Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00457-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2024-00457-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2024-00457-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de febrero de 2025
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00457-01
Demandante: Liliana Hernández Cortés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 08001-23-33-000-2024-00457-01
Demandante: LILIANA HERNÁNDEZ CORTÉS
Demandado: COLPENSIONES Y OTROS
Temas: Derechos fundamentales, pago incapacidades médicas
superiores a 540 días – procedencia del mecanismo para
evitar perjuicio irremediable. Tutela contra tutela –
improcedencia para cuestionar decisiones de la misma
naturaleza.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 16 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección C, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, conforme a lo expuesto
en esta providencia.
SEGUNDO: CONMINAR al Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Soledad para que, en caso de que la accionante interponga nuevamente
incidente de desacato, verifique que Colpensiones haya efectuado el pago de las
incapacidades superiores a los 540 días.
TERCERO: CONMINAR a la accionante y a Nueva EPS para que remitan a Colpensiones
la documentación necesaria que permita culminar formalmente el trámite de calificación
de pérdida de capacidad laboral».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 diciembre de 2024, la señora Liliana Hernández Cortés, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla,
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad,
la Administradora Colombiana de pensiones [en adelante Colpensiones] y la Nueva
EPS, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social, a
la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital, de acceso a la administración de
justicia y debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«-A COLPENSIONES Y NUEVA EPS:
1-Que se ordene a quien corresponda realice el trámite interno que deben realizar para el
pago de las incapacidades generadas desde el 3 de junio de 2023 hasta la fecha y las que
se sigan generando pues de lo contrario se tendría que interponer una tutela cada mes,
1
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Demandante: Liliana Hernández Cortés
desgastando el aparato judicial en un si sentido (sic), pues solo bastaría con especificar
que se ordene el pago de las incapacidades generadas luego de los 540 días, vinculando
a la EPS NUEVA para que continúe el pago de las incapacidades hasta que termine mi
proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.
2-Que se ordene a la NUEVA EPS realizar las valoraciones de especialistas que están
pendientes para la entrega de la calificación.
3-Que se ordene a COLPENSIONES la entrega inmediata de mi calificación de pérdida de
capacidad laboral.
A LA RAMA JUDICIAL
1-Que conmine al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de
Soledad – Atlántico, a hacer cumplir el fallo de tutela a COLPENSIONES, y al JUZGADO
CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA que de tramite a la
acción de tutela en contra de COLPENSIONES y la NUEVA EPS, ya que no puede existir
cosa juzgado jurisdiccional con dos pronunciamientos contradictorios de la rama judicial,
es decir uno que dice que cierra el desacato y que hay que instaurar otra acción de tutela
y otro que dice que existe cosa juzgada y que debo de interponer un desacato, diciéndolo
vulgarmente es gallo o gallina.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Liliana Hernández Cortés laboró como empleada de Grupo Reditos
Empresariales S.A. y manifiesta que ha padecido «lumbago no especificado y
sacroilitis», enfermedades que le han impedido laboralmente.
En consecuencia, la señora Hernández Cortés ha sido objeto de incapacidades
médicas, cuyo pago ha correspondido al empleador, a la EPS y a la administradora
de pensiones a la que se encuentra afiliada.
En el siguiente cuadro se sintetiza las incapacidades que reconocida y pagadas y
los días que han transcurrido desde el primer día de incapacidad1:
Días Período de Incapacidad Entidad
Responsable
Día 1 a día 2 12 de julio de 2021 - 13 de julio de Empleador
2021
Día 3 a día 180 14 de julio de 2021 - 7 de enero de Nueva EPS
2022
Día 181 a día 540 8 de enero de 2022 - 2 de enero de Colpensiones
2023
Día 541 hasta el 2 de junio de 3 de enero de 2023 - 2 de junio de Colpensiones (en
2023 2023 cumplimiento de la
sentencia de tutela
del 25 de julio de
2023)
El 28 de octubre de 2021, la Nueva EPS remitió a Colpensiones Concepto de
Rehabilitación (CRE), con pronosticó de rehabilitación favorable, por las patologías
de «M545 Lumbago no especificado» y «M461 Sacroilitis, no clasificada en otra
1
De acuerdo con la información que obra en el expediente de tutela que se tramitó ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Soledad.
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parte», «donde marca con una X que su recuperación a corto plazo menor a un
año y a mediano plazo mayor a un año (…)».
Con ocasión a las múltiples incapacidades de la accionante, aduce que ha ejercido
acciones de tutela con el fin de obtener el pago de estas.
Acción de tutela con radicado 2022-00169-00
Una de las solicitudes que ejerció se dirigió a obtener el pago de las incapacidades
médicas generadas entre el día 181 y el 540.
El 22 de junio de 2022, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de
Medellín profirió fallo de primera instancia en el que ordenó a Colpensiones el pago
de las incapacidades médicas generadas entre el día 181 y 540. Esa decisión fue
confirmada mediante fallo de 1 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Superior
de Medellín, Sala Tercera Civil.
Acción de tutela con radicado 2023-00016-00
La señora Liliana Hernández Cortés presentó acción de tutela contra la Nueva EPS
y Colpensiones por la presunta violación a los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la salud, a la dignidad, a la vida. En consecuencia, solicitó el pago de las
incapacidades laborales generadas desde el 14 de diciembre de 2022 hasta el 2
de junio de 2023, y que se iniciara el trámite de calificación de pérdida de la
capacidad laboral.
El 25 de julio de 2023, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Soledad (Atlántico) dictó sentencia de primera instancia en la
que amparó los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, ordenó:
«PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al mínimo vital, a la salud, a la dignidad, a
la vida presentado por la accionante LILIANA HERNANDEZ CORTÉS en contra del NUEVA
EPS Y COLPENSIONES.
SEGUNDO: ORDENAR a la accionada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES –COLPENSIONES- que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe
el pago de las incapacidades generadas a favor de la señora LILIANA HERNANDEZ
CORTÉS posteriores al día 540 (03 de enero de 2023) (sic) y a su vez, incluya el pago de
las incapacidades restantes que datan de 21 de diciembre de 2022 hasta el 02 de enero de
2023, las cuales quedaron pendientes de cancelar, que a continuación se discriminan:
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TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES por medio de su representante legal y/o quien haga sus veces, iniciar el
trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral del accionante en virtud de lo
establecido en el Artículo 41 de la Ley 100 de 1993. Modificado. Ley 962 de 2005, art. 52.
Modificado. Decr.0019 de 2012, art. 142.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
QUINTO: En el evento de que no fuere seleccionada por la corte para su eventual revisión,
archívese la actuación».
Como motivación de la decisión señaló que, si bien, de conformidad con el artículo
2.2.3.3.1 del Decreto 1333 de 2018 y la sentencia T-265 de 2022, le correspondía
el pago de las incapacidades desde el 3 de enero de 2023 a la Nueva EPS [y las
generadas con anterioridad a esa fecha a Colpensiones], no se demostró que
Colpensiones hubiese realizado el trámite de calificación de invalidez. Aunado a lo
anterior, advirtió que obraba en el expediente concepto favorable de rehabilitación
suscrito por la Nueva EPS del 3 de enero de 2023.
De modo que, Colpensiones debió iniciar el trámite de calificación de pérdida de la
capacidad laboral de la accionante. Sin embargo, omitió ese deber y, en
consecuencia, le correspondía el pago de las incapacidades de la accionante
posteriores al día 540.
Al respecto, anotó que «la actora afirma que inició sus incapacidades en junio de 2021,
pero revisado el certificado de incapacidades aportada por la NUEVA EPS se evidencia
que, desde dicha calenda, las mismas no fueron continuas sino hasta su inicio el 01 de
julio de 2021. Así, se evidencia cumplió los 180 días de incapacidad el 03 de enero de
2022 y los 360 días el 04 de julio de 2022»2.
Por ello, concluyó que el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral de
la accionante debió ser iniciado por Colpensiones, a más tardar, el 4 de julio de
2022, fecha en la que se cumplían 360 días de incapacidad posteriores a los 180
2
Cabe resaltar que, en esa decisión, el juzgado consideró que el día 540 se cumplió el 2 de enero de 2023.
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Demandante: Liliana Hernández Cortés
días iniciales. De modo que, la suspensión del pago del subsidio por incapacidad
temporal a favor de la señora Liliana Hernández Cortés, sin que se hubiera iniciado
dicho trámite, constituía una vulneración de los derechos fundamentales a la salud
y al mínimo vital del accionante.
Con fundamento en lo cual concluyó que, el pago de las incapacidades posteriores
al día 540 de incapacidad temporal del accionante [2 de enero de 2023], hasta la
ejecutoria del dictamen, que determine la pérdida de capacidad laboral, debía ser
asumido por Colpensiones.
Asimismo, ordenó a Colpensiones iniciar el trámite de calificación de la accionante,
conforme con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por
la Ley 962 de 2005, artículo 52, y por el Decreto 0019 de 2012, artículo 142.
Colpensiones impugnó esa decisión con fundamento en que el pago de las
incapacidad superiores a los 540 días le corresponden a la EPS, que, a su vez,
recibe los recursos de la Administradora de Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Además, advirtió que se configura temeridad, porque
la señora Hernández Cortés interpuso otra acción de tutela con fundamento en los
mismos hechos, cuyo conocimiento correspondió al «Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Soledad (Atlántico), con el radicado 2022-30040-00.»
Esa decisión fue confirmada en fallo del 5 de septiembre de 2023, dictado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Cuarta de Decisión
Penal.
De los incidentes de desacato interpuestos en el proceso con radicado 2023-
00016-00 ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Soledad
El 10 de agosto de 2023, la señora Liliana Hernández Cortés promovió incidente
de desacato contra Colpensiones, con fundamento en que la entidad demandada
no cumplió con la orden de tutela consistente en el pago de las incapacidades
médicas generadas con posterioridad el día 540 y la orden dirigida a dar inicio del
trámite de calificación de pérdida de la capacidad laboral.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad
profirió auto del 15 de agosto de 2023, en el que requirió a las accionadas para que
informaran sobre el cumplimiento del fallo de 25 de julio de 2023.
El 22 y 24 de agosto de 2023, Colpensiones presentó informes en los que afirmó
que pagó: (i) subsidio económico por 354 días de incapacidad médica temporal,
entre el 26 de diciembre de 2021 al 20 de diciembre de 2022, y; 161 adicionales
desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 2 de junio de 2023. Asimismo, resaltó
que el pago de las incapacidades posteriores al 2 de junio de 2023, le
correspondían a la EPS de la accionante y advirtió que, en todo caso, el pago de
las incapacidades desde el 3 de enero de 2021 (día 541) le correspondían a la
Nueva EPS, pero que, en cumplimiento de lo ordenado en la acción de tutela, pagó
las incapacidades hasta el 2 de junio de 2023.
Además, indicó que inició el trámite de pérdida de calificación laboral. De igual
forma, solicitó instar a la accionante y a la Nueva EPS para que allegaran la
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Demandante: Liliana Hernández Cortés
totalidad de los documentos solicitados en el trámite de calificación, situación que
le había sido informada a la accionante mediante oficios de 14 y 22 de agosto de
2023.
Asimismo, advirtió la imposibilidad material de acatar el fallo de tutela debido a la
omisión de la accionante al no aportar los documentos necesarios para adelantar
el mencionado trámite.
El 20 de septiembre de 2023, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Soledad negó la solicitud de apertura de incidente de
desacato, en razón a que se probó que Colpensiones pagó 161 días de
incapacidad a la accionante [del 21 de diciembre de 2022 al 2 de junio de 2023].
Además, expresó que Colpensiones dio apertura al trámite de calificación de
pérdida de la capacidad laboral.
El 31 de enero de 2024 y 12 de febrero de 2024, la accionante reiteró solicitud de
abrir incidente de desacato. Como anexo, aportó la radicación ante Colpensiones
de un documento el 7 de diciembre de 20233.
El 12 de febrero de 2024, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Soledad negó la apertura del incidente del incidente, porque
Colpensiones demostró el cumplimiento de lo ordenado. Por otro lado, advirtió que
la accionante pretendía que el fallo de tutela del 25 de julio de 2023 cobije
situaciones o hechos ocurridos con posterioridad a su expedición, específicamente,
la solicitud realizada por la accionante el 7 de diciembre de 2023, situación frente
a la cual no podía realizar un pronunciamiento.
De la acción de tutela con radicado 2024-00186-00
La señora Hernández Cortés interpuso acción de tutela contra la Nueva EPS,
oportunidad en la que solicitó la protección de los derechos fundamentales a la
seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital. En resumen, pidió que se ordenara
a la entidad accionada reconocer y pagar las incapacidades médicas generadas
después del 3 de junio de 2023 [esto es, posteriores al día 540] y las que se
continúen ocasionando, hasta que termine el proceso de calificación de pérdida de
capacidad laboral.
El 2 de octubre de 2024, el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de
tutela, porque la accionante había interpuesto la acción de tutela con radicado
2023-00016-00, que compartía las mismas partes, objeto y hechos con esa
solicitud de amparo. Aunado a lo anterior, resaltó que en la acción de tutela 2023-
00016-00 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Soledad profirió sentencia el 25 de julio de 2023, de modo que existía cosa juzgada
y, por ello, no podía realizar un nuevo pronunciamiento.
Esa decisión fue impugnada por la accionante con fundamento en que el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad emitió auto
en el que negó la solicitud de apertura de un incidente de desacato, porque
Colpensiones había cumplido con las órdenes impartidas en el fallo del 25 de julio
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Sin embardo, en el expediente no obra el contenido del mismo.
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de 2023 y el incidente no podía extenderse a hechos ocurridos con posterioridad
al fallo, pues tales hechos debían ser abordados mediante una nueva acción de
tutela.
Con fundamento en lo anterior, en el escrito de impugnación la actora sostuvo que
existió una contradicción entre lo resuelto en la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y el auto que
resolvió el incidente de desacato dictado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Soledad e insistió en que existió vulneración
de los derechos fundamentales invocados, pues fueron proferidas decisiones
contradictorias entre los despachos judiciales, lo que ocasionó que la accionante
se encontrara en un estado de indefensión y sin un mecanismo efectivo para
proteger sus derechos.
Aunado a lo anterior, destacó que Colpensiones reconoció haber realizado pagos
que excedían su responsabilidad legal y, afirmó que, conforme con la norma
vigente, las incapacidades superiores a los 540 días correspondían a la Nueva
EPS.
El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia, que, confirmó la decisión
inicial, al encontrar que existió identidad de partes, objeto y causa, por lo que se
configuró cosa juzgada.
3. Argumentos de la acción de tutela
La actora sostuvo que, a pesar de que fue proferida orden de amparo por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad,
que, ordenó a Colpensiones el pago de dichas incapacidades y ante la negativa de
tramitar incidente de desacato, se encuentran pendientes de pago las
incapacidades generadas desde el 3 de junio de 2023 4 hasta la fecha de
presentación del presente amparo, a pesar de la tutela proferida por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad ordenó a
Colpensiones el pago de dichas incapacidades.
Como fundamento de lo anterior, resaltó que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Soledad (Atlántico) negó el incidente de
desacato por incumplimiento de la sentencia de 25 de junio de 2023, con
fundamento en que Colpensiones demostró el cumplimiento de lo ordenado y que
lo procedente para discutir hechos ocurridos con posterioridad al fallo de tutela,
«debía instaurar una nueva acción de tutela».
Que, a pesar de lo anterior, interpuso acción de tutela, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla con radicado
2024-00186-00, quien en esa autoridad judicial profirió sentencia que declaró
improcedente el amparo, con fundamento en que existía cosa juzgada, pues el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad
había proferido sentencia en la que ordenó a Colpensiones el pago de las
incapacidades posteriores al día 540.
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Es decir, las generadas con posterioridad al día 540.
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Demandante: Liliana Hernández Cortés
Por lo anterior, afirmó que, a causa de su incapacidad, no tiene forma de generar
un sustento digno para ella y para su madre, quien se encuentra discapacitada.
Al respecto, advirtió que tiene 42 años y que es madre cabeza de familia, que vela
por el sustento de su madre de 66 años quien presenta enfermedades
degenerativas y es amputada de los dos miembros inferiores. Asimismo, anotó que
sufre de múltiples padecimientos [trastorno de disco lumbar y otros con
radicuolopatía, trastorno discos intervertebrales, dolor agudo, trastorno depresivo
recurrente episodio depresivo grave presente, epilepsia, trastorno de adaptación,
cervicalgia, fibromialgia] que le impiden laborar, por lo que se encuentra
incapacitada para trabajar. Además, expresó que requiere el pago de las
incapacidades médicas pues es su único sustento.
4. Trámite previo
El 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la acción
de tutela, ordenó notificar la actuación a la demandante y a los demandados, esto
es, a la Nueva EPS, a Colpensiones y al Juzgado Catorce Administrativo de
Barranquilla.
De igual forma, negó la medida provisional solicitada por la actora, consistente en
el pago de las incapacidades médicas, porque «no se advierte la transgresión de
derecho fundamental alguno, más aún, cuando la situación planteada por la accionante ha
sido resuelta por otras dependencias judiciales».
De igual forma, vinculó al trámite, por tener interés directo del proceso, al Juzgado
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad y al
Despacho 06 del Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección B.
5. Oposición
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- pidió que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionante y, subsidiariamente, se declare
improcedente ante la existencia de cosa juzgada.
Señaló que cumplió con el reconocimiento de las incapacidades ordenadas en la
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Soledad desde el 21 de diciembre de 2021 hasta el 20 de
diciembre de 2022 (354 días) y, desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 2 de
junio de 2023 (161 días).
Por ello, afirmó que no vulneraron los derechos fundamentales de la accionante,
«comoquiera que el objeto de la presente tutela ya había sido estudiado, el cual ordenó el
pago de incapacidades con posterioridad al día 540, aunque no es competencia de
Colpensiones asumir su reconocimiento, por ser competente la EPS, conforme a lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 y sentencias T-144 de 2016 y Decreto
1333 de 2018», por lo que consideró que la presente acción de tutela debía ser
declarada improcedente ante la existencia de cosa juzgada.
En cuanto al trámite de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral,
manifestó que no opera de oficio y que se requiere que el ciudadano aporte la
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documentación requerida para tal fin. No obstante, procedió a dar apertura manual
al trámite de calificación de pérdida de la capacidad laboral. En dicho trámite,
mediante oficios de 14 de agosto de 2023 y de 4 de junio de 2024, requirió a la
accionante y a la Nueva EPS para que allegaran documentos adicionales, los que
no habían sido presentados5.
Finalmente, anotó que mediante comunicación de 9 de diciembre de 2024 le
informó a la señora Hernández Cortés lo expuesto en la presente contestación.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección B, Despacho 006 solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela. Advirtió que, de conformidad con
el Decreto 1069 de 2015, el conocimiento de la presente acción de tutela le
corresponde al Consejo de Estado, pues se cuestiona la providencia proferida por
la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En cuanto al fondo del asunto, manifestó que la sentencia de segunda instancia
proferida el 12 de noviembre de 2024 concluyó que se había configurado la cosa
juzgada, en tanto halló demostrado que dentro del expediente de tutela con
radicación 08758310900420230001600, se ventiló un asunto entre las mismas
partes y con igual objeto y causa jurídica, razón por la cual fue confirmado el fallo
impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela por configuración de la
cosa juzgada constitucional.
Señaló que no se configuraron los requisitos general o específicos de procedibilidad
de acción de tutela contra providencia judicial, por lo que debía declararse
improcedente la solicitud de amparo, máxime, si se tenía en cuenta que aún no se
surtía el trámite de escogencia para revisión de los fallos de tutela cuestionados.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Soledad rindió informe en el que narró las actuaciones judiciales proferidas por esa
entidad en la acción de tutela con radicado 2023-00016-00. Además, solicitó ser
desvinculado del trámite al no existir una actuación de ese juzgado que vulnere los
derechos de la accionante.
La Nueva EPS pidió que se la desvinculara del presente trámite tutelar, porque no
incumplió sus obligaciones legales y las ordenes proferidas en otras acciones de
tutela no fueron dirigidas a esa entidad. Argumentó que la acción de tutela es
subsidiaria y residual, y no procede para proteger derechos económicos, como el
pago de incapacidades, salvo que se demuestre un perjuicio irremediable, que no
fue probado en el presente asunto.
Detalló las reglas para el reconocimiento y pago de incapacidades médicas, según
la norma y la jurisprudencia vigentes, así: (i) los primeros 2 días corresponden al
empleador; (ii) desde el día 3 hasta el 180, la EPS asume el pago; (iii) desde el día
181 hasta el 540, la responsabilidad es de la Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP), siempre que la EPS haya remitido el concepto de rehabilitación
en los términos legales; (iv) a partir del día 541, las incapacidades pueden estar a
cargo de la EPS únicamente si se cumplen los supuestos específicos de la norma
y con derecho al recobro ante la ADRES.
5
Específicamente, solicitó: (i) valoración por neurología o por fisiatría, no mayor a 6 meses, con respecto a las patologías de
lumbago y sacroilitis; (ii) copia de la historia clínica, no mayor a 6 meses y; (iii) documento de identidad del afiliado.
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Radicado: 08001-23-33-000-2024-00457-01
Demandante: Liliana Hernández Cortés
Indicó que las acciones de tutela y los incidentes de desacato promovidos por la
accionante fueron resueltos y que las autoridades judiciales reconocieron el
cumplimiento de lo ordenado a las accionadas, máxime si se tenía en cuentas que
las solicitudes de desacato, se fundamentaron en ordenes que no fueron impartidas
a Nueva EPS, sino a Colpensiones o la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES). De modo que, cualquier supuesto
incumplimiento relacionado con el pago de incapacidades superiores al día 540 no
recae sobre Nueva EPS, sino sobre las entidades antes mencionadas.
Por otro lado, consideró que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
requisitos de subsidiariedad, inmediatez y con los requisitos específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial. En cuanto a la subsidiariedad,
advirtió que la accionante dispone del incidente de desacato para exigir el
cumplimiento de las órdenes judiciales previas relacionadas con el pago de
incapacidades o el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral.
Finalmente, advirtió que en caso de que se decida conceder el amparo solicitado,
solicita expresamente que se le faculte para recobrar ante la ADRES los montos
relacionados con las incapacidades superiores al día 540.
6. Sentencia de primera instancia
El 16 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C
profirió sentencia de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por
considerar que existía identidad de partes, objeto y causa, por lo que concluyó que
se configuraba el fenómeno de cosa juzgada constitucional, porque lo pretendido
ya había sido resuelto en sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Soledad. Además, señaló que esa autoridad judicial negó el incidente
de desacato al encontrar que existió cumplimiento de lo ordenado por parte de
Colpensiones.
Indicó que, a pesar de que esta es la tercera acción de tutela presentada sobre el
mismo asunto, no declararía temeridad porque la actora actuó de buena fe al
reconocer explícitamente las acciones previas y aportar las decisiones judiciales
respectivas, lo que evidencia un interés legítimo en la protección de sus derechos
fundamentales.
No obstante, advirtió que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Soledad, en el
incidente de desacato, no se pronunció frente al incumplimiento en el pago de las
incapacidades generadas posteriormente al día 540, es decir, desde el 3 de junio
de 2023 en adelante. De modo que, la accionante debía interponer un nuevo
incidente de desacato ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Soledad, para
que este verifique el cumplimiento de lo ordenado y, si corresponde, ordene a
Colpensiones sufragar las incapacidades adeudadas. En otras palabras, que la
presente solicitud de amparo no cumplió el requisito de subsidiariedad.
Por ello, conminó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Soledad, para que, en
caso de que la actora adelantara un nuevo incidente de desacato y verifique que
Colpensiones haya efectuado el pago de las incapacidades superiores a los 540
días.
10
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También dispuso conminar a la accionante y a Nueva EPS para que remitan a
Colpensiones la documentación necesaria que permita culminar formalmente el
trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral.
7. Impugnación
La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que el
tribunal se limitó a conminar al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Soledad para
que, en caso de que ella presentara un nuevo incidente de desacato, verificara el
cumplimiento de Colpensiones respecto al pago de incapacidades posteriores al
día 540. Sin embargo, destacó que este juzgado ha negado repetidamente dar
trámite a incidentes de desacato, lo que la ha dejado sin una vía judicial efectiva
para reclamar sus derechos.
Además, expuso que las decisiones judiciales proferidas en los trámites de tutela
han sido contradictorias. Por un lado, se le indicó que debía utilizar el incidente de
desacato para resolver su situación, mientras que, por otro, el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Soledad, al resolver el incidente de desacato, expresó que
debía interponerse una nueva acción de tutela para solicitar el pago de las
incapacidades posteriores al 3 de junio de 2023.
Además, anotó que el juez de primera instancia conminó al Juzgado Cuarto Penal
del Circuito de Soledad a verificar el cumplimiento de Colpensiones en relación con
el pago de las incapacidades superiores a los 540 días, en caso de que se
interponga un nuevo incidente de desacato. Pero, según ella, esto es incorrecto
porque este juzgado ya ha señalado que no puede tramitar el desacato debido a
que, conforme a su interpretación, el pago de las incapacidades superiores a los
540 días corresponde a la EPS y no a Colpensiones.
Por ello, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y se ordene, de manera
definitiva, a Colpensiones o a Nueva EPS el pago inmediato de las incapacidades
adeudadas. Finalmente, enfatizó la necesidad de una resolución que garantice la
protección efectiva de sus derechos fundamentales y evite dilaciones o decisiones
judiciales contradictorias que perpetúan su situación de vulnerabilidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión previa
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De forma preliminar, resulta necesario destacar que, aunque en principio, la
competencia para conocer del presente asunto en primera instancia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2023, recaería en el Consejo de
Estado, porque el objeto de la acción de tutela involucra una providencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección B y aun cuando el trámite
de tutela de primera instancia fue resuelto por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección C, en el presente caso se dará por superado ese aspecto, en
aras de garantizar los principios constitucionales de celeridad, eficacia, economía
procesal y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior encuentra respaldo en la naturaleza de la acción de tutela, la cual,
conforme con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
está concebida como un mecanismo preferente y sumario para la protección
inmediata de derechos fundamentales.
Adicionalmente, se destaca que la Subsección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico, que, conoció del presente caso se encuentra integrada por magistrados
diferentes a los que profirieron el fallo judicial controvertido. De modo que, se
encuentra a salvo la imparcialidad en el estudio de la acción de tutela y garantiza
que no se comprometan principios como la independencia judicial y el debido
proceso.
En ese sentido, la Sala concluye que la actuación del Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección C no afecta el desarrollo del presente trámite, por cuanto se
encuentra justificada en los principios constitucionales mencionados y en la
necesidad de garantizar una pronta y efectiva resolución de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
A lo anterior se suma que la Corte Constitucional ha precisado que la aplicación o
interpretación de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse
incompetente, ni mucho menos a declarar la nulidad de lo actuado por falta de
competencia. En lugar de ello, el juez debe tramitar la acción o decidir la
impugnación, según el asunto puesto a su conocimiento, lo cual se relaciona con el
principio perpetuatio jurisdictionis, según el cual, desde el momento en el que un
despacho judicial avoca conocimiento de una acción de tutela la competencia no
puede ser alterada ni en primera ni en segunda instancia, pues una conclusión
contraria afectaría, de manera grave, la finalidad de la acción de tutela frente a la
protección de los derechos fundamentales6.
Problemas jurídicos
De acuerdo con la impugnación presentada por la señora Liliana Hernández Cortés,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si es procedente la acción de
tutela presentada en este caso, porque se dirige contra decisiones judiciales
proferidas en el marco de otra acción de tutela, lo que implica analizar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia establecidos
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para estos casos.
En segundo lugar, deberá analizar, si de conformidad con los argumentos del
escrito de tutela y de la impugnación, si las pretensiones propuestas en este asunto,
6
Al respecto, ver auto 212 del 5 de mayo de 2021, Corte Constitucional.
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específicamente, las dirigidas contra la Nueva EPS, no fueron objeto de estudio en
las acciones de tutela previas y, por ende, si se configura o no la cosa juzgada
constitucional alegada por la parte demandada.
Finalmente, en caso de que se determine que alguna de las pretensiones
planteadas no fue objeto de análisis en las acciones de tutela anteriores,
corresponde a la Sala estudiar si se ha vulnerado alguno de los derechos
fundamentales invocados por la accionante, en particular los derechos al mínimo
vital, a la salud y a la dignidad humana, como consecuencia del presunto
incumplimiento en el pago de incapacidades superiores al día 540 y de la omisión
en el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral.
Procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela
7
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional , la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran
dentro de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe
superarse.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima,
casos en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso8.
En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencial
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y
contra actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.
Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una
decisión posterior9.
Asimismo, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal
diferente a esta Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
Por otro lado, en sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional preciso que
para estudiar las acciones de tutela en contra de sentencias de tutela en las que se
7
La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró,
entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de
2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011;
T-208 de 2013.
8
Sentencia T – 162 de 1997.
9
Reiterada en sentencia T-322 de 2019.
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alega la existencia de cosa juzgada fraudulenta, para que el amparo proceda en
estos casos, debe acreditarse el cumplimiento de dos tipos de requisitos: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales10 y, (ii) los requisitos específicos de procedencia excepcional en los
casos de fraude.
Específicamente, sobre el requisito general de subsidiariedad la Corporación
explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en principio son
improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de
que el trámite de selección y eventual revisión se haya surtido. Esta regla de
improcedencia, sin embargo, no es absoluta. En casos excepcionales, la acción de
tutela contra decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte
accionante no participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las
pruebas practicadas en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una
situación de fraude que se habría materializado en los fallos de tutela de instancia.
Los requisitos específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude
fueron enlistados, en los siguientes términos:
«La acción de tutela procede excepcionalmente contra decisiones de tutela cuando exista
fraude, siempre que se cumplan tres requisitos:
(i) La acción de tutela presentada no debe compartir identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada.
(ii) Deben existir pruebas o indicios que demuestran de manera “clara y suficiente” que la
decisión de tutela fue producto de una situación de fraude.
(iii) El accionante no cuenta con otro mecanismo legal para revertir la situación de fraude.
La acreditación de estos requisitos es una condición necesaria para emitir una orden de
amparo y declarar la existencia de cosa juzgada fraudulenta. Por esta razón, si estos requisitos
no se constatan, el amparo debe ser negado».
De la procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela en el presente
caso
De la lectura de los fundamentos de las pretensiones de la acción de tutela y de la
impugnación, es posible evidenciar que la actuación frente a la cual la señora
Liliana Hernández Cortés alega la vulneración de sus derechos fundamentales es
la sentencia de 16 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección B, que confirmó la sentencia del 2 de octubre de 2024,
proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla, que declaró
improcedente la acción de tutela con radicado 2024-00186-00. Es decir, la acción
de tutela de la referencia se ejerce contra un fallo de igual naturaleza.
Al respecto, la Sala encuentra que en el asunto objeto de estudio no se cumple el
requisito de subsidiariedad, porque a la fecha no se ha surtido el trámite de
selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional de la acción de tutela con
radicado núm. 2024-00186-00/01 interpuesta por la señora Liliana Hernández. Tal
como se evidencia en la siguiente captura de pantalla, tomada de la página web de
la Corte Constitucional:
10
Al respecto, precisó “La acreditación de estos requisitos es una condición para adelantar el estudio
de fondo. Por lo tanto, su incumplimiento conduce a la improcedencia de la acción de tutela.”.
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De manera que, la sentencia de tutela cuestionada no ha hecho tránsito a cosa
juzgada constitucional debido a que a la fecha se está surtiendo el trámite para
saber si será seleccionada o no y en esa medida no es posible habilitar el estudio
de la presente solicitud de amparo, si bien se ha permitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela en los casos que no han hecho tránsito a cosa
juzgada lo cierto es que en esos casos deben existir pruebas o indicios claros que
evidencien una situación de fraude.
Además, en el presente asunto, la accionante no alega siquiera que en la referida
actuación judicial se haya realizado alguna actuación que constituya una situación
de fraude real, clara y suficiente que justifique excepcionalmente la procedencia de
la acción de tutela contra las decisiones judiciales.
En consecuencia, en el caso analizado no se reúnen las condiciones de
procedibilidad de la tutela contra el fallo dictado en otro trámite de solicitud de
amparo y, por ello, se confirmará este punto la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente el amparo solicitado por la actora contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
De la inexistencia de otro medio de defensa para garantizar la protección de
los derechos fundamentales
En el escrito inicial, la actora que alegó la Nueva EPS y Colpensiones no efectuaron
el pago de incapacidades médicas posteriores al 3 de junio de 2023, lo que
ocasionó la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad
social, la dignidad humana y el acceso efectivo a la justicia, máxime si se tenía en
cuenta que se encuentra en un estado de indefensión al no poder laborar y que el
único sustento para subsistir lo obtiene mediante el pago de estas.
Además, advirtió que debía tenerse en cuenta que no cuenta con otro medio de
defensa para solicitar el pago de esas incapacidades, porque: (i) el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Soledad, en auto del 12 de febrero de 2024, negó el incidente
de desacato promovido por la accionante, alegando que no podía extenderse el
cumplimiento del fallo de tutela de 25 de julio de 2023 a hechos posteriores a su
expedición, lo que la dejó sin un mecanismo efectivo de protección, y; (ii) las
decisiones proferidas en el trámite de la acción de tutela con radicado 2024-00186-
00 proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico declararon improcedente la acción de tutela al encontrar
que existía cosa juzgada.
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Para empezar, se reitera que la acción de tutela, de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Política, tiene un carácter eminentemente subsidiario y residual,
en la medida en que solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial
o cuando este resulta ineficaz para la protección inmediata de los derechos
fundamentales comprometidos. El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 reitera ese
principio al señalar la improcedencia de la tutela «cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales» a los que pueda acudir el accionante.
En tal sentido, ha enfatizado la Corte Constitucional11 que la función principal de la
acción de tutela es evitar que, por ausencia de un recurso judicial idóneo o ante la
notoria ineficacia de los medios existentes, se produzca una vulneración o amenaza
grave de los derechos fundamentales.
En el presente caso, se acreditó que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Soledad negó en dos oportunidades la apertura de
incidentes de desacato, al estimar que la orden impartida en la sentencia de tutela
del 25 de julio de 2023 no cobijaba las incapacidades posteriores al 3 de junio de
2023, por lo que no podía extenderse el cumplimiento del fallo a hechos ocurridos
con posterioridad.
Asimismo, la accionante promovió una nueva acción de tutela (radicado núm. 2024-
00186-00) para obtener el pago de las incapacidades posteriores al 3 de junio de
2023. En dicha oportunidad, los despachos judiciales de primera y segunda
instancia (Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y Tribunal Administrativo
del Atlántico, Subsección B) negaron el amparo al considerar que existía cosa
juzgada frente a la misma pretensión.
De modo que, se encuentra que la señora Liliana Hernández Cortés agotó los
medios de defensa dispuestos en el ordenamiento jurídico y no dispone de otro
mecanismo judicial eficaz para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, salud y seguridad social, por la manera en que han
resueltas judicialmente sus solicitudes de amparo y la imposibilidad real de resolver
por otras vías su pretensión de pago de las incapacidades posteriores al día 540.
En otras palabras, en el presente asunto, no hay un procedimiento judicial que le
permita a la actora someter la controversia al escrutinio de la justicia de manera
efectiva, porque, como se expuso, el incidente de desacato fue descartado y la
acción de tutela declarada improcedentes.
Por consiguiente, en el asunto bajo examen, resulta imperativo adelantar un estudio
de fondo de las pretensiones que la señora Liliana Hernández Cortés ha formulado
frente a la Nueva EPS y Colpensiones, en lo concerniente al pago de las
incapacidades médicas que superan el día 540 y a la continuidad de su atención
en salud hasta que culmine el proceso de calificación de pérdida de la capacidad
laboral. De lo contrario, se perpetuaría la vulneración de sus derechos
fundamentales.
De las pretensiones elevadas contra la Nueva EPS y Colpensiones
11
Sentencia T-153 de 2013
16
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En el presente asunto, la accionante solicita, principalmente, el pago de las
incapacidades médicas generadas después del 3 de junio de 2023, esto es,
posteriores al día 541, así como la garantía de la continuidad en el trámite de
calificación de la pérdida de su capacidad laboral. Dichas pretensiones están
dirigidas en contra de la Nueva EPS y de Colpensiones, al considerar que, por un
lado, la EPS tiene a su cargo el pago de las incapacidades superiores al día 540, y
por otro, la administradora de pensiones no habría cumplido oportunamente con su
obligación de calificar la pérdida de capacidad laboral.
Sobre el particular, obra en el expediente la sentencia de fecha 25 de julio de 2023,
proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Soledad, mediante la cual se ordenó a Colpensiones asumir el pago de las
incapacidades médicas posteriores al día 540, pese a que, de conformidad con la
norma vigente, dicha obligación le correspondía, en principio, a la Nueva EPS. El
fundamento de esa orden radicó en la omisión de Colpensiones al no iniciar
oportunamente el trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la
accionante, a pesar de existir un concepto favorable de rehabilitación emitido por la
EPS.
También está demostrado que, en el incidente de desacato instaurado por la actora,
Colpensiones acreditó haber cumplido con la orden judicial, toda vez que realizó el
pago de las incapacidades hasta el 3 de junio de 2023 y demostró que inició las
gestiones pertinentes para llevar a cabo la evaluación de la pérdida de la capacidad
laboral de la señora Hernández Cortés.
Como consecuencia de ello, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Soledad
consideró que la entidad accionada había dado cumplimiento a lo dispuesto en su
decisión y, en tal virtud, negó la apertura del incidente de desacato, por estimar que
no subsistía un incumplimiento de la orden impartida. No obstante, dicho juzgado
no se pronunció acerca de las incapacidades generadas con posterioridad al
período ordenado en la sentencia (esto es, después del 3 de junio de 2023), en la
medida en que tales hechos excedían lo resuelto en el fallo que había sido objeto
del incidente.
De ahí que, la accionante no puede interponer un incidente de desacato para
solicitar el pago de las incapacidades generadas a partir del 3 de junio de 2023, en
la medida en que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Soledad limitó su
pronunciamiento a la verificación del cumplimiento de la orden impartida en la
sentencia de 25 de julio de 2023 y excluyó de su estudio los periodos de
incapacidad posteriores al 3 de junio de 2023, luego, se configura un vacío en la
protección efectiva de sus derechos fundamentales.
Por consiguiente, es procedente que la Sala analice de fondo el presente asunto,
con el fin de determinar si persiste una vulneración de sus derechos y a qué entidad
corresponde el pago de las incapacidades reclamadas, pues no existe otro medio
de defensa judicial idóneo y oportuno para la garantía de sus derechos
fundamentales.
Determinación de la entidad obligada al pago de las incapacidades superiores
al día 540
17
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La jurisprudencia constitucional ha resaltado la importancia del pago de las
incapacidades al considerarlas un mecanismo esencial para garantizar los
derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital del trabajador, así como
de los miembros de su núcleo familiar que dependan económicamente de él. Esto
se debe a que dicha prestación reemplaza el salario durante el período en que la
persona, debido a su estado de salud, se encuentra imposibilitada para
desempeñar actividades laborales que le generen ingresos. De esa forma se
garantiza una forma de remuneración y la recuperación del trabajador, como lo
exige su dignidad humana12.
Ahora bien, de conformidad con la normativa vigente, el pago de las incapacidades
médicas se distribuye según el número de días de incapacidad. En la siguiente tabla
se sintetiza la entidad encargada, el número de días que le corresponde pagar y el
sustento normativo de esa obligación:
Periodo Entidad Fuente Normativa
Obligada
Día 1 a 2 Empleador Artículo 1 del Decreto 2943 de 2013
Día 3 a 180 EPS Artículo 1 del Decreto 2943 de 2013 - Artículo
121 del Decreto Ley 019 de 2012
Día 181 hasta Fondo de Artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 y
540 Pensiones sentencia T-401 de 2017
Día 541 en EPS Artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, sentencia
adelante T-144 de 2016 y Decreto 1333 de 2018
En cuanto a las incapacidades médicas generadas de forma posterior al día 540,
es necesario traer en cita al literal a) del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, que
señala que el reconocimiento y pago le corresponde a las EPS, así:
«Artículo 67. Recursos que administrará la entidad administradora de los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Entidad administrará los siguientes
recursos:
(…)
a) El reconocimiento y pago a las Entidades Promotoras de Salud por el aseguramiento y
demás prestaciones que se reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, incluido el pago de incapacidades por enfermedad de origen común que
superen los quinientos cuarenta (540) días continuos. El Gobierno Nacional reglamentará,
entre otras cosas, el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte de
las EPS, el momento de calificación definitiva, y las situaciones de abuso del derecho que
generen la suspensión del pago de esas incapacidades.»
Asimismo, el Decreto 1333 de 2018, dispuso que las Empresas Promotoras de
Salud son las obligadas a reconocer y pagar las incapacidades médicas por origen
común superiores a 540 días, así:
CAPÍTULO III
INCAPACIDADES SUPERIORES A 540 DÍAS
12
Sentencias C-065 de 2005, T-468 de 2010 y T-200 de 2017.
18
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ARTÍCULO 2.2.3.3.1. Reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540 días. Las
EPS y demás EOC reconocerán y pagarán a los cotizantes las incapacidades derivadas
de enfermedad general de origen común superiores a 540 días en los siguientes casos:
1. Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en
virtud del cual se requiera continuar en tratamiento médico.
2. Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o
lesión que originó la incapacidad por enfermedad general de origen común, habiéndose
seguido con los protocolos y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante.
3. Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones que
prolonguen el tiempo de recuperación del paciente.
De presentar el afiliado cualquiera de las situaciones antes previstas, la EPS deberá
reiniciar el pago de la prestación económica a partir del día quinientos cuarenta y
uno (541).»
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-
144 de 2016 ha sostenido que, trascurrido el día 540, la obligación de continuar
pagando las prestaciones económicas por incapacidad temporal recae en la EPS.
Asimismo, en la sentencia T-401 de 2017, la Corte Constitucional anotó que los
pagos posteriores al día 540 por parte de la EPS no se encuentran condicionados
a que «se haya surtido la calificación de pérdida de capacidad laboral, toda vez que la falta
de diligencia de las entidades no puede derivar una carga más gravosa para quien afronta
una incapacidad prolongada».
En esa misma línea, se pronunció la Corte Constitucional, en las sentencias T-194
de 2021 y la T-369 de 2022, reconoció que las incapacidades médicas emitidas con
posterioridad al día 540 deben ser reconocidas y pagadas por la EPS del afiliado.
Posteriormente, el Gobierno Nacional por medio del Decreto 1427 de 2022
reglamentó el literal a) del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, en el que mantuvo
la obligación de las EPS o las «entidades adaptadas» a reconocer y pagar a los
cotizantes las incapacidades de origen común superiores a 540 días en los
siguientes casos, así:
«Artículo 2.2.3.6.1 Reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540 días. Las
entidades promotoras de salud o las entidades adaptadas reconocerán y pagarán a los
cotizantes las incapacidades de origen común superiores a 540 días en los siguientes
casos:
1. Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en
virtud del cual se requiera continuar en tratamiento médico.
2. Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o
lesión que originó la incapacidad de origen común, habiéndose seguido con los protocolos
y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante.
3. Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones, que
prolonguen el tiempo de recuperación del paciente.
De presentar el afiliado cualquiera de las situaciones antes previstas, la entidad promotora
de salud o entidad adaptada deberá reiniciar el pago de la prestación económica a partir
del día quinientos cuarenta y uno (541)
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Artículo 2.2.3.6.2 Momento de la calificación definitiva. Cuando la entidad promotora de
salud o entidad adaptada emita concepto desfavorable de rehabilitación, se dará inicio al
trámite de calificación de Invalidez de que trata el artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012.
Artículo 2.2.3.6.3 Trámites y gratuidad. Los trámites de reconocimiento de las
incapacidades de origen común son gratuitos y se realizaran directamente ante las
entidades competentes, sin necesidad de tramitadores ni intermediarios.
Las entidades responsables del reconocimiento y pago de las incapacidades de origen
común dispondrán de mecanismos que permitan a los usuarios el acceso y seguimiento
en línea al estado de las solicitudes.».
De modo que, de conformidad con la norma vigente y la jurisprudencia
constitucional, el pago de las incapacidades médicas superiores a 540 días
corresponde a la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador, sin que ello
dependa de la culminación del trámite de calificación de pérdida de capacidad
laboral.
Precisado lo anterior, corresponde ahora determinar a quién le compete el pago de
las incapacidades médicas generadas con posterioridad al 3 de junio de 2023.
Para ello, es necesario analizar la aplicación de las normas y la jurisprudencia
citada y las circunstancias particulares del expediente, a fin de establecer con
claridad cuál es la entidad responsable de asumir dicha obligación.
Para empezar, se encuentra que la señora Hernández Cortés presentó como
prueba las siguientes incapacidades médicas que afirma que a la fecha no han sido
pagadas:
Fecha de Incapacidad Número de
Incapacidad
27 de agosto al 9 de septiembre de 2024 -
9 al 15 de febrero de 2024 0010094644
16 al 22 de febrero de 2024 0010119581
23 al 24 de febrero de 2024 0010705544
27 de febrero al 4 de marzo de 2024 0010156719
5 al 11 de marzo de 2024 0010705544
15 al 16 de marzo de 2024 0010812130
8 al 14 de abril de 2024 0010277917
15 al 21 de abril de 2024 0010304226
22 al 28 de abril de 2024 0010331995
2 al 8 de mayo de 2024 0010369510
9 al 15 de mayo de 2024 0010391607
16 al 22 de mayo de 2024 0010418650
23 de mayo al 6 de junio de 2024 0010449825
7 al 13 de junio de 2024 0010508811
18 al 24 de junio de 2024 0010542318
25 de junio al 1 de julio de 2024 0010573370
2 al 8 de julio de 2024 0010599428
9 al 14 de julio de 2024 0010631131
19 al 20 de julio de 2024 0010676684
22 al 28 de julio de 2024 0010687418
29 de julio al 12 de agosto de 2024 0010715026
13 al 26 de agosto de 2024 0010767183
10 al 23 de septiembre de 2024 0010896157
24 de septiembre al 8 de octubre de 2024 0010926188
9 al 22 de octubre de 2024 00110004151
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Como se expuso anteriormente, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Soledad,
que conoció la primera tutela, impuso la obligación de pago a Colpensiones, a pesar
de que la norma asigna dicha responsabilidad a la EPS a partir del día 541, en
razón a que la administradora de pensiones omitió iniciar oportunamente el trámite
de calificación de pérdida de la capacidad laboral de la señora Liliana Hernández
Cortés. Por esta razón, el juzgado ordenó a Colpensiones asumir el pago de las
incapacidades hasta que adelantara las gestiones necesarias para el referido
trámite.
Posteriormente, en el incidente de desacato promovido por la accionante, el mismo
juzgado verificó y concluyó que Colpensiones cumplió con la orden impartida y
expresó que las incapacidades posteriores al 3 de junio de 2023 constituían hechos
que escapaban del marco de la acción de tutela, por lo que no podían ser
analizados. En consecuencia, al no subsistir incumplimiento alguno, el juzgado
negó la apertura del incidente de desacato y no extendió la obligación de pago de
Colpensiones más allá del 3 de junio de 2023.
Por lo tanto, no existe una orden judicial que imponga a Colpensiones la carga de
seguir asumiendo las incapacidades posteriores a dicha fecha, razón por la cual
existe una orden que la obligue a realizar pagos adicionales.
Por otro lado, la Sala encuentra que, de conformidad con la norma vigente, el pago
de las incapacidades médicas superiores a 540 días recae en la Entidad Promotora
de Salud a la que se encuentre afiliado el trabajador, sin que esta obligación esté
supeditada a la culminación del trámite de calificación de la pérdida de capacidad
laboral, tal como lo establece el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto 1333
de 2018 y la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional.
En consecuencia, en el presente asunto, el pago de las incapacidades generadas
después del 3 de junio de 2023 debe ser asumido por la Nueva EPS, pues es la
entidad a la que le corresponde garantizar la continuidad en la prestación
económica del trabajador incapacitado.
Aunado a lo anterior, de las pruebas allegadas al expediente se desprende que a
la accionante se le han generado incapacidades médicas posteriores al 3 de junio
de 2023, sin que se evidencie que la Nueva EPS haya cumplido con su deber de
efectuar el pago correspondiente. Dicha omisión vulnera los derechos
fundamentales de la señora Liliana Hernández Cortés, quien, debido a su estado
de salud, depende económicamente del reconocimiento de dichas prestaciones
para garantizar su mínimo vital y el de su núcleo familiar.
Dado que la accionante no cuenta con otro mecanismo idóneo para obtener el pago
de las incapacidades adeudadas y se encuentra en una situación de vulnerabilidad
que compromete su subsistencia, se hace imperativo el amparo de sus derechos
fundamentales.
Por lo tanto, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
ampararán los derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital, la
seguridad social y la vida digna. En consecuencia, se ordenará a la Nueva EPS el
reconocimiento y pago inmediato de las incapacidades médicas generadas desde
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el 3 de junio de 2023 y que se generen, hasta que se adopte una decisión definitiva
sobre su pérdida de capacidad laboral.
En cuanto a la solicitud de la Nueva EPS para que se le autorice el recobro de las
incapacidades ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES, es pertinente señalar que el objeto de la
acción de tutela no es autorizar recobros, sino garantizar la protección de los
derechos fundamentales invocados, razón por la que no resulta ser la acción de
tutela el medio para autorizar cuestiones de orden económico y administrativo.
Además, si la Nueva EPS considera que tiene derecho al recobro, dicho mecanismo
se encuentra previsto en la norma, por lo que le corresponde adelantar los trámites
administrativos pertinentes para su reconocimiento, en caso de que resulte
procedente.
Finalmente, se encuentra acreditado en el expediente que Colpensiones, en razón
a lo ordenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Soledad, inició el trámite de calificación de pérdida de la
capacidad laboral. Sin embargo, este no ha sido completado debido a la omisión
de la Nueva EPS en aportar los documentos requeridos y en gestionar las citas
médicas necesarias para tal fin. A pesar de los requerimientos realizados por
Colpensiones, la EPS no ha remitido la historia clínica ni ha adelantado las
evaluaciones médicas solicitadas, requisitos indispensables para la determinación
de la pérdida de capacidad laboral de la accionante, lo que ha generado un grave
perjuicio a sus derechos fundamentales, al prolongar su estado de indefinición y
afectar el acceso a prestaciones económicas y pensionales.
Por lo anterior, se ordenará a la Nueva EPS que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este fallo, adelante todas las gestiones
pertinentes para garantizar la realización de las citas médicas necesarias y, en
término no mayor a un (1) mes, remita la totalidad de los documentos requeridos a
Colpensiones para la culminación del trámite de calificación de pérdida de
capacidad laboral de la señora Liliana Hernández Cortés. A su vez, una vez
Colpensiones reciba la documentación completa por parte de la Nueva EPS, en
término no mayor a un (1) mes, deberá culminar el trámite de calificación de pérdida
de capacidad laboral de la señora Hernández Cortés y adoptar una decisión sobre
su pérdida de capacidad laboral.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la decisión de primera instancia del 16 de diciembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C. En su lugar:
2. Amparar los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la
vida digna de la señora Liliana Hernández Cortés. En consecuencia:
3. Ordenar a la Nueva EPS el reconocimiento y pago inmediato de las
incapacidades médicas generadas desde el 3 de junio de 2023 y que se generen
hasta que se adopte una decisión definitiva sobre la pérdida de capacidad laboral
de la señora Liliana Hernández Cortés.
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4. Ordenar a la Nueva EPS que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de este fallo, adelante todas las gestiones pertinentes para
garantizar la práctica de las citas médicas necesarias y, en término no mayor a un
(1) mes, remita la totalidad de los documentos requeridos a Colpensiones para la
culminación del trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral de la señora
Liliana Hernández Cortés.
5. Ordenar a Colpensiones que, una vez reciba la documentación completa por
parte de la Nueva EPS, en término no mayor a un (1) mes, culmine el trámite de
calificación de pérdida de capacidad laboral de la señora Liliana Hernández Cortés
y adopte una decisión sobre su pérdida de capacidad laboral.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
7. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
8. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ
ARGÜELLO MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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