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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00038-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00038-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección “B”. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00038-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de abril de 2025

Demandante: José Manuel Padilla Salcedo
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Radicado: 08001-23-33-000-2025-00038-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00038-01
Demandante: JOSÉ MANUEL PADILLA SALCEDO
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIAN

Tema: Confirma decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de cumplimiento, por cuanto no se
satisface con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la
sentencia del 7 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, que declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El ciudadano José Manuel Padilla Salcedo, obrando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, en la que solicitó el acatamiento del artículo 85 de la Ley 6 de
1992, que modificó el parágrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario. En su
escrito inicial formuló las siguientes pretensiones:

Por lo expuesto respetuosamente solicito a este Juzgado Administrativo,
ORDENAR al DIRECTOR DE LA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE
BARRANQUILLA, el Dr. ROBINSON GUTIERREZ ALTAMAR, cumpla con lo
dispuesto en la Ley 6 de 1992 Articulo 85, que modifica el artículo 837 del Estatuto
Tributario, LEVANTANDOSE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO impuesta en
el proceso Expediente 265023232-265024004, ante el cumplimiento del
presupuesto de la Ley 6 de 1992 artículo 85. Demostrando (resoluciones No. 0587

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, 0588 y 0691/2023) que el título ha sido demandado y se encuentra pendiente de
fallo de segunda instancia ante el Honorable CONSEJO DE ESTADO.1

1.2. Hechos

La DIAN profirió las Resoluciones 0587, 0588 del 22 de junio y 00691 del 19 de
julio de 2023, mediante las cuales se impuso una sanción a la empresa Canguro
International S.A.S., por incumplimiento del deber de poner a disposición de la
autoridad aduanera unas mercancías.

Con base en lo anterior, la autoridad inició proceso de cobro coactivo para
obtener el recaudo de las sumas de dinero impuestas en los citados actos
administrativos, asunto en el que se decretaron y practicaron medidas cautelares
sobre el patrimonio de la sociedad mencionada, llevándose a cabo la retención
de la suma de $1.308.710.692.

Por conducto de apoderado judicial se presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante el cual Canguro
International S.A.S. reprochó la legalidad de las resoluciones que impusieron las
multas, asunto en el que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral “A” admitió la demanda y profirió sentencia el 30 de julio de 2024, en la que
negó las pretensiones de la demanda, estando pendiente la decisión del recurso
de apelación ante el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

El 30 de diciembre de 2024, el señor José Manuel Padilla Salcedo radicó vía
correo electrónico escrito de constitución en renuencia ante la DIAN, en el que
solicitó el levantamiento de las medidas cautelares por haberse promovido
demanda y encontrarse pendiente de decisión el litigio. Lo anterior, al amparo
del parágrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario.

Por último, la DIAN el 21 de enero de 2025, respondió la anterior solicitud en el
sentido de negar lo pretendido.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

En principio, el asunto fue remitido al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla, autoridad que por auto del 3 de febrero de 2025 declaró
su falta de competencia y ordenó remitir las diligencias al Tribunal Administrativo
del Atlántico.

1 Transcripción original del texto con posibles errores.

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La citada Corporación, por conducto del magistrado sustanciador, mediante
proveído del 7 de febrero de 2025 admitió la acción y ordenó notificar a la
accionada.

La DIAN, por conducto de apoderado judicial, presentó escrito en el que solicitó
que se declare la improcedencia del mecanismo, toda vez que no se cumple con
el requisito de subsidiariedad.

Al respecto, trajo a colación los principales antecedentes administrativos del
asunto y del cobro coactivo correspondiente, indicando que la sociedad Canguro
International S.A.S. se le ha garantizado el debido proceso en cada una de las
etapas.

Frente al levantamiento de las medidas cautelares practicadas y el reintegro de
las sumas de dinero retenidas a la deudora, precisó que no es procedente acceder
a ello.

Por último, indicó que la acción de cumplimiento del asunto es abiertamente
improcedente, toda vez que se cuentan con otros instrumentos judiciales idóneos
para lograr la finalidad perseguida por el señor Padilla Salcedo, pues, sería el juez
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho quien defina sobre
la legalidad de los actos administrativos objeto de cobro.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 7 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección “B”, declaró la improcedencia de la
acción dado que el debate que se plantea en el presente asunto trasciende más
allá de la finalidad del mecanismo constitucional, pues, el juez de la causa no
podría analizar la legalidad de las decisiones de la administración que dieron
origen al proceso coactivo y las consecuentes medidas cautelares practicadas al
interior de éste.

La anterior decisión se notificó mediante correo electrónico remitido a las partes
el 10 de marzo de 2025.

1.5. Impugnación2

El señor José Manuel Padilla Salcedo, en su escrito refirió que la norma alegada
en el presente asunto, esto es el parágrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario,
modificado por la Ley 6 de 1992, no estableció ningún tipo de distinción en cuanto
a su aplicación frente a que títulos ejecutivos aplica o no dicha situación, por

2 Índice 24 de Samai. Radicada el 11 de marzo de 2025.

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cuanto, en su criterio, los actos administrativos que impusieron las multas no se
encuentran ejecutoriados y, por ende, es totalmente plausible acceder al
levantamiento de la medida cautelar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia del 7 de marzo de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección
“B”,, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997,
10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de
la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento. Para
lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿La DIAN se encuentra en la obligación de aplicar el parágrafo del artículo
837 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 6 de 1992 y, como
consecuencia de ello, levantar las medidas cautelares practicadas en el
proceso de cobro coactivo 265023232-265024004?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia,
y iii) el caso concreto.

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2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la
Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas,
ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material
de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del
texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

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a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)3

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del
exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por
tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera,
quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el
actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener:
La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un
acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra
una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [4] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la
demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»5, ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la
petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como
la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la
disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»6.

4 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del

24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
5 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
6 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);

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Con base en las anteriores consideraciones, prontamente se advierte que en el
presente asunto se encuentra satisfecho el requisito estudiado. Lo anterior, a
partir del escrito de fecha 30 de diciembre de 2024 en el que pidió a la DIAN para
que diera aplicación del parágrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario,
modificado por la Ley 6 de 1992 y, en consecuencia, dispusiera el levantamiento
de la medida cautelar.

A su turno, la DIAN mediante comunicado del 21 de enero de 2025, respondió de
forma adversa la anterior solicitud, por lo que se satisface el requisito de
constitución en renuencia.

2.3.3. Caso concreto

La Sección estima que la discusión que se pretende ventilar a través de este
mecanismo constitucional es susceptible de ser estudiada a través de otra vía
judicial7. Es decir, en otros términos, no se satisface con el presupuesto de
subsidiariedad de que trata el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

Como punto de partida, resulta pertinente traer a colación las disposiciones
legales sobre las cuales versa el presente asunto. En ese sentido, se remembra
que la pretensión del actor busca el cumplimiento del artículo 837 del Estatuto
Tributario, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 837. MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente con el
mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro
preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su
propiedad.

Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del
deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones
suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en todos
los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Administración, so pena de ser
sancionadas al tenor del artículo 651 literal a).

Parágrafo. Cuando se hubieren decretado medidas preventivas y el deudor
demuestre que se ha admitido demanda y que ésta se encuentra pendiente de fallo
ante la jurisdicción contencioso administrativo, se ordenará levantarlas.

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º
15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
7 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067- 01(ACU),

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado
n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres. 19 Al respecto ver sentencia del
14 de diciembre de 2017, radicado número 25000-23-41- 000-2017-01513-01 y del 23 de junio de
2022, radicado número 76001-33-33-001-2022- 00240-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Las medidas preventivas también se podrán levantar si se presta garantía bancaria
o de compañía de seguros, por el valor adeudado, incluidos los intereses
moratorios.

Un breve recuento de los hechos que dan cuenta la acción, los documentos
aportados con la demanda, la intervención de la accionada y el fallo de primera
instancia, permiten evidenciar que la pretensión de cumplimiento no tiene
vocación de éxito, toda vez que el debate que pretende ventilar el señor José
Manuel Padilla Salcedo cuenta con otro mecanismo de defensa.

Se remembra que lo pretendido por el actor es que el juez de la acción de
cumplimiento ordene a la DIAN el levantamiento de la medida cautelar decretada
al interior del proceso de cobro coactivo 265023232-265024004. Lo anterior, con
base en la existencia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que la empresa en cita cuestiona la legalidad de los actos
administrativos báculo de la ejecución.

Lo anterior, pone en evidencia que el debate involucra el reconocimiento de un
derecho subjetivo, traducido a la procedencia o no del levantamiento de la medida
cautelar, lo que impone un estudio que trasciende más allá del estudio normativo
y la existencia de un mandato imperativo e inobjetable.

Aunado lo expuesto, la Sala advierte que la existencia del proceso de cobro
coactivo ante la DIAN implica forzosamente que esa es la autoridad que, desde
el punto de vista funcional, es la llamada a definir si es o no procedente el
levantamiento de la medida cautelar. En igual sentido, la fuerza ejecutiva o no de
los actos administrativos base del recaudo, así como su legalidad, es un asunto
que tampoco compete a esta autoridad judicial, sino que será el juez del medio
de control quien defina eso.

Por último, se resalta que excepcionalmente la ley permite superar el requisito de
subsidiariedad, en los eventos que se pretenda conjurar un perjuicio irremediable;
no obstante, de los medios de prueba arrimados al proceso, no se evidencia ni se
alegó una circunstancia constitutiva de éste.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección “B”.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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