Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00104-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00104-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2026-00104-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001-23-33-000-2026-00104-01
Accionante: CARLOS ANTONIO CASTILLEJO GÓMEZ
Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto procedimental absoluto
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Carlos Antonio Castillejo Gómez, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra la sentencia de 10 de abril de 2026 proferida por la
Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de marzo de 2026, el demandante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y el acceso
a la administración de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“Ruego a los señores Magistrados, que impartan justicia y protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, seguridad jurídica y
administración de justicia del señor CARLOS ANTONIO CASTILLEJO GÓMEZ,
vulnerados por la entidad accionada, y en consecuencia se sirva:
PRIMERO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA,
o quien haga sus veces que, en un plazo no mayor a las 48 horas, declare la nulidad de
la notificación de la sentencia de fecha 05 de marzo de 2025 y, en consecuencia, se sirva
notificar en debida forma la sentencia de primera instancia, al correo electrónico
juanmartinibanezperez@gmail.com.
SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE
BARRANQUILLA, o quien haga sus veces que, en un plazo no mayor a las 48 horas,
restablezca los términos para interponer recursos de ley, a partir de la nueva y correcta
notificación”.
2. Hechos
Del escrito de tutela y los archivos obrantes en el proceso ordinario, se advierten
como hechos relevantes los siguientes:
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Accionante: Carlos Antonio Castillejo Gómez
El accionante mencionó que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, en la que pretendió la nulidad de la Resolución
04725 de 5 de octubre de 2017, mediante la cual fue retirado del servicio activo de
la Policía Nacional e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
De igual forma, solicitó su reintegro al cargo que desempeñaba como patrullero
activo de la Policía Nacional de Colombia, la remisión al curso de ascenso y el pago
de los salarios y los emolumentos dejados de percibir.
Expuso que la demanda se adelantó bajo el radicado 08001-33-33-006-2018-
00162-00 y correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Barranquilla, que por sentencia de 5 de marzo de 2025 negó las pretensiones de
la demanda, tras considerar que los actos administrativos proferidos dentro del
proceso disciplinario fueron debidamente motivados con sustento en la normativa
aplicable y las pruebas aportadas al proceso.
Sostuvo que la sentencia no le fue notificada a su apoderado judicial en los términos
de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 2213 de 2022, en tanto le fue remitida al correo
juanma_0810@hotmail.com, el cual, si bien fue referenciado en el escrito de la
demanda, durante la pandemia y con la implementación de la virtualidad en el año
2020, las solicitudes y las actuaciones adelantadas al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho se efectuaron únicamente a través de la dirección
electrónica juanmartinibanezperez@gmail.com.
Aseveró que dada la omisión por parte del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Barranquilla, se le impidió conocer la sentencia de primera instancia y ejercer su
derecho de defensa y contradicción al no poder interponer el recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia que fue adversa a sus pretensiones, dentro
del término establecido para ello.
Aseguró que tuvo conocimiento de la sentencia el 27 de junio de 2025, al consultar
el proceso en la plataforma Samai, cuando ya había vencido el término para
interponer el recurso de apelación; sin embargo, en el aplicativo no encontró la
constancia de notificación por correo electrónico ni por estado.
Indicó que conforme a lo anterior, el 3 de julio de 2025 solicitó la nulidad procesal
por indebida notificación de la sentencia de primera instancia, petición que fue
negada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla mediante
auto de 19 de noviembre de 2025, al considerar que si bien el apoderado del
demandante además del correo juanma_0810@hotmail.com, contaba con la
dirección electrónica juanmartinibanezperez@gmail.com, no requirió al Juzgado
para que las actuaciones se notificaran a ese último correo.
Aseguró que la afirmación realizada por la autoridad judicial accionada, consistente
en que no informó que las actuaciones procesales debían ser notificadas al correo
juanmartinibanezperez@gmail.com no es cierta, teniendo en cuenta que con los
alegatos de conclusión solicitó notificar a esa dirección electrónica.
Agregó que todas las comunicaciones electrónicas enviadas por el despacho
accionado en el desarrollo del proceso virtual, únicamente fueron enviadas a la
dirección electrónica juanmartinibanezperez@gmail.com.
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Accionante: Carlos Antonio Castillejo Gómez
Adujo que contra el auto que denegó la solicitud de nulidad procesal por indebida
notificación de la sentencia de primera instancia proferida el 5 de marzo de 2025,
presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
El 4 de marzo de 2026, la autoridad judicial accionada resolvió no reponer el auto
de 19 de noviembre de 2025, al considerar que (i) en el escrito de la demanda el
apoderado indicó como dirección de notificaciones el buzón
juanma_0810@hotmail.com; (ii) según verificación consignada en la providencia
recurrida, SIRNA registra el mismo buzón de notificaciones del apoderado del actor,
para la fecha en que se efectuó la notificación personal de la sentencia -6 de marzo
de 2025 (véase el archivo 52 del expediente digitalizado)-; y (iii) obra en el plenario
constancia de entrega del mensaje de datos contentivo de la notificación de la
sentencia al correo indicado para notificaciones.
Por último, señaló que el Juzgado indicó que el auto que rechaza el incidente de
nulidad no es susceptible de apelación, en tanto únicamente procede cuando se
decreta la nulidad.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante expresó que, en el caso bajo examen, se supera el requisito de
relevancia constitucional, agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, cumple con el requisito de inmediatez, se identifican de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos y no se trata
de una tutela contra tutela.
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó la configuración de un defecto
procedimental por parte de la autoridad judicial accionada, al desconocer que el
objetivo esencial de la notificación es hacer efectivo el principio de publicidad y
garantizar el derecho de defensa y contradicción de las partes, e insistir que la
dirección electrónica aportada y registrada era juanma_0810@hotmail.com, cuando
a ese último buzón no se notificó ninguna actuación del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla
La titular del despacho manifestó que existe un incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, tras considerar que el auto que decidió no reponer la providencia
que negó la nulidad por indebida notificación y que rechazó la apelación, es
susceptible del recurso de queja, de conformidad con los artículos 352 y 353 del
Código General del Proceso.
De igual forma, se ratificó íntegramente en los argumentos jurídicos expuestos en
el auto que negó la solicitud de nulidad y el que resolvió negar el recurso de
reposición y rechazar el de apelación, en tanto indicó que si bien la parte accionante
llevó a cabo solicitudes a través del correo electrónico
juanmartinibanezperez@gmail.com, entre ellos, la solicitud de cargar el expediente
administrativo, los alegatos de conclusión y el recurso de reposición en subsidio de
apelación, en ningún momento informó a ese despacho su intención de cambiar de
forma definitiva la dirección electrónica para notificaciones .
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Bajo ese contexto, reiteró que ante dicha omisión, la sentencia de primera instancia
de 5 de marzo de 2025 fue notificada el 6 del mismo mes y año al correo electrónico
juanma_0810@hotmail.com, conforme se observa en el archivo 52 del expediente
digitalizado. Agregó que en dicho archivo, en el folio 5, se evidencia la constancia
de recepción efectiva del mensaje de datos en la casilla electrónica mencionada.
4.4. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional guardó silencio, aun
cuando fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico
en fallo de 10 de abril de 2026, negó las pretensiones de la solicitud de amparo
formuladas por el accionante.
Como primera medida, indicó que el actor cumplió con el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que no cuenta con otro medio de defensa judicial
para controvertir el auto que denegó el recurso de apelación y rechazó el recurso
de apelación, y contrario a lo manifestado por la autoridad judicial accionada, el auto
que resuelve la solicitud de nulidad procesal no es susceptible del recurso de queja.
Por otro lado, precisó que contrario a lo indicado por el actor, la sentencia de primera
instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 08001-3333-006-2018-00162-00, fue notificada en
debida forma a la parte demandante, en tanto se remitió a la dirección de notificación
electrónica aportada por el demandante en el escrito de la demanda -
juanma_0810@hotmail.com.
Agregó que el hecho de que en algunas oportunidades se hubiera entablado
interlocución con la dirección electrónica juanmartinibanezperez@gmail.com, ello
no justifica desatender el correo indicado como canal de correspondencia desde el
inicio del proceso.
Bajo ese contexto, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que el
accionante no logró demostrar la configuración del defecto procedimental.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Insistió en que todas las comunicaciones electrónicas enviadas por el despacho en
el desarrollo del proceso virtual las recibió únicamente al correo
juanmartinibanezperez@gmail.com y no existe ninguna actuación electrónica
realizada a través de la dirección electrónica juanma_0810@hotmail.com.
En ese orden de ideas, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico al
resolver la primera instancia de la presente acción de tutela no tuvo en cuenta los
argumentos y las pruebas obrantes en el proceso, entre ellas, el link que dispuso el
acceso al expediente digital compartido por la autoridad judicial accionada el 2 de
septiembre de 2024, en el que se encuentra habilitado únicamente el correo
juanmartinibanezperez@gmail.com.
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Concluyó que al no recibir la notificación electrónica del fallo de primera instancia
de 5 de marzo de 2025, concurrieron las circunstancias para declarar la nulidad
procesal contemplada en el inciso 2 del numeral 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 10 de abril de 2026 de la Sección B de la Sala de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó el amparo de los
derechos fundamentales invocados, y si debe acceder a las pretensiones
formuladas por la parte actora.
3. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa
disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Carlos Antonio Castillejo Gómez, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Barranquilla porque incurrió en un defecto procedimental, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, defensa y contradicción, con ocasión, a su juicio, de la
indebida notificación de la sentencia de primera instancia proferida al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-006-
2018-00162-00.
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Atendiendo los antecedentes del caso y con el fin de desatar la cuestión ius
fundamental puesta a consideración de la Sala, se tiene que sobre el defecto
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procedimental la Corte Constitucional ha precisado que tiene lugar siempre que,
en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de manera evidente y
grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el
procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario
que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido que, en forma
excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto en virtud
del cual el juez resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por
motivos excesivamente formales.
El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente
ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto; ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso. También por exceso ritual
manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
La Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico
mediante sentencia de 10 de abril de 2026 negó el amparo invocado, al considerar
que la autoridad judicial accionada notificó en debida forma la sentencia de primera
instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo
en cuenta que fue remitida al correo de notificación indicado en el escrito de la
demanda juanma_0810@hotmail.com, aunado a que el apoderado del demandante
no radicó ningún memorial o alguna solicitud para que se tuviera en cuenta la
dirección electrónica juanmartinibanezperez@gmail.com, para efectos de
notificación.
Inconforme con dicha decisión, la parte accionante la impugnó y sostuvo que la
autoridad judicial incurrió en un defecto procedimental, al negar la solicitud de
nulidad por indebida notificación de la sentencia de primera instancia y el recurso
de reposición.
Así las cosas, se observa que el actor pretende que se declare la configuración del
defecto procedimental absoluto por la presunta afectación de su derecho de defensa
y contradicción como consecuencia de la indebida notificación de la sentencia de
primera instancia proferida el 5 de marzo de 2025 por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-006-2018-00162-
00.
Sobre el particular, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla al resolver la solicitud de nulidad por indebida notificación de la
sentencia, indicó que en el escrito de la demanda, el apoderado de la parte actora
indicó como correo para notificaciones juanma_0810@hotmail.com por ello, “[A]
partir del auto de admisión de la demanda y demás actuaciones procesales, fueron
comunicadas a dicha dirección electrónica así: i) mensaje de datos del auto de admisión,
1 Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019, M.P.:
Cristina Pardo Schlesinger.
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de fecha 24 de abril de 2018 [folio 1- archivo 08]; ii) mensaje de datos por estado del auto
que fijó fecha para audiencia inicial, surtido el 13 de marzo de 2019 [archivos 12y 13]; iii)
mensaje de datos por estado, del auto que reprogramó fecha para audiencia inicial enviado
el 19 de mayo de 2019 [archivos 14-15]; mensaje de datos de notificación por estado del
auto que requirió allegar documentos probatorios a la Fiscalía General de la Nación, de
fecha 12 de marzo de 2020[archivos 29-30]. Finalmente, el mensaje de datos del estado
que correspondió al auto que dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión
de fecha 22 agosto de 2024”.
En ese orden de ideas, aseguró que las notificaciones y comunicaciones
electrónicas que correspondían a las diferentes actuaciones procesales relevantes
fueron enviadas a dicha dirección electrónica.
Esos argumentos los reiteró en el auto que resolvió el recurso de reposición, en
tanto expuso que el Despacho ya había analizado la causal de nulidad invocada con
fundamento los numerales 6 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso,
teniendo en cuenta que cumplió con los presupuestos contenidos en los artículos
203 y 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Ahora bien, verificadas las pruebas aportadas al proceso ordinario se advierte que
el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla envió los siguientes
correos electrónicos a la dirección de notificación
juanmartinibanezperez@gmail.com.
El 24 de septiembre de 2020, la autoridad judicial accionada remitió al correo
electrónico juanmartinibanezperez@gmail.com, respuesta a solicitud de acceso al
expediente digital:
El 25 de septiembre de ese mismo año, remitió al correo electrónico
juanmartinibanezperez@gmail.com, otra respuesta a la solicitud de acceso al
expediente digital, así:
El 23 de junio de 2023, el Juzgado envío al correo electrónico
juanmartinibanezperez@gmail.com link de acceso al expediente digital, así:
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El 23 de octubre de 2023, la autoridad judicial envió al correo electrónico
juanmartinibanezperez@gmail.com los oficios de recaudo probatorio, a saber:
El 30 de octubre de 2023, la autoridad judicial envió al correo electrónico
juanmartinibanezperez@gmail.com respuesta a solicitud de aclaración, en atención
al ofició de 23 de octubre de 2023, a través del cual se solicitó al titular del despacho
174 de Instrucción Penal Militar, se requirió ampliar la información de datos que
sirvan como insumo para realizar la búsqueda de información requerida, así:
Ahora bien, la notificación de la sentencia de primera instancia fue remitida al correo
electrónico juanma_0810@hotmail.com, de lo cual da cuenta la siguiente imagen:
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En ese orden de ideas, la Sala evidencia que si bien algunas respuestas a
requerimientos realizados por el accionante fueron remitidas a la dirección
electrónica juanmartinibanezperez@gmail.com, también es cierto que el correo
reportado para efectos de notificación en el escrito de la demanda correspondió al
buzón juanma_0810@hotmail.com y, por tanto, fue a este al que se remitió la
notificación de la sentencia de primera instancia.
Sumado a lo anterior, la Sala no advierte en el expediente que el apoderado judicial
realizara alguna solicitud específica, consistente en que las actuaciones procesales
fueran remitidas al correo electrónico juanmartinibanezperez@gmail.com.
De igual modo, la autoridad judicial accionada en el auto que resolvió la solicitud de
nulidad indicó que “al hacer una breve consulta al aplicativo SIRNA de la Rama Judicial,
donde se lleva a cabo la inscripción y actualización del Registro Nacional de Abogados,
arrojando como resultado que el abogado Juan Martín Ibáñez Pérez, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.140.862.279 tiene como dirección electrónica de su domicilio
profesional el buzón Juanma_0810@hotmail.com”, conforme se observa en la siguiente
imagen:
Bajo ese contexto, la Sala concluye que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla cumplió con el deber legal de notificar el fallo de primera
instancia de 5 de marzo de 2025 al correo electrónico referenciado por el apoderado
del accionante para efectos de las notificaciones judiciales.
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Lo anterior, sumado a que si el apoderado de la parte accionante requería el cambio
del correo electrónico que indicó inicialmente para las notificaciones judiciales, tenía
el deber y la responsabilidad de comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio
o del lugar señalado para recibir notificaciones personales conforme al inciso 5 del
artículo 78 del Código General del Proceso.
De igual modo, el numeral 7 de artículo 162 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que dentro del
contenido de la demanda se debe indicar el “lugar y dirección donde las partes y el
apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto,
deberán indicar también su canal digital”.
En ese orden, como quedó visto si bien la autoridad judicial accionada realizó
algunas remisiones al correo juanmartinibanezperez@gmail.com, lo que tiene que
ver con las notificaciones personales las realizó por los medios electrónicos
conforme a los artículos 203 y 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, es decir, a la dirección electrónica
Juanma_0810@hotmail.com.
Finalmente, no puede perderse de vista los deberes que tienen los sujetos
procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones,
conforme al artículo 3 de la Ley 2213 de 2022, en concreto, comunicar
expresamente cualquier cambio de dirección o medio electrónico “so pena de que
las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior”. La citada
disposición establece:
“Es deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y
diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la
autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales
digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un
ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente
con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.
Identificados los canales digitales elegidos, desde allí se originarán todas las
actuaciones y desde estos se surtirán todas las notificaciones, mientras no se
informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto
en el artículo 78 numeral 5 del Código General del Proceso, comunicar cualquier cambio
de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo
válidamente en la anterior (…)”.
De allí que la sola mención de una dirección electrónica diferente en el escrito de
alegatos de conclusión a la que indicó en la demanda para recibir notificaciones
personales, no es suficiente para que se entienda que la parte actora está
anunciando un cambio de medio electrónico. Dicho en otros términos, desde el
escrito de la demanda se ha entendido por el despacho judicial accionado que las
notificaciones personales se deben surtir al correo electrónico
juanma_0810@hotmail.com, que coincide con el registrado en el aplicativo SIRNA
de la rama judicial, respecto del cual no se informó expresamente su cambio, por lo
que se debe concluir que la notificación de la sentencia de primera instancia se
surtió válidamente.
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión proferida el 10 de abril de 2026 por la
Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, por
cuanto la parte actora no logró demostrar la configuración del defecto procedimental
absoluto alegado en el escrito de tutela.
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Accionante: Carlos Antonio Castillejo Gómez
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 10 de abril de 2026, proferida por la Sección
B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las
razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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