Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00173-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00173-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2025-00173-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2025-00173-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ELENA BROCHERO FADUL
TESIS: CONFIRMAR LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. LA ACTORA NO CUMPLE CON LAS
CONDICIONES EXPUESTAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA
SENTENCIA T-360 DE 2017 QUE PERMITEN EXCEPCIONAR LA
AUTOMÁTICA APLICACIÓN DE LA CAUSAL DE CUMPLIMIENTO DE LA
EDAD DE RETIRO FORZOSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: MÍNIMO VITAL Y VIDA DIGNA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 28 de mayo de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1 denegó el amparo solicitado.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
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En adelante el Tribunal
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Actora: ELENA BROCHERO FADUL
La señora ELENA BROCHERO FADUL, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al principio a la
estabilidad laboral reforzada, los cuales estima vulnerados por la
NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BARRANQUILLA - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, al haber
sido excluida de nómina como consecuencia de la cesación definitiva
de sus funciones por encontrarse en la edad de retiro forzoso, sin
estar incluida en nómina pensional.
I.2.- Hechos
Comentó que estuvo vinculada por aproximadamente 34 años a la
Rama Judicial y que el último cargo que desempeñó fue el de
escribiente nominado en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Barranquilla.
Manifestó que promovió demanda ordinaria laboral contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, la
Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías -
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Actora: ELENA BROCHERO FADUL
PORVENIR S.A., y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP-, con el fin de que se declarara la ineficacia o traslado de fondo
pensional, que fue conocida bajo el número único de radicación 2024-
00109-01 y dentro de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla profirió sentencia de segunda instancia el 31 de
marzo de 2025, favorable a sus intereses, en la que se le ordenó a
COLPENSIONES ser la administradora de sus fondos.
Explicó que fue retirada de la nómina de la Rama Judicial sin
justificación alguna, pues no existe un despido, autorización del
Ministerio del Trabajo ni mucho menos una resolución expedida por
COLPENSIONES en la que se le reconozca la pensión de vejez y/o
que este incluida en la nómina pensional.
Indicó que a la fecha se encuentra realizando los trámites para el
reconocimiento pensional y no está percibiendo salario alguno, sin
que la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS le haya informado el
motivo por el cual fue retirada de la nómina de empleados.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
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La parte actora afirmó que le han sido vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al principio a la
estabilidad laboral reforzada, al haber sido retirada de la nómina de
empleados de la Rama Judicial, sin justificación y sin estar
percibiendo pensión alguna, lo que afecta gravemente su sustento.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] TUTELAR por la presunta violación A LA ESTABILIDAD
LABORAL – DERECHO (sic) MÍNIMO VITAL – DERECHO AL
PAGO DE SALARIOS – DERECHO A UNA VIDA DIGNA, a las
accionadas y ordenarle que en un término no mayor de 48 horas,
autorice la inclusión de la suscrita en la nómina de empleados,
por no existir justificación alguna al haber sido sacada de ella,
pues tampoco existe una comunicación por parte de
COLPENSIONES que se me haya reconocido la pensión y que
esté incluida en la nómina pensional […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA indicó que la
legitimada para dirimir la controversia expuesta es la Unidad de
Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, pues es la competente para
definir el reconocimiento y pago de los emolumentos y prestaciones
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sociales de la actora.
En esa medida, solicitó ser desvinculada del presente trámite ante la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.2- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA refirió que se
opone a la prosperidad de las pretensiones de la presente acción de
tutela de la referencia, comoquiera que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales invocados.
Destacó que de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de
la Ley 1821 de 30 de diciembre de 20162, corregido por el artículo
1º del Decreto 321 de 28 de febrero de 20173, la edad máxima para
el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas
es de 70 años, de tal forma que ello fue la razón de la desvinculación
de la actora.
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“Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que
desempeñan funciones públicas”.
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Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1821 de 2016 “Por medio de la cual se modifica la edad
máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas”
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Informó que mediante la Resolución núm. 004 de 9 de mayo de 2025,
se decretó la cesación definitiva de funciones por retiro forzoso de la
accionante, por cuanto el sistema de nómina al estar parametrizado
y al verificar que una vez los funcionarios vinculados a la Rama
Judicial cumplen la edad de retiro forzoso, son desvinculados de
forma automática.
Ahora, en cuanto al hecho referido por la actora, según el cual no se
encuentra percibiendo salario alguno, indicó que registra en el
sistema dos licencias no remuneradas solicitadas, la primera desde
el 1o. de abril hasta el 2 de mayo de 2025 y, la segunda, desde el 3
de mayo hasta el 1o. de junio de este año, de manera que no se
entiende por qué solicita que se le realice el pago de nómina frente
a dichas licencias.
En esa medida, solicitó denegar el amparo al no existir vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados.
I.5.3- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO adujo que
no ha intervenido en los hechos y situaciones que expone la actora
como causantes de la vulneración de sus derechos fundamentales
invocados, por lo que se configura la excepción de falta de
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legitimación en la causa por pasiva
Resaltó que la Rama Judicial es independiente y autónoma en el
ejercicio de su función de administrar justicia, por lo que solicitó ser
desvinculada de la solicitud de amparo constitucional.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La UGPP solicitó que se declare improcedente la solicitud de
amparo, toda vez que la pretensión de la actora escapa de su órbita
de competencia, pues no es la entidad a la que se le endilga la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Aseveró que carece de legitimación en la causa por pasiva y que se
encuentra en la imposibilidad de asumir funciones expresamente
asignadas a otra entidad, por lo que solicitó se le desvinculara de la
presente acción de tutela.
Subsidiariamente, solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo o se deniegue, pues no se observa la ocurrencia de un
perjuicio irremediable en el asunto, máxime cuando la actora se
encuentra afiliada a la EPS Suramericana S.A., por lo que no existe
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vulneración alguna a la seguridad social.
I.6.2.- COLPENSIONES manifestó que lo solicitado no puede ser
atendido por esa entidad, pues no resulta de su competencia
administrativa y funcional; además, que revisada su base de datos
no se registra trámite pendiente a nombre de la actora tendiente a
su reconocimiento pensional.
Aseguró que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no
tiene responsabilidad alguna en la transgresión de los derechos
fundamentales invocados, por lo que solicitó su desvinculación.
I.6.3.- PORVENIR S.A. manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues no ha trasgredido desde ningún punto de vista
los derechos fundamentales de la actora.
Sostuvo que la demandante cuenta con un instrumento judicial a
través del procedimiento ordinario laboral para hacer valer sus
pretensiones, ya que la acción de tutela versa sobre temas
relacionados con la seguridad social integral y el reconocimiento de
un beneficio pensional.
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Así las cosas, solicitó denegar o declarar improcedente la solicitud de
amparo de la referencia.
I.6.4.- El JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA expuso que mediante la Resolución núm. 004 de
9 de mayo de 2025, declaró la cesación definitiva de funciones de la
actora por haber llegado a la edad de retiro forzoso, decisión contra
la cual aquella interpuso recurso de reposición, que está pendiente
de resolverse.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 28 de mayo de 2025, el TRIBUNAL denegó
el amparo solicitado al no encontrarse la accionante dentro de las
excepciones establecidas por el precedente jurisprudencial aplicable
al retiro forzoso.
Aseveró que, contrario a lo manifestado por la actora, si existe un
acto administrativo por medio del cual se dispuso la cesación de sus
funciones como escribiente nominado, esto es, la Resolución núm.
004 de 9 de mayo de 2025, expedida por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Barranquilla, por retiro forzoso al cumplir la edad de 70
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años, decisión contra la que interpuso recurso de reposición y se
encuentra en trámite para ser resuelto.
Destacó que la actora ha estado separada del cargo desde el mes de
abril de 2025 por licencia no remunerada; además, que el
reconocimiento de la pensión de vejez a la que tiene derecho no se
debe a la falta de cumplimiento de los requisitos legales, pues de la
certificación laboral expedida por la Oficina de Recursos Humanos se
advierte que la actora cumplió las semanas de cotización y cuenta
con 34 años de servicios, ni tampoco se debe a la mora en la
administradora de pensiones ni de su empleados, ni ostenta la
calidad de prepensionada, por lo que la controversia obedece a un
asunto ordinario laboral.
Refirió que la accionante tardó en iniciar los trámites para obtener el
traslado de régimen pensional y esa circunstancia ha suspendido, en
el tiempo, el reconocimiento de su derecho, pues solo hasta el 2024,
estando próxima a cumplir la edad de retiro forzoso, inició las
solicitudes y trámites judiciales para obtenerlo ante la jurisdicción
ordinaria laboral, situación que denota en su actuar negligencia cuyos
efectos no pueden ser trasladados a su nominador, máxime si se
tiene en cuenta que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
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Barranquilla profirió decisión favorable a sus intereses.
En esa medida, denegó el amparo solicitado, comoquiera que la falta
de reconocimiento pensional se debe a una actitud negligente de la
accionante que no está inmersa dentro de las causales previstas por
la Corte Constitucional como excepción.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,
manifestando que el a quo no valoró adecuadamente los hechos y
pruebas presentadas, pues a pesar de reconocer que la acción de
tutela supera el requisito de subsidiariedad debido a la naturaleza
iusfundamental y constitucional involucrada y que se demostró que
fue retirada del cargo por cumplir la edad de retiro forzoso, denegó
las pretensiones argumentando que la falta de reconocimiento
pensional se debe a una actitud negligente, lo que desconoce lo
previsto en la sentencia T-360 de 30 de mayo de 20174, que
establece que la acción de tutela es procedente cuando el salario es
el único ingreso del servidor retirado y la decisión de retiro, sin el
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M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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ingreso a nómina de pensionados, pone en riesgo el mínimo vital.
Sostuvo que el TRIBUNAL debió priorizar la protección de su mínimo
vital al ser una persona con 34 años de servicio y próxima a
pensionarse, quien ya obtuvo sentencia favorable en primera y
segunda instancia en su proceso de ineficacia de traslado, de tal
forma que la negligencia argumentada no puede justificar la
vulneración actual y grave de dicho derecho fundamental, máxime
cuando no está percibiendo ningún ingreso y la pensión no le ha sido
reconocida, por lo que si se encuentra dentro de las excepciones
descritas por la Corte Constitucional.
Afirmó que el hecho de que se encontrara en licencia no remunerada
no desvirtúa su pretensión de ser incluida en nómina, pues una vez
finalizada la licencia se dio por terminada su vinculación por retiro
forzoso.
En ese orden de ideas, solicitó revocar la decisión de primera
instancia y acceder a las pretensiones de amparo.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, la UGPP, PORVENIR
S.A. y COLPENSIONES, solicitaron su desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Al respecto, cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante
sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta
de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la actora le endilga la vulneración de sus derechos
fundamentales, entre otros, al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,
los cuales fueron vinculadas a la acción de tutela de la referencia en
calidad de accionados, se denegarán sus solicitudes de
desvinculación.
Ahora, en cuanto a la UGPP, PORVENIR S.A. y COLPENSIONES,
la Sala destaca que dichas entidades hicieron parte del proceso
ordinario laboral radicado bajo el número único de radicación 2024-
00109-01, en el que se discutió la ineficacia de la afiliación de la
actora al régimen de ahorro individual y se ordenó devolverla al fondo
público; y que en el presente asunto lo pretendido es que se le
incluya nuevamente en la nómina de empleados hasta tanto se
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resuelva su mesada pensional, por lo que fueron vinculadas en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, la Sala
concluye que corresponde denegar las solicitudes de desvinculación,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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En el presente caso la parte actora pretende que se ordene a las
demandadas su inclusión en la nómina de empleados de la Rama
Judicial, hasta tanto le sea reconocida su pensión y sea incluida en
nómina pensional.
El disenso de la actora radica en el hecho de que, en su sentir, las
autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida digna y al principio de estabilidad reforzada,
comoquiera que fue excluida de nómina sin justificación alguna.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que denegó el amparo solicitado al considerar que la
actora no se encuentra dentro de las excepciones establecidas por el
precedente jurisprudencial aplicable al retiro forzoso. Sumado a ello,
destacó que existe un acto administrativo por medio del cual se
dispuso la cesación de sus funciones como escribiente nominado,
esto es, la Resolución núm. 004 de 9 de mayo de 2025, suscrita por
el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, por retiro forzoso
al cumplir la edad de 70 años, decisión contra la cual la accionante
interpuso recurso de reposición, el cual se encuentra en trámite para
ser resuelto.
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Sumado a ello, afirmó que la controversia obedece a un asunto
ordinario laboral y que el actuar de la actora fue negligente al no
haber realizado los trámites pertinentes para el reconocimiento de su
pensión.
En la impugnación la actora manifestó que el a quo no valoró
adecuadamente los hechos y pruebas presentadas, pues a pesar de
demostrar que fue retirada del cargo por cumplir la edad de retiro
forzoso, denegó las pretensiones argumentando que la falta de
reconocimiento pensional se debe a una actitud negligente, lo que
desconoce lo previsto en la sentencia T-360 de 2017, proferida por
la Corte Constitucional.
Añadió que la negligencia argumentada no puede justificar la
vulneración actual y grave del derecho fundamental al mínimo vital,
máxime cuando no está percibiendo ningún ingreso y la pensión no
le ha sido reconocida; además, que el hecho de que se encontrara
en licencia no remunerada no desvirtúa su pretensión de ser incluida
en nómina, pues una vez finalizada la licencia se dio por terminada
su vinculación por retiro forzoso.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si
las accionadas vulneraron los derechos deprecados.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se
dio con la exclusión en nómina de empleados, lo cual se produjo como
consecuencia de la Resolución núm. 004 de 9 de mayo de 2025,
suscrita por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla.
Ahora, en lo que concierne al requisito de subsidiariedad, la Sala
encuentra que, de conformidad con la postura asumida por la Corte
Constitucional6, si bien la acción de tutela no resulta procedente
contra actos administrativos de contenido particular cuando lo
pretendido es el reintegro a cargos públicos, cuando la controversia
gira en torno a personas que han sido retiradas por haber alcanzado
la edad de retiro forzoso, este mecanismo procede
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Sentencia T-294 de 2013, reiterado en sentencia T-360 de 2017.
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excepcionalmente, siempre que al momento de la desvinculación no
se les haya reconocido una pensión y no cuenten con otra fuente de
ingresos.
En efecto, el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia T-360 de
20177 consideró lo siguiente:
“[…] 67. Cuando se trata de solicitudes de reintegro de personas
que han sido retiradas de su cargo por haber alcanzado la edad de
retiro forzoso, este Tribunal ha reiterado que la acción de tutela
procede excepcionalmente como mecanismo definitivo cuando (i)
al momento de su desvinculación no había logrado el
reconocimiento de una pensión que garantizara su derecho al
mínimo vital y (ii) no cuenta con otra fuente de ingresos que le
permita satisfacer sus necesidades básicas8.
[…]
70. La Corte Constitucional ha tratado específicamente el caso de
la afectación al mínimo vital de una persona que la retiran del
servicio por cumplir la edad de retiro9 y ha concluido que la acción
de tutela es procedente cuando el salario que devengaba era el
único ingreso que tenía para satisfacer sus necesidades básicas.
Así lo dispuso este Tribunal en la Sentencia T-718 de 2014:
“En los casos en que se invoca la protección del derecho
al mínimo vital, a propósito de que a un trabajador lo
retiran del servicio activo por haber cumplido la edad de
retiro forzoso, la Corte ha sostenido como regla general
que la tutela no es el mecanismo de defensa principal en
7
M.P. Alejandro linares Cantillo.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2013
9
La procedencia de la tutela cuando afecta el mínimo vital de personas retiradas de su cargo por llegar
a la edad de retiro forzoso ha sido tratada en estas sentencias. “T-628 de 2006, T-016 de 2008 y T-
839 de 2012, T-734 de 2015, T-595 de 2016 y T-718 de 2014.
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tanto existe otro medio de defensa en la jurisdicción
contenciosa administrativa para censurar el acto de
desvinculación, como lo es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sin embargo, ha
establecido como excepción que la protección
constitucional sí procede, cuando al momento de la
desvinculación el trabajador no ha logrado el
reconocimiento de una pensión que garantice su
derecho al mínimo vital y no cuenta con otra fuente
de ingresos que le permita satisfacer sus
necesidades básicas” (énfasis añadido)10 […]”.
(Destacado incluido en texto)
Dicha postura fue reiterada recientemente en sentencia T-521 de
202411, en la que se dijo:
“[…] En este sentido, la Corte ha reiterado que, cuando se
trata de solicitudes de reintegro de personas que han sido
retiradas de su cargo por haber alcanzado la edad de retiro
forzoso, la acción de tutela procede excepcionalmente como
mecanismo definitivo cuando (i) al momento de su
desvinculación no había logrado el reconocimiento de una
pensión que garantizara su derecho al mínimo vital y (ii) no
cuenta con otra fuente de ingresos que le permita satisfacer
sus necesidades básicas.
70. Así las cosas, la jurisprudencia ha establecido dos
requisitos que, de cumplirse, acreditan la afectación del
mínimo vital de un trabajador, estos son: que “(i) el salario
o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o
pensionado o existiendo ingresos adicionales sean
insuficientes para la cobertura de sus necesidad básicas y
que (ii) la falta de pago de la prestación genere para el
afectado una situación crítica tanto a nivel económico como
psicológico, derivada de un hecho injustificado, inminente y
10
Corte Constitucional. Sentencia T-376 de 2016.
11
M.P. Vladimir Fernández.
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grave”12 […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Así las cosas, en la medida en que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional la acción de tutela resulta procedente
para salvaguardar el derecho al mínimo vital cuando el empleado
es retirado forzosamente sin que haya adquirido su derecho
pensional y no cuente con otra fuente de ingresos, y que en el
presente asunto la actora fue desvinculada mediante la Resolución
núm. 004 de 9 de mayo de 2025 por retiro forzoso, esto es, por
cumplir la edad de 70 años y que no existe prueba alguna que
evidencie que fue incluida en nómina de pensionados y que
perciba otro ingreso diferente a su salario, la Sala considera que
la solicitud de amparo cumple con el requisito de la subsidiariedad.
Sumado a lo anterior, es del caso poner de presente que mediante
la Resolución núm. 006 de 20 de junio de 2025, el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Barranquilla resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la actora contra la Resolución núm. 004 de 9 de
mayo del presente año, mediante la cual se decretó la cesación
definitiva de sus funciones por retiro forzoso, en el sentido de no
reponer la decisión inicial y rechazar por improcedente el recurso
12
Corte Constitucional, sentencias T-865 de 2009 y T-360 de 2017.
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de apelación interpuesto, lo que da cuenta que no se encuentran
recursos pendientes por resolver.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
En el asunto bajo examen está probado que la señora ELENA
BROCHERO FADUL se encontraba nombrada en propiedad en
calidad de escribiente nominado en el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Barranquilla; y que el pasado 10 de mayo de 2025
cumplió 70 años, comoquiera que nació el 10 de mayo de 1955.
Igualmente, de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia
que mediante la Resolución núm. 004 de 9 de mayo de 2025, la juez
nominadora del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla
decretó la cesación definitiva de sus funciones por retiro forzoso,
como se observa a continuación:
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Ahora, también es un hecho cierto que la señora ELENA BROCHERO
FADUL inició su vida laboral el 30 de mayo de 1978, momento en el
que se vinculó a la Rama Judicial, afiliándose a la Caja de Previsión
Social -CAJANAL-, y que, de conformidad con la certificación laboral
expedida por la Oficina de Recursos Humanos, se advierte que la
actora cumplió las semanas de cotización pensional y para el año en
curso cuenta con 34 años de servicios.
Finalmente, se tiene que mediante sentencia de 31 de marzo de 2025
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró la
ineficacia de la afiliación de la actora al régimen de ahorro individual
con solidaridad -RAIS-, y dispuso que su régimen de pensión es el de
prima media con prestación definida, administrado hoy por
COLPENSIONES, sin que a la fecha le haya sido reconocido su
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derecho pensional o haber sido incluida en nómina de pensionados.
Verificadas las anteriores situaciones, es del caso traer a colación la
sentencia T-360 de 2017, por medio de la cual la Corte Constitucional
fue clara en advertir que, por regla jurisprudencial, no resulta
automática la desvinculación por cumplir la edad de retiro forzoso sin
antes evaluar la situación concreta del trabajador.
Para lo anterior, en la mencionada providencia se determinaron las
condiciones que se deben verificar para no aplicar automáticamente
la causal del cumplimiento de la edad de retiro forzoso, de la
siguiente manera:
“[…] (a) Que no haya sido reconocida la pensión por mora en el
fondo de pensiones, pese a cumplir con los requisitos para recibir
la pensión de vejez o jubilación,13 o
(b) Que le falte un corto período de tiempo para completar el
número de semanas de cotización requeridas para acceder al
derecho a la pensión de vejez14 […]”
Por su parte, con el fin de verificar la afectación al mínimo vital, la
sentencia comentada dispone que:
“[…] Para efectos de la valoración de la afectación al mínimo vital,
el juez deberá tener en cuenta, por lo menos, los siguientes
13
Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2013.
14
Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-643 de 2015.
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criterios15:
(i) Criterio económico. Consiste en evaluar (a) si el salario es el
único ingreso del trabajador; (b) si éste tiene bienes o propiedades
que puedan servirle para satisfacer sus necesidades básicas; (c) si
su salario permite proyectar unos ahorros razonables mientras el
trabajador obtiene su pensión; (d) si los ingresos actuales permiten
o no sufragar los gastos del núcleo familiar y (e) si el trabajador
tiene deudas contraídas tiempo atrás.
(ii) Criterio laboral. Consiste en evaluar (a) cuál es el vínculo laboral
que tiene el empleado con la entidad (empleado de carrera, libre
nombramiento y remoción, etc.) y (b) cuál es la profesión o trabajo
que desempeña el accionante, pues el juez debe considerar prima
facie las probabilidades de que el trabajador vuelva a ingresar al
mercado laboral16 […]”.
De lo expuesto en precedencia es dable colegir que la actora no se
encuentra dentro de los supuestos o condiciones que permitan
inaplicar automáticamente la causal de cumplimiento de la edad de
retiro forzoso, comoquiera que, si bien es cierto que no se le ha
reconocido la pensión de jubilación, ello no resulta atribuible al fondo
de pensiones, comoquiera que solo hasta el 11 de abril de 2024 la
señora BROCHERO FADUL promovió la demanda ordinaria laboral
con el fin de que se declarara la ineficacia de la afiliación o traslado,
sin que se haya expuesto razón alguna que justifique tal situación, a
15
Estos criterios son utilizados en las sentencias T-643 de 2015, T-905 de 2013, T-708 de 2011, T-660
de 2011 y T-294 de 2013.
16
La Corte ha sostenido frente a estos casos que “el examen que le compete al juez de tutela es el de
verificar las condiciones de afectación del mínimo vital, a partir de criterios entrelazados con los
ingresos, rentas, deudas y gastos, así como la expectativa de obtener un empleo según el tipo de
profesión, las condiciones psicofísicas que se puedan convertir en barreras de acceso y la vocación de
permanencia que existía en la labor a su cargo” (Corte Constitucional. Sentencia T-643 de 2015).
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pesar de que estaba próxima a cumplir 70 años de edad y que
contaba con 33 años de servicio.
La anterior situación, pone de presente el descuido por parte de la
actora en iniciar el proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria
laboral de forma oportuna, así como una actitud pacífica o negligente
respecto de los trámites necesarios para el reconocimiento pensional,
toda vez que, de conformidad con lo expuesto por COLPENSIONES,
no se registra actuación pendiente a nombre de la señora tendiente
a su reconocimiento pensional.
De otra parte, de conformidad con la certificación laboral expedida
por la Oficina de Recursos Humanos, se observa que la actora
cumplió las semanas de cotización pensional y para el año en curso
cuenta con 34 años de servicios, lo que permite inferir que también
cumple con las semanas requeridas para ser beneficiaria de la
pensión de jubilación; sumado al hecho de que no se allegó prueba
alguna que evidencie afectación alguna al mínimo vital, de
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional.
En esa medida, la Sala se permite colegir que la actora no se
encuentra dentro de las condiciones dispuestas por la Corte
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Constitucional que permita de manera excepcional ordenar el
reintegro por desvinculación de retiro forzoso por cumplimiento de la
edad.
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia impugnada
que denegó la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
-COLPENSIONES-, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS -PORVENIR S.A., y la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, por las razones expuestas en la
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parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, que denegó el
amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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