Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-004-2014-01625-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-004-2014-01625-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-004-2014-01625-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de agosto de 2024
1
Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Actor: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Atlántico
Tesis: Son nulos por desconocer el principio de confianza legítima, los actos
administrativos expedidos por la CRA, por medio de los cuales cobra la tasa por
utilización de aguas en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de
junio de 2012, si otra autoridad ambiental liquidó dicho tributo para el mismo periodo
y frente al mismo destinatario.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico contra la sentencia del 11 de
diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de
la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (en adelante Triple A) interpuso demanda en
contra de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (en adelante CRA)1.
1.1. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones principales:
1
Visible del folio 1 al 31 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2
Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
“I.- Pretensiones.
1. QUE ES NULO el oficio radicado No. 001806 del 23 de abril de 2014,
expedido por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A, por medio
del cual esa corporación procedió a dar respuesta al reclamo presentado por
TRIPLE A, contra la factura TUA 449, a través de la cual se cobra la suma de
DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/l ($223.948.800), por concepto de
tasa por uso de agua del Distrito de Barranquilla del periodo comprendido
entre 1 julio de 2011 al 30 de junio de 2012.
2. QUE ES NULO el oficio No. 002803 del 4 de junio de 2014, por medio del
cual la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A, resuelve el recurso
de reposición presentado por TRIPLE A en contra del oficio radicado No.
001806 del 23 de abril de 2014.
3. Que como consecuencia se declare QUE ES NULA la factura TUA 449, a
través de la cual se cobra la suma de DOSCIENTOS VEINTITRES
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
PESOS m/l ($223.948.800), por concepto de tasa por uso de agua del
Distrito de Barranquilla del periodo comprendido entre1 julio de 2011 al 30
de junio de 2012.
4. Que como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las pretensiones
anteriores, se restablezca el derecho de la sociedad TRIPLE A S. A. E.S.P.,
declarando que ella no tiene obligación alguna a su cargo y en beneficio de la
CRA, por concepto del pago de la suma de SETENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECTENTOS SEIS MIL PESOS
CON VEINTIDOS CENTAVOS ($71.579.906.22) por concepto del cobro de la
tasa por uso de agua del periodo comprendido entre 1 julio de 2011 a diciembre
de 2011; correspondiente a la concesión de agua para el Distrito de
Barranquilla, por cuanto se considera que los actos administrativos por medio
de los Cuales se cobró este concepto, se resolvió el reclamo y se dio respuesta
al recurso de reposición son nulos.
5. Que como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las pretensiones
anteriores, y si la reliquidación es revocada o si su valor es disminuido, y a pesar
de eso TRIPLE A, voluntariamente o en virtud de procesos de cobro coactivo o
por otra causa, hubiere realizado o realizare pagos totales o parciales de la
reliquidación impuesta mediante los actos demandados, y/o hubiere sufrido o
sufriere embargo de bienes o de recursos por esta misma causa, y/o hubiere
pagado o llegare a pagar los intereses u otros conceptos adicionales por dicha
sanción, solicito que se restablezca el derecho de la sociedad TRIPLE A S. A.
E.S.P. mediante sentencia en la cual se condene a la C.R.A y/o a quien haya
recibido los pagos o recursos en nombre de ésta, a devolver y/o desembargar
dichos recursos o bienes, junto con intereses de mora o, en su defecto, con
intereses corrientes o, en su defecto, con indexación.”2.
1.2. Los actos cuestionados
“Barranquilla, 23 ABR. 2014 No. 001806
2
Visible a folio 2 del Cuaderno del Tribunal.
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Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Señor:
RAMÓN NAVARRO PEREIRA
Gerente General TRIPLE A
Carrera 58 No. 67 - 09
Barranquilla Atlántico
Asunto: Respuesta oficio No 11436 del 20 de diciembre de 2012
Cordial Saludo,
En respuesta al oficio presentado ante esta entidad, con radicado No 11436 del
20 de diciembre de 2012, en el que manifiestan su inconformidad frente al cobro
efectuado por esta Corporación, de la Tasa Por uso para el segundo semestre
de 2011, de los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia, cabe señalar lo
siguiente:
En primera medida, y como bien se ha señalado en anteriores oportunidades,
la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, Plan Nacional de Desarrollo – PND - en
sus artículos 214, 215, 216 y 222, facultó a las Corporaciones Autónomas
Regionales y los Centros Urbanos, para dar manejo integral al recurso hídrico,
e instituyó en cabeza de esta Corporación el ordenamiento del río principal de
la subzona hidrográfica, en este caso el Río Magdalena; así como autorizó a las
Corporaciones para fijar y recaudar las tasas y contribuciones por concepto del
Uso y Aprovechamiento del recurso hídrico.
Ahora bien, el Artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, en relación con la entrada
en vigencia de las normas contempladas en la misma, señalo: "Vigencias y
derogatorias. La presente rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
Bajo esta óptica, es preciso señalar que como quiera que la Ley 1450 de 2011,
fue publicada en el diario oficial 48102 de junio 16 de 2011, a partir de esta
fecha esta Corporación era competente para cobrar las tasas generadas por el
Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico, por lo que se encuentra totalmente
ajustado a derecho el cobro efectuado mediante factura a los municipios de
Barranquilla y Puerto Colombia, correspondiente al segundo semestre del año
2011.
Por otro lado, cabe destacar, que no resulta viable el argumento impetrado por
el representante legal de la empresa, en el que señala que "En este sentido, se
solicita que a partir de la presente vigencia los procedimientos referidos a la
Gestión Integral del Recurso Hídrico se tramitan con esta autoridad ambiental,
por ser de nuestra competencia de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010
• 2014. Por las razones expuestas anteriormente.
Así las cosas, es evidente que la empresa Triple A E.S.P deberá cancelar la
factura correspondiente al segundo semestre de 2011, referente al cobro de la
Tasa por Uso expedida por esta Corporación de los municipios de Barranquilla
y Puerto Colombia.
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración en el asunto.
Atentamente
JULIETTE SLEMAN CHAMS
Gerente Gestión Ambiental (C)”3.
3
Folios 71 y 72 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
“Barranquilla, 04 JUN. 2014 No. 002803
Señor:
RAMÓN NAVARRO PEREIRA
Gerente General TRIPLE A
Carrera 58 No. 67 - 09
Barranquilla - Atlántico
Asunto: Respuesta recurso de reposición en contra del oficio No. 1806 del 23
de abril de 2014, radicado con oficio No. 4155 del 9 de mayo de 2014.
Cordial Saludo,
En respuesta al oficio presentado ante esta entidad, con radicado N°4155 del 9
de mayo de 2014, en el que manifiestan su inconformidad frente al cobro
efectuado por esta Corporación, de la Tasa Por uso para el segundo semestre
de 2011, de los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia, cabe señalar lo
siguiente:
En primera medida, y como bien se ha señalado en anteriores oportunidades,
la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, Plan Nacional de Desarrollo - PND -, en
sus artículos 214, 215, 216 y 222, facultó a las Corporaciones Autónomas
Regionales y los Centros Urbanos, para dar manejo integral al recurso hídrico,
e instituyó en cabeza de esta Corporación el ordenamiento del río principal de
la subzona hidrográfica, en este caso el Rio Magdalena, así como autorizó a las
Corporaciones para fijar y recaudar las tasas y contribuciones por Concepto del
Uso y Aprovechamiento del recurso hídrico.
Ahora bien, el Artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, en relación con la entrada
en vigencia de las normas contempladas en la misma, señalo: "Vigencias y
derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
Bajo esta óptica, es preciso señalar que como quiera que la Ley 1450 de 2011,
fue publicada en el diario oficial 48102 de junio 16 de 2011, a partir de esta
fecha esta Corporación era competente para cobrar las tasas generadas por el
Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico, por lo que se encuentra totalmente
ajustado a derecho el cobro efectuado mediante factura a los municipios de
Barranquilla y Puerto Colombia, correspondiente al segundo semestre del año
2011.
Por otro lado, cabe destacar, que no resulta viable el argumento impetrado por
el representante legal de la empresa, en el que señala que "En este sentido, se
solicita que a partir de la presente vigencia los procedimientos referidos a la
Gestión Integral del Recurso Hídrico se tramitan con esta autoridad ambiental,
por ser de nuestra competencia de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010
• 2014. Por las razones expuestas anteriormente.
Así las cosas, es evidente que la empresa Triple A E.S.P deberá cancelar la
factura correspondiente al Segundo semestre de 2011, referente al cobro de la
Tasa por Uso expedida por esta Corporación de los municipios de Barranquilla
y Puerto Colombia.
En cuanto a la base gravable (cantidad de agua captada), correspondiente al
segundo semestre de 2011 (julio - diciembre) y primer semestre de 2012 (enero
• Junio); se procedió a reliquidar la factura con base en los valores reportados
en los oficios No. 10654 del 30 de noviembre de 2012, para el caso de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Barranquilla, No. 10518 del 28 de noviembre de 2012, para el caso de Puerto
Colombia, valores confirmados en el oficio No. 1507 del 27 de febrero de 2013,
por lo cual es viable la modificación de las facturas.
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración en el asunto.
Atentamente
JULIETTE SLEMAN CHAMS
Gerente Gestión Ambiental (C)”4
1.4. Normas violadas y concepto de violación
Como normas infringidas, la parte demandante alegó las contenidas en el artículo
29 de la Constitución Política y el artículo 97 del CPACA. Aseguró que la CRA
vulneró de manera flagrante el debido proceso a Triple A al expedir y notificar los
actos administrativos proferidos para el trámite de cobro de la tasa por uso del
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012. Con base
en dicha afirmación formuló y sustentó los siguientes cargos:
1.4.1. “VIOLACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA DEL ADMINISTRADO Y DE LA BUENA FE,
LO QUE CONSTITUYE UNA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA EMPRESA TRIPLE A.
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA
FÉ Y CONFIANZA LEGÍTIMA. AL DESCONOCER EL PERIODO DE COBRO DE LA TASA POR
USO DEL DAMAB, AL VARIAR LAS CONDICIONES DE COBRO DEL TRIBUTO Y LA CAUSACIÓN
ANUAL DE ESTE TRIBUTO EN EL CASO DE BARRANQUILLA ”5. Señaló que no pretende
debatir la vigencia de los artículos 214 y 215 de la Ley 1450 de 2011, sino la voluntad
de la CRA respecto al cobro de la tasa por uso del periodo comprendido entre junio
y diciembre de 2011.
Bajo la anterior premisa, consideró importante traer a colación apartes de
comunicaciones surtidas dentro de la actuación administrativa que dio lugar a los
actos administrativos demandados. Indicó que, mediante oficio No 011436 de 20 de
diciembre de 2012, Triple A manifestó lo siguiente:
“(...)Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que la base gravable de la tasa
por uso de agua no el agua otorgada para la concesión, sino el agua que
efectivamente fue captada, por lo que le corresponde al usuario “auto declarar”
o media el agua utilizada o aprovechada.
4
Folios 81 y 82 del Cuaderno del Tribunal.
5
Folio 8 ibídem.
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6
Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
En este orden de ideas, informamos que la empresa presentó las siguientes
autodeclaraciones: (…)
Así las cosas, solicitamos que la Corporación tenga en cuenta para el cobro de
la tasa por uso de agua, las autodeclaraciones anteriormente mencionadas, ya
que éstas claramente demuestran cuanto fue lo efectivamente captado por la
empresa, en virtud de las concesiones de aguas otorgadas para la captación
del recurso hídrico.
Ahora bien, encuentro que la Corporación, está cobrando tasa por uso de la
captación realizada mediante la bocatoma del Río Magdalena en el sector del
Distrito de Barranquilla, en el periodo del 1 de julio de 2011 hasta el 31 de
diciembre de 2012. Frente a esto, no es procedente el cobro del periodo
mencionado, como quiera que esta ya fue cancelada al DAMAB, de acuerdo al
cobro que esta entidad ambiental hiciera a través de recibo oficial TUA oficial
TUA 0000603 de fecha 8 de octubre de 2012, recibo oficial TUA 00000602 de
fecha 8 de octubre de 2012.
Esto valga aclarar, se canceló no solo teniendo en cuenta el cobro efectuado
por el DAMAB, sino también por la instrucción dada por su corporación, con
radicado interno de la CRA No 000494 del 2 de febrero de 2012, el cual señala:
“En este sentido, se solicita que a partir de la presente vigencia los
procedimientos referidos a la Gestión Integral del Recurso Hídrico se tramitan
con esta autoridad ambiental, por ser de nuestra competencia de acuerdo con
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”.
Bajo esta instrucción, consideramos que el cobro de la tasa por uso de agua
perteneciente respectivamente al Distrito de Barranquilla y al Municipio de
Puerto Colombia, no obedecen o resultan acordes con la instrucción dada por
su Corporación a través de oficio enviado el mes de febrero del presente año,
por lo que le solicito revocar las tasas por uso cobradas a estos municipios en
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2011”
De igual forma, transcribió apartes de los actos administrativos demandados con
base en los cuales concluyó que la CRA modificó el valor cobrado por concepto de
tasa por uso, al considerar las autodeclaraciones presentadas por Triple A, pero no
tuvo en cuenta los argumentos que indicaban que solo podía cobrar lo causado a
partir del 1 de enero de 2012, como quiera que dicha obligación hasta el 31 de
diciembre de 2011, había sido pagada al Departamento Técnico y Administrativo
del Medio Ambiente de Barranquilla (en adelante DAMAB), según las indicaciones
dadas por las autoridades en mención.
Aseguró que la CRA a través de oficio No 000494 de 2 de febrero de 2012, expresó
de forma clara que solo a partir de la vigencia 2012, se deberían adelantar ante ella
los procedimientos atinentes a la Gestión Integral del Recurso Hídrico, lo que incluye
liquidación, cobro y pago de las tasas de uso. Indicó que, en concordancia con lo
anterior, el DAMAB se pronunció mediante misiva No. 0001433 del 6 de marzo de
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2012, en la que informó que realizaría liquidación y cobro del tributo en mención
hasta la finalización del año 2011. Afirmó que dichas comunicaciones constituyen
actos administrativos que definieron situaciones jurídicas particulares y concretas y
que, por tanto, no pueden ser desconocidas, máxime cuando Triple A actuó
conforme a lo allí indicado.
Adujo que, pese a lo anterior, la CRA procedió a confirmar el cobro hecho de la tasa
por uso correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2011, por valor de setenta
y un millones quinientos setenta y nueve mil novecientos seis pesos con veintidós
centavos ($ 71´579.906.22).
Con base en todo lo expuesto, aseveró que el accionar de la CRA es antijurídico en
cuanto viola el procedimiento establecido para la revocatoria de los actos
administrativos de carácter particular contenido en el artículo 97 de la Ley 1437 de
2011. Para refrendar lo dicho mencionó pronunciamientos de la Corte Constitucional
que desarrollan el principio de la confianza legítima. Adicional a esto, agregó que la
CRA también vulneró el principio de buena fe que rige a los servidores públicos en
el ejercicio de sus funciones. En concordancia con lo dicho citó apartes de las
sentencias T – 538 de 1994, T – 956 de 2011 y T – 437 de 2012.
Concluyó que los actos administrativos expedidos por la C.R.A no guardan relación
ni coherencia con las decisiones previas adoptadas por esa misma autoridad
ambiental y por el DAMAB; por tanto, afirmó que la situación consolidada de TRIPLE
A, respecto del pago de la tasa por uso de agua de la vigencia 2011, se modificó de
forma abrupta e inconsulta, lo que claramente vulnera su derecho al debido proceso.
Luego se refirió a la naturaleza jurídica de la mencionada tasa y aseguró que es un
tributo cuya causación está regulada por el artículo 14 del Decreto 155 de 2004, el
cual dispone que las autoridades ambientales son las que deciden su periodicidad
de liquidación y cobro. En este sentido aseguró que el DAMAB, al inició del año
2011, determinó que se haría por anualidad vencida, lo cual fue comunicado a la
CRA y a todos los usuarios del Río Magdalena; en consecuencia, cualquier otra
disposición solo podría tener efectos a partir del año 2012, de conformidad con lo
previsto en el inciso final del artículo 338 de la Constitución Política.
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8
Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
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1.4.2. “VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA POR NO
APLICACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL PLAZO PARA EMITIR FACTURAS POR EL LAPSO JULIO
– DICIEMBRE DE 2011”6. Indicó que el parágrafo del artículo 14 del Decreto 155 de
2005 dispone que las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses
después de finalizar el período objeto de cobro y que la autoridad ambiental
competente no podrá cobrar períodos no facturados, razón por la cual, las facturas
expedidas por la CRA el 21 de noviembre de 2012, van en contra del ordenamiento
jurídico, la confianza legítima y el debido proceso.
1.4.3. “VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR NO EVALUAR TODOS LOS ARGUMENTOS
PRESENTADOS POR LA EMPRESA TRIPLE A EN EL OFICIO DE RECLAMACIÓN DEL COBRO
DE LA TASA POR USO”7. Aseveró que la CRA, en los dos (2) oficios expedidos para
dar respuesta a la reclamación de la empresa TRIPLE A y para resolver el recurso
de reposición presentado por la misma empresa, alude a la vigencia de la Ley 1450
de 2011 y no evalúa el argumento principal consistente en que la Corporación y el
DAMAB habían dado la instrucción de reportar a la primera el año 2012 y a la
segunda el 2011.
Bajo esta perspectiva, reiteró la vulneración del derecho al debido proceso e indicó
que existía una abierta y manifiesta vía de hecho, puesto que la Corporación se
refirió o pronunció sobre hechos o argumentos que no resultaban en debate ni en
discusión y obvió los reales argumentos presentados por la empresa TRIPLE A. Con
fines ilustrativos mencionó la Sentencia T – 579 de 2006.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La CRA8 allegó escrito de contestación, a través de abogada que no contaba
con el debido apoderamiento, de manera extemporánea. Razón por la cual se
tendrá por no presentada.
III. LA SENTENCIA APELADA
6
Folio 24 del Cuaderno del Tribunal.
7
Folios 25 a 28 ibídem.
8
Folios 102 a 143 ibídem.
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Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Mediante sentencia del once (11) de diciembre de 20159 el Tribunal
Administrativo del Atlántico resolvió lo siguiente:
“FALLA
PRIMERO: DECLARASE la nulidad de los Oficios No. 001806 de 23 de abril
de 2014 y el No. 002803 de 4 de junio de 2014, proferidos por la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., no tiene
obligación alguna a favor de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
por concepto del uso de la tasa por uso de agua del Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, por el periodo de julio a diciembre del año 2011 y
de enero a junio de 2012. En caso de haberse efectuado pago por parte de la
demandante, ordénese la devolución de los dineros correspondientes.
TERCERO: Negar las demás súplicas de la demanda.
(…)”
La anterior decisión se apoyó en las siguientes consideraciones:
3.1. En primer término, describió de manera detallada los cargos planteados en
la demanda y luego estimó pertinente recordar el marco legal de las tasas por
utilización de aguas. Para el efecto transcribió las disposiciones contenidas en el
artículo 338 de la Constitución Política y los artículos 5 y 39 de la Ley 99 de 1993 y
mencionó los artículos 9 y 11 del Decreto Ley 632 de 1994 y algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado.
Indicó que la Ley 1450 de 2011 facultó a las Corporaciones Autónomas Regionales
para dar manejo integral al recurso hídrico y las autorizó para fijar y recaudar las
tasas y contribuciones por concepto de su uso y aprovechamiento y que, en
consecuencia, la CRA remitió el oficio No 7426 de 22 de septiembre de 2011 al
DAMAB manifestándole la necesidad de realizar un proceso de empalme, a lo que
éste respondió mediante oficio de 6 de diciembre de 2011, asegurando que, en
virtud del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, era competencia de la CRA la
liquidación, facturación, recaudo de la tasa por uso y la tasa retributiva por
vertimientos o concesiones de agua directamente sobre el Río Magdalena.
9
Folios 187 a 206 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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10
Radicado: 08001 23 33 004 2014 01625 01
Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Describió que, conforme a lo anterior, la CRA dirigió a Triple A el oficio No 00494 de
2 de febrero de 2012, en el que precisó que a partir de dicha vigencia los
procedimientos referidos a la gestión integral del recurso hídrico se tramitarían con
esa autoridad ambiental. Con todo esto concluyó que estaban claras las
competencias de la Corporación para el recaudo de la tasa retributiva y la tasa por
uso de agua y que la discusión se centraba en si ésta debía cobrar el periodo de 1
de junio al 31 de diciembre de 2011.
Para desatar la controversia, transcribió los artículos 214 y 215 de la Ley 1450 de
2011, algunos apartes del oficio No 0001433 del 6 de marzo de 2012, expedido por
el DAMAB y dirigido a la CRA, y el artículo 14 del Decreto 155 de 2004. Con base
en esto, la Sala advirtió que el cobro se venía haciendo por el DAMAB sobre la
anualidad vencida y que la CRA, al empezar a ejercer su facultad legal, no podía
modificar el método para hacerlo exigible, pues, reiteró, ya se había estipulado la
facturación por el año calendario vencido.
Determinó que hacerlo afectaba la confianza que el demandante había depositado
en su acreedor, pues era el DAMAB quien debía culminar el cobro del 2011.
Estimó que, pese a la autorización legal que le permitía a la CRA ejercer el recaudo
y cobro de la tasa por agua, el hecho que la autoridad ambiental distrital estuviera
adelantando los trámites del cobro de la misma, limitaba el ejercicio de las
facultades otorgadas en punto a que, si se estableció el cobro por anualidad
vencida, no podía el demandante resultar afectado por lo que se convertiría en un
doble cobro de la mencionada contribución, configurándose entonces una
vulneración del derecho al debido proceso de Triple A. En consecuencia, accedió a
las pretensiones de la demanda.
Agregó que no era viable declarar la nulidad de la factura TUA 449, pues no es un
acto administrativo del cual se pueda estudiar su legalidad en vía jurisdiccional.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La CRA, a través de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia, solicitando se nieguen totalmente las
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pretensiones de la demanda10. Expresó los argumentos que a continuación se
sintetizan así:
4.1. “Consideraciones sobre la normativa jurídica que estableció la competencia
de Corporaciones Regionales Autónomas en la gestión del recurso hídrico”11. Indicó
que los artículos 214, 215, 216 y 222 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011
facultaron a las Corporaciones Autónomas Regionales para fijar y recaudar las tasas
y contribuciones por concepto del uso y aprovechamiento del recurso hídrico.
Aseguró que el artículo 271 del mismo cuerpo normativo determinó que dichas
disposiciones tendrían vigencia a partir de la fecha de su publicación y que, en
consecuencia, al haber sido publicadas en el diario oficial 48101 del 16 junio de
2011, la CRA era competente para cobrar las tasas.
4.2. “Se afectó el principio de confianza legítima, por parte de la Corporación
Autónoma del Atlántico, al materializar las facultades que la ley le ha otorgado?”12.
Afirmó que la CRA, en aras de dar cumplimiento a las normas que le reasignaron
competencias, envió el oficio No. 7426 del 22 de septiembre de 2011 al DAMAB
informándole sobre la necesidad de iniciar un proceso de empalme y que,
posteriormente, fueron cruzadas varias comunicaciones entre dichas entidades.
Aseveró que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante oficio No.
8210-E2-143998 del 6 de diciembre de 2011, aclaró la competencia de las
autoridades ambientales sobre el Rio Magdalena estableciéndola en cabeza de la
CRA, comunicación de la que tuvo conocimiento el DAMAB.
Por otro lado, advirtió que la CRA, a través de oficio No. 473 del 1 de febrero de
2012, le solicitó de manera respetuosa al DAMAB se abstuviera de continuar con
los trámites, cobros y demás actividades que tuvieran relación con sus
competencias y que, mediante radicados números 915 del 15 de febrero del 2012 y
001227 del 12 de marzo del 2012, solicitó la transferencia de los expedientes que
aún estuvieran en su poder.
10
Folios 210 a 218 del Cuaderno del Tribunal.
11
Folio 211 ibídem.
12
Folio 2012 ibídem.
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De igual forma, indicó que la CRA informó a Triple A, a través de oficio No. 00494
del 2 de febrero de 2012, el cambio de competencias, y le solicitó que a partir de la
presente vigencia se tramitaran ante esa autoridad ambiental los procedimientos
referidos a la gestión integral del recurso hídrico. Aclaró que la vigencia a la cual se
refería debía entenderse como el periodo en el cual entró en vigor la Ley 1450 del
2011 y no como la fecha en que fue enviada la comunicación.
Sostuvo que el DAMAB, mediante la comunicación No. 0006846 del 2 de agosto del
2012, desconoció la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 al señalar lo
siguiente: “no puede la Ley 1450 del 2011 privar a la entidad pública DAMAB de su
derecho patrimonial constituido con antelación a su entrada en vigor y a la vez,
desconocer de un plumazo su capacidad patrimonial previa y legítimamente
consagrada – conducente, por lo demás a limitar o imposibilitar su deber de honrar
compromisos contractuales, legales y legítimamente contraídos, avocándola a
situarse en una posición de incumplimiento contractual”13.
Señaló que el oficio anteriormente descrito fue contestado por la CRA mediante
memorando No. 003284 del 12 de junio de 2012, en el que le expresó que, desde
el 16 de junio del 2011, era competente para el otorgamiento de concesiones,
permisos de vertimientos líquidos, seguimiento ambiental de los señalados
instrumentos de control y el cobro de las tasas retributivas y compensatorias, ya que
la ley era clara y prevalecía sobe cualquier reglamentación contraria. Aseguró que,
no obstante la anterior advertencia, el DAMAB siguió indicando que tenía
competencia para el cobro de las tasas retributivas y tasa por uso de agua de la
anualidad 2011 con fundamento en el artículo 338 de la Constitución Política.
Con fundamento en todo lo anterior, concluyó que el DAMAB yerra al interpretar
dicho artículo superior, como quiera que confunde el término periodo con el de
vigencia fiscal; y que, por tanto, la Corporación se encuentra facultada para cobrar
la tasa retributiva y la tasa por uso de agua de forma mensual, tal como lo indica el
artículo 14 del Decreto 155 de 2004 y el Decreto 3100 de 2003, en concordancia
con la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
13
Folio 214 del Cuaderno del Tribunal.
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En el término del traslado para alegar de conclusión, las partes guardaron silencio.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en el proceso de
la referencia.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
8.2. Hechos.
8.2.1. Triple A, el día 16 de mayo de 2012, presentó al DAMAB autodeclaración de
la tasa por uso correspondiente al año 2011; en consecuencia, dicha entidad expidió
las facturas número 000000603 y 000000602, las cuales fueron pagadas en su
totalidad.
8.2.2. Mediante la factura TUA 449 de 21 de noviembre de 2012, la C.R.A cobró a
Triple A la suma de Doscientos Veintitrés Millones Novecientos Cuarenta y Ocho
Mil Ochocientos pesos ($223.948.800), por concepto de tasa por uso de agua del
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Distrito de Barranquilla del periodo comprendido entre el 1 julio de 2011 y el 30 de
junio de 2012.
8.2.3. Triple A hizo reclamación, devolución y rechazo de dicha factura, a lo que la
CRA dio repuesta mediante el oficio No 001806 del 23 de abril de 2014,
manteniendo el cobro realizado por tasa de uso del periodo comprendido entre el 1
de julio y el 31 de diciembre de 2011.
8.2.4. Triple A interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la CRA
mediante comunicación número 002803 del 4 de junio de 2014, confirmando el
cobro.
8.2.5. Inconforme con la decisión la empresa interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho el día 15 de diciembre de 2014. Del proceso conoció
el Tribunal Administrativo del Atlántico que, mediante sentencia del 11 de diciembre
de 2015, declaró la nulidad de los oficios número 001806 de 23 de abril de 2014 y
002803 de 4 de junio de 2014.
8.2.6. En contra de esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación.
8.3. Planteamiento
A efectos de resolver el recurso de alzada, la Sala advierte que el Tribunal y el
recurrente presentan acuerdo en que la Ley 1450 de 2011 facultó a las
Corporaciones Autónomas Regionales para dar manejo integral al recurso hídrico y
las autorizó para fijar y recaudar las tasas y contribuciones por concepto de su uso
y aprovechamiento. No obstante, difieren respecto de si el acto demandado
desconoce el principio de confianza legítima y por tanto vulnera el derecho al debido
proceso de Triple A, pues, mientras el a quo considera que la CRA, al empezar a
ejercer su facultad legal, no podía modificar el método para el cobro que el DAMAB
venía haciendo sobre anualidad vencida, la CRA asegura que se encontraba
facultada para cobrar la tasa por uso de agua de forma mensual, tal como lo indica
el artículo 14 del Decreto 155 de 2004 y el Decreto 3100 de 2003, a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011.
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8.4. Del cobro de la tasa por utilización de aguas
Corresponde a la Sala determinar si son nulos, por desconocer el principio de
confianza legítima, los actos administrativos expedidos por la CRA, por medio de
los cuales cobra la tasa por utilización de aguas en el periodo comprendido entre el
1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, si otra autoridad ambiental liquidó dicho
tributo para el mismo periodo y frente al mismo destinatario.
Como el sustento del a quo se sirve del anotado principio, para desatar tal cuestión,
es menester analizar los siguientes documentos que resultan relevantes:
Obra en el plenario el Oficio 7426 dirigido por la CRA al DAMAB, el 22 de septiembre
de 2011, en el cual solicita dar comienzo al proceso de empalme14.
Consta también el Oficio 009118 del 30 de noviembre de la misma anualidad, en el
cual la CRA le solicita al DAMAB información sobre el último año de cobro de la tasa
retributiva y tasa por uso de los usuarios que se encuentran ubicados en la cuenca
del Río Magdalena15.
Se halla el Oficio suscrito por la Directora (E ) de Gestión Integral del Recurso
Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fechada el 6 de
diciembre de 2011, mediante la cual responde una consulta al DAMAB radicada el
16 de noviembre de 2011, en el sentido de indicar la delimitación de competencias
de este ente y la CRA, sobre la liquidación, facturación y recaudo de las tasas
retributivas y por uso del recurso hídrico, que en lo pertinente señaló que la CRA
era la competente para vertimientos o concesiones directos sobre el Río
Magdalena16.
A folio 137 del Cuaderno del Tribunal se encuentra el Oficio 000473 del 1 de febrero
de 2012, a través del cual la CRA solicita al DAMAB se abstenga realizar actividades
relacionadas con la Gestión Integral del Recurso Hídrico con usuarios de su
competencia.
14
Folio 134 del Cuaderno del Tribunal.
15
Folio 136 ibídem.
16
Folios 141 y 142 ibídem.
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Así mismo, se encuentra el Oficio 000494 del 2 de febrero de 2012, en el cual la
CRA le solicitó al representante legal Triple A que, “a partir de la presente vigencia
los procedimientos referidos a la Gestión Integral del Recurso Hídrico”17, se tramiten
con esa autoridad ambiental por la competencia derivada de la Ley 140 de 2011.
Más adelante, en Oficio 001227 del 2 de marzo de 201218, la CRA reiteró al DAMAB
la importancia de dar cumplimiento a la citada normativa y le pidió nuevamente que
le remitiera los expedientes de los usuarios que cuentan con permisos de
vertimientos y concesiones de aguas superficiales sobre el Río Magdalena.
Días después, el 6 de marzo de la misma anualidad, el DAMAB remitió en Oficio
0001433 a la CRA (recibido con radicado 001951 del mismo mes y año),
manifestación en la que indica que se encuentran en liquidación y cobro las tasas
para la vigencia 2011 y, por ende, no han finalizado, como quiera que, para el
periodo que determinó, es anualizado vencido, y el Departamento Administrativo
adelantó las respectivas actividades de seguimiento y control en esa vigencia.
El 12 de junio de 2012, la CRA respondió a la anterior manifestación expresando
que la Ley 1450 de 2011 tiene vigencia inmediata y que, por ende, a partir del 16 de
junio de 2011, fecha de su publicación, es esta la competente para la liquidación y
cobros de las tasas retributivas y compensatorias. Destacó la necesidad de
abstenerse de efectuar cobros correspondientes al segundo semestre de 2011, so
pena de violar de manera flagrante la citada normativa19.
El DAMAB expidió los recibos oficiales TUA 000000602 y 000000603 el 10 de
octubre de 2012 a Triple A, liquidando la tasa por uso de agua de enero a diciembre
de 2011:
17
Folio 143 ibídem.
18
Folio 139 ibídem.
19
Folio 117 ibídem.
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En ese contexto, lo que queda en evidencia es que existía un debate entre la CRA
y el DAMAB acerca de cuál de esas autoridades se encontraba habilitada
legalmente para adelantar el cobro de la tasa por utilización de aguas respecto de
vertimientos y concesiones sobre el Río Magdalena para el segundo semestre de
2011.
Ahora, también es palmario que, ante el oficio 000494 de febrero de 2012, dirigido
a Triple A y suscrito por la CRA, donde indicó literalmente que para “la presente
vigencia” debía tramitar ante esta entidad todo lo relacionado con la Gestión del
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Recurso Hídrico, y los recibos oficiales TUA 000000602 y 000000603 del 10 de
octubre de 2012, mediante los cuales el DAMAB le liquidó la tasa por uso de agua
para el periodo de enero a diciembre de 2011, era razonable que la demandante
entendiera, en primer lugar, que la atribución de la CRA para ese efecto comenzaba
en el año 2012, habida cuenta de la fecha de expedición de ese documento, y en
segundo lugar, que era procedente pagar el tributo al DAMAB para la vigencia de
2011, como en efecto lo hizo.
Bajo esa perspectiva, coincide la Sala con el Tribunal en el sentido de atender el
reclamo de la accionante bajo la égida de la vulneración del principio de confianza
legítima, reconociendo como premisa que se trata de una figura no prevista en
nuestro ordenamiento, o lo que es lo mismo, que no se ha positivizado y que ha
respondido al desarrollo jurisprudencial que sobre el principio de buena fe ha venido
ocupando la atención de la jurisdicción constitucional y contenciosa administrativa
en nuestro país y se define de la forma que se consigna a continuación20:
“En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder
evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar.
Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas
expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un
determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica
en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de
autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de
preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los
particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo
interés público imperioso contrario”
El Consejo de Estado ha concebido la figura en las siguientes palabras:
“De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina nacional, para poder dar
aplicación al principio de confianza legítima, es preciso que a partir de las
acciones, omisiones o declaraciones de las propias autoridades, se hayan
generado unas expectativas ciertas lo suficientemente razonables y fundadas,
capaces de inducir al administrado a tomar algunas decisiones, a asumir ciertas
posturas o a realizar determinados comportamientos, amparado en la situación
de confianza propiciada por el Estado, y que posteriormente resulta defraudada
de manera sorpresiva e inesperada por parte de las autoridades, incurriendo en
un desconocimiento inadmisible de sus deberes de lealtad y coherencia.” 21
20
Corte Constitucional. Sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004. Expediente D- 4599. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
21
Sentencia del 16 de febrero de 2012, Rad. 25000-23-15-000-2011-00213-01(PI), Actor: Mauricio
Alberto Pérez Ruiz, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).
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Trasluce de lo dicho que la actuación de la CRA y del DAMAB indujeron a la
demandante a entender que al segundo debía pagarle la tasa por utilización de
aguas para el año 2011 y que a la CRA para la vigencia de 2012, razón por la que
Triple A actúo con la convicción de que el pago efectuado para el primer periodo en
cita consultaba el orden jurídico.
Así pues, a sabiendas de todo lo que se ha descrito y ante el concierto de
inquietudes entre las mencionadas autoridades ambientales, no era procedente que
la CRA impusiera una nueva carga tributaria a Triple A respecto de una obligación
que ya había acatado, pues era claro que estaba trasladando al particular un
conflicto de dos entes del Estado al tiempo que generaba con ella un doble cobro
de la tasa por uso de aguas.
En consecuencia, no resta más que confirmar la sentencia apelada.
8.5. Costas
Vistos los artículos 188 del CPACA22 y 365 del CGP23, en especial su numeral 8 y
a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala considera que no hay
lugar a imponer una condena en costas a la parte demandada, en la medida que si
22
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
23
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio
de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo
podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
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bien se confirmará la sentencia apelada en cuanto que accedió a las súplicas de la
demanda, no se acreditó probatoriamente su causación; salvo en lo atinente a las
agencias en derecho, toda vez que a este respecto se comprueba que la accionante
compareció a este proceso por conducto de apoderado debidamente constituido;
por lo tanto, se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del 5 de agosto de
201624, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá a su favor
por este concepto y a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica25: i) objetivo porque no resulta
de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino
que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto 26 y ii)
valorativo porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad que el abogado efectivamente realizada
dentro del proceso27.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de diciembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda,
por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
24
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
25
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente
William Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de
Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves
García, número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
26
Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
27
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero
Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.
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Demandante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
SEGUNDO: Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, pagar por
concepto de agencias en derecho en favor a la parte actora, la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
29 de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclaro voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaro voto Aclaro voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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