Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2025-00016-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2025-00016-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 08001-23-33-000-2025-00016-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00016-01
Accionante: CLINICA LA VICTORIA S.A.S.
Accionados: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES
Tema: Auditoría de las reclamaciones presentadas a la ADRES con
cargo a la subcuenta ECAT. Confirma decisión de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia del 11 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión C. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en el Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el
Acuerdo 434 de 2024).
La impugnación fue concedida mediante auto del 19 de febrero de 2025, y el
proceso fue remitido a esta corporación el 18 de noviembre de este año. Por lo
anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393
de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Clínica La Victoria S.A.S.
presentó demanda en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema
1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el
artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código [...].
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Accionante: Clínica La Victoria S.A.S.
Accionado: Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES
Radicado: 08001-23-33-000-2025-00016-01
General de Seguridad Social en Salud – ADRES, con el fin de obtener el
acatamiento de los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 20165, 8 de la
Resolución 1236 del 2023 del Ministerio de Salud y de Protección Social6 y 16 de la
Resolución 12758 de 2023 de la ADRES7.
2. En consecuencia, la accionante formuló la siguiente pretensión:
Se sirva ordenar a la accionada ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES, que de
forma INMEDIATA entregue el resultado de auditoría de las reclamaciones
radicadas en el mes de junio, Julio, agosto, septiembre y octubre, de 2024 por
CLÍNICA LA VICTORIA SAS, dando estricta aplicación a la normatividad vigente
en materia de prestación de los servicios de salud, en especial, a lo ordenado
en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 08 de la
Resolución 1236 del 2023 del Ministerio de Salud y de Protección Social y
artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023 de ADRES, sin ninguna dilación y/o
interpretación apartada de este marco jurídico, que motiva esta respetuosa
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. De acuerdo con el Articulo 15 de la Ley 393 de
1997, el cual señala:
“Artículo 15º.- Cumplimiento Inmediato. En desarrollo del principio
Constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal,
el Juez que conozca de la solicitud podrá ordenar el cumplimiento del
deber omitido, prescindiendo de cualquier consideración formal, siempre
y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda
deducir una grave o inminente violación de un derecho por el
incumplimiento del deber contenido en la Ley o Acto Administrativo, salvo
que en el término de traslado el demandado haya hecho uso de su
derecho a pedir pruebas.”
1.2. Posición de la parte demandante
3. La Clínica La Victoria S.A.S. afirmó prestar el servicio de salud a víctimas de
accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin póliza SOAT. Estos servicios
se brindan con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social que
administra la ADRES a través de la subcuenta de Riesgos Catastróficos y
Accidentes de Tránsito – ECAT.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.6.1.4.2.2. del Decreto 780
de 2016, la demandante le presentó a la ADRES la reclamación por servicios
prestados en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024, sin
5
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social».
6
«Por la cual se definen los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de las reclamaciones,
la realización de la auditoría integral y el pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de las
víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos de origen natural
presentados ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES)».
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«Por la cual se adoptan las condiciones operativas de las etapas del procedimiento para el control,
verificación, reconocimiento y pago de las reclamaciones por servicios de salud, indemnizaciones y gastos
de las víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos de origen natural
presentadas con cargo a los recursos que administra la ADRES».
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que se haya comunicado el resultado de la auditoría correspondiente. Ello, pese a
que el término de 2 meses previsto en el artículo 2.6.1.4.3.12 ibidem ya finalizó.
5. Al respecto, precisó que el procedimiento para tramitar las reclamaciones por
prestación del servicio de salud a víctimas de accidentes de tránsito está definido
en el artículo 4 de la Resolución 12758 de 2023. Este acto establece las siguientes
etapas: (i) inscripción ante la ADRES, (ii) radicación, (iii) auditoría integral, (iv)
comunicación del resultado de la auditoría, (v) respuesta al resultado de la auditoría,
(vi) resultado de la respuesta a glosa y (vii) pago.
6. En este caso, puso de presente que las reclamaciones presentadas no han
superado la etapa de radicación, «pues debido a la inactividad administrativa de la
ADRES, las mismas no continuaron el proceso establecido para ser desarrollado en
DOS MESES, pues […] la AUDITORIA INTEGRAL, no se ha realizado».
7. Por lo anterior, indicó que la demandada ha incumplido con «el deber que la
Ley y los reglamentos le asignan», comoquiera que no ha realizado la auditoria
integral ni ha comunicado su resultado, aun cuando ya se superó el plazo de dos
meses desde la radicación.
8. Finalmente, afirmó haber constituido en renuencia a la ADRES mediante
escrito 20246309420282, presentado en diciembre de 2024, sin que la entidad
garantizara el obedecimiento de los deberes legales y reglamentarios incumplidos.
Esto, pues, en su respuesta, se limitó a describir as etapas del procedimiento
administrativo, las dificultades en el proceso de contratación de las firmas de
auditoría que se encargarían de «subsanar el rezago y que el trámite administrativo
se suscite en los términos y condiciones previstas», así como la posibilidad de que
los valores cobrados puedan estar sujetos a deducciones, descuentos o glosas.
1.3. Posición de la parte demandada
9. La ADRES solicitó que se declare la improcedencia de la acción sub examine,
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. A su juicio, la clínica accionante
cuenta con los medios de control de la jurisdicción contencioso-administrativa8 para
reclamar el pago de los servicios prestados con cargo a la subcuenta ECAT. Para
ello, mencionó que, en el auto 493 de 2023, la Corte Constitucional precisó que la
competencia de los asuntos relacionados con las reclamaciones objeto de la
demanda «recae en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011».
10. También sostuvo que, en este caso, no es posible superar el requisito de
subsidiariedad, puesto que la demanda no tiene por objeto evitar «un inminente
peligro de sufrir un perjuicio irremediable».
8
La ADRES no especificó cuál o cuáles serían procedentes
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1.4. Fallo de primera instancia
11. En sentencia de 11 de febrero de 2025, la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró el incumplimiento por parte de la ADRES de los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 8 de la Resolución 1236 del 2023
del Ministerio de Salud y de Protección Social y 16 de la Resolución 12758 de 2023
de la ADRES. En consecuencia, adoptó las siguientes órdenes:
SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES-, el
CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de
2016, el artículo 08 de la Resolución 1236 del 2023 del Ministerio de Salud y de
Protección Social y el artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023 de ADRES.
Para tal efecto la ADRES debe concluir y comunicar la auditoría integral de las
reclamaciones Nos: 397821 de 22/06/2024; 396798 de 15/06/2024; 403587 de
27/07/2024; 403143 de 25/07/2024; 401133 de 13/07/2024; 408882 de
31/08/2024; 407400 de 26/08/2024; 413383 de 25/09/2024; 412352 de
20/09/2024; 411216 de 12/09/2024; 417550 de 21/10/2024; 415276 de
7/10/2024; 414721 de 3/10/2024, adoptando las decisiones de fondo que
correspondan.
TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES- resolver
de manera integral y en el término de treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria de esta decisión, las reclamaciones que a continuación se relacionan:
Fecha de
Radicado
radicación
396798 15/06/2024
397821 22/06/2024
401133 13/07/2024
403143 25/07/2024
403587 27/07/2025
407400 26/08/2024
408882 31/08/2024
411216 12/09/2024
412352 20/09/2024
413383 25/09/2024
414721 3/10/2024
415276 7/10/2024
417550 21/10/2024
12. Para el a quo, la demanda superó los requisitos de procedibilidad, porque:
(i) la clínica accionante constituyó en renuencia a la ADRES y (ii) la actora no cuenta
con otro medio de defensa judicial, habida cuenta de que el auto 493 de 2023 no
guarda correspondencia fáctica ni jurídica con el objeto de la demanda, pues aquel
resolvió un conflicto de competencia jurisdiccional respecto de la omisión de pago
de servicios médicos con cargo al ECAT, mientras que en el asunto sub examine
se pretende el cumplimiento del ordenamiento jurídico en aras de que se concluya
el procedimiento administrativo. Por tanto, estimó que aún no existe «acto
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administrativo que demandar, ni controversia controlable legalmente en reparación
directa o de otra índole».
13. En cuanto a la legitimación por pasiva de la ADRES, el tribunal determinó
que la demandada sí tiene la obligación de resolver las reclamaciones presentadas
con cargo al ECAT, en virtud de lo previsto en los artículos 167 de la Ley 100 de
19939, así como 6610 y 7311 de la Ley 1753 de 2015. En esa medida, los problemas
contractuales para la atender los procesos de auditoría, expuestos por la
demandada en la respuesta a la constitución en renuencia, no relevan a la ADRES
del cumplimiento de sus obligaciones legales. Al respecto, destacó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la contratación de una firma
de auditoría externa «no equivale a que la ADRES ya no tenga la obligación de
tramitar y decidir las reclamaciones sino que la misma será compartida con la firma
auditora que se contrate para tal finalidad».
14. Por lo anterior, concluyó que los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de
2016 y 8 de la Resolución 1236 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social
sí le imponen a la ADRES el deber de llevar a cabo la auditoría integral de la
9
«ARTÍCULO 167. Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito. En los casos de urgencias
generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos
explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud, los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán derecho
al cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por
muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. El Fondo de Solidaridad y Garantía
pagara directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno
Nacional de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. PARÁGRAFO
1. En los casos de accidentes de tránsito, el cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicas y demás
prestaciones continuara a cargo de las aseguradoras autorizadas para administrar los recursos del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito con las modificaciones de esta Ley. PARÁGRAFO 2. Los demás
riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a la subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía, de
acuerdo con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional […]».
10
«ARTÍCULO 66. Del manejo unificado de los recursos destinados a la financiación del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Con el fin de garantizar el adecuado flujo y los
respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, créase una entidad
de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y
comercial del Estado que se denominará Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social (MSPS), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio independiente […]. La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte
del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector
Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones
no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como
consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); los cuales confluirán en la Entidad. En ningún
caso la Entidad asumirá las funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud […]».
11
«ARTÍCULO 73. Procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del
aseguramiento en salud. Los procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos
del aseguramiento en Salud que se surten ante el Fosyga o la entidad que asuma sus funciones se regirán
por las siguientes reglas: Tratándose de recobros y reclamaciones: a). El término para efectuar
reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud que administre la ADRES será de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de
la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado
dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se
extingue la obligación para la ADRES o la entidad que haga las veces con cargo a los recursos del sistema
[…]».
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reclamación en el término de 2 meses desde el cierre del periodo de radicación, el
cual fue incumplido por la demandada.
1.5. Impugnación
15. La demandada impugnó la decisión de segunda instancia, con base en los
mismos argumentos expuestos en la contestación. En particular, manifestó que el a
quo no analizó en debida forma la procedencia de la acción de cumplimiento, la cual
debe ser declarada improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad.
II. CONSIDERACIONES
16. La Sala confirmará la sentencia del 11 de febrero de 2025, mediante la cual
Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las
pretensiones de la acción de cumplimiento sub examine.
17. Para ello, analizará las siguientes cuestiones: (i) el agotamiento del requisito
de constitución en renuencia; y (ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia
de este mecanismo constitucional; (iii) el estudio del requisito de subsidiariedad; y
(iii) si del contenido de las disposiciones invocadas se deriva un mandato
susceptible de ser exigido mediante este medio de control y si este fue incumplido
en este caso.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia
18. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del
mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que
la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento12.
19. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»13. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de la
demanda.
12
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el
propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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20. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia. En
efecto, la parte actora acreditó haber presentado a la ADRES, mediante correo
electrónico de 10 de diciembre de 202414, la «solicitud de Cumplimiento
Constitución en renuencia» del «artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016,
artículo 08 de la Resolución 1236 del 2023 y artículo 16 de la Resolución 12758 de
2023, con el fin de constituir la renuencia de la que trata la Ley 393 de 1997 y el
articulo 161 numeral 3 del CPACA».
21. Así mismo, aportó copia de la respuesta emitida por la ADRES el 30 de
diciembre de 2024, y remitida por mensaje de datos del 2 de enero de 2025,
identificada con el radicado 20244200547581.
22. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la parte demandada.
2.1.2. La acción supera los requisitos de procedencia
23. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)15.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan
ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).
14
Este mensaje de datos fue enviado a las siguientes direcciones de correo electrónico:
correspondencia1@adres.gov.co y correspondencia2@adres.gov.co.
15
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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24. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos
se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en
ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a
partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
25. En este caso, la asociación accionante solicita el cumplimiento de los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 8 de la Resolución 1236 del 2023
del Ministerio de Salud y de Protección Social y 16 de la Resolución 12758 de 2023
de la ADRES, con el fin de que se entregue el resultado de las reclamaciones
presentadas en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, todas del
año 2024.
26. Al respecto, esta Sección encuentra acreditados los requisitos de
procedencia de la acción de cumplimiento, por las siguientes razones:
27. Primero, las disposiciones invocadas por la actora se encuentran vigentes y
tienen rango de ley y de acto administrativo, respectivamente.
28. Segundo, la acción se dirige en contra de una autoridad pública. Esto, porque
el deber presuntamente incumplido estaría a cargo de la ADRES, la cual es una
entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional, creada
por el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015.
29. Tercero, lo pretendido por la accionante no es susceptible de ser exigido
mediante la acción de tutela, en tanto el asunto no versa sobre una presunta
vulneración de garantías iusfundamentales.
30. Cuarto, el cumplimiento del deber cuyo acatamiento se demanda no conlleva
gasto, pues el objeto de la demanda es que se lleve a cabo el proceso de autoría
de las reclamaciones ya presentadas, lo cual no necesariamente implica el pago.
Por ende, no hay una acción a cargo de la demandada que implique la erogación
de partidas presupuestales.
2.1.3. La acción supera el requisito de subsidiariedad
31. En la impugnación, la ADRES reafirmó los argumentos presentados en la
contestación de la demanda relativos a la improcedencia de la acción, por cuanto
no supera el requisito de subsidiariedad y tampoco se advierte la posible
configuración de un perjuicio irremediable.
32. Sin embargo, en este caso, sí se encuentra satisfecho tal presupuesto de
procedencia, pues la accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial para
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solicitar el cumplimiento de las normas invocadas en la demanda, de conformidad
con el criterio pacífico y reiterado de la Sección Quinta adoptado desde el 202116.
33. Al respecto, es importante destacar que, antes de dicha fecha, en casos
similares en los que distintas IPS reclamaban que la ADRES realizara las autorías
integrales producto de reclamaciones de recobro por la prestación de servicios
médicos, esta Sección declaró la improcedencia por considerar que las accionantes
contaban con otros medios de defensa judicial17. Esto, por estimar que «en la
sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia
de la acción de tutela cuando lo pretendido sea obtener la resolución y pago de las
reclamaciones de recobro realizadas por las entidades prestadoras de los servicios
de salud ante el antiguo Fondo de Seguridad y Garantía (FOSYGA)».
34. En este marco, la Sección Quinta consideraba que las IPS pretendían
específicamente «que se surta el procedimiento de la reclamación […], el cual debe
culminar con el pago de los servicios médicos prestados conforme lo indica el
artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645 de 2016,
sin embargo, tal normativa está siendo objeto de estudio y seguimiento por la Sala
Especial de la Corte desde el año 2009 y hasta la fecha». En ese sentido, declaraba
que las instituciones podían hacerse partícipes en la Sala de Seguimiento de la
sentencia T-760 de 2008 o acudir a interponer un incidente de desacato. Ello, en
procura de satisfacer sus pretensiones relacionadas con el desarrollo de las
auditorías integrales y el consecuente pago. Asimismo, se disponía la remisión de
copias de las sentencias y expedientes sobre el tema, a la Sala Especial de
Seguimiento que conformó la Corte Constitucional para la sentencia T-760 de 2008.
35. Con ocasión de ello, dos entidades18, que acudieron previamente en acción
de cumplimiento con el fin de obtener los resultados de las mencionadas auditorías
en el término de los dos meses que indican las disposiciones invocadas en esta
oportunidad, interpusieron incidente de desacato ante la Sala de Seguimiento de la
sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Su pretensión última se
circunscribía a que la ADRES realizara las auditorías atrasadas para realizar el
recobro de sumas adeudadas.
36. No obstante, mediante auto 325 del 4 de septiembre de 2020, la Corte
Constitucional resolvió «inhibirse de conocer el asunto […] y devolver a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, la copia simple de las sentencias y de las copias
digitalizadas (cd) de cada expediente, que fueron remitidas a la Corte
Constitucional».
16
Sección Quinta del Consejo de Estado. Exp.13001-33-33-000-2019-00477-01.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de julio 18 de
2019, expediente 25000-23-41-000-2019-00246-01, sentencia de 14 de noviembre de 2019, expediente
25000-23-41-000-2019-00589-01, sentencia de 23 de enero de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-
00665-01, sentencia de 30 de enero de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-00660-01, sentencia del
14 de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-00796-01, entre otras.
18
Fundación Campbell y Movemed.
9
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37. Explicó que la sentencia T-760 de 2008 no impartió directrices de pago en
concreto, menos aún causadas con posterioridad a la expedición de la sentencia,
sino que le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social el diseño de «un plan
de contingencia para adelantar el trámite de las solicitudes de recobro que se
encontraban atrasadas». Nótese que las acciones dispuestas por la Corte tenían
como fin último el pago de las reclamaciones auditadas y presentadas con
anterioridad a la mencionada sentencia, pero que por un déficit financiero y
estructural de la ADRES, no habían sido pagadas.
38. Así mismo, el máximo tribunal constitucional indicó que «la verificación de la
realización de las auditorías a las solicitudes de recobro presentadas con
posterioridad a la providencia estructural y el reconocimiento y pago de los valores
en ellas invocados, excede la competencia de la Sala que se enmarca
exclusivamente al seguimiento del cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha
decisión». Del mismo modo, puso de presente que no realizó ningún tipo de control
ni seguimiento a las disposiciones que invocan las IPS en sede de acción de
cumplimiento, ni a aspectos relacionados con el recobro o las reclamaciones
presentadas con cargo a la subcuenta ECAT del entonces FOSYGA.
39. Por lo anterior, en la sentencia de 20 de mayo de 2021, esta Sección rectificó
tal postura, en el sentido de tener por superado el requisito de subsidiariedad, al
estimar que, en este tipo de casos, no existe otro medio de judicial de defensa para
solicitarle a la ADRES el cumplimiento de las normas que regulan la realización de
la auditoría integral de las reclamaciones por servicios de salud prestados con cargo
al ECAT
40. Aunado a ello, la Sala comparte el criterio del a quo acerca de la
improcedencia de los otros medios de control previstos en el CPACA. El objeto de
esta acción es que se cumplan las normas que establecen que el procedimiento de
auditoría integral debe realizarse en los dos meses siguientes a la radicación de las
reclamaciones. Esta finalidad no pretende cuestionar algún acto administrativo, en
tanto el incumplimiento deprecado implica que la administración aún no ha adoptado
decisión alguna susceptible de ser controvertida judicialmente. La demanda
tampoco pretende demandar o reclamar perjuicios derivados de la omisión de la
ADRES, que puedan ser reclamados mediante reparación directa o controversias
contractuales.
41. Habida cuenta de que la Clínica La Victoria S.A.S. no cuenta con otro medio
judicial para exigir el cumplimiento de los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de
2016, 8 de la Resolución 1236 del 2023 del Ministerio de Salud y de Protección
Social y 16 de la Resolución 12758 de 2023 de la ADRES, se hace innecesario
estudiar si el ejercicio de este mecanismo busca evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.
42. Por ende, la Sección Quinta concluye que la acción de cumplimiento sub
examine satisface todos los requisitos de procedencia, en particular, el de
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subsidiariedad. En consecuencia, procederá a analizar si las disposiciones
normativas invocadas contienen un mandato y si este fue incumplido en el caso
concreto.
2.1.4. Las disposiciones invocadas contienen un mandato imperativo e
inobjetable que ha sido incumplido por la ADRES
43. En este caso, la accionante solicita que se ordene el cumplimiento de los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 201619, 8 de la Resolución 1236 del 2023
del Ministerio de Salud y de Protección Social20 y 16 de la Resolución 12758 de
2023 de la ADRES21, con el propósito de que se realicen las auditorías de las
reclamaciones que presentó por los servicios prestados en junio, julio, agosto,
septiembre y octubre de 2024.
44. De la revisión de las normas invocadas, la Sala advierte que el artículo
2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 se encuentra dentro del capítulo 4,
denominado «Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de
19
«ARTÍCULO 2.6.1.4.3.12. Término para resolver y pagar las reclamaciones. Las reclamaciones
presentadas con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga a que refiere el presente Capítulo, se auditarán
integralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada periodo de radicación, los cuales
serán establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Si hubo lugar a la imposición de glosas como consecuencia de la auditoría integral a la reclamación, el
Ministerio de Salud y Protección Social comunicará la totalidad de ellas al reclamante, quien deberá
subsanarlas u objetarlas, dentro de los dos (2) meses siguientes a la comunicación de su imposición. Si
transcurrido dicho término no se recibe información por parte del reclamante, se entenderá que aceptó la
glosa impuesta.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, pagará las reclamaciones que no hubiesen
sido glosadas, dentro del mes siguiente a la fecha del cierre efectivo y certificación del proceso de auditoría
integral, so pena del pago de intereses moratoria en los términos del artículo 1080 del Código de
Comercio.
Las reclamaciones presentadas ante las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT se
pagarán dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077 del Código de
Comercio. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al reclamante, además de la obligación
a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratoria igual al certificado como bancario corriente por
la Superintendencia Financiera aumentado en la mitad».
20
«Artículo 8°. Etapas del procedimiento. Para el reconocimiento y pago de las reclamaciones objeto
de la presente resolución, la ADRES deberá adelantar las siguientes etapas: […]
8.1. Inscripción en el registro Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) ante la
ADRES: Previo a la radicación de reclamaciones prevista en el siguiente numeral, las IPS deberán
registrarse ante la ADRES conforme al procedimiento que la misma establezca. En el caso de las
personas naturales deberán realizar el registro en el sistema de radicación electrónica dispuesta por la
ADRES cuando aplique.
8.2. Radicación: Los reclamantes deberán radicar ante la ADRES las reclamaciones conforme con las
especificaciones, formularios y soportes, que esta administradora defina.
8.3. Auditoría integral: La ADRES adelantará la auditoría integral, dentro de los dos (2) meses siguientes
al cierre del periodo de radicación, conforme con lo establecido en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto
número 780 del 2016. Para la validación del cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 2.6.1.4.3.10 ibidem o la norma que la modifique o sustituya, la ADRES verificará los requisitos
establecidos en el artículo 10 del presente acto administrativo.
8.4. Comunicación del resultado de auditoría: Cumplido el plazo para adelantar la auditoría de las
reclamaciones, la ADRES deberá remitir al reclamante la comunicación con el resultado obtenido,
conforme al medio definido por dicha entidad al momento de la radicación.
[….]».
21
«Artículo 16. De la Auditoria Integral. La ADRES o quien haga sus veces dentro de los dos (2) meses
siguientes al cierre del periodo de radicación, adelantará la verificación y validará el cumplimiento de los
requisitos, criterios y condiciones definidos por el MSPS en las Resoluciones 326 y 1236 de 2023, en el
marco del Manual Operativo para la auditoria de reclamaciones, adoptado por la ADRES».
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Tránsito – ECAT». Dentro del ámbito de aplicación del capítulo mencionado, se
contempló que la normativa allí establecida, relacionada con las reclamaciones con
cargo a la subcuenta ECAT, estaba destinada, entre otros, a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud IPS, a los reclamantes de servicios médicos o
de indemnizaciones, como, por ejemplo, por muerte, o demás entidades que
pudieran llegar a tener alguna obligación o responsabilidad relacionada con las
reclamaciones fijadas en el capítulo.
45. Es así, como las reclamaciones de que trata el mencionado capítulo pueden
devenir de: la prestación del servicio de salud, de la indemnización por muerte o
incapacidad permanente o por incapacidades temporales por víctimas de
accidentes de tránsito donde estén involucrados vehículos fantasma o sin póliza
SOAT, de eventos catastróficos de origen natural o terroristas.
46. El artículo 2.6.1.4.2.1. establece los servicios de salud que deben brindarse
«a las víctimas de accidente de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural,
de eventos terroristas o de los eventos aprobados por el Ministerio de Salud y
Protección Social», por parte de las IPS. A su vez, establece la obligatoriedad de
estas instituciones de estar inscritas en el Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud (REPS) y que solo se puede brindar la atención «en la
jurisdicción en la que se encuentre habilitado por el ente territorial competente».
47. Adicionalmente, el artículo 2.6.1.4.2.2 refiere que el prestador de servicios de
salud, a las víctimas anteriormente mencionadas, está legitimado para reclamar el
reconocimiento y pago de los servicios prestados al Ministerio de Salud y Protección
Social «o a la entidad que se defina para el efecto», siendo actualmente, la ADRES.
De lo anterior dan cuenta los artículos 66 y 73 de la Ley 1753 de 2015, que
establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 66. DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS
DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS). Con el fin de garantizar el
adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, créase una entidad de naturaleza especial del nivel
descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y
comercial del Estado que se denominará Entidad Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La
Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS), con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio independiente.
[…]
La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte
del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento
y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento
en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de
beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como
consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
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(UGPP); los cuales confluirán en la Entidad. En ningún caso la Entidad asumirá
las funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud”.
ARTÍCULO 73. PROCESOS DE RECOBROS, RECLAMACIONES Y
RECONOCIMIENTO Y GIRO DE RECURSOS DEL ASEGURAMIENTO EN
SALUD. Los procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de
recursos del aseguramiento en Salud que se surten ante el Fosyga o la
entidad que asuma sus funciones se regirán por las siguientes reglas:
a) El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con
cargo a los recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga será de tres (3)
años a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la
tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin
haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el
pago y se extingue la obligación para el Fosyga.
[…].
48. Por su parte, los artículos objeto de este mecanismo constitucional, regulan
el procedimiento de tales reclamaciones establecen un plazo de dos meses para
concluir el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas. En efecto:
(i) El artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 dispone que las
«reclamaciones presentadas con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga a
que refiere el presente Capítulo, se auditarán integralmente dentro de los dos
(2) meses siguientes al cierre de cada periodo de radicación».
(ii) El artículo 8 de la Resolución 1236 del 2023 del Ministerio de Salud y
Protección Social consagra que «La ADRES adelantará la auditoría integral,
dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación» y
«Cumplido el plazo para adelantar la auditoría de las reclamaciones, la ADRES
deberá remitir al reclamante la comunicación con el resultado obtenido,
conforme al medio definido por dicha entidad al momento de la radicación».
(iii) El artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023 de la ADRES prevé que «La
ADRES o quien haga sus veces dentro de los dos (2) meses siguientes al
cierre del periodo de radicación, adelantará la verificación y validará el
cumplimiento de los requisitos, criterios y condiciones definidos por el MSPS
en las Resoluciones 326 y 1236 de 2023, en el marco del Manual Operativo
para la auditoria de reclamaciones, adoptado por la ADRES».
49. En tales términos, para la Sala es claro que las disposiciones sub examine sí
contienen un mandato imperativo e inobjetable a cargo de la ADRES de realizar la
auditoría integral de las reclamaciones realizadas con cargo a la subcuenta ECAT
y de comunicar su resultado en el término de 2 meses siguientes al vencimiento del
periodo de reclamación.
50. En este caso, también está probado que, en los meses de junio, julio, agosto,
septiembre y octubre de 2024, la Clínica La Victoria S.A.S. radicó a la ADRES
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reclamaciones por los servicios de salud prestados con cargo al ECAT22, sin que se
haya aportado prueba alguna que permita tener por acreditado que se realizó la
auditoría integral, pese a que ya finalizó el plazo de 2 meses que prevén las normas
invocadas en la demanda de cumplimiento.
51. Por lo anterior, esta Sección considera que la ADRES incumplió el mandato
previsto en los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 8 de la Resolución
1236 del 2023 del Ministerio de Salud y de Protección Social y 16 de la Resolución
12758 de 2023 de la ADRES, en tanto no ha realizado ni comunicado el resultado
de la auditoría integral de las reclamaciones presentadas en junio julio, agosto,
septiembre y octubre de 2024, por parte de la Clínica La Victoria S.A.S.
2.2. Conclusión
52. La Sala confirmará la decisión de la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró el incumplimiento de los artículos
2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 8 de la Resolución 1236 del 2023 del
Ministerio de Salud y de Protección Social y 16 de la Resolución 12758 de 2023 de
la ADRES; y, en consecuencia, ordenó que la ADRES resuelva «de manera
integral» la auditoría de las reclamaciones radicadas por la demandante en los
meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de febrero de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
22 Estas se reclamaciones se identifican con los siguientes números de radicado: 397821 de
22/06/2024; 396798 de 15/06/2024; 403587 de 27/07/2024; 403143 de 25/07/2024; 401133 de
13/07/2024; 408882 de 31/08/2024; 407400 de 26/08/2024; 413383 de 25/09/2024; 412352 de
20/09/2024; 411216 de 12/09/2024; 417550 de 21/10/2024; 415276 de 7/10/2024; 414721 de
3/10/2024.
14
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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