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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00269-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00269-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 23 de julio de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional para, en su lugar; Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por la señora Maribel del Carmen Baños Sabaye en contra del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00269-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 08001-23-33-000-2026-00269-01
Accionante: Maribel del Carmen Baños Sabaye
Accionados: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, negar el
amparo porque no se acreditó el defecto endilgado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 23 de julio
de 2026 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente
la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Entre la señora Maribel del Carmen Baños Sabay y José Joymar Molinares Roa, en
su calidad de Gerente de E.S.E Hospital Local de Luruaco se celebró un contrato de
prestación de servicio de apoyo a la gestión por el término de 12 meses, cuyo objeto
contractual consistía en «prestación de servicios de apoyo a la gestión atención col
center asignación de citas de la ESE Hospital Local de Luruaco».

3. Indicóque, desde la suscripción del acta de inicio, comenzó a ejecutar las
obligaciones derivadas de dicho contrato.

4. A través de Decreto 084 del 7 de marzo de 2023 se nombró en calidad de Gerente
de la ESE Hospital Local de Luruaco al médico Juan Esteban Sánchez Páez. Sin
embargo, desde su designación en el cargo a la señora Baños Sabaye no se le
permitió el ingreso a las instalaciones de la entidad hospitalaria, lo que le impidió el
cumplimiento del objeto contractual.

5. Con ocasión de lo anterior, la accionante presentó una queja ante Contraloría
General de la República, la Personería Municipal y la Procuraduría Regional del
Atlántico.

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6. Con posterioridad, el Gerente de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco mediante la
Resolución n°. 028 de abril 10 de 2023, dispuso iniciar una actuación administrativa
con el fin de determinar presuntas irregularidades en la celebración del referido
contrato de prestación de servicio.

7. La E.S.E. Hospital Local de Luruaco por medio de la Resolución n ° 102 del 15 de
junio de 2023, la E.S.E. resolvió unilateralmente dar por terminado el contrato.

8. El 25 de marzo de 2026, la señora Maribel del Carmen Baños Sabay en ejercicio
del medio de control de reparación directa demandó a la E.S.E. Hospital Local de
Luruaco por los perjuicios causados con por una presunta «omisión de la E.S.E. en el
cumplimiento de sus deberes legales de conservación documental y publicación del
contrato generó un daño a la contratista, materializado en la pérdida de oportunidad
de recibir el pago de los honorarios pactados por la ejecución del contrato».

9. El proceso correspondió al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla autoridad que, mediante proveído del 20 de abril de 2026 resolvió
inadmitir la demanda y, en consecuencia, ordenó adecuarla al medio de control de
controversias contractuales, al advertir que, el hecho generador a partir del cual la
parte actora pretendía la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada,
correspondía a presuntas irregularidades en el marco del trámite de
perfeccionamiento del acuerdo contractual, que a su vez fueron vertidas como
motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declaró la terminación
unilateral del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, tal y como
lo señaló la demanda.

10. Inconforme con la anterior decisión, la accionante presentó un recurso de
reposición que fue resuelto desfavorablemente por el despacho accionado, a través
de la providencia del 2 de julio de 2026.

2.2. Fundamento jurídico

11. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto porque ordenó adecuar la demanda al
medio de control de controversias contractuales cuando las pretensiones de la
demanda no se encontraban dirigidas a obtener la declaratoria, ejecución,
incumplimiento, interpretación o liquidación de un contrato estatal, ni al reconocimiento
de prestaciones derivadas del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la
Ley 1437 de 2011.

12. En ese sentido, precisó que la demanda la estructuró sobre la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Estado, derivada de la omisión en el cumplimiento de
un deber legal autónomo, consistente en la conservación y custodia de documentos
públicos, obligación impuesta por la Ley 594 de 2000, cuya inobservancia ocasionó
un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, materializado en la pérdida
de documentos, la afectación de la experiencia laboral, la imposibilidad de continuar
con la ejecución del contrato y, finalmente, la terminación del vínculo contractual, no
como consecuencia de un incumplimiento contractual, sino como defectuoso
funcionamiento de la administración.

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13. Finalmente,insistió en que la adecuación oficiosa ordenada por el Juzgado
desbordaba las facultades del juez natural, lo que, a su vez, vulneraba los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2.3. Pretensiones

14. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Décimo Administrativo del
Atlántico dejar sin efectos las actuaciones surtidas en instancia, en cuanto dispuso la
adecuación del medio de control, y disponer que el proceso continúe su trámite bajo el
medio de control de reparación directa, conforme a las pretensiones y hechos
planteados en la demanda. (…)»

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico mediante auto del 9 de julio de 2026 en el que se ordenó notificar al Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla como accionado y a ESE Hospital
de Luruaco como tercero interesado en el proceso.

16. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario
manifestó que las providencias cuestionadas no constituían una actuación arbitraria o
caprichosa del despacho, sino el resultado de un estudio detallado de la demanda, de
las pretensiones formuladas, de los hechos relatados y de la fuente jurídica del
perjuicio cuya indemnización se pretende.

17. En ese sentido, expresó que, dicho análisis no se limitó a la denominación otorgada
por la parte actora al medio de control ejercido, sino que comprendió el examen
integral de la causa petendi, las circunstancias fácticas expuestas en la demanda y la
naturaleza real de los perjuicios cuyo resarcimiento se perseguía, conforme a las
facultades de dirección y adecuación procesal reconocidas al juez por el ordenamiento
jurídico.

18. En consecuencia, indicó que, la decisión adoptada no obedeció a una
interpretación arbitraria o irrazonable de las normas procesales aplicables, sino al
ejercicio legítimo de la función jurisdiccional de determinar el medio de control que, de
acuerdo con los hechos narrados, las pretensiones formuladas y la naturaleza del
daño alegado, resultaba jurídicamente procedente para el conocimiento de la
controversia.

19. De otra parte, precisó que, no rechazó la demanda ni impidió el acceso de la
accionante a la administración de justicia, sino que, en ejercicio de las facultades de
dirección del proceso previstas en el ordenamiento jurídico, dispuso su adecuación al
medio de control considerado procedente, otorgando los términos legales para
efectuar las correcciones respectivas y continuar el trámite judicial.

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20. Con fundamento en lo anterior, requirió que se declare improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida que lo que se
pretende con su interposición es una instancia adicional para controvertir la
interpretación efectuada por el juez natural de la causa.

21. Ahora, en el evento de considerarse satisfechos los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales,
insistió en que tampoco habría lugar a conceder el amparo solicitado, puesto que las
decisiones cuestionadas fueron proferidas con observancia del debido proceso, se
encuentran debidamente motivadas y no evidencian afectación alguna de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

22. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

23. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 23 de julio de 2026
resolvió declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional.

24. Al respecto, indicó que la demandante no acreditó que la decisión cuestionada
configurara una vulneración desproporcionada de sus derechos al debido proceso o
acceso a la administración de justicia, porque las decisiones que se pretendían
infirmar cuentan con una motivación jurídica suficiente respecto a la naturaleza del
reclamo y la adecuada clasificación del medio de control.

25. A partir de lo anterior, concluyó que la simple discrepancia de la accionante con
dicho criterio no convierte las providencias reprochadas en un acto violatorio de
garantías fundamentales, máxime cuando tampoco se demostró la ineficacia o
inexistencia de los recursos ordinarios de ley para tutelar sus pretensiones.

2.6. Impugnación

26. La parte actora manifestó que el presente asunto adquiere especial relevancia, en
la medida que compromete derechos fundamentales, por lo que, a su juicio, se debe
realizar un estudio de fondo.

27. De otra parte, se observa que en el escrito de impugnación alegó que las
decisiones cuestionadas a través del mecanismo constitucional adolecen de un
defecto sustantivo, toda vez que «se omitió realizar un análisis acorde con los criterios
fijados por la jurisprudencia en relación con la naturaleza de los vínculos contractuales
con entidades públicas del sector salud».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.

1 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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3.2. Cuestión previa

29. Es menester indicar que la parte actora en el escrito de impugnación trae un
argumento nuevo, esto es, las decisiones cuestionadas adolecen de un defecto
sustantivo.

30. Sobre el particular, la Sala no se pronunciará, teniendo en cuenta que no fue el
argumento inicial de la demanda de tutela respecto del cual la parte accionada tuvo la
oportunidad de pronunciarse, esto, en aras de salvaguardar los derechos
fundamentales de defensa y contradicción de las partes procesales. Máxime cuando
ni siquiera expone de manera concreta las razones por las cuáles considera que la
decisión cuestionada adolece de tal defecto.

3.3. Problema jurídico

31. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, al proferir las
providencias del 20 de abril y 2 de julio de 2026, vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Previamente deberá verificarse el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, especialmente el de relevancia constitucional que no fue
acreditado en primera instancia.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

32. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

33. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la carta le impone.

34. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de

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procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

35. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.5.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 8
de julio de 20262 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 9 de julio de 2026.

3.4.1.4. En cuanto al requisito de relevancia constitucional contrario a lo sostenido en
la providencia impugnada, la Sala concluye que el presente asunto cumple con dicho
requisito, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

36. Al respecto, la Sala observa que la parte actora argumenta razonablemente que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque se le ordenó adecuar la demanda al medio de control de
controversias contractuales cuando las pretensiones de la demanda no se

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Contado desde la notificación por del auto que resolvió el recurso de reposición contra
el auto inadmisorio de la demanda ordinaria

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encontraban dirigidas a obtener la declaratoria, ejecución, incumplimiento,
interpretación o liquidación de un contrato estatal, ni al reconocimiento de
prestaciones derivadas del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley
1437 de 2011.

37. Por lo anterior, la Sala procederá a revocar la decisión de primera instancia para,
en su lugar, resolver el fondo de la controversia.

38. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

39. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte que
este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como
obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones
generan una denegación de la justicia3. Este defecto procedimental puede llegar
afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la
administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a
la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se
incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv)
o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar4.

40. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo
de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente
a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir
la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro
del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso;
y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales5.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental absoluto
en el caso concreto

41. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto porque ordenó adecuar la demanda al
medio de control de controversias contractuales cuando las pretensiones no se
encontraban dirigidas a obtener la declaratoria, ejecución, incumplimiento,
interpretación o liquidación de un contrato estatal, ni al reconocimiento de
prestaciones derivadas del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley
1437 de 2011.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
4 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-

289 de 2005 y T-053 de 2012.
5 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de

2014.

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42. Porlo anterior, indicó que la adecuación oficiosa ordenada por el Juzgado
desbordaba las facultades del juez natural, lo que, a su vez, vulneraba los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

43. Sobre el particular, se tiene que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla, en la providencia del 20 de abril de 2026 consideró:

«En el mismo sentido, se advierte que, el hecho generador a partir del cual pretende la
declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, corresponde a presuntas
irregularidades en el marco del trámite de perfeccionamiento del acuerdo contractual,
que a su vez fueron vertidas como motivación de los actos administrativos mediante los
cuales se declaró la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios
celebrado entre las partes, tal y como lo señala la demanda.

En atención a ello, debemos indicar que, el medio de control correspondiente no sería
el de reparación directa sino el de controversias contractuales que contempla el artículo
141 del CPACA y que dispone que “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que
se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se
hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la
entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. (…)”

Así las cosas, razón por la que deberá adecuarse la demanda al medio de control
respectivo. Es importante indicar que deben ser atendidos los requisitos, indicados en
los artículos 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley 1437 de 2011.

Siendo así el Despacho inadmitirá la presente demanda, conforme al artículo 170 del
CPACA para que subsane los vicios presentados (…)»

44. Inconforme con lo anterior, la hoy accionante presentó un recurso de reposición, el
cual fue resuelto desfavorablemente a través del auto del 2 de julio de 2026, por las
consideraciones que se exponen a continuación.

«En el presente asunto, si bien la parte actora intenta estructurar su pretensión bajo la
figura del defectuoso funcionamiento de la administración, concretado en la presunta
pérdida o indebida custodia del expediente contractual, lo cierto es que una lectura
integral de la demanda permite advertir que el daño cuya reparación se persigue no se
agota en dicha circunstancia.

En efecto, el núcleo de la controversia planteada gira en torno a la afirmada existencia
de un contrato de prestación de servicios, su ejecución frustrada y los efectos
económicos que produjo, en particular la pérdida de los honorarios que, según el dicho
de la demandante, habrían debido percibirse en desarrollo de dicho vínculo.

En ese contexto, la alegada omisión en la custodia documental no constituye un daño
autónomo e independiente, sino un elemento fáctico que el actor introduce para
sustentar la existencia del contrato o explicar las circunstancias que rodearon su
ejecución y posterior terminación, así como las dificultades probatorias que, a su juicio,
se derivan de ello.

Así las cosas, aun cuando el deber de archivo y conservación documental tiene fuente
legal y se enmarca dentro de las funciones propias de la administración, en el caso
concreto su relevancia jurídica se encuentra subordinada a la relación contractual cuya
existencia, ejecución y efectos económicos se discuten en el proceso.

Permitir que una controversia cuya esencia es claramente contractual se tramite bajo

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las reglas de la reparación directa, bajo el argumento de una supuesta falla del servicio
autónoma, conduciría a una indebida fragmentación de la causa y a la
desnaturalización de los medios de control previstos por el legislador, en contravía del
principio de unidad de la causa petendi.

En ese orden, el perjuicio cuya indemnización se pretende esto es, la pérdida de los
beneficios económicos derivados del contrato se encuentra inescindiblemente
vinculado a la relación contractual alegada, razón por la cual el medio de control
procedente es el de controversias contractuales.
(…)
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del CPACA, corresponde al juez
dirigir el proceso y adecuar el trámite al medio de control que legalmente corresponda,
en garantía del debido proceso y de la correcta administración de justicia, razón por la
cual la decisión de inadmitir la demanda y ordenar su adecuación se ajusta a derecho».

45. De las transcripciones la Sala considera que la autoridad judicial no incurrió en
ninguna irregularidad procesal, puesto que, contrario a lo manifestado por la parte
actora, examinó íntegramente los hechos y pretensiones de la demanda y determinó
que el perjuicio cuya indemnización se reclamaba se encontraba directamente
relacionada con la ejecución y terminación de un contrato de prestación de servicios
celebrada con la entidad hospitalaria demandada.

46. En efecto, la Sala observa que la autoridad judicial no desconoció que la
conservación y custodia de los documentos públicos constituye un deber legal a cargo
de las entidades estatales.

47. No obstante, concluye que, las particularidades del caso, esto es, la eventual
inobservancia de dicha obligación no constituía la fuente de un daño autónomo e
independiente de la relación contractual, toda vez que fue la propia demandante quien
vinculó la pérdida de la documentación con la imposibilidad de continuar la ejecución
del contrato, su posterior terminación y, como consecuencia de ello, la pérdida de los
honorarios que habría percibido durante el período de vigencia pactado.

48. Así las cosas, para la Sala, dicho razonamiento no se advierte arbitrario ni
manifiestamente irrazonable, en la medida que la determinación del medio de control
procedente no depende exclusivamente de la denominación que le atribuya la parte
demandante a la acción ejercida o a la fuente del daño, sino del examen material de
las pretensiones, de los hechos que integran la causa petendi y de la relación jurídica
sustancial de la cual surge la controversia, tal como ocurrió en el asunto en cuestión,
por ende, correspondía al juez natural establecer si la omisión alegada podía
examinarse de manera independiente o si, por el contrario, estaba inescindiblemente
vinculada con el contrato cuya ejecución y efectos económicos constituían el núcleo
del litigio.

49. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, sino que la parte accionante se encuentra
inconforme con la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada,
situación que, dada la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia
del juez constitucional.

50. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es de

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Acción De Tutela
Radicado: 08001-23-33-000-2026-00269-01
Accionante: Maribel del Carmen Baños Sabaye

corrección sino de validez6, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los derechos
fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento es arbitrario
o caprichoso.

51. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá revocar
la decisión de primer grado que declaró la improcedencia del mecanismo
constitucional para, en su lugar negar el amparo deprecado, por las consideraciones
expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 23 de julio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que declaró improcedente la acción de tutela por falta del
requisito de relevancia constitucional para, en su lugar;

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por la señora Maribel del Carmen
Baños Sabaye en contra del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

6
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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