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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00034-01

Fecha
19 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00034-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar la sentencia proferida el 10 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Atlántico, la cual queda así: “Primero: Amparar los derechos fundamentales de petición, mínimo vital y vida digna en conexidad con la seguridad social de Gladis Romero de Andrade, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Ordenar a la UGPP que, de forma inmediata, una vez notificada la presente providencia, adelante los trámites necesarios para que Gladis Romero de Andrade sea incluida en la nómina de pensionados a partir del mes de mayo de 2025.” Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00034-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Derechos de petición, seguridad social y mínimo vital /
Cumplimiento parcial de la sentencia que accedió a la sustitución
de la pensión de jubilación gracia / Inclusión nómina de
pensionados
Decisión: Modificar la decisión favorable del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
___________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por la UGPP, en contra de la sentencia
proferida el 10 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

1. Gladis Romero de Andrade promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales de petición, seguridad social, igualdad y vida,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud
cumplimiento de sentencia judicial e inclusión en nómina de pensionados, presentada
el 11 de septiembre de 2024 ante la UGPP.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en contra de la UGPP con el fin de cuestionar la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento de una sustitución
pensional o pensión de sobreviviente.

2.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en sentencia

1 En adelante UGPP
2 Ver índice 2 de Samai, actuación denominada «5ED_DemandaAnexospdf(.pdf) NroActua2(.pdf)
NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade

del 30 de mayo de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que
la demandante, en calidad de cónyuge supérstite del causante Ricardo Emiro Andrade
Arango, cumplió con los requisitos para acceder al reconocimiento de la sustitución de
la pensión gracia. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 21 de junio de 2024 confirmó
lo resuelto por el a quo al considerar que, Ricardo Emiro Andrade era titular de la
pensión gracia al momento de su muerte, y que la demandante dependía
económicamente de él, por lo que era beneficiaria de la sustitución pensional.

2.4. El 11 de septiembre de 2024, presentó petición ante la UGPP con la finalidad de
que se le diera cumplimiento a la sentencia y, en consecuencia, se le incluyera en la
nómina de pensionados.

2.5. Se vulneraron sus derechos fundamentales, pues, pese al tiempo transcurrido
desde la fecha de radicación de la solicitud, no se le ha otorgado respuesta de fondo.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] se me protejan los siguientes derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta
Magna: Derecho a la Vida 11, Derecho a la Igualdad Art 13, Derecho de petición, seguridad
social 48 de la Constitución política de Colombia, Art. 86 de la C.N ,334 de la C.P.

Consecuentemente de la anterior protección constitucional, solicito se le ordene al Director
de la Administradora De fondos de pensiones [UGPP], dentro del término judicial señalado
por su señoría, resuelva de fondo la solicitud de fecha 11 De septiembre del 2.024. […]».
[sic]

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla 3 solicitó
que se declarara improcedente o negara la petición de amparo ante la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales por parte de esta instancia judicial, toda vez
que no tiene injerencia en la solicitud elevada ante la UGPP.

5. La UGPP4 solicitó que se declarara improcedente lo pretendido, por cuanto las
entidades públicas tienen un plazo de 10 meses para dar cumplimiento a las condenas
contenidas en sentencias, contado desde su ejecutoria, que para el asunto bajo estudio
inició el 27 de julio de 2024, por lo que se encuentra en tiempo para lo pertinente.

5.1. Además, no se acreditó el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad,
pues, respecto a la pretensión teniente a lograr el pago ordenado en el fallo, la
demandante cuenta a su disposición el proceso ejecutivo.

3 Ver índice 7 de Samai, actuación denominada «1Oficios_OFICIO_014OFICIOREMISORIOLI(.pdf)
NroActua 7»
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Ver índice 7 de Samai, actuación denominada «1Oficios_OFICIO_014OFICIOREMISORIOLI(.pdf)
NroActua 7»

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Radicado: 08-001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade

5.2. Adicionalmente, solicitó la vinculación del Fopep al ser el competente para el pago
de las mesadas pensionales.

1.3. Sentencia de primera instancia5

6. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 10 de febrero de 2025 tuteló
los derechos de petición, seguridad social y debido proceso de la demandante, y ordenó
a la UGPP que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo, realizara el reporte de la novedad al Fopep.

6.1. Para ello, consideró que, pese a que la demandante, el 11 de septiembre de 2024,
presentó ante la UGPP petición de cumplimiento del fallo contencioso e inclusión en la
nómina de pensionados, lo cierto es que, a la fecha de radicación de la tutela (31 de
octubre de 2025) no le ha otorgado respuesta oportuna y de fondo.

6.2. Además, aclaró que si bien la UGPP no es quien paga las pensiones, si debe hacer
los respectivos reportes al Consorcio Fopep, actuación respecto de la cual no precisó
cuándo lo haría, así pues, pese a que aún no ha finalizado el plazo de los 10 meses
para dar cumplimiento a la condena, la inclusión en nómina constituye una obligación
de hacer, máxime, cuando la demandante es una persona de 83 años que goza de
especial protección constitucional.

1.4. Escrito de impugnación6

7. La UGPP impugnó la decisión del a quo, para lo cual reiteró los argumentos expuestos
en el informe rendido, y señaló que no es posible hacer un reporte de nómina al Fopep
sin que exista resolución de reconocimiento, máxime, cuando se encuentra dentro del
término legal para dar cumplimiento a la sentencia judicial cuya ejecución se pretende,
y proferir el acto administrativo correspondiente.

7.1. Que el reporte ante el Consorcio Fopep del pago a favor de la demandante no es
competencia de la UGPP, ya que sus funciones son de reconocimiento y administración
de los derechos pensionales, y es a partir de los actos administrativos de
reconocimiento que se realiza aquel. Además, en concordancia con ello, tampoco es
posible pasar por alto los cronogramas establecidos para realizar el reporte ordenado,
por ello, la tutela se torna improcedente para pretermitir trámites de ley, y más cuando
no se acreditó un perjuicio irremediable.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – delimitación del asunto

5 Ver índice 2 de Samai, actuación denominada «7ED_SentenciaPrimeraInst(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2»
6 Ver índice 2 de Samai, actuación denominada «6ED_Impugnacionmemorialf(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2»

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Radicado: 08-001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade

a decidir; iii) procedencia de la solicitud de tutela y los derechos cuya protección se
invoca; iv) determinación del problema; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que «[p]resentada debidamente
la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior
jerárquico correspondiente […]», esta Sala es competente para conocer de la impugnación
contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2.2. Cuestión previa - delimitación del asunto a decidir

10. De acuerdo con las pretensiones de amparo elevadas por Gladis Romero de
Andrade se observa que, si bien alegó vulneración a su derecho fundamental de
petición en razón al escrito presentado el 11 de septiembre de 2024, lo cierto es que
aquella incorporó dos puntos, de un lado, el cumplimiento de la sentencia proferida 21
de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y de otro, su inclusión en
la nómina de pensionados; aspecto respecto del cual, no hay duda que para lograr el
pago de la sentencia judicial existe otro mecanismo de defensa judicial.

11. Aclarado ello, con ocasión de la edad de la demandante (83 años) y su condición de
sujeto de especial protección, para la Sala, más allá de la vulneración del derecho de
petición alegada, existe la necesidad de estudiar una posible afectación al mínimo vital,
toda vez que, no se puede desconocer que la inclusión en nómina de pensionados de
una persona de tan avanzada edad, respecto de quien no hay duda del derecho
pensional que le asiste al ser reconocido por una autoridad judicial, tiene un impacto
favorable inmediato en sus condiciones de vida digna y subsistencia.

12. Razón por la cual, la Sala estudiará y decidirá acerca del amparo pretendido de cara
a una presunta vulneración al mínimo vital en concordancia con el de seguridad social,
se aclara, únicamente en lo relacionado a un pronto pago de su mesada pensional, sin
perjuicio de las demás valores que pueda conllevar la sentencia judicial proferida en su
favor.

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

13. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de
improcedencia de la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

14. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de

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Demandante: Gladis Romero de Andrade

defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos
por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único
medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el
mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio
conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones
que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Sobre el derecho al mínimo vital en concordancia con el derecho a la
seguridad social y la procedencia de la tutela para reclamar el reconocimiento y
pago de derechos pensionales

15. El artículo 48 de la Constitución Política define la seguridad social como un servicio
público relacionada directamente con los principios fundamentales del Estado7, pues
solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una protección
adecuada ante las contingencias humanas, se puede pretender la consecución de una
república solidaria respetuosa de la dignidad humana.

16. Asimismo, respecto del derecho al mínimo vital, la Corte Constitucional8 ha
establecido que «es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no
depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona; como
herramienta de movilidad social, el mínimo vital debe ser entendido de manera dual, ya que
además de ser una garantía frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una
medida de la justa aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones
y de la manera más cómoda».

17. A su vez, estos dos derechos, encuentran su punto de unión, en cuanto la seguridad
social compone prestaciones que hacen procedentes el amparo al derecho fundamental
del mínimo vital, como lo es, el derecho a percibir una pensión de vejez y con ello lograr
un mínimo de subsistencia digna.

18.Respecto de lo cual, el alto tribunal de lo constitucional ha determinado la
procedencia de la solicitud de tutela para proteger derechos fundamentales respecto
de asuntos de carácter pensional, así9:

«[…] 10. Entonces, algunos supuestos indicativos de la procedencia excepcional del
mecanismo de amparo constitucional son: “i) el estado de salud del solicitante; ii) el tiempo
que la autoridad pensional demoró en desatar el procedimiento administrativo; iii) la edad
del peticionario; iv) la composición del núcleo familiar del mismo, por ejemplo el número de
personas a cargo, o si ostenta la calidad de cabeza de familia; v) el potencial conocimiento
de la titularidad de los derechos, al igual que las acciones para hacerlos valer; y vi) las
circunstancias económicas del interesado, análisis que incluye el promedio de ingresos
frente a los gastos, el estrato socioeconómico y la calidad de desempleado”

11. En la sentencia T-090 de 2018 esta Sala de Revisión refirió que el medio de defensa
judicial ordinario se torna ineficaz cuando el accionante tiene una edad avanzada y debe
suplir las necesidades de su núcleo familiar “toda vez que la pensión de vejez ‘reemplaza
los ingresos del trabajador en el evento en que éste deja su actividad laboral. Esos dineros
permiten la satisfacción del derecho a la seguridad social y al mínimo vital del interesado
además de su familia, incluso al nivel de vida alcanzado”

7 Título 1 de la Constitución Política
8 Sentencia T-548/17. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
9 Sentencia T-426/18. M.P. José Fernando Reyes Cuartas

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Radicado: 08-001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade

De conformidad con lo indicado, este Tribunal Constitucional cuando se trata de la definición
de asuntos de carácter pensional ha decantado los requisitos de procedencia definitiva y
transitoria de la acción de tutela. Respecto del primer grupo, siguiendo la sentencia T-482
de 2015 se estableció:

“a. Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación
de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital,
b. Que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo
de que le sea reconocida la prestación reclamada.
c. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial
ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados y
d. Que exista ‘una mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de
reconocimiento del derecho reclamado’

De otro lado, las reglas para la procedencia transitoria del amparo en la determinación de
derechos pensionales son:

“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad mantenga
su decisión de no reconocer el derecho.
b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo de hacerlo
o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario.
c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la amenaza
de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad humana, la
subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que existan lazos de conexidad
con derechos fundamentales, o que evidencie que someterla a los trámites de un proceso
ordinario le resultaría demasiado gravoso.
d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no procedente
como mecanismo transitorio, no resulta suficiente invocar fundamentos de derecho, sino que
son necesarios también fundamentos fácticos que den cuenta de las condiciones materiales
de la persona. En caso contrario, el asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo
mismo ajeno a la competencia del juez de tutela” […]».

19. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.

20. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera procedente la solicitud de tutela
presentada por Gladis Romero de Andrade, pues, más allá de lo puntualmente
pretendido, tal como se refirió en el acápite 2.2. de la presente providencia, se trata de
una persona de 83 años, que goza de especial protección constitucional, y respecto de
quien es evidente el impacto que conllevaría el poder percibir una mesada pensional
de forma inmediata de cara a su derecho a la vida digna en conexidad con la seguridad
social, y mínimo vital.

2.4. Problema jurídico

21. La Sala deberá definir: ¿si la UGPP vulneró los derechos fundamentales de Gladis
Romero de Andrade con ocasión de su no inclusión en la nómina de pensionados?

2.5. Análisis de la Sala

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Demandante: Gladis Romero de Andrade

22. Gladis Romero de Andrade acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara a la entidad demandada
emitir respuesta de fondo a la solicitud cumplimiento de una sentencia judicial e
inclusión en nómina de pensionados, presentada el 11 de septiembre de 2024. Al
respecto, de las pruebas se observa:

22.1.La demandante presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demanda en contra de la UGPP con el fin de cuestionar
la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento de una sustitución pensional gracia, identificada con el radicado 08-
001-33-33-006-2021-00057-00/01.

22.3. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en sentencia
del 30 de mayo de 2023 decidió:

«[…] PRIMERO: DECLÁRESE la Nulidad de la Resolución RDP 028195 del 7 de diciembre
de 2020 emanados de la UGPP, la RDP 003504 del 16 de febrero de 2021, y la respuesta
con SOP202001030013, mediante el cual se negó la solicitud de sustitución de la pensión
de jubilación gracia de la señora Gladis Eloisa Romero de Andrade, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de la Gestión Especial y Contribuciones parafiscales de la Protección
Social- UGPP, a reconocer la sustitución de la pensión de jubilación gracia a la señora Gladis
Eloisa Romero de Andrade, en calidad de cónyuge supérstite del causante señor Ricardo
Emiro Andrade Arango, a partir de 9 de agosto de 2019, de conformidad con las
consideraciones expuestas. […]».

22.4. Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico con sentencia del
21 de junio de 2024.

22.5. El 11 de septiembre de 2024 la demandante radicó petición, a través del «formato
único de solicitudes prestacionales» ante la UGPP:

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Radicado: 08-001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade

23. Al respecto, no se acreditó haberse otorgado respuesta, por lo que sin mayor
esfuerzo, es evidente la vulneración al derecho de petición de la demandante, pero más
allá, en razón a su contenido, la Sala también observa el desconocimiento de la garantía
fundamental al mínimo vital en conexidad la seguridad social, con ocasión de su no
inclusión en la nómina de pensionados, pese a que le asiste el derecho, el cual le fue
debidamente reconocido por autoridad judicial, sin contar con su avanzada edad.

24. En este punto, es pertinente recordar lo considerado por el alto tribunal constitucional
respecto de la protección que amerita el pensionado primigenio y a quien se le reconoce
una sustitución pensional, con ocasión de la mora de su inclusión en la nómina de
pensionados10:

«[…] 2.3.5. Pues bien, la persona que ha cumplido con los requisitos legales para acceder
a una pensión, debe garantizársele no sólo su reconocimiento, sino su entrega efectiva, en
razón de que de nada le sirve al pensionado ser beneficiario de dicha prestación si no recibe
el pago de la misma. Así pues, el acceso a una pensión de vejez, que procura garantizar el
mínimo vital del pensionado, depende de varios pasos que deben seguir las entidades
competentes para no perjudicar la calidad de vida del beneficiario. En un primer momento,
debe verificarse el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión, en un
segundo momento, la inclusión en la nómina de pensionados, y en un tercer momento la
desvinculación del trabajador cuando proceda.

[…]

2.3.8. En conclusión, el deber de incluir en nómina al trabajador a quien se le ha reconocido
la pensión, es un acto esencial para materializar el derecho al acceso a la pensión a través
de su pago mensual. Esta omisión por parte de la entidad responsable, genera la vulneración

10 Sentencia T-686/12. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

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Radicado: 08-001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade

de derechos fundamentales que se encuentran en cabeza del pensionado, tales como la
seguridad social que adquiere la condición de fundamental en tratándose de personas de la
tercera edad y el derecho al mínimo vital. Así, se advierte que el acceso a la pensión no se
agota con el reconocimiento del derecho a la pensión sino con la inclusión en nómina de
pensionados, porque de nada sirve que el Estado reconozca a una persona un derecho si
no le asegura efectivamente su ejercicio y disfrute […]».

25. Para la Sala es claro entonces que, si bien la tutela se tornaría improcedente al no
acreditarse el requisito de la subsidiariedad para perseguir el pago de la obligación
derivada de la sentencia judicial peticionado, toda vez que la demandante cuenta con
el proceso ejecutivo, el cual conlleva el respeto del procedimiento y términos
establecidos para ello, lo cierto es que no ocurre igual frente a la puntual solicitud de
«inclusión en nómina de pensionados», pues, esta operaría no respecto del pago de la
condena, sino del monto recibido mes a mes para satisfacer su mínimo vital y
subsistencia.

26. Conforme de lo anterior, no está en discusión si la demandante dependía o no del
causante, toda vez que dicha circunstancia fue definida por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, y tampoco resulta admisible poner en tela de juicio el
impacto que pueda tener el pago de una mesada pensional en el mínimo vital de una
persona de avanzada edad.

27. Según la información allegada con el expediente digital, se tiene que la demandante
cuenta con 83 años, por lo que goza de una especial protección constitucional, lo cual
evidencia la urgencia en la intervención del juez de tutela, más aún, cuando la Sala
tampoco puede desconocer el tiempo que ha transcurrido desde el momento en el que
solicitó administrativamente el reconocimiento pensional, esto es, el 14 de octubre de
2020 a la fecha, lo cual deja ver que han transcurrido más de 4 años a la espera de
lograr la materialización de su derecho.

28. Por otra parte, frente a la solicitud de vinculación del Fopep, para la Sala no tiene
vocación de prosperidad, pues, su intervención tiene que ver con cargas
interadministrativas que no se pueden imponer a la demandante en contra de la
materialización de su derecho pensional, lo cual se supera en ejercicio del principio de
colaboración armónica entre entidades que persiguen una misma finalidad.

29. A juicio de la Sala, es procedente acceder al amparo solicitado por Gladis Romero
de Andrade, en aras de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, pues es
notorio que, al ser una persona mayor de 83 años, el no incluírsele en la nómina de
pensionados afecta su mínimo vital en conexidad con la seguridad social, y
subsistencia.

3. Decisión

En este orden de ideas, la Sala modificará la decisión del a quo, en el sentido de ordenar
a la UGPP que, de forma inmediata, adelante los trámites necesarios para que Gladis
Romero de Andrade sea incluida en la nómina de pensiones a partir del mes de mayo
de 2025.

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Radicado: 08-001-23-33-000-2025-00034-01
Demandante: Gladis Romero de Andrade

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar la sentencia proferida el 10 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, la cual queda así:

“Primero: Amparar los derechos fundamentales de petición, mínimo vital y vida
digna en conexidad con la seguridad social de Gladis Romero de Andrade, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Ordenar a la UGPP que, de forma inmediata, una vez notificada la
presente providencia, adelante los trámites necesarios para que Gladis Romero de
Andrade sea incluida en la nómina de pensionados a partir del mes de mayo de
2025.”

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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