Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2024-00073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2024-00073-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
4 de abril de 2024
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Rosalina Donado Lapeira
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: ROSALINA DONADO LAPEIRA
Demandado: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE
BARRANQUILLA
Temas: Derecho fundamental al debido proceso. Mora judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 29 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que resolvió:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la actora, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Barranquilla que
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia
profiera y notifique la sentencia de primera instancia dentro del proceso con radicado 08-
001-33-33-009-2023-00388-00 (sic).
TERCERO: NEGAR el amparo constitucional invocado respecto del proceso 08-001-33-
33-009-2023-00347-00 (sic), por las razones expuestas en esta providencia.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Rosalina Donado Lapeira, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…) ordenar a la Juez Novena Administrativa del Circuito de Barranquilla, Dra.
JANNETTH DEL SOCORRO VILLADIEGO CABALLERO, que, en el término de 48 horas,
contadas a partir de la notificación del fallo que decida esta acción de tutela, profiera, sin
más dilaciones, fallo de primera instancia dentro de los radicados 2013-000347-00 у 2013-
00388-00.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Rosalina Delgado Lapeira y su núcleo familiar, presentaron dos
demandas de reparación directa contra la Policía Nacional y la Fiscalía General de
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Rosalina Donado Lapeira
la Nación, con el fin de que se declarara responsables patrimonialmente y se las
condene al pago de los perjuicios derivados de la falla en el servicio en el que
incurrieron, por la muerte de los señores Ernesto Antonio Donado Lapeira, Antonia
María Lapeira Navarro y Pedro Agustín Donado Lapeira, a causa de la presunta
omisión en brindarles protección, porque, su hermano, José William Donado se
había convertido en testigo contra bandas criminales.
[Expediente radicado 08-001-33-33-009-2013-00347-00]
En la demanda con el radicado 2013-00347 se solicitó la declaración de
responsabilidad y condena por la muerte del señor Ernesto Antonio Donado
Lapeira, la cual fue radicada el 1 de octubre 2013.
Del cual avocó conocimiento el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, en
el marco de la cual se surtieron las siguientes actuaciones: (i) el 6 de noviembre
de 2014, el juzgado admitió la demanda; (ii) el 18 de noviembre de 2015, se celebró
la audiencia inicial, (iii) el 5 de noviembre de 2019, el apoderado de la parte
demandante radicó memorial de impulso procesal, con el fin de que la autoridad
judicial demandada dictara auto que corriera traslado para alegar de conclusión y,
(iv) el 20 de febrero de 2024, la autoridad judicial demandada profirió auto por
medio del cual se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para alegar
de conclusión.
[Expediente radicado 08-001-33-33-009-2013-00388-00]
En la demanda con radicado 2023-00388 se solicitó la declaración de
responsabilidad y condena por la muerte de los señores Antonia María Lapeira
Navarro y Pedro Agustín Donado Lapeira, la cual fue radicada el 11 de octubre de
2013.
De ese proceso también avocó conocimiento el Juzgado Noveno Administrativo de
Barranquilla, en el que se han surtido las siguientes actuaciones: (i) el 10 de
septiembre de 2015, se admitió la demanda; (ii) el 28 de julio de 2016, se celebró
la audiencia inicial; (iii) en auto del 28 de junio de 2018, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión. Por ello, desde, el 14 de junio de 2018, el proceso
se encuentra pendiente de fallo.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora afirma que el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla
vulneró los derechos fundamentales invocados porque incurrió en mora judicial
injustificada al no dictar sentencia en los asuntos con radicado número 08-001-33-
33-009-2013-00388-00 y 08-001-33-33-009-2013-00347-00.
Señaló que, en ambos casos, se desconoció el término perentorio para proferir
decisión de fondo, previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, esto
es, “el plazo de un año contado a partir de la notificación del auto admisorio de la
demanda”.
Advirtió que los asuntos no son complejos, adujo que no hay una carga laboral que
justifique la conducta omisiva de la accionada y que tampoco se observan
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Rosalina Donado Lapeira
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impidan la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley.
4. Trámite Previo
El Tribunal Administrativo de Barranquilla, en auto de 19 de febrero de 2024, admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y a la demandada. Además,
vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, en calidad de terceros.
5. Oposición
El Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla solicitó que se nieguen las
pretensiones de la presente acción de tutela, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Manifestó que la mora judicial se encuentra justificada, pues, a raíz de las nuevas
reglas de competencia introducidas en la Ley 2080 de 2021, tiene a su cargo
aproximadamente 600 procesos, entre los que se encuentran acciones
constitucionales, procesos ejecutivos, sentencias anticipadas, incidentes de
desacatos. De modo que dicho volumen afecta el trámite de los mismos.
Resaltó que la pandemia originada por el Covid-19 afectó la actividad judicial
teniendo en cuenta que se realizó procedimiento de revisión de los expedientes y
digitalización de estos. Además, de la incidencia de la puesta en marcha de la
plataforma SAMAI.
Informó que, dentro del proceso con radicado 08-001-33-33-009-2013-00347-00, el
20 de febrero de 2024 profirió auto que ordenó a las partes presentar alegatos de
conclusión.
En cuanto al proceso con radicado 08-001-33-33-009-2013-003887-00, indicó se
encuentra al despacho para revisión del proyecto de sentencia, que sería proferida
en el primer trimestre del presente año.
Finalmente, advirtió que no puede utilizarse este mecanismo constitucional para
desconocer los derechos de los demás usuarios que ostentan la misma condición,
pues de ser así se desconocería el principio de igualdad.
6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico amparó los derechos fundamentales de la
tutelante respecto del proceso con radicado 08-001-33-33-009-2013-00388-00,
porque encontró acreditada la mora judicial injustificada, pues el proceso
permaneció por 5 años y 8 meses para sentencia, sin que el juzgado acreditara
circunstancia alguna que justificara tal omisión.
Respecto del proceso 08-001-33-33-009-2013-00347-00, negó las pretensiones de
la acción de tutela, porque el juzgado demandado, el 20 de febrero de 2024, dictó
auto en el que corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión. Por ello, concluyó que no se han superado los trámites y
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Rosalina Donado Lapeira
procedimientos propios de cada actuación para obtener el pronunciamiento de
fondo de su interés.
7. Impugnación
La parte actora indicó que expondría los argumentos de inconformidad contra la
decisión de primera instancia una vez el asunto fuera remitido al ad quem, sin
embargo, no allegó los referidos argumentos al presente trámite.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
Como se anticipó, la actora expresó que expondría los argumentos de la
impugnación frente al juez de segunda instancia. Sin embargo, a la fecha, no ha
realizado pronunciamiento alguno. No obstante, en garantía del derecho al debido
proceso, la Sala analizará, únicamente, la decisión que le resultó adversa a la
actora, esto es, lo atinente la negativa de las pretensiones del presente amparo
frente al proceso 08-001-33-33-009-2013-00347-00.
De modo que, a la Sala le corresponde determinar si frente al proceso 08-001-33-
33-009-2013-00347-00 se configura la mora judicial injustificada invocada por la
parte actora en el escrito de tutela.
De la mora judicial
Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la
inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación
judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii)
la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez 1.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una
decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales.
Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que
1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052
de 2018 y T-441 de 2020.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Rosalina Donado Lapeira
impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna
decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva
carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de
acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de
dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de
manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en
los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Caso concreto
Como se indicó, mediante la presente acción de tutela la señora Rosalina Donado
Lapeira alega que la autoridad judicial demandada desconoció los derechos
fundamentales por incurrir en mora judicial y desconocimiento de lo previsto en el
artículo 121 del Código General del Proceso, porque, a la fecha de interposición del
amparo, no ha proferido sentencia de primera instancia del medio de control de
reparación directa radicado número 08-001-33-33-009-2013-00347-00.
De la consulta del proceso 08-001-33-33-009-2013-00347-00 en el sistema de
información SAMAI y del expediente aportado por el Juzgado Noveno
Administrativo de Barranquilla, la Sala advierte que, en efecto, la demanda fue
radicada el 1 de octubre de 2013, que, el 11 de julio de 2018 se realizó la audiencia
inicial y que el 5 de noviembre de 2019, el apoderado de la parte demandante
radicó memorial en el que solicitó impulso procesal, con el fin de que la autoridad
judicial demandada dictara auto que corriera traslado para alegar de conclusión.
Además, que el 20 de febrero de 2024, con posteridad a la notificación de la
presente acción de tutela, la autoridad judicial demandada profirió auto en el que
corrió traslado a las partes para que presenten los alegatos de conclusión, como
se observa de la siguiente captura de pantalla:
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Rosalina Donado Lapeira
De las anteriores actuaciones se puede constatar que, desde el 12 de julio de 2018,
el expediente se encontraba pendiente para que se dictara auto de traslado a las
partes para que presenten alegatos de conclusión. Y que, con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela de la referencia -16 de febrero de 20242-, la
autoridad judicial demandada profirió auto en el que corrió traslado a las partes para
que presenten alegatos de conclusión.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la pretensión de la demandante en el
escrito de tutela consiste en que la autoridad judicial demandada profiera sentencia
de primera instancia, adicionalmente, que la demanda fue radicada el 1 de octubre
de 2013. Es decir, han trascurrido más de 10 años sin que se profiera decisión de
primera instancia, lapso que resulta muy prolongado para obtener decisión de
primera instancia.
Con base en lo expuesto, la Sala concluye que, efectivamente, existió una mora
injustificada en el trámite del proceso de reparación directa, que vulnera los
derechos fundamentales de la parte actora, pues, el término que ha transcurrido sin
proveer decisión de primera instancia resulta desproporcionado, en especial,
cuando en el informe que allegó el juzgado demandado no expuso razones que
justifiquen de forma válida la mora del trámite procesal y de la expedición de la
decisión3.
Por otro lado, es necesario resaltar que no se encuentra acreditada la vulneración
de los derechos fundamentales invocados en relación con la falta de aplicación del
artículo 121 del CGP, porque esa norma no resulta aplicable a la actividad de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues, sobre la materia existe
previsión especial en el CPACA, lo cual descarta el uso de la norma de remisión de
que trata el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
La previsión normativa del 306 ejusdem4, relacionada con la remisión de los
aspectos no regulados en el CPACA al Código General del Proceso, no tiene
aplicación en el presente caso, precisamente porque en tratándose de procesos del
conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los términos de
instrucción del proceso, la etapa de juzgamiento y para proferir la sentencia, se
encuentran regulados expresamente en los artículos 179 al 182 del CPACA. De
manera que la existencia de norma especial, que regula la materia, descarta la
aplicación del artículo 121 del CGP en virtud de la remisión normativa aludida 5.
De modo que, se impone, revocar el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia, que negó el amparo respecto del proceso 08-001-33-33-009-2013-
00347-00.
Entonces, se confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, que amparó los derechos fundamentales invocados por la
2 Tal como consta en el expediente digital de tutela remitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
3 Al respecto, ver sentencias del 22 de julio de 2021, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2021-
02142-00 y del 8 de junio de 2023, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2023-01946-00. Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Milton Chaves García.
4 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
5 En ese sentido, ver sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2019-00766-00, Sección Tercera del Consejo de Estado.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Rosalina Donado Lapeira
actora, por las razones expuestas en el presente asunto, en consecuencia, se
revocará el numeral tercero del fallo de tutela y, en su lugar, se ordenará al Juzgado
Noveno Administrativo de Barranquilla que, dentro de los 20 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera y notifique la sentencia de primera
instancia dentro de lo proceso de reparación directa con radicado 08-001-33-33-
009-2013-00347-00.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar el numeral primero de la sentencia de primera instancia, por las
razones expuestas en la presente decisión.
2. Revocar el numeral tercero de la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar:
3. Ordenar al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Barranquilla que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
profiera y notifique la sentencia de primera instancia dentro del proceso con
radicado 08-001-33-33-009-2013-00347-00.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.