Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00198-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00198-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2024-00198-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
1 de agosto de 2024
Demandante: Clínica La Victoria S.A.S.
Demandados: Administradora de los Recursos
del Sistema de Seguridad Social en Salud
Rad: 08001-23-33-000-2024-00198-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., primero (1.º) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00198-01
Accionante: CLÍNICA LA VICTORIA S.A.S.
Accionado: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Temas: Confirma sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 19 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
accedió a las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la apoderada
especial1 de la Clínica La Victoria SAS, presentó demanda contra la
Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, en
adelante ADRES, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos
12.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 20162, 8 de la Resolución 1236 de 2023 del
Ministerio de Salud y Protección Social y 16 de la Resolución 12758 de 2023 de la
ADRES.
1
La señora Lizbeth Zulay Redondo Gravier, en calidad de representante legal de la Clínica La
Victoria SAS, otorgó poder especial a la abogada Nathalia Velasco Burbano, para que la
represente en el proceso de la referencia, de conformidad con el poder que se aportó.
2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social”.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Clínica La Victoria S.A.S.
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2. Pretensiones de la demanda
2. La parte actora solicitó:
1. Se sirva ordenar a la accionada ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES, que de forma INMEDIATA
entregue el resultado de auditoría de las reclamaciones radicadas en el mes de MAYO,
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2023 y
ENERO Y FEBRERO de 2024 por CLÍNICA LA VICTORIA SAS, dando estricta aplicación a
la normatividad vigente en materia de prestación de los servicios de salud, en especial, a lo
ordenado en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 08 de la Resolución
1236 del 2023 del Ministerio de Salud y de Protección Social y artículo 16 de la Resolución
12758 de 2023 de ADRES, sin ninguna dilación y/o interpretación apartada de este marco
jurídico, que motiva esta respetuosa ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. De acuerdo con el
Articulo 15 de la Ley 393 de 1997, el cual señala:
Artículo 15º.- Cumplimiento Inmediato. En desarrollo del principio Constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el Juez que conozca de la solicitud
podrá ordenar el cumplimiento del deber omitido, prescindiendo de cualquier consideración
formal, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir
una grave o inminente violación de un derecho por el incumplimiento del deber contenido en
la Ley o Acto Administrativo, salvo que en el término de traslado el demandado haya hecho
uso de su derecho a pedir pruebas.3
3. Hechos probados y/o admitidos
La parte actora manifestó que tiene domicilio en la ciudad de Barranquilla y que
presta el servicio de salud a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por
vehículos sin póliza SOAT, con cargo a los recursos administrados por la ADRES,
de conformidad con el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2.6.1.4.1.3
del Decreto 780 de 2016.
Precisó que, conforme con el artículo 2.6.1.4.2.2 radicó ante la ADRES
reclamaciones en los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024, con ocasión de los
servicios médicos que les prestó a las víctimas de accidentes de tránsito con todos
los soportes previstos en la norma, sin que a la fecha de radicación de la demanda
se le haya notificado el resultado de las auditorías, con lo cual se incumplió el
término de dos meses con los que cuenta la entidad demandada para realizar las
auditorías integrales de dichas reclamaciones, de conformidad con el artículo
2.6.1.4.3.12 de la Ley 780 de 2016, término que también está contemplado en el
artículo 8 de la Resolución 1236 del 2023 del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Indicó que el 26 de abril de 2024, solicitó a la ADRES que diera cumplimiento a las
normas invocadas en la demanda, con el fin de constituirla en renuencia, y según
lo afirma la parte accionante, la entidad no respondió.
3 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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4. Actuaciones procesales
Mediante proveído del 20 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la acción de cumplimiento. En consecuencia, ordenó la notificación de la
ADRES.
4.2. Contestación de la demanda
El apoderado judicial de la ADRES, manifestó que esa entidad está adscrita al
Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente. Asimismo, señaló que, a
partir de su creación y entrada en funcionamiento se suprimió el Fondo de
Solidaridad y Garantía – FOSYGA y con este la Dirección de Administración de
Fondos de la Protección Social – DAFPS.
Explicó que la Subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -
ECAT tiene por objeto «establecer las condiciones de cobertura, ejecución de
recursos, funcionamiento y aspectos complementarios para el reconocimiento y
pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes
de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás
eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de
Consejo de Administración del Fosyga».
Resaltó que el artículo 2.6.1.4.1. del Decreto 780 de 2016 estableció las
condiciones de cobertura, ejecución de recursos y aspectos complementarios para
el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos
derivados de un accidente de tránsito.
Precisó que el artículo 7 de la Resolución 1645 de 2016 dispuso el término en el
que las personas naturales y jurídicas pueden presentar sus reclamaciones.
Asimismo, que, el artículo 9 de la mencionada disposición estableció que toda
reclamación debe pasar las etapas de preradicación, radicación, auditoría integral,
la comunicación del resultado de la auditoría y finalmente el pago cuando haya
lugar. Relató en qué consiste cada una de las citadas etapas.
Finalmente, sostuvo que el presente mecanismo debe declararse improcedente
ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial ordinario que debe
impetrarse ante el juez de lo contencioso administrativo, sin que indicara el medio
de control idóneo.
4.3. Fallo de primera instancia
En sentencia del 19 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico
accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar que las normas invocadas
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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como incumplidas, contienen una orden de carácter imperativo dirigida a la
ADRES, consistente en realizar la auditoría integral a las reclamaciones que se le
presenten dentro de los dos meses siguientes al cierre del periodo de radicación.
Al respecto, agregó:
El escrutinio de las solicitudes y anexos que le sirven de base a esta acción, permite
establecer que el referido mandato ha sido soslayado por el extremo pasivo, en tanto la
primera de las reclamaciones fue radicada el 02 de mayo de 2023, y la última, data del 29 de
febrero de 2024, peticiones que no han sido respondidas, más cuando la entidad accionada, al
rendir el respectivo informe, no hizo alusión concreta a ellas.
Con fundamento en lo anterior, ordenó a la ADRES «que en el término perentorio
de diez (10) días, contados desde el día siguiente a la ejecutoria de este fallo,
culmine con el proceso de auditoría de las reclamaciones radicadas por la
accionante entre el 02 de mayo de 2023 y el 29 de febrero de 2024, conforme a la
parte motiva de esta providencia».
4.4. Impugnación4
El apoderado judicial de la ADRES solicitó que se revocara el fallo de primera
instancia que accedió a las pretensiones, para que en su lugar se declarara la
improcedencia de la acción.
En el presente caso, la acción de cumplimiento es improcedente por cuanto no se
agotó la subsidiariedad como requisito procedencia debido a que existe otro
mecanismo de defensa judicial, sin que se precisara cuál, aunado a que no se
comprobó la configuración de un perjuicio irremediable.
Ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para
precisar que en la providencia impugnada no se realizó una valoración real de los
argumentos alegados.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la impugnación
contra la Sentencia del 19 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
4 La sentencia del 19 de junio de 2024 fue notificada por correo electrónico el 24 de mayo de 2024,
y el escrito de impugnación se radicó el 27 de mayo de 2024, término que se encuentra oportuno.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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(CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado5.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del
19 de junio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
accedió a las pretensiones de la demanda.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º].
Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o vi], la
decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
4.2. La constitución de la renuencia
En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir la
renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]».
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.
Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado el
requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud hecha
por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia»7.
Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.
Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido por
el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo
objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.
Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997, el
agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-
000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
En el caso concreto la parte actora el 26 de abril de 2024, solicitó a la ADRES que
diera cumplimiento a los artículos 12.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 20169, 8 de la
Resolución 1236 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social y 16 de la
Resolución 12758 de 2023 de la ADRES.
Revisado el expediente no se encontró respuesta por parte de la entidad
accionada, por tanto, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la Clínica La Victoria SAS agotó en debida
forma el requisito de renuencia respecto de la ADRES.
4.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento
Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.
En este asunto, la parte demandante busca el cumplimiento de los artículos
2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 8 de la Resolución 1236 de 2023 del
Ministerio de Salud y Protección Social y 16 de la Resolución 12758 de 2023 de la
ADRES, para que la autoridad accionada adelante el procedimiento de radicación,
revisión, auditoría de las reclamaciones presentadas por concepto de los servicios
médicos prestados a víctimas de accidentes de tránsito.
La Sala destaca que la pretensión de atender las disposiciones invocadas no
conlleva gasto, toda vez que, el mandato que se pide hacer cumplir es que se
culmine la auditoría integral a la reclamación presentada a la ADRES, que puede
generar la imposición o no de las respectivas glosas por parte de la
administración, situación previa a la consecución o no del eventual pago de la
indemnización.
Por último, se encuentra que lo perseguido por la parte actora no involucra la
protección de derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de
cumplimiento.
4.4. De la existencia de otros mecanismos de defensa
Esta Sección resolvió en anteriores oportunidades casos similares, en los que
diferentes IPS acudían en sede de cumplimiento a que se le ordenada a la ADRES
9 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social”.
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que, en obedecimiento de los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 16
de la Resolución 12758 de 2023, realizara las auditorías integrales producto de
reclamaciones de recobro por la prestación de servicios médicos10.
Los asuntos que se conocieron, entre 2018 y 2020 concluyeron que las IPS
contaban con otros mecanismos judiciales de defensa para que se atendieran sus
pretensiones. En ese sentido, se indicó que «en la sentencia T-760 de 2008 la
Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela
cuando lo pretendido sea obtener la resolución y pago de las reclamaciones
de recobro realizadas por las entidades prestadoras de los servicios de
salud ante el antiguo Fondo de Seguridad y Garantía (FOSYGA)».
Se señalada que, en la mencionada sentencia, la Corte Constitucional resolvió,
entre otros, el problema jurídico relativo a si se vulneraba el derecho a la salud
cuando las EPS brindaban insumos no incluidos en el entonces POS y en
consecuencia, procedía el recobro ante el FOSYGA. Con ocasión de esta, y otras
problemáticas, el alto tribunal constitucional declaró un estado de cosas
inconstitucional por la violación generalizada del derecho a la salud debido a las
fallas de regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En este marco, la Sección Quinta consideraba que las IPS pretendían
específicamente «que se surta el procedimiento de la reclamación (…), el cual
debe culminar con el pago de los servicios médicos prestados conforme lo indica
el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y, sin embargo, tal normativa está
siendo objeto de estudio y seguimiento por la Sala Especial de la Corte desde el
año 2009 y hasta la fecha». En ese sentido, declaraba que las instituciones podían
hacerse partícipes en la Sala de Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008 o
acudir a interponer un incidente de desacato. Ello, en procura de satisfacer sus
pretensiones relacionadas con el desarrollo de las auditorías integrales y el
consecuente pago.
Asimismo, se disponía la remisión de copias de las sentencias y expedientes
sobre el tema, a la Sala Especial de Seguimiento que conformó la Corte
Constitucional para la sentencia T-760 de 2008.
Con ocasión de ello, dos entidades11, que acudieron previamente en acción de
cumplimiento con el fin de obtener los resultados de las mencionadas auditorías
en el término de los dos meses que indican las disposiciones invocadas en esta
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de julio 18
de 2019, expediente 25000-23-41-000-2019-00246-01, sentencia de 14 de noviembre de 2019,
expediente 25000-23-41-000-2019-00589-01, sentencia de 23 de enero de 2020, expediente
08001-23-33-000-2019-00665-01, sentencia de 30 de enero de 2020, expediente 08001-23-33-
000-2019-00660-01, sentencia del 14 de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-
00796-01, entre otras.
11 Fundación Campbell y Movemed.
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oportunidad, interpusieron incidente de desacato ante la Sala de Seguimiento de
la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Su pretensión última se
circunscribía a que la ADRES realizara las auditorías atrasadas para realizar el
recobro de sumas adeudadas.
No obstante, mediante auto 325 del 4 de septiembre de 2020, la Corte
Constitucional resolvió «inhibirse de conocer el asunto (…) y devolver a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, la copia simple de las sentencias y de las copias
digitalizadas (cd) de cada expediente, que fueron remitidas a la Corte
Constitucional».
Explicó que la sentencia T-760 de 2008 no impartió directrices de pago en
concreto, menos aún causadas con posterioridad a la expedición de la sentencia,
sino ordenarle al Ministerio de Salud y Protección Social el diseño de «un plan de
contingencia para adelantar el trámite de las solicitudes de recobro que se
encontraban atrasadas». Nótese que las acciones dispuestas por la Corte tenían
como fin último el pago de las reclamaciones auditadas y presentadas con
anterioridad a la mencionada sentencia, pero que por un déficit financiero y
estructural de la ADRES, no habían sido pagadas.
Indicó que «la verificación de la realización de las auditorías a las solicitudes de
recobro presentadas con posterioridad a la providencia estructural y el
reconocimiento y pago de los valores en ellas invocados, excede la competencia
de la Sala que se enmarca exclusivamente al seguimiento del cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha decisión». Asimismo, puso de presente que no realizó
ningún tipo de control ni seguimiento a las disposiciones que invocan las IPS en
sede de acción de cumplimiento, ni a aspectos relacionados con el recobro o las
reclamaciones presentadas con cargo a la subcuenta ECAT del entonces
FOSYGA.
Lo anterior implica que la parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales
de defensa ordinarios para solicitarle a la ADRES el acatamiento de los artículos
12.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 8 de la Resolución 1236 de 2023 del
Ministerio de Salud y Protección Social y 16 de la Resolución 12758 de 2023 de la
ADRES, a pesar de que en anteriores oportunidades la Sección Quinta consideró
viable la remisión de este tipo de casos a la Sala de Seguimiento de la Corte
Constitucional.
La anterior postura, consistente en que devenía improcedente la acción de
cumplimiento en asuntos como el presente por considerar que existían otros
mecanismos judiciales de defensa, fue rectificada en sentencia del 20 de mayo de
202112 y tal tesis se refuerza en esta oportunidad en el sentido de superar el
12 Sección Quinta del Consejo de Estado. Exp.13001-33-33-000-2019-00477-01.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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requisito bajo análisis y proseguir con el examen de las normas objeto de la acción
constitucional.
2.5. Caso concreto
Como se indicó en precedencia, la parte actora solicita que, se cumpla el término
de dos meses dispuesto en los artículos 12.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 8
de la Resolución 1236 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social y 16 de
la Resolución 12758 de 2023 de la ADRES, para que se realicen las auditorías de
las reclamaciones radicadas ante la ADRES entre el 2 de mayo de 2023 y el 29 de
febrero de 202413.
Se advierte que el artículo 2.6.1.4.3.12 está contenido en el capítulo 4 del Decreto
780 de 2016, denominado «Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y
Accidentes de Tránsito – ECAT», que estableció que la normativa allí establecida,
relacionada con las reclamaciones con cargo a la subcuenta ECAT, estaba
destinada, entre otros, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, a
los reclamantes de servicios médicos o de indemnizaciones, como, por ejemplo,
por muerte, o demás entidades que pudieran llegar a tener alguna obligación o
responsabilidad relacionada con las reclamaciones fijadas en el capítulo.
En ese orden, las reclamaciones de que trata el mencionado capítulo pueden
devenir de: la prestación del servicio de salud, de indemnización por muerte o
incapacidad permanente o por incapacidades temporales, por víctimas de
accidentes de tránsito donde estén involucrados vehículos fantasma o sin póliza
SOAT, de eventos catastróficos de origen natural o terroristas.
De otra parte, el artículo 2.6.1.4.2.1. prevé los servicios de salud que deben
brindarse «a las víctimas de accidente de tránsito, de eventos catastróficos de
origen natural, de eventos terroristas o de los eventos aprobados por el Ministerio
de Salud y Protección Social», por parte de las IPS. A su vez, establece la
obligatoriedad de estas instituciones de estar inscritas en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y que solo se puede brindar la atención
«en la jurisdicción en la que se encuentre habilitado por el ente territorial
competente».
13
Artículo 12. Transitoriedad. Las reclamaciones de que trata el presente acto administrativo,
que, a la fecha de expedición de esta resolución se encuentren en curso, así como las radicadas
hasta el último día hábil del mes correspondiente a la entrada en vigencia del presente acto
administrativo, se tramitarán conforme con el procedimiento previsto en la Resolución número 1645
de 2016.
Artículo 13. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación y
deroga la Resolución número 1645 de 2016, excepto para los casos establecidos en el artículo
anterior.
En otras palabras, las reclamaciones de mayo, julio de 2023 se rigen con 1645 / 16 y las de agosto,
septiembre, noviembre y diciembre, de 2023 y delos meses de enero y febrero de 2024 con Res
1236 de 2023.
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Demandados: Administradora de los Recursos
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Rad: 08001-23-33-000-2024-00198-01
Adicionalmente, el artículo 2.6.1.4.2.2 refiere que el prestador de servicios de
salud, a las víctimas anteriormente mencionadas, está legitimado para reclamar el
reconocimiento y pago de los servicios prestados al Ministerio de Salud y
Protección Social «o a la entidad que se defina para el efecto», siendo
actualmente, la ADRES. De lo anterior dan cuenta los artículos 66 y 73 de la Ley
1753 de 2015, que establecen lo siguiente:
DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS). Con el fin de
garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, créase una entidad de naturaleza especial del nivel
descentralizado de la orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del
Estado que se denominará Entidad Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y
estará adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente.
[…]
La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte del Fondo de
Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector
Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de
prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos
que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP); los cuales confluirán en la Entidad. En ningún caso la Entidad asumirá las funciones
asignadas a las Entidades Promotoras de Salud”.
“ARTÍCULO 73. PROCESOS DE RECOBROS, RECLAMACIONES Y RECONOCIMIENTO
Y GIRO DE RECURSOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD. Los procesos de recobros,
reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en Salud que se
surten ante el Fosyga o la entidad que asuma sus funciones se regirán por las
siguientes reglas:
a) El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los
recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga será de tres (3) años a partir de la fecha
de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del
paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro,
prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para el Fosyga.
[…].
Se destaca en este punto que la parte accionante indicó en su demanda que
presentó «reclamaciones junto con sus soportes debidamente radicadas por la IPS
accionante ante la ADRES» entre el 2 de mayo de 2023 y el 29 de febrero de
2024, sin que se haya cumplido el término de los dos meses que establece el
artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, para realizar la auditoría integral
solicitada.
En efecto, la mencionada norma, indica que «Las reclamaciones presentadas con
cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga a que refiere el presente Capítulo, se
auditarán integralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada
periodo de radicación».
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Asimismo, el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 establece el deber de
auditar integralmente las reclamaciones del capítulo 4, entre las que se
encuentran las que corresponden a los recobros realizados por las IPS a la
ADRES por la prestación de los servicios de salud de las víctimas referidas
anteriormente, «dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada periodo de
radicación. De igual forma, el artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023, proferida
por el Ministerio de Salud y Protección Social, contempla dentro de la etapa
denominada auditoría integral que «[l]a ADRES adelantará la auditoría integral,
dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación,
conforme con lo establecido en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto número 780 del
2016».
De lo evidenciado con antelación es claro que existe un deber a cargo de la
ADRES de surtir la etapa de auditoría integral a las reclamaciones presentadas
por la parte actora, dentro del término de los dos meses siguientes al cierre de
cada periodo de radicación. Para el caso en particular, el lapso ya feneció,
teniendo en cuenta que la última reclamación cuyo resultado de auditoría se echó
de menos y que no fue objetado por las partes, data del 29 de febrero de 2024 y
que para el momento de dictar la sentencia de primera no se advierte que fueran
auditadas.
Se precisa en este punto que el a quo concedió el término de 10 días para que la
ADRES realizara la auditoría integral de las reclamaciones presentadas por la
sociedad actora, sin que el lapso otorgado fuera motivo de impugnación por
alguna de las partes.
En vista de lo anterior, se confirmará la decisión de primer grado que accedió a las
pretensiones de la demanda y le ordenó a la ADRES «que en el término perentorio
de diez (10) días, contados desde el día siguiente a la ejecutoria de este fallo,
culmine con el proceso de auditoría de las reclamaciones radicadas por la
accionante entre el 02 de mayo de 2023 y el 29 de febrero de 2024, conforme a la
parte motiva de esta providencia».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2024 del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
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TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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