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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00142-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00142-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de mayo de 2026, proferida por la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00142-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001-23-33-000-2026-00142-01
Accionante: MUNICIPIO DE SABANALARGA
Accionado: JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por proceso en curso

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada
por el municipio de Sabanalarga, que actúa por intermedio de apoderado judicial,
contra la sentencia de 13 de mayo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de mayo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y contradicción de acceso a la
administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, supuestamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Primera. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción,
juez natural, acceso efectivo a la administración de justicia y prevalencia del derecho
sustancial del Municipio de Sabanalarga — Atlántico.

Segunda. Dejar sin efectos el auto del 26 de enero de 2026, mediante el cual el Juzgado
Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla decretó medida cautelar de urgencia
y suspendió provisionalmente las Resoluciones No. 385 del 18 de noviembre de 2025 y No.
420 del 9 de diciembre de 2025.

Tercera. Dejar sin efectos el auto del 22 de abril de 2026, mediante el cual el juzgado
accionado confirmó la medida cautelar decretada.

Cuarta. Ordenar al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, si
mantiene el conocimiento del asunto, rehaga la actuación cautelar y tramite la solicitud
conforme al artículo 233 del CPACA, garantizando traslado previo, contradicción efectiva y
valoración integral del interés público comprometido.

Quinta. Subsidiariamente, ordenar que el despacho accionado remita el expediente al
Tribunal Administrativo del Atlántico, por configurarse una controversia contractual cuya
cuantía real excede los 500 SMLMV, conforme a los artículos 152 y 155 del CPACA.

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Radicado: 08001-23-33-000-2026-00142-01
Accionante: Municipio de Sabanalarga

Sexta. Ordenar que, mientras se decide de fondo la medida cautelar con observancia plena
del debido proceso, se mantenga la eficacia de las actuaciones administrativas municipales
necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de alumbrado público.

Séptima. Disponer la vinculación de DELELCO S.A., AIR-E S.A.S. E.S.P., la Procuraduría
que haya intervenido en el proceso o en actuaciones preventivas relacionadas, y los demás
sujetos procesales que puedan resultar afectados con la decisión”.

2. Hechos

La parte actora relató que celebró contrato de concesión del servicio de alumbrado
público AP01, el cual comprendió la operación, mantenimiento, repotenciación,
expansión y administración de la infraestructura del servicio de alumbrado público
municipal.

Indicó que el contratista actual es la sociedad Desarrollo Eléctrico de Colombia S.A. –
DELELCO S.A. -, a lo que agregó que el contrato tuvo un plazo original de 25 años,
con una adición de 12.5, para un total de 37,5 años. Actualmente se ha ejecutado por
más de 300 meses y es financiado con el 100% del recaudo del impuesto de alumbrado
público.

Aseguró que adelantó actuaciones de verificación del estado real del sistema de
alumbrado público y en el informe de supervisión de 9 de marzo de 2026, concluyó
que había un 50,5% de tecnología no LED, 292 luminarias con tecnología prohibida,
deficiencia documentada por la policía que identificó puntos críticos donde faltaba la
iluminación y ello facilitaba hurtos, venta y consumo de estupefacientes, entre otros,
existían quejas ciudadanas y requerimientos no atendidos.

Sostuvo que mediante Resolución 385 de 18 de noviembre de 2025, terminó
unilateralmente el contrato de concesión del servicio de alumbrado público y,
posteriormente, a través de Resolución 420 de 9 de diciembre de 2025 confirmó la
decisión.

Agregó que DELELCO S.A. radicó demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra el municipio de Sabanalarga, y solicitó medida
cautelar de urgencia consistente en que se suspendieran los efectos de las
Resoluciones 385 de 18 de noviembre de 2025 y 420 de 9 de diciembre de 2025.

Aseveró que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Barranquilla1, que mediante auto de 26 de enero de 2026 decretó la
medida cautelar de urgencia, sin surtir el traslado previsto para medidas cautelares en
el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación, en el que alegó la ausencia de requisitos para acudir al trámite excepcional
de urgencia, la indebida supresión del traslado y la falta de verificación de requisitos
procesales, además de la errónea determinación de la cuantía y el prejuzgamiento
sobre el fondo de la controversia.

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Con número de radicado 08001-33-33-010-2026-00006-00
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Accionante: Municipio de Sabanalarga

Finalmente, manifestó que mediante auto de 22 de abril de 2026, el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Barranquilla negó el recurso de reposición y concedió la
apelación en efecto devolutivo.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora insistió en que se vulneraron los derechos fundamentales del municipio
de Sabanalarga al debido proceso, a la defensa y contradicción, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, además
de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio a la vida, la integridad
personal, la seguridad, la locomoción y el goce efectivo de condiciones mínimas de
convivencia.

Afirmó que la presente acción de tutela tiene relevancia constitucional, en tanto se
discute la competencia “del juez natural, el debido proceso del Municipio, la supresión del
derecho de contradicción en una medida cautelar de urgencia, y la afectación directa del
interés público en un servicio que incide en la seguridad ciudadana”, cumple con el requisito
de subsidiariedad teniendo en cuenta que la apelación se concedió en efecto
devolutivo y continúa produciendo efectos.

Asimismo, indicó que cumple con la inmediatez y aseguró que de haberse aplicado el
trámite ordinario contemplado en el artículo 233 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habría podido aportar y controvertir
los elementos técnicos que demuestran la inexistencia de urgencia favor del
contratista.

Bajo ese contexto, alegó la existencia de un (i) defecto orgánico por la falta de
competencia derivada de cuantía equivocada, teniendo en cuenta que la autoridad
judicial accionada aceptó una cuantía de $ 698.331.668 que calculó sobre dos
mensualidades, a pesar de que la pretensión de la entidad demandante consiste en la
ejecución de la concesión hasta el año 2037, y la estimación razonable supera los 500
SMLMV.

De igual modo, aseguró la configuración de un (ii) defecto fáctico por la valoración
incompleta y sesgada del material probatorio al considerar que “el despacho accionado
centró su análisis en la alegada afectación del contratista, pero relegó los elementos
probatorios que daban cuenta de la deficiente prestación del servicio de alumbrado público y
de los riesgos para la comunidad. El informe de supervisión no contiene afirmaciones vagas.
Identifica soportes técnicos, comunitarios, contractuales y de seguridad ciudadana. Allí se
reporta un sistema con deficiencias significativas, sectores sin luminarias, luminarias
apagadas, infraestructura no modernizada, tecnología no conforme, ausencia de información
financiera y técnica, requerimientos no atendidos y afectación a la seguridad ciudadana”.

En ese orden de ideas, no valoró que la Policía Nacional había identificado puntos
críticos donde falta iluminación y que ello facilita los delitos, a lo que agregó que no
tuvo en cuenta que ASOCOMUNAL y diferentes ciudadanos venían denunciando
deficiencias en la prestación del servicio.

De igual modo, indicó que se configuró un (iii) defecto sustantivo por indebida
aplicación de los artículos 229, 231, 233 y 234 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que la autoridad
judicial accionada desconoció que “el artículo 229 del CPACA permite medidas cautelares
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Accionante: Municipio de Sabanalarga

para proteger el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, pero exige providencia
motivada. El artículo 231 exige, en los demás casos, una ponderación que permita concluir
que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que concederla. La
providencia accionada invirtió la regla de ponderación. En lugar de establecer por qué era más
gravoso para el interés público negar la cautela, asumió que el interés económico y
reputacional del contratista justificaba suspender los actos municipales. Esa conclusión
desconoce que la Administración actuaba para garantizar la continuidad, calidad, seguridad y
eficiencia del servicio público de alumbrado. La valoración judicial también desnaturalizó el
artículo 234 del CPACA. La urgencia no puede confundirse con la conveniencia del
demandante. La urgencia exige imposibilidad real de agotar el traslado ordinario. Si el
Municipio podía pronunciarse en cinco días, y si existía un informe técnico que daba cuenta
de la afectación comunitaria, la decisión constitucionalmente correcta era tramitar la cautela
por la vía ordinaria, no silenciar a la entidad territorial”.

Por último, alegó la (iv) violación directa de la Constitución por la afectación del
interés general, el debido proceso y el juez natural y el desconocimiento de las
decisiones administrativas que tenían como propósito corregir una situación grave en
el servicio de alumbrado que se encuentra asociado a la seguridad, la movilidad, la
convivencia ciudadana la prevención del delito y el uso adecuado del espacio público.

4. Oposición
Respuesta del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

El titular del despacho hizo una relación de las actuaciones surtidas en proceso de
controversias contractuales y solicitó negar las pretensiones de la tutela o, en su
defecto, declarar su improcedencia, al considerar que no se encuentran satisfechos
los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, debido a que la
controversia que plantea el municipio de Sabanalarga se reduce a “discrepancias
hermenéuticas” sobre normas de rango legal como lo es la aplicación del artículo 17
de la Ley 80 de 1993, frente al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la determinación de
la cuantía conforme al artículo 157 del CPACA y la concurrencia de los presupuestos
de los artículos 229, 231 y 234 del CPACA.

Aseguró que el debate planteado por la parte accionante es propio del juez natural y
actualmente se encuentra en trámite el recurso de apelación, que fue concedido en
efecto devolutivo, teniendo en cuenta el régimen legal previsto en el numeral 5 del
artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para los autos que decretan medidas cautelares.

Sobre el defecto orgánico alegado afirmó que la censura del accionante desconoce el
artículo 157 del CPACA, que establece que la cuantía se determina por el valor de las
pretensiones al tiempo de la demanda y no se puede calcular proyectando perjuicios
hasta el año 2037.

Frente a la pretensión de supresión del traslado contenida en el artículo 233 del
CPACA, sostuvo que el artículo 234 ibidem, faculta al juez administrativo para decretar
la medida cautelar desde su presentación y sin notificación previa.

Respecto a la indebida valoración probatoria, indicó que el informe de supervisión que
alega el municipio fue suscrito el 9 de marzo de 2026, es decir, posterior al auto de 26
de enero de 2026 que decretó la suspensión ´provisional.

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Accionante: Municipio de Sabanalarga

Sostuvo que las providencias cuestionadas preservan “el debido proceso o del contratista
frente a una actuación administrativa que, en forma preliminar aparece en el proceso ordinario
como una sanción contractual sin habérsele permitido participar en la actuación previa ni
controvertir el informe técnico que la sustentó. Según consta en el expediente, dicho informe
sólo fue entregado al concesionario por orden del Juzgado 4° Administrativo de Barranquilla,
mediante auto del 4 de diciembre de 2025 al desatar una insistencia, esto es, cuando ya se
había agotado la vía gubernativa”.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia de 13 de mayo de 2026, declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que el proceso de controversias contractuales con
radicación núm. 08001-33-33-010-2026-00006 01, se encuentra en trámite y pendiente
de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
decisión que hoy reprocha.

Precisó que de las pruebas allegadas al expediente, no se advierte que el municipio
accionante se encuentre en una situación “apremiante de la cual se tenga certeza y que
pueda llegar a tener una incidencia grave en alguna de sus prerrogativas constitucionales, de
forma que solamente se pueda evitar a través de una medida urgente e impostergable”.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, en el que reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela y sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió
en una lectura meramente formal del requisito de subsidiariedad, desconociendo que
el recurso de apelación fue concedido en efecto devolutivo, teniendo en cuenta que la
medida cautelar decretada continúa produciendo efectos mientras el superior decide,
por tanto dicho recurso resulta ineficaz para proteger los derechos fundamentales
invocados.

En ese contexto, aseguró que no presentó la tutela de forma paralela sino como un
mecanismo urgente frente a una decisión que al adoptar una medida cautelar de
urgencia, “sin traslado previo, sin ponderación suficiente del interés público y con una cuantía
artificialmente reducida, afectó derechos fundamentales del Municipio y produjo
consecuencias graves sobre la comunidad”.

Consideró que la suspensión provisional de los actos administrativos demandados
afecta la capacidad del municipio para adoptar medidas de corrección, por lo que el
perjuicio irremediable fue indebidamente descartado, en tanto cumple con los
requisitos de inminencia, debido a que la medida cautelar cuestionada se encuentra
vigente y produce efectos actuales, desconociendo que se pretendía proteger el
servicio de alumbrado público, se demostró la gravedad teniendo en cuenta que incide
en la seguridad ciudadana, la locomoción, la convivencia, la prevención del delito y la
vida digna de los habitantes.
Asimismo, aseguró que se demostró la urgencia, en razón a que es necesario adoptar
medidas inmediatas para garantizar la prestación efectiva del servicio de alumbrado y
la “impostergabilidad”, debido a que la acción de tutela es el único mecanismo con
capacidad de impedir que el daño continúe produciendo efectos mientras se decide el
recurso de alzada.
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Accionante: Municipio de Sabanalarga

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, de conformidad con los argumentos del escrito de
impugnación, si debe revocar la sentencia de 13 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad, para en su lugar, conceder el amparo en
los términos propuestos por la parte demandante.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en
su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es
improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes
términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez
de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la
acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos jurídicos
que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
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particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la Corte
Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la protección
de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el ordenamiento
jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la rama judicial,
estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilización
de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de las
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providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado tres
eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales,
a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y, iii) la persona
recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas procesales en donde
4
dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior
del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo
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de dichas garantías dentro del proceso .

4. Estudio y solución del caso concreto

El municipio de Sabanalarga, que actúa por conducto de apoderado judicial, sostiene
que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, con
ocasión de la expedición de los autos de 26 de enero y 22 de abril de 2026,
respectivamente, por medio de los cuales decretó una medida cautelar de urgencia y
suspendió provisionalmente las Resoluciones 385 del 18 de noviembre de 2025 y 420
del 9 de diciembre de 2025, negó el recurso de reposición y concedió en efecto
devolutivo el recurso de apelación, proferidos dentro del proceso de controversias
contractuales identificado con el radicado 08001-33-33-010-2026-00006-00.

La Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico
mediante sentencia de 13 de mayo de 2026 declaró improcedente la acción de tutela,
al considerar que se incumplió con el requisito de subsidiariedad teniendo en cuenta
que el proceso se encuentra en trámite y pendiente de resolver sobre el recurso de
apelación interpuesto por el municipio de Sabanalarga contra el auto que decretó una
medida cautelar de urgencia.

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M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
4
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos
Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
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Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
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Inconforme con la decisión, la parte actora presentó escrito de impugnación en el que
indicó que no la decisión de primera instancia no analizó de fondo el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que se encuentra demostrado la configuración de
un perjuicio irremediable en tanto acreditó los requisitos de inminencia, vigencia,
gravedad, urgencia y la impostergabilidad.

Descendiendo al caso concreto, la Sala confirmará la decisión que declaró
improcedente la solicitud de amparo, teniendo en cuenta que tutela no cumple con el
requisito de la subsidiariedad.

En efecto, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, uno de los
supuestos de improcedencia de la acción de tutela se configura en aquellos casos en
los que el interesado acuda a su ejercicio cuando se encuentre un mecanismo judicial
en trámite, salvo que demuestre la configuración o existencia de un perjuicio
irremediable, evento en el que resultaría procedente el análisis como mecanismo
transitorio.

Así las cosas, la Sala observa que la acción de tutela promovida por la parte
demandante es improcedente, en tanto para el momento que se presentó la solicitud
de tutela -4 de mayo de 2026-, y actualmente, el proceso de controversias contractuales
se encontraba en trámite, por cuanto había sido remitido al Tribunal Administrativo del
Atlántico y se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación presentado por
el municipio de Sabanalarga, contra el auto de 26 de enero de 2026, proferido por el
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, en el que decretó una
medida cautelar de urgencia consistente la suspensión provisional de las Resoluciones
385 del 18 de noviembre de 2025 y 420 del 9 de diciembre de 2025, por medio de las
cuales la parte actora terminó unilateralmente el contrato de concesión que había
suscrito con la sociedad Desarrollo Eléctrico de Colombia S.A. – DELELCO S.A.

Es decir, la acción de tutela se promovió de manera paralela al proceso ordinario sin
que se evidenciara una decisión que pusiera fin al proceso, lo que permite concluir que
se desatendió el carácter residual y subsidiario de este mecanismo de protección
constitucional de derechos fundamentales.

En este punto, es importante precisar que verificado el Sistema para la Gestión Judicial
Samai6 se advierte que el proceso se encuentra al Despacho desde el 12 de junio de
2026, para resolver el recurso de apelación.

La Corte Constitucional en la sentencia T-140 de 2023, precisó que la verificación de
los requisitos generales de procedencia cuando se cuestiona una providencia judicial
se debe realizar para el momento en el que se presentó la solicitud de tutela, pues de
lo contrario se suprimiría el requisito previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en virtud del cual “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”, supuesto último que no se demostró en esta
oportunidad, pues la parte actora no advirtió ni probó la existencia de una situación
grave, urgente, impostergable e inminente que requiriera la intervención inmediata del
juez de tutela. En esa ocasión sostuvo:

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Aplicativo Samai índice 003.
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“Ahora bien, respecto de este requisito, es importante anotar que, por regla general, la tutela
resulta improcedente contra sentencias cuando es utilizada como mecanismo alterno a los
procesos judiciales consagrados por la ley o cuando se pretende reabrir términos procesales
por no haberse interpuesto oportunamente los recursos dispuestos por el Legislador. Así, la
subsidiariedad implica haber recurrido a las instancias, solicitudes y recursos que las partes
tengan a su disposición, para concluir que, aparte de la acción de tutela, ya el demandante
no cuenta con otra forma de defensa”.

Valga recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con sustento en el
artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que la acción de tutela no procede
de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la
posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el ordenamiento. En
la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el requisito de
subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede presentar en dos
escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se encuentra en curso,
escenario en el que “la intervención del juez constitucional está vedada en principio,
toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para
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resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario” .

Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela no cumplió el requisito de
subsidiariedad, en tanto se presentó paralelamente al proceso de controversias
contractuales en el que no se ha dictado una decisión definitiva sobre el recurso de
apelación por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo que no podía erigirse
de manera simultánea a los medios previstos en el ordenamiento jurídico. Es decir, por
regla general no se puede acudir a ella cuando el interesado ha acudido a otro medio
de defensa judicial ante el juez natural, salvo que se demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable.

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De conformidad con la jurisprudencia constitucional , “si bien por regla general la tutela
es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite procesal se
encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de defensa judicial
definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los cuales el actor
logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni eficaces para superar la
amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la
procedencia de la acción de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación
fáctica del asunto puesto a su consideración”.

En el asunto bajo estudio, la Sala observa que la parte actora en la impugnación alega
la configuración de un perjuicio irremediable, al considerar que la suspensión
provisional de los actos administrativos demandados, afecta la capacidad del municipio
para adoptar medidas de corrección para proteger el servicio de alumbrado público, la
seguridad ciudadana, la locomoción, la convivencia, la prevención del delito y la vida
digna de los habitantes del municipio de Sabanalarga, por lo que considera la acción
de tutela es el único mecanismo con capacidad de impedir que el daño continúe
produciendo efectos mientras se decide el recurso de alzada.

7
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
8
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9

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Radicado: 08001-23-33-000-2026-00142-01
Accionante: Municipio de Sabanalarga

Sobre el particular, la parte accionante no logró acreditar la configuración del perjuicio
irremediable, pues si bien insiste en que debe proteger el servicio de alumbrado y la
seguridad de los habitantes del municipio, no demostró que esas situaciones en
concreto estén sucediendo y si bien ese fue el fundamento para terminar
unilateralmente el contrato de concesión, dicha situación debe ser analizada
directamente por el juez natural de la causa, por lo que resulta del caso confirmar la
decisión de primera instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de mayo de 2026, proferida por la Sección B
de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones
aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

10

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