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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00116-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00116-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2026, proferida por la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho de petición y consideró improcedente la acción de tutela frente a las pretensiones de reconocimiento y pago de acreencias laborales, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito esta decisión. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00116-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00116-01
Accionante: ESTHER MARÍA ARMENTA CASTRO
Accionado: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Derecho de petición – respuesta emitida durante el trámite de tutela –
carencia actual de objeto por hecho superado / Reconocimiento y pago de
acreencias laborales – improcedencia por subsidiariedad – inexistencia de perjuicio
irremediable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Esther María Armenta Castro presentó acción de tutela contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Nivel central Bogotá, y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional de Barranquilla. Con base en los siguientes.

Antecedentes

2. La actora indicó que se desempeñó como Jueza Primero (1ª) Promiscuo del
Circuito de Sabanalarga, Atlántico, desde el mes de julio de 2006. En febrero de
2022, el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a la tutelante por el delito de
prevaricato por acción. Resultado de lo anterior, en mayo de 2022, el mismo tribunal
dispuso la suspensión del cargo.

3. Desde que dejó su cargo, no continuó percibiendo su salario, lo cual afectó
gravemente su subsistencia. La accionante señaló que es madre cabeza de familia.
Presentó la renuncia a su cargo y solicitó el reconocimiento del derecho de pensión
de vejez.

4. En resolución de la Sala Plena de 29 de agosto de 2024, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Barranquilla aceptó la renuncia al cargo a partir del 1 de
septiembre de 2024. La actora señaló que, a pesar de que dicha autoridad judicial,
notificó la aceptación de la renuncia al área de Recursos Humanos de la Rama
Judicial, esta no ha cumplido con la obligación de pagar los salarios desde el mes
de mayo de 2022 hasta agosto de 2024.

5. La señora Armenta Castro aseveró que la Rama Judicial no ha cumplido con la
obligación de consignar las cesantías correspondientes al período comprendido
entre enero y septiembre de 2024. Posteriormente, en noviembre de 2025, la Corte

Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
Accionante: Esther María Armenta Castro
Accionado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Suprema de Justicia revocó la sentencia condenatoria que había dado lugar a su
suspensión. En este contexto, a juicio de la peticionaria, desapareció el fundamento
de su suspensión como jueza. Agregó: “A raíz de dicha decisión solicité formalmente
el pago de mis prestaciones sociales y salarios dejados de percibir. Para lo cual
como me indicaron en recursos humanos, envié por correo electrónico a la mesa de
entrada en diciembre de 2025 y reitere en diciembre 19/2025, siendo radicado el día
23 de diciembre de 2025 ante el SIGOB bajo el número EXTTDESAJBA25-6788
según constancia de correo que adjunto de la mesa de entrada”. Indicó que no le
han dado respuesta a su petición.

6. La Dirección Seccional le informó que su petición fue trasladada al nivel central,
sin que se haya dado respuesta. Recordó su condición de madre cabeza de familia.

7. Alegó como vulnerados su derecho fundamental al derecho de petición. Solicitó
al juez de tutela ordenar a la Rama Judicial expedir y pagar la liquidación definitiva
de sus acreencias laborales. Concretamente requirió: “Incluir dentro de dicha
liquidación salarios dejados de percibir, cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones, primas, bonificaciones y demás prestaciones sociales”1, igualmente,
ordenó incluir el pago de sus cesantías definitivas correspondientes al año 2024.

8. De manera subsidiaria, en caso de que alguna de sus solicitudes sean
despachadas en forma desfavorable, solicitó que se ordene a las entidades
accionadas expedir certificación donde conste de manera clara, expresa y detallada
de la deuda laboral existente a su favor, firmada por funcionario competente, para
que sea notificada y cumplido el rito procesal, se expida primera copia con
Constancia de ejecutoria que preste mérito ejecutivo para efectos de iniciar las
acciones judiciales correspondientes.

Trámite del amparo

9. En sede de primera instancia, la acción de tutela fue repartida al Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”. El auto admisorio de 9 de
abril de 2026 fue notificado a las entidades accionadas.

10. La Dirección Ejecutiva de la Administración solicitó que se declarara la falta
de legitimación por pasiva, pues la respuesta reprochada por la tutelante no
depende de esa dependencia de la entidad, en atención a que es responsabilidad
de la Dirección Seccional Ejecutiva de Barranquilla.

11. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla sostuvo
que no se configura vulneración del derecho fundamental de petición, por cuanto la
solicitud elevada por la accionante fue atendida de fondo mediante respuesta formal
remitida al correo electrónico indicado por la actora. Indicó que se configura el hecho
superado por haberse contestado el derecho de petición.

12. Señaló que la negativa al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir durante el período de suspensión no obedece a una
actuación arbitraria, sino a la existencia de dudas razonables y objetivas sobre la

1 Folio 7 del escrito de amparo.

Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
Accionante: Esther María Armenta Castro
Accionado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

vigencia de otras medidas judiciales de suspensión del cargo, derivadas de
eventuales procesos penales aún activos en contra de la accionante. Informó que,
ante la imposibilidad de determinar con precisión que hubieran cesado todas las
órdenes judiciales relacionadas con la imposibilidad de realizar el pago de las
prestaciones sociales solicitadas. Recordó que existe el manejo de recursos
públicos se somete al principio de taxatividad y legalidad del gasto, motivo por el
cual, ante la incertidumbre solicitó a la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla un certificado respecto de la situación de la tutelante. Dicho
certificado no ha sido remitido. Indicó que la acción incumple el requisito de
subsidiariedad pues el amparo busca el pago de salarios y las prestaciones
derivadas de una relación legal y reglamentaria, siendo, entonces, un asunto
eminentemente legal. Además, indicó que no se configura un perjuicio irremediable
y que no resulta procedente que se expidan certificaciones referidas al
reconocimiento de prestaciones sociales sin que exista certeza de estas.

Sentencia de primera instancia

13. En decisión de 22 de abril de 2026, la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico negó el amparo al derecho de petición invocado por la
actora, en la medida en que la solicitud formulada fue resuelta en el desarrollo de la
primera instancia del trámite de tutela, dando lugar a la carencia actual de objeto
por hecho superado. Respecto de las pretensiones relacionadas con el pago de las
acreencias laborales, el juez de primera instancia declaró la improcedencia por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad, toda vez que la actora cuenta con medios
judiciales ordinarios para hacer esa reclamación y, puesto que goza del derecho de
pensión de vejez, no está ante un perjuicio irremediable.

Impugnación2

14. Dentro del término procesal, la actora impugnó la sentencia de primera
instancia, al considerar que, examinada de manera concreta la respuesta que dio la
Dirección Seccional de Administración judicial, con oficio DEAJBAO 26-743-A no se
resolvió de fondo su petición relacionada con el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales. Indica que la respuesta a su petición acepta que se deben
acreencias laborales a la actora, pero no lo hace a través de acto administrativo,
concretamente la dirección seccional acepta que debe acreencias por el periodo de
la única suspensión entre mayo de 2020 hasta octubre de 2024, cuyos motivos
desaparecieron con la revocatoria de la condena que hiciera la Corte Suprema de
Justicia.

15. Recordó el contenido de su petición y el de la respuesta. Después consideró
que estas contestaciones fueron evasivas e incompletas. Indicó que se presenta
una mora prolongada en el pago de sus prestaciones sociales y no ha habido
solución administrativa efectiva, por lo que requiere una protección inmediata.
Sostuvo que es una madre cuidadora, y que tiene a su cargo un hijo adulto con
diagnóstico de trastorno del espectro autista, quien depende económicamente de

2 Índice samai 2 de la segunda instancia, certificado 71075C284D563FB4 670D75C81A5D07F9

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Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
Accionante: Esther María Armenta Castro
Accionado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

ella y requiere terapias, hecho que no fue valorado por el tribunal. Insistió en que se
encuentra ante un perjuicio irremediable pues la amenaza a sus derechos es actual
y persistente, y agrava su situación de cuidadora.

16. Reprochó que el fallo de primera instancia no examinó adecuadamente la
situación concreta, y no explicó las razones para descartar la afectación alegada.
Aseveró que la decisión de primera instancia carece de motivación. Por lo anterior
solicitó revocar el fallo y en su lugar conceder el amparo y ordenar que se expida
un acto administrativo que le permita acceder a la administración de justicia.

CONSIDERACIONES
Competencia

17. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

18. La acción de tutela de la referencia plantea dos discusiones. Una relacionada
con la eventual vulneración del derecho de petición, pues, en criterio de la actora,
la respuesta que recibió por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Barranquilla es evasiva. Por otro lado, referente a la solicitud de que el juez de tutela
ordene el pago de las prestaciones sociales que, según ella, adeudan la rama
judicial. Afirmó que dicha postulación resulta procedente, ya que es una madre
cabeza de familia cuidadora de una persona en condición de discapacidad, motivo
por el cual, se encuentra ante un perjuicio irremediable, lo cual habilita al juez
constitucional a estudiar de fondo su situación.

19. La Sala deberá determinar, en primer lugar, si la respuesta emitida por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla satisfizo los
estándares constitucionales del derecho de petición, esto es, si fue clara, precisa,
congruente y de fondo. En segundo lugar, deberá establecer si la acción de tutela
es procedente para ordenar el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
reclamadas, en atención a la alegada configuración de un perjuicio irremediable. En
caso de que esta incógnita tenga una respuesta afirmativa, la Subsección deberá
analizar si la negativa de la administración judicial en pagar presunta deuda
derivada de la revocatoria del fallo condenatorio en materia penal vulnera su
derecho a la seguridad social y al mínimo vital.

20. Inicialmente, se resolverá el primer problema jurídico. Para ello, en primer lugar,
se reseñará el precedente constitucional sobre el contenido del derecho y se
resolverá el caso concreto. En segundo lugar, se examinará la procedencia de la
acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Se
reiterará el precedente judicial sobre este tipo de casos, y posteriormente, se
abordará el examen del caso concreto.

Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
Accionante: Esther María Armenta Castro
Accionado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Primer problema jurídico

21. La ley 1755 de 2015 y la sentencia de la Corte Constitucional C-951 de 20143
precisan que el contenido del derecho de petición consiste en que las personas
pueden presentar peticiones respetuosas ante la administración o quienes ejerzan
funciones públicas y obtener respuestas claras, oportunas y de fondo. Precisó la
sentencia que realizó el examen al proyecto de ley estatutaria que luego se convirtió
en la ley estatutaria de derecho de petición:

“La jurisprudencia de la Corte ha precisado4 que la respuesta de los
derechos de petición debe observar las siguientes condiciones para que
sean considerada válida en términos constitucionales: “(i) clara, esto es,
inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa,
de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un
derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce
la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex
novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se
ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no
procedente”(resaltado no es del texto).

22. Aclarando que, en todo caso, el derecho constitucional de petición no abarca
otorgar lo pedido por el interesado, pues existe una diferencia entre el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, que consiste en que: “el derecho de petición se
ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él
[materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de
un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la
administración”5. El derecho a lo pedido implica el reconocimiento de un derecho o
un acto a favor del interesado, es decir el objeto y contenido de la solicitud, la
pretensión sustantiva. Por ello, responder el derecho de petición no implica otorgar
la materia de la solicitud.

23. Descendiendo al caso concreto, se verifica que la actora presentó un derecho
de petición el 23 de octubre de 2025 y el mismo se remitió a la Dirección Seccional
de la Administración Judicial de Barranquilla. Ella solicitó que se reconozcan y
paguen las prestaciones sociales correspondientes al periodo del “22 de mayo de
2022 hasta el 31 de agosto de 2024.”6 Además indicó: “Que se realicen los aportes
a seguridad social a que haya lugar por todo el tempo de la suspensión. Que se
expida el acto administrativo mediante el cual se resuelva de fondo la presente

3 “El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo identifican y

diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía.
En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación
de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la
decisión.”
4 Sentencias T-610 de 2008 y T-814 de 2012.
5 Sentencias T-242 de 1993 y C-510 de 2004.
6 Folio 11 del escrito de amparo.

Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
Accionante: Esther María Armenta Castro
Accionado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

solicitud. Que sean consignados los dineros a mi cuenta de ahorros Bancolombia
#548-722739-16 ya que la de DAVIVIENDA donde se me consignaba mi salario fue
cerrada por la entidad a raíz de la condena”7.

24. Mediante oficio DESAJBA026-743, la Dirección Seccional Ejecutiva de la ciudad
de Barranquilla de 17 de abril de 2026 dio respuesta, notificada en el correo de la
accionante. En efecto, la respuesta indicó:

“En atención a los puntos primero, segundo, y quinto, de la petición elevada,
esta Dirección Seccional, se permite manifestar respetuosamente que, pese a
la decisión judicial mediante la cual se dispuso la exoneración de la peticionaria
dentro del proceso penal que dio lugar a la suspensión del ejercicio del cargo,
y, por ende, de los pagos de salarios y prestaciones sociales, lo cierto es que,
por parte del Área Jurídica se advirtió ante esta dependencia la existencia de
otros procesos penales vigentes en los cuales en su momento se habrían
adoptado medidas que igualmente ordenan suspensión del cargo.

En ese sentido, para esta dependencia, ante la imposibilidad de determinar con
certeza si contra la peticionaria cesaron las investigaciones que ordenan la
suspensión del cargo, o si, por el contrario, subsisten órdenes judiciales
vigentes que impidan el reconocimiento y pago de los emolumentos
reclamados, la suscrita jefe del Área de Recursos Humanos, elevó petición de
certificación ante la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, el pasado 4 de Marzo de los corrientes, a fin de obtener
información sobre la existencia de procesos penales activos a la fecha en su
contra, así como el estado actual de los mismos; consulta de la cual no se
obtuvo respuesta alguna, que permitiera dar claridad ante las dudas surgidas.

Bajo este escenario, en atención a nuestra obligación en cuanto al manejo
responsable de los recursos de la Nación, y en consideración a que, en la
actualidad usted se encuentra desvinculada laboralmente de la Entidad, esta
Dirección Seccional, se permite indicar que, por lo antes expuesto y ante las
dudas planteadas, no resulta procedente acceder al reconocimiento y pago de
los conceptos reclamados, hasta tanto no se aporte orden judicial que así lo
determine. En ese orden de ideas, tampoco es procedente efectuar
consignación alguna al número de cuenta indicado por la peticionaria.

En consecuencia, y de conformidad con los fundamentos expuestos, se informa
que no es posible atender de manera favorable la solicitud elevada.

Respecto al punto número tres solicitado, se informa a la peticionaria que, esta
Dirección Seccional, durante el periodo de su suspensión, efectuó en debida
forma el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y
Pensión, pero únicamente en lo relativo al porcentaje correspondiente al
empleador o patrono.

Finalmente, atendiendo al punto número cuarto, desde el Área de Recursos
Humanos, se remite a la peticionaria oficio por medio del cual se brinda
respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y consecuente a la petición
elevada.”

25. En criterio de esta Sala, la respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración judicial de Barranquilla se refirió explícitamente a cada una de las
preguntas formuladas por la tutelante, e indicó con razones claras el motivo por el
cual, en ese momento no resulta procedente reconocer las acreencias laborales ni

7 Escrito de amparo folio 11.

Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
Accionante: Esther María Armenta Castro
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el pago de estas. Se indicó que es necesario acudir a certificados judiciales en los
que se indique que las causas penales que se hayan abierto contra la actora ya se
encuentran cerradas y no llevaron a decisiones de restricción de derechos. La
respuesta que se le entregó a la actora fue clara y de fondo, pero adversa a las
pretensiones de reconocimiento de prestaciones sociales. A juicio de esta
Subsección, la respuesta no fue oportuna, pues la petición se presentó el 22 de
diciembre de 2025 y la información requerida se produjo cuatro meses después, no
obstante, en el desarrollo de la instancia de tutela se produjo la respuesta, razón
por la cual, se configura una causal de carencia actual de objeto, concretamente el
hecho superado, situación que se presenta cuando la entidad accionada satisface
la garantía del derecho antes de proferir sentencia de fondo.

26. En el escrito de impugnación, la actora sostuvo que la respuesta de la Dirección
Seccional fue evasiva. No obstante, a criterio de esta Corporación, eso no es
correcto, pues de manera explícita la autoridad indicó que no podría ordenar el
reconocimiento y pago de las prestaciones solicitadas sin verificar si la tutelante
había sido desvinculada de otras actuaciones judiciales. En efecto, la dirección
ejecutiva ofreció razones claras y explicitas relacionadas con el manejo de recursos
públicos. Quiere decir esto que la entidad accionada negó la petición de la actora,
pero lo hizo a través de razones claras y explícitas. Motivo por el cual, no se trata
de una respuesta evasiva. En consecuencia, respecto del derecho de petición, se
confirmará la decisión de primera instancia, pero bajo el entendido de que se
configuró carencia actual de objeto por hecho superado.

Segundo problema jurídico

27. El segundo problema jurídico va dirigido a examinar si la acción de tutela es
procedente para reclamar el reconocimiento de prestaciones sociales. El artículo 86
de la Constitución y el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 señalan que la acción
de tutela es improcedente cuando el actor tenga pendiente de agotar otros medios
de defensa judicial, ordinarios o extraordinarios, los cuales, en el caso concreto
deben ser idóneos y eficaces. El artículo 8 del mismo decreto precisa que, la acción
de tutela será transitoriamente procedente cuando, en caso de que el tutelante
cuente con un mecanismo judicial pendiente de agotar, se acuda a la acción de
tutela para evitar un perjuicio irremediable. Entendido como un riesgo grave, el cual
supone “un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral
o material). Además, debe ser necesario adoptar medidas urgentes para superar el
daño, comprendidas como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso.
Además, la medida de protección debe ser “impostergables”. Esto es referido a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable” 8.

28. En el caso concreto, la actora solicita al juez de tutela que ordene a la autoridad
pública reconocer el pago de prestaciones sociales o, en su criterio, ante la falta de
respuesta a su petición y en ausencia de acto administrativo que atacar, se ordene
se profiera un acto administrativo. Para lo primero sostiene que se encuentra ante

8 Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021

Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
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un perjuicio irremediable, en atención a su condición de madre cabeza de familia a
cargo de su hijo en condición de discapacidad y de su madre, una mujer de la tercera
edad. Para evidenciar esa situación allega la resolución de 28 de junio de 2023, la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, reconoció a la tutelante
el derecho de pensión de vejez con un valor de la mesada de once millones de
pesos, para el año 20239. Igualmente consta que, es madre de Luis David García
Armenta, quien vive una discapacidad psicosocial, según certificado de
discapacidad del ministerio de salud y protección social. Igualmente aportó con el
escrito de amparo facturas de gastos asociados con el derecho a la salud y con su
condición financiera (recibos de pago de tarjetas de crédito), así como declaraciones
ante notarías, en la que indica que, además de su hijo, dependen emocional y
económicamente, su señora madre, Leonor María Castro, una mujer de 92 años de
edad.

29. Para esta Sala, la situación de la actora implica una condición de vulnerabilidad,
pero no constituye un perjuicio irremediable, pues si bien asume erogaciones
económicas relevantes, relacionadas con el cuidado de una persona en condición
de discapacidad, también evidencia que alcanzó el derecho de pensión de vejez en
un monto que le permite atender esos compromisos. La Subsección no desconoce
que la actora es la madre de un adulto en condición de discapacidad, pero no se
avizora una situación inminente, grave, urgente, que ponga en riesgo sus derechos
fundamentales y que amerite que el juez constitucional desplace al juez ordinario
en materia laboral.

30. El concepto de perjuicio irremediable hace referencia a una amenaza concreta,
urgente, que se aproxima temporalmente. La jurisprudencia constitucional lo ha
ejemplificado, en fechas de desalojos, necesidad de ordenar procedimientos
médicos urgentes ante amenazas concretas a la vida de una persona, o próximas
decisiones judiciales que impiden el ejercicio de un derecho10. Se trata de un evento
preciso, de próxima ocurrencia, que pone en riesgo grave los derechos
fundamentales de la parte actora quien, incluso contando con un medio de defensa
judicial ordinario, justifica que temporalmente, el juez constitucional decida un
asunto de índole legal que cuenta con juez natural. Se insiste, en el caso concreto,
la tutelante evidencia ser la madre de un adulto en condición de discapacidad, de
igual manera enfrenta gastos económicos relevantes, pero también muestra contar
con las mesadas pensionales para, apretadamente, sin duda, atender esos
compromisos, pero no evidenció que, próximamente, en un tiempo cercano, haya
un hecho que amenace de manera grave los derechos fundamentales. Por lo tanto,
no se está ante un perjuicio irremediable que permita que el juez constitucional
desplace al juez ordinario.

31. La actora reclama que, en su criterio, la administración no ha contestado el
derecho de petición, motivo por el cual, no puede ejercer algún mecanismo judicial
para atacar la falta de decisión de la Dirección Seccional de la Administración
judicial. En el primer problema jurídico esta sala ya indicó que se contestó la

9 Folio 123 del escrito de amparo.
10 Corte Constitucional, T-035 de 2025: “Debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha

establecido que para identificar la configuración de un perjuicio irremediable “debe establecerse i) la
inminencia del perjuicio, lo que implica que el daño ‘está por suceder en un tiempo cercano’…”

Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00116-01
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solicitud, lo cual, no da derecho a que se conceda lo pedido. Además, si la actora
estima que su petición no fue atendida proceden los medios de defensa judicial
previstos en la ley 1437 de 2011, incluso, ante eventuales silencios de la
administración.

32. Por lo anterior se confirmará en su integridad la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2026, proferida por la Sala
de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho de petición y
consideró improcedente la acción de tutela frente a las pretensiones de
reconocimiento y pago de acreencias laborales, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito esta decisión.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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