Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2026-00223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2026-00223-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 08-001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: ALEXANDER MISAEL NAVARRO NAVARRO
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del
Estado Civil por escrutinio de los votos de las mesas ubicadas en puestos de
votación del exterior, en evento electoral del 21 de junio de 2026, referido a la
segunda vuelta electoral de la elección presidencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, Alexander Misael Navarro Navarro presentó acción de tutela
contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, por la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales a la participación política, al debido proceso, a la
publicidad de las actuaciones electorales, pues estima que, no se ha realizado el
escrutinio de las mesas ubicadas en puestos del exterior, respecto de las elecciones
de segunda vuelta presidencial, del pasado 21 de junio de 2026.
2. Informó que, el día 21 de junio de 2026 se realizó la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales de Colombia y los resultados divulgados corresponden al
preconteo electoral, mecanismo de carácter informativo que carece de efectos
jurídicos definitivos. El resultado oficial y vinculante surge únicamente del proceso
de escrutinio realizado por las autoridades electorales competentes.
3. La diferencia entre los dos candidatos es reducida y “más de 1,4 millones de
ciudadanos colombianos se encuentran habilitados para votar en el exterior y las
votaciones se desarrollaron en 67 países mediante miles de mesas de sufragio”. En
su criterio el CNE descartó realizar el escrutinio de las mesas ubicadas en el exterior
y con esa medida se afecta la confianza en el resultado electoral. Concluyó: “Como
ciudadano colombiano y titular de derechos políticos, considero que la negativa a
realizar una verificación física integral o suficientemente amplia en las mesas
cuestionadas afecta mis derechos fundamentales a la participación democrática, al
control ciudadano del proceso electoral y al acceso a información electoral cierta,
verificable y transparente.”
4. Solicitó que se amparen sus derechos fundamentales y se ordene al Consejo
Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar las medidas
Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Alexander Misael Navarro Navarro
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
necesarias para garantizar la máxima transparencia del escrutinio correspondiente
a las mesas de votación en el exterior. Además, ordenar que la revisión de las
mesas del exterior respecto de las cuales existan reclamaciones, impugnaciones o
inconsistencias se realice mediante verificación física de los documentos electorales
originales y bajo criterios de publicidad y control ciudadano, y que las actuaciones
escrutadoras relacionadas con dichas mesas sean desarrolladas en audiencia
pública o mediante mecanismos de transmisión y acceso ciudadano que permitan
su seguimiento efectivo, así como la publicación inmediata y completa de todas las
actas, formularios electorales y decisiones adoptadas dentro del proceso de
escrutinio relacionado con la votación en el exterior.
Trámite del amparo
5. En primera instancia fue repartido al Tribunal Administrativo del Atlántico. En auto
de 25 de junio de 2026 se admitió y se vinculó al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
6. No obstante, las entidades accionadas informaron que se habían presentado
otras acciones de tutela con idénticas pretensiones.
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico remitió el amparo de la referencia, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del radicado 2026-00227-00. Sin
embargo, en auto de 22 de julio, esa autoridad negó la acumulación y regresó el
expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico.
8. Finalmente, en auto de 23 de julio de 2026 se reanudó el desarrollo de la primera
instancia.
Intervenciones
9. El Consejo Nacional Electoral solicitó la improcedencia de la acción de tutela
debido a la carencia actual de objeto derivada de la declaración de la elección
presidencial, y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
finalmente precisó que, no se cumple en el presente caso el requisito de la
subsidiariedad de la acción de tutela, pues el accionante cuenta con otros
mecanismos para atacar el acto administrativo de contenido electoral.
10. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que, no existe acción u
omisión atribuible a esta entidad que pueda dar lugar a la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que la Registraduría
actuó dentro del marco de las competencias constitucionales y legales que le fueron
asignadas.
Sentencia de primera instancia
11. En fallo de 27 de julio de 2026, la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo
del Atlántico declaró improcedente la tutela formulada por Alexander Misael Navarro
Navarro en contra de la Consejo Nacional Electoral – Registraduría Nacional del
Estado Civil, atendiendo a que el actor cuenta con medios judiciales de defensa. No
Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Alexander Misael Navarro Navarro
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la necesidad de
intervención del juez constitucional.
Recurso de impugnación
12. Antes de presentar el recurso de impugnación, el Tribunal Administrativo del
Atlántico remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esto sin permitir que se ejerciera el recurso de impugnación1. Al percatarse, la
actuación fue anulada2. Además, se notificó la sentencia de primera instancia y el
actor presentó recurso de impugnación. En el mismo indicó:
“ALEXANDER MISAEL NAVARRO NAVARRO
(alexandernavarroabogado@gmail.com), identificado con Cc. No.
8.566.768 de Soledad, Abogado en ejercicio con TARJETA
PROFESIONAL No. 429463 del honorable Consejo Superior de la
Judicatura presentándose a nombre propio, respetuosa me dirijo a este
Juzgado, para manifestar que impugno ante el SUPERIOR sentencia
emitida en Barranquilla, veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis
(2026) con el radicado No.-08-001-23-33-000-2026-00223-00; donde el
Accionante solicito el amparo respecto a la ACCIÓN DE TUTELA PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS;FUNDAMENTALES A LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, AL DEBIDO PROCESO, A LA
PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES ELECTORALES, A LA
TRANSPARENCIA DEL PROCESO ELECTORAL Y AL ACCESO A
INFORMACIÓN VERAZ E IMPARCIAL.”
13. En sede de segunda instancia, antes de que el expediente ingresara al
despacho para proferir fallo, no se allegaron argumentos adicionales de
impugnación ni elementos de juicio distintos a los obrantes en el expediente. En
consecuencia, la Sala resolverá el recurso con fundamento en las razones
expuestas en la solicitud de amparo, la sentencia de primera instancia, el escrito
mediante el cual el actor manifestó su voluntad de impugnar y las demás
actuaciones surtidas dentro del trámite constitucional.
CONSIDERACIONES
Competencia
14. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
15. La Sala debe resolver si la acción de tutela cumple los presupuestos de
procedencia formal del escrito de amparo, teniendo en cuenta que se cuestionan
1
Índice samai 40.
2
Índice samai 40
Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Alexander Misael Navarro Navarro
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
supuestas omisiones de la organización electoral referida al escrutinio de las mesas
de votación ubicadas en puestos de votación del exterior. La Sala deberá estudiar
la satisfacción del principio de subsidiariedad, dado que las presuntas
irregularidades relacionadas con el escrutinio de las mesas de votación ubicadas en
el exterior durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 pueden
ser cuestionados por el medio de control de nulidad electoral, teniendo en cuenta
que, durante el trámite constitucional, el Consejo Nacional Electoral expidió el acto
definitivo que declaró la elección de Presidente y Vicepresidente de la República y
que el ordenamiento jurídico prevé un medio judicial específico para controvertir
dicho acto y las irregularidades de la votación o del escrutinio que hubieran incidido
en su expedición. También, verificará si el actor plantea vulneraciones concretas de
derechos fundamentales de los que sea titular, y si cuenta con medios judiciales de
defensa para buscar la protección de esas eventuales vulneraciones.
16. A continuación, se estudiarán los dos aspectos.
La subsidiariedad
17. La acción de tutela tiene naturaleza subsidiaria y residual, de conformidad con
el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 1.º del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991. Por ello, en principio, resulta improcedente cuando el interesado
dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la protección
de los derechos cuya vulneración alega. La existencia del mecanismo ordinario
desplaza la intervención del juez constitucional, salvo que, atendidas las
circunstancias particulares del asunto, aquel carezca de idoneidad o eficacia, o que
la tutela sea necesaria como mecanismo transitorio para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable3. En consecuencia, el amparo no puede utilizarse para
sustituir los procedimientos judiciales diseñados por el legislador ni para anticipar el
control que corresponde al juez natural de la controversia.
18. Tratándose de cuestionamientos contra actos de elección popular y de
irregularidades ocurridas durante la votación o los escrutinios que puedan incidir en
su resultado, el ordenamiento prevé el medio de control de nulidad electoral
regulado en el artículo 139 del CPACA. Esta disposición permite que cualquier
persona solicite la nulidad de los actos de elección por voto popular y establece,
además, que las decisiones adoptadas por las autoridades electorales respecto de
irregularidades de la votación o de los escrutinios deben controvertirse juntamente
con el acto que declara la elección4. De esta manera, el legislador instituyó un
mecanismo judicial específico para que el juez electoral examine la legalidad del
resultado, las actuaciones que lo precedieron y la incidencia que las irregularidades
3
Corte Constitucional, Sentencia SU-355 de 2015.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 7 de febrero
de 2024, radicación 11001-03-28-000-2024-00041-00, acto demandado: Resolución 007 del 10 de
noviembre de 2023 de la Comisión Escrutadora General de La Guajira. La providencia determinó
que esa resolución no podía demandarse autónomamente porque no puso fin al proceso electoral
de Fonseca, sino que suspendió su desarrollo; por ello, las irregularidades del escrutinio debían
alegarse contra el acto definitivo que posteriormente declaró la elección. En mismo sentido, Sección
Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2010, radicación 50001-23-31-000-2007-01129-01,
demandante: Román Felipe Acosta Guzmán y otros, demandados: concejales del municipio de
Villavicencio.
Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Alexander Misael Navarro Navarro
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
alegadas hubieran podido tener en la declaración de elección. Por tanto, la tutela no
constituye, por regla general, el escenario llamado a reemplazar ese control
especializado.
19. En el presente asunto, aunque al momento de promoverse la acción de tutela el
actor cuestionaba actuaciones relacionadas con un escrutinio que consideraba
inconcluso o insuficientemente verificado, durante el trámite constitucional el
Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026,
mediante la cual declaró la elección de presidente y vicepresidente de la República
para el período 2026-2030. A partir de ese momento, las inconformidades relativas
a la revisión de mesas del exterior, la verificación física de documentos electorales,
la publicidad de las actuaciones escrutadoras y cualquier otra irregularidad que, en
criterio del accionante, hubiera comprometido la fidelidad del resultado electoral
podían ser planteadas ante el juez natural mediante el medio de control de nulidad
electoral. Incluso la propia tutela se sustentó en cuestionamientos generales sobre
la transparencia del escrutinio y la necesidad de verificar materialmente
determinadas mesas, sin que se demostrara la existencia de una circunstancia
excepcional que tornara inidóneo o ineficaz ese mecanismo judicial.
20. En esas condiciones, la Sala concluye que la solicitud de amparo no satisface
el requisito de subsidiariedad. La circunstancia de que la tutela hubiera sido
presentada antes de la expedición del acto que declaró la elección no modifica esa
conclusión, pues durante el trámite surgió el acto administrativo definitivo frente al
cual el ordenamiento dispuso un mecanismo judicial específico para discutir
precisamente las irregularidades electorales alegadas. Tampoco se acreditó un
perjuicio irremediable que hiciera indispensable desplazar transitoriamente al juez
electoral, dado que el accionante formuló cuestionamientos generales sobre la
transparencia y publicidad del proceso, sin demostrar una afectación inminente,
grave e impostergable que no pudiera ser examinada a través del medio ordinario.
21. Sin perjuicio de que el incumplimiento del requisito de subsidiariedad resulta
suficiente para declarar la improcedencia de la acción, la Sala considera pertinente
efectuar una consideración adicional respecto de la alegada vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales invocados, con el propósito de responder
integralmente a los planteamientos del accionante. Este examen no modifica la
conclusión sobre la improcedencia del amparo ni supone desplazar el mecanismo
judicial ordinario previsto para controvertir las irregularidades electorales alegadas.
Estudio de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
22. La Corte Constitucional ha distinguido entre la vulneración y la amenaza de un
derecho fundamental como supuestos autónomos que habilitan la protección por
vía de tutela. La primera supone que la afectación del derecho ya se produjo o se
encuentra actualmente en curso, por lo que corresponde al juez verificar
objetivamente la conducta u omisión atribuida al accionado y su repercusión
constitucional. Por su parte, la segunda permite intervenir antes de que se consume
definitivamente la lesión, pero exige algo más que una posibilidad abstracta: debe
existir un peligro real, cierto, concreto e individualizable, sustentado en elementos
Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Alexander Misael Navarro Navarro
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
objetivos que permitan inferir razonablemente la proximidad de la afectación. En
consecuencia, la sola invocación de un derecho fundamental, la exposición de un
temor subjetivo o la posibilidad remota de una afectación no bastan para obtener el
amparo.
23. Esta exigencia se refleja en los casos en los que la Corte ha descartado la
protección por ausencia de vulneración acreditada. Por ejemplo, en la Sentencia T-
487 de 2019, la Corte negó que se hubiera afectado el debido proceso del
accionante, porque este no era titular de ese derecho dentro del trámite de habeas
corpus cuestionado ni existía deber de vincularlo a esa actuación; por tanto, la
decisión judicial reprochada no había incidido sobre una posición jurídica
fundamental propia. En una línea próxima, la Sentencia T-800 de 2009 precisó que
quien pretende la protección de derechos de un tercero debe acreditar una forma
válida de representación o agencia oficiosa, pues la accionante no podía reclamar
los derechos de su hijo mayor de edad sin poder ni demostrar que este se
encontrara imposibilitado para ejercer directamente su defensa. De la jurisprudencia
antedicha se desprende que la procedencia del amparo exige identificar no solo una
acción u omisión susceptible de producir una afectación constitucional, sino también
el derecho fundamental concretamente comprometido y su titular, pues la tutela no
permite obtener protección respecto de derechos ajenos cuando no existe una
forma válida de representación o agencia oficiosa.
24. En el caso concreto, el actor afirma que, en su condición de ciudadano y titular
de derechos políticos, la falta de una verificación física integral de las mesas
ubicadas en el exterior afecta sus derechos a la participación democrática, al debido
proceso, a la publicidad y al acceso a información electoral cierta y verificable. Sin
embargo, los hechos expuestos en la demanda se refieren, principalmente, a
cuestionamientos generales sobre la transparencia del escrutinio, la fidelidad del
resultado electoral y la conveniencia de efectuar una revisión más amplia de
determinadas mesas, sin que se identifique una actuación u omisión concreta de las
autoridades accionadas que haya incidido de manera individual y directa sobre una
posición jurídica fundamental del accionante. En efecto, la finalidad del tutelante,
loable, no logra mostrar en concreto, una vulneración o amenaza a un derecho del
que sea titular.
25. No se verifica que el actor haya presentado peticiones o actuaciones concretas,
ante las autoridades electorales y que estas hayan omitido respuestas. Por el
contrario, se constata la inexistencia de vulneración y amenaza de los derechos del
actor, puesto que no menciona hechos concretos de vulneración o amenaza de sus
garantías constitucionales. Por el contrario, el actor pretende utilizar el medio de
amparo como instrumento para proteger en abstracto, principios del sistema
electoral, referidos a la transparencia, publicidad y fidelidad del derecho al voto
expresados en las urnas.
26. Por lo anterior se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
declaró improcedente el amparo.
Radicación número: 08-001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Alexander Misael Navarro Navarro
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de julio de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones indicadas en la parte motiva
de la providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.