Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2025-00191-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
24 de julio de 2025
Radicado: 08001-23-33-000-2025-00191-01
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00191-01
Demandante: NACIÓN – RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO JUDICIAL DE
CARTAGENA
Tema: Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho – presentación de poder sin indicación de correo
electrónico de abogado de la parte demandada, se tiene por no
contestada la demanda. Defecto procedimental.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el Juzgado 601 Administrativo
Transitorio de Cartagena contra la providencia de 18 de junio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que resolvió:
«PRIMERO: AMPARAR, los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, invocados por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos, los autos del 2 y 21 de mayo de 2025, proferidos por el
JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
CARTAGENA, dentro del proceso No. 08001-33-33-002-2024-00129-00, para que en su
lugar, rehaga la actuación, reconociendo personería jurídica (sic) al Dr. RAMIRO CARLOS
SIERRA ARIAS, en los términos y para los efectos en el poder conferidos, tenga por
contestada la demanda, al verificarse que se presentó en término, de conformidad con los
planteamientos señalados en esta sentencia.
En consecuencia, se ORDENA, al JUEZ 601 ADMINSITRATIVO (sic) TRANSITORIO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGENA, Dr. CARLOS ALBERTO MUÑOZ AGUIRRE y/o
quien haga sus veces, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, proceda a rehacer la actuación, dentro del
proceso 08001-33-33-002-2024-00129-00, reconociendo personería al apoderado de la
allí demanda y teniendo en cuenta la contestación de la demanda, al verificarse que se
presentó en término, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de junio de 2025, la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado 601
Administrativo de Cartagena por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:
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Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
«1. DEJAR SIN EFECTOS el auto interlocutorio No. 0435 del 21 de mayo de 2025,
proferido por el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito de Cartagena.
2. DEJAR SIN EFECTOS el punto DÉCIMO del auto interlocutorio No. 0309 del 2 de mayo
de 2025, proferido por el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito de Cartagena.
3. ORDENAR al Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito de Cartagena que
profiera una nueva decisión en la cual se tenga por reconocida la personería jurídica del
suscrito como apoderado de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, y en consecuencia, se tenga por contestada la demanda, dando
el trámite procesal correspondiente.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Auristaciano Antonio Consuegra interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (en adelante DEAJ) y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla en la que solicitó la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales se negó el reconocimiento de la bonificación como factor salarial
y, en consecuencia, la reliquidación de todas las prestaciones sociales devengadas.
El 3 de septiembre de 2024, el Juzgado 404 Transitorio Administrativo de Barranquilla
admitió el asunto y ordenó notificar personalmente la decisión a la entidad
demandada.
El 24 de enero de 2025, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el Acuerdo PCSJA25-12255, decidió que el Juzgado Administrativo
Transitorio de Cartagena tendría competencia para conocer los procesos originados
en los Circuitos Administrativos de Barranquilla, Cartagena y Riohacha. En
consecuencia, el asunto objeto de estudio fue remetido al Juzgado 601 Administrativo
de Cartagena.
El 2 de mayo de 2025, el Juzgado 601 Transitorio Administrativo de Cartagena
profirió auto en el que avocó conocimiento del asunto, prescindió de la audiencia
inicial, aplicó la figura de la sentencia anticipada, corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión, tuvo como no contestada la demanda por parte
de la DEAJ y no reconoció personería al abogado de la parte demandada.
Sobre estos últimos puntos, expresó que, si bien la DEAJ presentó contestación de la
demanda, advirtió inconsistencias en el poder otorgado al apoderado Ramiro Sierra
Arias, porque no cumplió con los requisitos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2023, en
tanto no otorgó el poder como mensaje de datos y que en el mismo no constó la
dirección de correo electrónico del apoderado, la cual debía coincidir con la inscrita en
el Registro Nacional de Abogados.
El apoderado de la DEAJ presentó recurso de reposición contra esa decisión con
fundamento en que la decisión se incurrió en un exceso ritual manifiesto y en una
variación abrupta de su propia línea jurisprudencial, con fundamento en los siguientes
argumentos:
• Sostuvo que el poder fue otorgado por transmisión de datos y con firma digital del
Director Seccional de Administración Judicial de Barranquilla. Además, resaltó que de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 se presume su autenticidad sin
necesidad de firma manuscrita, presentación personal o reconocimiento notarial.
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• Advirtió que la exigencia de la trazabilidad o la inclusión expresa de la dirección de correo
electrónico en el poder era un requisito adicional no contemplado en la ley y que
contrariaba la finalidad de agilizar los procesos judiciales.
• Adicionalmente, presentó una certificación del Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (SIRNA), donde consta su dirección de
correo electrónico institucional (rsierraa@cendoj.ramajudicial.gov.co).
• Al respecto, anotó que todas sus actuaciones previas en ese juzgado habían sido
notificadas a esa dirección sin inconveniente, lo que demostraba el reconocimiento de
su personería y la falta de necesidad de la formalidad exigida. Además, adjuntó un listado
de procesos en los cuales su calidad de apoderado de la Nación Rama Judicial había
sido reconocida sin objeciones por el mismo despacho.
• Asimismo, afirmó que la variación de criterio judicial, carente de motivación razonable y
apartándose de la práctica procesal previa, introducía inseguridad jurídica y
desproporcionaba la sanción al impedir la contestación de la demanda.
El 21 de mayo de 2025, el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Cartagena
decidió no reponer el auto, para lo cual indicó que la Ley 2213 de 2022 exige la
inclusión de la dirección de correo electrónico del apoderado en el poder, la cual debe
coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Agregó que, si bien pudo haber lapsus en los que no advirtió la ausencia de este
requisito, no se trataba de un cambio de postura, sino un ajuste de criterio que iba en
concordancia con la norma procesal.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
Sostuvo que la actuación del juzgado accionado resultaba contraria al principio de
confianza legítima, pues en otras oportunidades había tramitado actuaciones
judiciales, incluso la presentación de poderes, sin exigir de manera estricta el
cumplimiento del requisito de incluir expresamente la dirección de correo electrónico
del apoderado en el texto del poder.
A juicio de la parte accionante, esta práctica había generado una expectativa
razonable de estabilidad en la interpretación normativa, por lo que cualquier
modificación debía estar debidamente justificada y motivada, lo cual no ocurrió en el
presente caso.
Señaló que el despacho judicial reconoció explícitamente que en el pasado omitió la
exigencia legal del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, pero justificó su actuación actual
con el argumento de corregir esa práctica. No obstante, considera que, esa explicación
resultó insuficiente, por cuanto los cambios de criterio deben ser razonados y ajustarse
al principio de seguridad jurídica, sin que puedan introducirse de manera abrupta ni
generar efectos adversos desproporcionados para las partes del proceso.
Asimismo, anotó que la decisión del juzgado subordinó la eficacia de un acto procesal
sustancial, esto es, la contestación de la demanda, a un requisito meramente formal,
como es, la inclusión literal de la dirección de correo electrónico del apoderado en el
cuerpo del poder.
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Afirmó que esta exigencia no se encuentra prevista en la ley como causal de ineficacia
del poder ni como fundamento para negar el reconocimiento de personería al abogado
para actuar.
Aunado a lo anterior, destacó que el poder había sido otorgado: (i) mediante mensaje
de datos; (ii) contaba con antefirma y código de verificación y, (iii) fue remitido desde
la dirección institucional del apoderado (rsierraa@cendoj.ramajudicial.gov.co), la cual
coincide con la registrada en el Sistema de Información del Registro Nacional de
Abogados (SIRNA), por lo que la autenticidad del documento y la identidad del
apoderado podían ser plenamente verificadas por el juez.
En ese contexto, sostuvo que la exigencia adicional impuesta por el juzgado carecía
de sustento legal y era desproporcionada, especialmente si se tenía en cuenta que la
finalidad de la Ley 2213 de 2022 es facilitar el acceso a la justicia mediante el uso de
tecnologías digitales, no introducir barreras formales innecesarias.
Finalmente, indicó que la negativa a tener por contestada la demanda impidió a la
DEAJ ejercer su derecho de defensa y afectó el derecho al debido proceso y de
acceso efectivo a la administración de justicia.
4. Trámite previo
El 9 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la acción de tutela
y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial demandada.
5. Oposiciones
El Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Cartagena solicitó que se nieguen
las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que su actuación se ajustó a
derecho y no vulneró los derechos fundamentales de la entidad accionante.
Afirmó que no se configuró un cambio de criterio, como lo sostuvo la parte actora,
pues en ningún momento ese despacho había emitido un pronunciamiento expreso
que admitiera la validez de poderes conferidos sin el cumplimiento del requisito
contemplado en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, relativo a la inclusión de la
dirección de correo electrónico del apoderado.
En ese sentido, señaló que corregir una práctica previa que no se ajustaba a la norma
vigente no puede considerarse vulneración del debido proceso, sino una actuación
orientada a garantizar el cumplimiento estricto de la ley.
Respecto al exceso ritual manifiesto, sostuvo que la exigencia de incluir en el poder la
dirección electrónica del apoderado no corresponde a un simple formalismo, sino a
una medida legal de autenticación que reemplaza la presentación personal del poder
judicial, tal como lo establece la Ley 2213 de 2022.
Precisó que esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-420 de 2020, dentro del control de constitucionalidad del Decreto 806 de
2020, del cual proviene su contenido.
Afirmó que el cumplimiento de este requisito es esencial para garantizar la validez del
poder en el marco del proceso judicial digital y que la consulta al Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA) es apenas una verificación
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adicional, pero no sustituye la omisión de un requisito formal establecido por el
legislador.
Agregó que, las partes presentaron alegatos de conclusión en el proceso y, en esa
oportunidad, el nuevo apoderado de la parte demandada allegó un poder que sí
cumplía con las exigencias del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, lo que confirmaba
que dichas formalidades son plenamente aplicables y exigibles.
Finalmente, frente a la alegada afectación del derecho de defensa y de acceso a la
administración de justicia, señaló que la decisión de tener por no contestada la
demanda no constituye una barrera arbitraria, sino una consecuencia jurídica derivada
de la omisión de un requisito legal imprescindible.
Reconoció que, debido a la alta carga laboral, en el pasado pudo haber omitido
advertencias sobre irregularidades formales, pero que actualmente está tomando
correctivos, incluso mediante la declaración oficiosa de excepciones por inepta
demanda.
6. Sentencia de primera instancia
El 18 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia
de primera instancia, en la cual accedió a las pretensiones de la acción de tutela, en
consecuencia, dejó sin efecto los autos del 2 y 21 de mayo de 2025. Por ello, ordenó
a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva actuación en la cual le
reconozca personería al apoderado de la DEAJ, Ramiro Sierra Arias y tuviera por
contestada la demanda.
Consideró que el desconocimiento de la personería del abogado Ramiro Sierra Arias,
en su condición de apoderado judicial de la DEAJ, y la decisión de tener por no
contestada la demanda, se fundaron en una interpretación excesivamente formalista
del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
Indicó que, si bien dicha disposición exige que el poder otorgado por mensaje de datos
incluya la dirección de correo electrónico del apoderado coincidente con la registrada
en el SIRNA, tal requisito no fue consagrado por el legislador como un presupuesto
de validez procesal ni como una condición cuya omisión genere la ineficacia del poder
o la imposibilidad de reconocer la personería para actuar.
Precisó que el poder fue remitido desde el correo institucional del abogado
rsierraa@cendoj.ramajudicial.gov.co, dirección que coincide con la registrada en el
SIRNA, conforme con el certificado expedido el 21 de marzo de 2025, allegado con el
recurso de reposición. Asimismo, destacó que el poder contaba con código de
verificación de firma electrónica, lo cual permitía constatar su autenticidad.
A juicio del a quo, el juez de instancia incurrió en un exceso ritual manifiesto al
supeditar la validez del poder a la inclusión literal del correo electrónico en el texto del
documento, pese a contar con los elementos suficientes para verificar la identidad del
apoderado.
Además, reprochó que no se hubiese otorgado la oportunidad de subsanar el defecto
advertido, máxime cuando en sede de reposición se aportó el certificado que
acreditaba el cumplimiento del requisito formal invocado como sustento de la decisión.
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7. Impugnación
El Juzgado 601 Administrativo Transitorio del de Cartagena cuestionó la interpretación
adoptada por el a quo frente al artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, en lo relativo a la
exigencia de que el poder otorgado mediante mensaje de datos contenga
expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado. Señaló que la
exigencia de indicar el correo electrónico del apoderado en el poder otorgado por
mensaje de datos es un requisito de validez establecido en el artículo 5 de la Ley 2213
de 2022.
Reiteró que no hubo un cambio de criterio por parte del despacho, pues no existía un
pronunciamiento previo que aceptara la omisión del requisito legal relativo a la
inclusión del correo electrónico.
Asimismo, indicó que el requisito de informar el correo electrónico no es un mero
formalismo, sino una medida de autenticación que reemplaza la presentación personal
del poder, por lo cual su exigencia no puede considerarse un exceso ritual manifiesto.
Advirtió que aceptar la validez de poderes que omitan este requisito implicaría que
dicha exigencia quedaría sujeta a la voluntad de las partes, resta eficacia a lo que el
legislador ha definido como obligatorio, lo que conduciría a una interpretación
inconstitucional de la norma.
Además, cuestionó que el a quo considerara que el despacho debía haber otorgado a
la parte demandada plazo para subsanar la omisión en el poder, pues el CPACA no
establece etapa de inadmisión de la contestación de la demanda, ni impone al juez el
deber de otorgar término para subsanar los defectos del poder allegado en ese
momento procesal.
Aunado a lo anterior, señaló que en la sentencia de tutela de primera instancia no
ordenó abrir un término para corregir el poder, sino directamente reconocer la
personería y tener por contestada la demanda, lo que implicaba pasar por alto un
requisito legal de validez.
Advirtió que el criterio adoptado por el juez constitucional generaba incertidumbre
jurídica respecto a la validez de los poderes presentados en otras etapas procesales.
Además, que la imposibilidad de exigir cumplimiento de requisitos básicos, debido a
la ausencia de sanciones expresas en la ley, trasladaba al juez una carga procesal
injustificada.
Finalmente, manifestó que, si bien acataba la orden impartida por el fallo de tutela,
considera que la actuación procesal ya se encontraba subsanada incluso antes de la
interposición de la acción constitucional, pues el 19 de mayo de 2025 se allegó un
nuevo poder otorgado a un nuevo apoderado, que fue otorgado en los términos del
artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, quien presentó los alegatos finales.
Sin embargo, anotó que esa circunstancia generaba una inconsistencia procesal, pues
el mandato del abogado cuya personería se ordena reconocer en la sentencia de
tutela habría sido revocado tácitamente, conforme con el artículo 76 del CGP.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico y solución
De conformidad con lo alegado en la impugnación, corresponde determinar si la
sentencia de primera instancia que concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, incurrió en una indebida interpretación del artículo 5 de la Ley
2213 de 2022, al dejar sin efecto las providencias cuestionadas proferidas por el
Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Cartagena.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que la
actuación del juez ordinario configuró un defecto procedimental, al haber sometido el
reconocimiento de la personería del apoderado a una formalidad no esencial, y en
contravía de los principios de debido proceso y acceso a la administración de justicia.
No obstante, se modificará la orden impartida en el numeral segundo de la parte
resolutiva de esa decisión.
Para resolver este asunto, la Sala abordará los siguientes temas: (i) al cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela; (ii) del defecto
procedimental; (iii) análisis del defecto procedimental en el caso concreto.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el requisito general de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; se
sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada
afecta dichos derechos; no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.
Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría
afectado el ejercicio efectivo del derecho de defensa y de contradicción, al negar el
reconocimiento de la personería del apoderado y tener por no contestada la demanda.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, pues, si bien, el proceso
que se cuestiona por esta vía está en curso, la irregularidad procesal que se alega
tiene incidencia directa en el ejercicio del derecho de defensa de la parte aquí
accionante, porque, la decisión de no tener en cuenta el poder presentado por el
abogado defensor se tradujo en la imposibilidad de ejercer el derecho de contradicción
y réplica.
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Pues bien, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no procede el
recurso de apelación contra la decisión que se cuestiona por esta vía, de hecho, frente
al auto del 2 de mayo de 2025, la entidad accionante interpuso recurso de reposición,
el cual fue resuelto mediante auto del 21 de mayo de 2025, en el sentido de confirmar
en su integridad la decisión impugnada. En consecuencia, al no existir otro medio de
defensa judicial para controvertir dicha actuación y estar en juego garantías
fundamentales, como el derecho de defensa, se encuentra cumplido el requisito
general.
Asimismo, se encuentra superado el (iii) Requisito general de inmediatez, pues, el
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que el auto que
resolvió el recurso de reposición fue proferido el 21 de mayo de 2025, notificado el 26
de mayo de 2025, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 6 de junio de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto alegado.
(ii) Del defecto procedimental
Se precisa que, ocurre el defecto procedimental cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido. La jurisprudencia constitucional ha
reconocido dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce
cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite
totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones
formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de
justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos
rasgos adicionales para configurar el defecto bajo estudio: a) debe ser un error
trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga
una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia
no atribuible al afectado.
Aunado a lo anterior, en la sentencia SU-268 del 12 de junio de 2019, la Corte
Constitucional sostuvo que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se
configura:
«cuando el juez actúa con excesivo apego a las previsiones legales que termina
obstaculizando la materialización de los derechos sustanciales, desconociendo el carácter
vinculante de la Constitución, la primacía de los derechos inalienables de la persona y la
prevalencia de lo sustancial sobre las formas”. Precisó igualmente que este defecto debe
declararse cuando “la autoridad judicial, so pretexto de cumplir con las ritualidades propias
del trámite, entorpece la realización de las garantías sustanciales, la verdad real y la
justicia material al emitir decisiones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico.»
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Finalmente, precisó que cuando las autoridades colocan por encima de lo sustancial,
el cumplimiento de las formalidades, «incurren en una actuación que constituye un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto susceptible de ser corregido por el juez de tutela,
siempre que: (i) que no haya la posibilidad de corregir la irregularidad; (ii) que el yerro tenga
incidencia en la decisión; (iii) que se haya alegado en el proceso y (iv) que implique la
vulneración de derechos fundamentales.»
(iii) Del defecto procedimental en el caso concreto
En el presente caso, el juez de primera instancia encontró que se configuró el defecto
procedimental alegado porque el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de
Cartagena aplicó de indebida forma el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 y
desnaturalizó su finalidad, al exigir como requisito de validez del poder la inclusión
literal de la dirección de correo electrónico del apoderado.
La autoridad judicial demandada impugnó esa decisión porque el artículo 5 de la Ley
2213 de 2022 exige expresamente que el poder otorgado por mensaje de datos
contenga la dirección de correo electrónico del apoderado, coincidente con la
registrada en el SIRNA, como medida de autenticación.
En síntesis, la impugnante cuestionó el fallo de tutela por considerar que: (i) desestimó
indebidamente el requisito previsto en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, según el
cual el poder otorgado por mensaje de datos debe contener expresamente la dirección
electrónica del apoderado como medida de autenticación; (ii) no hubo cambio de
criterio judicial ni precedente que permitiera omitir tal requisito y, (iii) la situación
procesal ya había sido corregida en el asunto con la presentación de un nuevo poder
por parte de la entidad demandada en la fase de alegatos de conclusión, por lo que el
mandato del abogado inicialmente designado habría sido revocado tácitamente.
De la revisión del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que se
cuestiona por esta vía, se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) Para empezar, se encuentra que el señor Auristaciano Antonio Consuegra
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el trámite del
proceso el Juzgado 404 Transitorio Administrativo de Barranquilla admitió la
demanda y ordenó notificar personalmente a la entidad demandada el 3 de
septiembre de 2024. El asunto fue remitido al Juzgado 601 Administrativo
Transitorio de Cartagena, que avocó conocimiento el 2 de mayo de 2025.
(ii) Con posterioridad a la admisión y notificación de la demanda, el apoderado de
la DEAJ, Ramiro Sierra Arias, allegó contestación por medio del correo
electrónico rsierraa@cendoj.ramajudicial.gov.co enviado al buzón de correo
del juzgado, así:
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(iii) En el cuerpo de la contestación de la demanda, específicamente, en el acápite
de notificaciones incluyó como correos electrónicos para efecto de notificaciones
los siguientes: dsajbaqnotif@cendoj.rama.judicial.gov.co y
rsierraa@cendoj.ramajudicial.gov.co.
(iv) Además, entre los anexos aportó el poder, cuyo texto indicaba:
«JANIS MOLINA RIOS, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificada con Cedula de
Ciudadanía Nº 52.848.442 Expedida en Bogotá D.C., en mi condición de Directora Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, nombrada mediante Resolución Nº 7462 del 02 de septiembre
de 2024, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y posesionada mediante Acta de 02 de
septiembre de 2024, en cumplimiento del artículo 99 y 103 de la Ley 270 de 1996, confiero poder
especial, amplio y suficiente al doctor RAMIRO SIERRA ARIAS, identificado con C.C 73.429.037 de El
Carmen de Bolívar – Bolívar y T.P No. 160.559 del C.S de la J. para que asuma la representación y
defensa de la Nación-Rama Judicial- en el proceso de la referencia.
El apoderado queda facultado para conciliar y sustituir, en todas las etapas administrativas y judiciales,
así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando las
facultades de recibir y desistir, las cuales serán previamente autorizadas de manera expresa por el
representante legal o su delegado en la entidad; todo ello, conforme con lo previsto en el artículo 77
del Código General del Proceso y en concordancia con el artículo 5º de la Ley 2213 de 2022.
Sírvase reconocerle personería.
(firmado electrónicamente)
JANIS MOLINA RIOS
C.C. Nº 52.848.442 Expedida en Bogotá D.C.
Directora Seccional de Administración Judicial
ACEPTO:
RAMIRO SIERRA ARIAS
CC N° 73.429.037 de El Carmen de Bolívar
T.P. Nº 160.559 del C.S. de la J.»
(v) De igual forma, se encuentra que dicho documento fue suscrito con firma
electrónica del poderdante, así:
(vi) Mediante auto de 2 de mayo de 2025, el Juzgado 601 Administrativo Transitorio
de Cartagena dispuso dar aplicación a la figura de sentencia anticipada1 y, entre
otras razones, sostuvo que el poder allegado por la entidad demandada
presentaba «inconsistencias» y no cumplía con los requisitos del artículo 74 del
Código General del Proceso (CGP) o el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, pues
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Decidió: «PRIMERO: Avocar el conocimiento del proceso presentado por Auristaciano Antonio Soto Consuegra actuando a
través de apoderado judicial, en contra de Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en virtud del
Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025.
SEGUNDO: Dar aplicación a la figura de sentencia anticipada de que trata el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, por las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO: Prescindir de la audiencia inicial con el fin de proceder a emitir fallo anticipado por escrito, de conformidad con lo
establecido en el artículo 182A de la Ley 2080 de 2021.
CUARTO: Incorporar y tener como pruebas los documentos acompañados con la demanda, las cuáles serán valorados según
su mérito legal al momento de dictar sentencia.
QUINTO: Fijar el litigio en los términos señalados en la presente providencia.
SEXTO: Correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión por
escrito. Durante ese mismo término podrá emitir concepto el señor Agente del Ministerio Público. Vencido ese término, el
expediente ingresara al Despacho para emitir sentencia anticipada por escrito.
SÉPTIMO: Abstenerse de citar a audiencia de pruebas, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta providencia.».
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«no se observa dentro del poder la dirección de correo electrónico del apoderado
la cual debe coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados».
(vii) El apoderado de la DEAJ interpuso recurso de reposición contra dicha decisión,
con el argumento que el poder fue otorgado por mensaje de datos con antefirma,
sin necesidad de firma manuscrita o digital, por lo que se presumía auténtico,
según el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022. Además, sostuvo que la exigencia
de la inclusión literal del correo electrónico en el poder era un requisito adicional
no contemplado en la ley y que el despacho había tramitado otras actuaciones
en situaciones similares, configurándose un cambio de criterio sin la debida
justificación.
(viii) Asimismo, aportó una certificación del SIRNA que confirmaba la coincidencia
de la dirección de correo electrónico institucional del apoderado
(rsierraa@cendoj.ramajudicial.gov.co), de la siguiente forma:
(ix) En auto del 21 de mayo de 2025, la autoridad judicial accionada decidió no
reponer la decisión inicial, porque, a su juicio, la Ley 2213 de 2022 exige la
inclusión de la dirección de correo electrónico del apoderado en el poder.
Además, dijo que, aunque pudo haber asumido otro criterio en otros asuntos en
los que no advirtió la ausencia de este requisito, no se trataba de un cambio de
postura jurisprudencial, sino de la necesidad de corregir dicha omisión que
contrariaba la norma, pues desconocía un requisito esencial para garantizar la
autenticidad del poder.
A efecto de determinar si en el presente caso la autoridad judicial demandada incurrió
en defecto procedimental, es necesario traer a colación el artículo 74 del Código
General del Proceso, que, en cuanto a la presentación de los poderes prevé lo
siguiente:
«Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán
conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá
conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar
determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial
dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser
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presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario.
Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que
la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma
establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante
quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y
que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas
circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea
apoderado de una persona.
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.» (Se
destaca)
Asimismo, el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, señala en su tenor literal:
«Artículo 5°. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán
conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma,
se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o
reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del
apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser
remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones
judiciales.».
Cabe resaltar que la Ley 2213 de 2022 estableció la vigencia permanente del Decreto
806 de 2020. Además, dicho decreto fue objeto de análisis por la Corte Constitucional
en sentencia C-420 de 2020. En lo atinente al presente asunto, declaró exequible el
referido artículo con fundamento en lo siguiente:
«(…) el artículo 5° contiene medidas orientadas a identificar al otorgante y garantizar la
autenticidad e integridad del mensaje de datos mediante el cual se confiere el poder, en
tanto exige que (i) los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil
envíen el poder desde la dirección inscrita en la respectiva Cámara de Comercio para
efectos de notificaciones judiciales, y que (ii) el poderdante indique la dirección del correo
electrónico del apoderado al que le confiere el poder, la cual debe coincidir con la que este
inscribió en el Registro Nacional de Abogados. En cualquier caso, las medidas que
prescribe el artículo son facultativas por lo que, los poderes especiales se pueden
seguir otorgando conforme a las normas del CGP.»
En ese sentido, la Ley 2213 de 2022, al incorporar de manera permanente las
disposiciones del Decreto 806 de 2020, estableció una serie de requisitos específicos
para la validez de los poderes otorgados mediante mensaje de datos.
En particular, el artículo 5 señala que los poderes conferidos mediante mensaje de
datos no requieren firma manuscrita ni digital, sino que basta con la antefirma para
presumir su autenticidad.
Ahora bien, a pesar de que el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 establece como
exigencia que el poder otorgado mediante mensaje de datos contenga de forma
expresa la dirección de correo electrónico del apoderado, la omisión de este requisito
no está prevista a fin de verificar la autenticidad, como sí ocurre con la antefirma del
poder.
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Por lo tanto, la omisión en incluir la dirección de correo electrónico del apoderado no
puede entenderse como un vicio insubsanable que impida per se el reconocimiento
de personería al apoderado para actuar ni que habilite al juez para tener por no
contestada la demanda, sin antes otorgar la oportunidad procesal para precisar ese
yerro, más aún si se tiene en cuenta que en el correo mediante el cual remitió la
contestación y en el texto de la contestación de la demanda sí se incluyó el correo
electrónico que echó de menos el despacho judicial accionado.
En ese sentido, si el juzgado accionado consideraba que el poder allegado no cumplía
con dicha exigencia, debió darle la oportunidad a la entidad demandada para que el
apoderado indicara la dirección de correo electrónico en el cuerpo del poder, antes de
emitir el auto que tuvo por no contestada la demanda, pese a que en esta última sí fue
incluido.
Máxime cuando con el recurso de reposición el apoderado aportó certificación emitida
por el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA) en la cual
consta expresamente la dirección electrónica institucional del apoderado
(rsierraa@cendoj.ramajudicial.gov.co), es decir, desde el que envió la contestación y
el poder a fin de intervenir en la demanda ordinaria como parte demandada.
Si bien es cierto que el CPACA no contempla expresamente una etapa de
subsanación respecto de la contestación de la demanda, ello no impide que el juez,
en ejercicio de su deber de dirección del proceso y de garantía del debido proceso,
realizara las gestiones necesarias para subsanar el defecto advertido, con el fin de
preservar el equilibrio procesal y asegurar que las partes pudieran ejercer sus
derechos en condiciones de igualdad.
Lo anterior, no implica trasladar al despacho la carga que le corresponde a las partes
en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, sino reconocer que el juez, como
director del proceso y garante del debido proceso, tiene la facultad y el deber de
adoptar medidas razonables que eviten decisiones desproporcionadas frente a
defectos que pueden ser corregidos.
De modo que, el juzgado accionado contaba con: (i) la antefirma de quien confirió el
poder; (ii) la indicación del correo electrónico en la contestación de la demanda
aportada y, (iii) la certificación allegada emitida por el SIRNA, que daba cuenta que el
correo electrónico del apoderado coincidía con el indicado en la contestación.
Elementos suficientes para constatar la identidad del apoderado de la parte
demandada antes de que resolviera el recurso de reposición interpuesto a fin de
corregir esa irregularidad2.
En tal medida, insistir en dicha omisión, a pesar de contar con prueba directa de la
coincidencia del correo, supuso una carga excesiva e irrazonable que derivó en una
restricción al ejercicio del derecho de defensa de la entidad accionante.
Por tanto, la actuación de la autoridad judicial accionada constituyó un exceso ritual
manifiesto que vulneró injustificadamente el derecho de defensa y el debido proceso
de la parte accionante.
2 Sobre el particular, la Sala reitera el criterio adoptado en sentencia de 11 de julio de 2024, expediente radicado
2024-02808-00, C.P. Wilson Ramos Girón.
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Finalmente, la Sala advierte que la posterior presentación de un nuevo poder conferido
a otro apoderado, en la etapa de alegatos de conclusión, no tiene la virtualidad de
enmendar la vulneración constitucional previamente consumada. Sobre el particular,
es necesario resaltar que el hecho de que el proceso haya continuado y que, en virtud
de la decisión inicial, se hubiese tenido por no contestada la demanda, impidió que los
argumentos de defensa de la entidad demandada fueran valorados, lo cual afecta de
forma directa el ejercicio efectivo del derecho de contradicción.
Por las razones expuestas, esta Sala confirmará el numeral primero de la decisión del
Tribunal Administrativo del Atlántico, que amparó el derecho al debido proceso de la
accionante.
No obstante, encuentra necesario modificar el inciso segundo del numeral segundo
de la sentencia de primera instancia, en atención a que, con posterioridad a los hechos
que originaron esta acción de tutela, la Dirección Ejecutiva de Administración allegó
un nuevo poder y designó a un apoderado distinto, quien intervino en la etapa de
alegatos de conclusión. En consecuencia, no resulta jurídicamente viable ordenar el
reconocimiento de personería a favor del doctor Ramiro Carlos Sierra Arias.
En suma, la Sala mantendrá la decisión de dejar sin efecto los autos del 2 y 21 de
mayo de 2025, prevista en el inciso primero del aludido numeral. Sin embargo,
modificará el inciso segundo del numeral segundo del fallo de tutela de primera
instancia, en el sentido de ordenar al juzgado accionado que, en el término de cinco
(5) días contados a partir de la notificación de esta decisión, profiera auto en el cual
tenga por contestada la demanda y adopte las medidas de saneamiento pertinentes
que permitan continuar con el trámite procesal correspondiente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar el numeral primero del fallo de tutela del 18 de junio de 2025, expedido
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
invocados por la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
2. Modificar el numeral segundo de la sentencia referida, el cual quedará así:
«SEGUNDO: DEJAR sin efectos, los autos del 2 y 21 de mayo de 2025, proferidos por el
JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
CARTAGENA, dentro del proceso No. 08001-33-33-002-2024-00129-00, para que en su
lugar, rehaga la actuación, reconociendo personería para actuar al Dr. RAMIRO CARLOS
SIERRA ARIAS, en los términos y para los efectos en el poder conferidos, tenga por
contestada la demanda, al verificarse que se presentó en término, de conformidad con los
planteamientos señalados en esta sentencia.
En consecuencia, ordenar al JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGENA, que, en el término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación de esta decisión, profiera auto en el cual tenga por contestada la
demanda y adopte las medidas de saneamiento pertinentes que permitan continuar con el
trámite procesal correspondiente.»
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Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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