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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00090-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00090-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2024-00090-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 080012333000-2024-00090-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: OLGA LURLINE JURIS GUERRA

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE
CASO NO SE CONFIGURÓ LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, SINO LA CESACIÓN DE LA VULNERACIÓN POR
EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL. FALTA DE
RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN EN SEDE
ADMINISTRATIVA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA SALUD, A LA VIDA DIGNA Y A LA DIGNIDAD
HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS – TERRITORIAL NOROCCIDENTE1 contra la

1
En adelante la SUPERINTENDENCIA.

2

Número único de radicación: 080012333000-2024-00090-01
Actora: OLGA LURLINE JURIS GUERRA

sentencia de 8 de marzo de 2024, proferida en primera instancia por

la SALA DE DECISIÓN ORAL “C” DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO2.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora OLGA LURLINE JURIS GUERRA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la salud, a la vida

digna y a la dignidad humana, los cuales estima vulnerados por el

JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BARRANQUILLA, la EMPRESA DE ENERGÍA AIRE S.A.S. E.S.P3.

y la SUPERINTENDENCIA con ocasión al trámite impartido dentro

del incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 080013333013-2023-00326-00.

2
En adelante el TRIBUNAL.
3
La EMPRESA DE ENERGÍA.

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3

Número único de radicación: 080012333000-2024-00090-01
Actora: OLGA LURLINE JURIS GUERRA

I.2.- Hechos

Indicó que el 7 de noviembre de 2023 promovió la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 080013333013-2023-

00326-00, contra la EMPRESA DE ENERGÍA y la

SUPERINTENDENCIA, con ocasión de errores en la facturación del

servicio de electricidad desde el mes de abril de 2023, en el predio

ubicado en la CRA 24C # 75ª-27 APTO INT BZ3132 de Barranquilla,

además porque el servicio fue suspendido pese a que estaban en

trámite de impugnación los períodos cuestionados.

Manifestó que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en

primera instancia al JUZGADO que, a través de sentencia de 16 de

noviembre de 2023, concedió el amparo de sus derechos

fundamentales al debido proceso y petición y, en consecuencia,

ordenó a la EMPRESA DE ENERGÍA dar trámite a los recursos de

apelación presentados contra las resoluciones núms. SSPD –

20238200517985 y 20238200523965 de 31 de agosto y 4 de

septiembre de 2023.

Expuso que, además, el JUZGADO conminó a la EMPRESA DE

ENERGÍA a abstenerse de efectuar cortes del servicio, respecto de

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Actora: OLGA LURLINE JURIS GUERRA

las facturas que estén en reclamación y a la SUPERINTENDENCIA

a pronunciarse sobre un recurso de queja que presentó el 28 de

marzo de 2023.

Sostuvo que el 24 de enero de 2023 promovió un incidente de

desacato contra la EMPRESA DE ENERGÍA para que se reactivara

el servicio; se hiciera una inspección de visita y cambio del medidor

y la SUPERINTENDENCIA mostrara resultados frente a sus

reclamaciones.

Precisó que, no obstante, a través de auto de 19 de febrero de 2024,

el JUZGADO decidió no iniciar el incidente al encontrar que la

suspensión del servicio obedeció al no pago de meses frente a los

cuales no hubo reclamación, sin que la usuaria hubiese permitido la

reconexión al momento de la visita técnica, además, porque estaba

acreditado que la EMPRESA DE ENERGÍA había dado trámite a los

recursos.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que no es cierto que la empresa de energía haya

efectuado diligencia de reconexión alguna del servicio, además que

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aquella tiene conocimiento del daño del medidor, sin que haya

efectuado labor alguna tendiente a su reposición ni acción para

determinar la causa del alza de los valores que venía pagando.

Adujo que es necesario que se revise el auto de 19 de febrero de

2024, a través del cual el JUZGADO decidió no iniciar el incidente de

desacato, dado que la EMPRESA DE ENERGÍA ha cobrado el

servicio, con base en consumos estimados, sin que se tengan en

cuenta las lecturas del medidor.

Explicó que tiene 74 años y que, pese a que desde el mes de agosto

de 2023 no cuenta con el servicio de energía, este se le sigue

cobrando con base en consumos estimados que aumentan sin

explicación alguna, sin que ninguna autoridad haya efectuado una

investigación al respecto.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 3. Solicito al señor juez con todo respecto tutelar el derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO, se ordenándosele a
representante legal de AIR-E S.A.E.S.P. Que dentro de las

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CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia PROCEDA el representante legal de la empresa de AIR-
E S.A.E.S.P. se ORDENE al representante legal de la empresa de
AIR-E S.A.E.S.P. considero con esta decisión del señor juez
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la salud y a la vida digna y a la dignidad
humana. no es justo que el despacho judicial de la señora juez
ROXANA ISABEL ANGULO MUÑOZ del JUZGADO TRECE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, este
ordenado en fallo auto de 19 de febrero de 2024, PRIMERO: NO
INICIAR incidente de desacato contra la EMPRESA DE ENERGÍA
AIRE S.A. E.S.P. y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SUPERSERVICIOS, conforme lo expuesto en este
proveído lo cual señor juez constitucional de tutela la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso de la señora OLGA
LURLINE JURIS GUERRA, por parte de la EMPRESA DE ENERGÍA
AIRE S.A. E.S.P. y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SUPERSERVICIOS, empresa de energía eléctrica
AIRE S.A. E.S.P. ya que esta empresa de ENERGIA de AIRE S.A.
E.S.P. y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SUPERSERVICIOS, me ha venido vulnerando no
sirve y no está tomando lectura y desde el mes de abril de 2023 a
la fecha de hoy 20 de febrero 2024 se me ha venido facturando
consumo ESTIMADO sin tener ENERGIA situación que atenta contra
sus garantías constitucionales Por lo anterior solicitó que se le
ordene a ENERGIA de AIR-E S.A.E.S.P. me ha venido factura una
ENERGIA – ESTIMADA cambio del medidor número numero
001378352-MC988 de la referencia del NIC- numero 6515002
señor juez constitucional este MEDIDOR se encuentra DAÑADO
desde el periodo 18/04/2023 al periodo 18/05/2023 Consumo
Calculado: ESTIMADO factura numero 55523920 número de ID-
8023294056 periodo 18/05/2023 al periodo 73652714 del periodo
19/01/2024 al periodo 17/02/2024 del periodo 17/02/2024 donde
la empresa de ENERGIA de AIR-E S.A.E.S.P. me ha venido factura
una ENERGIA – ESTIMADA por valor de $189.540 y se me factura
IMPUESTO - GOBERNACION por valor de $3.000 y impuesto de
ALUMBREADO y un monto en reclamo de 6 facturas por valor de
por $858.940 y un total de la factura por valor de $1.051.480.

[…]

13.Solicito muy respetuosamente al señor juez constitucional de
tutela tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, se
ordenándosele a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS (SSPD) Que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
ORDENAR a la dirección de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) solucione de fondo todas mis

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Actora: OLGA LURLINE JURIS GUERRA

expediente que cursan en su despacho de acuerdo al fallo en
primera instancia del Radicación 08-001-33-33-013- 2023-00326-
00 del JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA.

14.Solicito muy respetuosamente al señor juez constitucional de
tutela tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, de la
adulta mayor de edad OLGA LURLINE JURIS GUERRA, y se llame a
declarar su despacho judicial a este contratista identificado en la
orden de servicio como EDINSON ENRIQUE PADILLA FERRER el
cual está mintiendo ya que yo nunca he recibido a este elemento
en mi casa y este señor y esta empresa de servicios de AIR-E
S.A.E.S.P. y la dirección de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) vulnerado por la empresa de
energía AIR-E, ya que desde el 10 de septiembre de 2023
permanezco sin servicio de ENERGIA a la fecha de hoy 20 de
febrero de 2024 y se utilizaron las mismas fotos de fecha 10 de
agosto de 2023 que fue cuando la empresa de servicio servicios de
AIR-E S.A.E.S.P. emitió las ordenes SERVICIO DE ENERGIA el cual
permanece suspendido desde el 10 de agosto de 2023 como costa
en la orden numero 84116518 código TO503 y acta número No.
2688009 […]

17.Solicito al señor juez con todo respecto tutelar el derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO, se ordenándosele a
representante legal de AIR-E S.A.E.S.P. Que dentro de las
CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia PROCEDA el representante legal de la al DEBIDO
PROCESO VINCULAR de esta acción constitucional a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
(SSPD), por las razones que se dejaron expuestas en la parte
motiva de esta providencia. Por no ejercer sus funciones de control
y dejar que la empresa AIR-E S.A.E.S.P viole el artículo 146 de la
Ley 142 de 1994, la falta de medición del consumo, por acción u
omisión de la empresa, AIR-E S.A.E.S.P. me ha venido factura una
ENERGIA – ESTIMADA cambio del medidor número 001378352-
MC988 […]”. (SIC).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que dentro del proceso origen de la

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controversia se surtieron todas las etapas del trámite de los

incidentes de desacato de manera diligente y garantizando así el

debido proceso de las partes, las cuales ejercieron sus

correspondientes derechos de defensa y contradicción.

Explicó que no existe alguna situación que haya vulnerado los

derechos fundamentales de la actora, en razón a que las decisiones

que profirió estuvieron acordes a las leyes y precedentes

jurisprudenciales, además que los argumentos de la decisión fueron

explicados en forma detallada en la providencia cuestionada, de

conformidad con los informes y pruebas arribadas

Aseveró que la acción de tutela no puede ser utilizada como recurso

de revisión de las decisiones adoptadas en el curso de los incidentes

de desacato, dado que ello desnaturalizaría ese mecanismo de

defensa judicial.

I.5.2.- La SUPERINTENDENCIA adujo que carece de legitimación

en la causa por pasiva, comoquiera que la decisión cuestionada fue

proferida por una autoridad judicial, por lo que es esta la llamada a

responder por la solicitud de amparo.

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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 8 de marzo de 2024, amparó

los derechos al debido proceso y vida de la actora en relación con la

SUPERINTENDENCIA y la EMPRESA DE ENERGÍA y, en

consecuencia, ordenó a la primera que dentro de los 5 días siguientes

a la notificación procediera a resolver los recursos que le hubiesen

sido remitidos en relación con el caso, mientras que a la segunda le

dispuso efectuar una revisión técnica del medidor del inmueble,

indicar a la titular del servicio las causas por las cuales no ha

efectuado las lecturas en cada período, brindarle opciones de arreglo

económico flexible y en adelante cobrarle el servicio con base en el

consumo real.

Además, el TRIBUNAL exhortó a la SUPERINTENDENCIA para que

vigile las tarifas facturadas y cobradas a la actora, para que en caso

de encontrar irregularidades, imponga las sanciones respectivas.

Lo anterior así:

“[…] PRIMERO. – TUTELAR parcialmente los derechos
fundamentales de la señora OLGA LURLINE JURIS GUERRA al
Debido Proceso y Vida Digna, en contra de la

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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
y la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P.

SEGUNDO.- Por lo anterior, ORDÉNESE al Director -
Superintendente de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS y/o a quien haga sus veces, que
dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación
de esta decisión, proceda a resolver los recursos remitidos por
la empresa Air-E S.A.S. E.S.P. en fechas 07-12-2023 con
Notificación de entrada No. 20238204712742, 08- 12-2023 con
Notificación de entrada No. 20238204730982 y el de fecha 22-
12-2023 en 104 folios con asunto NIC-6515002-33859550-
33859457, y restantes que se encuentren relacionados con el
servicio Nic 6515002, sobre los cuales se haya superado el
término previsto en la Ley 142 de 1994, artículo 158.

TERCERO.- ORDÉNESE al Director de la empresa Air-E S.A.S.
E.S.P. y/o a quien haga sus veces, que en el término de cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a
realizar visita técnica de revisión al medidor 001378352- MC988
ubicado en el inmueble CR 24C # 75A - 27 APTO INT BZ3132
Nic 6515002, se verifiquen sobre el mismo las causas por las
que no se hace la lectura debida mes a mes; y en lo sucesivo,
como solución definitiva a la usuaria, se realice la lectura de su
consumo real para que con base en ello se genere su factura; de
igual modo deberá la empresa Air-E S.A.S. E.S.P. en el mismo
plazo señalado, ofrecer a la actora como usuaria del servicio Nic
6515002 opciones de arreglo económico, flexibles, frente a lo
adeudado, para que, si la accionante a bien lo considera, pueda
acogerse a los mismos y regularizar tanto el servicio como la
eventual deuda y/o mora en los pagos que tenga con la empresa.

CUARTO. - EXHÓRTESE a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para que en atención a sus funciones
contempladas en el Decreto 1369 de 2020 monitoree y vigile las
tarifas facturadas y cobradas al Usuario con Nic 6515002, y de
llegar a establecer que se estén incumpliendo las normas sobre
la medición de su consumo, inicie las investigaciones e imponga
las sanciones a que haya lugar.

QUINTO. - DENEGAR las restantes pretensiones de la acción de
tutela que nos ocupa, de conformidad con las consideraciones
realizadas […]”.

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Para tal efecto explicó que, en relación con los reproches formulados

contra el auto de 19 de febrero de 2024, a través del cual el

JUZGADO negó la apertura del incidente de desacato, la acción de

tutela no cumplía los requisitos generales de procedibilidad, dado que

estos no fueron sustentados, además que no advertía que dicha

autoridad hubiese actuado de forma arbitraria.

Precisó que las pretensiones de la actora, en el presente asunto,

estaban encaminadas a que se ordene a la SUPERINTENDENCIA

dar solución de fondo a los recursos que interpuso contra las

decisiones de la EMPRESA DE ENERGÍA y a que se ordenara

programar una visita a su inmueble, para verificar su medidor.

Anotó que estaba probado que la SUPERINTENDENCIA recibió los

expedientes que contienen los recursos interpuestos por la actora los

días 7 y 8 de diciembre de 2023, por lo cual a la fecha de radicación

de la solicitud de amparo ya se encontraba vencido el término para

resolverlos, por lo que había lugar a conceder el amparo respecto de

ese aspecto.

Apuntó que estaba acreditado que a la actora se le facturan los

periodos conforme con su consumo real de forma intermitente, dado

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que algunos son cobrados por estimaciones, lo cual demostraba la

necesidad de ordenar una visita técnica para que se verifique el por

qué no se le hacen las lecturas en cada periodo y se le dé una solución

definitiva.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La SUPERINTENDENCIA impugnó la sentencia proferida en primera

instancia solicitando que se revoque, comoquiera que, en su sentir,

la solicitud de amparo carece de objeto porque “[…] a la fecha han

desaparecido los hechos por los cuales el despacho judicial amparó

el derecho fundamental de la parte accionante, reitero, dado que la

superintendencia ya resolvió los recursos de apelación mediante las

Resoluciones No. SSPD – 20248200107425 del 13 de marzo de 2024,

20248200047155 del 2 de febrero de 2024 y 20248200107675 del

13 de marzo de 2024 y, notificadas de manera personal por medio

electrónico respecto de la empresa y el usuario […]”.

Precisó que además el TRIBUNAL se extralimitó en su decisión, dado

que “[…] se apartó del núcleo del reclamo vía acción de tutela y que

fue que el mencionado despacho judicial en ejercicio de la función

constitucional no inició incidente de desacato contra la empresa y la

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superintendencia porque se demostró el estricto cumplimiento de

una sentencia judicial […]”.

Agregó que “[…] la acción de tutela es un medio subsidiario y residual

que está exclusivamente encaminado a suspender el efecto nocivo

de las actuaciones u omisiones de las autoridades y de los

particulares en determinadas circunstancias y no por capricho de los

accionantes y más en este caso para pretender revivir procesos que

se evaluaron con el acatamiento de las normas procesales aplicables

para el caso […]”.

Adujo que el a quo no identificó con precisión cuáles son las

supuestas “[…] omisiones de respuesta por la superintendencia

frente a la parte accionante y por las cuales ampara el derecho

fundamental […]”, sino que se limitó a ordenar de forma general

resolver los recursos relacionados con el servicio Nic 6515002.

Anotó que revisado su sistema de gestión documental no encontró

recurso alguno pendiente por resolver, en relación con el número de

servicio aludido.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la SUPERINTENDENCIA solicitó su

desvinculación del presente caso, por falta de legitimación en la

causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la

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conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, comoquiera que la actora dirigió la acción de

tutela de forma expresa contra la SUPERINTENDENCIA y formuló

pretensiones en su contra, es claro que debía ser notificada del

presente trámite en calidad de accionada, razón por la cual se

denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en

la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

Caso concreto

La acción de tutela de la referencia tiene origen en el auto de 19 de

febrero de 2024, a través del cual el JUZGADO negó la apertura al

incidente del desacato promovido por la actora, para obtener el

cumplimiento de la orden de tutela contenida en la sentencia de 16

de noviembre de 2023, dentro del expediente identificado con el

número único de radicación 080013333013-2023-00326-00.

En la acción de tutela aludida la actora describió algunas

irregularidades relacionadas con la facturación del servicio de

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electricidad, por parte de la EMPRESA DE ENERGÍA, en particular,

la falta de trámite a los recursos que había interpuesto contra las

facturas de algunos períodos y la suspensión del servicio, pese a la

falta de resolución de sus reclamaciones.

La referida acción de tutela fue decidida en sentencia de 16 de

noviembre de 2023 proferida por el JUZGADO, en la que se ordenó

a la EMPRESA DE ENERGÍA remitir a la SUPERINTENDENCIA los

expedientes en los que la actora había interpuesto recursos de

apelación, así como impulsar aquellos que estuvieran en etapas de

reposición.

En el asunto de la referencia la actora reprochó que no se haya dado

apertura al incidente de desacato, porque aún tiene suspendido el

servicio de electricidad, además porque la EMPRESA DE ENERGÍA

no ha efectuado una visita técnica para verificar el estado de su

medidor, sin que la SUPERINTENDENCIA haya dado una solución

de fondo a sus recursos de apelación.

En el curso de la primera instancia, el TRIBUNAL determinó que la

acción de tutela no cumplía con los requisitos generales de

procedibilidad, en relación con el auto en el que se decidió no dar

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apertura del incidente de desacato, no obstante, sí encontró que en

efecto la SUPERINTENDENCIA no había resuelto los recursos de

apelación interpuestos por la actora y que le habían sido remitidos

por la EMPRESA DE ENERGÍA, por lo que amparó el derecho al

debido proceso de aquella y ordenó a la entidad resolver las

apelaciones cuyos términos estuvieran vencidos.

Además, el a quo ordenó a la EMPRESA DE ENERGÍA realizar una

visita técnica al predio de la actora, darle una solución definitiva para

que le sea cobrado el servicio con base en el consumo real, entre

otras determinaciones para tal efecto.

La SUPERINTENDENCIA impugnó la decisión proferida en primera

instancia indicando que: i) la acción de tutela es improcedente por

subsidiariedad; ii) se configura una carencia actual de objeto por la

resolución de los recursos de apelación; iii) el a quo se extralimitó al

ir más allá del debate sobre el auto que decidió no iniciar el incidente

y, iv) no hubo precisión sobre las omisiones que se le atribuyeron.

Por lo anterior, la Sala se circunscribirá a lo expuesto en el escrito de

impugnación y debe determinar si hay lugar a confirmar, modificar o

revocar la sentencia proferida en primera instancia, para lo cual, en

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primer lugar, debe establecer si la solicitud de amparo cumple con el

requisito de subsidiariedad en relación con los aspectos que le fueron

atribuidos a la SUPERINTENDENCIA y, de ser así, en segundo

lugar, determinar si esa entidad ha vulnerado los derechos

fundamentales de la actora dentro del trámite de resolución de los

recursos de apelación interpuestos por esta.

Además, teniendo en cuenta que la SUPERINTENDENCIA informó

sobre las actuaciones que ha adelantado para resolver los recursos

de apelación, la Sala analizará dicho aspecto para determinar si se

configura la cesación de la vulneración por cumplimiento de una

orden de judicial.

Del requisito general de la subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

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circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

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dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En el presente caso el a quo determinó que la presente acción de

tutela no cumplía con los requisitos generales de procedencia para

estudiar los reproches formulados contra el auto de 19 de febrero de

2024, a través del cual el JUZGADO negó la apertura del incidente

de desacato promovido por la actora.

No obstante, el a quo estudió de fondo los reproches formulados

contra la SUPERINTENDENCIA, concluyendo que resultaba

procedente ordenarle que resolviera los recursos de apelación

interpuestos por la actora, comoquiera que se encontraba vencido el

término dispuesto para tal efecto.

En lo que concierne al aspecto que le fue atribuido a la

SUPERINTENDENCIA, es claro que la presente acción de tutela era

procedente comoquiera que se trató de la falta de respuesta a unos

recursos de apelación en sede administrativa, esto último que se

relaciona con el derecho de petición, el cual es susceptible de

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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protección directa a través del presente mecanismo constitucional.

Sobre este aspecto la Corte Constitucional en sentencia T 230 de

2019, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez,

señaló:

“[…] 4.3.3. Finalmente, respecto del requisito de
subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice,
el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo
y eficaz para la protección del derecho de petición6, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra
alternativa para proceder a su amparo, tal y como
insistentemente lo ha señalado esta Corporación.
[…]

Por su parte, el artículo 13 del CPACA contiene un primer
acercamiento a las actuaciones que caben dentro del derecho
fundamental, al incluir un catálogo de solicitudes sobre las
pretensiones que podrían constituir el ejercicio del derecho
fundamental, el cual es enunciativo y no restrictivo Entonces,
entre otras actuaciones, la persona podría requerir: “el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación
de un servicio, requerir información, consultar, examinar y
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas,
denuncias y reclamos e interponer recursos […]”.

Del cumplimiento de la orden de amparo y la carencia actual

de objeto por hecho superado

El a quo ordenó a la SUPERINTENDENCIA resolver los recursos de

6
Sobre el particular se puede consultar las Sentencias T-084 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa,
y T-206 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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apelación remitidos por la EMPRESA DE ENERGÍA en el mes de

diciembre de 2023, así como los demás que estuvieren pendientes

de decisión relacionados con el caso de la actora.

Por su parte, la SUPERINTENDENCIA profirió las resoluciones

núms. SSPD - 20248200107425 y 20248200107675 de 13 de marzo

de 2024, en las que resolvió recursos interpuestos por la accionante

contra decisiones emitidas por la empresa de energía, en casos

relacionados con los hechos origen de la controversia, así:

• “[…] RESOLUCIÓN No. SSPD - 20248200107425 DEL
13/03/2024
Expediente No. 2024820420110286E
Por la cual se decide un Recurso de Apelación

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión administrativa
No.202291118116 del 28 de diciembre de 2022, proferida por la
empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., en el sentido de ordenar
reliquidar el consumo registrado en el periodo de noviembre de
2022, con cero (0)Kwh, lo anterior teniendo en cuenta que la
medición por promedio es excepcional, como consecuencia de
esta decisión la empresa debe realizar el ajuste en el sistema
comercial para efectos del cumplimiento del mismo, de
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.

Parágrafo Primero. - El prestador deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente

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resolución, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
fecha de su ejecutoria. Vencido este término y a más tardar al
día hábil siguiente el prestador deberá enviar a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios constancia
del cumplimiento, acompañada de las pruebas respectivas. El
incumplimiento de esta obligación generará la imposición […]”.

• “[…] RESOLUCIÓN No. SSPD - 20248200107675 DEL
13/03/2024 Expediente No. 2024820420100011E
Por la cual se decide un Recurso de Apelación.

[…]

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la decisión
administrativa No.202390492013 del 23 de junio de 2023,
proferida por la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., en el sentido de
ordenar reliquidar el consumo registrado en el periodo de mayo
de 2023, con cero (0)Kwh, lo anterior teniendo en cuenta que la
medición por promedio es excepcional, como consecuencia de
esta decisión la
empresa debe realizar el ajuste en el sistema comercial para
efectos del cumplimiento del mismo, de conformidad con lo
expuesto en el presente acto administrativo.

Parágrafo Primero. - El prestador deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente resolución, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de su ejecutoria. Vencido este
término y a más tardar al día hábil siguiente el prestador deberá
enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
constancia del cumplimiento, acompañada de las pruebas
respectivas. El incumplimiento de esta obligación generará la
imposición de las sanciones previstas en el artículo 90 de la Ley
1437 de 2011 […]”.

De lo anterior se infiere que la actuación adelantada por la

SUPERINTENDENCIA acaeció en virtud de la orden de amparo

decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que no se

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encuadra dentro de la definición de hecho superado contenida en

el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:

“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes […]”.

Empero, para establecer si se configuró o no la carencia actual de

objeto de la presente tutela, por hecho superado, es menester

precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha sostenido sobre

este concepto.

Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte

Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:

“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un
hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la
acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva
protección de los derechos fundamentales de las personas
cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular (en los casos establecidos en la ley), protección que
se ve materializada con la emisión de una orden por parte del
juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue
en el tiempo[33].

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Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al
juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden
del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada
orden’[34]. Cuando la vulneración o la amenaza de los
derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que
la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho
superado’”. Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de
2009:

“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se
presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección
se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del Juez Constitucional. La
Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela.”

Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes
de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite
de revisión ante esta Corporación[35].En este último
evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la
acción de tutela se torna improcedente[36] por no existir un
objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo
29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].

En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se
presenta este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo
de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y
determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:

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‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo
se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces
de tutela de instancia o en el transcurso de este y así
lo declaran en las respectivas providencias, la Sala
de Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto
y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de
su competencia y con el propósito de cumplir con los
fines primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso
sub-examine.

ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a
tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
ante los jueces de instancia ha debido concederse el
amparo de los derechos fundamentales invocados y así
no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala
respectiva de esta Corporación, de conformidad con la
Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos
objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que
no se proceda a impartir orden alguna […]”.

Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte

precisó:

“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que
se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza
de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de

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proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera
el Juez caería en el vacío[7].

En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…)
la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la
amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por
tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden
jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad
sin la intervención de la autoridad del Estado […]”
(Negrilla y subrayas por fuera del texto original).

De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes

elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho

superado:

1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un

derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por

la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.

2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como

medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda

instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o

amenaza de vulneración de los derechos fundamentales,

porque se satisface lo pedido en la tutela.

[7] SU - 540 de 2007

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La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que

eventualmente decretaría el juez, carecería de objeto y, por ende,

se torna inoficiosa.

Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe

diferenciar la labor de los jueces de instancia y la de esa Corporación

en sede de revisión, por cuanto “[…] no es perentorio para los Jueces

de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis

sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la

demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran

que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del

caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de

conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o

para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su

repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo

prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es

potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio

para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad

suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de

determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección

se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos,

tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es

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que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad

se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción

de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que

autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia

actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia

de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la

inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a

las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor

del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 […]”.

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que

la jurisprudencia constitucional ha denominado hecho superado,

pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la

orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como

estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e

incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de

dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de

un juez para garantizar los derechos fundamentales deprecados.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden

de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que

debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por

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cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho

reclamado.

Distinto sería si, por ejemplo, el TRIBUNAL no hubiese concedido el

amparo y aun así la SUPERINTENDENCIA hubiese resuelto los

recursos de apelación, ya que en esta instancia sí habría lugar a

declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente se constató

que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en

atención a que la situación de vulneración ya fue superada.

Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está

previsto para aquellos casos en los que el juez constitucional, en

cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador

desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna

encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la

intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y

estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.

Ahora bien, contrario a lo estimado por la SUPERINTENDENCIA, el

hecho de que el a quo no haya limitado su estudio a determinar la

validez del auto de 19 de febrero de 2024, no constituye causal

alguna para revocar su decisión, porque la accionante no solo

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formuló reproches contra la actuación del JUZGADO, sino también

pretensiones contra aquella entidad por la falta de decisión de fondo

a sus apelaciones.

Además, en atención a la naturaleza de la acción de amparo, el juez

está facultado para estudiar a fondo las situaciones que evidencie en

el expediente con el fin de garantizar los derechos fundamentales

que puedan estar vulnerados, independiente de si sobre estos hay o

no solicitud expresa de tutela. Al respecto, en sentencia T-104 de

2018, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, la

Corte Constitucional indicó:

“[…] 4. Fallos extra y ultra petita en el trámite de tutela
4.1. La Corte Constitucional ha reiterado la posibilidad que
tienen los jueces de tutela de fallar un asunto de manera
diferente a lo pedido[26]. Por ejemplo, en la sentencia SU-195 de
2012[27] la Sala Plena indicó:

“En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y
ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera pacífica
ha señalado que el juez de tutela puede al momento de resolver
el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de
situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad
que reviste el amparo y además quien determina los derechos
fundamentales violados. Así, desde los primeros
pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez que
conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de la
autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las
pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar
encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos
fundamentales.”[28] (Subraya fuera de texto)

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[…]

Lo anterior permite concluir que el juez de tutela está facultado
para emitir fallos extra y ultra petita, cuando de la situación
fáctica de la demanda puede evidenciar la vulneración de un
derecho fundamental, aun cuando su protección no haya sido
solicitada por el peticionario […]”

Por otro lado, el hecho de que el a quo haya ordenado a la

SUPERINTENDENCIA de forma genérica la resolución de los

restantes recursos de apelación relacionados con el servicio de

energía eléctrica de la actora, en los que ya hubiese vencido el

término respectivo, no constituye aspecto alguno para revocar la

decisión, porque esa medida resulta razonable si se tiene en cuenta

la multiplicidad de períodos facturados que han sido objeto de

reproche por aquella, además porque es la entidad la que cuenta con

la información de los expedientes administrativos respectivos.

En ese orden de ideas, comoquiera que los argumentos planteados

en la impugnación no tienen vocación de prosperar, tal situación

impone a la Sala confirmar la sentencia recurrida, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2024.

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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