Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00259-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2026-00259-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00259-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2026-00259-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 08001 23 33 000 2026 00259 01
Accionante: Víctor Manuel Ríos Mercado
Accionado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
Acción: Acción de tutela
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad frente a proceso ejecutivo en
trámite.
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela al no acreditarse el requisito
general de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 16 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de
Decisión C, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Víctor Manuel Ríos Mercado, interpuso acción de tutela en contra de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
1. Se TUTELE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO –PLAZO RAZONABLE-,
para que, en el improrrogable término de 48 horas, se CONCEDA la tutela
impetrada.
2. Se TUTELE EL DERECHO FUNDAMENTAL MENCIONADO ordenándose a
la parte accionada resolver sobre: el pago directo o al juzgado la cuenta destinada
para los depósitos judiciales del Banco Agrario de este crédito judicial del
accionante, donde es parte, teniendo en cuenta que la sentencia favorable data
de más de 2 años y medio -07.12.23-. Lo anterior, dado que no se explica la
inejecución de actos administrativos de manera oficiosa en más de 2 años y
medio; y no existe complejidad alguna que lo justifique hasta la presente fecha.
[Mayúscula y negrilla del escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que actúa como demandante dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 08-001-33-33-002-2016-00259-00, que cursa ante el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla, promovido para obtener el
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 08001 23 33 000 2026 00259 00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001 23 33 000 2026 00259 01
Accionante: Víctor Manuel Ríos Mercado
Accionado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
cumplimiento de la sentencia proferida dentro del correspondiente medio de control de
reparación directa.
Indicó que dicho proceso cuenta con una decisión favorable de primera instancia del 1
de junio de 2023, posteriormente confirmada mediante sentencia del 7 de diciembre de
2023. Asimismo, precisó que el despacho judicial libró mandamiento de pago el 7 de
octubre de 2025, ordenó seguir adelante con la ejecución mediante auto del 20 de enero
de 2026 y, el 9 de junio de 2026, aprobó la liquidación del crédito y fijó las costas
procesales.
Manifestó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, la entidad accionada
no había efectuado el pago del crédito judicial reconocido a su favor, el cual, según
afirmó, ascendía a la suma de $88.004.967,91 para mayo de 2026. Sostuvo que, pese a
existir una sentencia ejecutoriada desde el 7 de diciembre de 2023, habían transcurrido
más de dos años y siete meses sin que se realizara el pago correspondiente,
circunstancia que, a su juicio, desconocía los estándares nacionales e internacionales
relacionados con la efectividad de las decisiones judiciales.
Como sustento de la solicitud de amparo, adujo que la conducta de la entidad accionada
vulneraba su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el trámite administrativo
tendiente al cumplimiento de la sentencia no avanzaba de manera efectiva y la
prolongación del tiempo transcurrido constituía una dilación injustificada en la
satisfacción de la obligación reconocida judicialmente.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 3 de julio de 20262 y correspondió por reparto a la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico que, por auto del 6 de julio de 20263
la admitió y dispuso notificar a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, así como vincular4 al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla, como tercero con interés
en el resultado del proceso y notificar al procurador judicial I delegado ante ese
despacho.
De igual forma, se requirió a la Alcaldía Distrital de Barranquilla para que suministrase
toda la información relacionada con lo planteado por el accionante y aporte la
documentación correspondiente para el ejercicio de su defensa.
3.2. La Alcaldía Distrital de Barranquilla allegó escrito5 en el que solicitó declarar la
improcedencia de la tutela al sostener que no había vulnerado los derechos invocados
por el accionante. Indicó que la solicitud de cumplimiento de la sentencia solo fue
radicada el 24 de junio de 2026 y que, una vez asignada para trámite, se realizó una
revisión preliminar de la documentación aportada.
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 08001
23 33 000 2026 00259 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 08001
23 33 000 2026 00259 00.
4 Esta orden se cumplió el 8 de julio de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 08001 23 33 000 2026 00259 00.
5 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 08001
23 33 000 2026 00259 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001 23 33 000 2026 00259 01
Accionante: Víctor Manuel Ríos Mercado
Accionado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
Como resultado de dicha verificación, mediante oficio del 8 de julio de 2026 requirió al
apoderado para que allegara documentos adicionales indispensables para continuar con
el procedimiento administrativo de pago, otorgándole un plazo de un mes para ello.
Agregó que la comunicación fue remitida al actor el 9 de julio de 2026 y que, una vez se
aportaran los documentos requeridos, se continuaría con el análisis jurídico y
administrativo correspondiente. Con fundamento en estas actuaciones, afirmó que había
garantizado el debido proceso y que se configuraba una carencia actual de objeto por
hecho superado, razón por la cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela.
3.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Barranquilla guardó silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
4.1. La Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia
del 16 de julio de 20266, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad.
Inicialmente, señaló que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención excepcional del juez de tutela. Observó que el accionante no
acreditó que la demora en el pago de la indemnización reconocida en el proceso de
reparación directa afectara de manera grave derechos fundamentales como el mínimo
vital, la vida digna o la integridad personal, ni que se encontrara en una situación de
especial vulnerabilidad que hiciera ineficaces los mecanismos judiciales ordinarios para
obtener el pago de la condena.
Asimismo, concluyó que el proceso ejecutivo constituía el medio idóneo y eficaz para
exigir el cumplimiento de la sentencia, destacando que dicho trámite había avanzado
conforme a las etapas procesales correspondientes, sin evidenciarse una paralización
injustificada atribuible al despacho judicial. Señaló que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que las obligaciones económicas derivadas de sentencias deben reclamarse,
en principio, mediante la acción ejecutiva, la cual cuenta con mecanismos coercitivos
suficientes para garantizar el pago, incluso a través de medidas cautelares.
Finalmente, determinó que tampoco se probó una negativa o conducta negligente por
parte del Distrito de Barranquilla para cumplir la condena, pues la gestión administrativa
para el pago aún se encontraba en trámite y el actor no había agotado completamente
los requisitos exigidos para su ejecución. En consecuencia, la corporación concluyó que
no se satisfacía el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, dado que subsistían
mecanismos ordinarios adecuados para reclamar el crédito judicial y no se acreditó un
perjuicio irremediable, por lo que declaró improcedente el amparo solicitado.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó7 manifestando
lo siguiente:
6 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 08001
23 33 000 2026 00259 00
7 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 08001
23 33 000 2026 00259 00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001 23 33 000 2026 00259 01
Accionante: Víctor Manuel Ríos Mercado
Accionado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
5.2. Por auto proferido el 18 de agosto de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 19 de agosto de 20269.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
8 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 08001
23 33 000 2026 00259 00
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 08001
23 33 000 2026 00259 00.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1
de abril de 2019 en el Diario Oficial núm. 50913.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001 23 33 000 2026 00259 01
Accionante: Víctor Manuel Ríos Mercado
Accionado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.2.1. Los señores Víctor Manuel Ríos Mercado; José Efraín Ríos Mercado, José Jaime
Ríos Durán y Emilia Esther Mercado De Ríos, actuando a través de apoderado judicial,
promovieron demanda ejecutiva derivada del medio de control de reparación directa
identificado con radicado No. 08-001-33-33-002-2016-00259-00, la cual fue presentada
el 28 de agosto de 2025 contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
con el propósito de obtener el cumplimiento forzado de la obligación contenida en la
sentencia judicial proferida a su favor.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla, autoridad que, mediante auto del 7 de octubre de 2025 libró
mandamiento de pago en contra de la entidad ejecutada.
6.2.3. Posteriormente, por auto del 20 de enero de 2026, el referido juzgado ordenó
seguir adelante con la ejecución y dispuso la práctica de la liquidación del crédito, de
conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso.
6.2.4. Finalmente, mediante auto del 9 de junio de 2026, la autoridad judicial modificó de
oficio la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y fijó como valor
definitivo de la obligación la suma de ochenta y cuatro millones seiscientos veinte mil
sesenta y cinco pesos con treinta y un centavos ($84.620.065,31).
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse el fallo de tutela de
primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad.
Al respecto, se advierte que el artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable15.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante». [Se destaca].
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela: (i) cuando el asunto
14 Lo que se desprende del proceso ejecutivo identificado con núm. de radicado 08-001-33-33-002-2016-
00259-00
15 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001 23 33 000 2026 00259 01
Accionante: Víctor Manuel Ríos Mercado
Accionado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial,
ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico 16.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable17.
En el caso concreto, lo pretendido por la parte accionante es que se ordene a la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, o al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Barranquilla, que se realice el pago de los depósitos judiciales dispuestos en el proceso
ejecutivo en cuestión.
Al respecto, la Sala advierte que dicho proceso se encuentra actualmente en trámite,
circunstancia que resulta relevante para el análisis de procedencia de la acción de tutela,
en la medida en que evidencia que el asunto no ha sido definido de manera definitiva por
el juez natural.
En ese sentido, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo al
proceso judicial para la defensa de los intereses de las partes, pues ello implicaría que
es el juez de tutela y no el juez competente de la causa quien decide sobre la
sustanciación y ritualidad de los procesos.
Adicionalmente, es preciso resalta que, si bien el accionante indicó que impugnaba el
fallo de tutela de primera instancia, en el mensaje de datos enviado no se advierte
argumento alguno que controvierta tal decisión. Ello, comoquiera que el accionante solo
reiteró su inconformidad respecto a la falta de pago que, según expuso, “data de mas de
2 años de antigüedad”.
Al efecto, el artículo 31 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 establece que la
impugnación contra el fallo de primera instancia es un mecanismo para garantizar, en el
marco de la acción constitucional y en ejercicio del derecho a la defensa, que el superior
funcional pueda revisar la decisión judicial, estudiando las pruebas y los argumentos
jurídicos planteados por el impugnante.
Conforme lo anterior, para que proceda un pronunciamiento de fondo, se requiere que
quien impugna el fallo de primera instancia indique los reparos que tiene respecto a la
decisión adoptada, pues de lo contrario, el fallador de segunda instancia no contará con
los elementos mínimos para estudiar de fondo el asunto; es decir, como mínimo debería
señalarse porque considera que no le asiste razón al a quo respecto al porque negó el
amparo de los derechos que pretende sean protegidos, en caso tal la decisión sea
contraria a sus intereses, o cualquier otro cuestionamiento o inconformidad respecto a la
providencia que impugna.
Con fundamento en lo anterior, se observa que, en el escrito allegado, la parte accionante
omitió exponer los argumentos por los cuales consideraba que debía revocarse o
16 Sentencia T – 396 de 2014. Corte Constitucional.
17 Sentencia T-150 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001 23 33 000 2026 00259 01
Accionante: Víctor Manuel Ríos Mercado
Accionado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
modificarse la sentencia de primera instancia, sin desarrollar razones de inconformidad
frente a la decisión adoptada ni controvertir los fundamentos que la sustentan.
Tal omisión impide a esta autoridad efectuar un análisis de fondo de la impugnación, en
la medida en que no se satisfizo la carga argumentativa mínima exigida para controvertir
la providencia de primera instancia. En efecto, la sola manifestación de inconformidad
con la decisión recurrida no constituye argumento suficiente para habilitar el estudio de
la impugnación, pues corresponde al impugnante señalar de manera clara y concreta las
razones por las cuales estima que el fallo debe ser revocado o modificado.
En consecuencia, la impugnación no satisface la carga argumentativa mínima exigida
para habilitar el estudio de fondo, razón por la cual también se confirmará la decisión de
primera instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de julio de 2026, proferida por la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 10 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.