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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00152-01

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00152-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00152-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

2 de julio de 2026

Demandante: Ruth Deyanira Arroyo Delgado
Demandado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Radicado: 08001-23-33-000-2026-00152-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2026-00152-01
Demandante: RUTH DEYANIRA ARROYO DELGADO
Demandado: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Tema: Confirma decisión de primera instancia. La disposición
alegada como incumplida no contiene un mandato.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la autoridad accionada, contra la
sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Ruth Deyanira Arroyo Delgado, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción
constitucional dispuesta en el artículo 87 de la Constitución Política, reglamentado
por la Ley 393 de 1997, presentó demanda en contra del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en la que solicitó el cumplimiento del artículo 1. ° de la Ley 2079
de 2021.

1.2. Hechos

La señora Arroyo Delgado narró que fue beneficiaria de un programa del Gobierno
nacional, mediante el cual fue posible adquirir una vivienda en el municipio de
Malambo, departamento del Atlántico, cuya descripción y características constan en
la escritura pública 7957 del 14 de octubre de 2014, otorgada en la Notaría Segunda
del Círculo de Manizales.

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Demandante: Ruth Deyanira Arroyo Delgado
Demandado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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Informó que posteriormente, el 1.° de febrero de 2025 se presentó un incendio al
interior del citado inmueble, que destruyó varios bienes muebles y enseres de la
propiedad.

Explicó que el bien presenta múltiples fallas estructurales, aunado que tampoco
cuenta con el servicio público de acueducto y alcantarillado; asimismo, puso de
presente problemas de seguridad.

Conforme lo anterior, en su sentir, considera que la autoridad accionada se
encuentra en la obligación de acatar el mandato invocado y, como consecuencia de
ello, que se le debe entregar un bien que pueda considerarse digno de vivir y que
se garantice la seguridad de ella y su núcleo familiar.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

El Magistrado ponente de la primera instancia, por auto del 12 de mayo de 2026,
admitió la acción constitucional del asunto, ordenó notificar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y vinculó a la Presidencia de la República y al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Surtidas las notificaciones correspondientes, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.3.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Luego de pronunciarse sucintamente sobre los hechos base de la presente acción
constitucional, la cartera indicó que desde el punto de vista constitucional y legal no
es la autoridad llamada a soportar las pretensiones de la demanda, por tratarse de
un asunto que desborda sus competencias.

Explicó que en el asunto concreto no se agotó en debida forma la constitución en
renuencia de la entidad, pues no hubo comunicado previo de la accionante en el
que solicitara el cumplimiento de un mandato.

Aunado lo anterior, enfatizó que de la disposición legal aducida como incumplida no
resulta viable concluir razonablemente la existencia de un deber imperativo e
inobjetable.

1.3.3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Por intermedio de apoderado judicial contestó algunos de los hechos planteados en
la demanda, para acto seguido precisar que la accionante fue beneficiaria de un
subsidio familiar equivalente al 100% en especie, el cual se instrumentó en la

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escritura pública 7957 del 14 de octubre de 2014, quedando registrada en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos el 2 de enero de 2015.

Conforme lo anterior, acotó que los hechos que dieron lugar a la destrucción parcial
del bien se dieron 10 años después de que se perfeccionara el subsidio entregado
por el Gobierno nacional, sin que sea imputable a dicha entidad tal situación.

Finalmente, indicó que la finalidad perseguida por la ciudadana, traducida en la
consecución de un nuevo inmueble, con la respectiva reubicación, es un tema que
conllevaría un gasto que no se encuentra debidamente presupuestado en la
presente vigencia.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, se clausuró la primera instancia en el
presente asunto. En dicha oportunidad se negaron las pretensiones de la demanda,
pues de la lectura del artículo 1. ° de la Ley 2079 de 2021 no era plausible extraer
un mandato imperativo e inobjetable a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

1.5. Impugnación

La accionante, dentro de la oportunidad procesal pertinente, presentó escrito de
alzada contra la anterior providencia judicial. En su memorial, precisó que el objeto
de la acción constitucional es garantizar la vivienda digna de ella y su núcleo
familiar, procurando garantizar el acceso a un bien que se encuentre en condiciones
dignas de habitabilidad, que cuente con los servicios públicos necesarios para su
correcto disfrute, y que el Gobierno nacional debe velar por la tranquilidad y
seguridad de los ciudadanos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionada
contra la sentencia de primera instancia del 28 de mayo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, de conformidad con
lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la
Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la
Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda de acción de
cumplimiento. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes
problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra en estado de
incumplimiento del artículo 1. ° de la Ley 2079 de 2021?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia

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material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)1

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

1 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para

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exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [2]
(Negrillas fuera de texto).

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 3,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»4.

Conforme lo anterior, se tiene que la actora, mediante comunicado del 25 de enero
de 2026 dirigido al presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentó la siguiente
solicitud:

RUTH DEYANIRA ARROYO DELGADO, mujer, mayor, con 50 años, víctima del
conflicto armado en Colombia, desplazada forzada, desempleada, identificada con
cédula de ciudadanía número 32.859.810 expedida en Malambo (Atlántico), ante su
respuesta dada y recibida el 27 de octubre de 2025 a mi solicitud radicada con MVCT
2025ER0143727, con el debido respeto le SOLICITO Y RECLAMO el Cumplimiento
del deber legal contenido en el articulo 1 de la Ley 2079 de 2021, a efecto de que se
me garantice el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos, ya que
el inmueble que se me entrego no me garantiza el ejercicio efectivo del derecho a
tener una vivienda y hábitat dignos por los motivos expuestos en mi solicitud con
radicado antes mencionado.

Asimismo, se tiene por demostrado que la Presidencia de la República remitió por
competencia la anterior solicitud al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
cual emitió respuesta negando lo pretendido. Por otro lado, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se abstuvo de emitir comunicado alguno.

Conforme lo anterior, en criterio de la Sala, se encuentra acreditado el requisito de
constitución en renuencia y, en consecuencia, se procede al estudio de los
presupuestos de procedencia de la acción.

2 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
3 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
4 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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2.3.3. Caso concreto

La ciudadana Ruth Deyanira Arroyo Delgado, en el presente caso pretende obtener
el cumplimiento del artículo 1. ° de la Ley 2079 de 2021, disposición legal que indica
lo siguiente:

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto reconocer la
política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado que diseñe y adopte
normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y
ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el
ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los
colombianos.

La política pública de hábitat y vivienda, a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, diseñará los instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros
que se consideren necesarios para la asesoría e implementación de programas y
proyectos habitacionales que contemplen de manera integral la producción de
vivienda en las modalidades de adquisición, de vivienda, construcción de vivienda de
interés social y prioritaria, mejoramiento de vivienda y entornos rurales dignos,
orientados a la generación de la oferta requerida para satisfacer los requerimientos
del país.

Frente a la anterior disposición, como punto de partida se tiene que se trata de una
ley susceptible de la acción de cumplimiento en los términos del artículo 1° de la
Ley 393 de 1997. Asimismo, la citada norma se encuentra vigente, pues, no existe
otra disposición legal o decisión judicial que la haya removido del ordenamiento
jurídico.

Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
derechos fundamentales.

Finalmente, el acatamiento de la norma no conlleva para la parte demandada
incurrir en un gasto no presupuestado.

Expuesto lo anterior, se remembra que la finalidad de la acción de cumplimiento es
que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer
efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone
el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,

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claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de
la siguiente manera5:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»6.

A partir del anterior marco, la Sala advierte que la disposición alegada por la
accionante no contiene un mandato imperativo e inobjetable a cargo del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, sino que ésta corresponde a la finalidad que busca
el legislador con dicho cuerpo normativo.

El artículo 1. ° de la Ley 2079 de 2021 define cual es el objeto del cuerpo normativo,
pero dicha disposición legal, por sí sola, no conlleva la imposición de un deber en la
forma que pretende hacerlo ver la demandante, traducido en que la cartera tiene
que gestionar la reubicación de la persona y su núcleo familiar, proveyéndoles un
nuevo sitio de habitación.

En efecto, el Gobierno nacional puede diseñar programas a través de los cuales se
permita a la ciudadanía acceder a subsidios de vivienda, bien sea en especie o en
una determinada suma de dinero, los cuales se encuentran sujetos a los requisitos
que para tal efecto se establezcan, así como también a las fases que lleva la
adjudicación de éstos.

No obstante, el juez de la acción constitucional no puede imponer el cumplimiento
de una obligación de esta naturaleza, únicamente a partir del artículo ya

5Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-

2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
6 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.

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mencionado, el cual, se reitera, no consignó en su redacción el deber en la forma y
términos solicitados por la accionante.

Conforme lo anterior, la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, deberá ser confirmada
íntegramente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
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