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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-001-2013-00125-01

Administrativas: ausencia de imputación por cuanto se configuró una fuerza mayor

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-001-2013-00125-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante Orlando Alfonso Cova Trocha, en favor de la Nación-Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Vías –INVIAS–, el Departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena–, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA– y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –Cardique– y fijar las agencias en derecho de segunda instancia en la suma de ocho millones quinientos treinta y cinco mil doscientos ochenta pesos ($8.535.280) a cargo de la parte actora. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-001-2013-00125-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

11 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61730)
Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Nación-Ministerio del Transporte y otros
Medio de control: Reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIONES
ADMINISTRATIVAS – Ausencia de imputación por cuanto se configuró una fuerza mayor.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Solicita la reparación de los daños causados como consecuencia de la ruptura del
Canal del Dique que ocasionó la inundación de los predios de propiedad del
demandante. Alega falla del servicio por omisión en el mantenimiento del Canal del
Dique y en la prevención de desastres.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones

1. Orlando Alfonso Cova Trocha solicita declarar a la Nación-Ministerio de
Transporte, Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Vías –en adelante
INVIAS–, el Departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena –en adelante Cormagdalena–, la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico –en adelante CRA– y la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique –en adelante Cardique– responsables de los perjuicios
ocasionados por la inundación de unos predios de su propiedad. Reclama 500
SMLMV por daño moral, daño a la vida de relación y daño al proyecto de vida;
$600.315.614 por daño emergente; y $253.212.361 por lucro cesante.

Hechos

2. En sustento de sus pretensiones, el demandante relató los hechos que se
compendian así:

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Ministerio del Transporte y otros
Medio de control: Reparación directa

2.1. Orlando Alfonso Cova es propietario de una franja de terreno del predio
denominado «Paraco» o «San Ignacio» y poseedor de otra franja de terreno en el
mismo inmueble, ubicado en el Municipio de Suan, Atlántico.

2.2. El 30 de noviembre de 2010, el Canal del Dique se rompió sobre la banda
norte de la carretera Calamar-Santa Lucía, a tres kilómetros de la carretera oriental,
entre los departamentos de Bolívar y Atlántico, respectivamente.

2.3. Como consecuencia de la ruptura del canal, sus predios se inundaron y
perdió cultivos de pasto, ganado, maquinaria e infraestructura.

2.4. Señaló que las demandadas fueron omisivas y descuidadas, pues a pesar de
que fueron advertidas de la posible ruptura del canal, no hicieron mantenimiento al
río Magdalena ni al Canal del Dique. Afirmó que desde el 2007, el canal tenía
filtraciones de agua por fatiga del material, pero no se corrigieron a tiempo. Indicó
que, aunque el Departamento del Atlántico y el INVIAS repavimentaron la carretera
que pasaba encima del canal entre el Municipio de Calamar y la carretera oriental,
no hicieron mantenimiento a los materiales de la base del terraplén de la carretera
y estos comenzaron a fallar.

2.5. Relató que la inundación en sus predios fue producto de la ruptura del canal
–por fallas de la estructura– y no de las fuertes lluvias de la época, pues las
entidades demandadas no invirtieron suficientes recursos en el mantenimiento de
esa obra pública, que daba seguridad a los habitantes y prevenía desastres por
inundación.

Contestación de la demanda

3. Las entidades demandadas ejercieron la defensa en los siguientes términos:

3.1. La Nación-Ministerio de Transporte señaló que la causa de la ruptura del
Canal del Dique no fue la falta de mantenimiento, sino la presencia del fenómeno
de La Niña, que provocó inundaciones, derrumbes y daños en las vías primarias,
secundarias, terciarias y de concesión. Sostuvo que como consecuencia de dicho
fenómeno, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4580 del 7 de diciembre de
2010, que declaró el estado de emergencia por grave calamidad pública. Los
fundamentos de dicha norma determinaron que el fenómeno de La Niña fue un
desastre natural de «dimensiones extraordinarias e imprevisibles». Expuso que ese
ministerio no tiene la función de construir, mantener o señalizar las vías nacionales,
pues su objetivo es la formulación y adopción de planes, programas y proyectos, y
la regulación en materia de transporte, tránsito e infraestructura de todos los modos
de transporte. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
activa y por pasiva, fuerza mayor o caso fortuito y caducidad1.

3.2. La Nación-Ministerio del Interior sostuvo que no tenía funciones relacionadas
con la gestión del riesgo de desastres, pues a partir del Decreto 2893 de 2011, esas
1 Folios 618 a 637 c. 4.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Ministerio del Transporte y otros
Medio de control: Reparación directa

funciones y las funciones de dirección y coordinación del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres las asumió la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres. Expuso que tampoco tenía funciones de vigilancia,
mantenimiento, dragado o reparación del Canal del Dique ni de la carretera que lo
rodeaba. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva2.

3.3. El INVIAS señaló que no tiene asignadas las funciones de mantenimiento,
conservación y protección del río Magdalena o el Canal del Dique, ni de la vía que
comunica al Municipio de Santa Lucía con la carretera oriental. Indicó que la entidad,
en desarrollo del «Plan 2500» celebró con ese departamento el Convenio
Interadministrativo nº. 186 de 2005, en virtud del cual, el INVIAS ejecutó algunas
obras de pavimentación y repavimentación de vías en la región, pero no intervino el
sector Santa Lucía-carretera oriental. Propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, caducidad y fuerza mayor3.

3.4. El Departamento del Atlántico expuso que no tenía funciones de
mantenimiento, conservación y protección de la navegabilidad, dragado y vigilancia
del río Magdalena o del Canal del Dique. El desbordamiento fue un hecho de una
magnitud inusual y no era previsible ni inminente. Señaló que las precipitaciones del
2010 superaron los promedios históricos y la consecuencia fue la variación en el
comportamiento normal de los ríos. El departamento, antes de los hechos, adelantó
obras de mejoramiento de vías y requirió a diferentes autoridades nacionales para
mitigar las consecuencias del fenómeno de La Niña. Además, tuvo un actuar
diligente y permanente, pues participó en reuniones y comités para adoptar
esquemas y políticas públicas de prevención y mitigación. Propuso las excepciones
de falta de legitimación en la causa por pasiva y fuerza mayor o caso fortuito4.

3.5. Cormagdalena sostuvo que no le correspondía el mantenimiento de las obras
de infraestructura, sino procurar la navegación por el Canal del Dique, como vía de
comunicación fluvial. Los objetivos de la entidad comprenden (i) la recuperación de
la navegación y actividad portuaria del río Magdalena, (ii) la adecuación y
conservaciones de tierras, (iii) la generación y distribución de energía y (iv) el
aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás
recursos renovables. Por lo anterior, no tiene la misión de atender y prevenir
desastres. Agregó que el fenómeno de La Niña del 2010 fue una calamidad pública
grave, irresistible e imprevisible que causó los daños que alega el demandante.
Propuso las excepciones de fuerza mayor y hecho de un tercero5.

3.6. La CRA señaló que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales –en adelante IDEAM–, se trató de las mayores lluvias de los últimos
46 años. Sostuvo que el objetivo de la entidad es la defensa del medio ambiente en
el Departamento del Atlántico, pero no tiene injerencia en las obras del Canal del
Dique. Agregó que para la época de los hechos (i) formuló planes de ordenamiento
y manejo de cuencas hidrográficas, (ii) elaboró mapas de susceptibilidad de

2 Folios 148 a 153 c. 1.
3 Folios 159 a 178 c. 1.
4 Folios 315 a 344 c. 3.
5 Folios 455 a 525 c. 3.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Ministerio del Transporte y otros
Medio de control: Reparación directa

amenazas por inundación para once municipios, (iii) hizo capacitaciones en gestión
del riesgo, (iv) reportes técnicos y alertas tempranas por precipitaciones y (v) obras
canalización, limpieza y remoción de material acuático en cuerpos de agua. Propuso
las excepciones de fuerza mayor y hecho de un tercero6.

3.7. Cardique expuso que el artículo 33 de la Ley 99 de 1993 estableció su
jurisdicción y en ella adoptó medidas para evitar o mitigar los efectos de un desastre.
Sin embargo, a la entidad no le correspondían las obras de protección y prevención
de las aguas del Canal del Dique, pues no estaban bajo su jurisdicción. Sostuvo que
no estaba probado que la causa de los hechos fue la negligencia o falla del servicio
de la Corporación, pues era de público conocimiento que para el 2010, el fenómeno
de La Niña tuvo condiciones extraordinarias e imprevisibles, que carecían de
antecedentes históricos en el país y, por ello, se configuró una fuerza mayor7.

Alegatos de conclusión de primera instancia

4. Surtido el debate probatorio8, las partes presentaron los alegatos de
conclusión, así:

4.1. La parte demandante alegó que probó la propiedad y posesión de los dos
predios de la finca «Paraco» o «San Ignacio» y que se dedicaba a la explotación
agrícola y ganadera. Dijo que se acreditó que las demandadas tenían conocimiento
de la urgencia que atravesaban los municipios afectados y la necesidad de
adelantar obras como el realce del carreteable-dique Calamar-Santa Lucía9.

4.2. La Nación-Ministerio de Transporte adujo que los testimonios no acreditaron
la responsabilidad de la entidad ni los perjuicios causados con la inundación. Por el
contrario, el informe del IDEAM acreditó la fuerza mayor en la ocurrencia de los
hechos. Agregó que las demandadas sí ejecutaron recursos y obras en la zona,
pero los diques construidos no fueron suficientes ante la magnitud del desastre10.

6 Folios 216 a 282 c. 1.
7 Folios 293 a 311 c. 1.
8 El Tribunal decretó y practicó las siguientes pruebas: Documentales: (i) copia de las comunicaciones del 1 de

junio de 2009 y 5 de agosto de 2010 del Gobernador del Atlántico al ministro de transporte y al ministro de
hacienda y su remisión al INVIAS, respectivamente; (ii) copia de la Resolución n°. 4530 de 2008, que modificó
la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia; (iii) copia de la sentencia del 30 de abril de 2010, proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla en la acción popular n°. 2000-00780; (iii) copia de las
palabras del Presidente de la República el 9 de diciembre de 2010, al instalar la sala de crisis en el Ministerio
del Interior; (iv) copia de la comunicación del 1 de diciembre de 2010, de Rafael Orozco Ortiz al Presidente de
la República; (v) copia de las funciones del secretario de infraestructura y de la Subsecretaría de Prevención y
Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico; (vi) comunicación del 17 de agosto de 2010 del director
de Cormagdalena al secretario de infraestructura de la Gobernación del Atlántico; (vii) certificación del IDEAM
n°. C092-11-130-SME/2014 del 4 de junio de 2014; (viii) copia de los contratos y convenios suscritos por
Cormagdalena en los años 2002 a 2010 para el mantenimiento del Canal del Dique, su navegación y
restauración ambiental; (ix) copia del acta del 7 de diciembre de 2010 del Comité Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres (x) copias de las comunicaciones del 20 de diciembre de 2008 y 15 de abril de 2009,
del secretario de infraestructura de la Gobernación del Atlántico al director del INVIAS y al coordinador del «Plan
2500», respectivamente; (xi) planos con barimetrías y monitoreos hidráulicos del Instituto de Estudios
Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte; (xii) comunicaciones de alerta temprana de la CRA a
varios alcaldes del Departamento del Atlántico del 28 de junio y 16 de noviembre de 2010. Testimonios de David
Antonio Gutiérrez Ruiz, Nelson José Machacón Mendoza, Hernando Acosta Peña, Edgardo de Jesús Castro
Caicedo y Jorge Antonio Vergara Ramírez y declaración de parte de Orlando Alfonso Cova Trocha.
9 Folios 1156 a 1162 c. 2.
10 Folios 1201 a 1216 c. 2.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Ministerio del Transporte y otros
Medio de control: Reparación directa

El INVIAS alegó que los registros del IDEAM dan cuenta que el nivel de lluvias para
noviembre de 2010 superó todos los registros históricos de precipitaciones para ese
mes y se trató de un fenómeno imprevisible y desproporcionado. Agregó que la
Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la declaratoria de
emergencia económica, consideró que el fenómeno de La Niña de ese año resultó
extraño al Estado, imprevisible e irresistible11. Cormagdalena dijo que estaba
probado que las demandadas sí actuaron y a pesar de las medidas de protección y
contención que implementaron, las intensas lluvias sobrepasaron las barreras
construidas y causaron la inundación que no se pudo contener. Concluyó que
cualquier medida sería materialmente insuficiente e ineficaz, si se tiene en cuenta
la fuerza del fenómeno de La Niña12. La Nación-Ministerio del Interior, el
Departamento del Atlántico, la CAR y Cardique reiteraron los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda13.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

La sentencia de primera instancia

5. El 26 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las
pretensiones al considerar que la intensidad de las lluvias para la época de los
hechos era imprevisible para la administración, en las proporciones que tuvo, pues
se trató de un fenómeno natural que superó los niveles históricos de precipitaciones
en el país. Estimó que ese fenómeno fue la causa determinante del daño. Agregó
que no se probó que las demandadas omitieron ejecutar obras o programas de
ordenamiento territorial y de prevención; indicó que se probó que actuaron conforme
a sus funciones, ejecutaron labores de construcción y prevención, pero el daño fue
inevitable -fuerza mayor-14.

El recurso de apelación

6. La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, cuyos
fundamentos admiten la siguiente síntesis:

6.1. El demandante esgrimió que la causa de la inundación a sus predios no fue
la fuerza mayor del fenómeno de La Niña, sino la omisión de las demandadas en
implementar medidas de prevención, vigilancia y mantenimiento del Canal del
Dique. Sostuvo que las entidades tenían conocimiento previo de la urgencia
manifiesta de los municipios del departamento afectado y tenían documentada la
necesidad de realzar el terraplén en la vía Calamar-Santa Lucía.

6.2. Argumentó que conforme a los considerandos del Decreto 141 de 2011 –que
fusionó y modificó varias Corporaciones Autónomas Regionales–, la ruptura del
Canal del Dique no solo se debió al fenómeno de La Niña, sino a la negligencia,

11 Folios 1163 a 188 c. 2.
12 Folios 1217 a 1231 c. 2.
13 Folios 1189 a 199, 1147 a 1155, 1136 a 1146 y 1120 a 1135 c. 2, respectivamente.
14 Folios 1233 a 1244 c. ppal.

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Demandados: Ministerio del Transporte y otros
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abandono y omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus
obligaciones de prevención, mantenimiento y vigilancia de las obras civiles fluviales
y terrestres15.

Alegatos de conclusión de segunda instancia

7. En el término para alegar de conclusión en segunda instancia, Cormagdalena
reiteró los argumentos expuestos16. La parte demandante, los demás demandados
y el Ministerio Público guardaron silencio17.

II. CONSIDERACIONES

8. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Objeto de la apelación

9. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar si no está
acreditado haber operado la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor
tal como lo definió el aquo; en caso afirmativo, la sala verificará si está acreditado
el incumplimiento de las entidades demandadas en la implementación de medidas
de prevención, vigilancia y mantenimiento del Canal del Dique.

Caso concreto

10. La Sala anuncia que confirmará la decisión objeto de apelación, pues a partir
de los elementos de prueba allegados, se concluye que el desbordamiento del
Canal del Dique obedeció a un hecho imprevisible e irresistible, dado el incremento
inusitado de las precipitaciones debido al fenómeno de La Niña, que superó niveles
históricos, pese a las labores de las entidades demandadas para conjurar tal
situación.

Fuerza mayor como eximente de responsabilidad

11. El artículo 64 del Código Civil, subrogado por la Ley 95 de 1980, aplicable
para resolver los litigios bajo las reglas de la responsabilidad patrimonial en sede de
reparación directa, define la fuerza mayor en los siguientes términos: «se llama
fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc.».

12. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que para que se
configure la fuerza mayor se requiere la concurrencia de tres elementos: i)

15 Folios 1264 a 1264 c. Ppal.
16 Folios 1292 a 1305 c. Ppal.
17 Folio 1324 c. ppal.

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imprevisibilidad, ii) irresistibilidad y iii) exterioridad respecto de la demandada18. En
ese sentido, si se configuran tales elementos, se exonera de responsabilidad al
Estado, salvo que el demandante demuestre la falla en el servicio por la actividad
equivocada o por la no realización de labores a su cargo que habrían evitado el
daño.

13. Frente a la imprevisibilidad, la jurisprudencia ha señalado que es imprevisible
aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito
o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para
evitarlo, de todas maneras, acaeció, con independencia de que hubiese sido
mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia19.

14. La irresistibilidad como elemento de la causa extraña, consiste en la
imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para
desplegarlo o para llevarla a cabo; es decir, el daño debe resultar inevitable para
que pueda predicarse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que
lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno
mismo, pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar
o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo,
irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil)
algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas
condiciones, podrían ser evitados20.

15. La exterioridad se concreta en que el acontecimiento o circunstancia que el
demandado invoca como causa extraña debe ser «ajeno jurídicamente» a éste. Es
decir, debe tratarse de un suceso por el cual esa parte no tenga el deber jurídico de
responder, más allá de que, desde el punto de vista físico, se trate de un suceso en
el que la entidad demandada o alguno de sus agentes no haya tenido intervención
directa y de que no haya sido parte en la causación física del daño. Dicho en otras
palabras, el daño debe ser ajeno, exterior o extraño a los deberes u obligaciones
jurídicas del demandado21.

Hechos probados

16. A partir del material probatorio allegado al proceso, esta Subsección
encuentra probados los supuestos antes referidos, tal como se desarrolla a
continuación:

16.1. El INVIAS y el Departamento del Atlántico suscribieron el Convenio
Interadministrativo nº. 186 del 7 de abril de 2005. Su objeto fue aunar esfuerzos
técnicos y financieros para, en tres años, llevar a cabo estudios, diseños y la
pavimentación o repavimentación de varios tramos de vías del departamento –entre

18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, Exp. nº.
50.791,
C.P. María Adriana Marín y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de
2011, Exp. nº. 19.067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Sentencia del 26 de marzo de 2008, Exp. nº. 16.530.
20 Ibidem.
21 Ibidem.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
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otros– el de «Repelón-Villa Rosa-Santa Lucía-Carretera Oriental». Las
intervenciones se realizarían dentro del denominado «Plan 2500» del Gobierno
Nacional. Conforme a la cláusula primera del acuerdo, el Departamento del Atlántico
quedaba a cargo de las vías intervenidas, pues tenía la titularidad de las mismas y
tenía la responsabilidad de su administración y mantenimiento22.

16.2. El 4 de julio de 2006, Cormagdalena y la sociedad Castro Tcherassi SA
celebraron el contrato de obra nº. 0042 para hacer un realce del dique carreteable
de la vía Calamar-Villa Rosa, en una extensión de 31 kilómetros23.

16.3. El acta de entrega y recibo final de las obras ejecutadas con ocasión del
Convenio Interadministrativo nº. 186 del 7 de abril de 2005 se suscribió el 26 de
junio de 2008. Conforme al documento, se hicieron obras en 21 kilómetros, en los
que se pavimentó la vía y se construyeron alcantarillas y cunetas para el manejo de
las aguas y evitar el deterioro de la estructura. No obstante, en la zona urbana de
Villa Rosa no se hicieron intervenciones, pues había pavimento rígido y no eran
necesarias. Además, en la zona de las compuertas del Canal del Dique no se
hicieron obras, pues el área no se podía sobrecargar. En el acta se destacó que:

«por solicitud de Cormagdalena, se elevó el terraplén entre el Canal del Dique y la
Laguna del Guájaro, con el fin de evitar posibles inundaciones en las poblaciones
vecinas, sin embargo, dadas las condiciones del Plan 2500, estos terraplenes no
fueron ampliados o confinados por lo que la zona estará sujeta a grietas en la
superficie del pavimento, como producto de la contracción del suelo […] la entidad
responsable de la operación y mantenimiento de la vía programe y efectúe el sello
continuo de estas grietas y fisuras, las cuales no afectan la estabilidad de la obra si
la actividad se ejecuta continuamente 24».

16.4. El 1 de junio de 2009, el Gobernador del Atlántico, mediante comunicación
nº. 00418 informó al ministro de transporte que en el sector del carreteable Santa
Lucía-Las Compuertas del Canal del Dique existía una problemática por inminentes
inundaciones por el desbordamiento del canal. Indicó que la vía requería un realce
de mínimo 60 cm en el terraplén y faltaban 8 kilómetros de realce para solucionar el
problema de contención del caudal del canal. Le solicitó gestión ante Cormagdalena
o el INVIAS para asignar recursos y realizar las obras de realce necesarias25.

16.5. El 5 de agosto de 2009, el Gobernador del Atlántico, mediante comunicación
nº. 000613, solicitó al ministro de hacienda agilizar la asignación de vigencias 2010,
dentro del «Plan 2500», pues se necesitaba con urgencia la contratación del tramo
de 3.5 kilómetros entre Santa Lucía-Las Compuertas, pues este funcionaba como
vía y dique de contención. El 20 de agosto siguiente, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público remitió la comunicación al INVIAS26.

16.6. El 25 de enero de 2010, Cormagdalena y la Office National Des Forêts
International (ONFI) celebraron el Convenio de Cooperación nº. 1-004-2010, para

22 Folios 200 a 204 c. 1.
23 CD folio 938 c. 2.
24 Folios 210 a 212 c. 1.
25 Folios 1052 y 1053 c. 2.
26 Folios 836 a 838 c. 4.

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Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Ministerio del Transporte y otros
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realizar un programa de actividades dentro del programa de control de la erosión y
sedimentación del río Magdalena en su complejo fluvial y lacustre27.

16.7. El 26 de enero de 2010, Cormagdalena celebró el contrato nº. 0005-2010 con
el Consorcio Canal del Dique Fase 1, para el diseño y construcción de las obras del
sistema ambiental y de navegación del Canal del Dique. Conforme a los estudios
previos y el informe final de revisión y validación del proyecto, las obras pretendían
controlar la sedimentación del río Magdalena y así mantener las características
navegables del canal. Para ello, se requería la construcción de obras hidráulicas
para el control y reducción de caudales líquidos y sólidos. Según los estudios
previos, el contratista debía garantizar que los diseños y obras construidas
cumplirían mínimo las siguientes funciones:

«1) Permitir el paso seguro del convoy típico de navegación, en condiciones
normales, sin fraccionamiento, en doble vía y en condiciones extremas del ciclo
hidrológico […] 2) Reducir el 27% (+/- 2%) del caudal líquido que ingresa al Canal
del Dique. 3) Mantener los niveles históricos a lo largo del canal del Dique. 4) Control
de la cuña salina: que los valores históricos de longitud de la intrusión salina sean
menores o iguales a los presentados desde 1984 en Caño Correa, Caño Matunilla,
Caño Lequerica y Canal del Dique. 5) Mejorar las conexiones ciénaga-ciénaga y
ciénagas-canal del Dique y reducir el deterioro ambiental de las Ciénagas. 6)
Mantener o mejorar las condiciones de los accesos al agua del canal del Dique para
riego, abastecimiento de agua potable y otros servicios28».

16.8. El 28 de junio de 2010, el director de la CRA informó a los alcaldes de
Baranoa, Polonuevo, Piojó, Candelaria, Sabanalarga, Manatí, Santa Lucía, Juan de
Acosta, Palmar de Varela, Tubará, Suan, Repelón, Soledad, Luruaco, Galapa,
Santo Tomás, Usiacurí, Sabanagrande, Campo de la Cruz, Malambo, Ponedera y
Puerto Colombia que, conforme al seguimiento que hacían al fenómeno de La Niña
y por la ubicación geográfica del departamento, la vulnerabilidad y riesgo por
inundaciones, los municipios tendrían impactos fuertes durante la segunda
temporada de lluvias de 2010 y la primera de 2011. Ante la situación y con ánimo
preventivo, los invitó a: (i) brindar apoyo a los comités locales y regionales de
prevención y atención de desastres, (ii) estar atentos a cambios repentinos en los
niveles de ríos, ciénagas y embalses, (iii) iniciar jornadas de limpieza de canales y
caños y (iv) adelantar jornadas de concientización y educación de la comunidad,
para evitar taponamientos que causaran represamientos y desbordes 29.

16.9. El 1 de septiembre de 2010, se reunió el Comité Regional para la Prevención
y Atención de Desastres –CREPAD–. Conforme al acta, el coordinador del comité
del Departamento del Atlántico explicó que la ola invernal de ese año presentaba
los niveles más altos en los últimos 40 años y el río Magdalena tenía cada vez más
nivel. Por la presencia del fenómeno de La Niña de ese año, manifestó la necesidad
de declarar la urgencia manifiesta en el departamento, pues ese fenómeno
ocasionaba inundaciones súbitas y lentas, deslizamientos y desbordamientos en
arroyos y ríos.

27 CD folio 312 c. 3.
28 CD folio 312 c. 3.
29 Folios 451 a 472 c. 6.

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Medio de control: Reparación directa

16.10. El 30 de septiembre de 2010, el director de la CRA informó a los alcaldes de
Candelaria, Sabanalarga, Manatí, Santa Lucía, Palmar de Varela, Suan, Repelón,
Soledad, Luruaco, Santo Tomás, Sabanagrande, Campo de la Cruz, Malambo y
Ponedera que, conforme al seguimiento del desarrollo del fenómeno de La Niña y
el último boletín del IDEAM, los niveles en la cuenca baja del río Magdalena estaban
muy altos y muy por encima de los valores del fenómeno de La Niña de 1993 y
2008. Les indicó que en agosto de ese año se registraron los máximos niveles de
todos los agostos de los últimos 10 años. Además, entre Plato (Magdalena) y
Calamar (Bolívar) los niveles mostraban condiciones de ascenso moderado, valores
altos y por encima de las cotas de afectación, lo que podía ocasionar inundaciones
lentas en algunas poblaciones ribereñas.

Por lo anterior, advirtió a las administraciones municipales sobre la ocurrencia de
lluvias abundantes y frecuentes en octubre y noviembre. Lo que conllevaría a
inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra. Les solicitó (i) mantener
en alerta a los comités locales y regionales de prevención y atención de desastres,
(ii) alertar a la comunidad sobre el riesgo del municipio, (iii) ubicar albergues y
refugios seguros, (iv) reubicar temporalmente a la comunidad ubicada cerca a los
cuerpos de agua y (v) estar atentos a los niveles de ríos, ciénagas y embalses30

16.11. El 8 de octubre de 2010, funcionarios del Departamento del Atlántico,
asesores de la gobernación, los alcaldes de Suan y Santa Lucía y un representante
de Cormagdalena se reunieron para tratar el tema de la emergencia invernal.
Conforme al acta, el subsecretario para la prevención y atención de desastres
presentó un informe basado en los boletines del IDEAM frente a las fuertes lluvias
en el territorio, que aumentaron el caudal y niveles del río Magdalena y el Canal del
Dique. Se alertó sobre la posibilidad de emergencias por inundaciones en los
municipios ubicados en las márgenes del río y el canal e informaron que la creciente
del río era la más grande en los últimos 60 años.

Como conclusiones de la reunión se determinó que los alcaldes, de forma
inmediata, debían (i) convocar, casi de manera permanente los comités municipales
de atención y prevención de desastres, (ii) identificar y monitorear de forma
permanente los puntos críticos, (iii) identificar y preparar lugares de albergue y (iv)
evaluar necesidades de camas, medicamentos, etc., conforme a la población
vulnerable de cada municipio31.

16.12. El 12 de octubre de 2010, el Gobernador (E) del Departamento del Atlántico
le informó al director del INVIAS que el Departamento del Atlántico tenía más de
100 Km de riveras sobre el río Magdalena y más de 30 km sobre el Canal del Dique.
Con ocasión de la ola invernal de ese momento, los niveles del río estaban en
constante crecimiento y para ese momento presentaba las cotas más altas en los
últimos 50 años. Indicó que la protección de la zona sur del departamento dependía

30 Folios 423 a 443 c. 5.
31 Folios 389 a 391 c. 3.

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de dos vías, que cumplían el doble propósito de carretera y dique de contención: la
carretera oriental y la vía Santa Lucía-Las Compuertas32.

16.13. El 12 de octubre de 2010, el Gobernador (E) del Departamento del Atlántico,
mediante comunicación al director de la CRA, informó la situación de amenaza y
alerta del departamento por la ola invernal, pues las estadísticas rebozaban las
cifras pluviométricas de otros años. Le solicitó colaboración permanente con el
inventario actualizado de las zonas con más probabilidad de riesgo por inundación,
deslizamientos o movimientos en masa por lluvias torrenciales. También en
búsqueda de soluciones, actividades de seguimiento, prevención y control de
desastres en coordinación con las demás autoridades33.

16.14. El 13 de octubre de 2010, el Gobernador (E) del Departamento del Atlántico,
mediante comunicación al director de Cormagdalena, manifestó que aunque esa
entidad había realizado obras para el control de inundaciones en el río Magdalena,
ante la magnitud del invierno que se avecinaba, podrían no ser suficientes. Le hizo
un llamado para tomar las medidas que estimara convenientes y necesarias para
atender sitios críticos de las riberas del río para prevenir o minimizar el impacto de
la ola invernal34.

16.15. Entre el 12 y 14 de octubre de 2010, el Gobernador (E) del Departamento del
Atlántico envió comunicaciones a los alcaldes de Usiacurí, Tubará, Suan, Soledad,
Santo Tomás, Sabanalarga, Sabanagrande, Repelón, Puerto Colombia, Ponedera,
Polonuevo, Piojó, Palmar de Varela, Manatí, Malambo, Luruaco, Juan de Acosta,
Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa. Les explicó que el departamento
estaba en alerta por la ola invernal, pues los niveles del río Magdalena y el Canal
del Dique eran los más altos en los últimos 50 años. Los instó a (i) monitorear de
manera permanente las zonas de riesgo, (ii) adoptar medidas preventivas y de
mitigación, (iii) tener activados los comités locales de prevención y atención de
desastres, (iv) tener planes de contingencia y comunicación entre todos los
organismos de socorro, (v) mantener actualizado el inventario de zonas de alto
riesgo, (vi) ubicar zonas de albergue y (vii) tener disponibilidad de voluntarios, ayuda
logística, económica y demás requeridas para atender la emergencia 35.

16.16. El 14 de octubre de 2010, el Gobernador (E) del Departamento del Atlántico
informó al director de la Oficina Nacional de Riesgo la situación de emergencia del
departamento, las actividades que había iniciado la administración departamental,
en conjunto con los alcaldes, y solicitó ayuda pronta y efectiva por parte de esa
entidad36.

16.17. El 15 de octubre de 2010, funcionarios del Departamento del Atlántico,
asesores de la gobernación, los alcaldes de Suan, Santa Lucía, Ponedera, Campo
de la Cruz y Manatí y un representante de la Cruz Roja se reunieron para tratar el

32 Folios 910 y 911 c. 3.
33 Folios 435 c. 3.
34 Folios 436 y 437 c. 3.
35 Folios 413 a 433 c. 3.
36 Folios 439 y 440 c. 3.

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tema de la emergencia climática. Los alcaldes rindieron informes de la situación en
sus municipios. Informaron que el nivel de las aguas del Canal del Dique era crítico.

Conforme al acta de la reunión, los pronósticos de lluvias no eran alentadores, el río
crecía y había una alta probabilidad de que el nivel sobrepasara los diques y la
carretera y era muy posible una inundación, pues era imposible contener el agua
sobre 30 km de vía. Ante esta situación de amenaza crítica, los alcaldes se
comprometieron a: (i) proteger la vía oriental y del Canal del Dique, (ii) identificar y
monitorear los sitios críticos de manera permanente, (iii) buscar el apoyo de la
comunidad, mediante la organización de brigadas de trabajo, (iv) ejercer vigilancia
sobre las vías, (v) definir sitios de albergue y (vi) evaluar necesidades de
colchonetas, camas, medicamentos, etc. Por su parte, el gobernador se
comprometió a (i) gestionar ante el INCODER y el Ministerio de Agricultura la
limpieza de los canales de drenaje de Manatí, (ii) estudiar la posibilidad de dotar los
municipios con ambulancias y (iii) dio instrucciones a la Secretaría de Salud para
que la red hospitalaria diera prioridad a los municipios en riesgo37.

16.18. El 18 de octubre de 2010, funcionarios del Departamento del Atlántico,
asesores de la gobernación, los alcaldes de Suan, Santa Lucía, Ponedera y Campo
de la Cruz se reunieron para tratar el tema de la emergencia climática. Conforme al
acta de la reunión, el subsecretario para la prevención y atención de desastres
informó que seguían aumentando los riesgos, el nivel del río subió 2 cm y tenía
conocimiento de la rotura del terraplén de protección del Canal del Dique del lado
del Departamento de Bolívar. Dijo que se hizo un recorrido por el sur del
departamento, revisaron los niveles del río y del canal, se identificaron puntos
críticos y empezaron a colocar barreras con sacos llenos de arena. Se determinó:
(i) comunicarse con el INVIAS para solicitar protección de la carretera oriental y
Santa Lucía-Las Compuertas, (ii) comunicarse con Cormagdalena y la CAR para
que, dentro de sus competencias, tomaran las medidas necesarias para atender la
emergencia, (iii) buscar recursos para crear un fondo de emergencias, (iv)
cuantificar los elementos para proporcionar como: combustible, colchonetas,
medicamentos, alimentos, agua, etc., (iv) informar a la Oficina Nacional de
Prevención y Desastres el riesgo inminente del departamento por el caudal del río
Magdalena y (v) seguir contactando a los contratistas para conseguir maquinaria38.

16.19. El 20 de octubre de 2010, el Gobernador (E) del Departamento del Atlántico
le informó al gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– que
el departamento había declarado la urgencia manifiesta y solicitó apoyo y
colaboración para fortalecer y realzar los terraplenes del embalse de Guájaro, la
estación de bombas de Boquitas y la limpieza de box coulverts39.

16.20. El 22 de octubre de 2010, el Gobernador (E) del Departamento del Atlántico
envió comunicación al ministro de agricultura y desarrollo rural. Le explicó que las
compuertas del Canal del Dique estaban ubicadas en el corregimiento Las

37 Folios 392 a 395 c. 3.
38 Folios 396 y 398 c. 3.
39 Folios 408 y 409 c. 3.

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Compuertas del Municipio de Manatí, en el corredor vial Cordialidad-Rotinet-
Repelón-Las Compuertas-Santa Lucía- Carretera Oriental. De este corredor, el
tramo Repelón-Las Compuertas-Santa Lucía se incluyó en el Plan 2500 y cumplía
la doble función de carretera y dique de contención. Sostuvo que en los trabajos
ejecutados en el Plan 2500 se incrementó la altura del terraplén y el pavimento de
la vía en 1 metro40.

16.21. El 16 de noviembre de 2010, el director de la CRA envió comunicación a los
alcaldes de Baranoa, Candelaria, Sabanalarga, Manatí, Santa Lucía, Juan de
Acosta, Palmar de Varela, Tubará, Suan, Repelón, Soledad, Luruaco, Santo Tomás,
Sabanagrande, Campo de la Cruz, Malambo, Ponedera y Puerto Colombia. Informó
que en el seguimiento al fenómeno de La Niña persistía el ascenso moderado de
los niveles del río Magdalena y sugería mantener la alerta. En varios puntos de la
cuenca baja del río se superaban las cotas críticas de desbordamiento, había
inundaciones lentas y el IDEAM mantenía el nivel de alerta en varias poblaciones,
entre ellas, Suan. Indicó que debían tener en cuenta que los niveles de río tenían
tendencia al ascenso y posiblemente sobrepasarían los niveles históricos.

Impartió las siguientes recomendaciones: (i) mantener en alerta a los comités
locales y regionales de prevención y atención de desastres, (ii) alertar a la
comunidad sobre el riesgo del municipio, (iii) ubicar albergues y refugios seguros,
(iv) reubicar temporalmente a la comunidad ubicada cerca a los cuerpos de agua,
(v) estar atentos a niveles de ríos, ciénagas y embalses, (vi) tener preparativos por
si tocaba abandonar algunas casas por unos días, (vii) advertir a la comunidad si
observaban represamientos y (viii) dar a conocer la señal de alarma establecida por
el comité de emergencias municipal41.

16.22. El 30 de noviembre de 2010, el Canal del Dique se rompió y, como
consecuencia, el predio «Paraco» de propiedad de Orlando Alfonso Cova Trocha
se inundó, según da cuenta la certificación expedida por la Secretaría de Planeación
e Infraestructura del Departamento del Atlántico y la Junta de Defensa Civil del
Municipio de Suan42.

16.23. El 7 de diciembre de 2010, el Comité Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres realizó una reunión extraordinaria en la que se puso de presente la
situación de emergencia por la inundación en 28 departamentos del país, como
consecuencia del fenómeno de La Niña. Al respecto, conforme al acta de la reunión,
se estableció:

«El IDEAM, teniendo en cuenta las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales,
y de acuerdo al índice multivariado […] que estiman la intensidad del fenómeno de
La Niña, el valor registrado de este evento durante el 2010, indica que este ha sido
el más fuerte en comparación con los eventos desde 1949. […] ha ocasionado,
además, una mayor saturación de humedad de los suelos, generando eventos
extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas

40 Folios 442 y 443 c. 3.
41 Folios 380 a 422 c. 5.
42 Folio 56 c. 1.

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[…] la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia […]
informó al Gobierno Nacional que como consecuencia de la actual ola invernal se
han presentado 206 muertos, 119 desaparecidos, 246 heridos, 337.513 familias
afectadas, 2.049 viviendas destruidas y 275.569 viviendas averiadas. […] hizo
presencia en la región afectada y ha concluido que en todo el territorio nacional se
ha presentado una grave afectación a personas, vías de acceso destruidas, centros
educativos, acueductos y hospitales e igualmente se han presentado daños en
cultivos de sector agropecuario y la ganadería.
La situación originada […] está siendo atendida por todas las entidades que
conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, pero
sus recursos y medios de acción no son suficientes dada la magnitud de la
calamidad pública […] las funciones legales y los recursos asignados […] son
insuficientes para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.»

Dada la magnitud de la emergencia, el comité recomendó al Presidente de la
República declarar la situación de desastre nacional, bajo los parámetros del
artículo 18 y siguientes del Decreto Ley 919 de 198943.

16.24. El 7 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4580, por
el cual declaró por 30 días el estado de emergencia económica, social y ecológica
por razón de grave calamidad pública. En los considerandos de la norma se indicó:
«1.1. Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constituye un
desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se
agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010.
1.2. Que la magnitud de las precipitaciones inusitadas resulta extraordinaria e
imprevisible, como lo demuestran los registros del Ideam. Estos registros indican
que en los quince primeros días del mes de noviembre llovió más de lo que
llueve en todo el mes. El nivel superó todos los registros históricos de
precipitaciones para el mes de noviembre.
1.3. Que esta agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de
2010, se sumó al hecho de que durante el segundo semestre del año la lluvia
ya había superado los niveles históricos registrados. Que según informe
presentado por el Ideam de fecha 6 de diciembre de 2010, el Fenómeno de la Niña
2010-2011 alteró el clima nacional desde el comienzo de su formación en el mes de
junio de este año, ocasionando en los meses de julio y noviembre las lluvias
más intensas y abundantes nunca antes registradas en el país, en las regiones
Caribe, Andina y Pacífica […]. Los meses de agosto y septiembre se comportaron
también con lluvias muy por encima de lo normal en la región Caribe […]. Como
consecuencia de ello, las partes baja y media de los ríos Cauca y Magdalena,
así como algunos de sus afluentes, han presentado niveles nunca antes
registrados en la historia de la hidrología colombiana.» (resalta la Sala).

16.25. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del Decreto 4580 de
2010, estimó que los hechos en los que el Gobierno fundamentó la declaratoria del
estado de emergencia estaban verificados. Así, frente a la magnitud de las
precipitaciones en la región Caribe en noviembre de 2010, constató que superaron
los promedios históricos registrados y respecto de la región del bajo Magdalena y el
Canal del Dique, sus niveles, para el 2010, alcanzaron el valor máximo de toda la

43 Folios 990 a 992 c. 2.

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serie histórica de datos registrados. En el juicio de sobreviniencia de estos hechos,
la Corte consideró:

«esta Corte encuentra que si bien el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales había anunciado que existía la probabilidad de que se presentara el
Fenómeno de la Niña, lo cierto es que la intensidad y magnitud del fenómeno
resultó ser el más fuerte si se le compara con los últimos fenómenos fuertes
“La Niña” anteriores (1954,1964,1970,1973 y 1998). En este orden de ideas, y
acorde con el material probatorio allegado, se constata que los hechos ya
enunciados adquirieron carácter sobreviniente, su intensidad fue traumática,
su ocurrencia fue ajena a lo que regular y cotidianamente sucede respecto de
dicho fenómeno44» (resalta la Sala).

16.26. El 5 de abril de 2011, el subsecretario para la prevención y atención de
desastres informó a los miembros de la Asamblea Departamental del Atlántico las
acciones que implementó la administración para contrarrestar los efectos de la ola
invernal del 2010. Explicó que, previo a la ruptura del Canal del Dique,
implementaron un plan de contingencia, que incluía obras de infraestructura –muros
de contención, conformación del terraplén en la carretera oriental, realce de vías,
limpieza y dragado de caños–, el envío de información pertinente a las alcaldías y
la activación de los comités regionales para la prevención y atención de desastres45.

16.27. El 29 de mayo de 2014, el IDEAM expidió la certificación n°. C092-11-130-
SME/2014 relativa al comportamiento mensual de las precipitaciones durante enero
de 2010 a diciembre de 2011. Conforme al documento, el instituto hizo un análisis
de las condiciones hidrológicas en el bajo Magdalena para el 2010 y concluyó que
fue un año atípico, pues los niveles de ascenso paulatino comenzaron en marzo y
en diciembre de ese año los niveles eran los más altos, respecto del
comportamiento histórico (1972-2012), valores que superaron altamente el 100%
de los niveles y caudales. Frente al Canal del Dique, encontró que sus niveles
alcanzaron los valores máximos de toda la serie histórica (1973-2012).

La entidad también analizó las causas de las elevaciones de los niveles del río
Magdalena en los últimos quince días de noviembre de 2010 y estimó que el altísimo
incremento de las precipitaciones sobre la cuenca alta del río generó un incremento
en los niveles y caudales. Todo esto, provocado por el fenómeno de La Niña, que
tuvo mayor impacto en la segunda temporada de 2010. Frente a las causas del
desbordamiento del río Magdalena en el Canal del Dique, según el documento, la
influencia del fenómeno de La Niña incrementó los niveles del cauce principal del
río y del canal, que superaron el 100% para noviembre de 201046.

16.28. Cormagdalena, de 2002 a 2010, adelantó actuaciones administrativas,
contratos y estudios técnicos para recuperar la navegación del Canal del Dique,
mitigar la sedimentación del mismo y hacer restauración ambiental en la zona47:

44 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-151 del 9 de marzo de 2011. MP. Mauricio González Cuervo.
45 Folios 444 a 454 c. 3.
46 Folios 897 a 921 c. 4.
47 Folios 938 a 941 c. 2. La copia digital de los contratos y convenios relacionados está en el CD folio 312 c. 3.

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Año Contrato o convenio
Contrato n°. 00011-2002.
Objeto: interventoría de la reparación y ampliación sección transversal terraplén sobre
el río Magdalena y el Canal del Dique, en el municipio de Calamar.
Contrato n°. 00057-2002.
Objeto: supervisión ambiental adicional para las actividades de dragado de
mantenimiento del Canal del Dique desde su bifurcación en Calamar hasta su
desembocadura en la bahía de Cartagena, sector Pasacaballos.
Contrato n°. 00088-2002.
Objeto: dragado de mantenimiento del Canal del Dique, sector Calamar.
2002
Contrato n°. 00129-2002.
Objeto: mantenimiento del canal navegable mediante dragado del Canal del Dique,
sector Pasacaballos.
Contrato n°. 00133-2002.
Objeto: mantenimiento del canal navegable mediante dragado del Canal del Dique,
sector K2 al K114.
Contrato n°. 00137-2002.
Objeto: elaboración de la fase 1: plan de restauración ambiental de los ecosistemas
degradados del Canal del Dique, Resolución n°. 0921/01 Min. Ambiente.
Contrato n°. 0029-2004.
2004
Objeto: interventoría del mantenimiento mediante dragado del Canal del Dique.
Contrato n°. 0-0011-2005.
Objeto: dragado de mantenimiento del Canal de Dique.
Contrato n°. 0-0031-2005.
Objeto: interventoría para el mantenimiento mediante dragado y remoción mecánica de
2005
barras de sedimentos en el Canal del Dique.
Contrato n°. 1-0037-2005.
Objeto: ejecución de estudios e investigaciones de las obras de restauración ambiental
y de navegación del Canal del Dique.
Contrato n°. 0-0062-2006.
Objeto: Señalización de la desembocadura del Canal del Dique – Bahía de Cartagena.
Convenio n°. 1-0023-2006.
2006
Objeto: la Cámara de Comercio de Cartagena hará seguimiento permanente a la
ejecución de estudios e investigaciones de las obras de restauración ambiental y
navegación del Canal del Dique.
Contrato n°. 0-0078-2008.
Objeto: mantenimiento del Canal del Dique mediante dragado para garantizar la
navegabilidad.
2008
Contrato n°. 0-0087-2008.
Objeto: dragado del río Magdalena a partir de Calamar hasta sus desembocaduras en
el mar Caribe.
Contrato n°. 0-0021-2009.
2009 Objeto: realizar la evaluación científica y tecnológica relacionada con la navegación
marítima del río Magdalena.
Contrato n°. 0-0005-2010.
Objeto: diseño y construcción de las obras del sistema ambiental y de navegación del
Canal del Dique Fase 1.
2010
Convenio n°. 0-0005-2010.
Objeto: definición e implementación de un programa de control de la erosión y de la
sedimentación en el complejo fluvial y lacustre del río Magdalena.

17. Los documentos allegados al proceso dan cuenta de las actuaciones
adelantadas por las entidades demandadas en los años y días previos a la
inundación del 30 de noviembre de 2010, tales como: las reuniones, comités y
comunicaciones que se efectuaron con el fin de hacer seguimiento, analizar, evaluar
y proponer medidas de prevención, control y mitigación de los efectos de la ola
invernal y el fenómeno de La Niña que afectaba al Departamento del Atlántico.
Conforme al artículo 243 del Código General del Proceso, estos documentos
públicos, otorgados por funcionarios en ejercicio de su cargo o con su intervención

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se presumen auténticos, porque existe certeza sobre las personas que los
elaboraron o firmaron, y tienen pleno valor probatorio porque las partes no los
tacharon de falsos ni los desconocieron.

18. En el proceso declararon David Antonio Gutiérrez Ruiz, Nelson José
Machacón Mendoza, Hernando Acosta Peña, Edgardo de Jesús Castro Caicedo y
Jorge Antonio Vergara Ramírez48. Eran habitantes del Municipio de Suan, vecinos
de Orlando Alfonso Cova Trocha y describieron la finca del demandante y sus
actividades productivas. Al ser vecinos del sector, sufrieron perjuicios por la
inundación y narraron las circunstancias del 30 de noviembre de 2010. Como
Nelson José Machacón Mendoza, Hernando Acosta Peña y Edgardo de Jesús
Castro Caicedo afirmaron que demandaron a la Nación por estos hechos, son
testigos cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del
artículo 211 del Código General del Proceso. Esta norma prevé que el juez analizará
estos testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Estas
declaraciones no acreditan las omisiones en las que, según la demanda, incurrieron
de las entidades demandadas y tampoco dan cuenta de las razones o motivos de
la ruptura del Canal del Dique y posterior inundación de los predios del demandante.

19. Conforme a las pruebas antes referidas, está acreditado que, para el segundo
semestre de 2010, el país afrontó una ola invernal sin precedentes históricos a
causa del fenómeno de La Niña y la época de lluvias y los niveles de precipitaciones
superaron los datos históricos. Ante esta situación, las entidades demandadas,
dentro del ámbito de sus competencias y conforme a los recursos disponibles,
adelantaron acciones preventivas y de alerta, antes de la ruptura del Canal del
Dique el 30 de noviembre de 2010. Aunque las entidades enfrentaron los impactos
del invierno y el fenómeno de La Niña desde mediados del 2010, la magnitud del
suceso fue tal que superó los máximos históricos; por tanto, si bien pudo ser, hasta
cierto punto predecible, resultó repentino y abrumador, pues en el país no se había
presentado un evento de esa intensidad.

20. En efecto, se probó que Cormagdalena, desde 2002, suscribió y ejecutó
contratos y convenios para recuperar la navegación del Canal del Dique, mitigar la
sedimentación del mismo y hacer restauración ambiental en la zona. En 2006,
contrató las obras de realce del dique carreteable de la vía Calamar-Villa Rosa, en
una extensión de 31 kilómetros. En enero de 2010, suscribió un convenio de
cooperación para el control de la erosión y la sedimentación del río Magdalena e
inició el diseño y construcción de las obras del sistema ambiental y de navegación
del Canal del Dique, que también pretendían controlar la sedimentación del río
Magdalena y así mantener las características navegables del canal.

21. Por su parte, el INVIAS y el Departamento del Atlántico, antes de la ruptura
del canal, adelantaron obras de pavimentación y repavimentación en varios tramos
del departamento, entre otros, el de «Repelón-Villa Rosa-Santa Lucía-Carretera
Oriental». El departamento, desde junio de 2009, gestionó ayudas y la obtención de

48 CD folio 766 c. 4.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Ministerio del Transporte y otros
Medio de control: Reparación directa

recursos para completar algunas obras de realce necesarias y desde septiembre de
2010, ante los efectos iniciales y preocupantes de la ola invernal y el fenómeno de
La Niña, activó el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres –
CREPAD–, inició reuniones constantes para verificar y hacer seguimiento a la
situación del departamento, declaró la urgencia manifiesta, estableció acciones
preventivas en conjunto con los alcaldes de la región y tuvo un canal de
comunicación constante con las autoridades del orden nacional y corporaciones
autónomas, respecto de la situación de emergencia que se vivía en ese momento y
la solicitud de ayudas y medidas de mitigación.

22. La CRA, previo al 30 de noviembre de 2010, envío comunicaciones a los
alcaldes de la región, con la información sobre el seguimiento del fenómeno de La
Niña, el nivel de alerta en las poblaciones y recomendaciones puntuales para
implementar medidas de prevención y mitigación en los municipios.

23. Está acreditado en el proceso que ante la ruptura del Canal del Dique y los
efectos del fenómeno de La Niña, el gobierno declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, pues la
intensidad de dicho fenómeno era el más fuerte desde 1949 –más de sesenta años–
y constituyó un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles,
pues las precipitaciones fueron inusitadas y superaron los registros históricos que
afectaron a todo el país. Así lo determinó el legislador extraordinario al expedir el
Decreto 4580 de 2010 y la Corte Constitucional al estudiar su constitucionalidad.

24. La parte demandante, en el recurso de apelación, expuso que los
considerandos del Decreto 141 de 2011 –que fusionó y modificó varias
Corporaciones Autónomas Regionales–, acreditaban que la ruptura del Canal del
Dique no solo se debió al fenómeno de La Niña, sino a la negligencia, abandono y
omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus obligaciones de
prevención, mantenimiento y vigilancia de las obras civiles fluviales y terrestres. Al
respecto, los considerandos de esa norma hacían juicios de crítica frente a la
gestión administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales en la vigilancia,
control y prevención de desastres. Sin embargo, esa norma desapareció del
ordenamiento jurídico, pues la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad49,
como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto Legislativo 020 de 201150, que
declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad
pública. La Corte estimó que, como el decreto que declaró el estado de excepción
desapareció del ordenamiento, los decretos que lo desarrollaron –como el Decreto
141 de 2011– carecían de causa jurídica y eran inconstitucionales. Además, a este
proceso no se allegaron medios de prueba que acrediten las omisiones que la
demandante endilgó a cada una de las entidades demandadas.

25. De cualquier manera, la magnitud de las precipitaciones y la intensidad del
fenómeno de La Niña superaron todo pronóstico, pues se superaron los niveles
históricos de pluviosidad en dicho canal. Lo anterior, no solo acredita que se trató

49 Cfr. Sentencia C-276 del 12 de abril de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
50 Cfr. Sentencia C-216 del 29 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
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de un evento irresistible sino también externo a las entidades demandadas, pues no
se demostró que éstas propiciaron las inundaciones por omisión, en la medida en que
la causa de ello fue el incremento histórico de las precipitaciones. Por ello, no es
dable atribuirle al Estado las consecuencias de una circunstancia imprevista que;
además, superó su capacidad de reacción, en especial porque, aunque constituye
un deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país,
no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de los administrados,
en tanto las obligaciones del Estado son relativas, pues situaciones temporales,
presupuestales o de orden legal, imponen limitaciones a las capacidades que en
cada caso concreto se establezcan, dado que «nadie está obligado a lo
imposible»51.

26. A juicio de la Sala, los daños padecidos por la parte actora no son imputables
a las entidades demandadas, pues se produjeron como consecuencia de una fuerza
mayor, esto es, el fenómeno de La Niña del 2010 y 2011, pues es claro que para la
época de los hechos un fenómeno natural sin precedentes ocasionó una
emergencia en el territorio colombiano haciéndose evidente una grave calamidad
nacional, la cual constituye el eximente de responsabilidad de fuerza mayor, pues
la causa eficiente de la ruptura del Canal del Dique y la inundación posterior de los
predios del demandante fue un evento de la naturaleza imprevisible, irresistible y
ajeno a las demandadas.

27. En conclusión, si bien se acreditó un daño, consistente en la inundación del
inmueble «Paraco» o «San Ignacio» de propiedad de Orlando Alfonso Cova Trocha
por la ruptura del Canal del Dique, este no es imputable a las entidades
demandadas, pues la causa eficiente fue una fuerza mayor originada en el
fenómeno de La Niña del año 2010. Por lo anterior, se encuentra acreditado el
eximente de responsabilidad de fuerza mayor por un hecho de la naturaleza y, por
ello, se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.

29. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso delproceso y por las agencias en
derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para
el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

30. El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas

51 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre 11

de 1997, Exp. n°. 11764, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
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cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 3 del mismo artículo establece que «en la providencia del
superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda». Asimismo, de conformidad con lo previsto
en el numeral 4 del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.

31. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior
de la Judicatura52, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, la Sala
fijará las agencias en derecho, en la segunda instancia, que estarán a cargo de los
demandantes en la suma equivalente al 1% de las pretensiones negadas53,es decir,
la suma de ocho millones quinientos treinta y cinco mil doscientos ochenta pesos
($8.535.280), la cual se reconocerá, en partes iguales, en favor de los demandados.

III. PARTE RESOLUTIVA

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando
Justicia en nombre dela República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante Orlando Alfonso
Cova Trocha, en favor de la Nación-Ministerio de Transporte, Ministerio del
Interior, el Instituto Nacional de Vías –INVIAS–, el Departamento del Atlántico,
la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –
Cormagdalena–, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA– y la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –Cardique– y fijar las
agencias en derecho de segunda instancia en la suma de ocho millones
quinientos treinta y cinco mil doscientos ochenta pesos ($8.535.280) a cargo de
la parte actora.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

52 “ACUERDO 1887 DE 2003 (…). Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

(…) III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO(…) 3.1.3. Segunda instancia.(...) Con cuantía: Hasta el cinco por
ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en lasentencia”.
53 La parte demandante estimó la cuantía en $853.527.975.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61.730)
Demandante: Orlando Alfonso Cova Trocha
Demandados: Ministerio del Transporte y otros
Medio de control: Reparación directa

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

21

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