Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00281-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00281-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2025-00281-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
31 de octubre de 2025
Radicado: 08001-23-33-000-2025-00281-01
Demandante: Ricardo Rafael Ricardo Ricardo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 31 de octubre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00281-01
Demandante: RICARDO RAFAEL RICARDO RICARDO
Demandado: JUZGADO 13 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA
Temas: Contra providencia judicial dictada en acción de cumplimiento.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de
subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 21
de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión
Oral A, que resolvió:
1.- DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Ricardo Rafael Ricardo
Ricardo contra el Juzgado Trece (13) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 12 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, en nombre propio, el señor
Ricardo Rafael Ricardo Ricardo pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio del demandante, la vulneración se produjo con ocasión de la decisión dictada el
17 de julio de 2025 por el Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla, que declaró
improcedente la acción de cumplimiento interpuesta contra la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, por considerar que no se cumplió el requisito de renuencia en el
proceso ante la entidad dentro del proceso No. 08-001-33-31-013-2025-00092-00.
2. Pretensiones
El accionante formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, a la seguridad
social y al mínimo vital.
2. Que se revoque el fallo proferido por el Juzgado Trece Administrativo Mixto del Circuito de
Barranquilla dentro del proceso No. 08-001-33-33-013-2025-00092-00.
3. Que, en su lugar, se ordene a la Policía Nacional cumplir de inmediato el dictamen del Tribunal Médico
Laboral, reconociendo la asignación de retiro por invalidez y los retroactivos legales.
4. Que, como medida provisional urgente, se ordene a la Policía Nacional el pago inmediato de una
asignación mensual temporal equivalente al salario mínimo mensual vigente, mientras se resuelve de
fondo el reconocimiento total.
1 Índice 1 de Samai
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Radicado: 08001-23-33-000-2025-00281-01
Demandante: Ricardo Rafael Ricardo Ricardo
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 28 de marzo de 2005, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía emitió
el Acta No. 2680, que certificó que el señor Ricardo Rafael Ricardo Ricardo padecía de
trastorno depresivo mayor con una pérdida de capacidad psicofísica del 56.14%.
Que, con ocasión del dictamen, el señor Ricardo Ricardo el 4 de junio de 2025, solicitó a
la Policía Nacional el reconocimiento de una asignación de retiro por invalidez.
El 18 de junio de 2025, el señor Ricardo Rafael Ricardo Ricardo presentó acción de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley contra la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, con el fin de que se ordenara el reconocimiento y pago de la asignación
de retiro de invalidez a través de acto administrativo en cumplimiento del dictamen
proferido por el Tribunal Médico Laboral que declaró la pérdida de capacidad laboral en
un 56.14%, sin exigir un tiempo mínimo de servicio, así como los pagos retroactivos
desde la fecha de expedición del dictamen (28 de marzo de 2005), con cargo a las
partidas presupuestales correspondientes, de conformidad con el artículo 40 del Decreto
1796 de 2000.
El asunto se adelantó bajo el radicado No. 08001-33-33-013-2025-00092-00 ante el
Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla que, por sentencia de 17 de julio de 20252, la
declaró improcedente. Precisó que la acción de cumplimiento de normas con fuerza
material busca garantizar que las autoridades ejecuten mandatos legales o
administrativos claros, siempre que el interesado demuestre la renuencia de la entidad
demandada.
Que, aunque el señor Ricardo Ricardo acreditó el requisito de renuencia frente al
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional en relación con su solicitud de asignación de
retiro, dicha petición no podía ser resuelta mediante el ejercicio de la acción de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley porque no se trataba de una
obligación clara. Lo anterior, porque consideró que la entidad demandada debía expedir
un nuevo acto administrativo que determinara la procedencia de dicha solicitud.
Además, señaló que el demandante contaba con otros mecanismos jurídicos para pedir
el reconocimiento pretendido, como la reclamación directa ante la Policía Nacional o la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En concreto, señaló que:
En el presente caso se negarán las pretensiones de la acción de cumplimiento, porque lo
pretendido por el actor es el reconocimiento de pensión de invalidez basándose en un acta
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, proferida en el año 2005, en tal sentido
se precisa en recordar que a través de la acción de cumplimiento no es posible ordenar ejecutar
toda clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del
juez constitucional, que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada
autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y
25 de la Ley 393 de 1997, lo cual en el presente asunto no se cumple.
Lo requerido por el actor, en primer lugar, debe advertirse que dada la naturaleza del acto
administrativo que pretende en cumplimiento, no resulta ser suficiente por sí solo para que se
ordene acatar un mandato, al no ser claro, expreso y exigible, al requerirse, además, como a
bien precisa el actor en las pretensiones, de la expedición de otro acto administrativo que
reconozca un derecho a su favor.
De cara a lo anterior, estima el Despacho que la acción de cumplimiento en este caso resulta
improcedente de conformidad con la causal señalada en el literal B de la normativa up supra,
toda vez que el accionante, dispone de medios judiciales, para acceder a lo pretendido, como
lo es la actuación administrativa que se inicia por la petición efectuada de forma directa a la
2 La providencia se notificó el 17 de julio de 2025, a los correos electrónicos informados por las partes.
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accionada, y eventualmente del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO para controvertir las decisiones que considere contrarias a derecho
Finalmente, indicó que no demostró la existencia de un perjuicio grave o inminente, ya
que el señor Ricardo Ricardo percibía una asignación de retiro y habían transcurrido
veinte años desde la expedición del acta médica que reconoció la pérdida de su
capacidad laboral.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. Sobre el
requisito de subsidiariedad, expuso que agotó todos los medios ordinarios.
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora identificó como defectos los siguientes:
Defecto fáctico, porque, en su opinión, el juzgado omitió valorar correctamente el
dictamen médico del Tribunal Médico laboral, que constituía prueba suficiente para
acreditar su derecho a la asignación por invalidez.
Desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque desconoció las sentencias
del Consejo de Estado3 y de la Corte Constitucional4 en las que de determinó que los
dictámenes proferidos por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar eran suficientes
para generar la obligación de reconocimiento de la asignación de retiro por invalidez, sin
necesidad de que se expidiera un acto administrativo adicional.
5. Intervenciones
El Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad y como autoridad judicial no incurrió en ninguna vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Informó que el 17 de julio de 2025, profirió sentencia en la que declaró improcedente la
acción cumplimiento de normas con fuerza material de ley, al considerar que del Acta
2680 de 28 de marzo de 2005, no se derivaba un mandato claro ni inobjetable y que el
actor contaba con otros medios de defensa judicial para controvertir la decisión de la
Policía Nacional respecto al reconocimiento de la pensión por invalidez. Que, una vez
consultados los registros de la Rama Judicial, verificó que el demandante no apeló la
sentencia, por lo que la misma cobró firmeza.
La Policía Nacional y la Dirección de Sanidad Militar, no se pronunciaron sobre la
acción de tutela, pese a haber sido notificados del auto admisorio de la demanda
mediante providencia del 11 de septiembre de 20255.
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 12 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Atlántico, Sala de decisión Oral A, que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
Estimó que el actor no interpuso la impugnación prevista en el artículo 26 de la Ley 393
de 1997 para controvertir la sentencia del 17 de julio de 2025, a pesar de que fue
debidamente notificado del fallo. Que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
tutela no puede remplazar los mecanismos ordinarios de defensa ni revivir términos
procesales vencidos. Asimismo, no encontró acreditada la existencia de un perjuicio
3 Sección Segunda, sentencia del 7 de junio de 2018, radicado: 05001-23-33-000-2011-00591-01.
4 T-1081 de 2004, T-936 de 2011, SU-230 de 2015.
5 La providencia se notificó el 15 de septiembre de 2025, a los correos electrónicos institucionales de las entidades.
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irremediable que justificara la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo
transitorio.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó, la sentencia del 17 de julio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de decisión Oral A, declaró la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
Señaló que la sentencia cuestionada adoptó una postura formalista, al centrarse en
aspectos procesales y omitir el análisis de fondo sobre su pérdida de capacidad superior
al 50%, con lo cual se desconocieron sus derechos fundamentales a la seguridad social,
al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales permanecen afectados desde hace dos
décadas.
Indicó además que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no expidió el acto
administrativo de reconocimiento de la asignación de retiro, lo que le generó una
vulneración continua de su derecho a la seguridad social. Alegó que, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el reconocimiento
pensional es imprescriptible, y la omisión administrativa constituye una violación
permanente.
Finalmente, argumentó que la acción de tutela resulta procedente en este caso, puesto
que busca la protección inmediata de derechos fundamentales vulnerados desde hace
veinte años y no pretende sustituir los medios judiciales ordinarios.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación, se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia con la que el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sala de decisión Oral A, declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, en efecto, la acción de tutela no
cumple con el requisito general de subsidiariedad, pues el demandante no impugnó la
sentencia del 17 de julio de 2025 dictada por el Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla
que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad, (iii) el análisis del caso
concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
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3. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir
que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza
excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de
tutela debe ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable6. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.
4. Análisis del caso concreto
En el presente asunto, la parte demandante alegó que la sentencia dictada el 17 de julio
de 2025 por el Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla incurrió en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque el despacho concluyó
erróneamente que el dictamen médico no generaba una obligación clara, cuando en
realidad, dicho dictamen tenía carácter vinculante e irrevocable para la administración.
Agregó que el juzgado incurrió en error al no valorar adecuadamente el dictamen médico
del Tribunal Médico Laboral, porque constituía prueba suficiente para acreditar su
derecho a la asignación por invalidez.
De los elementos probatorios obrantes en el expediente, la Sala advierte que, mediante
sentencia del 17 de julio de 2025, el Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla declaró
improcedente la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley por
incumplir el requisito de subsidiariedad. Tal decisión, en tanto correspondía a una
providencia de primera instancia, era susceptible de impugnación conforme al artículo 26
de la Ley 393 de 1997. Sin embargo, la parte actora no lo interpuso, razón por la cual no
se satisface el requisito de subsidiariedad.
Para la Sala, el demandante estaba obligado a agotar todos los recursos ordinarios
disponibles, lo que implicaba interponerlos dentro del término legal previsto para tal efecto.
En consecuencia, como lo ha señalado la Corte Constitucional: «la acción de tutela no es
un mecanismo judicial diseñado para reemplazar los medios ordinarios de defensa, ni para
reabrir procesos concluidos, ni para revivir términos u oportunidades procesales vencidas
por negligencia o inactividad injustificada de la parte interesada»7.
Es más, la Sala estima que la acción de tutela ni siquiera procede como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad de protección exige que el interesado aún cuente con la
posibilidad de ejercer el mecanismo judicial ordinario. Este supuesto no se cumple en el
presente caso, dado que la parte actora dejó vencer el plazo para interponer la
impugnación contra la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.
Con todo lo expuesto, es claro para la Sala que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, ya que el demandante no impugnó la decisión del Juzgado 13
Administrativo de Barranquilla.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.
7 Sentencia T-237 de 2018, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: Ricardo Rafael Ricardo Ricardo
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de
Atlántico, Sala de Decisión Oral A.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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