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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00168-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00168-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR el fallo de tutela de 5 de junio de 2026 proferido por la Sección B de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico el cual quedará así: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00168-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Nubia Esther Ballestas Merlano.
Parte accionada: Fiscalía General de la Nación y Otros.
Radicación: 08001-23-33-000-2026-00168-01.
Asunto: Acción de tutela contra autoridad judicial. Se modifica el fallo
impugnado. Se configuró la carencia actual de objeto por sustracción de
materia.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
5 de junio de 2026 proferido por la Sección B de la Sala de Decisión del
Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Nubia Esther Ballestas Merlano se encuentra nombrada en
provisionalidad en el cargo de Fiscal delegada ante Jueces de Circuito
Especializados (ID 3354), en la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

1.2. Mencionó que mediante Resolución núm. SUB 24463 de 27 de enero de
2026 expedida por Colpensiones, le fue reconocida pensión de vejez.

1.3. Afirmó que el 20 de abril de 2026 presentó escrito de renuncia ante la
Fiscalía General de la Nación – Seccional Atlántico, para que fuese
aceptada a partir del 20 de julio de 2026, con la finalidad de iniciar el

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trámite de ingreso a la nómina de pensionados en Colpensiones.

1.4. El 30 de abril de 2026 la Fiscalía General de la Nación mediante oficio
negó la renuncia, al considerar que “[…] no puede la entidad esperar una
fecha de efectividad de la renuncia como la planteada por usted, para que
hasta esa fecha ( 20 de julio de 2026), pueda surtirse el nombramiento de
la persona que obtuvo un lugar de mérito para ser nombrado en el empleo
en periodo de prueba […]”, en atención a que la fecha de la renuncia no
puede implicar el condicionamiento del nombramiento de quien alcance un
lugar de mérito en la lista de elegibles para ocupar el cargo que
actualmente ocupa la accionante en provisionalidad.

1.5. La señora Nubia Esther Ballestas Merlano, reiteró el escrito de renuncia
el 5 de mayo de 2026, y solicitó se le concediera “[…] los tres (3) meses
contados desde la presentación del escrito de renuncia para entregar el
despacho, recoger las firmas que corresponden y que se me incluya en
nómina para recibir mi pensión de jubilación ya que no puedo quedar
desprotegida por los diferentes tratamiento médicos que debo realizarme
de manera constante […]”.

1.6. La Fiscalía General de la Nación mediante oficio de 13 de mayo de 2026,
confirmó la no aceptación de la renuncia por las mismas razones e indicó
que la accionante cuenta con los requisitos establecidos legalmente para
acceder a la pensión en un tiempo prudencial y puede obtener retroactivo.
Finalmente indicó que “[…] si es su deseo permanecer vinculada en la
entidad, podrá estarlo hasta el día del nombramiento y respectiva posesión
de la persona que va a ocupar el cargo en periodo de prueba […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que los accionados vulneraron sus derechos
fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso,
en tanto, su solicitud está dirigida a que “[…] se me acepte mi petición de
renuncia emitiendo el acto administrativo para presentarla a Colpensiones y

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de esta manera se inicie mi inclusión en nómina pensional […]”.

Manifestó que “[…] debe dárseme el mismo trato que se le han dado a los
servidores de la Fiscalía General de la Nación que han presentado su solicitud
de renuncia (siendo sus cargos igualmente ofertados), quienes contaron con
el término de tres (3) meses para todas las gestiones y trámites que implican:
Ingreso a nómina pensional, recolecciones de firmas y entrega del despacho
[…]”, esto de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2245 de 2012.

Finalmente afirmó que se afecta su derecho al mínimo vital, al considerar que
la no aceptación de su renuncia hasta la fecha indicada perjudica sus
condiciones materiales básicas para una vida digna y la continuidad con el
pago de medicina prepagada.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] a. Aceptar mi renuncia a partir de la fecha 20 de Julio de 2026
para poder diligenciar en Colpensiones la inclusión en Nómina
Pensional, y que de esta manera NO se vulnere mi mínimo vital
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y se
respeten los Principios y Derechos Fundamentales a la Dignidad,
Igualdad y Debido Proceso, consagrados en los artículos 1, 13 y 29
de la misma normatividad; mírese bien que ya estamos a 19 de Mayo
de 2026 (prácticamente a un mes de haber presentado mi solicitud
de renuncia) y mucho se hubiese adelantado si la Fiscalía General
de la Nación no hubiese actuado con tanta negatividad.

b. Solicito a los Honorables Magistrado disponer una Medida
Provisional a la Fiscalía General de la Nación en el sentido de NO
nombrarme remplazo hasta tanto no se emita una decisión de fondo
[…]” [Negrilla dentro del texto].

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 22 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y de los señores Luz
Adriana Camargo en su condición de Fiscal General de la Nación y Luis Carlos

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Hernández Velásquez quien ocupa el cargo de Asesor II con funciones del
Departamento de Administración de Personal en la misma entidad.

2. El 5 de junio de 2026, la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico
profirió sentencia de primera instancia negando el amparo de los derechos
invocados por la parte actora.

3. Mediante auto de 17 de junio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la accionante contra el fallo de primera instancia.

4. Mediante auto de 27 de julio de 2026, para mejor proveer se requirió a la
Fiscalía General de la Nación y a la señora Nubia Esther Ballestas Merlano
para que indicaran si “[…] la accionante actualmente está vinculada a la
Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal delegada ante Jueces de
Circuito Especializados (ID 3354), en la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos […]”.

III. INTERVENCIONES

1. La Fiscalía General de la Nación solicitó se declarara improcedente la acción
de tutela, al considerar que “[…] las respuestas otorgadas por la Entidad, no
han sido caprichosas o arbitrarias, sino que, se encuentran debidamente
soportadas normativas y jurisprudencialmente y por el contrario, se destaca,
la posición renuente de la hoy accionante de comprender la imposibilidad de
la aceptación de la renuncia para la fecha planteada, en virtud del Concurso
de Méritos FGN 2024, pues diferir la fecha de la renuncia para la época en que
se determinó, podría impedir el ingreso del elegible con opción de mérito […]”.

Asimismo, mencionó que el hecho de no haberse aceptado la renuncia en el
término propuesto por la accionante de tres meses con antelación para la
desvinculación laboral, dada la situación especial del caso, por encontrarse
afectado el cargo que ostenta en provisionalidad por un concurso de méritos
que está en ejecución, no conlleva ello a la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

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IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección B de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico
mediante sentencia de 5 de junio de 2026, negó el amparo deprecado por la
actora al considerar que “[…] la solicitud de renuncia presentada por la
accionante cumple con los requisitos de ley; sin embargo, la provisión definitiva
de un empleo de carrera mediante lista de elegibles es causal suficiente para
terminar el nombramiento provisional, lo cual se materializa mediante un acto
administrativo motivado emitido por el nominador, de tal manera que no sería
dable condicionar la renuncia a una fecha específica tratando de impedir un
nombramiento en propiedad […]”.

Igualmente, consideró que la accionante al tener reconocido el derecho
pensional, el trámite de inclusión en nómina de pensionado requiere
previamente su desvinculación del servicio, situación que puede darse ante su
retiro voluntario o ante la provisión del cargo que detenta en provisionalidad,
por el empleado de carrera correspondiente.

Mencionó que tampoco advierte una afectación cierta a los derechos
fundamentales a la salud y al mínimo vital que haga procedente la intervención
del juez constitucional.

Finalmente afirmó que “[…] la decisión adoptada por la Fiscalía General de la
Nación de no aceptar la renuncia en los términos pretendidos por la accionante
obedece a la necesidad de garantizar la provisión definitiva del empleo de
carrera mediante el nombramiento de quien superó el correspondiente
concurso de méritos […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al considerar que “[…] la
solicitud elevada por la suscrita para que la aceptación de mi renuncia
produzca efectos en una fecha futura determinada, no inferior a noventa (90)

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días, no tiene como propósito prolongar indebidamente mi permanencia en el
servicio público ni obstaculizar el ejercicio de los derechos derivados del
sistema de carrera administrativa; por el contrario, dicha petición se encuentra
orientada exclusivamente a garantizar que el tránsito entre mi condición de
servidora pública y pensionada se realice de manera efectiva, ordenada y sin
solución de continuidad, conforme a los postulados constitucionales
desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional en materia de retiro del
servicio por reconocimiento de pensión […]

Afirmó que la solicitud “[…] persigue únicamente que la aceptación de la
renuncia se haga efectiva en una fecha que permita adelantar oportunamente
las gestiones requeridas ante Colpensiones para la inclusión en nómina y el
inicio del pago de la prestación reconocida, evitando así una interrupción
injustificada de los ingresos que constituyen mi única fuente de sustento […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por sustracción de materia y, en caso negativo:

B) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al no aceptar su
renuncia.

3. Caso concreto

La Constitución Política de 1991 concibió la acción de tutela como el
mecanismo mediante el cual toda persona, a través de un procedimiento
preferente y sumario, puede solicitar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública; “[…] sin embargo, la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda
su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial […]”3.

La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se
configura “[…] cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno
o “caería al vacío […]”4 y puede presentarse bajo las categorías de (i) daño
consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación sobreviniente o (iv) sustracción
de materia.

En cuanto a la sustracción de materia, en la sentencia T-204 del 2013, la
Corte Constitucional señaló que “[…] hay carencia actual de objeto por
sustracción de materia, en aquellos casos en que deja de existir el objeto
jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión […]”5.

2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3
Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-204 del 12 de abril de 2013. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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En concordancia con lo anterior, esta Sección6 precisó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por
sustracción de materia, la Sala Plena de esta Corporación ha
señalado, lo siguiente:

“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo
de lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción
de materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas
que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual
ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha
extinguido la causa que originó el acudir a la jurisdicción…

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa
de esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio
del medio de control desaparecen, el juez debe declararse
inhibido para resolver el asunto ya que no hay objeto que se
sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de
materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la
relación sustancial o material que originó la litis ha variado de
sentido, o incluso desaparecido […]”7.

(…)

De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por
sustracción de materia, se configura en aquellos casos en que deja de
existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela
pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho
fundamental invocado, tal y como ocurre en el presente caso […]”.

En el presente caso, tanto en el escrito de tutela como en la impugnación la
parte actora sostuvo que la negativa de la administración a aceptar la renuncia
presentada con tres meses de antelación a la fecha prevista para su
desvinculación laboral, conforme a lo dispuesto en los literales a) y b) del
numeral 3 del Decreto 2245 de 2012, bajo el argumento de que el cargo
ejercido en provisionalidad se encuentra afectado por un concurso de méritos
en curso y que no puede supeditarse la posible fecha de desvinculación con
el nombramiento de quien obtenga el derecho a ser elegido, constituye una
vulneración material de sus derechos fundamentales.

6
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de agosto de 2021. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. AT
Rad. 11001 03 15 000 2021 02730 00.
7
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Esta Sección mediante auto de 27 de julio de 2026 para mejor proveer, requirió
a la Fiscalía General de la Nación y a la señora Nubia Esther Ballestas Merlano
para que indicaran si “[…] la accionante actualmente está vinculada a la
Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal delegada ante Jueces de
Circuito Especializados (ID 3354), en la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos […]”.

En atención a lo anterior, la parte accionada informó que:

“[…] mediante Resolución No. 30000-03775 del 14 de julio de 2026
“Por medio de la cual se efectúan unos nombramientos en período
de prueba en la planta global de la Fiscalía General de la Nación y se
dan por terminados unos nombramientos en provisionalidad” (que
se anexa), con ocasión al Concurso de Méritos FGN 2024, se dispuso
entre otros aspectos, el nombramiento en periodo de prueba del
doctor Juan Camilo Agudelo Orozco, identificado con cédula de
ciudadanía8 para proveer el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE
JUECES CIRCUITO ESPECIALIZADO, con ID No. 3354 que ocupa en
provisionalidad la doctora Nubia Esther Ballestas Merlano.

Igualmente en dicho acto administrativo se dispuso, la terminación del
nombramiento en provisionalidad de la doctora Nubia Esther Ballestas
Merlano, de forma automática, a partir de la fecha de posesión de
correspondiente elegible, con el fin de realizar la provisión definitiva del
referido empleo en periodo de prueba.

En tal forma en el presente caso, nos encontramos dentro de los términos
previstos en el artículo 113 del Decreto Ley 020 de 2014 para que el
elegible con opción de mérito tome posesión del empleo, por lo cual, a la
fecha, no se ha materializado la desvinculación de la servidora Nubia
Esther Ballestas Merlano, encontrándose activa en el Entidad.

No obstante lo anterior se precisa, que de conformidad con lo informado
por el equipo de planta de la Subdirección de Talento Humano de la
Entidad, a través de correo electrónico de fecha 30 de julio de 2026: “…el
señor Agudelo Orozco tiene prevista su posesión el día de mañana
31 de julio de 2026” […]” [negrilla fuera del texto].

Visto lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto se configuró la
carencia actual de objeto por sustracción de materia, comoquiera que la actora
pretendía que su renuncia fuese aceptada por el termino de tres meses con
antelación para la desvinculación laboral, pero por encontrarse afectado el

8
Se oculta el número de cédula de ciudadanía para proteger los datos sensibles expuestos en el escrito.

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cargo que ostentaba en provisionalidad por un concurso de méritos en
ejecución se da su negativa, ahora bien, actualmente la actora se encuentra
desvinculada del cargo por una causa distinta a la que solicitó, dado que con
la Resolución núm. 30000-03775 del 14 de julio de 2026 se efectuó el
nombramiento de quien obtuvo el derecho a ser nombrado por mérito e ingresó
en período de prueba y se dispuso la terminación del nombramiento en
provisionalidad del cargo que ocupaba la accionante como Fiscal delegada
ante Jueces del Circuito Especializado con ID No. 3354.

Aunado a lo anterior, según lo informado por la entidad accionada, la posesión
del elegible estaba programada para el 31 de julio de 2026; en consecuencia,
el nombramiento en provisionalidad de la actora finalizó automáticamente a
partir de la fecha de posesión de dicho elegible, en atención a la necesidad de
proveer de manera definitiva el cargo mediante nombramiento en período de
prueba y, en esa medida, dejó de existir el objeto jurídico respecto del cual el
juez constitucional debía tomar una decisión, por lo que en esas condiciones,
cualquier orden que el juez impartiera carecería de eficacia práctica y caería
en el vacío.

Finalmente, frente a la presunta vulneración del derecho fundamental al
mínimo vital alegada por la accionante, como consecuencia de la no
aceptación de la renuncia en el término solicitado, la Sala observa que su
derecho pensional ya le fue reconocido y en virtud de ello, podrá adelantar el
trámite correspondiente para su inclusión en nómina de pensionados, sin que
ello comporte la pérdida de las mesadas causadas. Así las cosas, no se
advierte una afectación actual que justifique la intervención del juez
constitucional, ni se configura un supuesto que amerite la concesión del
amparo solicitado.

Por las anteriores razones, la Sala modificará el fallo impugnado para, en su
lugar, declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia
comoquiera que no resulta necesario pronunciarse sobre los argumentos
planteados en el escrito de impugnación.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR el fallo de tutela de 5 de junio de 2026 proferido por
la Sección B de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico el
cual quedará así:

DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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