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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00112-01

Fecha
7 de julio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00112-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 5 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad. 12 Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01 Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira Acción de tutela – Segunda instancia PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida el 21 de abril de 2025, por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala A de Decisión Oral, que declaró improcedente el amparo SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00112-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

7 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 08001-23-33-000-2025-00112-01

Accionante: LOURDES CARBONÓ FERREIRA

Autoridad: JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa
procedentes. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procede contra actos administrativos de
carácter particular.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido
el 21 de abril de 2025, por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala A de Decisión
Oral, que declaró improcedente el amparo.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 31 de marzo de 2025, Lourdes Carbonó Ferreira, en nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de petición, al debido proceso, a la salud, a la vida en condiciones dignas, al mínimo
vital, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada
y al principio de solidaridad, que alegó vulnerados por el Juez Primero Civil del
Circuito de Soledad, Atlántico, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Atlántico-Oficina de Recursos Humano.

Esto, con ocasión a la expedición de las Resoluciones No. 031 del 18 de diciembre
de 2024, 003 del 12 de febrero y 008 del 20 de marzo, ambas de 2025, por medio de
las cuales fue negada una solicitud de estabilidad laboral, radicada por la accionante,

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

y se hace un nombramiento en propiedad en el cargo en el cargo que esta venía
desempeñando.

En virtud del amparo, solicita que los derechos alegados sean tutelados y, en
consecuencia, pide que se ordene a las accionadas:

«SEGUNDO: (...) Dejar sin efecto las Resoluciones (...) y se rehaga el proceso de mi
petición de estabilidad laboral reforzada por salud (...)

TERCERO: Que, como consecuencia de dejar sin efecto las resoluciones reseñadas,
se ORDENE al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, Rehacer el proceso
de petición y resolver mi solicitud de estabilidad laboral reforzada, atendiendo a la
gravedad de mis padecimientos, y por ser una persona de especial protección
constitucional, tener para con la suscrita un trato preferente al momento de decidir;
atendiendo a los preceptos constitucionales y jurisprudenciales expuestos en los
hechos de la tutela; es decir, mantener en suspenso el nombramiento de la lista de
elegibles para proveer el cargo de Escribiente, hasta tanto se resuelva mi petición de
poder eventualmente permanecer en el cargo.

CUARTO: En caso de que el juzgado niegue mi permanencia en el cargo por no
contar con vacancias definitivas en el despacho; solicite a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Atlántico, Recursos Humanos Rama Judicial Seccional Atlántico, Rama
Judicial del Poder Público, información sobre vacantes del mismo cargo o
remuneración donde pueda quedar reubicada, o en su defecto remita tal gestión a
estas dependencias para lo de su competencia respecto de mi reubicación, para que
una vez reubicada se restablezcan todos mis derechos fundamentales que han sido
conculcados por las accionadas.»

2. Hechos relevantes

Según la solicitud de tutela y los documentos que la soportan, la parte actora
fundamenta la petición de amparo en los hechos que se resumen, así:

El 11 de agosto de 2023, Lourdes Carbonó Ferreira fue nombrada en el cargo de
Escribiente Nominado en provisionalidad, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Soledad. Por Resolución No. 007 del 6 de octubre de 2023, fue ratificada en ese
cargo, sin solución de continuidad, con ocasión a la renuncia presentada por quien
para ese entonces ocupaba el cargo en propiedad.

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

Por aflicciones de salud, particularmente por problemas y condiciones de tipo renal,
recibió varias incapacidades durante lo corrido del año de 2024. Estas fueron
debidamente informadas a la Juez Primero Civil del Circuito de Soledad.

El 1 de noviembre de 2024, elevó un escrito de petición solicitando el reconocimiento
de su estabilidad laboral reforzada por salud. En este informó sobre su estado de
salud y la complejidad de su condición. Manifiesta que esta situación fue puesta en
conocimiento por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad al Consejo
Seccional de la Judicatura, mediante correo electrónico del 12 de noviembre de
2024. Esta autoridad, por Oficio No. CSJATOP24-467, requirió al Juzgado para que
fuera este quien informara sobre la decisión tomada respecto de la solicitud elevada
por la peticionaria. Aduce la accionante que el Juzgado accionado no dio respuesta
a lo solicitado.

El 3 de diciembre de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, allegó
lista de elegibles para proveer el cargo de Escribiente Nominado, el cual la
accionante venía ocupando. El 15 de enero de 2025, un nuevo Juez Primero Civil
del Circuito de Soledad tomó posesión.

Manifiesta que el 13 de enero de 2025 fue notificada de la Resolución No. 031 del
18 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Juez accionado requiere a otra
persona a allegar unos documentos, necesarios para efectuar la ocupación del cargo
de Escribiente Nominado e ignora su petición de estabilidad laboral reforzada. Esto,
basado en una lista de elegibles expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico.

El 23 de enero de 2025 elevó una nueva petición al Juez Primero Civil del Circuito
de Soledad, solicitando lo mismos que en el petitum anterior. Por Resolución No. 003
del 12 de febrero de 2025, la autoridad desestimó su solicitud y nombró en propiedad
a un nuevo funcionario en el cargo de Escribiente Nominado. La accionante presentó
recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicha decisión. Por Resolución
No. 008 del 20 de marzo de 2025, la autoridad resolvió no reponer la decisión y
declarar improcedente el recurso de apelación.

3. Fundamentos de la solicitud

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

La accionante considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la salud, a la vida en condiciones
dignas, al mínimo vital, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad
laboral reforzada y al principio de solidaridad. Esto, con ocasión a la expedición de
las Resoluciones No. 031 del 18 de diciembre de 2024, 003 del 12 de febrero y 008
del 20 de marzo, ambas de 2025.

Afirma que dichos actos administrativos fueron expedidos sin dar solución de fondo
a su petición de ser destinataria de la protección por estabilidad laboral reforzada, en
atención a su grave condición de salud. Sostiene que:

«(...) todos los esfuerzos del despacho estuvieron encaminados a proveer el cargo
de Escribiente de la lista de elegibles, ignorando sin más argumentos mi petición.

Cuando en este caso, debía suspender el nombramiento, hasta tanto no se resolviera
mi solicitud, máxime que el Consejo estando enterado requirió y el despacho guardó
completo silencio ante ese requerimiento y presuroso por nombrar, procedió a
requerir a la primera de la lista allegara los documentos necesarios para verificar la
idoneidad para ocupar el cargo, ello, sin importar la gravedad de mi situación,
presentándose desde este momento, la violación a mis derechos fundamentales de
petición, estabilidad laboral reforzada, debido proceso.»

Aduce que es madre cabeza de familia y que padece de una condición de salud
compleja. Manifiesta que, pese a poner en conocimiento de las accionadas dichas
condiciones, se expidieron las resoluciones reprochadas, respecto de las cuales
predica:

«irregularidades respecto del nombramiento para proveer el cargo de Escribiente; en
primer lugar, no se le dio trámite a mi petición de estabilidad laboral reforzada, es
decir, se violentó mi derecho constitucional de petición, no hubo ni una sola gestión
por parte del despacho para amparar mis derechos; se me desvinculó del cargo en
medio de una incapacidad en razón a que mi hospitalización se generó del 10 al 17
de febrero de 2025, el nombramiento se hizo mediante resolución No.003 del 12 de
febrero de 2025 y se me notificó en esa misma fecha a través de mi correo
institucional; el que no estaba obligada a abrir, dada mi hospitalización; ni siquiera
me notificó a mi correo personal o por cualquier otro medio como lo dispone la ley
2213 de 2022.
(...)
La resolución atacada no da muestras de haber solicitado al Consejo información
sobre vacantes, solo dice que los cargos en el despacho se encuentran ocupados y
que el nombramiento de la lista de elegibles prevalece sobre mi solicitud.

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

(...)
con el nombramiento hecho a través de la resolución No.003 del 12 de febrero de
2025 y su indebida notificación en la misma fecha; no solo se me violó el derecho
fundamental de petición, porque nunca se resolvió mi solicitud, ni por la doctora
KATIA REDONDO RUIZ, ni por el doctor ELKIN RODRIGUEZ CAMPO; sino que
también se violó mi derecho fundamental al debido proceso porque se me desvinculó
de la Rama Judicial estando en plena incapacidad por hospitalización, notificación
que se hizo en ese mismo lapso; y a partir de allí la violación a mis demás derechos
fundamentales en cascada; con dicho nombramiento, me desvincula de la entidad;
mi solicitud no solo fue desestimada sino ignorada;»

Aduce que, además, la última Resolución que fue expedida por el Juez accionado,
tiene por fecha un día en el cual se encontraba disfrutando del periodo de vacancia
judicial.

Trajo a colación distintas decisiones proferidas por la Corte Constitucional. Con base
en estas plantea que la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, es aquella
que garantiza la permanencia en el empleo de las personas en situación de debilidad,
por sus condiciones de salud, como sucede en su caso en concreto.

En línea con lo anterior, hizo mención al Acuerdo 756 de 2000. De conformidad con
este expone que, quien es protegido con una estabilidad laboral reforzada, no
necesariamente debe permanecer en su mismo cargo. Puede ser reubicado en otro
cargo de similar categoría o remuneración.

4. Trámite de primera instancia

El 1 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a las
autoridades accionadas.

En el escrito de contestación, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
solicitó denegar las pretensiones. Adujo que no incurrió en la vulneración de
derechos manifestada por la accionante. Sostuvo que ha dado estricto cumplimiento
a la normativa que dispone sus funciones y competencias y que es la autoridad
nominadora, es decir el Juez accionado, quien debe adoptar las decisiones sobre la
situación de estabilidad laboral reforzada, en este caso alegada por la accionante.
Planteó que carece de legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite,
pues no es la autoridad llamada a dar cumplimiento con lo que pide la parte actora.

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, a través de la
Coordinadora del área de Recursos Humanos, manifestó que acataría lo resuelto por
el juez constitucional. Adujo también que la accionante no le ha puesto de presente
la situación que alega como injusta.

El Juez Primero Civil del Circuito de Soledad solicitó que se deniegue el amparo.
Trajo a colación las Resoluciones expedidas por su dependencia y adujo que por
medio de estas se adoptaron medidas respecto del cargo que venía desempeñando
la actora.

Mediante sentencia del 21 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico-
Sala A de Decisión Oral declaró improcedente el amparo. Consideró que este carece
del cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Planteó que, en realidad, todas las
solicitudes elevadas por la actora, fueron resueltas por medio de las Resoluciones
que cuestiona. Planteó que la accionante aún dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de las
resoluciones reprochadas. Manifestó que, incluso, al interior de este proceso puede
solicitar la protección de los derechos fundamentales que reclama en la presente
acción constitucional.

La accionante impugnó. Solicitó que se revoque la decisión del a quo constitucional
y reiteró los argumentos expuestos en la solicitud, respecto de su condición de salud
y de madre cabeza de hogar. Planteó que no es dable que se desechen sus
pretensiones, teniendo de presente el perjuicio irremediable que representa para ella
quedarse sin sustento económico, dadas sus difíciles condiciones tanto de salud
como económicas.

Trajo a colación una sentencia proferida por la Corte Constitucional, con base en la
cual puso de presente la ineficacia de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, para casos como el suyo. El 5 de mayo de 2025 se concedió la
impugnación.

CONSIDERACIONES

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 21 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico-Sala A de Decisión Oral, que declaró improcedente el amparo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los
medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados1.

Caso concreto

Previo a exponer las razones tenidas en consideración para el caso en cuestión, la
Sala advierte que los argumentos expuestos y las pretensiones esbozadas en la
presente acción de tutela, carecen del requisito de subsidiariedad, por lo que se
confirmará lo resuelto por el a quo constitucional.

La accionante afirma que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la salud, a la vida, a la vida en

1 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

condiciones dignas, al mínimo vital, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, a
la estabilidad laboral reforzada y al principio de solidaridad. Esto, con ocasión a la
expedición de las Resoluciones No. 031 del 18 de diciembre de 2024, 003 del 12 de
febrero y 008 del 20 de marzo, ambas de 2025.

Aduce que estas erraron en disponer del cargo de Escribiente Nominado en el
Juzgado accionado, cuando la realidad es que ella goza de la protección por
estabilidad laboral reforzada, al padecer de una compleja condición de salud. Afirma
que no ha recibido respuesta completa a su petición de ser reconocida con dicha
estabilidad.

Además, pide como medida provisonal suspender los efectos de la Resolución No.
008 del 20 de marzo de 2025, con el fin de evitar un perjuicio irremediable y
garantizar la protección de los derechos fundamentales que manifiesta, así como de
su condición de madre cabeza de hogar, en virtud de la cual necesita sufragar gastos
para su supervivencia y la de su hijo. Esgrime que necesita continuar en el cargo que
venía ejerciendo o en uno de condiciones similares.

El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –CPACA- dispone que toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le reestablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. A su vez, los artículos 229
y siguientes disponen la procedencia y requisitos de las medidas cautelares frente a
los actos administrativos, con el fin de suspender de manera provisional los efectos
de los actos.

De acuerdo con el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA-, las medidas cautelares ordinarias proceden
en todos los procesos declarativos que se adelanten en la jurisdicción contencioso
administrativa, y pueden ser solicitadas en cualquier estado del proceso, incluso
antes de la notificación del auto admisorio de la demanda. El artículo 230.3 dispone
que las medidas cautelares proceden para suspender provisionalmente los efectos
de un acto administrativo.

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

Por su parte, el artículo 234 del CPACA dispone la posibilidad de solicitar medidas
cautelares de urgencia. Este tipo de medida cautelar procede desde la presentación
de la solicitud y sin previa notificación a la parte, una vez el Juez o Magistrado
verifique el cumplimiento de los requisitos para su adopción y se evidencie que,
precisamente por la urgencia, no es posible agotar el trámite previsto para las
medidas cautelares ordinarias descrito en los artículos previos.

La Corte Constitucional en la SU-691 de 20172 dispuso que la inclusión en el
ordenamiento de las medidas cautelares de urgencia se estructuró como medios
preliminares dotadas de eficacia inmediata para garantizar la protección de derechos
fundamentales, como lo es la estabilidad laboral reforzada, y remover obstáculos
formales en los que exista una verdadera amenaza de su vulneración. Este tipo de
medidas cautelares, a diferencia de las ordinarias, proceden de forma inmediata sin
que se requiera correr traslado a la otra parte luego de su solicitud.

Esta decisión, sin embargo, es susceptible de los recursos ordinarios a los que
hubiere lugar. La sentencia mencionada, plantea que:

[L]a acción de nulidad y restablecimiento del derecho es, en principio, un mecanismo
de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales de los
servidores públicos desvinculados de las entidades públicas, al estar dotado de
herramientas propicias para, entre otras cosas, suspender los efectos de actos
administrativos que generen perjuicios irremediables a los demandantes, en
cualquier etapa del proceso y sin que el rechazo inicial de la solicitud, sea obstáculo
para que posteriormente sean solicitadas las cautelas necesarias.

El Consejo de Estado, por su parte, ha planteado que, en el marco de los
procedimientos de nulidad y restablecimiento del derecho, es dable solicitar al Juez
de lo Contencioso Administrativo las medidas cautelares de urgencia que se
consideren necesarias. Estas resultan ser el medio idóneo para defender los
derechos fundamentales que se consideren vulnerados, de manera eficaz3. En línea
con lo anterior, el artículo 613 del CGP, que reglamenta la solicitud de conciliación
extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos, dispone que no es

2 Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
3 Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Radicado número: 11001-03-15-000-2020-05211-00.

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

necesario agotar dicho requisito de procedibilidad cuando el demandante requiera
solicitar medidas cautelares de carácter patrimonial.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que la accionante tiene a su disposición el
medio de control dispuesto en el artículo 138 del CPACA para controvertir la
legalidad de los actos que alega y, con base en el artículo 234 del CPACA, pedir
como medida cautelar de urgencia la suspensión de la ejecución estos actos.

Eso, por demás, sin necesidad de agotar el requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial, por tratarse de una medida cautelar de urgencia de carácter patrimonial.
En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto, la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad porque existe otro medio de defensa judicial, eficaz e
idóneo, que debe ser agotado por la accionante antes de la interposición del presente
recurso de amparo.

En efecto, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela impone a la parte actora la
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios de
defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de las
garantías fundamentales que estima vulneradas.

Así las cosas, para acudir a la acción de tutela, la parte accionante debe actuar con
suma diligencia en tales procedimientos. La falta injustificada de agotamiento de los
recursos ordinarios o extraordinarios a que haya lugar deviene por completo en la
improcedencia del mecanismo tuitivo establecido en el artículo 86 Superior4

La Sala advierte que la accionante se limitó a exponer las razones por las cuales se
encuentra inconforme con las resoluciones que reprocha. Si bien aduce vulnerado
su derecho fundamental de petición, lo cierto es que sus reproches se encuentran
orientados a cuestionar el contenido de las resoluciones mencionadas. No acreditó
haber agotado los mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y eficaces que el
ordenamiento jurídico le otorga, previo a enjuiciar estas actuaciones administrativas
en sede de tutela.

4
Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]

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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

La tutela, como mecanismo constitucional subsidiario, no puede ser utilizada con el
fin de subsanar errores de procedimiento cometidos por quien la presenta. Lo
anterior desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo
de protección de los derechos fundamentales, permitiendo que la parte accionante
se beneficie de sus propias omisiones al no haber presentado, en el término legal
oportuno, el medio de control mencionado para cuestionar los actos administrativos
que enjuicia ahora, en esta sede constitucional. Es juez natural del asunto a quien le
corresponde determinar la oportunidad del medio de control que se invoca y quien
debe resolver de fondo los reproches que expone la parte actora en el escrito de
tutela presentado, así como la medida previa solicitada.

Como la accionante dispone de la posibilidad de incoar el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra las actuaciones administrativas de la
referencia, y no lo hizo, la tutela no puede ser utilizada para corregir su conducta
omisiva y trasladar la subsanación de su propio descuido al juez de tutela. Por lo
anterior, la solicitud de tutela resulta improcedente.

La accionante, previo a la interposición de la presente acción constitucional, no
acreditó haber puesto en conocimiento del juez natural del asunto los argumentos
esbozados ahora en sede de tutela5. Como los hechos y argumentos que fundan la
vulneración de derechos fundamentales no fueron objeto de debate ante el juez
natural de la causa, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad.

Por las razones expuestas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 21 de abril de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala A de Decisión Oral,
que declaró improcedente el amparo, por los motivos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

5 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es

un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos
fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del
juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.

12
Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00112-01
Accionante: Lourdes Carbonó Ferreira
Acción de tutela – Segunda instancia

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida el 21 de abril de 2025, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala A de Decisión Oral, que declaró
improcedente el amparo

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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