Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00488-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00488-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2025-00488-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2025-00488-01
Accionante: RAFAEL ENRIQUE DÍAZ SOLANO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS – Se confirma el
fallo impugnado.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
19 de enero de 2026, proferida por la Sección B del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Rafael Enrique Díaz Solano solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso, trabajo, a la vida digna, seguridad
social, igualdad y estabilidad laboral reforzada “[…] derivada de la condición de
desplazado […]” en conexidad con el principio de confianza legítima, cuya
vulneración le atribuyó al Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla y
al Consejo Superior de la Judicatura - Seccional Atlántico con la expedición de las
Resoluciones 037-D de 30 de julio de 2025 y 044-D del 30 de octubre de 2025, a
través de las cuales le fue negada la solicitud de reconocimiento de estabilidad
laboral reforzada.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00488-01
Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
2.1. Relató que el 11 de enero de 2024 se posesionó como Asistente Social I en
provisionalidad, en el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla.
2.2. Refirió que es padre cabeza de familia de dos menores de edad, hace parte del
sindicato Asonal Judicial S.I. y fue reconocido por la UARIV como víctima de
desplazamiento forzado.
2.3. Señaló que presentó solicitud de estabilidad laboral reforzada ante al Juez Quinto
de Familia del Circuito de Barranquilla, la cual le fue negada mediante la Resolución
031-D de 31 de julio de 2025 y confirmada mediante resolución 044-D del 30 de
octubre de 2025.
que el juzgado vulneró sus derechos fundamentales “[…] pues se
2.4. Indicó
desconoció mi calidad de sujeto de especial protección constitucional, al ser padre
cabeza de familia y víctima de la violencia siendo desplazado forzosamente […]”.
2.5. Manifestó que “[…] el estado debe garantizarme mi estabilidad laboral reforzada,
pues, el no garantizármela ocupando la calidad de VICTIMA DE VIOLENCIA DE
CONFLICTO ARMADO, me estaría re victimizando nuevamente, toda vez que, como
he mencionado, es la hora y me encuentro junto con mi familia luchando porque mis
derechos sean reconocidos, como la restitución de las tierras que una vez en el año
1995 nos arrebataron por la falta y ausencia del estado, y que nunca estuvo para
protegernos, por lo que considero que el debe garantizarme mi derecho, que así
mismo discurro que es un derecho que está por encima incluso de la carrera judicial,
porque soy víctima de la violencia del País, y que aunque la propiedad privada en este
País es un derecho, nunca se me garantizaron. […]”.
2.6. Expuso que “[…] no desconozco el hecho de que hay aspirantes al cargo de
ASISTENTE SOCIAL de la convocatoria 4, y que por mérito tienen derecho, pero debe
reconsiderarse la decisión tomada por el accionado […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Salvaguardar mis derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL,
AL TRABAJO, A LA VIDA DIGNA, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, A LA CONFIANZA LEGÍTIMA, AL DEBIDO PROCESO,
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DERIVADA DE LA CONDICIÓN DE
DESPLAZADO. Vulnerados con la expedición de las resoluciones No. 037-D
de Treinta (30) de Julio de dos mil veinticinco (2025) y la No. 044-D del Treinta
(30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al accionado, dejar
sin efectos las resoluciones No. 037-D de Treinta (30) de Julio de dos mil
veinticinco (2025) y la No. 044-D del Treinta (30) de Octubre de dos mil
veinticinco (2025), y en consecuencia se proceda resolver de manera favorable
la solicitud de estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta las situaciones
expuestas y soporte jurisprudencial en cuanto a los sujetos de especial
protección constitucional nombrados en provisionalidad […]”. [Negrilla del texto].
3
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00488-01
Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 18 de diciembre de 2025, el Despacho de la Sección B del
Tribunal Administrativo del Atlántico a cargo de la sustanciación del proceso admitió
la presente acción de tutela y negó la medida provisional solicitada.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas, se allegó el
siguiente informe:
5.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico informó que mediante
Acuerdo CSJATA24-144 de 24 de mayo de 2024, se conformó la lista de elegibles
para el cargo de Asistente Social Grado 01, la cual fue comunicada al titular del
Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla.
5.2. Señaló que por parte de esa Corporación, no existe vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el actor en tanto, ese Consejo Seccional de la
Judicatura no expidió los actos administrativos de cuya legalidad se cuestiona.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 19 de enero de 2026, la Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
7. El juez de primera instancia señaló que “[…] lo solicitado por el accionante puede
ser esclarecido a través de las acciones contencioso administrativas ordinarias; las
cuales, dicho sea de paso, cuentan con un régimen de medidas cautelares robusto
y garantista, a través de los cuales puede procurar lo aquí pretendido. Así pues
considera la Sala, que lo pretendido por el actor a través de este medio
constitucional no es procedente, puesto que la acción de tutela no es el medio
idóneo para solicitar dejar sin efectos actos administrativos como quiera que existe
un procedimiento judicial a través del proceso ordinario, que le permite salvaguardar
sus derechos en forma integral […]”.
8. A su vez, indicó que “[…] no obra prueba dentro del expediente que demuestre
que la parte accionante se encuentra ante la inminencia de un perjuicio irremediable
de sus derechos fundamentales que conlleve a la procedencia excepcional de la
acción de tutela […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual señaló “[…]
considero que si se estoy frente a la vulneración mis derechos fundamentales al
MININO VITAL, TRABAJO, VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD,
DEBIDO PROCESO Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA […]”.
4
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00488-01
Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:
b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, con la expedición de las Resoluciones 031-D de 31 de julio de
2025 y 044-D del 30 de octubre de 2025, a través de las cuales le fue negada
la solicitud de estabilidad laboral reforzada.
VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos
12. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de
carácter general o particular, toda vez que el legislador previ漃Ā como mecanismo de
defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.
13. En ese sentido, la jurisprudencia7 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
expresar que:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
5
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00488-01
Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
“[...] el estudio de procedencia de la acci漃Ān de tutela, cuando el actor pretende
controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–
consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la
improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la
administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que
las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los
derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del
texto].
14. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:
“[…] por regla general, la Jurisdicci漃Ān de lo Contencioso Administrativo cuenta
con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto
por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección.
Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra
regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la
comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma
superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la
solicitud” […]”.
15. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se
reúnan las siguientes condiciones: i) se est攃Ā en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro
de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como
mecanismo transitorio.
16. En ese sentido, en sentencia T-514 de 20038, la Corte Constitucional determin漃Ā:
“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acci漃Ān de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación
del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el
mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicci漃Ān de lo contencioso administrativo [...]”.
[Subrayado fuera del texto].
8
Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
6
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00488-01
Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
17. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta
una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción
de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en Sentencia
T - 912 de 2006, se señaló:
“[...] No obstante, esta Corporaci漃Ān tambi攃Ān ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de
forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señal漃Ā́ sobre este
punto lo siguiente:
[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos,
el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resalt漃Ā
lo siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acci漃Ān de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria
y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha
denominado como ‘vía de hecho [...]”.
VIII.4. El caso concreto
18. Elseñor Rafael Enrique Díaz Solano solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso, trabajo, a la vida digna, seguridad
social, igualdad y estabilidad laboral reforzada “[…] derivada de la condición de
desplazado […]” en conexidad con el principio de confianza legítima, cuya
vulneración le atribuyó al Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla y
al Consejo Superior de la Judicatura - Seccional Atlántico con la expedición de las
Resoluciones 037-D de 30 de julio de 2025 y 044-D del 30 de octubre de 2025, a
través de las cuales le fue negada la solicitud de reconocimiento de estabilidad
laboral reforzada.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
19. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
7
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Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
20. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
21. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
22. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acci漃Ān de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acci漃Ān de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”10.
23. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
9
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
10
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
8
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estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”11.
24. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
25. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
26. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante alega que
las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales citados supra
con la expedición de las Resoluciones 037-D de 30 de julio de 2025 y 044-D de 30
de octubre de 2025, a través de las cuales le fue negada la solicitud de
reconocimiento de estabilidad laboral reforzada.
27. El fallo impugnado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, en tanto que el accionante cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que puede cuestionar la
legalidad de los actos administrativos a través de los cuales le fue negada la solicitud
de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada.
28. El accionante en su escrito de impugnación argumentó que “[…] considero que
si se estoy frente a la vulneración mis derechos fundamentales al MININO VITAL,
TRABAJO, VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO
Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA […]”.
29. En ese orden de ideas, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo,
toda vez que el accionante dispone de otro medio de defensa judicial como lo es el
medio de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, para controvertir los
actos administrativos que considera vulneran sus derechos fundamentales.
30. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión12 ha sostenido que: “[…] con
la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado
[…]”13.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
31. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia14, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva […]”15. [Subrayado fuera del texto].
32. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado la
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de
tutela como mecanismo transitorio.
33. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito general de procedencia de
subsidiariedad, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de enero de 2026, proferida por la
Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
14
Artículo 234 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución señalada en el auto que así lo decrete.
15
Ibidem.
10
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Accionante: Rafel Enrique Díaz Solano
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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