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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00275-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00275-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral - Sección B, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00275-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ CÁRCAMO
Accionado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / Subsidiariedad /
improcedencia – El accionante ataca un auto interlocutorio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral - Sección B.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 8 de agosto de 20251, el señor Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, quien actúa
a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero
Administrativo de Barranquilla. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró su
derecho fundamental al debido proceso.

Hechos relevantes

2. El señor Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho2 contra Indeportes Atlántico y el Ministerio del Deporte.
El medio de control se admitió el 2 de febrero de 2024 por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla. El actor solicitó la nulidad de las
Resoluciones No. 00000086 del 3 de abril de 2023 y No. 000341 del 18 de abril de
2023, por presuntas irregularidades en la elección de dignatarios de la Liga de
Natación del Atlántico y su reconocimiento deportivo.

3. El 27 de mayo de 2025, la autoridad judicial demandada llevó a cabo la audiencia
de pruebas, en la cual el demandante fue citado para interrogatorio. Sin embargo,
los apoderados de las entidades demandadas desistieron de la prueba y el juez
declaró cerrada la etapa probatoria.

1 Índice electrónico 02 de SAMAI. “ACTUACIÓN RADICACIÓN Y REPARTO”.
2 Identificada bajo el radicado:08001333300320230023400.

1

Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

4. Tras solicitar la grabación de la audiencia, el demandante advirtió que las
declaraciones de los testigos confirmaban hechos relevantes de la demanda. Por
ello, el 7 de junio de 2025, Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo rindió declaración
extrajudicial en la Notaría 38 de Bogotá, con el objetivo de reiterar y demostrar al
despacho los elementos fácticos por los que se solicita la nulidad de los actos
administrativos demandados. Dicha declaración se presentó como prueba
sobreviniente al juzgado el 10 de junio de 2025.

5. En la audiencia de alegaciones del 30 de julio de 2025, el juzgado negó la
incorporación de dicha prueba, pues argumentó que la etapa probatoria ya había
sido cerrada en la audiencia del 27 de mayo, de acuerdo con el artículo 212 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

6. Frente a lo anterior, el apoderado en la misma audiencia interpuso recurso de
apelación, el cual fue rechazado, por presentarse por fuera de la etapa procesal
correspondiente. Enseguida y en dicha diligencia, interpuso el recurso de queja, la
cual también se negó, por las mismas razones, es decir, se presentó de forma
extemporánea.

Pretensiones

7. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. Que se declare la procedencia de la presente acción de tutela, en
cumplimiento de los requisitos exigidos en nuestra normatividad aplicable.

2. Que se proteja el derecho fundamental de mi poderdante al debido
proceso REVOCANDO los autos emitidos dentro de la audiencia celebrada
el miércoles 30 de julio del 2025 por parte del Juzgado Tercero Oral
Administrativo de Barranquilla, que decidieron negar los recursos de
apelación y queja interpuestos en contra de la decisión de inadmitir la prueba
sobreviniente y de no otorgar el recurso de apelación, respectivamente.

3. Que se ORDENE al mencionado Juzgado Tercero Oral Administrativo de
Barranquilla, que conceda el recurso de apelación interpuesto teniendo en
cuenta su procedencia conforme las normas procesales aplicables
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he presentado tutela por
los mismos hechos ante cualquier otra autoridad judicial del país”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. El peticionario afirmó que la presente acción de amparo satisface los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3 En adelante: CPACA.
4 Índice electrónico 02 de SAMAI. 6ED_DemadnaTutela00(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental
absoluto, al desconocer los postulados procesales aplicables al caso y omitir etapas
esenciales del trámite. A su juicio, dicha omisión le generó una afectación a sus
derechos de defensa y contradicción dentro del proceso.

Trámite en primera instancia

9. Mediante Auto del 12 de agosto de 20255, la Sala de Decisión Oral – Sección B
del Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la acción de tutela de la referencia.
En la misma providencia, se ordenó notificar a la parte demandada y dispuso la
vinculación de la Nación – Ministerio del Deporte y del Instituto Departamental de
Recreación y Deporte del Atlántico. Finalmente, reconoció personería a Henry Díaz
Caballero para actuar como apoderado judicial de la parte accionante.

Intervenciones

10. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla6
manifestó que, en el marco de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, la parte
actora solicitó al despacho la posibilidad de reabrir el instructivo con el fin de
incorporar una declaración extrajuicio. Frente a dicha petición, el juzgado explicó las
razones por las cuales la solicitud resultaba improcedente, en tanto ya había
vencido la oportunidad procesal para la práctica de pruebas. Contra esa decisión,
el apoderado de la parte accionante interpuso recursos de reposición y, en subsidio,
de apelación, los cuales fueron rechazados por improcedentes. Posteriormente,
presentó recurso de queja, pero sin solicitar previamente la reposición como
requisito de procedibilidad, razón por la cual también fue negado.

11. El despacho agregó que actuó conforme al procedimiento legalmente
establecido, respetó los tiempos, las oportunidades procesales y las garantías
constitucionales de las partes. Finalmente, concluyó que la pretensión del actor
buscaba la inclusión de una prueba extemporánea y carente de pertinencia, por lo
que insistió en que no podía atribuírsele al despacho una vulneración de derechos
fundamentales.

12. El Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral - Sección B7
solicitó declarar improcedente la presente acción de amparo constitucional, al
considerar que no se cumple el requisito general de subsidiariedad. Argumentó que
los recursos interpuestos fueron presentados por fuera de la etapa procesal
correspondiente, toda vez que el periodo probatorio ya había concluido. En
consecuencia, señaló que dichos recursos resultaban extemporáneos, razón por la
cual respaldó la decisión del juez de negar su trámite.

5 Índice electrónico 03 de SAMAI. 1Autoadmitetut_00020250027500AUTOAD(.pdf) NroActua 3.
6 Índice electrónico 02 de SAMAI. 15ED_01Contestacion(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
7 Índice electrónico 02 de SAMAI. 19ED_01ContestacionAccion(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

13. El Ministerio del Deporte8 solicitó ser desvinculado del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Adicionalmente, manifestó que no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

Sentencia de primera instancia

14. Mediante providencia del 19 de agosto de 20259, la Sala de Decisión Oral –
Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción
de tutela, al considerar que no se cumplió el requisito de subsidiariedad. Expuso
que el actor no agotó los mecanismos procesales ordinarios previstos en la ley. En
efecto, aunque interpuso recurso de apelación contra la decisión que negó la
incorporación de la prueba sobreviniente y, posteriormente, promovió recurso de
queja, omitió presentar en subsidio del recurso de reposición. Recordó que de
conformidad con el artículo 245 del CPACA, para el trámite del recurso de queja se
aplica lo dispuesto en el artículo 353 del Código General del Proceso, el cual exige
que este recurso solo procede si se formula en subsidio del de reposición.

15. Por lo anterior, la colegiatura destacó que, si el demandante hubiera interpuesto
el recurso de reposición, habría satisfecho el requisito de subsidiariedad.
Finalmente, descartó la aplicación del parágrafo del artículo 318 del Código General
del Proceso, que ordena dar trámite procedente a un recurso equivocado siempre
que se formule en tiempo. Señaló que en este caso no se configuró un error en la
elección del recurso, susceptible de reconducción, sino la omisión absoluta de
interponer el medio de impugnación principal, esto es, la reposición.

Impugnación10

16. El tutelante, en primer lugar, manifestó que el juez creó un ambiente hostil y
coercitivo que incluyó amenazas de investigación disciplinaria y la sugerencia de
acudir a la tutela como única vía de defensa. A su juicio, esa conducta volvió ineficaz
el agotamiento de los mecanismos ordinarios, pues obstruyó la posibilidad de
interponer los recursos legales y afectó gravemente el derecho de defensa.
Además, negó a la parte accionante la oportunidad de sustentar el recurso de queja,
anulando su función legal de permitir la reconsideración de la decisión.

17. El accionante solicitó: (i) revocar en su totalidad la sentencia de tutela proferida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico; (ii) conceder el
amparo del derecho fundamental al debido proceso; y (iii) ordenar al Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla dejar sin efectos el auto
que rechazó el recurso de apelación interpuesto en la audiencia del 30 de julio de
2025, a fin de que se le diera el trámite correspondiente conforme a las
disposiciones del CPACA y del Código General del Proceso.

8 Índice electrónico 02 de SAMAI. 18ED_03Contestaciondeacci(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
9 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Sentencia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
10 Índice electrónico 02 de SAMAI. 3ED_SolicituddeImpugnaci(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

18. A juicio del actor, el Tribunal de primera instancia desconoció el artículo 228 de
la Constitución Política al adoptar una posición excesivamente formalista. Manifestó
que aunque no expresó literalmente “recurso de reposición en subsidio de queja”,
si indicó de manera inequívoca su intención de controvertir la decisión, lo que
reflejaba su diligencia y voluntad de defensa.

19. Afirmó que, al declarar la improcedencia de los recursos, es decir el de apelación
y queja, se configuró un defecto procedimental absoluto, con lo cual prevaleció el
derecho formal sobre el sustancial.

CONSIDERACIONES

Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201911.

Problema jurídico y metodología de la decisión

21. Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo presentó acción de tutela contra el Juzgado
Tercero Administrativo de Barranquilla.

22. El 7 de junio de 2025, el actor rindió declaración extrajudicial ante la Notaría 38
de Bogotá, la cual presentó como prueba sobreviniente el 10 de junio siguiente. En
la audiencia de alegaciones del 30 de julio de 2025, el juzgado negó su
incorporación por considerar cerrada la etapa probatoria desde la audiencia de
pruebas del 27 de mayo de dicho año, con fundamento en el artículo 212 del
CPACA. El apoderado interpuso recurso de apelación, el cual se rechazó por
extemporáneo. Posteriormente, promovió el recurso de queja, también negado por
la misma causa. A juicio del tutelante, dichas decisiones vulneraron su derecho
fundamental al debido proceso al impedir la valoración de una prueba pertinente.

23. En primer lugar, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedencia, en particular con el principio de
subsidiariedad. Este análisis resulta indispensable, dado que el accionante
controvirtió un auto que negó la incorporación de una prueba, situación frente a la
cual la jurisprudencia constitucional ha precisado que la procedencia del amparo
está sujeta a un régimen de estricta excepcionalidad. En atención a que los autos
interlocutorios no constituyen providencias definitivas, sino actuaciones procesales
intermedias que pueden ser impugnadas mediante los recursos ordinarios
establecidos en el proceso.

11 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

24. En caso de superar dicho examen preliminar, en segundo lugar, será procedente
estudiar si ¿incurrió el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla en un defecto
procedimental absoluto Y/O en exceso ritual manifiesto al rechazar la resolución del
recurso de que queja, debido a que no interpuso reposición y se equivocó en el
medio de cuestionamiento?

25. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el principio de subsidiariedad como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela; (iii) reiteración de jurisprudencia, en relación
con la subsidiariedad de la acción de tutela contra autos interlocutorios y, (iv)
análisis del caso concreto.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

26. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200512, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

27. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar13; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela14, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional15 o el Consejo de Estado16,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-17; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable18 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada

12 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
13 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
14 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
16 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
18 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela, en particular contra autos interlocutorios

28. La jurisprudencia constitucional ha manifestado, que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales. Su finalidad es
brindar una respuesta inmediata y eficaz cuando dichos derechos resultan
vulnerados o amenazados. Sin embargo, esta herramienta sólo puede utilizarse en
situaciones específicas, toda vez que no reemplaza los procesos judiciales
ordinarios19.

29. En efecto, la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que
sólo procede cuando no existe otro medio judicial de defensa, o cuando a pesar de
existir, estos no son lo suficientemente eficaces para evitar un perjuicio irremediable.
Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, al indicar que este mecanismo de
amparo constitucional sólo es procedente si no hay otro mecanismo judicial
disponible, o si se usa como una medida temporal para prevenir un daño irreparable.

30. Por esta razón, la tutela no puede utilizarse como una vía adicional o
complementaria de los procesos ya previstos por la ley. Tampoco está diseñada
para reabrir debates ya resueltos por otras jurisdicciones, ni para evadir los recursos
o etapas propias de los procesos ordinarios. En otras palabras, la acción de tutela
no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una
herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces
competentes20.

31. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela procede de
manera excepcional contra autos interlocutorios únicamente en tres eventos: (i)
cuando se advierte una vulneración o amenaza de derechos fundamentales que no
puede ser reparada por otros medios judiciales; (ii) cuando, aun existiendo
mecanismos ordinarios de defensa, estos resultan ineficaces o inidóneos para
garantizar la protección de los derechos comprometidos; o (iii) cuando la
intervención del juez constitucional se torna urgente para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable21.

32. El examen de procedencia de la acción de tutela frente a este tipo de decisiones
tiene un carácter estricto y excepcional, en razón a que los autos interlocutorios no
constituyen providencias definitivas, sino actuaciones procesales intermedias que
pueden ser controvertidas mediante los recursos ordinarios previstos dentro del

19 Sentencias SU-712 de 2013 y T-022 de 2017.
20 Sentencias SU-037 de 2009, T-565 de 2009 y T-520 de 2010.
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-695 de 2015 y T-343 de 2012.

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Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

proceso. Por tanto, la parte afectada conserva la posibilidad de acudir a los
mecanismos judiciales correspondientes o de impugnar la decisión final, lo que
excluye la intervención inmediata del juez constitucional22.

33. Este criterio restrictivo encuentra sustento en el principio de subsidiariedad,
conforme al cual la tutela no puede ser utilizada como un medio alternativo para
impugnar decisiones adversas dictadas en el curso de un proceso judicial ni para
anticipar el control sobre providencias interlocutorias que cuentan con recursos
ordinarios. En esa medida, la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de
tutela no procede cuando el accionante no agota los mecanismos de defensa judicial
disponibles o no acredita la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención excepcional e inmediata del juez de amparo.

34. En conclusión, la acción de tutela contra autos interlocutorios procede
únicamente en casos excepcionales, cuando se demuestra que los mecanismos
ordinarios de defensa judicial no existen o resultan ineficaces para garantizar la
protección de los derechos fundamentales. En aplicación del principio de
subsidiariedad, este mecanismo no puede emplearse para controvertir decisiones
de naturaleza intermedia y no definitiva, como los autos interlocutorios, que cuentan
con recursos ordinarios dentro del proceso. En esa medida, la intervención del juez
constitucional solo se justifica cuando la decisión judicial genera una vulneración
grave e inminente de derechos fundamentales o la inminencia de un perjuicio
irremediable que requiera una respuesta inmediata y excepcional.

Análisis del caso concreto

35. El señor Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo interpuso acción de tutela contra el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla. El 27 de mayo de
2025, se realizó la audiencia de pruebas, en la cual el demandante fue citado en
interrogatorio. Sin embargo, tras el desistimiento de los apoderados de las entidades
demandadas, el juez declaró cerrada la etapa probatoria. Posteriormente, el 7 de
junio de 2025, el actor rindió declaración extrajudicial ante la Notaría 38 de Bogotá
D.C, con el objetivo de reiterar a partir de la declaración de la testigo Rosmery
Pizarro Sánchez los hechos señalados en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho. Dicha declaración la presentó como prueba sobreviniente el 10 de
junio. En la audiencia de alegaciones del 30 de julio, el juzgado negó su
incorporación por considerar cerrada la etapa probatoria, con fundamento en el
artículo 212 del CPACA. El apoderado interpuso recurso de apelación, el cual fue
rechazado y, en consecuencia, interpuso la queja, la cual fue descartada por
extemporánea. Según el tutelante, dichas decisiones configuraron un defecto
procedimental absoluto y vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.

36. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

22 Corte Constitucional, Sentencia T- 511 de 2020.

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Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Legitimación en la causa por activa y pasiva

37. El señor Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo cuenta con legitimación en la causa
por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por las decisiones adoptadas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, providencias que, según afirma, transgredieron sus garantías
constitucionales.

38. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que emitió
las providencias a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos
fundamentales reclamados por el accionante.

39. El Ministerio del Deporte solicitó ser desvinculado del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que el Ministerio
del Deporte funge como parte demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, razón por la cual se mantendrá vinculado en este
trámite.

Subsidiariedad

40. La Sala considera que el defecto alegado no supera el requisito de
subsidiariedad, dado que se dirige contra un auto interlocutorio, el cual no constituye
una providencia definitiva, sino una actuación procesal intermedia susceptible de
ser impugnada mediante los recursos ordinarios previstos en el proceso.

41. En este caso, el accionante controvierte un auto interlocutorio que negó la
incorporación de una prueba, concretamente una declaración extrajuicio, dentro de
un proceso judicial que aún no ha concluido su primera instancia. Se trata, por tanto,
de una decisión intermedia adoptada durante el trámite ordinario. De acuerdo con
el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política y en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela contra
providencias judiciales solo procede de manera excepcional, una vez se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. La
jurisprudencia constitucional ha reiterado que la tutela contra autos interlocutorios
se encuentra sometida a un régimen de procedencia estricto, dado que dichas
decisiones no ponen fin al proceso ni definen de manera definitiva la controversia.
En consecuencia, pueden ser controvertidas a través de los recursos ordinarios que
establece la ley. Mientras la parte afectada conserve la posibilidad de acudir a estos
mecanismos o de impugnar la decisión final, no resulta procedente la intervención
inmediata del juez constitucional, pues ello desnaturalizaría el carácter subsidiario
y excepcional del amparo. En esa misma lógica, el Tribunal constitucional ha
sostenido de manera consistente que la acción de tutela es improcedente cuando
se dirige contra un auto interlocutorio dentro de un proceso judicial en curso, en el
que aún no se han adoptado decisiones de fondo, salvo que el actor acredite la
existencia de un perjuicio irremediable que justifique un amparo transitorio.

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Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

42. En el caso concreto, se observa que las decisiones adoptadas por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, relacionadas con la
negativa de incorporar una declaración extrajudicial rendida por el actor, constituyen
providencias de carácter intermedio y no definitivo, dictadas en el curso del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el auto que rechazó
la incorporación de la prueba sobreviniente fue proferido durante la audiencia de
alegaciones y no puso fin al litigio, por lo que conserva su naturaleza de actuación
procesal interlocutoria. Por esta razón, conforme a la jurisprudencia constitucional,
su cuestionamiento no habilitó per se la intervención del juez de tutela, en tanto
existen mecanismos ordinarios de defensa judicial dentro del mismo proceso para
controvertir tales determinaciones.

43. En ese sentido, si bien el recurso de apelación fue rechazado y posteriormente
se presentó recurso de queja, esta decisión no implica la inexistencia de medios
judiciales de defensa, sino la manifestación del desacuerdo del actor con la
interpretación procesal del juez natural respecto de la oportunidad del recurso. La
existencia de estos medios demuestra que el ordenamiento jurídico le brinda
herramientas suficientes para discutir la actuación procesal cuestionada, por lo que
no se acredita la ausencia ni la ineficacia de los mecanismos ordinarios que
justifiquen la intervención excepcional del juez constitucional. La tutela, en este
contexto, se dirige a reabrir un debate procesal que puede ser objeto de control
dentro del trámite ordinario, lo cual contraviene el principio de subsidiariedad.

44. Por otra parte, la Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable
que habilite la intervención del juez constitucional. Conforme a la jurisprudencia
constitucional, para que se aplique dicha figura que justifique la intervención
transitoria del juez de tutela, deben concurrir los siguientes elementos23: (i)
inminencia, esto es, que el daño esté próximo a ocurrir y exista un grado
considerable de certeza sobre su materialización; (ii) gravedad, en cuanto implique
un detrimento serio sobre un bien jurídico relevante; (iii) urgencia, entendida como
la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar la consumación del daño;
y (iv) la impostergabilidad de la protección, es decir, que no exista otro mecanismo
oportuno y eficaz que permita conjurar la afectación de derechos fundamentales. En
el caso bajo estudio, el solicitante no demostró que la negativa de incorporar la
prueba sobreviniente le ocasione un daño de tal entidad, ni que la eventual
afectación de sus derechos no pueda ser reparada por las vías judiciales ordinarias.

45. En consecuencia, al no acreditarse la inexistencia o ineficacia de los
mecanismos ordinarios de defensa, ni la configuración de un perjuicio irremediable
que haga necesaria una intervención urgente, la acción de tutela no supera el
examen de subsidiariedad y, por tanto, no resulta procedente frente a decisiones de
naturaleza intermedia y no definitiva adoptadas en el curso del proceso judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

23 Corte Constitucional, Sentencia SU-179 de 2021.

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Radicación: 08001-23-33-000-2025-00275-01
Accionante: Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral - Sección B, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por Ricardo Antonio Sánchez
Cárcamo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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