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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00124-01

Fecha
14 de mayo de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00124-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFÍCASE y ADICIÓNASE el numeral segundo de la decisión de primera instancia proferida el 4 de abril de 2024 por la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo de Barranquilla – Atlántico, así: ORDÉNASE al Consejo Nacional Electoral afiliar a la señora Karoll Sofía Montalvo Roenes a la seguridad social en salud y realizar las cotizaciones para asegurar el pago de su licencia de maternidad, la cuales deberán hacerse sobre la base de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, desde que se produjo el retiro del servicio hasta que se acredite que surja el derecho al pago de la licencia de maternidad por el nacimiento de su hijo. Así mismo, ORDÉNASE a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – medio de pago– permitir al Consejo Nacional Electoral realizar el pago de la seguridad social en salud de la señora Karoll Sofía Montalvo Roenes. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2024-00124-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de mayo de 2024

Radicado: 08001-23-33-000-2024-00124-01
Accionante: Karoll Sofía Montalvo Roenes
Se modifica y adiciona la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00124-01
Accionante: Karoll Sofía Montalvo Roenes
Accionados: Consejo Nacional Electoral

Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad judicial / Estabilidad laboral
reforzada por estado de embarazo / Se modifica y adiciona la decisión de primera instancia
que amparó parcialmente los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de impugnación interpuestos por Karoll Sofía
Montalvo Roenes y por el Consejo Nacional Electoral contra la sentencia de primera
instancia del 4 de abril de 2024 proferida por la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo de Atlántico. El fallo de tutela impugnado amparó los derechos
fundamentales a la salud y seguridad social, vulnerados por la autoridad accionada.
En consecuencia, ordenó al Consejo Nacional Electoral afiliar y pagar al sistema de
seguridad social los aportes en salud de la accionante durante el periodo de
gestación y hasta el vencimiento del plazo que durare la licencia de maternidad.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

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Radicado: 08001-23-33-000-2024-00124-01
Accionante: Karoll Sofía Montalvo Roenes
Se modifica y adiciona la sentencia de primera instancia

A. Solicitud de amparo

1.- El 15 de marzo de 2024 la señora Karoll Sofía Montalvo Roenes interpuso acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
salud, seguridad social y estabilidad laboral reforzada de mujer en estado de
embarazo, vulnerados, en su concepto, por el Consejo Nacional Electoral que
desconoció su fuero de maternidad al terminar la relación laboral.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<< 2.1.- Aplicar el enfoque diferencial de género en favor de la suscrita al resolver
la presente litis, en aras de salvaguardar los derechos de las mujeres en estado de
embarazo e impedir la inminente afectación del interés general que las decisiones
adoptadas por el Consejo Nacional Electora causan en torno al reconocimiento del
fuero de estabilidad laboral reforzada a que se tiene derecho y contrarrestar los
actos de discriminación en contra de todas las mujeres, especialmente de aquellas
que se encuentran en estado de debilidad manifiesta por hallarse en embarazo y
período de lactancia.

2.2.- Ordenar al Consejo Nacional Electoral, reconocer el fuero de estabilidad laboral
reforzada en favor de la suscrita, sin solución de continuidad.

2.3.- Ordenar al Consejo Nacional Electoral a aplicar integralmente el fuero de
estabilidad laboral reforzada a que tienen derecho las mujeres en estado de
embarazo y lactancia, conforme a las reglas fijadas en la Constitución Política, los
instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, especialmente en las
sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 del 2018.

2.4.- Ordenar al Consejo Nacional Electoral a afiliar al sistema general de seguridad
social en salud a la suscrita y realizar los aportes obligatorios.

2.5.- Ordenar al Consejo Nacional Electoral a que garantice la permanencia en el
cargo de miembro de los tribunales seccionales de garantías y vigilancia electoral,
sin solución de continuidad, hasta que se configure la licencia de maternidad y hasta
que culmine el período de lactancia.

2.6.- Reconocer y efectuar el pago de salarios y prestaciones sociales, hasta que se
adquiera el derecho a gozar de la licencia de maternidad, junto con los aportes a
seguridad social integral>>.

3.- Como medida provisional, el tribunal ordenó al Consejo Nacional Electoral afiliar
a la accionante al sistema general de seguridad social en salud y realizar los aportes
a que hubiera lugar desde el 1° de enero de 2024 <<hasta la fecha en que se
materialice la activación en el sistema>>.

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B. Hechos

4.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

4.1.- Mediante la Resolución No. 4731 del 30 de junio de 2023 del Consejo Nacional
Electoral, fue nombrada como miembro del Tribunal Seccional de Garantías y
Vigilancia Electoral del Atlántico, en calidad de servidor público de carácter especial,
y se posesionó el 4 de julio de 2023.

4.2.- En julio de 2023 la accionante inició su periodo de gestación.

4.3.- El 17 de octubre de 2023 la accionante informó por escrito su estado de
embarazo al Consejo Nacional Electoral, para que <<se adoptaran las medidas
afirmativas propias para amparar los derechos de la empleada pública en estado de
embarazo>>.

4.4.- El 26 de diciembre de 2023, por medio del Oficio DGC-0085, el Consejo
Nacional Electoral le respondió lo siguiente:

<<[...] se reconocerá el fuero de maternidad, pero deberá tener en cuenta que el
Consejo Nacional Electoral, cumple sus funciones en la ciudad de Bogotá y los
Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, finalizan sus actividades
el 31 de diciembre de 2023, suprimiendo así el cargo que usted desempeña, por lo
que la propuesta que se tiene, es que usted realice las funciones en la ciudad de
Bogotá, en el cargo de Profesional Universitario Código 3020 Grado 03, con carácter
de supernumerario, quien cuenta con una asignación básica mensual de Seis
Millones Ochocientos Dos Mil Setenta y Nueve Pesos M/Cte. ($6.802.079), y carga
prestacional a cargo de la entidad de conformidad con lo establecido en el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 1350 de 2009, cargo con similar asignación básica mensual
a la que usted venia percibiendo teniendo en cuenta la carga prestacional que ahora
será asumida por la entidad y las funciones a desempeñar serán concertadas con
el Despacho al cual se encuentra adscrita >>.

4.5.- Debido a que la respuesta no se resolvió en los términos solicitados –mantener
el cargo y el pago de salarios en las mismas condiciones–, la accionante presentó
una nueva solicitud de estabilidad laboral reforzada e invocó la protección de sus
derechos fundamentales, el bloque de constitucionalidad y el precedente de la Corte
Constitucional en materia de protección a las mujeres embarazadas.

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4.6.- El 23 de febrero de 2024, por medio del oficio CNE-DGC-0072-2024, el
Consejo Nacional Electoral le informó que <<en el caso objeto de estudio no se
configura la totalidad de los requisitos para la activación de la estabilidad laboral reforzada
deprecada teniendo en cuenta los criterios unificados por la Corte Constitucional; toda vez
que la culminación de las funciones de la doctora MONTALVO ROENES con el CNE
obedecieron a razones objetivas porque desapareció la necesidad del servicio para el cual
fue designada y culminó el plazo pactado para prestar sus servicios el 31 de diciembre de
2023>>.

4.7.- La accionante afirma que persisten las conductas discriminatorias y que la
entidad no dispuso su reintegro ni garantizó su derecho a la estabilidad reforzada
por su estado de embarazo.

C. Fundamentos de la vulneración

5.- La accionante alega que los oficios DGC-0085 del 26 de diciembre de 2023 y
CNE-DGC-0072-2024 del 23 de febrero de 2024 del Consejo Nacional Electoral
<<se traducen en abiertas formas de discriminación en contra de las mujeres en estado de
embarazo y lactancia, pues al negarse al reconocimiento de la estabilidad laborar [sic]
reforzada de la suscrita accionante desconoce el deber que le asiste como entidad
empleadora de asumir la protección constitucional de que son titulares todas las mujeres
que se encuentran en esa situación especial >>.

5.1.- Invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud,
seguridad social y estabilidad laboral reforzada, así como el artículo 43 de la
Constitución Política, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Ley 74 de 1968, y el artículo 12.2 de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 12.2.

5.2.- Y sostuvo que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
particularmente las sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018, la acción de
tutela es procedente para proteger los derechos de las mujeres en estado de
gestación o lactancia.

D. Oposiciones e intervenciones

6.- El Consejo Nacional Electoral solicitó negar el amparo y ordenar el levantamiento
de la medida provisional. Señaló la improcedencia de la acción de tutela en vista de

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que la accionante pretendía el reconocimiento de un vínculo laboral cuando en
realidad estaba vinculada a través de un contrato de prestación de servicios y
sostuvo que la desvinculación de la accionante obedeció a razones objetivas, por
cuanto los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral fueron
constituidos para ejercer sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2023.
Informó haber cumplido la medida provisional y aportó copia del formulario único de
afiliación y registro de novedades al sistema general de seguridad social en salud;
sin embargo, aclaró que durante la vinculación laboral, la accionante asumió el pago
de aportes al sistema de seguridad social a través de planilla de aportes en línea.

E. Sentencia impugnada

7.- Mediante sentencia del 4 de abril de 2024 la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo de Atlántico amparó los derechos fundamentales a la salud y
seguridad social de la accionante.

7.1.- Indicó que su desvinculación no se debió a una discriminación laboral, sino a
que el cargo que ocupaba era de carácter transitorio; no obstante, la autoridad
accionada tenía conocimiento de su estado de embarazo por lo que debió continuar
con la afiliación al sistema de seguridad social, garantizando el pago de los aportes
correspondientes a salud.

7.2.- Lo anterior, si se tiene en cuenta que la accionante fue vinculada a través de
un contrato de prestación de servicios y, en estos casos, cuando la trabajadora
queda en estado de embarazo, resulta necesario dar aplicación a las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-075 de 2018.

7.3.- Con base en lo anterior, determinó que la situación de la accionante se
encuadraba en un escenario de protección intermedia en vista de que (i) el vínculo
entre ella y la entidad accionada se dio por un contrato de prestación de servicios;
(ii) la desvinculación fue concomitante al vencimiento del contrato; y (iii) continuar
con las funciones desempeñadas no era posible debido al carácter temporal del
cargo.

7.4.- De otra parte, consideró que no era posible garantizar su permanencia en el
cargo de miembro de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral,
porque ellos <<pierden vigencia al fenecer el periodo electoral delimitado, por lo
tanto, no es posible afirmar que la entidad tutelada pudiera reintegrar a la accionante
al cargo desempeñado>>.

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7.5.- Debido a la existencia del embarazo y ante la imposibilidad de mantener a la
accionante en el cargo se concedió el amparo, pero en los siguientes términos:

<< 1.- AMPARAR los derechos fundamentales y constitucionales a la salud y
seguridad social de la señora Karoll Sofía Montalvo Roenes, de conformidad con la
parte motiva de la presente providencia.

2.- ORDENAR al Consejo Nacional Electoral que dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, proceda si aún
no lo ha hecho, a afiliar y pagar los aportes que correspondan al sistema de
seguridad social en salud, destinados a la EPS en la que se encuentra afiliada la
señora Karoll Sofía Montalvo Roenes, durante el periodo de gestación que reste,
hasta el vencimiento del plazo que durare la licencia de maternidad.

3.- NEGAR las demás pretensiones formuladas. [...]>>.

F. Impugnación

8.- La accionante y el Consejo Nacional Electoral impugnaron la decisión.

8.1.- La accionante afirma que la primera instancia valoró de manera errada su
vinculación con la entidad, pues consideró que esta había sido a través de contratos
de prestación de servicios, cuando claramente existe un acto de designación y
posesión, lo que se traduce en una relación laboral de carácter legal y reglamentaria
con la entidad.

8.2.- Debido a su relación laboral, por su estado de embarazo tenía derecho a
permanecer en el empleo y a que este no fuera suprimido. Además, la entidad no
podía desmejorar sus condiciones laborales y debió garantizarle su permanencia en
las mismas condiciones en las que se encontraba; no obstante, le ofreció un cargo
con una asignación menor y en una ciudad diferente, como lo evidencia el oficio del
26 de diciembre de 2024, prueba que demuestra el trato discriminatorio por su
condición y cuya valoración por parte del tribunal fue equivocada.
8.3.- Agrega que ella y su hijo recién nacido se encuentran en estado de
desprotección porque la autoridad accionada no realizó los aportes a la seguridad
social como se lo ordenó el tribunal en la medida provisional, y esto conllevó que no
se le reconociera la licencia de maternidad.

8.4.- Con base en lo anterior, solicita que se <<concedan el derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada, seguridad social y mínimo vital, y para tales efectos

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tenga en cuenta todas las pruebas adjuntadas con el libelo de la acción tutelar e
igualmente la posición jurisprudencial vigente>>, y se le garantice un empleo en las
mismas condiciones en la que se encontraba y se le paguen los salarios y
prestaciones dejados de recibir por el tiempo que dure su licencia de maternidad.

9.- El Consejo Nacional Electoral manifiesta que cumplió con la afiliación de la
accionante al sistema general de seguridad social en salud; sin embargo, el sistema
no le permite realizar pagos solo por la seguridad social en salud, por lo que solicita
que se ordene a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –medio de pago–
pagar únicamente este aporte.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala modificará y adicionará la decisión de primera instancia que amparó
los derechos fundamentales invocados y accedió parcialmente a las pretensiones
de la accionante, en el sentido de ordenar a la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes permitir al CNE el pago de los aportes en salud a favor de la accionante
sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente, desde el 1° de enero de
2024 hasta la fecha en que surja el derecho a la licencia de maternidad por el
nacimiento del hijo o hija de la accionante, con lo cual se le permita acceder a este
beneficio laboral.

10.1.- De la revisión de las condiciones laborales de la accionante y de las
comunicaciones sostenidas entre esta y la entidad, se pudo evidenciar que su retiro
de la entidad no obedeció a las causas que refiere la accionante, sino a la
terminación normal de la vinculación laboral. Adicionalmente, está acreditado que
la entidad, una vez conoció el embarazo y antes del vencimiento de la relación
laboral, ofreció a la accionante garantías de estabilidad laboral reforzada en un
cargo dentro de su planta global, en condiciones de salario similares al que tenía y
le explicó que pese a que no era el mismo cargo y que la asignación mensual era
menor, con el pago de las prestaciones sociales recibiría un salario similar al que
tenía, ya que como miembro del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia
Electoral del Atlántico recibía un salario integral. Sin embargo, la accionante decidió
no aceptar dicha propuesta tras considerar que no era una alternativa válida; no
obstante, la accionante no acreditó que la entidad contara con otras vacantes y, lo
que es cierto es que el CNE no cuenta con una planta laboral en la ciudad de
Barranquilla.

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10.2.- Dos meses y quince días después de haberse terminado la relación laboral
por el vencimiento del plazo establecido en el acto de designación, y finalizando el
periodo de gestación, la accionante interpuso una acción de tutela para que se
mantenga un empleo que fue creado temporalmente para atender las elecciones y
se le paguen los salarios que recibía en ese cargo, así como la seguridad social
sobre ese salario hasta que termine su licencia de maternidad. Para la Sala, esa
solicitud resulta improcedente, debido a que el juez de tutela no puede ordenar a
una entidad la creación de un empleo o su prolongación cuando este haya sido
creado de manera transitoria para suplir una necesidad de servicio, y esté
acreditado que todos los designados fueron desvinculados una vez vencido el plazo
de prestación del servicio, como ocurre en este caso.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que el artículo 122 de Constitución dispone que
<<no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento
y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en
la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente>>1.

10.3.- La Sala no encuentra que la terminación del vínculo laboral entre la
accionante y la entidad accionada se hubiera producido por una causa distinta al
vencimiento del plazo para el cual la accionante había sido vinculada a la entidad y
es evidente que la terminación de la relación laboral ocurrió por motivos objetivos,
debido a que el cargo que ocupaba era de periodo fijo.

11.- La accionante tiene razón en que la primera instancia se equivocó en el análisis
que hizo sobre la naturaleza de su vínculo laboral con el Consejo Nacional Electoral,
pues no se trató de una vinculación bajo la modalidad de prestación de servicios,
sino que esta fue legal y reglamentaria, ya que existió un acto de designación y
posesión.

11.1.- En la Resolución 5290 de 20222 –acto que dispuso la designación de la
accionante–, está consignado que los miembros de los Tribunales Seccionales de
Garantías y Vigilancia Electoral tienen la calidad de servidores públicos de carácter
especial y, de acuerdo con lo dicho por la misma Corte Constitucional en decisiones
aplicables a este caso, estos empleos son de periodo fijo, y quienes los ocupan

1
Artículo 122 de la Constitución Política.
2 Por la cual se constituyen los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia electoral, con ocasión a las

elecciones de autoridades locales a desarrollarse el 29 de octubre de 2023.

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tienen la calidad de servidor público. Su permanencia está <<delimitada
temporalmente por el término establecido en la Constitución, la ley o el
reglamento>>, de manera que <<el funcionario puede ser retirado del cargo en el
momento en que se cumpla el plazo fijado>>3.

11.2.- Sobre el particular, resulta relevante mencionar las sentencias T-277 de 2012,
T-834 de 2012 y T-019 de 2018, en las que la Corte indicó que la desvinculación
ocurre una vez cumplido el término y, en esos casos, el retiro del trabajador en
condiciones especiales obedece a esa causa. Textualmente, la Corte indicó que la
desvinculación por cumplimiento del periodo fijo hace imposible probar que existe
una <<relación de causalidad o conexidad entre la debilidad dicha y la
desvinculación laboral, es decir, que se deduzca o se infiera que aquella condición
personalísima del afectado fue el móvil o la razón del retiro4.

11.3.- Adicionalmente, está acreditado que a través de la Resolución 5290 de 2022,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispuso de recursos para el
funcionamiento de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral,
únicamente para la vigencia de 2023. Esto, en razón a que la creación de dichos
tribunales se debió a una causa específica: las elecciones de autoridades locales
que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023. Y, en la Resolución 4731 de 2023
–por la cual la accionante fue designada como miembro del Tribunal Seccional de
Garantías y Vigilancia Electoral del Atlántico– se estableció que la designación de
los miembros se hacía <<con ocasión a las elecciones que se celebraran [sic] el 29
de octubre de 2023>> y que <<su vinculación sería hasta el 31 de diciembre de
2023>>.

11.4.- Sin embargo, una vez la entidad conoció el embarazo de la accionante, antes
del vencimiento del período, ofreció a la accionante permanencia en la entidad, en
el cargo de Profesional Universitario 3 Código 3020 Grado 03, como
supernumeraria, en la ciudad de Bogotá, debido a que en Barranquilla no existen
empleos de la entidad. Además, le explicó que la carga prestacional sería cubierta
por la entidad –a diferencia de lo que ocurría con su vinculación como miembro del
tribunal, cuyo salario era más alto porque sus prestaciones y seguridad social
estaban incluidas en el pago mensual–, pero la accionante no aceptó.

3 Sentencia T-014 de 2019, Corte Constitucional. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4 T-277 de 2012. Corte Constitucional. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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11.5.- Es decir, la entidad aplicó las dos reglas principales establecidas por la Corte
en la sentencia SU-070 de 2013 relacionadas con la protección reforzada a la
maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo y la alternativa laboral mediante la
cual se encontraba vinculada la mujer embarazada.

12.- Por todo lo anterior, la Sala advierte que en este caso no había lugar a conceder
la permanencia del cargo de miembro de los Tribunales Seccionales de Garantías
y Vigilancia Electoral, ni a disponer el pago de salarios y prestaciones sociales.
Como se señaló anteriormente, la entidad accionada acreditó que la desvinculación
de la accionante ocurrió por razones objetivas, y la entidad ofreció garantías de
permanencia en la entidad en condiciones admisibles para la entidad, al no tener un
cargo en la ciudad de Barranquilla y con condiciones salariales similares al empleo
que tenía.

13.- Frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social durante el periodo
de gestación de la trabajadora, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-075 de
2018, unificó su precedente respecto a la estabilidad laboral reforzada derivada del
embarazo en los casos de contrato de obra o labor contratada, señalando que se
debe pedir autorización del inspector del trabajo quien debe verificar si subsiste o
no el objeto del contrato, y en caso de que el objeto del contrato ya no esté vigente,
el inspector puede autorizar el despido, pero en todo caso señaló que el empleador
debe realizar las cotizaciones necesarias al sistema de seguridad social para
asegurar el pago de la licencia de maternidad de la empleada.

13.1.- En el caso de una empleada pública, la ley no establece que la entidad deba
pedir autorización al inspector del trabajo, sino que exige que el acto de despido
esté debidamente motivado; de lo contrario se entenderá que el despido ocurrió por
el embarazo. Sobre el particular, el Decreto 1083 de 2015, refiere:

<<ARTÍCULO 2.2.31.1 Prohibición de despido.

1. Ninguna empleada pública ni trabajadora oficial podrá ser despedida por motivos
de embarazo o lactancia.

2. Durante el embarazo y los tres (3) meses subsiguientes a la fecha del parto o
aborto, solamente podrá efectuarse el retiro de la empleada por justa causa
comprobada y mediante la autorización expresa que al efecto deberá solicitarse del
respectivo Inspector del Trabajo, cuando se trate de trabajadoras vinculadas por
contrato de trabajo.

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Si la empleada pública estuviere vinculada por una relación de derecho público, se
requerirá para tal efecto resolución motivada de la correspondiente entidad
nominadora.

ARTÍCULO 2.2.31.2 Presunción de despido por embarazo. Se presume que el
despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando tiene lugar
dentro de los períodos señalados en el Artículo anterior y sin la observancia de los
requisitos exigidos en dicha norma legal.>>

13.2.- Como se anotó en párrafos anteriores, está acreditado que la terminación del
vínculo laboral de la accionante con el CNE ocurrió por razones objetivas –por
cuanto desapareció el objeto laboral– y ello permite aplicar la regla de protección
señalada por la Corte, en cuanto a que el empleador debe realizar las cotizaciones
necesarias al sistema de seguridad social para asegurar el pago de la licencia de
maternidad de la empleada.

13.3.- En la mencionada sentencia, la Corte precisó que:

<<… estas medidas de protección a las personas en estado de embarazo tienen
cuatro fundamentos. Un primer fundamento es la protección de la mujer durante la
maternidad, de conformidad con el artículo 43 de la Constitución. Esto implica dos
obligaciones para el Estado y los particulares: por una parte, el deber de protección
especial a la mujer durante el embarazo y la lactancia y, por la otra, el deber de
carácter prestacional de otorgarle un subsidio cuando esté desempleada o
desamparada.

[...] Un segundo fundamento es la protección de todas las personas contra la
discriminación por razón de su género. Esta garantía se encuentra en los artículos
13 y 43 de la Constitución y busca que ningún empleador termine el contrato de una
persona por el hecho de que se encuentre en estado de embarazo o lactancia. Un
tercer fundamento, es la protección al derecho a la vida y al mínimo vital. Esta
protección permite asegurar que las personas vivan una maternidad o paternidad
plena sin que su capacidad de asegurar el bienestar propio y de quien va a nacer se
vea afectado por quedar sin trabajo.

[...] El cuarto fundamento se relaciona con la protección a la familia. Esto significa
que toda persona en estado de embarazo o de lactancia debe poder conformar una
familia sin sufrir discriminación en el trabajo y sin ver en riesgo su futuro profesional
por la decisión libre de ejercer la maternidad o la paternidad>>.

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13.4.- Además, fue clara en señalar que se trata de una medida de protección para
asegurar el pago de la licencia de maternidad de la empleada, el cual tiene su
fundamento en el artículo 43 de la Constitución Política, que dispone una protección
a la mujer en estado de embarazo. Dicha norma constitucional establece:

<<ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo
y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá
de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia >>.

13.5.- En ese sentido, en vista de que se brindará a la accionante una especial
asistencia y protección del Estado para que pueda tener derecho a la licencia de
maternidad, el pago de las cotizaciones no se deberá realizar sobre la base del
salario integral que recibía, porque esa asignación mensual ya no existe y es
evidente que para tener derecho a ella la accionante debe estar ejerciendo la
función y no lo está haciendo por razones objetivas. De hecho, la garantía solidaria
y subsidiada de protección que se advierte en este caso se enmarca en el acceso
a los servicios de salud y a la licencia de maternidad, y ello se garantiza con unas
cotizaciones sobre la base de un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

13.6.- En la impugnación, la entidad accionada acepta la orden de pago de los
aportes en salud e informa que cumplió con la afiliación de la accionante al sistema
general de seguridad social en salud. Sin embargo, el sistema no le permite realizar
pagos solo por la seguridad social en salud, por lo que solicita se ordene a la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes –medio de pago– pagar únicamente este
aporte.

13.7.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala modificará y adicionará la orden de la
primera instancia en el sentido de ordenar al Consejo Nacional Electoral afiliar a la
señora Karoll Sofía Montalvo Roenes y realizar el pago de la seguridad social sobre
la base de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, desde que se produjo el
retiro del servicio hasta que se acredite que surja el derecho al pago de la licencia
de maternidad por el nacimiento del hijo o hija. Así mismo, se ordenará a la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes –medio de pago– permitir a la entidad realizar
los aportes en los términos mencionados.

12

Radicado: 08001-23-33-000-2024-00124-01
Accionante: Karoll Sofía Montalvo Roenes
Se modifica y adiciona la sentencia de primera instancia

14.- Finalmente, si la accionante considera que tiene derecho a otras prestaciones,
diferencias prestacionales, u otros derechos laborales, puede acudir a las acciones
laborales ordinarias correspondientes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍCASE y ADICIÓNASE el numeral segundo de la decisión de
primera instancia proferida el 4 de abril de 2024 por la Sala de Decisión Oral “A” del
Tribunal Administrativo de Barranquilla – Atlántico, así:

ORDÉNASE al Consejo Nacional Electoral afiliar a la señora Karoll Sofía
Montalvo Roenes a la seguridad social en salud y realizar las cotizaciones para
asegurar el pago de su licencia de maternidad, la cuales deberán hacerse
sobre la base de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, desde que se
produjo el retiro del servicio hasta que se acredite que surja el derecho al pago
de la licencia de maternidad por el nacimiento de su hijo.

Así mismo, ORDÉNASE a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –
medio de pago– permitir al Consejo Nacional Electoral realizar el pago de la
seguridad social en salud de la señora Karoll Sofía Montalvo Roenes.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

13

Radicado: 08001-23-33-000-2024-00124-01
Accionante: Karoll Sofía Montalvo Roenes
Se modifica y adiciona la sentencia de primera instancia

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto

14

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