Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00333-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00333-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2025-00333-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Autoridad: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA-Carácter subsidiario de la acción de tutela. PETICIÓN-No implica para las autoridades el deber de
acceder a lo solicitado. TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el trámite
del proceso ordinario. MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada. MORA JUDICIAL-Inexistencia
de vulneración cuando no se acredita negligencia, abandono o desatención del proceso. DERECHO DE
PETICIÓN-No se acredita desconocimiento cuando las solicitudes integran actuaciones sometidas a estudio
judicial.
La Sala decide la impugnación interpuesta por Bienes y Construcciones de la Costa
SAS (INMOCARIBE SAS) contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sección C.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 17 de septiembre de 2025, la sociedad Bienes y Construcciones de la Costa SAS
(en adelante, Inmocaribe SAS), por intermedio de su representante legal, Jacinto
Suárez Pérez, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y al derecho de petición, que considera vulnerados por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Barranquilla, a raíz de una presunta mora judicial
injustificada dentro del incidente de liquidación de la sentencia proferida el 3 de junio
de 2020, dentro del proceso de reparación directa radicado 08001-33-33-003-2017-
00117-00, mediante la cual se ordenó una indemnización a su favor por error
jurisdiccional del Juzgado Primero Penal de Control de Garantías de Barranquilla.
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
En virtud de la acción de tutela, solicita que se tutelen los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, se ordene al juzgado accionado pronunciarse en un
término perentorio de setenta y dos (72) horas sobre el incidente de liquidación de
sentencia, así como que se reconvenga a la autoridad judicial demandada para que
se abstenga de incurrir nuevamente en dilaciones que afecten el acceso efectivo a
la administración de justicia.
2. Hechos relevantes
El 3 de junio de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla
profirió sentencia dentro del proceso radicado 08001-33-33-003-2017-00117-00,
mediante la cual declaró la existencia de un error jurisdiccional atribuido al Juzgado
Primero Penal de Control de Garantías de Barranquilla, en el marco de un irregular
proceso de restablecimiento del derecho adelantado en el año 2016, y, en
consecuencia, ordenó una indemnización a favor de la sociedad Inmocaribe SAS.
Posteriormente, el 2 de marzo de 2021, el mismo despacho judicial expidió una
nueva sentencia mediante la cual corrigió errores aritméticos advertidos en la
decisión inicial. En desarrollo de lo dispuesto en dichas providencias, la sociedad
accionante promovió incidente de liquidación de sentencia, con el fin de determinar
las sumas exactas a pagar en cumplimiento de la condena impuesta.
Mediante auto del 18 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla admitió el incidente de liquidación y ordenó correr
traslado a la Rama Judicial. Más adelante, a través de auto del 16 de junio de 2022,
el despacho ordenó remitir el expediente al contador judicial para la verificación de
los cálculos aritméticos contenidos en el incidente. El expediente se remitió
efectivamente el 1 de septiembre de 2023.
De acuerdo con la demanda, y de la revisión en el aplicativo Samai, luego de que el
área contable de la Rama Judicial efectuara las correcciones correspondientes, el
expediente fue devuelto al juzgado accionado el 12 de junio de 2025, con la
liquidación definitiva. No obstante, transcurridos más de tres meses desde su
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
recepción, la autoridad judicial no ha proferido pronunciamiento alguno sobre la
aprobación de la liquidación, lo que, a juicio de la parte actora, configura una mora
judicial injustificada y vulnera sus derechos fundamentales invocados.
3. Fundamentos de la acción
La accionante afirma que el juzgado accionado incurrió en una mora judicial
injustificada, toda vez que, pese a que el expediente fue remitido por el área contable
de la Rama Judicial el 12 de junio de 2025 con la liquidación definitiva de la condena,
a la fecha de la interposición de la tutela no se había emitido pronunciamiento alguno
sobre su aprobación. Señaló que la sociedad cumplió de manera oportuna con todas
las cargas procesales exigidas y que la prolongada inactividad del despacho afecta
el desarrollo normal del proceso, vulnerando así su derecho a un proceso adelantado
dentro de un plazo razonable, conforme al artículo 29 de la Constitución Política.
Sostiene igualmente que la inacción de la autoridad judicial obstaculizó el ejercicio
efectivo del derecho al acceso a la administración de justicia, en tanto impidió la
materialización del pago derivado de una sentencia ejecutoriada desde hace más de
tres años. Precisó que, al no decidirse el incidente de liquidación, se frustraba la
ejecución de una condena proveniente de un error jurisdiccional ocurrido en el año
2016, lo que representa una denegación de justicia incompatible con los postulados
del Estado Social de Derecho.
De otra parte, manifiesta que se vulneró el derecho fundamental de petición, toda
vez que el representante legal y el apoderado judicial de la sociedad formularon
múltiples solicitudes al juzgado accionado, encaminadas a obtener respuesta o
impulso procesal en el trámite del incidente de liquidación, sin obtener contestación
de fondo, clara ni oportuna. Considera que dicha omisión configura una violación
directa del artículo 23 de la Constitución Política, por cuanto ninguna autoridad puede
guardar silencio frente a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.
4. Trámite de primera instancia
El 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sección C,
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Juzgado Tercero
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
Administrativo del Circuito de Barranquilla, así como a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, tanto nacional como seccional de Barranquilla, a la Fiscalía
General de la Nación y al alcalde del Departamento de Edificación e Infraestructura
Pública-DEIP de Barranquilla, en calidad de terceros con interés. También requirió a
la autoridad accionada rendir informe en el término legal sobre los hechos
relacionados con el incidente de liquidación de sentencia.
En los escritos de contestación, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla solicita que se declare que no existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante. Informó que el trámite se está
surtiendo conforme a los parámetros legales previstos para este mecanismo
constitucional. Explicó que atendió el trámite conforme a los parámetros legales, con
respeto de las garantías y oportunidades procesales que regulan este mecanismo
constitucional. Señaló que las actuaciones surtidas se ajustaron a los términos
previstos y que dio respuesta dentro de los límites institucionales del despacho.
En cuanto a la situación actual, el juzgado informó que el proceso se encuentra
pendiente para estudio y decisión, debido a la carga laboral que afronta en este
momento, la cual alcanza aproximadamente cien procesos para fallo y cerca de
trescientos asuntos activos. Indicó que esta congestión estructural impide cumplir
estrictamente los términos procesales, pero no refleja negligencia ni desatención
injustificada por parte del funcionario judicial. Asimismo, que, conforme a la doctrina
constitucional, la mora judicial que vulnera derechos fundamentales exige una
demora atribuible a la omisión del funcionario, supuesto que no se acredita en el
presente caso.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial-DEAJ
solicitó declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación del trámite
constitucional, pues informó que no intervino en la decisión pendiente ni tuvo
injerencia en los hechos que motivaron la alegada vulneración. Recalcó que la
aprobación o negativa del incidente corresponde exclusivamente al juez competente
y afirmó que la entidad carece de legitimación por pasiva, por cuanto no participó por
acción u omisión en el trámite cuestionado.
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
La Fiscalía 56 Seccional sostuvo que, en su criterio, la acción de tutela resulta
improcedente y que, además, se configura carencia actual de objeto por hecho
superado, a partir de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional
sobre la finalidad inmediata de este mecanismo. Finalmente, solicitó que se negara
el amparo por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y por no
acreditarse los presupuestos de procedencia previstos en el artículo 86 de la
Constitución y en el Decreto 2591 de 1991.
Por último, el alcalde del Departamento de Edificación e Infraestructura Pública-DEIP
de Barranquilla guardó silencio.
Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Atlántico- Sección C señaló que su función se limitaba a la protección inmediata de
derechos fundamentales cuando no existía otro mecanismo idóneo o cuando este
resultaba ineficaz. La Sala explicó que la mora judicial solo adquiría relevancia
constitucional cuando se acreditaba: (i) el incumplimiento de términos legales; (ii) la
superación del plazo razonable, evaluado conforme a la complejidad del asunto, la
conducta de las partes, la actividad procesal del despacho y el desarrollo integral del
procedimiento; y (iii) la inexistencia de un motivo justificable. Resaltó que únicamente
una demora atribuible a negligencia u omisión del funcionario permitía declarar
vulneración del debido proceso.
Por otra parte, el tribunal destacó que la jurisprudencia había reconocido como
causas válidas de retraso la congestión judicial, la falta de recursos y la complejidad
técnica de ciertas actuaciones. Precisó que estas circunstancias justificaban el
incumplimiento de términos y evitaban la configuración de mora injustificada.
También que el derecho al debido proceso comprendía la exigencia de celeridad,
pero advirtió que esta debía ser compatible con la razonabilidad y la
proporcionalidad. Señaló que no podía exigirse una decisión inmediata cuando la
etapa procesal requería revisión técnica o análisis detallado.
Finalmente, determinó que no existió mora judicial injustificada. Consideró
acreditada una sobrecarga estructural, la ausencia de negligencia y la necesidad de
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Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
examinar actuaciones complejas antes de proferir decisión. Concluyó que el tiempo
transcurrido no desbordó el plazo razonable y no produjo vulneración de los derechos
al debido proceso, acceso a la administración de justicia ni petición.
La parte accionante impugnó la decisión, sostuvo que la decisión de primera
instancia no justificó adecuadamente la demora y que la Sala trasladó a la parte
usuaria las cargas internas del despacho, como la congestión y la complejidad del
trámite, factores que no podían excusar la falta de respuesta oportuna. Señaló que
el juzgado no atendió más de catorce impulsos radicados y que incluso algunos no
fueron incorporados al expediente, lo que evidenció morosidad injustificada y no un
retardo razonable. Afirmó que la baja frecuencia en la publicación de estados
reflejaba un funcionamiento deficiente y reforzaba la existencia de demora atribuible
al despacho. Cuestionó también que la Sala solo computara tres meses desde la
devolución del contador, pues advirtió que el trámite incidental acumulaba más de
cuatro años y que el tiempo del auxiliar judicial era igualmente imputable a la
administración de justicia. Finalmente, criticó que la decisión no fijara límites
temporales para que el juzgado resolviera, lo que permitía una dilación indefinida
contraria al debido proceso. El 3 de octubre de 2025, se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada incurrió en una mora
judicial injustificada imputable al despacho, susceptible de protección mediante
acción de tutela.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
Mora judicial
La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado
y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia1. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción2.
A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se
configura cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de “plazo razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso3.
Trámite en curso
La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable4.
Caso concreto
1 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008.
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016-
01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3 Sentencia SU-179 de 2021.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
eficacia judicial y al derecho de petición, con ocasión de una presunta mora judicial
dentro del trámite del incidente de liquidación derivado de un proceso de reparación
directa. Expuso que el despacho acumuló un retraso excesivo, que no resolvió
solicitudes de impulso radicadas en distintas oportunidades y que no adoptó decisión
alguna frente a la objeción formulada contra la liquidación presentada por el auxiliar
contable. Por ello consideró que la tardanza constituía una omisión incompatible con
los estándares constitucionales de plazo razonable y que hacía necesario el amparo.
Planteado lo anterior, la Sala procede a analizar de manera detallada las actuaciones
verificadas y las circunstancias fácticas que rodearon el trámite, a fin de establecer
si existió una mora judicial injustificada atribuible al despacho accionado y si ello
generó una afectación constitucionalmente relevante.
La Sala reconstruyó la secuencia procesal con base en los documentos remitidos.
Constató que el juzgado profirió sentencia el 3 de junio de 2020, la corrigió mediante
auto el 2 de marzo de 2021 y se presentó incidente de liquidación el 28 de octubre
del mismo año. El 18 de noviembre siguiente se admitió el incidente y fue remitido
al contador adscrito al Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de realizar las
liquidaciones requeridas por la Corporación y los Juzgados Administrativos el 1 de
septiembre de 2023. Posteriormente, mediante auto del 7 de noviembre de 2024 se
recibe memorial con respuesta del contador y el 12 de junio de 2025 el contador
devuelve el expediente. También se evidenció que la parte accionante radicó
múltiples solicitudes de impulso procesal.
La autoridad accionada informó que la actuación pendiente se encontraba en estudio
y que la carga laboral del juzgado ascendía a cerca de cien procesos para fallo y
unos trescientos procesos activos. Sostuvo que la demora no obedeció a
negligencia, sino a una congestión estructural que impidió cumplir estrictamente los
términos procesales. Explicó que el trámite del incidente requería valoración técnica,
análisis de cálculos y examen de las objeciones formuladas, lo que aumenta la
complejidad del asunto y la necesidad de un estudio cuidadoso.
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala observa que una parte importante del tiempo transcurrido correspondió al
periodo en que el expediente permaneció bajo estudio del contador de la Rama
Judicial, lo cual redujo el margen temporal disponible para que el despacho
accionado analizara el informe definitivo y las objeciones radicadas. Este elemento
no fue atribuible directamente al juzgado, pues la función del auxiliar constituye una
etapa necesaria del trámite.
Asimismo, tiene en cuenta que el despacho soporta una carga laboral elevada,
circunstancia que coincidió con los diagnósticos jurisprudenciales sobre congestión
judicial y que podía justificar, en cierta medida, la prolongación de los términos,
siempre que no existiera evidencia de abandono del proceso. Aunque la Sala
considera preocupante la demora acumulada, no encuentra acreditada una
actuación abiertamente negligente o arbitraria. Tampoco se evidencia desatención
sistemática de las solicitudes, aun cuando se observa que algunas comunicaciones
han permanecido sin trámite por un lapso prolongado.
En cuanto a la conducta de la parte accionante, la Sala constató que esta impulsó el
proceso de manera reiterada, presentó objeciones y elevó múltiples solicitudes de
impulso. Sin embargo, dicha actividad no determina por sí sola la configuración de
una mora judicial, pues la jurisprudencia exige una valoración conjunta del
comportamiento del juez, la complejidad del asunto y la razonabilidad global del
trámite.
La Sala analizó también el argumento del impugnante consistente en que el trámite
incidental acumulaba más de cuatro años y que el tiempo que empleó el auxiliar de
la justicia debía imputarse a la administración de justicia como un todo. Aunque se
acoge parcialmente esta consideración, la Sala considera que la duración total no
puede atribuirse en su integridad al juzgado ni puede desdibujar la necesidad de
ponderar la carga estructural acreditada. Observó que la sentencia de primera
instancia no otorgó un margen indefinido para decidir, sino que reconoció la
incidencia de factores estructurales al analizar el plazo razonable.
Finalmente, la Sala valoró si existe un perjuicio irremediable que justifique el amparo
y concluyó que, aunque la demora afectó la expectativa legítima de obtener una
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
decisión pronta, la controversia se circunscribe al cumplimiento de una condena
patrimonial dentro de un proceso ya resuelto en cuanto al fondo, sin que se aportaran
elementos que demostraran afectación vital o inminente. En consecuencia, no se
acreditó el componente de urgencia que habilite la tutela como mecanismo principal.
Con fundamento en lo expuesto, para la Sala no se acreditó una mora judicial
injustificada en los términos constitucionales, pues la demora se explicó por la
complejidad técnica del trámite, la intervención prolongada del auxiliar contable y la
carga estructural de trabajo del juzgado, sin evidencia de desidia o abandono del
proceso. Por tal razón, concluye que no se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y que la negativa de amparo adoptada en la primera
instancia resultó ajustada a derecho.
Finalmente, la Sala advierte que el trámite del incidente de liquidación continúa en
curso y permanece bajo la dirección del juez natural del proceso, por lo que no resulta
posible que el juez de tutela interfiera en una actuación vigente ni sustituya al
funcionario competente en el ejercicio de sus funciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada proferida el 29 septiembre de
2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sección C que no amparó los
derechos fundamentales invocado por la sociedad accionante Bienes y
Construcciones de la Costa SAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
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Expediente nº. 08001-23-33-000-2025-00333-01
Accionante: BIENES Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
Acción de tutela – Segunda instancia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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