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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00262-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00262-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, para en su lugar DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00262-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

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Radicado: 08001 23 33 000 2025 00262 01
Accionante: Érika Patricia Ballesteros Velandia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 08001 23 33 000 2025 00262 01
Accionante: Érika Patricia Ballesteros Velandia
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Tesis: Se configura la carencia actual de objeto porque la autoridad judicial
competente declaró la nulidad de la actuación cuestionada.

ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Atlántico.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La señora Erika Patricia Ballesteros Velandia interpuso acción de tutela en
contra del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
el acceso a la administración de justicia, con la indebida integración del contradictorio
dentro de la acción de tutela con número de radicado 08001 3333 007 2025 00125 00.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

«PRETENSIONES

PRIMERA: Se me reconozca la vulneración al debido proceso, a la igualdad y
al acceso a la administración de justicia, por parte del JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, por

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Accionante: Érika Patricia Ballesteros Velandia

omisión de notificación de la vinculación como tercero en la acción de tutela con
radicado 08001333300720250012500.

SEGUNDO: Se declare la nulidad en las actuaciones realizadas dentro del
trámite de la acción de tutela promovida por la señora MARIA CECILIA
DELGADO MONTANO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y la
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC. Asimismo, se deje sin
efectos el fallo de tutela emitido el 24 de junio de 2025 por el JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA, correspondiente al radicado No.
08001333300720250012500.

TERCERO: Se ordene mi vinculación desde el comienzo del procedimiento de
la referida acción de tutela.»1.

1.2. Como fundamento de su solicitud, expuso que actualmente desempeña el
empleo identificado como Analista II, Código 202, Grado 02, en la División de Talento
Humano de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá – Nivel Local, bajo la
modalidad de nombramiento provisional.

Indicó que la señora María Cecilia Delgado Montaño promovió acción de tutela contra
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) y la Comisión
Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC), con el propósito de proteger sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad laboral, a la expectativa
legítima, al acceso a la carrera administrativa por mérito, al trabajo en condiciones
dignas y al mínimo vital. En dicha oportunidad, solicitó que se ordenara a la DIAN
reportar a la CNSC las vacantes definitivas del cargo de Analista II, Código 202, Grado
02, incluidas las ocupadas en provisionalidad, y que se autorizara el uso de la lista de
elegibles conformada mediante la Resolución No. 7338 del 12 de marzo de 2024 –
OPEC 198334.

Precisó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de
Barranquilla, mediante sentencia del 24 de junio de 2025, tuteló parcialmente los
derechos invocados y ordenó a la DIAN reportar las vacantes definitivas del cargo y
solicitar autorización a la CNSC para efectuar los nombramientos a partir de la lista de
elegibles vigente. Señaló que la decisión le fue comunicada el 4 de julio de 2025,
cuando recibió un correo institucional de la Subdirección de Gestión del Empleo
Público de la DIAN, en el que se le informó que, en cumplimiento de lo ordenado, se
iniciarían nuevos nombramientos, lo que podría derivar en su desvinculación laboral.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Manifestó que, durante el trámite de la acción de tutela, no se realizó ninguna
comunicación ni notificación dirigida a ella ni a otros funcionarios que ocupaban cargos
en provisionalidad o encargo, a pesar de que la decisión judicial afectaba directamente
su situación laboral. Explicó que esta omisión vulneró su derecho al debido proceso y
le impidió ejercer los mecanismos de defensa y contradicción, generando un perjuicio
grave, dado que la orden contenida en el fallo obliga a la DIAN a utilizar la lista de
elegibles establecida en la Resolución No. 7338 de 2024, según lo informado en la
comunicación emitida por la entidad.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La acción de tutela de la referencia fue asignada al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual, mediante decisión del 28 de julio de 2025 y con base en lo
dispuesto en los Decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021, ordenó la remisión del
expediente por competencia al Tribunal Administrativo del Atlántico.

2.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral «A» admitió
la tutela a través de auto de 28 de julio de 20252 y ordenó notificar en calidad de
accionado al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.
Además, vinculó como tercero con interés a la señora María Cecilia Delgado Montano.

2.3. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
mediante memorial de 29 de julio de 20253, explicó que respondió al requerimiento del
Tribunal Administrativo del Atlántico, oponiéndose a las pretensiones de la demanda
y alegando la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial. Explicó que la terminación de la provisionalidad de la
accionante se fundamenta en la aplicación de la lista de elegibles establecida en la
Resolución 7338 de 2024, conforme al concurso de méritos, y precisó que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, el nombramiento de quienes superan el concurso
constituye una causal legal de desvinculación de los empleados provisionales.

2 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai
3 Ibidem

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Sostuvo que las pretensiones de la accionante son improcedentes, temerarias e
inviables, en tanto se desempeña como empleada provisional en un cargo de carrera
de la DIAN, no hace parte de la lista de elegibles y carece de legitimación para solicitar
la nulidad de la sentencia proferida en la acción de tutela anterior. Indicó que la
accionante tuvo conocimiento de la decisión judicial el 4 de julio de 2025, cuando la
DIAN le informó sobre los nombramientos derivados del fallo, oportunidad en la que
pudo haber alegado la nulidad por falta de notificación dentro del trámite original, pero
al no hacerlo, dicha nulidad debe considerarse saneada.

Finalmente, señaló que la presente acción de tutela resulta improcedente porque
existen otros mecanismos idóneos para controvertir la sentencia, como la impugnación
interpuesta en contra de la sentencia recurrida, que permitirá al superior funcional
revisar, complementar, modificar, confirmar o revocar lo resuelto. Añadió que el trámite
de la tutela cuestionada se adelantó conforme a la ley, garantizando el debido proceso,
y que las decisiones adoptadas se ajustaron a derecho, razón por la cual la acción
ahora incoada no evidencia amenaza ni vulneración de derechos fundamentales.

2.4. La señora María Cecilia Delgado Montano guardó silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral «A», en sentencia
de 8 de agosto de 2025, resolvió declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Erika Patricia Ballesteros Velandia en contra del Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, bajo las siguientes
consideraciones:

Señaló que la accionante busca la nulidad de una sentencia de tutela dictada en
otro proceso constitucional, en el cual no fue parte, situación que resulta contraria a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado la improcedencia de la
tutela contra tutela. Precisó que esta figura solo es admisible de manera excepcional
cuando se acredita prima facie la existencia de fraude procesal en la decisión
cuestionada, hipótesis que no se demostró en el presente caso. Destacó que la
tutela es un mecanismo residual y subsidiario, previsto para la protección inmediata
de derechos fundamentales cuando no existe otro medio judicial de defensa o

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cuando, existiendo, este resulta ineficaz, pero no puede emplearse como una
instancia adicional para controvertir decisiones adoptadas en otro proceso de tutela.

Agregó que el control de los fallos de tutela se encuentra expresamente previsto en
la Constitución Política, que establece como mecanismos adecuados la
impugnación ante el juez competente y la eventual revisión por parte de la Corte
Constitucional. Permitir la interposición de nuevas tutelas contra decisiones de tutela
generaría una cadena indefinida de procesos, lo que afectaría la seguridad jurídica,
la efectividad del amparo y el derecho de acceso a la justicia.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala concluyó que no se encuentra
satisfecho, ya que la accionante disponía de otros mecanismos judiciales idóneos
para controvertir la decisión cuestionada dentro del trámite original y no los utilizó
oportunamente. Además, no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio. Por
estas razones, al no cumplirse los requisitos de procedencia, la Sala determinó que
no era posible realizar un estudio de fondo sobre las pretensiones formuladas y, en
consecuencia, declaró improcedente la acción de tutela, en los siguientes términos:

«FALLA:

1.- DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Erika Patricia Ballesteros Velandia contra el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motivad de esta providencia.

2.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes, por el medio más expedito y
eficaz que asegure su eventual cumplimiento, a más tardar al día siguiente de
su expedición (Art. 30 del Decreto Ley 2591 de 1991).

3.- REMITIR esta providencia a la Honorable Corte Constitucional, al día
siguiente de su ejecutoria, si no fuere impugnada.»

lV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión anterior, bajo las consideraciones que se
sintetizan enseguida:

En cuanto a la improcedencia de la petición de amparo, señaló que el Tribunal aplicó
de manera incorrecta el principio que prohíbe la tutela contra tutela, pues la presente

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acción no busca controvertir el contenido sustancial de la sentencia, sino cuestionar
una actuación previa irregular consistente en la omisión de vincular a terceros
potencialmente afectados.

Señaló que, conforme a la Sentencia SU-627 de 2015, la tutela procede
excepcionalmente cuando la vulneración surge de una actuación anterior a la
sentencia, como la falta de notificación, que constituye una violación autónoma del
debido proceso, por lo que consideró que el Tribunal aplicó una tesis restrictiva e
ignoró el alcance de esta excepción jurisprudencial.

Frente al principio de subsidiariedad, manifestó que el fallo desconoció que no fue
notificada del trámite de la tutela reprochada, razón por la cual no pudo interponer
recursos ni alegar nulidades dentro del proceso primigenio. Explicó que la
comunicación de la DIAN le fue notificada después de proferida la sentencia, lo que
imposibilitó acudir a mecanismos internos de defensa. Por ello, alegó que la
presente tutela constituye el único medio eficaz y oportuno para restablecer sus
derechos, de conformidad con la jurisprudencia constitucional aplicable a casos de
omisión de vinculación.

En cuanto a la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, afirmó que
la falta de notificación le impidió participar en un trámite judicial que afecta
gravemente sus derechos laborales, lo que configura una violación material del
artículo 29 de la Constitución Política y del principio de igualdad, al no haber tenido
la misma posibilidad de intervención que otros funcionarios sí vinculados al proceso.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20216, y el Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. La señora María Cecilia Delgado Montaño promovió la acción de tutela núm.
08001 3333 007 2025 00125 00 en contra de la DIAN y la CNSC, para que se
ordenara a la DIAN reportar a la CNSC las vacantes definitivas correspondientes a
los empleos OPEC 198334, incluidos los cargos de Analista II, Código 202, Grado
02, así como efectuar los nombramientos con base en la lista de elegibles
establecida en la Resolución No. 7338 del 12 de marzo de 2024.

3.2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, mediante
sentencia del 24 de junio de 2025, tuteló los derechos invocados y ordenó a la DIAN
reportar las vacantes definitivas de los empleos ofertados y solicitar autorización a
la CNSC para realizar los nombramientos correspondientes con la lista de elegibles
vigente.

3.2.3. Contra dicha decisión se interpuso impugnación, que fue conocida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual, mediante auto del 6 de agosto de 2025,
declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia
del 24 de junio de 2025, al advertir que en el trámite no se vinculó ni notificó a los
integrantes de la lista de elegibles.

3.2.4. La señora Erika Patricia Ballesteros Velandia desempeña actualmente el
cargo de Analista II, Código 202, Grado 02, en la División de Talento Humano de la
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, bajo nombramiento provisional.

3.2.5. El 4 de julio de 2025 recibió comunicación institucional de la Subdirección de
Gestión del Empleo Público de la DIAN, en la que se le informó que, en cumplimiento
de la sentencia del 24 de junio de 2025, se iniciaría el proceso de provisión de

5 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela”.
7 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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empleos mediante el uso de la lista de elegibles, lo que podría derivar en su
desvinculación laboral.

3.2.6. Inconforme con lo anterior, la señora Ballesteros Velandia promovió la
presente acción de tutela, alegando que no fue notificada ni vinculada dentro del
trámite del proceso 2025 00125, y que solo tuvo conocimiento de las órdenes
impartidas cuando recibió la comunicación de la DIAN el 4 de julio de 2025.

3.2.7. El 8 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de
Decisión Oral “A” profirió sentencia en la que declaró improcedente la acción de
tutela, al concluir que la tutela contra tutela solo procede de forma excepcional
cuando se acredita la existencia de fraude procesal, circunstancia que no se
demostró en este caso.

3.2.8. La parte actora impugnó la mencionada decisión.

3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. De manera previa a plantear el problema que corresponda, la Sala observa
que, en auto del 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró
la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela promovida por la señora
María Cecilia Delgado Montaño contra la DIAN y la CNSC, dentro del proceso con
radicado 08001 3333 007 2025 00125 01, por las siguientes razones:

«11. Nulidad que, en este caso, se estructura en la medida que el a quo,
mediante auto de fecha nueve (9) de junio de 2025, nada dispuso sobre la
notificación o comunicación de la acción a los concursantes que integran la lista
de elegibles conformada mediante Resolución No 7330 de fecha 12 de marzo
de 2024, para el empleo denominado Analista II, Código 202, Grado 2,
identificado con el Código OPEC No 198417, diferente al nivel profesional del
sistema especifico de Carrera Administrativo de la planta de personal.

12. Tampoco se evidencia en el expediente que, dicho trámite se hubiera surtido
materialmente, en efecto, ante la imposibilidad de corroborarlo de las piezas
procesales que conforman el expediente de primera instancia, mediante auto
adiado 28 de julio de 2025, se requirió a las demandadas para que, acreditaran
las correspondientes constancias de publicación y notificación, a lo que no se
obtuvo respuesta oportuna.

13. Aspecto de trascendental importancia, con la entidad de afectar los
derechos de defensa y contradicción de todos y cada uno de los integrantes de
dicha lista de elegibles, quienes bien pudieran verse afectados en las resultas

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del proceso, y por ende, en garantía de los derechos fundamentales que les
asisten, debieron ser comunicados y/o notificados.

14. La descrita falencia, a su vez, estructura el motivo de nulidad supralegal,
consagrado en la Constitución Política, artículo 29, al desconocerse el principio
y fundamental derecho del proceso debido.

15. Causal de nulidad que en esta etapa procesal no puede ser subsanada,
pues sería pretermitir la instancia, y es ante el Juez de primer grado que las
entidades accionadas deben asumir su derecho de defensa y contradicción.

16. Sobre el tema, la Corte Constitucional, mediante Auto 113 del diecisiete (17)
de mayo de dos mil doce (2012) dijo: “La falta u omisión de la notificación de las
decisiones proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con
interés legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De allí que
por ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de una acción
de tutela, no permite que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de
la existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación de una decisión
judicial sin haber sido oído previamente. Cuando la situación anotada se
presenta, se dan los fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita la configuración en
debida forma del contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con interés
legítimo, pues sólo de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al debido proceso y
defensa, así como la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la
protección o no de los derechos fundamentales invocados.”

17. De manera que, la Sala Unitaria declarará la nulidad de todo lo actuado, en
este caso, a partir, inclusive, de la sentencia, de primera instancia, de 24 de
junio de 2025, quedando incólumes las pruebas practicadas, con la
concurrencia de las partes (Código General del Proceso, artículo 138, en
relación con el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.1.1.3), decisión a la cual se
arribará, para preservarle a las mencionadas personas, quienes debían ser
informadas de la existencia de la acción de tutela su fundamental derecho del
debido proceso, en orden a lo cual el estrado judicial de primer grado rehaciendo
la actuación indebidamente surtida, practicará pruebas, si hubiere lugar a ello,
y proferirá el fallo, que en derecho corresponda, garantizando la garantía
fundamental del proceso debido.

[…]

PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD, de todo lo actuado en este asunto, a
partir, inclusive, de la sentencia, de 24 de junio de 2025, proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, quedando
incólumes las pruebas practicadas, con la concurrencia de las partes.» (Negrilla
del texto y subrayado fuera del texto).

3.3.2. En consecuencia, se debe determinar si se configura la carencia actual de
objeto por hecho superado cuando, con posterioridad a la presentación de la acción
de tutela, la autoridad judicial competente declara la nulidad de la actuación
cuestionada.

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3.3.2.1 Con miras a resolver ese problema, es pertinente señalar que la
jurisprudencia constitucional ha señalado que la figura de la carencia actual de
objeto opera cuando, durante el trámite de la acción de tutela, cesan o desaparecen
los motivos que generan la amenaza o la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, o cuando se consuma la violación, de manera que se
impide el ejercicio del derecho, o la pretensión perseguida deja de ser exigible al
punto de no existir el motivo u objeto que justifique la intervención del Juez
constitucional8.

3.3.3. En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante el auto
de 6 de agosto de 2025, declaró la nulidad de lo actuado de la cual, se derivaba que
el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso de la señora Erika
Patricia Ballesteros Velandia. Por consiguiente, ya no subsiste objeto sobre el cual
deba pronunciarse esta Sala respecto de la pretensión principal de la actora.

Al respecto, vale la pena traer nuevamente a colación las peticiones de la demanda
en la que se indicó:

«PRIMERA: Se me reconozca la vulneración al debido proceso, a la igualdad y
al acceso a la administración de justicia, por parte del JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, por
omisión de notificación de la vinculación como tercero en la acción de tutela con
radicado 08001333300720250012500.

SEGUNDO: Se declare la nulidad en las actuaciones realizadas dentro del
trámite de la acción de tutela promovida por la señora MARIA CECILIA
DELGADO MONTANO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y la
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC. Asimismo, se deje sin
efectos el fallo de tutela emitido el 24 de junio de 2025 por el JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA, correspondiente al radicado No.
08001333300720250012500.

TERCERO: Se ordene mi vinculación desde el comienzo del procedimiento de
la referida acción de tutela.»9 (Subrayas de la Sala).

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia impugnada y en su lugar declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente:

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 5 marzo de 2021. Radicación número: 11001-03-15-000-
2021-00063-00
9 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Radicado: 08001 23 33 000 2025 00262 01
Accionante: Érika Patricia Ballesteros Velandia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, para en su lugar DECLARAR LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones
antes expuestas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de 18 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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