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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00213-01

Fecha
15 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00213-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Modificar la sentencia del 7 de julio de 2025, proferida por la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, cuyo numeral segundo quedará así: Segundo: Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el abogado Rafael Ángel Fontalvo Fontalvo. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00213-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

15 de septiembre de 2025

Radicado: 08001-23-33-000-2025-00213-01
Demandante: Apolinar José de Jesús Martínez Madrid

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 08001-23-33-000-2025-00213-01
Demandante: APOLINAR JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ MADRID
Demandado: JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA POR ACTIVA – El abogado que presentó la demanda no allegó el poder
especial y específico requerido para el efecto, y no se cumplieron las exigencias para
considerar que actuó como agente oficioso - IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los reproches formulados contra la providencia cuestionada no
fueron suficientes para considerar satisfecha la carga argumentativa necesaria para el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, y no se evidenció una decisión
caprichosa o irrazonable que demandara la intervención del juez de tutela.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por el abogado Rafael Ángel Fontalvo
Fontalvo contra la sentencia del 7 de julio de 2025, proferida por la Sección B de la Sala
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negó el
amparo constitucional solicitado en favor de Apolinar José de Jesús Martínez Madrid 2.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 20 de junio de 20253, el abogado Rafael Ángel Fontalvo Fontalvo, quien se identificó
como apoderado del señor Apolinar José de Jesús Martínez Madrid, instauró demanda
de tutela contra el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla4, a fin de que se amparara
el derecho fundamental al debido proceso de aquel5. En consecuencia, solicitó que se
ordenara a dicho juzgado:

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 31 de julio de 2025, para

elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 El expediente de primera instancia se encuentra almacenado en OneDrive y puede ser visualizado a

través del enlace señalado en el archivo «5ED_CorreoElectronico», ubicado en el índice 2 de Samai.
3 Expediente de primera instancia, carpeta «02. Reparto», archivo «02ActaReparto».
4 Expediente de primera instancia, carpeta «01. Demanda», archivo «01DEMANDA».
5 También solicitó el amparo de su derecho a «ser propietario de vivienda».

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Radicado: 08001-23-33-000-2025-00213-01
Demandante: Apolinar José de Jesús Martínez Madrid

(i) Revocar el auto del 5 de junio de 2025, que rechazó la impugnación de la
providencia mediante la cual, a su vez, se rechazó la demanda interpuesta por el
señor Martínez Madrid contra el alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, en ejercicio de la acción de cumplimiento.

(ii) Remitir el expediente correspondiente a su superior jerárquico, a efectos de que
se resolviera dicha impugnación.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 6 de mayo de 2025, por intermedio del abogado Fontalvo Fontalvo y en ejercicio de
la acción de cumplimiento, el señor Martínez Madrid presentó demanda contra el alcalde
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a fin de que se le cediera un
bien fiscal ubicado en esa ciudad, que había ocupado por más de 60 años.

4. Dicha demanda se identificó con el radicado 08-001-33-33-014-2025-00097-00 y fue
asignada al Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla. Este la inadmitió mediante auto
del 13 de mayo de 2025, por encontrar que: (i) no se indicó la identificación ni el domicilio
del demandante; (ii) no se señaló la norma con fuerza material de ley o el acto
administrativo supuestamente incumplidos; (iii) no se explicó en que consistió el presunto
incumplimiento; (iv) no se aportó ningún medio probatorio sobre la renuencia de la
autoridad demandada a cumplir la norma con fuerza material de ley o el acto
administrativo del cual se tratara; (v) no se declaró bajo la gravedad de juramento no
haber presentado otra demanda por los mismos hechos; y (vi) no se probó que se hubiera
enviado el escrito introductorio y sus anexos a la autoridad demandada.

5. El 18 de mayo de 2025, el abogado Fontalvo Fontalvo presentó la subsanación
correspondiente. Sin embargo, mediante auto del 9 de junio siguiente, el Juzgado 14
Administrativo de Barranquilla rechazó la demanda, por no encontrar acreditada la
constitución en renuencia de la autoridad demandada.

6. La anterior decisión fue impugnada y, mediante auto del 5 de junio de 2025, el Juzgado
14 Administrativo de Barranquilla interpretó que su pretensión era interponer el recurso
de apelación y lo rechazó por improcedente. También advirtió que, aún si este fuera
procedente, habría resultado extemporáneo.

7. En criterio del mencionado abogado, el juzgado demandado vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del señor Martínez Madrid, por las siguientes razones:

8. En primer lugar, notificó el auto mediante el cual se rechazó la demanda por estados,
mas no personalmente, lo cual implicó un desconocimiento del artículo 22 de la Ley 393
de 1997, e impidió no solo que la notificación respectiva se entendiera realizada, sino
que empezara a correr el término para presentar la impugnación.

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Demandante: Apolinar José de Jesús Martínez Madrid

9. En segundo lugar, resolvió la impugnación de dicho auto sin tener competencia para
ello, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 393 de 1997, el
expediente debía ser remitido al superior jerárquico para que este adoptara la decisión
correspondiente.

B. Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto del 25 de junio de 20256, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la demanda de tutela contra el Juzgado 14 Administrativo de
Barranquilla y vinculó —sin indicar en qué calidad— a la alcaldía del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla

11. El titular del Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla7 expuso que el auto
mediante el cual se rechazó la demanda del señor Martínez Madrid no debía ser
notificado personalmente, en tanto no correspondía a ninguna de las providencias
señaladas en el artículo 198 del CPACA. Además, sostuvo que dicha providencia, así
como aquellas por las cuales se inadmitió la demanda y se rechazó el recurso de
apelación, se motivaron debidamente.

12. La alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla8 señaló
que lo expuesto en la demanda de tutela no guardaba relación con sus competencias y
que no había vulnerado ningún derecho fundamental del señor Martínez Madrid. En
consecuencia, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.

C. Fallo impugnado

13. Mediante sentencia del 7 de julio de 20259, la Sección B de la Sala de Decisión Oral
del Tribunal Administrativo del Atlántico negó la solicitud de amparo constitucional.

14. Antes de exponer los fundamentos de esa decisión, advirtió que se cumplieron, entre
los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, el de legitimación en la causa por activa y el de relevancia constitucional.

15. Frente al primero, expuso que, aunque el abogado Fontalvo Fontalvo no aportó el
documento por el cual se le otorgara poder para presentar la solicitud de amparo
constitucional, se podía concluir que obró como agente oficioso del señor Martínez
Madrid, pues en la demanda se afirmó que este tenía más de 80 años, que vivía con su
esposa, quien padecía Alzheimer, y que no contaba con ningún sustento económico,
todo lo cual permitía inferir su condición de sujeto de especial protección constitucional.

6 Expediente de primera instancia, carpeta «03. Auto admite», archivo «04AUTOADMITE».
7 Expediente de primera instancia, carpeta «04. Contestación», carpeta «01. Contestación Juzgado».
8 Expediente de primera instancia, carpeta «04. Contestación», carpeta «02. Contestación del DEIP de

Barranquilla».
9 Expediente de primera instancia, carpeta «05. Sentencia», archivo «09SENTENCIA».

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Demandante: Apolinar José de Jesús Martínez Madrid

16. Con respecto al segundo, explicó que el rechazo de la demanda del señor Martínez
Madrid podría constituir una restricción injustificada de su derecho de acceso a la
administración de justicia.

17. Luego de advertir lo anterior, la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico señaló que el juzgado demandado no incurrió en ningún
defecto, debido a lo siguiente:

18. En primer lugar, inadmitió y rechazó la demanda del señor Martínez Madrid de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997, y expuso motivos
razonables para adoptar la segunda de esas decisiones —la del rechazo—.

19. En segundo lugar, «tramitó» debidamente el recurso interpuesto contra el auto por el
cual se rechazó dicha demanda.

D. Impugnación

20. El abogado Fontalvo Fontalvo reiteró la pretensión y los argumentos formulados en
la demanda.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

22. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 7 de julio de 2025,
proferida por la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del
Atlántico

23. Para ello, establecerá si la solicitud de amparo presentada por el abogado Rafael
Ángel Fontalvo Fontalvo cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en caso afirmativo, también definirá si el
Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla incurrió en algún defecto al rechazar la
impugnación del auto por el cual, a su vez, se rechazó la demanda del señor Martínez
Madrid, vulnerando así sus derechos fundamentales.

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G. Análisis de la Sala

Improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por activa

24. Según el primer inciso del artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá ejercer
la acción de tutela, por sí misma o por quien actúe en su nombre, a fin de obtener la
protección inmediata de sus derechos fundamentales.

25. Lo anterior, de acuerdo con la Corte Constitucional10, implica que el amparo debe ser
solicitado por el titular de los derechos presuntamente vulnerados. En otras palabras, ha
de ser reclamado por quien posea legitimación en la causa por activa.

26. Al respecto, la Corte11 ha advertido que, so pretexto de ejercer la acción de tutela, no
puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación de otra persona.
Además, ha señalado que la informalidad propia de dicha acción no supone la
inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad, como la legitimación en la causa
por activa.

27. Ahora, en línea con el artículo 86 constitucional, en el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 se consagró la posibilidad de ejercer la acción de tutela a través de
representante legal, de apoderado judicial o de agente oficioso. En dicho artículo,
además, se estableció que los poderes conferidos para presentar solicitudes de amparo
constitucional se presumen auténticos.

28. Frente al ejercicio de la acción de tutela mediante apoderado judicial, la Corte
Constitucional12 ha explicado que el poder correspondiente debe ser otorgado mediante
un escrito, no sólo dirigido a un profesional del derecho, sino de carácter especial. Por
esto último, el poder otorgado para promover un proceso judicial distinto al de tutela no
supone la facultad de obrar en este último, así la demanda respectiva se motive en
hechos relacionados con aquel.

29. Adicionalmente, ha señalado que el poder especial mencionado debe conferirse
«para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en
punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en
relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión»13. Esto significa que
el poder, además de especial, debe ser específico, es decir, debe contener la
identificación de la autoridad contra la cual se dirige la acción de tutela y ha de incluir los
derechos fundamentales cuya protección se reclama.

30. De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional14 también ha indicado que,
tratándose de acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales, es

10 Sentencia T-406 de 2017.
11 SentenciasT-417 de 2013 y T-020 de 2016.
12 Sentencia T-531 de 2002, reiterada en la sentencia T-292 de 2021.
13 Sentencia T-001 de 1997.
14 Sentencias T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-998 de 2006, T-024 de 2019 y T-106 de 2023.

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indispensable que la decisión frente a la cual se solicita el amparo sea identificada en el
poder conferido para el efecto.

31. Por otro lado, ha explicado que el ejercicio de la acción de tutela a través de agente
oficioso requiere, primero, que este manifieste su voluntad de actuar como tal, salvo
que ello se infiera de lo expuesto en la demanda; y, segundo, que el titular de los
derechos fundamentales esté imposibilitado para actuar por sí mismo, debido a una
situación de «desamparo e indefensión»15.

32. Finalmente, en casos de ausencia de poder especial para presentar la solicitud de
amparo o de falta de cumplimiento de los requisitos de la agencia oficiosa, la Corte
Constitucional ha establecido que la acción de tutela resulta improcedente por falta de
legitimación en la causa por activa16.

33. En el caso bajo examen, el abogado Rafael Ángel Fontalvo Fontalvo se identificó
como apoderado del señor Martínez Madrid, pero no aportó el documento mediante el
cual se le confiriera poder especial para presentar la demanda de tutela en su nombre.
Esto, de entrada, conlleva la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
legitimación en la causa por activa. Sin embargo, cabe advertir lo siguiente:

34. Primero, en el expediente 08001-33-33-014-2025-00097-00, obra el documento
mediante el cual se le confirió poder al abogado Fontalvo Fontalvo para que instaurara
demanda contra el alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en
nombre del señor Martínez Madrid y en ejercicio de la acción de cumplimiento17. Sin
embargo, ese documento no puede ser entendido como el poder para presentar la
demanda de tutela, pues, como se explicó en precedencia, el poder otorgado para
promover un proceso judicial distinto al de tutela no supone la facultad de obrar en este
último.

35. Segundo, el mencionado abogado no expuso ni acreditó ninguna circunstancia de la
cual se infiriera que el señor Martínez Madrid se encontraba en la imposibilidad de otorgar
el poder especial para presentar la solicitud de amparo constitucional. Tampoco alegó ni
probó una variación de circunstancias que explicara por qué, si presentó poder para
ejercer la acción de cumplimiento, no lo hizo para ejercer la de tutela.

36. Tercero, la ley y la jurisprudencia han facilitado al máximo el otorgamiento de los
poderes a los profesionales del derecho, por lo cual resulta inexcusable que un abogado
actúe sin poder al presentar una demanda de tutela.

15 Sentencias de unificación 277 de 2025 y 150 de 2021.
16 Sentencias T-382 de 2021 y T-658 de 2002, reiterada, entre otras providencias, en las sentencias T-088

de 1999 y T-292 de 2021.
17 Samai, expediente 08-001-33-33-014-2025-00097-00, índice 2, archivo «1(…)AccionCumplimientoAp»,

páginas 9 y 10.

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37. Así las cosas, es claro que el abogado Fontalvo Fontalvo incumplió el deber de
acreditar que contaba con poder especial para presentar la solicitud de amparo
constitucional en representación del señor Martínez Madrid, por lo que esta resulta
improcedente por falta de legitimación en la causa por activa, como se anticipó.

38. Ahora, la Sala no comparte lo expuesto por el a quo frente a la posibilidad de
considerar que dicho abogado obró como agente oficioso del señor Martínez Madrid,
debido a lo siguiente:

39. En primer lugar, aquel no manifestó su voluntad de actuar como agente oficioso, y lo
expuesto en la demanda no permite inferir que esa fuera su intención. Por el contrario,
en ese escrito, el abogado Fontalvo Fontalvo se identificó claramente como apoderado
del señor Martínez Madrid.

40. En segundo lugar, no se acreditó ninguna circunstancia de la cual se infiriera que el
señor Martínez Madrid estuviera imposibilitado para actuar por sí mismo o para conferirle
poder al abogado Fontalvo. De hecho, ni siquiera se aportó medio probatorio alguno
sobre su edad, la cual, en todo caso, no conllevaba automáticamente tal imposibilidad.

41. En virtud de lo anterior, se concluye que el mencionado abogado no satisfizo las
exigencias para ser considerado agente oficioso del señor Martínez Madrid, motivo por
el cual, contrario a lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, no puede
considerarse que su solicitud de amparo cumpla el requisito de legitimación en la causa
por activa.

Improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional

42. Si en gracia de discusión se flexibilizara y se entendiera satisfecho el requisito de
legitimación en la causa por activa, en razón de la edad del señor Martínez Madrid —la
cual, se insiste, no fue probada—, lo cierto es que la demanda de tutela igualmente
resultaría improcedente, debido al incumplimiento de la exigencia de relevancia
constitucional.

43. Al respecto, es necesario indicar que, mediante sentencia del 5 de agosto de 201418,
la Sala Plena de esta Corporación estableció que el mencionado requisito tiene como
finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de
tutela se inmiscuya en asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De
ahí que, para determinar si una solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea
necesario examinar dos elementos:

44. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta
simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y

18 Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez

Ramírez).

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amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en
el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y
debidamente sustentadas.

45. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo
de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para proteger derechos
fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.

46. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los
derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el
contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa
mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

47. La tesis expuesta se ajusta al precedente de la Corte Constitucional, la cual, de
manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para
discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de
los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.

48. Ahora, el abogado Fontalvo Fontalvo afirmó que el Juzgado 14 Administrativo de
Barranquilla vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Martínez
Madrid, debido a que: (i) no le notificó personalmente el auto por el cual rechazó su
demanda, impidiendo así que este se entendiera notificado y que empezara a correr el
término para impugnarlo; y (ii) en lugar de remitir el expediente al superior jerárquico para
que resolviera la impugnación, se pronunció sobre ella sin tener competencia para
hacerlo.

49. Lo anterior evidencia una inconformidad del abogado Fontalvo Fontalvo con el trámite
procesal que derivó en la decisión de rechazar la impugnación del auto por el cual, a su
vez, se rechazó la demanda del señor Martínez Madrid. Sin embargo, esa sola
inconformidad no permite siquiera inferir que el Juzgado 14 Administrativo de
Barranquilla haya adoptado una decisión irrazonable o caprichosa que hubiera implicado
el desconocimiento de algún precepto constitucional.

50. Por el contrario, lo expuesto en el auto del 5 de junio de 2025 demuestra que, para
rechazar la mencionada impugnación, el juzgado demandado partió de lo expuesto en el
artículo 16 de la Ley 393 de 1997 —declarado exequible por la Corte Constitucional

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mediante la sentencia C-319 de 2013— y en el precedente aplicable del Consejo de
Estado, en los siguientes términos19:

(…) [E]l recurso incoado será rechazado por improcedente, toda vez que el artículo
16 de la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución
Política, establece que sólo la sentencia y el auto que deniega pruebas son
susceptibles de recurso.

(…) Frente a lo anterior, el Consejo de Estado[,] en auto de[l] siete (7) de abril de dos
mil dieciséis (2016)[,] [r]adicación número: 25000-23-41-000-2015-02429-01(ACU)
(…), sostuvo:

(...) 1. La Constitución Política no prevé una regla particular que prescriba un
determinado recurso dentro del trámite de la acción de cumplimiento.

2. La medida legislativa de limitar la procedencia de los recursos en el trámite de
la acción de cumplimiento está dirigido unívocamente a dotar de celeridad el
proceso, lo que constituye un fin constitucionalmente legítimo.

3. El artículo 16 de la Ley 393 de 1997 es norma expresa y específica para el
trámite de la acción de cumplimiento, por lo que debe interpretarse en el
sentido de que excluye, entre otros recursos, la apelación contra el auto de
rechazo de la demanda. De esta manera, la Corte Constitucional fue concluyente
en el sentido de precisar que no es procedente el recurso de apelación contra el
auto que rechaza la demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento, pues la
limitación impuesta por el legislador es razonable y atiende al propósito de este
medio de defensa judicial de carácter residual (…).

Esta determinación de obligatoria observancia impone a los operadores
jurídicos que en el trámite de la acción de cumplimiento el recurso de alzada
se restrinja a la sentencia, en estricta aplicación de la interpretación que
realizó la Corte Constitucional como guardiana suprema de la Constitución
Política, en la citada sentencia C- 319 de 2013. (Énfasis añadido)

51. Como se anticipó, lo anterior no da cuenta del desconocimiento de ningún precepto
constitucional por parte del juzgado demandado, y los alegatos del abogado Fontalvo
Fontalvo tampoco lo hacen. Así, no puede considerarse satisfecha la carga
argumentativa necesaria para el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
ni que, pese a ello, este requisito se encuentre satisfecho por una vulneración evidente
de derechos fundamentales que demande la intervención del juez de tutela.

52. Así las cosas, la solicitud de amparo presentada por el abogado Fontalvo Fontalvo
no solo incumple el requisito de legitimación en la causa por activa, sino también el de
relevancia constitucional. En consecuencia, se modificará la sentencia del 7 de julio de

19 Expediente 08-001-33-33-014-2025-00097-00, archivo «09AutoRechazaImpugnación». Disponible en

OneDrive, a través del enlace de acceso señalado en la contestación del Juzgado 14 Administrativo de
Barranquilla.

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2025, proferida por la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo
del Atlántico, en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela.

53. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Modificar la sentencia del 7 de julio de 2025, proferida por la Sección B de
la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, cuyo numeral segundo
quedará así:

Segundo: Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
abogado Rafael Ángel Fontalvo Fontalvo.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

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JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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