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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00206-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00206-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 1º de julio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación que realice el respectivo ajuste en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, con el fin de que se registre como demandante al señor Manuel Francisco Noguera Carranza. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00206-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001-23-33-000-2026-00206-01
Accionante: MANUEL FRANCISCO NOGUERA CARRANZA1
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTROS

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Reconocimiento y pago de
acreencias laborales y nivelación salarial. Incumplimiento del requisito
de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Manuel Francisco Noguera Carranza, quien actúa en
nombre propio, contra la sentencia de 1° de julio de 2026 dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de junio de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de su derecho fundamental a la dignidad humana, supuestamente
vulnerado por las autoridades accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. RESTABLECIMIENTO Y NIVELACIÓN: Ordenar la nivelación salarial y
prestacional con retroactivo (IPC) en el cargo de OFICIAL MAYOR que NIVEL
CENTRAL le otorgó en propiedad desde 1988 hasta 2009 cuando ascendió al
circuito (Sentencia T-079/16), y estuvo en Descongestión Transitoria en el
mismo Juzgado del Circuito hasta 2010.

2. NIVELACIÓN Y TOGA DE HONOR: Ordenar el restablecimiento inmediato al
cargo de JUEZ DEL CIRCUITO en provisión, con un acto protocolario de
ENTREGA DE TOGA ante su familia, para que Manuel pueda retirarse con la
cabeza en alto bajo la dignidad de Juez Del Circuito, por la carrera que fue
ilegalmente secuestrada por la NACION (Sentencia SU-452/24).

3. PAGO CAUTELARÍSIMO MEDIDA PROVISIONAL (4 HORAS): Ordenar a la
NACIÓN el desembolso indexado de lo adeudado por concepto de Nivelación de

1
La Sala precisa que la señora Deisy Judith Peña Ayala promovió la acción de tutela como agente oficiosa del señor Manuel
Francisco Noguera Carranza, quien posteriormente presentó directamente el escrito de impugnación. En consecuencia, este
último se tendrá como accionante en el presente trámite constitucional.

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BONIFICACIÓN COMO JUEZ DEL CIRCUITO, CON RETROACTIVOS Y CON
IPC la cual fue radicada y solicitada por primera vez en el año 2016, contestada
en el 2017, con el pago de las diferencias acumuladas durante estos 10 años de
mora administrativa para cubrir la urgencia educativa de mi hijo ($23.410.735) y
así evitar que el Estado destruya el futuro profesional de un estudiante de
Medicina.

4. NULIDAD DE TRASLADO: Suspender el Traslado a "zona roja" Resolución
No. 010 de 06 de abril de 2026 por flagrante violación al retén social de
prepensionado y atentado contra el derecho a la salud y la vida digna.

5. SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN PENSIONAL: Ordenar a la DEAJ Nivel
Central oficiar a Colpensiones para revertir la Resolución Nº SUB 234313 1 del
2023 (liquidada como Escribiente GRADO 00) y ajustarla al nivel de OFICIAL
MAYOR desde 1988 hasta 2010 y nivel JUEZ DEL CIRCUITO DESDE EL
2011(POR EL DERECHO DE ASCENSO EN CARRERA (Sentencia SU-
452/24)”.

2. Hechos

La parte actora relató que el señor Manuel Francisco Noguera Carranza contaba
antes de su ingreso a la Rama Judicial con experiencia en el sector público y
formación jurídica, y que entre el 21 de febrero de 1985 y el 5 de enero de 1987 se
desempeñó como secretario de la Inspección de Policía y Comisaría de Soledad.
Posteriormente, entre el 23 de enero y el 12 de agosto de 1987, ejerció como
abogado asesor o auxiliar jurídico de la Contraloría de Soledad y entre el 1° de
agosto y el 30 de diciembre de 1987 prestó sus servicios como profesional de medio
tiempo en el área de Planeación de ese municipio. Precisó que tales antecedentes
acreditaban su experiencia en asuntos jurídicos, sustanciación de procesos, control
de legalidad y gestión administrativa.

Manifestó que el 15 de enero de 1988 ingresó a la Rama Judicial y de acuerdo con
la información que posteriormente obtuvo de los registros del nivel central, habría
sido reconocido desde esa fecha como Oficial Mayor/Sustanciador, grado 08, en
propiedad. Sin embargo, sostuvo que dicha información no fue incorporada de
manera adecuada en el formato oficial de ingreso ni comunicada a la autoridad
nominadora, pues en los documentos utilizados para su posesión se omitió el cargo
de Oficial Mayor/Sustanciador y la condición de propiedad, y se registró su
vinculación como escribiente en provisionalidad.

Sostuvo que a partir de esa situación se habría configurado una inconsistencia en
los registros administrativos de la Rama Judicial, pues mientras algunos
documentos y reportes del nivel central lo identificaban como oficial
mayor/sustanciador en propiedad, los registros del nivel seccional lo mantenían
como escribiente en provisionalidad, por lo que se denominó esa situación como
una “doble historia laboral” y “doble nómina”, la cual, según afirmó, se prolongó
durante aproximadamente 38 años sin que la administración efectuara la
correspondiente corrección.

Precisó que durante su trayectoria en la Rama Judicial desempeñó funciones que
correspondían a cargos de mayor responsabilidad y complejidad, en particular
labores de sustanciación y actividades propias del nivel de circuito, además de
participar en programas de descongestión y obtener resultados favorables en sus
evaluaciones de desempeño. Afirmó que tales circunstancias evidenciaban que
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desde su ingreso había reunido las condiciones académicas y profesionales para
desempeñar un cargo de superior jerarquía y que pese a ello, su situación
administrativa y salarial permaneció asociada a un cargo inferior.

Agregó que la inconsistencia administrativa denunciada habría producido efectos
durante su trayectoria laboral, entre ellos, el reconocimiento de una remuneración
correspondiente a un cargo inferior, la falta de reconocimiento de los ascensos y
méritos que según afirmó le correspondían y posibles repercusiones sobre sus
derechos prestacionales y pensionales. Sostuvo que tales efectos se mantuvieron
durante varios años sin que la administración corrigiera la información contenida en
sus registros laborales.

Afirmó que la falta de reclamaciones anteriores obedeció al desconocimiento que
tenía sobre la existencia de la inconsistencia, pues las certificaciones y demás
documentos oficiales que había recibido durante su vinculación laboral lo
identificaban en el cargo de menor jerarquía. Manifestó que solo en el año 2026, a
partir de la información obtenida del nivel central y de los reportes del SIGCMA de
17 de julio de 2025 y 2 de abril de 2026, tuvo conocimiento de los registros que, en
su criterio, evidenciaban la existencia de la irregularidad administrativa.

Finalmente, precisó que el señor Noguera Carranza se encontraba, además, en
una situación personal y económica que agravaba los efectos de la problemática
laboral. Al respecto, señaló que presentaba afectaciones de salud, se encontraba
próximo al retiro pensional, afrontaba dificultades económicas y había sido objeto
de un traslado laboral que consideraba desfavorable. Añadió que la situación
económica de su núcleo familiar había generado un riesgo de deserción
universitaria de su hijo, quien cursaba estudios de medicina y tenía obligaciones
financieras pendientes.

3. Fundamentos de la acción

La parte demandante sostuvo que las autoridades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales del señor Manuel Francisco Noguera Carranza, debido a
que durante varios años habrían desconocido su verdadero estatus dentro de la
carrera judicial, sus méritos, ascensos y la remuneración que, a su juicio,
correspondía a los cargos efectivamente desempeñados. Afirmó que, pese a haber
obtenido calificaciones sobresalientes y haber ejercido funciones de mayor
jerarquía, la administración mantuvo registros laborales y salariales que lo ubicaron
en un cargo inferior, circunstancia que habría impedido su progresión en la carrera
y afectado sus prestaciones sociales y pensionales. Para sustentar este
planteamiento, invocó jurisprudencia constitucional relacionada con el mérito, la
progresividad laboral, la estabilidad de quienes ocupan cargos transitorios o de
descongestión y la protección de la confianza legítima.

También señaló que las inconsistencias en la historia laboral y en los registros
institucionales tuvieron origen en actuaciones de la propia administración, por lo que
consideró que no podía atribuirse al agenciado la falta de reclamación oportuna. En
ese sentido, invocó los principios de buena fe y confianza legítima y sostuvo que el
requisito de inmediatez debía valorarse de manera flexible, pues, según afirmó, solo
posteriormente conoció la existencia de información que daría cuenta de un cargo
y nivel superior al reconocido en su historia laboral. Añadió que había formulado
distintas reclamaciones administrativas y judiciales para obtener la nivelación
salarial y prestacional, entre ellas, una solicitud presentada desde 2016, otra de
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2023 y una demanda judicial promovida ese mismo año, de manera que, en su
criterio, había actuado diligentemente para reclamar sus derechos.

Afirmó, además que la situación descrita produjo una afectación continuada del
mínimo vital, la dignidad humana, el trabajo, la seguridad social, la salud y el
proyecto de vida del señor Manuel Francisco Noguera Carranza y de su núcleo
familiar. Sostuvo que la ausencia de nivelación salarial y el presunto pago inferior al
cargo que le correspondía repercutieron en la liquidación de su pensión y generaron
dificultades económicas familiares, entre ellas, las obligaciones asumidas para
financiar los estudios de medicina de su hijo. Asimismo, atribuyó a las decisiones
relacionadas con su traslado laboral y a la prolongación de la controversia
consecuencias sobre la salud y estabilidad personal del señor Manuel Francisco
Noguera Carranza, circunstancias que, en su criterio, configuraban un perjuicio
irremediable y justificaban la intervención inmediata del juez constitucional.

Finalmente, sostuvo que las actuaciones estatales también afectaron su propio
proyecto de vida y el de su familia. Señaló que durante años prestó apoyo jurídico
y personal a su esposo y que la situación económica derivada de las presuntas
irregularidades laborales le habría impedido culminar su formación profesional en
Derecho.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Ministerio de Trabajo

El profesional especializado rindió informe en el que solicitó la desvinculación del
trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que,
de acuerdo con las funciones previstas en el Decreto Ley 4108 de 2012, carecía de
competencia para intervenir en las actuaciones relacionadas con la vinculación,
historia laboral, nivelación salarial, traslado, carrera judicial o situación pensional del
señor Manuel Francisco Noguera Carranza dentro de la Rama Judicial. Precisó que
tales asuntos correspondían a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, el Consejo Superior
de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. En
consecuencia, sostuvo que no existía una relación sustancial entre las funciones
atribuidas a esa cartera ministerial y los hechos que dieron origen a la solicitud de
amparo.

Asimismo, afirmó que el Ministerio del Trabajo no había vulnerado, por acción u
omisión, los derechos fundamentales invocados, pues no adoptó las decisiones
cuestionadas ni tenía competencia para satisfacer las pretensiones formuladas por
la accionante. Por esa razón, señaló que no existía nexo causal entre la actuación
del Ministerio y la presunta afectación alegada, ni elementos fácticos o jurídicos que
permitieran atribuirle responsabilidad constitucional.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente para obtener el
restablecimiento y la nivelación laboral y salarial, la nulidad del traslado y la
suspensión de la resolución pensional pretendidos. Explicó que tales controversias
debían ser definidas a través de los mecanismos ordinarios establecidos por el
ordenamiento jurídico y que la tutela, por su carácter subsidiario y residual, no podía
desplazar esos procedimientos.

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4.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico

La presidenta solicitó negar las pretensiones formuladas y desvincular a la entidad
del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que sus
competencias se circunscribían a la administración de la carrera judicial, la vigilancia
judicial administrativa y la expedición de lineamientos generales, sin facultades para
adoptar decisiones concretas sobre nombramientos, permanencia, desvinculación,
salarios, prestaciones o pensiones de los servidores judiciales.

Respecto de la estabilidad laboral reforzada, indicó que había impartido directrices
a los nominadores para garantizar la protección de los servidores que se
encontraran en situaciones especiales, sin embargo, precisó que correspondía al
respectivo nominador adoptar las decisiones individuales sobre vinculación,
permanencia o retiro.

En cuanto a la presunta doble historia laboral, doble nómina y diferencias salariales
y prestacionales, señaló que esas materias correspondían a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y a las Direcciones Seccionales. Añadió que, al consultar
Kactus y Efinómina, verificó que el señor Manuel Francisco Noguera Carranza
aparecía registrado como escribiente municipal desde el 15 de enero de 1988, pero
aclaró que carecía de competencia para modificar, corregir o certificar
definitivamente dicha información.

Finalmente, afirmó que solo conoció los hechos con ocasión de la tutela y que no
existía acción u omisión atribuible a esa Corporación que hubiera vulnerado los
derechos fundamentales invocados. Por ello, reiteró que las pretensiones de
nivelación salarial y prestacional, reliquidación pensional, reconocimiento de cargos
superiores y modificación de los registros laborales excedían sus competencias.

4.3. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial

La directora de la Unidad rindió informe en el que solicitó la desvinculación del
trámite constitucional o, en su defecto, que se negara el amparo. Como cuestión
previa, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico carecía de competencia
para conocer en primera instancia de la acción de tutela, pues de conformidad con
las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021, las tutelas dirigidas contra
el Consejo Superior de la Judicatura debían ser conocidas por la Corte Suprema de
Justicia o el Consejo de Estado.

Asimismo, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues afirmó que no
intervino en los hechos que originaron la presunta vulneración y carecía de
competencia para satisfacer las pretensiones de la accionante. Precisó que la
administración y pago de salarios, prestaciones y bonificaciones, así como el
registro y control de personal y la elaboración de nómina de los servidores de la
Rama Judicial, correspondían a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a
través de la Unidad de Recursos Humanos, y a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla.

Finalmente, sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales invocados, dado
que ninguno de los reproches formulados se relacionó con actuaciones desplegadas
por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial. Por ello, reiteró que no tenía
competencia para pronunciarse sobre las reclamaciones laborales, salariales y

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prestacionales planteadas ni para definir la situación jurídica particular del
agenciado.

4.4. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

La directora de asuntos constitucionales de la entidad rindió informe en el que
solicitó negar el amparo respecto de esa entidad y disponer su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que no existía hecho vulnerador
atribuible a esa administradora, pues no tenía solicitud ni trámite pendiente
relacionado con las pretensiones formuladas y únicamente tuvo conocimiento del
asunto con ocasión de la acción de tutela. Añadió que sus competencias se
limitaban a la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
por lo que no podía pronunciarse sobre asuntos ajenos a ese ámbito.

Asimismo, sostuvo que la tutela incumplía el requisito de subsidiariedad, porque el
interesado no había presentado previamente ante Colpensiones una solicitud que
permitiera a la entidad estudiar de fondo lo pretendido. Precisó que, si el actor
consideraba que tenía derecho a una prestación pensional o a la modificación de
su situación pensional, debía formular la petición correspondiente y, en caso de
inconformidad con la respuesta, acudir a los mecanismos administrativos y
judiciales ordinarios. En ese sentido, afirmó que la acción de tutela no podía
reemplazar los procedimientos previstos para resolver controversias de naturaleza
pensional o económica.

Finalmente, destacó que la protección del derecho a la seguridad social debía
armonizarse con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y que
el juez constitucional no podía ordenar el reconocimiento o pago de prestaciones
sin que se acreditaran los requisitos legales correspondientes.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 1° de julio de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:

“1.- DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por
Deisy Peña Ayala contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Barranquilla, Consejo
Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,
Ministerio del Trabajo y Colpensiones, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2.- NOTIFICAR esta providencia a las partes, por el medio más expedito y eficaz
que asegure su eventual cumplimiento, a más tardar al día siguiente de su
expedición (Art. 30 del Decreto Ley 2591 de 1991).

3.- REMITIR esta providencia a la Honorable Corte Constitucional, al día
siguiente de su ejecutoria, si no fuere impugnada”.

El juzgador de primera instancia examinó, en primer lugar, la legitimación en la
causa por activa, debido a que la señora Deisy Judith Peña Ayala promovió la acción
de tutela como agente oficiosa del señor Manuel Francisco Noguera Carranza,
titular de los derechos fundamentales cuya protección se solicitó. Precisó que, de
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela puede ser
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ejercida directamente por el titular de los derechos, por su representante, mediante
apoderado judicial o a través de agente oficioso, siempre que se acrediten los
presupuestos exigidos para esta última modalidad.

Sostuvo que la agencia oficiosa tenía carácter excepcional y exigía, de una parte,
que quien promoviera la tutela manifestara actuar en esa calidad y, de otra, que el
titular de los derechos no se encontrara en condiciones de ejercer directamente su
defensa. Señaló que estos requisitos tenían como finalidad preservar la autonomía
de la voluntad del agenciado y evitar que un tercero actuara en su nombre sin una
justificación suficiente.

En el caso concreto, explicó que la señora Peña Ayala sostuvo que el señor Noguera
Carranza no podía acudir directamente al juez constitucional y en respuesta al
requerimiento formulado por el despacho, aportó historia clínica y registros
fotográficos para acreditar esa circunstancia. Sin embargo, consideró que dichos
elementos no demostraron la imposibilidad alegada. Indicó que la mayor parte de la
documentación médica correspondía a tratamientos recibidos en años anteriores y
que, aunque existía una atención reciente por psiquiatría y el inicio de un tratamiento
por depresión, no se acreditó que el agenciado presentara una condición médica
que le impidiera ejercer por sí mismo la defensa de sus derechos. Destacó, además,
que no se aportó incapacidad médica alguna y que el señor Noguera Carranza
continuaba activo laboralmente.

También tuvo en cuenta que la propia agente oficiosa manifestó expresamente al
responder el requerimiento judicial, que el señor Manuel Francisco Noguera
Carranza no tenía conocimiento de la interposición de la acción de tutela. A partir
de esta circunstancia, concluyó que tampoco existía una ratificación de la actuación
desplegada en su nombre que permitiera suplir la falta de acreditación de la
imposibilidad para ejercer directamente la defensa.

En consecuencia, estimó que no se cumplieron los presupuestos jurisprudenciales
de la agencia oficiosa, pues la señora Deisy Judith Peña Ayala no acreditó que el
titular de los derechos fundamentales se encontrara imposibilitado para promover
directamente la acción ni que hubiera ratificado posteriormente su actuación. Por
ello, concluyó que la accionante carecía de legitimación en la causa por activa y que
no era posible efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Manuel Francisco Noguera Carranza impugnó la sentencia de primera instancia y
solicitó que se revocara la declaratoria de improcedencia. En primer lugar, cuestionó
la falta de publicidad de algunas actuaciones procesales, pues afirmó que la
providencia y varias contestaciones de las entidades accionadas no estuvieron
disponibles oportunamente en los sistemas de consulta judicial. En particular, indicó
que no pudo acceder al escrito presentado por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, pese a que el Tribunal tuvo en cuenta su
contenido para adoptar la decisión. A su juicio, esa circunstancia le impidió conocer
y controvertir los argumentos de la parte accionada, vulneró su derecho al debido
proceso y configuró una irregularidad que justificaba la nulidad de lo actuado.

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Asimismo, sostuvo que el Tribunal valoró de manera equivocada la agencia oficiosa
ejercida por su cónyuge. Explicó que el auto admisorio únicamente le ordenó a la
agente acreditar las circunstancias que le impedían actuar directamente,
requerimiento que según afirmó, se atendió mediante la presentación de la
documentación médica relacionada con sus padecimientos físicos y emocionales.
Señaló que el despacho no exigió su comparecencia ni su ratificación personal
durante el trámite, por lo que consideró contrario a la buena fe que la sentencia
declarara improcedente la solicitud por la ausencia de una formalidad que no había
sido requerida. En todo caso, intervino directamente en la segunda instancia y
ratificó de forma expresa e integral la acción de tutela promovida en su favor,
actuación que, en su criterio, subsanó cualquier deficiencia en la legitimación por
activa.

Frente a la subsidiariedad, manifestó que había reclamado previamente ante las
autoridades administrativas la nivelación salarial y prestacional correspondiente al
cargo de oficial mayor, pero recibió respuestas desfavorables. Agregó que también
acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, aunque afirmó
que ese proceso no le ofrecía una protección oportuna debido a la demora judicial
y a la proximidad de su retiro forzoso por edad. Con fundamento en esas
circunstancias, sostuvo que se encontraba expuesto a un perjuicio irremediable que
comprometía su mínimo vital, su salud y la continuidad de su vinculación laboral.
También alegó que la afectación era actual y permanente, pues el supuesto
encasillamiento salarial equivocado se había prolongado durante varios años.

Por último, solicitó que se declarara la nulidad de la sentencia o, en subsidio, que
se revocara y se concediera el amparo. Como medidas de protección, pidió que se
ordenara la nivelación y reliquidación de sus salarios y prestaciones desde 2013
conforme al cargo de oficial mayor; que se reconocieran los derechos de carrera y
ascenso que consideró desconocidos; que se dejara sin efectos el traslado
dispuesto mediante la Resolución 010 del 6 de abril de 2026; y que se mantuvieran
su vinculación laboral y el pago de su salario hasta que se resolviera definitivamente
la impugnación. Además, solicitó que la segunda instancia se decidiera con carácter
prioritario, debido a la mora que, según afirmó, se había presentado desde la
radicación de la acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 1° de julio de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
legitimación en la causa por activa y, en su lugar, acceder a la protección
constitucional de los derechos fundamentales.

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3. Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.”

De este modo, si existen otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
solicitar la protección de derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a aquellos y no la acción de tutela. Esto, en tanto la persona no puede
desconocer las acciones judiciales ordinarias contempladas en el ordenamiento
jurídico. Si el actor cuenta con otros medios de defensa judicial, la consecuencia
directa es que el juez constitucional no puede decidir el fondo del asunto planteado 2.

De acuerdo con lo expuesto, el amparo constitucional es procedente cuando el actor
no cuenta con un mecanismo ordinario de protección o en caso de que: (i) el medio
de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no sea idóneo
y eficaz conforme a las circunstancias especiales del caso que se estudia; en este
escenario, el amparo es procedente como mecanismo definitivo; y (ii) a pesar de
existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable. En esta circunstancia, la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio3.

Por tanto, el juez de tutela debe verificar la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial en el ordenamiento jurídico, para establecer si quien pretende el
amparo cuenta con la posibilidad de procurar la garantía de sus derechos al interior
del procedimiento ordinario.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Manuel Francisco Noguera Carranza, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, el Consejo
Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y el
Ministerio del Trabajo, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la
dignidad humana de su agenciado.

La solicitud de amparo se sustentó en la supuesta existencia de una inconsistencia
en la historia laboral del señor Noguera Carranza desde su vinculación a la Rama
Judicial ocurrida el 15 de enero de 1988. La agente oficiosa afirmó que algunos
registros administrados por el nivel central lo identificaban como oficial mayor en
propiedad, mientras que la información y las certificaciones expedidas en el ámbito
seccional señalaban que ocupaba el cargo de escribiente municipal. A su juicio, esa
divergencia impidió el reconocimiento adecuado de sus derechos salariales,
prestacionales, pensionales y de carrera judicial.

Como consecuencia, solicitó que se ordenara: (i) la nivelación salarial y prestacional
del señor Noguera Carranza como oficial mayor, con efectos retroactivos desde
1988; (ii) su nombramiento como juez del circuito y la realización de un acto

2 Ver, por ejemplo, la Sentencia T-392 de 2022 reiterada en sentencia T 453 de 2024.
3 Ver, por ejemplo, las Sentencias T-016 de 2022; T-314 de 2023, reiteradas en sentencia T 453 de 2024.

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protocolario de entrega de toga; (iii) el pago de las diferencias correspondientes a
la bonificación judicial reclamada desde 2016; (iv) la suspensión del traslado
dispuesto mediante la Resolución 010 de 6 de abril de 2026; (v) la modificación de
la Resolución SUB 234313 de 2023, mediante la cual Colpensiones le reconoció
una pensión de vejez; y (vi) el otorgamiento del título profesional de abogada a la
señora Deisy Judith Peña Ayala como medida de reparación integral.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de
1º de julio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por activa, al considerar que las pruebas médicas aportadas no
demostraban que el señor Noguera Carranza estuviera imposibilitado para ejercer
directamente la defensa de sus derechos. También tuvo en cuenta que se
encontraba laboralmente activo, que solo se acreditó una incapacidad médica de
tres días y que la agente oficiosa manifestó que aquel no tenía conocimiento de la
interposición de la tutela.

El señor Manuel Francisco Noguera Carranza impugnó directamente la decisión. En
su escrito manifestó que conocía el trámite y ratificó de forma expresa la acción
promovida por su cónyuge. Además, sostuvo que la sentencia incurrió en un exceso
ritual manifiesto porque el Tribunal no exigió su comparecencia personal durante el
trámite y porque, en su criterio, la documentación médica demostraba que la
agencia oficiosa se encontraba justificada.

También afirmó que ya había promovido el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener el reconocimiento de sus derechos
salariales y prestacionales. Sin embargo, señaló que ese mecanismo no resultaba
eficaz debido a la proximidad de su retiro forzoso, sus condiciones de salud y la
demora que atribuyó a la jurisdicción administrativa. Asimismo, solicitó la nulidad de
la sentencia por la supuesta falta de publicidad de algunas contestaciones y por el
tiempo transcurrido entre la expedición y la notificación de la decisión. Finalmente,
reiteró sus pretensiones salariales, prestacionales y de carrera, y pidió que se
mantuvieran su vinculación laboral y el pago de su salario hasta que se resolviera
la impugnación.

De manera preliminar, la Sala precisa que de acuerdo con los elementos que
obraban en el expediente al momento de proferirse la sentencia de primera
instancia, resultaba plausible concluir que no se encontraba acreditada la agencia
oficiosa ejercida por la señora Deisy Judith Peña Ayala. En efecto, aunque se
aportaron historias clínicas, ayudas diagnósticas y una incapacidad médica de tres
días, tales documentos no permitían establecer que el señor Noguera Carranza
careciera de las condiciones físicas o mentales necesarias para acudir directamente
al juez constitucional. Por el contrario, se encontraba laboralmente activo y la propia
agente expresó que aquel desconocía la interposición de la tutela.

No obstante, con ocasión de la impugnación, el señor Noguera Carranza intervino
personalmente, manifestó que conocía la actuación y ratificó de forma expresa e
integral la acción promovida por su cónyuge. Esa actuación convalidó la gestión
adelantada por la agente oficiosa y permitió tener por acreditada la legitimación en
la causa por activa. En consecuencia, la Sala continuará con el examen de los
demás requisitos de procedencia.

Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela, aunque por razones distintas
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a las expuestas por el Tribunal Administrativo del Atlántico. A juicio de la Sala, la
solicitud de amparo no cumplió el requisito de subsidiariedad, pues las controversias
salariales, prestacionales, pensionales y de carrera planteadas deben resolverse a
través de los procedimientos administrativos y judiciales previstos por el
ordenamiento jurídico, como pasa a explicarse.

Ahora bien, respecto de la solicitud de nulidad formulada en la impugnación, la Sala
no advierte una irregularidad con entidad suficiente para invalidar el trámite, pues la
decisión de primera instancia se sustentó en la falta de acreditación de la agencia
oficiosa y no en los argumentos de fondo expuestos por las entidades accionadas.

Por ello, la alegada imposibilidad de acceder temporalmente a algunas
contestaciones no tuvo una incidencia determinante en la decisión. Tampoco se
demostró que la fecha de incorporación de la sentencia en los sistemas de consulta
judicial hubiera impedido ejercer el derecho de defensa, pues el señor Noguera
Carranza conoció su contenido, presentó oportunamente la impugnación y expuso
ampliamente sus reparos. Por tanto, no se acreditó una afectación concreta de sus
derechos de defensa y contradicción que justificara declarar la nulidad de lo
actuado.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala observa que las pretensiones
principales se dirigieron a obtener el reconocimiento de un cargo superior, la
nivelación salarial y prestacional, el pago de diferencias acumuladas durante varios
años, la modificación de la historia laboral, el reconocimiento de derechos de carrera
y la suspensión de actos administrativos. Tales controversias exigen establecer la
naturaleza de la vinculación del señor Noguera Carranza, los cargos que ocupó, las
funciones que ejerció, los actos de nombramiento y posesión, el régimen salarial
aplicable y los aportes efectuados al sistema pensional.

Bajo ese contexto, la Sala evidencia que el interesado cuenta con los mecanismos
de defensa judicial previstos en la Ley 1437 de 2011 para cuestionar las actuaciones
administrativas que, a su juicio, desconocieron sus derechos laborales, salariales,
prestacionales y de carrera. Tales asuntos requieren un debate jurídico y probatorio
amplio que no puede adelantarse dentro del trámite sumario de la acción de tutela.

Además, el propio señor Noguera Carranza reconoció que promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el no. 08001-33-33-
005-2025-00066-00, con el propósito de obtener el reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales que consideró adeudadas. Si bien en la
impugnación sostuvo que dicho proceso se encontraba en curso, pero no resultaba
eficaz para proteger sus derechos, esa afirmación no estuvo acompañada de
razones suficientes que permitieran concluir que el mecanismo ordinario carecía de
idoneidad o eficacia en las circunstancias concretas del caso.

Por el contrario, la controversia planteada corresponde precisamente al objeto del
proceso promovido y debe ser resuelta por el juez natural, con fundamento en el
debate jurídico y probatorio propio de ese trámite. De este modo, el accionante no
solo contó con un mecanismo judicial idóneo para formular sus pretensiones, sino
que ya acudió a este para obtener la protección de los derechos que consideró
desconocidos.

En ese sentido, el medio de control promovido resulta adecuado para cuestionar la
legalidad de las decisiones administrativas, solicitar el restablecimiento de los
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derechos laborales y económicos presuntamente afectados, aportar y controvertir
pruebas, y obtener el pago de las diferencias salariales y prestacionales que
llegaran a acreditarse. Por consiguiente, no se advierten razones que permitan
desplazar de manera definitiva la competencia del juez natural y habilitar la
intervención excepcional del juez constitucional.

Asimismo, la Sala resalta que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho el interesado puede solicitar las medidas cautelares previstas en los
artículos 229 y siguientes del CPACA. Estas medidas pueden decretarse en
cualquier etapa del proceso e, incluso, antes de la notificación del auto admisorio
de la demanda. Además, pueden tener carácter preventivo, conservativo,
anticipativo o suspensivo, por lo que el juez administrativo está facultado para
suspender provisionalmente los efectos de los actos cuestionados o adoptar las
órdenes necesarias para proteger temporalmente el objeto del proceso.

De conformidad con lo anterior, no puede perderse de vista que las medidas
cautelares constituyen instrumentos judiciales eficaces para garantizar la protección
provisional de los derechos mientras se adopta la decisión definitiva. En
consecuencia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuenta con las
herramientas necesarias para examinar la legalidad de las actuaciones
cuestionadas y evitar que durante el trámite se consoliden los perjuicios alegados
por el interesado.

Por ello, la acción de tutela no podía utilizarse de manera paralela al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho ni como un instrumento para anticipar la
decisión que corresponde adoptar al juez natural, pues el hecho de que el proceso
ordinario no hubiera concluido en el término esperado por el interesado no lo
convertía, por sí solo, en ineficaz. Tampoco se aportaron elementos que permitieran
constatar una paralización injustificada de la actuación ni que demostraran que el
accionante hubiera solicitado al juez administrativo la adopción de una medida
cautelar.

Por otra parte, respecto de la pretensión encaminada a modificar la Resolución SUB
234313 de 2023, mediante la cual Colpensiones reconoció al señor Noguera
Carranza una pensión de vejez, la Sala advierte que no se acreditó la presentación
previa de una solicitud de reliquidación ante esa entidad. En consecuencia, no era
posible atribuirle una acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales,
pues no tuvo la oportunidad de examinar las inconsistencias alegadas en la historia
laboral y en el ingreso base de cotización. Por tanto, correspondía al interesado
solicitar inicialmente la reliquidación de la prestación y si la decisión resultaba
desfavorable, ejercer los recursos administrativos y acudir al medio judicial previsto
para resolver las controversias relacionadas con el sistema de seguridad social.

Ahora bien, la Sala aclara que la acción de tutela resulta procedente únicamente
cuando no existe otro medio judicial de defensa o cuando, pese a su existencia, se
demuestra un perjuicio irremediable. En el presente caso no se acreditó una
afectación inminente, grave y urgente que exigiera la adopción de medidas
impostergables por parte del juez constitucional, pues en relación con el argumento
expuesto en la impugnación, según el cual el retiro forzoso próximo, la edad y las
condiciones médicas del señor Noguera Carranza permitían flexibilizar el requisito
de subsidiariedad, la Sala advierte que tales circunstancias, aunque ameritan una
valoración especial, no resultan suficientes, por sí solas, para demostrar la ineficacia
de los mecanismos ordinarios ni la existencia de un perjuicio irremediable.
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En efecto, el material probatorio acreditó que el señor Noguera Carranza continuaba
vinculado a la Rama Judicial y recibía su salario. Asimismo, Colpensiones ya le
había reconocido una pensión de vejez mediante la Resolución SUB 234313 de
2023, por un valor inicial de $2.865.265, cuyo ingreso a nómina quedó condicionado
a la presentación del acto administrativo de retiro definitivo. La misma resolución
señaló que el valor de la mesada podía ser reliquidado con los ingresos base de
cotización reportados hasta la fecha de la desvinculación. Por tanto, no se evidenció
una interrupción cierta e inminente de sus ingresos ni una situación de
desprotección económica entre el retiro del servicio y el pago de la prestación
pensional.
En cuanto a las condiciones médicas invocadas, las pruebas aportadas dieron
cuenta de diferentes padecimientos oftalmológicos, osteomusculares y
emocionales, así como de una incapacidad médica de tres días. Sin embargo, no
demostraron que el reconocimiento inmediato del cargo de oficial mayor, el
nombramiento como juez del circuito o el pago de las diferencias salariales
constituyeran medidas indispensables para evitar un daño cierto e inminente a su
salud. Tampoco se aportó una orden médica que estableciera esa relación o que
acreditara la imposibilidad del interesado para acudir a los mecanismos ordinarios
de defensa.
De igual forma, las obligaciones educativas y financieras relacionadas con el hijo
del accionante no demostraron una afectación directa, grave e impostergable de los
derechos fundamentales del señor Noguera Carranza. Los documentos allegados
acreditaron la existencia de obligaciones económicas, pero no probaron la inminente
exclusión del estudiante de la institución educativa ni justificaron que el juez de
tutela ordenara el pago anticipado de derechos salariales sometidos a discusión
judicial. En todo caso, la existencia de deudas familiares no convertía una
controversia económica y laboral de varios años en un perjuicio irremediable.
De manera que, como en el caso concreto no se configuró un perjuicio irremediable
ni se acreditaron los presupuestos que permitieran excepcionar el requisito de
subsidiariedad, correspondía al interesado acudir a los procedimientos
administrativos y judiciales ordinarios para que los jueces naturales determinaran,
con fundamento en las pruebas aportadas, la procedencia de sus reclamaciones
salariales, prestacionales, pensionales y de carrera.
En suma, la acción de tutela no procede porque el señor Noguera Carranza cuenta
con medios judiciales y administrativos idóneos y eficaces y, respecto de varias
pretensiones, ya había acudido a ellos. Tampoco resulta procedente como
mecanismo transitorio, pues no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que exigiera la intervención inmediata del juez constitucional.
Finalmente, la Sala precisa que en la solicitud de tutela se indicó que mediante
Resolución no. 010 de 6 de abril de 2026, el señor Manuel Francisco Noguera
Carranza fue trasladado a una dependencia ubicada en una zona que calificó como
de alto riesgo, sin que se valoraran su estado de salud, su edad y su condición de
prepensionado. Afirmó que esa decisión agravó su situación física y emocional, al
punto que no pudo regresar a trabajar, razón por la cual el 13 de abril de 2026
presentó una solicitud en ejercicio del derecho de petición, en la que reiteró la
petición de teletrabajo e informó sus restricciones médicas.
Sobre el particular, aunque la parte actora solicitó que se dejara sin efectos dicho
traslado, no aportó copia del acto administrativo ni otro elemento que permitiera
identificar la autoridad que lo expidió, la dependencia de origen, el lugar de destino

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o las razones que sustentaron la decisión. Si bien en el expediente obran solicitudes
de teletrabajo y comunicaciones relacionadas con las restricciones médicas del
señor Noguera Carranza, tales documentos no acreditaron las condiciones en las
que se ordenó el traslado ni demostraron que la administración hubiera desconocido
su estado de salud o su condición de prepensionado. En consecuencia, la Sala no
contó con elementos de juicio suficientes para establecer la vulneración alegada ni
la necesidad de intervención del juez constitucional respecto de esa actuación.
Finalmente, se ordenará a la Secretaría General de esta Corporación que realice el
respectivo ajuste en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, con el fin de que se
registre como demandante al señor Manuel Francisco Noguera Carranza.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 1º de julio de 2026,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente la
acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 1º de julio de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación que realice el
respectivo ajuste en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, con el fin de que se
registre como demandante al señor Manuel Francisco Noguera Carranza.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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