Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2025-00133-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2025-00133-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
25 de junio de 2026
Radicación: 08001 23 33 000 2025 00133 01
Solicitante: Oliver Gómez Racedo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 08001 23 33 000 2025 00133 01
Accionante: Oliver Gómez Racedo
Accionado: José Joao Herrera Iranzo
Tesis: La declaratoria sobreviniente de responsabilidad fiscal proferida en contra
de un concejal, no configura una causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de inhabilidades de los concejales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Oliver Gómez
Racedo en contra de la sentencia de 29 de julio de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, en primera instancia, mediante la
cual se negó la pérdida de investidura del señor José Joao Herrera Iranzo como
concejal del Municipio de Soledad, para el período constitucional 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
1. El ciudadano Oliver Gómez Racedo, actuando en nombre propio y en ejercicio
del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 (en adelante CPACA), promovió la pérdida de investidura del señor José
Joao Herrera Iranzo, concejal del municipio de Soledad, Atlántico, para el periodo
2024-2027, al estimar configurada una inhabilidad del accionado, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política y los
artículos 41 y 42 numeral 4 de la Ley 1952 de 2019.
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2. Posteriormente, en el escrito de subsanación de la demanda1, el actor adicionó
a su petición la causal de indebida destinación de dineros públicos, con sustento
en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política y en el numeral 3 del
artículo 55 de la Ley 136 de 1994, al sostener que el demandado continuó
percibiendo honorarios a pesar de la inhabilidad que le sobrevino y que le impedía
continuar como concejal.
3. Como sustento de la solicitud de desinvestidura, expuso que la Contraloría
General de la República, Gerencia Atlántico, mediante Fallo con Responsabilidad
Fiscal No. 042-24 de 23 de julio de 2024, proferido dentro del proceso de
responsabilidad fiscal 80083-0829, declaró fiscalmente responsable al accionado.
Indicó que dicha providencia quedó ejecutoriada el 6 de septiembre de 2024.
4. Señaló que a partir de la ejecutoria del fallo de responsabilidad fiscal se
configuró en cabeza del convocado la inhabilidad prevista en el numeral 4 del
artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, disposición que, en su criterio, establece que
quien haya sido declarado responsable fiscalmente queda inhabilitado para el
ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años
siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente.
5. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que al señor José Joao Herrera Iranzo
le sobrevino, desde el 6 de septiembre de 2024, una situación jurídica que le
impedía continuar ejerciendo el cargo de concejal del municipio de Soledad, por lo
que a su juicio desde esa fecha quedó incurso en una causal constitutiva de
violación del régimen de inhabilidades.
6. Añadió que el asunto debía analizarse a la luz del artículo 41 de la Ley 1952 de
2019, relativo a las inhabilidades sobrevinientes. Con base en esa disposición,
afirmó que cuando el hecho generador de la inhabilidad se produce estando el
sujeto afectado ejerciendo un cargo público, deben hacerse efectivas sus
consecuencias de manera inmediata, por lo cual corresponde comunicar la
situación al nominador o a la autoridad competente para que se adopten las
decisiones correspondientes.
1 Cfr. índice 2 de la plataforma de gestión judicial SAMAI. Visible a folio 10 del expediente digital.
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7. En desarrollo de esta línea argumentativa, manifestó que el demandado, siendo
abogado y habiendo sido notificado por correo certificado y electrónico del fallo de
responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado, tenía pleno conocimiento de la
inhabilidad que recaía sobre él. No obstante, el acaecimiento de estos hechos,
omitió informar al Concejo Municipal de Soledad sobre su situación y continuó
ejerciendo sus funciones.
8. Indicó que aún después de configurada la referida inhabilidad, el señor Herrera
Iranzo siguió sesionando, participando en el ejercicio de sus funciones y
percibiendo honorarios como concejal. A su juicio, esa permanencia en el ejercicio
del cargo comprometió la validez de las decisiones y actos administrativos en cuya
adopción intervino con su voto y generó un nuevo detrimento patrimonial al
municipio, en la medida en que el accionado continúo devengando honorarios sin
estar jurídicamente habilitado para ello.
9. Con fundamento en esos hechos y argumentos, solicitó que se declarara la
pérdida de investidura del señor José Joao Herrera Iranzo por haber incurrido en
la causal de violación del régimen de inhabilidades, concretamente por vulnerar lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, y pidió, que se
impusieran las demás consecuencias sancionatorias que se estimaron
procedentes conforme al ordenamiento jurídico.
II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD
10. El señor José Joao Herrera Iranzo actuando en nombre propio, se opuso a la
solicitud de pérdida de investidura y pidió que se negaran las pretensiones de la
demanda.
11. Sostuvo que no había incurrido en la causal invocada por el actor, ya que la
inhabilidad derivada de la declaratoria de responsabilidad fiscal no le resultaba
aplicable en las condiciones expuestas en la demanda, en razón a que el proceso
fiscal a que aludió el accionante concluyó con el pago total de la obligación,
circunstancia que, en su criterio, produjo el cese de cualquier restricción para
ejercer cargos públicos.
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12. En la respuesta a los hechos, aceptó que se desempeña como concejal del
municipio de Soledad por el Estatuto de la oposición y que fue vinculado a un
proceso de responsabilidad fiscal. Afirmó que dicho trámite culminó con el pago
correspondiente y que esa situación fue certificada por la Contraloría General de
la República, razón por la cual negó encontrarse inhabilitado para ejercer la
investidura. Añadió que esa misma conclusión fue acogida por la Mesa Directiva
del Concejo Municipal de Soledad dentro del procedimiento administrativo PCS-
2025-001, actuación que terminó archivada por carencia de objeto luego de
acreditarse el pago y la exclusión del boletín de responsables fiscales
13. Negó que subsistiera una inhabilidad sobreviniente capaz de sustentar la
pérdida de investidura. Expuso que, para la fecha de presentación y admisión de
la demanda, ya no se encontraba reportado como responsable fiscal, debido a que
había efectuado el pago el 25 de abril de 2025 y, como consecuencia de ello, la
Contraloría había dispuesto la exclusión del boletín de responsables fiscales y el
archivo del cobro coactivo. Bajo ese entendimiento, propuso como excepción de
mérito la carencia de objeto de la causal invocada, por cuanto, a su juicio, la
restricción contemplada en el parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019
cesa cuando la autoridad fiscal declara recibido el pago.
14. En respaldo de esa tesis, invocó además de la norma la jurisprudencia
constitucional, particularmente la sentencia T-132 de 2019, de la que destacó que
la inhabilidad derivada de la responsabilidad fiscal desaparece cuando se acredita
el pago de la obligación.
15. Igualmente citó la sentencia C-077 de 2007 para resaltar que la inclusión en el
boletín de responsables fiscales tiene por finalidad proteger el patrimonio público
mientras no se satisfaga la obligación resarcitoria, y que la cesación de la
inhabilidad por pago o por exclusión del boletín ha sido admitida por la
jurisprudencia. Del mismo modo, trajo a colación jurisprudencia de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en relación con el carácter
taxativo y la interpretación restrictiva del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.
16. Frente a la alegación hecha por el accionante en la subsanación de la
demanda, en relación con la indebida destinación de dineros públicos, manifestó
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que se trataba de una causal que no le había sido puesta en conocimiento en
debida forma, dado que el escrito de subsanación no le fue remitido previamente
ni aparecía disponible en la plataforma SAMAI. Sin perjuicio de ello, sostuvo que
esa causal tampoco era aplicable a su caso, porque no ostentaba la condición de
ordenador del gasto dentro del Concejo Municipal de Soledad y, por ende, no podía
atribuírsele disposición o desvío funcional de recursos públicos en los términos
exigidos por la jurisprudencia relativa a las pérdidas de investidura.
17. Adicionalmente, precisó que los valores recibidos por concepto de honorarios
no correspondían a una apropiación irregular de recursos sino al reconocimiento
legal derivado de su asistencia a las sesiones de la Corporación. Para sustentar
esa afirmación citó los artículos 65 y 66 de la Ley 136 de 1994, en los que se prevé
el derecho de los concejales al reconocimiento de honorarios por asistencia
comprobada a sesiones plenarias. A partir de ello, aseguró que los pagos recibidos
tenían fundamento legal y que no podían ser presentados, sin más, como una
destinación indebida de dineros públicos.
18. Sobre este asunto explicó que la causal de indebida destinación de dineros
públicos exige que el servidor en ejercicio de sus competencias funcionales
traicione, modifique o desvíe los fines estatales para asignar recursos a objetos o
propósitos no autorizados, supuesto que no concurría en su situación. Con fines
de claridad sobre el alcance de la causal, citó jurisprudencia del Consejo de Estado
respecto de la misma y concluyó que no había dispuesto de recursos del erario
para fines ajenos a la ley ni había empleado indebidamente los honorarios
reconocidos por la asistencia a las sesiones.
19. Finalmente, solicitó que se declararan probadas las excepciones de mérito
propuestas y, en consecuencia, que se negaran las súplicas de la demanda. Como
soporte probatorio pidió tener en cuenta los documentos aportados con el recurso
de reposición interpuesto en contra del auto admisorio de la solicitud de perdida
de investidura2 y su respectiva adición3 así como las actuaciones surtidas por la
Mesa Directiva del Concejo Municipal de Soledad dentro del procedimiento
administrativo PCS-2025-001, que, en su criterio, confirmaban que no subsistía
2 Cfr. índice 2 de la plataforma de gestión judicial SAMAI. Visible a folio 15 del expediente digital.
3 Cfr. índice 2 de la plataforma de gestión judicial SAMAI. Visible a folio 18 del expediente digital.
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inhabilidad alguna y que no había mérito para adoptar una decisión desfavorable
en su contra.
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
20. La Sala Plena del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico,
mediante sentencia de 29 de julio de 2025, resolvió negar las pretensiones de la
solicitud de pérdida de investidura promovida contra el señor José Joao Herrera
Iranzo.
21. Precisó que el litigio exigía establecer de una parte, si la declaratoria de
responsabilidad fiscal ejecutoriada el 6 de septiembre de 2024, configuraba por sí
misma, una causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
inhabilidades y, de otra, si la percepción de honorarios durante el período que
sobrevino al fallo de responsabilidad fiscal y durante el cual el accionado continuó
realizando sus labores de Concejal antes de proceder al pago de la sanción fiscal,
podía subsumirse dentro de la causal de indebida destinación de dineros públicos.
22. Como punto de partida, el Tribunal expuso el marco normativo y jurisprudencial
del medio de control y destacó su naturaleza sancionatoria, la sujeción en su
desarrollo al principio de taxatividad, a la legalidad estricta y al debido proceso, así
como la necesidad de verificar no solo la tipicidad de la conducta imputada, sino
también su antijuridicidad y culpabilidad. En esa línea, recordó que la pérdida de
investidura comporta un juicio de responsabilidad subjetiva, de modo que solo
procede cuando la conducta atribuida encuadra de manera precisa en una causal
constitucional o legalmente prevista para ese efecto.
23. Con fundamento en ese entendimiento, concluyó que la inhabilidad invocada
por el actor, fundada en el numeral 4 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, no
podía erigirse válidamente en causal autónoma de pérdida de investidura. Explicó
que las disposiciones del estatuto disciplinario no operan, por sí mismas, con fines
de desinvestidura de concejales, dado que el régimen disciplinario y el proceso
jurisdiccional de pérdida de investidura son instituciones autónomas, con distinta
naturaleza, finalidad y consecuencias jurídicas.
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24. Añadió que, por tratarse de una restricción severa de derechos políticos, las
causales de pérdida de investidura son de interpretación restrictiva y no admiten
aplicaciones extensivas ni analógicas.
25. En desarrollo de esa tesis, sostuvo que la situación descrita por el demandante
correspondía, en rigor, a una inhabilidad sobreviniente derivada de un fallo de
responsabilidad fiscal proferido cuando el demandado ya se encontraba en
ejercicio del cargo. Sin embargo, consideró que esa circunstancia no fue
adecuadamente justificada como causal típica de pérdida de investidura dentro del
marco del artículo 183 de la Constitución y de la Ley 1881 de 2018.
26. Señaló que la argumentación del accionante presentaba un problema de
congruencia entre los hechos expuestos, la fundamentación normativa invocada y
la consecuencia jurídica perseguida, debido a que pretendía trasladar al proceso
de pérdida de investidura efectos propios del régimen disciplinario y de las
inhabilidades sobrevinientes. También observó que el demandante no desarrolló
de manera suficiente el análisis del elemento subjetivo exigido en esta clase de
procesos.
27. De otra parte, en relación con la causal de indebida destinación de dineros
públicos, la Sala precisó que su configuración exigía acreditar que los recursos
públicos hubiesen sido desviados a fines prohibidos, no autorizados o distintos de
aquellos para los cuales estaban legalmente previstos, o que hubiesen sido
utilizados para beneficiar indebidamente al accionado o a terceros. Bajo ese
criterio, concluyó que tal presupuesto no se satisfacía en el caso concreto, ya que
los dineros cuya percepción cuestionó el actor correspondían a los honorarios
recibidos por el concejal con ocasión de su asistencia a las sesiones plenarias, sin
que se hubiera demostrado una destinación materialmente distinta, una desviación
funcional del gasto o la entrega de recursos para atender actividades prohibidas o
injustificadas.
28. En síntesis, el Tribunal estimó que no se configuró la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades, porque la conducta atribuida
al demandado no encuadraba típicamente en el régimen estricto que gobierna este
medio de control. Del mismo modo, consideró que no se probó la indebida
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destinación de dineros públicos. Por esa razón, decidió negar las pretensiones de
la demanda.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
29. El accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 29 de
julio de 2025 y solicitó su revocatoria, para que en su lugar se declare la pérdida
de investidura del señor José Joao Herrera Iranzo.
30. Como fundamento de su inconformidad sostuvo que la providencia de primera
instancia resolvió solo parcialmente la demanda, no se ajustó a derecho y,
además, resultó violatoria del debido proceso, en la medida en que dejó de
examinar la verdadera tesis jurídica planteada desde la demanda y desarrollada
en la audiencia y en los alegatos de conclusión.
31. Afirmó que el Tribunal centró indebidamente el análisis en el artículo 42 de la
Ley 1952 de 2019 y en la eventual inhabilidad para el acceso o permanencia inicial
en el cargo, pero omitió estudiar de fondo el artículo 41 ibidem, relativo a las
inhabilidades sobrevinientes. Expuso que su planteamiento nunca consistió en
sostener que el demandado se hallaba inhabilitado al momento de su posesión
como concejal, sino en demostrar que una vez quedó ejecutoriado el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 042-24, el 6 de septiembre de 2024, sobrevino una
inhabilidad que impedía al demandado seguir ejerciendo funciones públicas
mientras subsistiera esa situación.
32. Con fundamento en esa premisa, insistió en que el núcleo del litigio radicaba
en establecer si el demandado durante el lapso comprendido entre la ejecutoria
del fallo de responsabilidad fiscal y el pago de la obligación, que cuantificó en siete
meses y veintiséis días, continuó ejerciendo el cargo de concejal, participando en
sesiones, interviniendo en la formación de actos de la corporación y percibiendo
honorarios, pese a encontrarse inhabilitado de manera sobreviniente. A su juicio,
tales actuaciones configuraban una violación del régimen de inhabilidades en los
términos del numeral 1 del artículo 183 de la Constitución, por la aplicación
conjunta de los artículos 41 y 42 de la Ley 1952 de 2019.
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33. Además, sostuvo que la sentencia alteró el sentido de la demanda al
reconstruir el caso como si la pretensión consistiera en obtener la pérdida de
investidura por la sola declaratoria de responsabilidad fiscal. Señaló que el
Tribunal excluyó del problema jurídico, de la tesis y de la motivación central del
fallo, los argumentos relativos a la inhabilidad sobreviniente, a las actuaciones
realizadas por el demandado durante su vigencia y al examen de la culpabilidad
subjetiva. En apoyo de esa censura, indicó que la providencia omitió considerar
las explicaciones que, según afirmó, expuso expresamente en la audiencia y que
reiteró por escrito en sus alegatos de conclusión.
34. Igualmente alegó que la decisión del a quo desconoció el alcance del régimen
vigente de inhabilidades previsto en la Ley 1952 de 2019, al haber acudido a una
lectura apoyada en normas derogadas o en precedentes construidos bajo el
régimen anterior. Por esa razón citó, entre otras, las sentencias C-544 de 2005, C-
257 de 2013 y T-132 de 2019, para sostener que el ordenamiento reconoce la
figura de la inhabilidad sobreviniente y que en el proceso de pérdida de investidura
debe valorarse la responsabilidad subjetiva del demandado. A partir de ello, afirmó
que el señor Herrera Iranzo, por su formación jurídica, su trayectoria en el servicio
público y las notificaciones del fallo fiscal, conocía la situación inhabilitante y aun
así decidió permanecer en el ejercicio del cargo, lo que revelaba una conducta
dolosa o cuando menos gravemente culposa.
35. Finalmente, adujo que la providencia de primera instancia vulneró el debido
proceso, por cuanto omitió analizar integralmente la demanda, sus memoriales
complementarios, la respuesta al recurso del demandado, los alegatos de
conclusión y el contenido de la audiencia pública. En consecuencia, solicitó que se
revisara incluso la grabación de la audiencia, con el fin de verificar la precisión que,
según dijo, efectuó al inicio de la diligencia sobre el verdadero alcance del litigio.
Con base en todo lo anterior, pidió revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
declarar la pérdida de investidura del señor José Joao Herrera Iranzo.
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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
36. Por auto del 10 de octubre de 20254 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se ordenó el traslado de este según lo previsto en
el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185.
37. Igualmente, a través del señalado auto se negó la solicitud probatoria realizada
en el recurso de apelación, en atención a que la audiencia pública que se solicitó
integrar como prueba en esta instancia, corresponde en realidad a la diligencia que
debe surtirse dentro del proceso de pérdida de la investidura de acuerdo con lo
previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 6 y, en
consecuencia, no es un medio probatorio de los establecidos en el artículo 165 del
Código General del Proceso7 respecto de los cuales deba estudiarse su
procedencia conforme a lo establecido en el artículo 212 del CPACA, sobre
oportunidades probatorias.
38. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:
39. El accionado solicitó confirmar en todas sus partes la sentencia proferida el 29
de julio de 2025 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico y,
como consecuencia de ello, ordenar el archivo del expediente.
40. En sustento de su oposición, señaló que los argumentos ahora reiterados por
el apelante sí fueron examinados por el a quo dentro del debate probatorio y
jurídico surtido en primera instancia. Sostuvo que no era acertado afirmar que el
Tribunal hubiera omitido pronunciarse sobre la tesis del actor y agregó que el
recurso incurría en una contradicción, ya que, aunque reconocía el carácter
taxativo y de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura,
pretendía conferirles un alcance extensivo no previsto en la Constitución ni en la
4 Cfr. Samai. Índice 00004.
5 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
6 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones
[…].” Aplicable al presente asunto por la remisión realizada en el inciso final del artículo 55 de la
Ley 136 de 1994, así como en el parágrafo segundo del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
7 Aplicable en el presente caso por la remisión efectuado en el artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma en la que se señala lo
siguiente: “[…] En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […].”
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ley. En esa línea, invocó el artículo 230 de la Constitución e insistió en que el juez
se encuentra sometido al imperio de la ley.
41. Asimismo, adujo que la sentencia apelada se ajustó al régimen constitucional
y legal que gobierna la pérdida de investidura, en cuanto esta constituye una
acción de naturaleza sancionatoria sometida a los principios de legalidad,
taxatividad y debido proceso. Resaltó que el concepto del Ministerio Público
coincidió con esa lectura, al estimar que la inhabilidad sobreviniente derivada de
un fallo con responsabilidad fiscal no se encuentra prevista como causal autónoma
de pérdida de investidura y que, por ende, no era posible fundar la desinvestidura
en una hipótesis no contemplada expresamente en el artículo 183 de la
Constitución Política.
42. De otra parte, frente a la causal de indebida destinación de dineros públicos,
manifestó que esta tampoco se configuraba en el sub examine, en tanto no
ostentaba la condición de ordenador del gasto del Concejo Municipal de Soledad
y debido a que los honorarios percibidos por su asistencia a las sesiones se
encuentran expresamente autorizados por los artículos 65 y 66 de la Ley 136 de
1994. Añadió que mientras no hubiera sido despojado de su investidura,
conservaba la condición de concejal activo y, por tanto, el derecho al
reconocimiento de dichos emolumentos. Finalmente, invocó como apoyo un
precedente del Consejo de Estado de 10 de marzo de 2025, para sostener que la
declaratoria de responsabilidad fiscal sobreviniente a la elección y posesión como
concejal, no da lugar, por sí sola, a la pérdida de investidura.
43. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
44. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 1508 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley
8 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
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617 de 9 de octubre 20009 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
201910, sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de
Estado.
45. El análisis se abordará en los estrictos términos del recurso de apelación razón
por la cual la Sala advierte que, aunque la sentencia de primera instancia se
pronunció sobre la causal de indebida destinación de dineros públicos, dado que
sobre ese aspecto no se formuló en la alzada ningún reparo, el mismo no será
objeto de estudio.
6.2. La condición de concejal del accionado
46. Se encuentra acreditado que el demandado José Joao Herrera Iranzo adquirió
la condición de concejal del municipio de Soledad, Atlántico, para el período
constitucional 2024-2027 según copia auténtica del acta en la que la Comisión
Escrutadora Municipal11 lo declara elegido como tal.
47. Ello significa que el accionado es sujeto pasivo de la presente acción de
pérdida de investidura que ha sido incoada, atendiendo lo dispuesto en el artículo
48 de la Ley 617 de 2000. En todo caso se precisa que, en el presente asunto la
condición de concejal del accionado no es materia de controversia como tampoco
lo es la posesión en el cargo respectivo.
6.3. Naturaleza, finalidad y alcance del proceso de pérdida de investidura
48. La pérdida de investidura es una acción pública de raigambre constitucional
reglada por la Ley mediante la cual el juez contencioso-administrativo verifica si un
miembro de una corporación pública de elección popular incurrió en una de las
causales expresamente previstas por el ordenamiento jurídico y, de ser así,
9 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
11 Cfr. índice 2 de la plataforma de gestión judicial SAMAI. Visible a folio 10 del expediente digital.
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impone la sanción correspondiente. No se trata, por ende, de un simple
mecanismo de control abstracto de legalidad, sino de un proceso judicial
sancionatorio que forma parte del ius puniendi del Estado.
49. En relación con la naturaleza, finalidad y alcance de esta institución, resulta
especialmente ilustrativo lo expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en providencia en la que precisó:
“En cuanto a la naturaleza de la pérdida de investidura se trata, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la de esta Corporación,
señalan los siguientes aspectos: i) se trata de una acción pública de origen
constitucional, reglada por el legislador ii) tiene un carácter sancionatorio y
como tal, es manifestación del ejercicio del ius puniendi del Estado iii) su
juzgamiento corresponde a la más alta corporación judicial de la jurisdicción
contencioso administrativa, tratándose entonces de un procedimiento judicial
sancionatorio.
En lo relativo a su finalidad, se ha reiterado que la desinvestidura se dirige a:
i) hacer un juicio ético de reproche sobre un comportamiento, en tanto lo que
se exige de los representantes elegidos por el pueblo es una conducta recta,
pulcra y transparente ii) preservar la dignidad del cargo público de elección
popular, motivo por el cual también se constituye en mecanismo democrático
de participación, a través del cual la ciudadanía ejerce control político sobre
sus representantes, a quienes ha entregado un mandato por vía electoral iii)
juzgar a los miembros de los cuerpos colegiados a partir de un código de
conducta previsto en la Constitución, en razón del valor social y político de la
investidura que ostentan iii) castigar a los miembros de las corporaciones
públicas que incurran en conductas consideradas en el ordenamiento como
reprochables, por ser incompatibles con la dignidad del cargo.
Como quiera que la pérdida de investidura es un juicio de reproche ético y a
la vez un mecanismo de control político de la ciudadanía, su alcance esta dado
en función de posibilitar la depuración de las corporaciones públicas cuando
sus integrantes incurren en conductas contrarias al buen servicio, al interés
general o a la dignidad que ostentan. Tales comportamientos, en tanto
materializan la defraudación del principio de la representación y violentan la
confianza democrática de los electores, se castigan severamente con la
prohibición perpetua de ejercer el derecho político a ser elegido popularmente,
configurando así una limitación de este derecho constitucional y
fundamental.”12
50. De este pronunciamiento se desprende, en primer lugar, que el objeto del
proceso de perdida de investidura no se agota en verificar la ocurrencia material
de un hecho, sino que consiste en adelantar un juicio de reproche jurídico y ético
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 21 de junio de 2018. Proceso radicado no.
11001-03-15-000-2018-00781-00(PI). C.P. Rocío Araújo Oñate.
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respecto de la conducta desplegada por quien ostenta una investidura de
representación popular. En segundo lugar, se advierte que su finalidad es doble:
por una parte, preservar la dignidad de la función representativa y, por otra,
depurar democráticamente las corporaciones públicas cuando uno de sus
integrantes quebranta el estándar de conducta que el ordenamiento jurídico le
impone. En ese sentido, la pérdida de investidura protege no solo la legalidad, sino
también la confianza democrática depositada por los electores en sus
representantes.
51. Esta dimensión democrática de la institución fue también destacada por la
Corte Constitucional, que al examinar el alcance de la pérdida de investidura
afirmó:
“A manera de síntesis, es posible afirmar que dentro de las diversas funciones
que cumple la institución de la pérdida de la investidura, la jurisprudencia
constitucional ha destacado que: de una parte, es la herramienta mediante la
cual el constituyente buscó asegurar el cumplimiento de las obligaciones de
los representantes elegidos popularmente. Pero de otra, al tratarse de un
derecho político de todo ciudadano, la pérdida de investidura constituye uno
de los mecanismos de la democracia participativa y deliberativa, que permite
a los ciudadanos ejercer directamente un control sobre sus representantes por
causales precisas de rango constitucional, y desarrolladas mediante la ley,
encaminadas a preservar la integridad de la función de representación
política.”13
52. Esta precisión resulta particularmente importante, porque muestra que la
pérdida de investidura no es un instrumento concebido exclusivamente para
castigar al elegido popularmente, sino también un mecanismo institucional que
permite a la ciudadanía participar activamente en la preservación de la legitimidad
de la representación política. De allí que el proceso tenga una vocación de control
democrático directo, pero siempre dentro de un marco normativo estricto, debido
a que el ejercicio de ese control no puede desligarse de las garantías que
gobiernan toda actuación sancionatoria.
53. Ahora bien, precisamente porque se está ante un proceso sancionatorio, el
juicio de pérdida de investidura no puede operar bajo esquemas de
responsabilidad objetiva ni quedar librado a valoraciones abiertas o intuitivas del
13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-501 del 6 de agosto de 2015. M.P. Myriam Avila
Roldán.
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juzgador. Sobre este aspecto, la Sala Plena del Consejo de Estado ha explicado
que el examen propio de este proceso recae sobre la conducta del demandado, a
diferencia de otros medios de control en los que lo que se juzga es la validez
objetiva del acto. En ese sentido, señaló:
“El juicio que está llamado a ejercer el juez electoral es objetivo en tanto aquel
solo debe analizar si el acto de elección o designación se ajusta al
ordenamiento. Por su parte, el juez de la pérdida de la investidura debe
enjuiciar, se repite, la conducta del demandado, lo que implica necesariamente
que este efectúe un examen diverso al que debe desplegar aquél. Examen
que, por demás, no puede desconocer la naturaleza sancionatoria de este
proceso, lo que significa que el artículo 29 de la Constitución rige plenamente
en el proceso de pérdida de investidura.
En otros términos, mientras el juez de la nulidad hace un análisis objetivo –
acto - norma, el juez de la pérdida de la investidura debe realizar un análisis
conducta - norma, es decir, subjetivo, en tanto debe valorar el comportamiento
del demandado a partir de las causales previamente establecidas en la norma
fundamental, por lo menos en cuanto a lo que a la violación del régimen de
inhabilidades se refiere. Diferencia esta que resulta sustancial entre una y otra
acción.”14
54. Lo anterior significa que la pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva, en el que no basta con la sola constatación externa del
supuesto fáctico invocado por el actor. El juez debe, además, valorar la conducta
del demandado a la luz de la causal alegada y del régimen de garantías aplicable
a todo proceso sancionatorio. Esta característica explica por qué la acción de
pérdida de investidura exige un examen especialmente riguroso sobre la tipicidad
del comportamiento, la observancia del debido proceso y, cuando corresponda, la
existencia o no de circunstancias que excluyan el juicio de reproche.
55. Adicionalmente, la severidad de la sanción impone un entendimiento restrictivo
de la institución. La misma providencia de la Sala Plena antes citada precisó que,
debido a que la pérdida de investidura comporta una limitación intensa de los
derechos políticos, sus causales son taxativas y su interpretación debe ser estricta.
En efecto, se dijo allí que “las causas que dan lugar a ella son taxativas y operan
de manera restrictiva en los casos, bajo las condiciones y con las consecuencias
que la Carta Política establece”15 y que, “por virtud del principio de taxatividad sólo
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de septiembre
de 2016. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2014-03886-00(PI). C.P. Alberto Yepes Barreiro.
15 Ibidem.
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las conductas que la Constitución Política incluye como causales de pérdida de
investidura, pueden dar lugar a este juicio de reproche y, como se dijo, las mismas
no son modificables por el legislador, ni pueden tampoco ser objeto de
interpretaciones extensivas o analógicas.”16
56. Esta regla de interpretación estricta encuentra pleno sentido en la naturaleza
misma del proceso. Al estar comprometidos derechos políticos fundamentales y al
tratarse de una sanción de la mayor severidad dentro del ámbito de la
representación popular, el juez no puede crear causales, extender las existentes
ni aplicar por analogía supuestos sancionatorios no previstos de manera expresa.
En consecuencia, la pérdida de investidura solo procede cuando la conducta
atribuida encaja de forma precisa en una causal constitucional o legalmente
establecida y cuando su verificación se produce con respeto integral de las
garantías del debido proceso. Ese entendimiento, además de ser compatible con
el principio de legalidad, preserva la excepcionalidad de una institución diseñada
para castigar únicamente las conductas que el ordenamiento considera
incompatibles con la dignidad de la investidura.
6.4. La causal invocada
57. La Sala advierte que el actor estructuró su solicitud de pérdida de investidura
contra el concejal José Joao Herrera Iranzo, “por haber incurrido en la causal de
violación del régimen de inhabilidades, causal relacionada en el artículo 42,
numeral 4, Ley 1952 de 2019” (Negrilla fuera de texto).
58. El accionante acudió a los artículos 41 y 42 de la Ley 1952 de 2019, por
considerar que de su contenido se desprendía la inhabilidad del concejal José
Joao Herrera Iranzo de continuar ejerciendo funciones públicas a partir de la
ejecutoria del fallo de responsabilidad fiscal que fue proferido en su contra.
Puntualmente invocó la causal 1 del artículo 183 superior que establece lo
siguiente:
“Articulo 183. Los congresistas perderán su investidura:
16 Ibid.
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1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses. [….]”
59. Por su parte, el artículo 41 de la Ley 1952 de 2019 tiene el siguiente tenor
literal:
“Artículo 41. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes
se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad
general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el
hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra
ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo
ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicara al
actual nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus
consecuencias.”
60. Y, por su parte, el artículo 42 de la misma Ley dispone:
“Artículo 42. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución
Política, haber sido condenado a la pena privativa de la libertad mayor de
cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se
trate de delito político.
Esta inhabilidad tendrá una duración igual al termino de pena privativa de la
libertad.
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos
cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad
tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria, de la última
sanción.
3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción
disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido
de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
Parágrafo 1. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será
inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado
durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo
correspondiente.
Esta inhabilidad cesara cuando la Contraloría competente declare haber
recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría
General de la Republica excluya al responsable del boletín de
responsables fiscales.
Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido
declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en
el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuara
siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de
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responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder
de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía
fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder
de 50, y por tres meses la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Parágrafo 2. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo se
entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que
produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o
deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta
dolosa, cometida por un servidor público.
Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta
objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.”
(Negrillas de la Sala).
61. Con fundamente en las normas trascritas el recurrente señaló que la ejecutoria
del fallo con responsabilidad fiscal dio lugar a la configuración de una inhabilidad
sobreviviente en cabeza del señor José Joao Herrera Iranzo que le impedía seguir
desempeñando su cargo como concejal.
62. Bajo ese fundamento, alegó que dicha conducta configura la causal prevista
de manera expresa en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política,
esto es, la violación del régimen de inhabilidades.
63. Deberá entonces la Sala establecer si la declaratoria de responsabilidad fiscal
ejecutoriada configura por sí misma, una causal autónoma de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades.
6.4.1. Del régimen de inhabilidades de los concejales
64. Las inhabilidades son circunstancias previstas por la Constitución o por la ley
que impiden el acceso a la función pública o, en determinados supuestos, la
permanencia en ella. Su razón de ser es preservar la transparencia del proceso
democrático, asegurar la idoneidad de quien aspira al cargo y evitar que intereses
personales interfieran con el interés general. En esta medida no constituyen
simples formalidades electorales, sino verdaderas garantías institucionales
orientadas a proteger la moralidad, la imparcialidad, la igualdad y la eficacia en el
ejercicio de la función pública.
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65. Tratándose de los concejales, la Constitución no fijó directamente un catálogo
inhabilidades como sí lo hizo respecto de los congresistas, sino que defirió esa
materia al legislador. De ahí que el punto de partida del análisis no sea el artículo
183 superior, sino los artículos 293 y 312 de la Carta, que atribuyen a la Ley la
determinación de las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de quienes
ejercen cargos de elección popular en las entidades territoriales y,
específicamente, de los concejales.
66. Esa distribución competencial fue explicada por la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
“Respecto de los congresistas la Constitución previó las inhabilidades e
incompatibilidades que les son aplicables (artículos 179 y 180) así como la
sanción que se aplica como consecuencia de su trasgresión, la pérdida de la
investidura (artículo 183-1), dejando a la ley la competencia para definir los
conflictos de intereses (artículo 182).
Por su parte, y a diferencia de lo anterior, en lo que tiene que ver con los
miembros de las corporaciones públicas territoriales, el legislador es el
encargado de fijar cada una de esas condiciones y sus respectivas
consecuencias cuando quiera que alguna de ellas se desconozca, bajo los
límites previstos en la Carta Política. En efecto, el inciso segundo del artículo
299 Superior dispuso que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de
los diputados será fijado por la ley, y que no podrá ser menos estricto que el
señalado para los congresistas en lo que corresponda; por su parte, el inciso
segundo del artículo 312 Superior, dispone igualmente que la ley determinará
las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales.”17
67. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que
el legislador goza de un amplio margen de configuración en esta materia,
precisamente porque el Constituyente territorializó la regulación de estos
regímenes y la defirió a la ley. Sobre el particular, la Corte expresó:
“En vista de la clara voluntad del Constituyente en deferir estos asuntos al
legislador, la jurisprudencia de la Corte Constitucional la ha reconocido a éste,
un amplio margen de configuración normativa en materia de inhabilidades,
incompatibilidades y prohibiciones, tanto en materia de este tipo de
restricciones para el ejercicio de funciones públicas, como para la celebración
de contratos con el Estado. Pese a lo anterior, cuando el asunto goza de
17 Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-1285 del 7 de diciembre de 2005.
M.P. Inés Vargas Hernández.
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reserva constitucional, el margen de configuración del legislador es más
limitado.”18
68. En atención a lo señalado el régimen de inhabilidades de los concejales se
encuentra previsto, en lo esencial, en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma especial que define
quiénes no pueden ser inscritos como candidatos ni elegidos concejales. A su vez,
la consecuencia sancionatoria consistente en pérdida de investidura por violación
de ese régimen tiene fuente legal propia en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994,
cuya vigencia fue reconocida por la Sala Plena del Consejo de Estado aun después
de la expedición de la Ley 617 de 2000, a partir de la cláusula de remisión
contenida en el numeral 6 del artículo 48 ibidem. Sobre este último aspecto, la Sala
Plena de esta Corporación sostuvo:
“A partir del análisis de los referidos antecedentes y teniendo en cuenta que,
ciertamente, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló “íntegramente” lo
relacionado con las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse
derogadas las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se
advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que expresamente
permitió que otras leyes también lo trataran, organizaran o definieran, cuando
en el numeral 6 dispuso que se perdería la investidura: “por las demás
causales expresamente previstas en la ley”.
Tal regulación reconoce de manera expresa la vigencia, y por ende, la
obligatoriedad de lo que otras leyes señalan al respecto. Y es preciso tener en
cuenta que la Ley 617 de 2000, como ya se advirtió, sólo introdujo cambios
parciales al Código de Régimen Municipal, pues no se trató de una derogatoria
total ni de una “sustitución en bloque”, aspecto en el que resulta muy ilustrativo
su título o encabezamiento en el que se precisa su alcance así: “Por la cual se
reforma parcialmente la Ley 136 de 1994...”.
Además, la disposición controvertida de la Ley 136 de 1994 no resulta
contraria al espíritu de la Ley 617 de 2000, que, como ya se dijo, buscó entre
otras finalidades, el fortalecimiento del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades mediante la ampliación de causales de pérdida de
investidura para concejales y diputados.
De otra parte, lo que pudiera justificar la tesis expuesta por el demandado en
el sentido de que con la vigencia del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
sobrevino la eliminación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida
de investidura sería la consideración de que su violación reviste menor
categoría, gravedad o trascendencia que la producida en relación con el
régimen de incompatibilidades o el de conflicto de intereses.”19
18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-106 del 31 de octubre de 2018. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 23 de julio de
2002. Proceso radicado no. 68001-23-15-000-2001-0183-01(IJ-024). C.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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69. Esta providencia permite precisar de una parte, que la violación del régimen
de inhabilidades sí constituye causal de pérdida de investidura de concejales, pero
no por aplicación directa del artículo 183 de la Constitución, sino por virtud del
régimen legal especial contenido en la Ley 136 de 1994, preservado por la remisión
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Y de otra, que la solución normativa en esta
materia debe buscarse en una lectura sistemática de las leyes especiales y no en
construcciones analógicas apoyadas en regímenes distintos.
70. En razón de lo anterior no resulta posible sostener que las causales de
pérdida de investidura de congresistas previstas en el artículo 183 superior sean
directamente aplicables a los concejales. Ese precepto constitucional se refiere de
manera expresa a los miembros del Congreso. En cambio, respecto de los
concejales el Constituyente optó por un diseño diferente: encomendó al legislador
la definición tanto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades como de las
consecuencias derivadas de su infracción. La diferencia no es meramente formal
sino que responde a una decisión constitucional sobre la fuente normativa
competente en cada caso.
71. Esta idea fue desarrollada por la jurisprudencia de esta Sección, al advertir
que las causales constitucionales de pérdida de investidura no pueden extenderse
oficiosamente a sujetos distintos de aquellos para quienes fueron previstas. En tal
sentido, expresó:
“La causal de pérdida de la investidura que se le endilga al inculpado, esto es,
la de indebida destinación de dineros públicos, no guarda relación con el
comentado régimen, y pertenece específicamente a la regulación de la parte
sustantiva de dicha acción, en cuanto corresponde a las conductas o
comportamientos que pueden generar la medida con ese mismo nombre, y si
bien es cierto que esa causal está en la Constitución Política - artículo 183,
numeral 4 -, también lo es que esa norma sólo se refiere a los congresistas,
sin que pueda hacerse extensiva a los diputados, precisamente por no ser
parte del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, amén de que para los
demás servidores públicos que sean pasibles de dicha acción se requiere
norma que expresamente se la haga aplicable.”20
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 7 de
abril de 2005. Proceso radicado no. 70001 2331 000 2004 00311 01. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
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72. A pesar de que el precedente transcrito resolvió un caso relativo a diputados,
su ratio resulta plenamente útil para el presente asunto, porque descansa en
principios que también gobiernan el régimen de los concejales: legalidad, tipicidad,
taxatividad e interpretación restrictiva de las causales sancionatorias. De allí se
sigue que, si una causal de pérdida de investidura no ha sido prevista por la
Constitución o por la ley para el sujeto concernido, el juez no puede construirla por
analogía, extensión o simple semejanza con el régimen de los congresistas. Esa
misma conclusión se robustece, incluso, porque para los concejales el artículo 312
superior no consagra un parámetro de equiparación material con el régimen de
congresistas, sino una remisión directa a la ley.
73. En suma, la Sala destaca que las inhabilidades de los concejales son
restricciones de fuente legal, orientadas a salvaguardar la moralidad,
imparcialidad, idoneidad y transparencia en el acceso y ejercicio del cargo; que su
régimen especial se encuentra fijado por la ley, principalmente en los artículos 43
y 55 de la Ley 136 de 1994, modificados y complementados por la Ley 617 de
2000; y que su violación puede dar lugar a pérdida de investidura, pero únicamente
en los términos expresamente definidos por ese régimen especial. Por la misma
razón, la libertad de configuración del legislador y la reserva legal que deriva de
los artículos 293 y 312 de la Constitución impiden aplicar de manera directa a los
concejales las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 183
superior para los congresistas.
74. En ese sentido, la premisa normativa propuesta por la recurrente resulta a
juicio de la Sala errada. En efecto, la causal del numeral 1 del artículo 183 de la
Constitución Política fue prevista por el Constituyente para los congresistas,
mientras que, respecto de los concejales, la Carta Política defirió al legislador la
determinación de sus inhabilidades, incompatibilidades y de las consecuencias
derivadas de su trasgresión. Por ello, el examen de la pérdida de investidura de
estos últimos no puede construirse a partir de una aplicación directa del artículo
183 superior, sino desde el régimen legal especial que gobierna a los miembros
de corporaciones públicas territoriales.
75. La Sala advierte que, tratándose de concejales, la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades que, en estricto sentido,
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debió servir de fundamento a la demanda se encuentra prevista en el numeral 2
del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, disposición conforme a la cual los concejales
perderán su investidura “Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses”. Esa previsión debe leerse de
manera concordante con el régimen especial de inhabilidades de los concejales,
previsto en el artículo 43 ibidem, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000.
76. No obstante, la sola equivocación del actor al invocar como fundamento
inmediato el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, en lugar del
régimen especial legal aplicable a los concejales, no conduce, por sí sola, al
fracaso formal de la solicitud. La jurisprudencia de esta Corporación ha admitido
que ese tipo de yerros en la identificación precisa de la norma no impiden el
juzgamiento de fondo, siempre que los hechos y la causal, en su entendimiento
conceptual, hayan sido expuestos con suficiente claridad y hayan permitido al
demandado ejercer plenamente su derecho de defensa. En esa dirección, la
Sección Primera ha señalado:
“En la demanda no se precisa legalmente la causal por la cual se persigue la
pérdida de la investidura de concejal del demandado, pues sólo se relatan los
hechos y se invocan como violados los artículos 180, numeral 2, y 183,
numerales 1 y 5 de la Constitución Política, los cuales se refieren a los
congresistas, y no a los concejales; así como las leyes 617 de 2000 y 136 de
1994, sin indicar alguna disposición de ellas.
Esa situación ameritaba que se hubiera ordenado la corrección de la demanda
para mejorar la claridad y precisión de la causa petendi, pero el hecho de que
ello no se hubiera ordenado no afecta la validez de lo actuado ni impide el
juzgamiento de la situación procesal reseñada, pues la calificación nominal de
los hechos como conflicto de intereses, tráfico de influencia y celebración de
contrato por interpuesta persona, facilita su valoración normativa.”21
77. El criterio expuesto responde a una comprensión sustancial del proceso de
pérdida de investidura. En efecto, lo determinante no es la exactitud nominal con
que el actor rotule la causal o la norma que inicialmente cite, sino que el marco
fáctico y la imputación jurídica resulten comprensibles, permitan delimitar el debate
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13
de octubre de 2016. Proceso radicado no. 81001-23-39-000-2016-00014-01 (PI). C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.
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y garanticen el ejercicio del contradictorio. Esa misma orientación aparece en otro
pronunciamiento de esta Sección, en el que se indicó:
“La Sala no halla fundamento en la alegación del apelante, pues la situación
fáctica que configura la causal de inhabilidad fue adecuadamente sustentada.
Tampoco considera admisible el reparo que a la identificación de su
fundamento jurídico pretende derivarse del hecho de haberse citado el artículo
40 de la Ley 617 de 2000, que modifica el artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
pues lo cierto es que en cuanto concierne a la causal de inhabilidad a que
corresponden los hechos del caso presente, una y otra contemplan análoga
previsión normativa, consistente en ambos casos en la inhabilidad aparejada
por la condena por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto
por delitos políticos o culposos.
Además, como bien lo anotó el Tribunal, tratándose de solicitudes de pérdida
de investidura presentadas por un ciudadano común, el artículo 4º. de la Ley
144 de 1994, aplicable al procedimiento de pérdida de investidura de los
Concejales por virtud de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994,
no exige señalar el fundamento jurídico sino «la invocación de la causal por la
cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación».” 22
78. En el caso objeto de análisis es aún menos gravoso el yerro del demandante
al invocar una causal establecida en un régimen especial no aplicable a la
investidura del accionado. Ello obedece a que, en este caso, las dos disposiciones
que han venido siendo puestas en contraste describen, literal y sustancialmente,
la misma causal. En efecto, el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994
dispone: “Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses”; y el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política
establece: “Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses”. Como se observa, más allá de la distinta fuente
normativa y del sujeto al que cada disposición se dirige, ambas recogen el mismo
núcleo conceptual de reproche: la trasgresión del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses.
79. Esa equivalencia material permite afirmar que el demandante, aunque acudió
a una disposición constitucional prevista para congresistas, sí delimitó con claridad
la causal en su entendimiento sustancial. El actor describió una hipótesis que,
según su planteamiento, constituía una violación del régimen de inhabilidades, de
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13
de diciembre de 2001. Proceso radicado no. 68001-23-15-000-2001-0482-01(7332). C.P. Camilo
Arciniegas Andrade.
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modo que el error consistió en la selección de la fuente normativa inmediata, pero
no en la identificación conceptual del reproche ni en el señalamiento de los hechos
en que este se fundaba.
80. Esa conclusión se acompasa con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación, según la cual la imprecisión en la cita de la disposición específica
que consagra la causal de pérdida de investidura no frustra, por sí misma, el
juzgamiento de fondo, siempre que la situación fáctica haya sido adecuadamente
expuesta y la imputación permita al demandado ejercer su derecho de defensa.
Tal entendimiento responde a la prevalencia del derecho sustancial y a la
naturaleza de la pérdida de investidura como mecanismo de control ciudadano,
que no debe quedar neutralizado por un formalismo excesivo cuando el debate
jurídico y probatorio se encuentra claramente delimitado.
81. Bajo este entendimiento, ahora procederá la Sala a analizar si el fallo de
responsabilidad fiscal genera una inhabilidad que a su vez dé lugar a la pérdida de
investidura.
6.4.2. La inhabilidad derivada de la existencia de un fallo de responsabilidad
fiscal
82. Delimitada en el acápite precedente la causal invocada por el actor
corresponde establecer si la inhabilidad derivada de la declaratoria de
responsabilidad fiscal, prevista en el numeral 4 del artículo 42 de la Ley 1952 de
2019, es causal autónoma de pérdida de investidura.
83. Sea lo primero advertir que la norma invocada por el actor reproduce, en lo
sustancial, el contenido del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código
Disciplinario Único), derogado por la Ley 1952 de 2019. En efecto, ambas
disposiciones comparten idéntico tenor literal en su proposición normativa central:
"Haber sido declarado responsable fiscalmente", y coinciden en la estructura del
parágrafo que regula la duración de la inhabilidad, su cesación por pago y los
plazos escalonados según la cuantía del detrimento.
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84. En segundo lugar, resulta igualmente importante destacar que la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 24 de octubre de 2018, al revisar la
constitucionalidad del numeral 4 y el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, no solo precisó su alcance sino además su ámbito de aplicación. Al respecto
indicó:
“Para la Sala, el apartado normativo que es objeto de reproche constitucional
en el presente asunto tiene el siguiente alcance jurídico:
• Se trata de una disposición contenida en una ley vigente desde el año 2002,
por lo que al momento de realizar el presente análisis cuenta con más de 16
años de vigor. Por lo tanto, a partir de ese momento las condiciones para el
acceso a la función pública, con independencia de si se trata o no de procesos
electorales, están definidas para todos aquellos que aspiran al servicio estatal.
• La proposición acusada hace parte de un cuerpo jurídico aplicable de manera
general a todas las personas que pretenden acceder a la función pública, por
lo que no constituye una forma de legislación ad hoc.
• La declaratoria de responsabilidad fiscal configura una restricción al ejercicio
del derecho de acceso a cargos públicos, pues el Legislador la consagró como
causal de inhabilidad.
• Se trata de una inhabilidad común o general para todos aquellos que
pretenden ejercer funciones públicas, debido a que su formulación no
estableció que su aplicación fuera exclusiva para el acceso a determinados
cargos, sino que, su verificación se exige “para desempeñar cargos públicos”
en términos genéricos. En otras palabras, la mencionada limitación opera para
cualquier persona que pretenda desempeñar servicios estatales, sin importar
su denominación o forma de acceso.
• Es una limitación temporal para el acceso al desempeño de cargos públicos,
puesto que su duración está sometida a plazo o a condición de la siguiente
manera: i) 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente; ii)
vencido el término anterior sin que se verifique el pago o la exclusión del
boletín de responsables fiscales, la restricción continúa por 5 años si la cuantía
fuere superior a 100 S.M.L.M.V, por 2 años si el monto fuere superior a 50 sin
exceder de 100, por 1 año si la cuantía fuere superior a 10 sin exceder de 50,
por 3 meses si fue igual o inferior a 10 S.M.L.M.V.
• Adicionalmente, la restricción depende de la voluntad del condenado puesto
que cesa en el momento en que el sujeto pague la sanción impuesta por el
detrimento al erario verificado por la Contraloría respectiva.
• No tiene naturaleza sancionatoria en atención a que la circunstancia que
sustenta la restricción del derecho de acceso a los cargos y a la función pública
se deriva de un hecho objetivo, determinado por la declaratoria administrativa
de la responsabilidad fiscal, sin que en dicha decisión se adopte esta
mencionada inhabilidad como pena accesoria o adicional.23
23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-101 del 24 de octubre de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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85. De la caracterización efectuada por la Corte Constitucional se desprenden
varias precisiones de especial relevancia para el presente caso. La primera es que
la inhabilidad por declaratoria de responsabilidad fiscal es una restricción de
carácter general, concebida para operar frente a todas las personas que pretendan
acceder a la función pública, sin distinción por la naturaleza del cargo o por la
forma de acceso al mismo. No se trata, en consecuencia, de una inhabilidad
especial vinculada a un determinado régimen funcional, sino de una condición
transversal cuya fuente es el estatuto disciplinario.
86. La segunda precisión concierne a la temporalidad de la restricción. A diferencia
de las inhabilidades previstas en el régimen especial de los concejales, que operan
como condiciones de inelegibilidad referidas al momento de la inscripción o de la
elección, la inhabilidad por responsabilidad fiscal está sujeta a un plazo
determinado que comienza a contarse a partir de la ejecutoria del fallo
correspondiente y que puede cesar anticipadamente si el declarado responsable
efectúa el pago de la obligación impuesta por el ente de control fiscal.
87. La tercera y, acaso, más relevante para el análisis, es que la Corte
Constitucional fue enfática en señalar que esta inhabilidad no tiene naturaleza
sancionatoria. Su configuración no obedece a la imposición de una pena accesoria
dentro del proceso de responsabilidad fiscal, sino que se deriva de un hecho
objetivo verificable, a saber, la declaratoria administrativa de responsabilidad
fiscal. En ese sentido, se trata de una restricción legal al derecho de acceder al
servicio estatal que se ubica en el ámbito del derecho disciplinario, no en el del
derecho sancionatorio penal ni en el del régimen constitucional de pérdida de
investidura.
88. Adicionalmente, la Corte Constitucional al analizar la inhabilidad frente al
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyó que la
restricción era constitucionalmente válida, razonable y proporcionada, por cuanto
a través de ella se persigue una finalidad legítima orientada a materializar los
principios que rigen la función pública. Sobre este aspecto, la Corte sostuvo:
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“Es una restricción sustentada en una circunstancia objetiva que se deriva de
un hecho verificable que es la declaración administrativa de responsabilidad
fiscal, por lo que no es una inhabilidad-sanción. Bajo ese entendido, se trata
de una medida limitativa que, contrario a lo expuesto por el ciudadano, no está
prohibida por la Constitución y los tratados internacionales que hacen parte
del bloque de constitucionalidad, específicamente por el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Bajo ese entendido, la medida de inhabilitación por la declaración de
responsabilidad fiscal es idónea para alcanzar los fines propuestos y no se
encuentra prohibida en la Constitución y en la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos, pues los Estados cuentan con un amplio margen
de configuración para restringir el derecho de acceso al desempeño de cargos
públicos, mediante limitaciones como la que es objeto de estudio en esta
oportunidad.
Adicionalmente, existe una relación indirecta entre la circunstancia que
configura la causal y la declaratoria administrativa de responsabilidad fiscal,
pues la existencia de aquel hecho y su verificación objetiva generan la
limitación del derecho de acceso al desempeño de cargos públicos. En ese
sentido, no se desconoce el artículo 23 de la CADH, puesto que se trata del
ejercicio de una potestad administrativa de responsabilidad que se adecúa a
la interpretación evolutiva que de la mencionada normativa internacional ha
decantado la Corte IDH.”24
89. Este pronunciamiento confirma que la inhabilidad derivada de la
responsabilidad fiscal tiene un ámbito de operatividad propio, definido por el
legislador en el estatuto disciplinario, y que su finalidad consiste en impedir el
acceso a la función pública de quienes hayan comprometido el patrimonio del
Estado. Sin embargo, una cosa es reconocer la validez constitucional de esa
restricción en el plano del acceso al servicio estatal y otra, enteramente distinta,
es concluir que su infracción produce automáticamente la consecuencia
jurisdiccional de la pérdida de investidura. Esa distinción es precisamente la que
subyace a la línea jurisprudencial que la Sección Primera ha decantado desde la
vigencia de la Ley 734 de 2002 y que, como se demostrará en el acápite siguiente,
conserva plena vigencia bajo la Ley 1952 de 2019.
6.4.3. Del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
90. De conformidad con los argumentos de la demanda y los reparos formulados
en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el fallo con
Responsabilidad Fiscal proferido en contra de un concejal en ejercicio de sus
funciones configura causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
24 Ibidem.
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inhabilidades, a partir de la interpretación conjunta del numeral 4 del artículo 42 y
del artículo 41 de la Ley 1952 de 2019.
91. En primer lugar, es preciso recalcar que los artículos 41 y 42 de la Ley 1952
de 2019 pertenecen al Código General Disciplinario y, por tanto, regulan
consecuencias propias del derecho disciplinario. De allí no se sigue que su
infracción produzca automáticamente, en sede jurisdiccional, la sanción de pérdida
de investidura. Confundir ambos planos equivale a desdibujar la autonomía entre
dos regímenes normativos distintos en naturaleza, finalidad y efectos.
92. En segundo lugar, se debe reiterar que el régimen especial de inhabilidades
de los concejales se encuentra contenido en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 200025, y que dentro del mismo no
se contempla la inhabilidad sobreviniente derivada de la ejecutoria de un fallo con
responsabilidad fiscal, que es justamente la hipótesis que el demandante pretende
hacer valer en el presente trámite a partir de los artículos 41 y 42 de la Ley 1952
de 2019.
93. Dicho de otro modo, aun reconduciendo la demanda al cauce normativo
correcto —esto es, al numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en armonía
con el artículo 43 ibidem—, el supuesto fáctico invocado por el actor no encuentra
correspondencia en el catálogo legal especial de inhabilidades aplicable a los
concejales. Y esa ausencia de tipicidad impide, por sí sola, trasladar al juicio de
pérdida de investidura una consecuencia propia del régimen disciplinario.
94. Es a partir de esa precisión que debe examinarse el resto del planteamiento
del recurrente. En efecto, una cosa es admitir que el error en la cita del precepto
que consagra la causal de pérdida de investidura no frustra, por sí solo, el examen
de fondo del cargo; y otra, enteramente distinta, concluir que el juez puede
incorporar al régimen especial de los concejales una inhabilidad no prevista en él,
25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. i) Sentencia de 19 de febrero de 2015, Proceso
radicado número: 08001233100020130034001, Consejero Ponente. Marco Antonio Velilla Moreno;
ii) sentencia de 8 de mayo de 2014, Proceso radicado número.: 70001233300020120009401,
Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso; iii) Sentencia de 18 de septiembre de 2014,
Proceso radicado número.: 54001233300020120014101, Consejero Ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno; iv) Sentencia de 19 de febrero de 2004, Rad.: 73001233100020030090701, Actor:
Fernando Izquierdo Valderrama y Otro, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
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por el solo hecho de encontrarse regulada en el estatuto disciplinario. Lo acabado
de señalar es compatible con la prevalencia del derecho sustancial, sin dejar de
lado que una posición contraria desconocería la especialidad legislativa, la
taxatividad de las causales y el carácter restrictivo del proceso de pérdida de
investidura. Desde esa perspectiva, procede la Sala a explicar por qué los artículos
41 y 42 de la Ley 1952 de 2019 no pueden operar, por sí mismos, como
fundamento autónomo de desinvestidura en este caso.
95. Lo primero es destacar que las disposiciones de la Ley 1952 de 2019 hacen
parte del Código General Disciplinario, cuerpo normativo que regula
consecuencias propias del ejercicio de la función pública en sede disciplinaria. En
contraste, la pérdida de investidura constituye un juicio jurisdiccional, de estirpe
constitucional, gobernado por un régimen especial y por causales de interpretación
restrictiva. De allí que no baste verificar la existencia de una inhabilidad legal en
abstracto para tener por estructurada, sin más, la causal constitucional invocada,
debido a que entre uno y otro plano normativo existe una diferencia de naturaleza,
finalidad y efectos.
96. Ese entendimiento fue expuesto con claridad por la Sección Primera en
sentencia del 31 de agosto de 2017, al estudiar si las incompatibilidades previstas
en el artículo 39 de la Ley 734 de 2002 podían ser judicializadas, en forma directa,
dentro de un proceso de pérdida de investidura de concejales. En dicha
providencia, la Sala señaló:
“Así las cosas, la Sala observa que, en la actualidad, no está habilitada la
invocación de las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código
Disciplinario Único como causales de pérdida de investidura territorial por
violación de dicho régimen.
El argumento de la especialidad fue deferido por la Constitución Política a la
ley. Es así como conforme al artículo 293, sin perjuicio de lo establecido en la
Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades,
incompatibilidades, causales de destitución, etc., de los elegidos
popularmente; y el artículo 127 ibidem, establece la prohibición a los
servidores públicos de celebrar por sí o por interpuesta persona o en
representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o personas
privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones
legales.”26
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 31
de agosto de 2017. Proceso radicado número 08001-23-33-000-2016-00753-01. Consejera
Ponente: María Elizabeth García González.
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97. El sentido de este precedente es inequívoco. La Sección Primera27 distinguió
entre el régimen disciplinario general y, por otro, el régimen especial de pérdida de
investidura, para concluir que no toda incompatibilidad o prohibición disciplinaria
puede mutar, sin mediación normativa expresa, en causal de perdida de
investidura. La razón de fondo radica en que la Constitución remitió a la ley la
determinación específica de las calidades, inhabilidades, incompatibilidades y
causales de destitución de los elegidos popularmente, de suerte que el juez de
pérdida de investidura no puede adicionar el catálogo legal mediante integraciones
extensivas con normas ajenas al régimen especial.
98. La línea establecida en la Sentencia del 31 de agosto de 2017 fue reiterada en
sentencia del 9 de septiembre de 2021, providencia particularmente relevante para
el caso sub examine en tanto estudió, de manera directa, la pretensión de fundar
la pérdida de investidura en la inhabilidad por responsabilidad fiscal contemplada
en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. En esa oportunidad, la Sala
sostuvo:
“En esta medida, para la Sala no resulta posible invocar la inhabilidad prevista
en el numeral 4° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario
Único, como causal de pérdida de investidura, pues debe reiterarse que los
precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad han defendido la
autonomía de la institución de pérdida de investidura con otros regímenes, como
el derecho disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de vista de su
naturaleza, sino también su objeto y las finalidades que persiguen; esta no fue la
intención del constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además, por
tratarse de una limitación de los derechos políticos, las causales son taxativas y
no admiten interpretaciones extensivas o analógicas.”28 (Negrilla de la Sala).
99. La sentencia acabada de citar fortalece la regla aplicable al caso de autos por
dos razones. Primero, porque se refiere a una inhabilidad derivada de la
declaratoria de responsabilidad fiscal, esto es, a una hipótesis igual a la que en
este caso invoca el apelante; y; segundo, porque esta Sección dejó sentada la
imposibilidad de trasladar los supuestos de hecho establecidos en el régimen
disciplinario al proceso de pérdida de investidura. Lo anterior, obedece a la
autonomía estructural entre ambos regímenes y al carácter taxativo de las
27 Ibidem.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de
septiembre de 2021. Proceso radicado número 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI). Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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causales de perdida de investidura, que excluye, por definición, toda extensión
analógica o expansiva.
100. Esta misma línea jurisprudencial fue posteriormente reafirmada por la
Sección en sentencia del 1 de julio de 2022, al precisar, de forma general, el
alcance de las normas disciplinarias frente al régimen de pérdida de investidura de
concejales. En dicha decisión se dispuso:
“Es en este sentido que la Sala reitera que las disposiciones contenidas en el
estatuto disciplinario, entre ellas las invocadas en la solicitud del asunto bajo
examen, -artículo 39, numeral 1, literal b), de la Ley 734-, no operan con fines
de pérdida de investidura de concejales, por cuanto, si bien ambos procesos
implican la manifestación del poder punitivo del Estado, responden a
actuaciones autónomas de distinta naturaleza y finalidad, uno se desarrolla en
sede administrativa y otro en jurisdiccional, no está previsto que la
inobservancia de las normas disciplinarias acarreen la desinvestidura de los
corporados, y el principio de taxatividad que gobierna a este proceso judicial
no admite interpretaciones extensivas o analógicas en el análisis de sus
causales.”29
101. En esta providencia no sólo se reiteró la separación entre el estatuto
disciplinario y el proceso de pérdida de investidura, sino que se precisó que ambos
escenarios, aunque participan del poder sancionatorio del Estado, responden a
finalidades distintas, se tramitan en sedes diferentes y producen consecuencias
jurídicas no intercambiables. De ahí que la infracción de una regla disciplinaria
pueda generar responsabilidad en ese ámbito, sin que por ello se siga, automática
o necesariamente, la pérdida de la investidura del corporado.
102. En síntesis, la Sección ha sostenido, desde la vigencia de la Ley 734 de 2002
y también bajo la Ley 1952 de 2019, que las inhabilidades, incompatibilidades o
faltas previstas en el estatuto disciplinario no pueden ser trasladadas por vía
extensiva o analógica al proceso jurisdiccional de pérdida de investidura debido a
la autonomía de ambos regímenes, a la naturaleza sancionatoria de la
desinvestidura y el carácter taxativo de sus causales. Así se evidencia en la
siguiente relación jurisprudencial:
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de
julio de 2022. Proceso radicado número 05001233300020220026201. Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.
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Sentencia Tesis
“[…] para la Sala no resulta posible invocar la inhabilidad
prevista en el numeral 4° del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, Código Disciplinario Único, como causal de pérdida
de investidura, pues debe reiterarse que los precedentes de
Sección Primera, CP: Roberto esta Sala que se prohíjan en esta oportunidad han
Augusto Serrato Valdés, defendido la autonomía de la institución de pérdida de
sentencia de 9 de septiembre investidura con otros regímenes, como el derecho
de 2021, radicado núm.: disciplinario, los cuales difieren no solo desde el punto de
70001-23-33-000-2021- vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
00014-01 (PI). finalidades que persiguen; esta no fue la intención del
constituyente de 1991 y, tampoco, del legislador, y además,
por tratarse de una limitación de los derechos políticos, las
causales son taxativas y no admiten interpretaciones
extensivas o analógicas. […]”.
“[…] en este sentido que la Sala reitera que las
disposiciones contenidas en el estatuto disciplinario, entre
ellas las invocadas en la solicitud del asunto bajo examen, -
artículo 39, numeral 1, literal b), de la Ley 734, no operan
con fines de pérdida de investidura de concejales, por
Sección Primera, CP: Nubia cuanto, si bien ambos procesos implican la manifestación
Margoth Peña Garzón,
del poder punitivo del Estado, responden a actuaciones
sentencia de 1.° de julio de
2022, radicado núm.: 05001 autónomas de distinta naturaleza y finalidad, uno se
2333 000 2022 00262 01 (PI). desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional, no
está previsto que la inobservancia de las normas
disciplinarias acarreen la desinvestidura de los corporados,
y el principio de taxatividad que gobierna a este proceso
judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas
en el análisis de sus causales. […]”
“[…] A su vez, respecto de la invocación que tanto el
solicitante como la sentencia apelada hacen del artículo 44
de la Ley 1952, por medio de la cual se expide el Código
General Disciplinario, se deroga la Ley 734 y algunas
Sección Primera, CP: Nubia disposiciones de la Ley 1474, la Sala reitera la postura
Margoth Peña Garzón, sostenida aun en vigencia de estas últimas normas
sentencia de 20 de febrero de disciplinarias, respecto de las cuales no son disposiciones
2024, radicado núm.: 47001 aplicables al proceso de pérdida de investidura, por cuanto
2333 00 2024 00324 01 (PI). atienden al régimen disciplinario de los servidores públicos,
esto es un estatuto que prevé faltas disciplinarias cuya
inobservancia no acarrea la desinvestidura de los
cabildantes en los insistentes términos de la jurisprudencia
de la Sección […].”
“[…] Conforme a las decisiones judiciales proferidas por esta
Sección Primera, CP: Sección, resulta improcedente fundamentar causales de
Germán Eduardo Osorio
pérdida de investidura en disposiciones de naturaleza
Cifuentes, sentencia de 13 de
marzo de 2025, radicado
disciplinaria, como lo es la Ley 1952, modificada
núm.: 05001 23 33 000 2024 parcialmente por la Ley 2094, mediante la cual se expidió el
01006 01 (PI). Código General Disciplinario, norma que derogó,
parcialmente, la Ley 734 de 5 de febrero de 2002. […]”
Sección Primera, CP: “La Sección Primera del Consejo de Estado, ha sostenido
Germán Eduardo Osorio
de manera uniforme una postura según la cual las normas
Cifuentes, sentencia de 15 de
mayo de 2025, radicado
de naturaleza disciplinaria, como las previstas en la Ley
núm.: 25000-2315-000-2024- 1952 no son causales de pérdida de investidura, lo cual se
00691-01. justifica en razón a la autonomía que persiguen ambas
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Sentencia Tesis
disciplinas. (...) Según los antecedentes jurisprudenciales
citados supra, resulta improcedente fundamentar causales
de pérdida de investidura en disposiciones de naturaleza
disciplinaria, como lo es la Ley 1952, mediante la cual se
expidió el Código General Disciplinario, toda vez que no está
prevista como una causal de pérdida de investidura de los
concejales, interpretación que se acompasa con los
principios pro homine y de la proscripción de la aplicación
extensiva o de la analogía, los cuales cobran especial
relevancia si se tiene en cuenta que se trata de una sanción
que tiene como consecuencia la imposibilidad del servidor
público de ejercer sus derechos políticos a futuro y a
perpetuidad.”
103. Bajo este contexto, no resulta de recibo la objeción del recurrente en el
sentido de que los precedentes mencionados no serían trasladables al presente
asunto porque fueron proferidos bajo la vigencia de la Ley 734 de 2002, mientras
que el caso sub examine debe resolverse conforme a la Ley 1952 de 2019. La
relación jurisprudencial anterior demuestra que la Sección Primera ha reiterado la
misma regla tanto bajo la vigencia de la Ley 734 de 2002 como bajo la Ley 1952
de 2019. Las disposiciones de naturaleza disciplinaria no pueden erigirse, por sí
mismas, en causales de pérdida de investidura. En consecuencia, el tránsito
normativo entre ambos códigos disciplinarios no desvirtúa la ratio decidendi de la
línea jurisprudencial reseñada, ya que esta no descansa en una redacción legal
particular sino en la autonomía entre el régimen disciplinario y el proceso de
pérdida de investidura, en la taxatividad de sus causales y en la prohibición de
interpretaciones extensivas o analógicas cuando está comprometido el ejercicio
futuro de derechos políticos.
104. Por lo demás, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación en el
Concepto del 23 de abril de 2019, estableció que existe una continuidad material
entre los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 y el
artículo 39 de la Ley 734 de 2002, al señalar:
“Como ya se anotó, el artículo 43 numeral 1, literales a y b de la Ley 1952 de
2019 son esencialmente iguales a lo previsto por el artículo 39 de la Ley 734
de 2002, salvo en que la Ley 734 extiende la incompatibilidad ‘desde el
momento de su elección hasta cuando esté legalmente terminado el período’,
mientras que el artículo 43 de la Ley 1952 lo hace ‘desde el momento de su
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elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro
del servicio.’”30
105. A pesar de que este concepto no analiza estas normas en el marco de un
proceso de perdida de investidura, sí aporta un presupuesto jurídico relevante para
el análisis sistemático del problema: la transición de la Ley 734 de 2002 a la Ley
1952 de 2019 no supuso una ruptura conceptual del régimen disciplinario en el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sino una reformulación con
marcada continuidad estructural, cuya variación principal es de orden temporal.
Por ello, si la sección primera ya había decantado, bajo la legislación anterior, que
las incompatibilidades e inhabilidades disciplinarias no podían operar como
causales autónomas de pérdida de investidura, no existe razón jurídica suficiente
para concluir que, por el solo cambio de codificación, ese entendimiento quedó sin
efecto.
106. En este orden de ideas, la Sala concluye que las causales de inhabilidad
contempladas en el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 no son trasladables al
ámbito de la pérdida de investidura de concejales. Esa conclusión se sustenta en
la convergencia de tres fundamentos que, examinados de manera conjunta,
configuran una regla jurídica clara y consistente.
107. El primero es de orden normativo, las inhabilidades previstas en el artículo
42 del Código General Disciplinario hacen parte de un cuerpo normativo cuya
finalidad, ámbito de aplicación y consecuencias jurídicas difieren estructuralmente
de las que gobiernan el proceso de pérdida de investidura. Mientras aquel regula
condiciones generales de acceso a la función pública cuya inobservancia acarrea
consecuencias disciplinarias, el proceso de pérdida de investidura constituye un
juicio jurisdiccional de naturaleza constitucional, gobernado por causales taxativas
y de interpretación restrictiva, cuya infracción se traduce en la sanción más severa
del ordenamiento en materia de derechos políticos. La sola circunstancia de que
ambos regímenes prevean hipótesis de inhabilidad no autoriza a intercambiar sus
efectos, porque cada uno responde a una lógica normativa propia, a sujetos
pasivos diferenciados y a consecuencias jurídicas no equiparables.
30 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia del 23 de abril de 2019. Proceso
radicado número 11001-03-06-000-2019-00049-00(2414). Consejero Ponente: Édgar González
López
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108. El segundo fundamento es de naturaleza jurisprudencial, puesto que la
Sección Primera ha sostenido de manera uniforme que las disposiciones
contenidas en el estatuto disciplinario no operan como causales autónomas de
pérdida de investidura de concejales. Esa línea fue construida bajo la vigencia de
la Ley 734 de 2002, pero su ratio decidendi no se agota en el texto de esa
codificación sino que descansa en principios constitucionales que trascienden el
tránsito legislativo, a saber: la autonomía entre el régimen disciplinario y el proceso
de pérdida de investidura, la taxatividad de las causales de desinvestidura y la
reserva legal especial que la Constitución establece para la regulación de las
inhabilidades de los corporados territoriales. En vista de que la Ley 1952 de 2019,
como lo reconoció la Sala de Consulta y Servicio Civil, no alteró la estructura
conceptual del régimen de inhabilidades disciplinarias, sino que la reformuló con
marcada continuidad material, los fundamentos que sustentan aquella línea
jurisprudencial conservan plena fuerza vinculante.
109. El tercero es de orden constitucional, ya que el artículo 312 de la Carta
Política defirió al legislador la determinación de las inhabilidades de los concejales,
materia que fue regulada por los artículos 40 de la Ley 617 de 2000 y 43 de la Ley
136 de 1994, normas especiales que no incluyen entre sus causales la declaratoria
de responsabilidad fiscal. En ese régimen especial, que es el único habilitado para
definir qué conductas pueden dar lugar a la pérdida de investidura por violación
del régimen de inhabilidades, no existe previsión alguna que permita incorporar,
por remisión o por analogía, los supuestos de hecho del artículo 42 del Código
General Disciplinario. Admitir lo contrario equivaldría a que el juez de pérdida de
investidura adicionara, por vía interpretativa, el catálogo de causales de un
proceso sancionatorio de la mayor severidad, en abierta contradicción con los
principios de legalidad y taxatividad que lo gobiernan.
110. Por ende, el hecho de que los artículos 41 y 42 de la Ley 1952 de 2019
regulen hipótesis de inhabilidad no significa, sin más, que su infracción produzca
automáticamente la consecuencia jurisdiccional de la perdida de investidura.
Tampoco altera esta conclusión la afirmación del recurrente según la cual el
artículo 183 superior no enumera una “causal típica” cerrada, sino que remite, en
términos generales, a la violación del régimen de inhabilidades e
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incompatibilidades. Esa cláusula constitucional no habilita al juez para absorber
indiscriminadamente cualquier inhabilidad prevista en cualquier estatuto legal,
prescindiendo de la especialidad del proceso de pérdida de investidura. Una
interpretación de esta índole vaciaría de contenido la autonomía entre el régimen
disciplinario y el régimen de perdida de investidura.
114. Finalmente se debe precisar que el artículo 41 de la Ley 1952 de 2019, que
a juicio del recurrente no fue considerado por el a quo, es en realidad una norma
de estirpe disciplinaria cuya aplicación tiene lugar cuando se produce una sanción
de destitución o suspensión acompañada de la inhabilidad y sea necesario notificar
al nuevo nominador del funcionario sancionado esta circunstancia sobreviniente.
115. En conclusión, la Sala reitera que la tesis del apelante no desvirtúa los
argumentos invocados en la sentencia recurrida. Los artículos 41 y 42 de la Ley
1952 de 2019 no pueden erigirse, por sí mismos, en fundamento autónomo de
pérdida de investidura; los precedentes reseñados conservan plena fuerza
vinculante pese al tránsito legislativo; y, por ende, la alegada inhabilidad
sobreviniente derivada de la declaratoria de responsabilidad fiscal no habilita en
este asunto la procedencia de la pérdida de investidura por violación del régimen
de inhabilidades en los términos propuestos por la parte actora.
116. En consecuencia, la Sala no encuentra verificado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades,
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en concordancia
con el artículo 48 de la Ley 617 de 2000. La hipótesis fáctica invocada por el actor,
esto es, la ejecutoria de un fallo de responsabilidad fiscal en contra de un concejal
en ejercicio de sus funciones, no se encuentra tipificada en el régimen especial de
inhabilidades aplicable a los concejales, razón por la cual no puede producir, en
sede jurisdiccional, la consecuencia de la pérdida de investidura.
117. Al no haberse acreditado la configuración del elemento objetivo de la causal
invocada, resulta innecesario examinar el elemento subjetivo de la conducta
atribuida al demandado, toda vez que la ausencia de tipicidad hace improcedente
el juicio de reproche propio de este proceso sancionatorio.
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118. Finalmente, la Sala advierte que el recurso de apelación no formuló reparo
alguno frente a la decisión de primera instancia en lo concerniente a la causal de
indebida destinación de dineros públicos de modo que, en aplicación del principio
de congruencia de la apelación, esa cuestión no será objeto de pronunciamiento
en esta instancia.
119. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no
se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura es
una acción pública en la que se ventila un interés general.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas conforme lo señalado en la parte motiva.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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