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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00002-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00002-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”, que declaró 23 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 24 Artículo 86 de la Carta Política. 8 Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01 Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A” y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00002-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 08001-23-33-000-2026-00002-011
Accionante : Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado : Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, auto que rechaza recurso de
apelación
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del 23 de enero de 2026, emitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral “A”2, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. El 13 de enero de 2026, el señor Rafael Octavio Peñaloza Peña, quien actúa a
través de apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, igualdad y primacía del derecho sustancial,

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Carmen Rosa Lorduy González.

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

presuntamente vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla.

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la providencia del 7 de octubre de 2025,
por medio de la cual el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla
rechazó por extemporáneo el recurso de apelación presentado contra el auto del 17
de septiembre de 2025, que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho [expediente 8001-33-33-007-2025-00099-00]. En su lugar, pidió que se
ordene a la autoridad accionada conceder el recurso de apelación.

1.3 Hechos3.

4. De los documentos allegados al proceso y de lo relatado por el accionante, se
puede evidenciar que, el 6 de mayo de 2025 instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (expediente 8001-
33-33-007-2025-00099-00), encaminada a que se declare la nulidad de las
Resoluciones núm. RDO-2024-00017 del 3 de enero de 2024 «Por medio de la cual se
profiere liquidación oficial por omisión en la vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral –
SSSI- y se sanciona por omisión» y RDC-2024-00932 del 26 de diciembre de 2024, que

decidió un recurso de reconsideración.

6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Barranquilla que mediante auto del 17 de septiembre de 2025 rechazó
la demanda al configurarse el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicha decisión fue notificada por
estado el 26 del mismo mes y año.

7. Inconforme con esa decisión, el 2 de octubre de 2025, interpuso recurso de
apelación, el cual fue rechazado por extemporáneo a través de providencia del 7
de octubre siguiente.

8. Sobre la precedente situación, el actor sostiene que la providencia reprochada
incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto «al privilegiar el rigor
procedimental sobre la protección efectiva de los derechos constitucionales ».

1.4 Contestación de la acción.

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.

2

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

1.4.1 El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla4

9. Remitió el enlace del proceso ordinario; sin embargo, guardó silencio frente a los
hechos relatados por el accionante en el escrito de tutela.

1.5 Providencia impugnada5.

10. Mediante sentencia del 23 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, declaró improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad, al constatar que el accionante disponía del recurso de queja para
controvertir la decisión cuestionada y omitió interponerlo. Además, no se acreditó
un perjuicio irremediable que habilitara, de manera excepcional, el amparo
constitucional.

1.6 La impugnación6.

11. Inconforme con esa determinación, el accionante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, la declaración de improcedencia obedeció a una aplicación
automática y formalista del principio de subsidiariedad, en la medida en que se dio
por sentada la idoneidad del recurso de queja sin un examen material de su eficacia
en el caso concreto. Afirmó que dicho mecanismo no remediaba el yerro en el
cómputo del término ni garantizaba un control constitucional integral, por lo cual el
rechazo del recurso de apelación por un día configuró exceso ritual manifiesto,
afectó el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia. Agregó que
subsiste un perjuicio constitucional actual y continuado, derivado de no poder
acceder a la segunda instancia en el proceso ordinario; por ende, solicitó revocar la
decisión impugnada.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

12. En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo

4
Índice 5 de SAMAI del expediente de primera instancia.
5
Índice 2 de SAMAI, archivo «12ED_07Sentencia(.pdf) NroActua 2».
6
Índice 7 de SAMAI del expediente de primera instancia
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

3

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

80 del 12 de marzo de 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

13. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico.

14. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia
del 7 de octubre de 2025, por medio de la cual, el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Barranquilla rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión del 17 de septiembre de 2025 que rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 8001-33-33-007-
2025-00099-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
primacía del derecho sustancial invocados en la solicitud de amparo.

2.4 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

15. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de
la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos

de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el

10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

4

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
defensa previstos en la correspondiente regulación común11.

16. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de
buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico12. Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia13.

17. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de
los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de
conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la
función del juez de amparo14.

18. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los
derechos del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que
aquel no es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la
inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela.

19. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la
luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de
los derechos sobre las consideraciones de índole formal15.

11
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
13
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
14
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

5

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

20. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado16.

21. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido
que, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe
un medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad17.

2.5 Caso concreto.

22. En el asunto sub judice, la inconformidad del actor radica en que, mediante auto
del 7 de octubre de 2025, la autoridad judicial accionada rechazó por extemporáneo
el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 17 de septiembre de 2025,
por medio de la cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho al estimarse configurada la caducidad del medio de control. A su juicio,
tal determinación vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad y primacía del derecho sustancial.

23. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no
resulta procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de
lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria18.

16
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
17
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
18
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

24. Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió
que las acciones de tutela dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben
cumplir una serie de requisitos de procedimiento generales y otros especiales19, que
ya fueron referidos en la parte considerativa de la presente actuación, sin embargo,
se observa que, la parte accionante no agotó todos los mecanismos judiciales que
ofrece el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia objeto de estudio.

25. En ese sentido, el demandante disponía del recurso de queja consagrado en el
artículo 2452021 del CPACA, el cual, establece que, el auto mediante el cual se
rechaza la apelación es susceptible de dicho recurso, esto es, la posibilidad de
acudir ante el superior jerárquico para estudiar la decisión y determinar si se ajusta
a derecho, o si, por el contrario, debe de revocarse lo decidido por el a quo.

26. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el ordenamiento jurídico estipula
de manera expresa que la decisión que rechaza el recurso de apelación en asuntos
contencioso-administrativos es susceptible de ser controvertida a través del recurso
de queja, por ende, el accionante antes de haber acudido a la tutela debió de agotar
el referido mecanismo el cual resulta idóneo para cuestionar la providencia acá
atacada. En consecuencia, la alegada afectación de no poder acudir la segunda
instancia en el proceso ordinario constituye una causa procesal derivada de no
haber utilizado el mencionado medio, y no un presupuesto que, por sí solo, habilite
el amparo constitucional.

27. En escenarios análogos, la Corte Constitucional ha sido clara al determinar que
la tutela no puede utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los
recursos ordinarios cuando la parte afectada dejó vencer los términos para
interponerlos sin una justificación válida, al respecto indicó:

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la
acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de
manera definitiva el agravio o lesión constitucional 22.

28. En ese mismo orden, no se puede pretender que a través de este medio se

19
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
«ARTÍCULO 245. QUEJA. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare
desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.». (Negrillas fuera del texto).
21
Modificado por el artículo 65 de la ley 2080 de 2021.
22
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

reabran etapas procesales que se encuentren debidamente resueltas por no haber
presentado a tiempo el respectivo recurso en el desarrollo del proceso ordinario 23.

29. De otra parte, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela, pues, el demandante no sustentó alguna
condición de vulnerabilidad que hubiese posibilitado flexibilizar el análisis de
procedibilidad de la acción de tutela.

30. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial»24.

31. Finalmente, destaca la Sala que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al
juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en
ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al
debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide
asumir que el medio ordinario de defensa resulta ineficaz para proteger los derechos
del accionante y evitar un daño inminente.

III. DECISIÓN

32. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que, en el presente asunto el
accionante no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
subsidiariedad de la acción, por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado, que,
declaró improcedente el amparo deprecado.

33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”, que declaró

23
Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24
Artículo 86 de la Carta Política.

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Radicado: 08001-23-33-000-2026-00002-01
Accionante: Rafael Octavio Peñaloza Peña
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral “A” y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

9

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