid, y está contratando con
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
el municipio de Soledad y sus entidades locales que prestan el servicio de
seguridad social en salud (…)».
2.- Contestación del concejal acusado3
El señor Harold Cervantes Monasterio, actuando por conducto de
apoderado, contestó la solicitud y se opuso a las pretensiones.
Señaló que, fue representante legal de una IPS que funcionaba en el
municipio de Malambo y que tal representación la ejerció hasta el 25 de
octubre de 2018. De modo que, como el mismo solicitante lo afirma, es
claro que el concejal dentro del año anterior a las elecciones del 27 de
octubre de 2019 no fue representante legal de una IPS que prestara
servicios de salud a la población del régimen subsidiado en el municipio
de Soledad.
Afirmó que es cierto que fue sustituido por su padre, el señor Harold
Cervantes Varela, en la representación legal de la IPS, pero aclaró que en
el período comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre
de 2019, su padre «(…) no celebró con el municipio de Soledad ni con
ninguna EPS contrato alguno que tuviera por objeto específico, puntual o
concreto la prestación de servicios de salud a la población del régimen
subsidiado en el municipio de Soledad (…)».
Aseguró que era cierto que su madre integró el consejo directivo de la IPS
Fundación Centro Integral Cervid, pero, que «(…) el demandante incurre en
un desatino o error al pretender construir una causal de inhabilidad a través
de la membresía a un consejo directivo, como quiera que lo que en un
momento determinado puede generar inhabilidad es la representación legal
ya sea por el aspirante o por sus parientes dentro del grado que determina
la ley, siempre que esa representación legal se haya ejercido dentro del año
anterior a las elecciones, y que se haya prestado de manera real y efectiva
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
servicios de salud (atención clínica) a población del régimen subsidiado en
ese municipio (…)».
Indicó que la IPS a la que se refiere el solicitante tiene su domicilio en el
municipio de Malambo (Atlántico) y, sostuvo que nunca ha funcionado en
el municipio de Soledad como una IPS o centro asistencial para la prestación
de servicios de salud, dado que, para dicho ente territorial no está
habilitada. Precisó que los puntos de atención como IPS están ubicados en
Malambo, Baranoa y Usiaquri. Insistió que durante los términos
inhabilitantes, es decir, un año antes de cada elección, ni el concejal ni sus
padres ejercieron la representación legal de la IPS, ni tampoco prestó
atención en salud a la población del régimen subsidiado en el municipio de
Soledad.
En relación con el contrato que, según lo afirmado por la parte demandante,
habría sido celebrado en el año 2020 entre la IPS Fundación Centro Integral
Cervid y el Hospital Materno Infantil, precisó que dicha afirmación es
errónea, toda vez que el contrato en cuestión era el nro. 0155 de 2019 y
fue suscrito el 10 de diciembre de 2019, por la representante legal Gina
Cubides Cortés, sin que su objeto correspondiera a la prestación de
servicios de salud. Adicionalmente, para la fecha de su celebración, ni él ni
su padre ostentaban la calidad de representantes legales de la mencionada
IPS.
Por otra parte, frente a los contratos y órdenes de prestación de servicios
con la sociedad Cafesalud sostuvo que «(…) la IPS no tenía contratos
vigentes para atención en salud de población del régimen subsidiado en
el municipio de Soledad. Además, aquellos contratos tenían por objeto la
prestación de servicios a personas del régimen contributivo (…)».
En relación con la negociación entre la Nueva EPS y la IPS Fundación
Centro Integral Cervid, manifestó que, en contraposición a lo sostenido
por la parte demandante, dicho acto corresponde a un acta de conciliación
tarifaria suscrita para la prestación de servicios en el municipio de
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Malambo, dentro del régimen contributivo, y no en el régimen subsidiado
como se ha alegado.
De otro lado, frente a los contratos suscritos entre la secretaría de salud
del municipio de Soledad con la IPS Fundación Centro Integral Cervid,
identificados con los números SS-CD-2021-C442 y SS-CD-2023-159,
respectivamente, manifestó lo siguiente:
En cuanto al primer contrato que «(…) no es cierto que se haya incurrido
en inhabilidad, pues ya el señor Cervantes Monasterio era concejal en
ejercicio; tampoco hubo incompatibilidad por cuanto el señor concejal no
era el representante legal, ni empleado ni contratista de dicha IPS en esa
fecha; y en lo que concierne a su señora madre, para esa fecha ya había
dejado de pertenecer al consejo directivo; y aun cuando todavía estuviese
vinculada al consejo directivo, tal situación no podría generar ni inhabilidad
ni incompatibilidad sobre el señor Cervantes Monasterio. (La madre del
concejal dejó de ser miembro del consejo directivo de la IPS el 1 de junio
de 2021) (…)».
Frente al segundo contrato que tampoco incurrió en una inhabilidad o una
incompatibilidad, dado que «(…) ni su padre, su madre ni él firmaron ese
contrato, no eran representantes legales. El concejal no era ni empleado ni
contratista y el objeto del contrato tampoco estaba relacionado con la
prestación del servicio de salud a la población del régimen subsidiado en el
municipio de Soledad (…)».
En cuanto a la situación referente a la ambulancia y unidad móvil
pertenecientes a sus familiares, precisó que «(…) las incompatibilidades
surgen de hechos personales del servidor público y no de sus familiares; así
como también es obligatorio repetir que ni en la primera ni en la segunda
elección se incurrió en inhabilidad o incompatibilidad alguna, pues el
concejal y sus parientes no eran representantes legales de una institución
prestadora de servicios de salud que de manera real y efectiva prestara
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dichos servicios a la población del régimen subsidiado en el municipio de
Soledad dentro del año anterior a cada elección (…)».
Concluyó que de conformidad con los hechos descritos por el accionante,
no se evidenciaba que hubiera incurrido en la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades y de
incompatibilidades y, agregó que «(…) la extensa descripción fáctica
mezclada con valoraciones y juicios constituye un intento desesperado del
demandante por crear causales de pérdida de investidura derivada de
hechos o situaciones no contempladas en la ley, desconociendo así la
naturaleza restrictiva tanto de las causales como de su interpretación y
aplicación (…)».
3.- La sentencia de primera instancia4
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del
22 de marzo de 2022, negó la desinvestidura del concejal acusado.
Sostuvo que el problema jurídico radicaba en establecer si el señor
Cervantes Monasterio incurrió en la causal de pérdida de investidura por
transgresión al régimen de incompatibilidades, conforme a lo previsto en
el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 41 de la Ley 617 de 2000.
Precisó que el solicitante afirmó que el acusado estaba «inhabilitado» para
inscribirse y ser elegido como concejal del municipio de Soledad,
(Atlántico), para el período constitucional 2020–2023, inhabilidad que se
había extendido al período 2024–2027, en razón a que, de manera
«simultánea» al ejercicio de dicho cargo, desempeñó funciones como
representante legal de la IPS Fundación Centro Integral Cervid, entidad
que prestaba servicios de seguridad social en el régimen subsidiado
dentro del ámbito territorial.
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
También recordó que el solicitante argumentó que tanto el padre como la
madre del señor Cervantes Monasterio desempeñaron funciones dentro
de la IPS Fundación Centro Integral Cervid, en calidad de representante
legal y miembro del consejo directivo, respectivamente, circunstancia que
configuraba la causal de incompatibilidad del numeral 5 del artículo 45 de
la Ley 136 de 1994.
Como razones de la decisión, luego de citar el marco normativo y
jurisprudencial5 de la causal invocada y de relacionar las pruebas obrantes
en el proceso, consideró que estaba probado lo siguiente:
(i) Que el acusado fue nombrado representante legal de la IPS Fundación
Centro Integral Cervid mediante acta nro. 7 del 6 de noviembre de 2016,
inscrita en la Cámara de Comercio el 21 de noviembre de la misma
anualidad y dicho período de representación legal finalizó el 25 de octubre
de 2018.
(ii) El señor Harold Abel Cervantes Varelo, padre del acusado, fue
nombrado representante legal de la IPS Fundación Centro Integral Cervid
mediante acta nro. 007 del 25 de octubre de 2018, inscrita en la Cámara
de Comercio el 26 de octubre de 2018, ostentando dicha calidad hasta el
24 de abril de 2019, fecha en que se nombró a la señora Sol Patricia
Bustamante Ruiz como su reemplazo.
(ii) La señora Erica Priscila Monasterio Villalba, madre del acusado, fue
nombrada miembro del consejo directivo de la IPS Fundación Centro
Integral Cervid por acta nro. 6 del 5 de noviembre de 2016, inscrita en la
Cámara de Comercio el 16 de noviembre de la misma anualidad.
5
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 11 de diciembre de 2015. Expediente radicación nro. 23001 23 33 000 2015 000 23
01. Corte Constitucional. C-179 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Conforme con lo anterior, aseguró que, si bien el señor Harold Cervantes
Monasterio fue representante legal de una IPS, ello ocurrió hasta el 25 de
octubre de 2018, de manera que, atendiendo el numeral 5 del artículo 45
de la Ley 136 «(…) no se alcanza a vislumbrar la simultaneidad del cargo
de representante legal con la investidura de concejal ni para el período
2020-2023 y mucho menos para el siguiente, es decir, 2023-2024 (…)».
Por otra parte, frente a la señora Erica Priscila Monasterio Villalba, madre
del acusado, explicó que «(…) al ser nombrada como miembro del consejo
directivo de la IPS FUNDACIÓN CENTRO INTEGRAL CERVID no resulta
válido fundar una causal de pérdida de investidura en contra del acusado
sobre la situación de hecho descrita, como quiera que, la norma no
contempla que ese supuesto de hecho genere inhabilidad, siendo la
representación legal ya sea por el concejal electo o por sus parientes
dentro del grado que determina la ley, las situaciones que se determinan
por ley, siempre y cuando se haya ejercido dentro del año anterior a las
elecciones o de forma simultánea (…)».
Frente al señor Harold Abel Cervantes Varelo, padre del acusado,
manifestó que fungió como representante legal de la IPS Fundación
Centro Integral Cervid entre el 25 de octubre de 2018 al 29 de abril de
2019, esto es, dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones del
2020-2023. Por lo tanto, precisó que debía examinar si a través de la IPS
Centro Integral Cervid se prestaron servicios de seguridad social en el
régimen subsidiado en el municipio de Soledad, «(…) todo ello con el fin
de establecer una posible configuración de inhabilidad (…)».
Explicó que «(…) no encontró contratos suscritos entre la IPS Fundación
Centro integral CERVID con el municipio de Soledad – Atlántico,
destinados a la prestación de servicios de seguridad social en el régimen
subsidiado de dicho ente territorial, durante el período comprendido entre
el 25 de octubre de 2018 al 29 de abril de 2019, fecha en la que ejerció
el padre del demandado, la representación legal de la IPS en mención,
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por lo que no se puede percibir la configuración de inhabilidad alguna
(…)».
Puso de presente que el solicitante en su escrito de demanda mencionó
los vehículos con placas ENM-531 y KHW-222, los cuales afirmó sirven
para la celebración de contratos de prestación de servicios de salud en el
municipio de Soledad, lo que generaría una incompatibilidad respecto al
acusado debido a que los mismos se encuentran a nombre del padre y
hermana del concejal; el a quo indicó que se trataba de «(…) un supuesto
f[á]ctico, distinto a los contemplados en la normas (sic) que establecen
las inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y que en todo
caso, se encuentran inscritos en el municipio de Malambo, sede principal
de la IPS (…)».
Concluyó que el señor Harold Cervantes Monasterio no incurrió en la
causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
incompatibilidades e inhabilidades, regulado en el numeral 5 del artículo
45 de la Ley 136, adicionada por el artículo 41 de la Ley 617.
4.- El recurso de apelación6
4.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el apoderado del solicitante
interpuso recurso de apelación, pidiendo que fuera revocada.
Afirmó que el tribunal no hizo un análisis profundo de la disposición
alegada del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y que si bien
es cierto se trató en gran parte el tema sobre la presunta
incompatibilidad, «(…) la norma aludida reza además aspectos como el
conflicto de intereses, el tráfico de influencias y la misma inhabilidad;
temas que por supuesto en este momento procesal es procedente
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
mencionar; en el entendido en la consistencia de un interés provechoso,
conveniencia o utilidad».
Agregó que «(…) por otro lado, el conflicto de intereses como una causal
de pérdida de investidura de concejales, siendo en el caso particular unas
empresas IPS y fundación de carácter familiar, estrictamente personal
porque parte de sus directivos y representantes legales en distintas
épocas incluyendo al concejal demandado han sido en mayor parte de la
familia Cervantes Monasterio, en la que lógicamente existe un interés
directo del concejal elegido en los dos períodos ya referidos, es decir, un
favorecimiento personal o sin duda para personas integrantes de su
familia, parentesco reprochados en el régimen que nos ocupa, tal
aprovechamiento en tal beneficio constituye una causal de pérdida de
investidura».
Precisó que la ley 617 de 2000 establece que los concejales perderán su
investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses, así como también por tráfico de influencias
debidamente comprobado.
Hizo referencia al numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y a
partir de ahí explicó que los requisitos para que se configure la causal
invocada es que «(…) no puede ser inscrito, ni elegido concejal quien
tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio».
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
Aclaró que los supuestos necesarios para la configuración de la causal es
tener parentesco con quien dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de elección haya sido representante legal de entidades que presten
servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio.
Solicitó al a quem revisar los requisitos anotados con las pruebas
aportadas al proceso, puesto que, el concejal Harold Cervantes
Monasterio es hijo del señor Harold Abed Cervantes Varelo y de la señora
Erica Priscila Monasterio, personas que fueron representantes legales y
miembros del consejo directivo, por lo que están en los grados de
consanguinidad exigidos.
De otro lado, expuso que la causal también requiere que, dentro de los
doce meses anteriores a la elección, los parientes hayan sido
representantes legales de entidades que presten servicios de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio, lo que también
quedó demostrado con las pruebas obrantes en el proceso.
Precisó que la primera elección de concejal ocurrió en el mes de octubre
de 2019 y, la segunda, en el año 2023, por lo que, el lapso de 12 meses
que señala «el numeral 4 de la Ley 136 de 1994 (sic) se cumple pues los
contratos se ejecutaron en fechas en que empieza a configurarse la
inhabilidad sobreviniente en cuanto al primer período de ser elegido el
ciudadano señor Harold Cervantes Monasterio, para inscribirse como
candidato al concejo de Soledad ya sus familiares Harold Abed Cervantes
Varela era representante de la empresa» y su madre era miembro de la
directiva y socia principal de la IPS desde el año 2016.
Sostuvo que «se configura la causal 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994 (…) pues el concejal Harold Cervantes Monasterio es hijo y hermano
de Erica Priscila y Harold Abed, quienes a su vez fueron representantes
legales y miembros directivos, quien 12 meses antes de las elecciones
fungieron como representante legal de la IPS y fundación, siendo esta
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institución la prestadora de servicios de seguridad social en el régimen
subsidiado en el municipio de Soledad, es decir, que todos los supuestos
que establece la causal se cumplen de manera concurrente».
Por otra parte, respecto del elemento subjetivo manifestó que «(…) la
conducta del demandado Harold Cervantes Monasterio, se encuadra
dentro de l[a] culpa leve, que consagra el artículo 63 del Código Civil,
pues no adoptó una conduct[a] cuidadosa y diligente, como
ordinariamente lo haría un hombre de negocios, pues no solo debió
inscribirse dentro de la oportunidad legal, sino analizar si se encontraba
incurso en alguna causal que lo descalificaría (…)».
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto del 17 de septiembre
de 20247.
5.- Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado a la Sección Quinta por acta de reparto
del 31 de marzo de 20258.
5.2. Por auto del 1 de abril de 2025 el consejero de conocimiento de la
Sección Quinta dispuso su remisión a la Sección Primera 9 e ingresó por
reparto a esta Sección el 8 de abril de 202510.
5.3. Por auto del 25 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte solicitante11.
7
Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2024 00028 00.
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Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2024 00028 01.
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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2024 00028 01.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2024 00028 01.
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 26 de mayo de 202512.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto
contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de
concejales, acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la
Ley 617 de 200013 y con base en lo establecido por el numeral 5 del
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201914 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Decreto
434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones 15.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Aunque no se aportó la prueba de la calidad de concejal del acusado, las
partes no controvierten que haya sido elegido concejal del municipio de
Soledad, (Atlántico), o tomado posesión del cargo para los períodos 2020-
2023 y 2024-2027.
3.- Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente:
12
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2024 00028 01.
13 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
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3.1. Se aportó el certificado de existencia y representación legal de la
sociedad Fundación Centro Integral Cervid, con domicilio principal en
Malambo, (Atlántico)16.
3.2. Igualmente se aportó copia del Convenio OFJ-C-0155-201917 suscrito
entre el Hospital Materno Infantil de Soledad E.S.E. y la Fundación
Comunidad Viva del Atlántico, hoy Fundación Centro integral Cervid; del
Contrato nro. SS-CD-2021-C-44218 celebrado entre la secretaría local de
salud de Soledad y la Fundación Centro integral Cervid y del Contrato SS-
CD-2023-159 del 17 de marzo de 202319, celebrado entre la secretaría
local de salud de Soledad y la Fundación Centro integral Cervid.
3.3. El certificado histórico del 16 de noviembre de 2023 suscrito por el
secretario de la Cámara de Comercio de Barranquilla, da cuenta de lo
siguiente20:
3.3.1. Que el señor Harold Cervantes Monasterio fungió como
representante legal de la sociedad IPS Fundación Centro Integral Cervid,
nombrado mediante acta nro. 7 del 6 de noviembre de 2016.
3.3.2. Que el señor Harold Cervantes Monasterio fue representante de la
IPS Fundación Centro Integral Cervid hasta el 25 de octubre de 2018,
fecha en que su padre, el señor Harold Abel Cervantes Varelo, asumió
como representante legal.
3.3.3. Que el señor Harold Abel Cervantes Varelo fue representante legal
de la IPS Fundación Centro Integral Cervid hasta el 24 de abril de 2019,
16 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2024 00028 00. Archivo Pdf «01DEMANDA», pág. 27.
17 Ibidem, archivo Pdf «01DEMANDA», pág. 59.
18 Ibidem, archivo Pdf «01DEMANDA», pág. 72.
19 Ibidem, archivo Pdf «01DEMANDA», pág. 124.
20 Ibidem, archivo Pdf «01DEMANDA», pág. 34.
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
fecha en la cual fue elegida representante legal, la señora Sol Patricia
Bustamante Ruiz.
3.3.4. Que según acta nro. 6 del 5 de noviembre de 2016 la señora Erica
Priscila Monasterio Villalba, madre del acusado, fue elegida como
miembro principal del consejo directivo de la IPS Fundación Centro
Integral Cervid.
4. Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el tribunal negó la desinvestidura del acusado
con fundamento en que no estaba configurada la incompatibilidad prevista
en el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el
artículo 41 de la Ley 617 de 2000. A su vez, el solicitante, en el recurso
de apelación persigue que se declare la desinvestidura del acusado, lo que
sustentó en la configuración de la causal de conflicto de intereses, así
como en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994.
Siendo así, la Sala advierte que, en el recurso de apelación, el solicitante
alude a unas causales de pérdida de investidura distintas a las que estudió
el tribunal, por lo que, se pronunciará sobre (i) la aplicación del principio
de congruencia en los procesos de pérdida de investidura, para luego
abordar (ii) el caso concreto.
4.1.- La aplicación del principio de congruencia en los procesos de
pérdida de investidura
El artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable conforme lo
señalado por el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, establece que «(…) la
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por
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cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni
por causa diferente a la invocada en ésta».
Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Primera ha señalado que «(…)
del principio de congruencia se desprenden deberes y prohibiciones a
cargo del juez, a quien le corresponde adoptar una decisión que guarde
total correspondencia entre los fundamentos fácticos y jurídicos aducidos
en la solicitud de desinvestidura, lo debatido y probado en el proceso»21.
Entre los deberes y prohibiciones que se derivan del principio de
congruencia en el proceso de pérdida de investidura, la Sala Plena del
Consejo de Estado ha resaltado los siguientes22:
(i) «La congruencia supone la identidad de la providencia que resuelve la
solicitud de pérdida de investidura con la acusación planteada», esto es
que, «(…) en materia sancionatoria, y en especial en la pérdida de
investidura, la congruencia supone la correspondencia entre las
imputaciones fácticas y jurídicas que se expresan en la acusación,
contenida en la demanda o en el escrito que la subsana, con las
consideraciones y decisión plasmadas en la sentencia del operador
judicial. Lo anterior significa que el despojo de la investidura no podrá
producirse por hechos distintos a los alegados en el escrito genitor del
proceso ni por causales distintas a las mencionadas y motivadas por el
demandante (…)»23.
(ii) «La congruencia impone resolver todos los cargos planteados en la
solicitud de desinvestidura» , lo que se traduce en que «(…) más allá de
la identidad entre acusación y decisión, la consonancia implica una
respuesta pormenorizada y de fondo a la totalidad de las inculpaciones
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
marzo de 2024. Expediente con radicación nro. 76001 2333 000 2023 00734 01. C.P.: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de septiembre de
2019. Expediente radicado nro. 11001 0315 000 2019 01598 01 (PI). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
23 Ibidem.
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que se erigen en contra del demandado, como forma de purga de las
imputaciones que pesan sobre el ciudadano que ostenta la calidad de
parlamentario, y permiten, en principio, afirmar que dispone de la
dignidad requerida para el desempeño de dicho cargo (…)»24.
(iii) «La congruencia impide al juez de la pérdida de investidura
emprender estudios de fondo respecto de cargos indebidamente
fundados», lo que significa que «(…) la claridad de las disquisiciones que
cimientan la acusación, no solo son presupuesto de la contradicción, sino
guía del fallo que deberá ser adoptado por el operador judicial. De allí que
se rechacen las explicaciones anfibológicas, oscuras y confusas
esgrimidas por el accionante en su escrito introductorio (…)», tal y como
lo explicó la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia del 17 de
enero de 2012 al indicar que «(…) al juzgador no le está permitido abordar
el estudio de causales de pérdida de investidura que no hayan sido
debidamente invocadas y explicadas en el escrito de demanda, tal y como
lo ordena la letra c) del artículo 4 de la Ley 144 de 1994 (…)»25.
En este punto, debe tenerse en cuenta que el literal c) del artículo 5 de la
Ley 1881 de 2018 prevé que la solicitud de pérdida de investidura deberá
contener, entre otros aspectos, «(…) la invocación de la causal por la cual
se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación». Cabe
señalar que, el precitado requisito también estaba enlistado de manera
idéntica en el literal c) del artículo 4 de la Ley 144 de 1994 y la expresión
«(…) y su debida explicación» fue declarada exequible en la sentencia C
– 237 de 2012 (se destaca).
En dicha oportunidad, la Corte Constitucional indicó que la exigencia sobre
la explicación de la causal no era desproporcionada y, además, «(…)
supone una garantía al derecho de defensa del sujeto pasivo de dicha
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2011-
00708-00(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 17 de enero de 2012.
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20
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solicitud, pues sabrá de forma específica cómo, en concepto del
demandante, una situación fáctica dada encuadra dentro de una causal
de pérdida de investidura // Contrario sensu, la indeterminación de cómo
unos hechos expuestos en el escrito de demanda implican la concreción
de una causal de pérdida de investidura, obligaría al demandado a
suponer, a presumir e incluso, adivinar las razones, los matices y el
camino argumentativo de la posible acusación, y además a defenderse de
la misma».
En consonancia con lo dicho, la Sección Primera ha señalado que en
materia de pérdida de investidura «las causales son de aplicación
restrictiva; es decir, su estudio debe circunscribirse a las expresamente
atribuidas al demandado en el libelo de la demanda; lo contrario
equivaldría a la violación al debido proceso, en la medida que éste tiene
el derecho de ejercer su contradicción y defensa frente a los cargos que
se le endilgan y las causales que se invoquen en la demanda, de manera
que no puede ser sorprendido en el recurso de alzada proponiéndole una
nueva causa para pedir, pues su defensa se ha estructurado conforme a
lo propuesto por el accionante y una causal nueva desfiguraría el contexto
de la decisión adoptada en primera instancia»26.
4.2.- El caso concreto
La Sala advierte que, en el escrito inicial, el solicitante aludió que el
concejal incurrió en la incompatibilidad prevista en el numeral 5 del
artículo 45 de la Ley 136 de 1995. A su turno, el tribunal negó la
desinvestidura por considerar que no estaban cumplidos los requisitos de
la incompatibilidad señalada en el numeral 5 del artículo 45 ibidem. En el
recurso de apelación, la parte actora argumentó que el concejal
transgredió el régimen de conflicto de intereses y la inhabilidad del
numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30 de
agosto de 2018. Expediente radicado nro. 25000 2336 000 2017 01650 01. C.P.: Oswaldo Giraldo
López.
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De este modo, aunque el actor expuso los mismos hechos, tanto en el
escrito inicial como en el de apelación, los encuadró en causales de
pérdida de investidura distintas, lo que conduce a que en esta instancia
no puedan estudiarse causales diferentes a las señaladas en la demanda
y que fueron las estudiadas por el a quo, pues lo contrario implicaría la
vulneración del debido proceso y del derecho de defensa del acusado y
desfiguraría lo decidido por el tribunal.
Al respecto, en el escrito inicial la parte actora, específicamente, en el
acápite titulado «declaración», expuso lo siguiente:
«[…] solicito al despacho se declare la pérdida de la investidura como
concejal del municipio de soledad-Atlántico del ciudadano HAROLD
ABEL CERVANTES MONASTERIO, identificado (…) ya que al postularse
como candidato a un cargo de elección popular ,y ser elegido el 29 de
octubre de 2023,en desarrollo de sus funciones como concejal del
Municipio de Soledad (Atlántico) violentó las normas de
incompatibilidad referente a la causal establecida en el numeral 5 del
artículo 45 de la ley 136 del 2 de junio de 1994,por lo anterior se debe
declarar la pérdida de investidura del concejal para el período 2024 –
2027, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 6 de octubre de
2002 (sic), lo cual constituye causal de pérdida de la investidura para
los concejales municipales por virtud del numeral 1° del artículo 48 de
la Ley 617, esto es, por haber sido contratista y sus parientes dentro
del primer y segundo grado de consanguinidad de una empresa que
presta servicios públicos de seguridad social en el respectivo municipio
y se le aplique la sanción correspondiente, en caso de que se
configuren algunas de las causales señaladas en la C.N […]».
De lo dicho por el actor, se desprende que solicitó la desinvestidura del
acusado por incurrir en la incompatibilidad prevista en el numeral 5 del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 41 de la Ley
617 de 2000, que dispone que los concejales no podrán ser
representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos,
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
respectivo municipio.
En concordancia con ello, se advierte que invocó como causal de pérdida
de investidura la prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
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22
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2000 que establece que los concejales perderán su investidura por
violación al régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses. En
este punto, es pertinente precisar que, en el escrito inicial, el solicitante
no sustentó, ni endilgó expresamente al acusado la violación al régimen
de conflicto de intereses, porque lo que alegaba es que el concejal incurrió
en la incompatibilidad señalada en el numeral 5 del artículo 45 de la Ley
136 de 1994.
Más adelante, en el acápite denominado «sustentación de la acción» del
escrito inicial, la parte actora señaló que «el ciudadano concejal HAROLD
ABEL CERVANTES MONASTERIO, quien al haberse desempeñado
simultáneamente como concejal del municipio de Soledad -Atlántico y
representante legal de la IPS FUNDACION CENTRO INTEGRAL CERVID y
sus padres igualmente como representante legal y miembro del concejo
(sic) directivo, incurrió en la causal de incompatibilidad prevista en el
numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo
41 de la Ley 617».
Igualmente, para finalizar el precitado acápite, la parte actora
nuevamente expresó que «(…) por todo lo anteriormente expuesto y sin
lugar a equívocos en el caso sub examine, se cumplen los elementos para
que la causal de incompatibilidad se configure, esto es, que el demandado
concejal, HAROLD ABEL CERVANTES MONASTERIO, se desempeñó como
representante legal, al igual que su padre y su señora madre como
miembro del consejo directivo de la IPS FUNDACION CENTRO INTEGRAL
CERVID (anterior fundación comunidad viva) que presta servicios de
seguridad social en el Municipio de Soledad, lugar donde fungía y funge
como concejal, conducta violatoria del numeral 5 del artículo 45 de la Ley
136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617».
De lo señalado en el escrito inicial por la parte solicitante, se evidencia
que endilgó al acusado incurrir en la incompatibilidad prevista en el
numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
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23
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Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
La Sala precisa que en la parte final del citado escrito, el solicitante
simplemente transcribió la inhabilidad del numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, pero en ningún aparte sostuvo que el acusado infringió
tal inhabilidad, ni tampoco explicó la manera en que se configuraba. A lo
que cabe agregar que, también en el escrito inicial, particularmente
cuando relacionó los hechos, se refirió indistintamente a que el acusado
estaba inhabilitado, pero lo cierto es que de los acápites denominados
«declaración» y «sustentación de la acción», se desprende que lo que le
endilgó al acusado fue incurrir en la incompatibilidad del numeral 5 del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
En el contexto descrito, se advierte que la sentencia de primera instancia
examinó si estaba configurada la incompatibilidad prevista en el numeral
5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994. Al respecto, se observa que el
problema jurídico que formuló el a quo fue «¿incurrió el concejal Harold
Cervantes Monasterio en causal de pérdida de investidura, esto es, la
violación del régimen de incompatibilidades, regulado en el numeral 5 del
artículo 45 de la Ley 136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617?».
Así mismo, el a quo concluyó en la sentencia recurrida que «la respuesta
al interrogante jurídico planteado es un no, el concejal Harold Cervantes
Monasterio, no incurrió en la causal de pérdida de investidura, esto es, en
la violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades, regulado
en el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136».
En este punto, la Sala pone de presente que el a quo consideró que no
estaba configurada la incompatibilidad señalada en el numeral 5 del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994 porque no se advertía que el concejal
hubiera sido de manera simultánea representante legal, ni para el período
2020-2023 y mucho menos para el período 2023-2024.
Sin perjuicio de ello, el tribunal al examinar la representación legal de la
IPS por parte del padre del acusado hizo referencia al período inhabilitante
de los 12 meses anteriores a la elección para el período 2020-2023, pero
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en ningún aparte de la decisión indicó que estaba estudiando alguna
inhabilidad, ni tampoco mencionó ninguna disposición sobre el régimen
de inhabilidades; por el contrario en el problema jurídico manifestó de
manera clara que se circunscribía a determinar si estaba configurada la
incompatibilidad del numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, y al
final concluyó que la incompatibilidad no se verificaba para el caso, lo que
denota el yerro en el que incurrió la sentencia del tribunal, pues solamente
debió circunscribirse a analizar si los supuestos de hecho encuadraban en
la incompatibilidad que invocó el solicitante.
Precisado lo anterior y de lo hasta aquí explicado, es claro que la parte
actora invocó la incompatibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 45
de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de
2000; sin embargo, en el recurso de apelación alegó que el concejal
incurrió en la causal de violación de conflicto de intereses, e igualmente
expuso que estaba configurada la inhabilidad prevista en el numeral 4 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, sin que en la alzada haya argumentado
la infracción a la incompatibilidad contenida en el referido numeral 5 del
artículo 45 ibidem.
En efecto, en el recurso de apelación, la parte actora afirmó que el a quo
hizo un análisis profundo «de la norma alegada del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, si bien es cierto que se trató gran
parte del tema de discusión en la presunta incompatibilidad la norma
aludida reza aspectos como el conflicto de intereses, el tráfico de
influencias y la misma inhabilidad; temas que, por supuesto en este
momento procesal es procedente mencionar», y después aseguró que, el
acusado había incurrido en conflicto de intereses. Seguidamente, como
quedó visto en el acápite del recurso de apelación, la parte actora fincó la
alzada en el cumplimiento de los requisitos de la inhabilidad prevista en
el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, para concluir que en
este caso estaba configurada.
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Lo anterior quiere significar que, en el recurso de apelación el solicitante
modificó la causal en la que estructuró la desinvestidura del acusado,
comoquiera que, en el escrito inicial invocó la incompatibilidad prevista
en el numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y en el recurso de
apelación alegó la configuración del conflicto de intereses y la inhabilidad
señalada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
En ese sentido, como el solicitante no invocó ni sustentó en el escrito de
pérdida la violación al conflicto de intereses y la configuración de la
inhabilidad del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1996, no es
procedente que en el recurso de apelación modifique la causal, dado que
la alzada no se trata de una nueva oportunidad para variar el sustento
por el que inicialmente se pidió la desinvestidura; permitir lo contrario se
traduciría en la afectación del derecho de defensa y contradicción de la
parte acusada.
Por último, la Sala llama la atención que en el escrito inicial de pérdida de
investidura el solicitante fue claro en pedir la desinvestidura por la
incompatibilidad del numeral 5 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994,
tanto en el acápite de declaración, como en el de sustentación de la
acción; no obstante, en varios de los hechos que enunció se refirió
indistintamente a que el concejal estaba inhabilitado, pese a que la
desinvestidura la había pedido por la configuración de una
incompatibilidad. Es esta imprecisión y ambigüedad de la solicitud de
pérdida de investidura, la que debe evitarse en este tipo de procesos
sancionatorios, puesto que, como se mencionó en acápites precedentes,
el principio de congruencia impide que el juez emprenda estudios de fondo
respecto de cargos indebidamente fundados.
Atendiendo lo explicado, la Sala confirmará la sentencia proferida el 22
de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
la cual negó la desinvestidura del concejal del municipio de Soledad,
(Atlántico), señor Harold Cervantes Monasterio.
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Radicación: 08001 23 33 000 2024 00028 01
Solicitante: Álvaro Álvarez Botero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, acorde con lo señalado en la
parte motiva.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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