Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-33-31-004-2011-00558-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-33-31-004-2011-00558-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-33-31-004-2011-00558-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001 33 31 004 2011 00558 01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
TESIS: EL ACTOR NO SE ENCUENTRA LEGITIMADO EN LA CAUSA
POR ACTIVA PARA EJERCER LA PRESENTE ACCIÓN DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, TODA VEZ QUE LA
DESTINATARIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS ERA
LA EMPRESA DE TRANSPORTES LOLAYA LTDA. EN CONSECUENCIA,
SE CONFIRMA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 30 de septiembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de
Descongestión1, que declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, denegó las
pretensiones de la demanda.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 08001-33-31-004-2011-00558-01
Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
I. ANTECEDENTES
I.1.- El señor EFRAÍN TRIANA TRIANA, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85
del CCA, a través de apoderado judicial, presentó demanda contra el
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y
LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, PUERTO COLOMBIA,
MALAMBO Y GALAPA, en la que formuló las siguientes
pretensiones:
“[…] 1. Que se declare la NULIDAD de los actos administrativos
consistentes en estas resoluciones:
-Resolución 326,10 del 12 de julio del año 2010, mediante la cual se
reestructura la ruta Soledad 2000, calle 72, Zoológico.
-Resolución 327,10 del 12 de julio del año 2010, mediante la cual se
reestructura la ruta Valle Silencio.
-Resolución 328,10 del 12 de julio del año 2010, mediante la cual se
revoca el permiso de operación de la ruta Prado Porvenir.
-Resolución 329,10 del 12 de julio del año 2010, mediante la cual se
revoca el permiso de operación de la ruta Murillo, Soledad 2000,
Gran Abastos.
-Resolución 463,10 del 4 de octubre del año 2010, mediante la cual
se modifica la capacidad transportadora de la Empresa TRANSPORTE
LOLAYA LTDA.
2. Al declarar la nulidad de las resoluciones 326,10 del 12 de julio del 2010;
la 327,10 del 12 de julio de 2010; 328,10 del 12 de julio del 2010; la 329,10
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Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
del 12 de julio de 2010; y la 463,10 del 4 de octubre del 2010, ordene
restablecer el derecho devolviéndole la vigencia a las resoluciones que
fueron reestructuradas, revocadas y modificadas, señaladas a
continuación:-Resolución número 0177 de fecha 24 febrero del 2003,
emanada del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla,
que autorizó el servicio de la ruta Soledad 2000, calle 72, Zoológico.
-Resolución número 0252 de fecha 6 de mayo del 2002, emanada
del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla, que
autorizó el servicio de la ruta Soledad 2000, Gran Abastos, Carrera
44.
-Resolución número 0018 de fecha 2 de enero del año 2007,
emanada de METROTRÁNSITO, que autorizó el servicio de la ruta
Mercado, Valle Silencio.
-Resolución número 3107 de fecha 18 de diciembre de 2003,
emanada del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de
Barranquilla, que autorizó el servicio de la ruta Prado, Porvenir.
-Resolución número 002 del 9 de enero del año 2003, emanada de
la Secretaría de Tránsito de Soledad.
Para que vuelvan a ser vigentes tales resoluciones para la empresa
TRANSPORTES LOLAYA LIMITADA y para el demandante, señor
EFRAÍN TRIANA TRIANA a prestar el servicio de trasporte público,
como lo venían prestando antes de las resoluciones revocadas,
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reestructuradas y modificadas por el Área Metropolitana de
Barranquilla.
3. Al restablecer el derecho les solicito que ordenen al ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA el pago de:
Los perjuicios materiales causados; en moneda legal colombiana.
Daño emergente (Envilecimiento 252.000.000
Patrimonial)
Lucro cesante (Ingresos dejados 163.800.000
de percibir)
Perjuicios Morales (Equivalentes a 535.000.000
1000 SMLMV)
TOTAL 950.800.000
Todo aquello con los incrementos legales […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los
siguientes:
El demandante es propietario de los vehículos automotores
identificados con las placas UZC-042, UZC-473, UZC-990 y UYY-265,
los cuales se encontraban vinculados a la empresa TRANSPORTES
LOLAYA LTDA., mediante los contratos 046-2, 443-172, 245-280,
264-234, para la prestación del servicio de transporte público urbano
de pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla, la cual se
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encuentra conformada por el Distrito de Barranquilla y los Municipios
de Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa.
Por medio de los actos acusados, el Área Metropolitana revocó,
reestructuró y modificó los permisos de operación de rutas de los que
era titular la empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA., sin llevar a
cabo el proceso de notificación al señor Efraín Triana Triana, como
propietario de los vehículos, según lo ordenado por el artículo 44 del
CCA.
Se puso de presente que los anteriores actos se fundamentaron en
la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010, -“por medio de la cual
se establecen criterios generales para reorganización del transporte
público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana”-, que solo se publicó un año después de su
expedición, esto es, en el mes de marzo de 2011 y sin especificación
de un día exacto, por lo que, a su juicio, este acto base se torna
ineficaz de pleno derecho.
Por último, se señaló que las medidas tomadas por el Área
Metropolitana en los actos cuya nulidad se persigue causaron
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perjuicios económicos al demandante, toda vez que se produjo una
disminución de los ingresos diarios por vehículo, pérdida del valor
comercial de los automotores por la poca productividad y una
variación negativa en su currículo financiero y flujo de caja.
I.3.- Fundamentos de derecho
En apoyo de sus pretensiones, el actor señaló que los actos acusados
vulneraron el ordenamiento jurídico, debido a que al omitirse la
notificación de las resoluciones acusadas al demandante, se
violentaron sus derechos de defensa y contradicción, según lo
estipulado en los artículos 29 de la Constitución Política; y 28, 35,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del CCA, sobre todo porque en los
archivos del Área Metropolitana reposaba la información de todos los
propietarios de vehículos automotores que prestaban el servicio de
transporte público en esa jurisdicción.
En relación con la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010, indicó
que al tratarse de un acto administrativo de carácter general, según
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el artículo 81 de la Ley 136 de 19942, debió publicarse dentro de los
diez días siguientes a su expedición a través del Diario Oficial, en
concordancia con lo señalado en la Ley 4ª de 19133 y en el artículo
43 del CCA.
Además de lo precedente, adujo que el funcionario que expidió la
citada resolución, -Director del Área Metropolitana de Barranquilla-,
carecía de competencia para el efecto, debido a que al tratarse de un
acto administrativo general, impersonal y abstracto, la delegación
para su expedición estaba prohibida expresamente por la Ley 489 de
19984, además que este cargo no existía en la Ley 128 de 19945,
pues en dicha normatividad se prevé el cargo de “Gerente” y no el
de Director.
II- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1.- Municipio de Galapa6
2
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.
3
“Sobre régimen político y municipal”
4
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.
5
“Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas”.
6
Folios 404-414 C. 1.
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Por conducto de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la
demanda y presentó la excepción de inexistencia del hecho
generador o existencia no imputable a su representado, para lo cual
señaló, en síntesis, que si bien el Municipio de Galapa hacía parte
integrante del Área Metropolitana de Barranquilla, de conformidad
con lo preceptuado en la Ley 128 de 1994, esta clase de entidades
administrativas están dotadas de personalidad jurídica, autonomía
administrativa, patrimonio propio, autoridades y régimen especial,
razón por la cual el Municipio no tiene responsabilidad sobre los actos
ejecutados por dicha Área, en este caso, como máxima autoridad de
tránsito y transporte.
II.2.- Distrito de Barranquilla7
Al igual, a través de apoderado judicial, solicitó denegar las
pretensiones de la demanda y para el efecto indicó que el actor no
se encontraba legitimado en la causa por activa en el presente
proceso, dado que las resoluciones demandadas eran actos
administrativos de carácter particular que fueron expedidos en razón
7
Folios 415-437 C. 1.
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a la relación jurídica que existía, para ese momento, entre el Área
Metropolitana de Barranquilla y la empresa TRANSPORTES LOLAYA
LTDA., a la que se le habían otorgado permisos para la operación de
transporte público colectivo de pasajeros, razón por la cual era la
única legitimada para demandar.
Aclaró que el Área Metropolitana de Barranquilla estaba formalmente
instituida como una autoridad de transporte colectivo y masivo para
la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia,
Malambo y el Distrito de Barranquilla, mediante los Acuerdos
Metropolitanos 013-01 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003, así
como también por la Resolución 2592 de 15 de mayo de 2003
emanada del Ministerio de Transporte, por lo que le correspondía la
vigilancia y control del servicio público de transporte terrestre
automotor metropolitano.
Así, de acuerdo con las anteriores funciones, se expidió la Resolución
051 de 23 de febrero de 2010, por medio de la cual se establecieron
criterios generales para la reorganización del transporte público del
Área Metropolitana de Barranquilla y, como consecuencia, se
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adoptaron las medidas señaladas en las resoluciones acusadas para
darle paso al sistema integrado de transporte masivo TRANSMETRO.
En lo atinente a la competencia y existencia del cargo de Director
General del Área Metropolitana de Barranquilla para la expedición de
las resoluciones, aseguró que aunque en la Ley 128 de 1998 se usó
el término “Gerente”, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto
1569 de 1998, estableció el sistema de nomenclatura y clasificación
de los empleos de las entidades territoriales y denominó así dicho
cargo.
Por último, formuló las siguientes excepciones:
-Falta de legitimación en la causa por activa
Para el efecto recalcó los argumentos esbozados en la primera parte
de su escrito de contestación de la demanda.
-Falta de legitimación en la causa por pasiva
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Debido a que los actos administrativos demandados fueron
expedidos por el Área Metropolitana de Barranquilla y no por el
Distrito de Barranquilla.
-Inexistencia de violación de los términos de publicación
Por cuanto no existía una norma expresa que indicara el término de
publicación de los actos administrativos que expidiera el director
general del Área Metropolitana de Barranquilla.
-Inexistencia de violación por firma de funcionario
incompetente
Por un lado, porque los actos fueron firmados por el alcalde
Metropolitano en su condición de Presidente de la Junta
Metropolitana, según lo dispuesto en la Ley 128 de 1994; y, por otro,
toda vez que la resolución metropolitana, que correspondía a una
facultad del Director General, fue expedida por un funcionario que se
encontraba en encargo del empleo.
-Inexistencia de violación por delegación no permitida
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Por cuanto en ninguno de los actos acusados de nulidad se ejercieron
competencias por delegación.
-Inexistencia de violación por carencia de competencias
Debido a que los actos fueron expedidos por las autoridades que
ostentaban las competencias necesarias para su otorgamiento.
-Indebida formulación de pretensiones
Finalmente, sostuvo que, en la demanda se elevaron pretensiones de
nulidad contra la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 y de
nulidad y restablecimiento el derecho contra las demás resoluciones
acusadas, cuando, por su carácter de general y particulares, se
debieron adelantar procesos diferentes.
II.3.- Municipio de Soledad8
8
Folios 444-448 C. 1.
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Por medio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y adujo que las resoluciones acusadas de nulidad
además de que fueron correctamente notificadas, se ajustaron a las
normas y documentos vigentes para la época, entre otros, el COMPES
3539 de 2008 y las leyes 105 de 1993 y 128 de 1994, tendientes a
la implementación prioritaria del TRANSMETRO.
En la parte final de su escrito, propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues el Área Metropolitana de
Barranquilla contaba con personería jurídica, autonomía y patrimonio
propio.
I.4.4.- Área Metropolitana de Barranquilla9
Se opuso, con igualdad de argumentos que el Distrito de
Barranquilla, a las pretensiones de nulidad elevadas por el
demandante y propuso, con paridad de razones, las excepciones de
falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia de violación
a las normas de publicación de los actos administrativos, inexistencia
9
Folios 459-488 C. 1.
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de violación por firma de funcionario incompetente, inexistencia de
violación por delegación no permitida, inexistencia de violación por
carencia de competencias, indebida formulación de pretensiones y
agregó la de caducidad de la acción.
En cuanto a esta última, expuso que todas las resoluciones acusadas
de nulidad fueron debidamente notificadas al Representante Legal de
la empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA., el 5 de agosto de 2010
y quedaron ejecutoriadas el 23 de septiembre de ese mismo año, por
lo que el término de la caducidad vencía el 23 de enero de 2011, pero
la presente demanda se radicó de forma extemporánea, el 28 de
enero de 2011.
II.5.- Municipio de Malambo10
Por medio de apoderado, el ente territorial solicitó denegar las
pretensiones de la demanda y para el efecto advirtió que en ninguno
de los actos acusados se ve reflejada la actuación de su
Representante Legal, pues los mismos fueron expedidos por el Área
Metropolitana de Barranquilla; y que sí notificó en forma idónea al
Representante Legal de la sociedad TRANSPORTES LOLAYA LTDA.
10
Folios 489-504 C. 1.
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Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
Por último, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa del señor Efraín Triana Triana, por cuanto la destinataria
de las resoluciones era la citada sociedad.
III-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de
Descongestión, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2013,
denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
En un primer momento, advirtió que las resoluciones 326,10 de 12
de julio, 327,10 de 12 de julio, 328,10 de 12 de julio, 329, 10 de 12
de julio y 463,10 de 4 de octubre de 2010, tienen un contenido
particular y concreto porque resolvieron situaciones jurídicas que
concernían única y exclusivamente a la empresa TRANSPORTES
LOLAYA LTDA., pues se dirigieron a modificar la capacidad
transportadora de la misma, así como a reestructurar y revocar
algunas rutas que le habían sido asignadas.
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Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que la situación jurídica afectada
por los actos administrativos demandados hacía relación solamente
a las rutas y capacidad transportadora otorgada a la persona jurídica
privada TRANSPORTES LOLAYA LTDA., pues no se podía afirmar
que las mismas le fueron concedidas a cada vehículo o propietario en
particular, de lo que se debía afirmar que quien estaba legitimada en
la causa para demandar era la persona jurídica en mención y no los
propietarios de cada vehículo que hacían parte de la flota automotor
de la misma.
De tal manera, concluyó en que era posible desvirtuar los
argumentos expuestos por el demandante cuando sostuvo que la
decisión tomada por el Área Metropolitana de Barranquilla afectó sus
derechos como propietario de los vehículos, dado que la que tenía la
autorización de las rutas que fueron revocadas y reestructuradas era
la sociedad TRANSPORTES LOLAYA LTDA.; y que la operatividad
de su vehículos, de conformidad con el contrato de vinculación a
dicha empresa, estaba supeditada a la capacidad y rutas que esta
última tuviera asignadas por el Área Metropolitana como autoridad
de tránsito.
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Por lo anterior, concluyó que el señor EFRAIN TRIANA TRIANA
“[…] no está legitimado en la causa para demandar (…), razón por la
que la Sala denegará las pretensiones, pues como se mencionó líneas
arriba, la falta de legitimación de la parte, conduce a que se absuelva
al demandado, ya que el accionante no puede perseguir frente al
demandado las pretensiones buscadas […]”11.
IV-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El demandante presentó escrito de apelación en el que solicita
REVOCAR la sentencia. Para ello planteó los siguientes reproches:
Señaló que con fundamento en el artículo 85 del CCA, en el cual se
estableció que “toda persona que se crea lesionada en un derecho
amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho”,
los propietarios de los vehículos adscritos a la sociedad
TRANSPORTES LOLAYA LTDA., sí se podían constituir en sujetos
11
Cfr. Página 749, cuaderno principal del expediente digital. Índice 24.
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procesales, por lo que afirmar lo contrario comportaría una
desestimación a lo preceptuado por el artículo referido.
Afirmó que entre los presupuestos procesales de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho se encontraba que el demandante
tuviera capacidad jurídica y procesal para actuar; y que en el
presente caso dicha capacidad estaba dada por el solo hecho de ser
persona; y que de no ser así se estaría vulnerando su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.
Dicho lo anterior, retomó, in extenso, los argumentos esbozados en
la demanda, relacionados con la notificación y publicación de los
actos administrativos y desarrolló los temas del alcance y ámbito de
protección del derecho de acceso a la administración de justicia a
nivel nacional e internacional.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
V.-1. El Distrito de Barranquilla insistió en que se confirme la
providencia apelada, toda vez que, a su juicio, el actor no se
encuentra legitimado en la causa para promover la presente
demanda, habida cuenta que los actos administrativos demandados
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son de carácter particular y fueron expedidos en razón a la relación
jurídica del área metropolitana de Barranquilla como autoridad de
transporte y, a su vez, a TRANSPORTES LOLAYA LTDA. como
beneficiaria del otorgamiento del permiso de operación de transporte
público colectivo de pasajeros.
Sostuvo que también debe declararse la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, puesto que
es una persona jurídica de derecho público distinta de las entidades
territoriales que se demandaron en el presente proceso; y que,
además, en virtud del atributo de la personalidad jurídica previsto en
la Ley 128 de 1994, es autonomía de ellas con la capacidad para ser
sujeto de derechos y obligaciones.
V.-2. En esta etapa procesal, tanto la actora como el Área
Metropolitana de Barranquilla, los municipios de Soledad,
Puerto Colombia, Malambo y Galapa y el Agente del Ministerio
Público, guardaron silencio.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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VI.1. ACTOS ACUSADOS
-Resolución 326,10 de 12 de julio de 201012, “por medio de la
cual se ordena la reestructuración oficiosa del servicio de transporte
público colectivo de la ruta Soledad 2000-Calle 72-Zoológico
autorizada a Transportes Lolaya Ltda., Nit. 890.101.414-9”,
expedida por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla.
-Resolución 327,10 de 12 de julio de 201013, “por medio de la
cual se ordena la reestructuración oficiosa del servicio de transporte
público colectivo de la ruta Valle Silencio autorizada a Transportes
Lolaya Ltda., Nit. 890.101.414-9”, expedida por el Director del Área
Metropolitana de Barranquilla.
-Resolución 328,10 de 12 de julio de 201014, “por medio de la
cual se revoca el permiso de operación de transporte público
colectivo de la ruta Prado Porvenir autorizada a Transportes Lolaya
Ltda., Nit. 890.101.414-9”, expedida por el Director del Área
Metropolitana de Barranquilla.
12
Folios 82-92 C. 1.
13
Folios 105-113 C. 1.
14
Folios 116-121 C. 1.
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Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
-Resolución 329,10 de 12 de julio de 201015, “por medio de la
cual se revoca el permiso de operación de transporte público
colectivo de la ruta Murillo-Soledad 2000-Gran Abastos autorizada a
Transportes Lolaya Ltda., Nit. 890.101.414-9”, expedida por el
Director del Área Metropolitana de Barranquilla.
-Resolución 463,10 de 4 de octubre de 201016, “por medio de la
cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa contra las
Resoluciones Metropolitanas No. 326,10 y 327,10”, expedida por el
Director del Área Metropolitana de Barranquilla.
VI.2. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER
De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación, la Sala
establece que, en este caso, el problema por resolver se concreta en
dar respuesta al siguiente interrogante:
15
Folios 124-129 C. 1.
16
Folios 132-158 C. 1.
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Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
Si el señor Efraín Triana Triana, como propietario de cuatro vehículos
vinculados a la sociedad TRANSPORTES LOLAYA LTDA., se
encuentra legitimado por activa para solicitar la nulidad de los actos
administrativos, por medio de los cuales el Área Metropolitana de
Barranquilla reestructuró y revocó el permiso de operación de
transporte público colectivo de algunas rutas que habían sido
autorizadas a dicha empresa.
VI.3.- SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO
Recapitulando, a través de los actos acusados de nulidad, el Director
del Área Metropolitana de Barraquilla ordenó la reestructuración y
revocación oficiosa del servicio de transporte público colectivo de
algunas rutas que habían sido previamente autorizadas a la empresa
TRANSPORTES LOLAYA LTDA.
El demandante, en su condición de propietario de los vehículos
automotores identificados con las placas UZC-042, UZC-473, UZC-
990 y UYY-265, que se encontraban vinculados a la empresa
TRANSPORTES LOLAYA LTDA., mediante los contratos 046-2,
443-172, 245-280, 264-234, solicitó la nulidad de los anteriores
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Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
actos, debido a que, a su juicio, las medidas tomadas por el Área
Metropolitana le causaron perjuicios económicos y, además, dichos
actos no le fueron notificados.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la sentencia
recurrida, declaró la falta de legitimación en la causa por activa del
demandante, por cuanto los permisos para la operación de las rutas
reestructurados o revocados en los actos demandados se habían
conferido a la empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA., como
persona jurídica de derecho privado, mas no, a cada uno de los
propietarios de los vehículos que conformaban la flota de
automotores de dicha sociedad y denegó las pretensiones de la
demanda.
Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó recurso de
apelación en el que señala que como en el artículo 85 del CCA se
estableció que toda persona que se crea lesionada por un acto
administrativo puede pedir que se declare su nulidad y se restablezca
su derecho, el actor como propietario de los vehículos, sí puede
comparecer como parte en el presente proceso.
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Ahora, como lo sostuvo el Tribunal en su momento, para la Sala es
claro, en cuanto a la naturaleza de los actos administrativos
demandados, que su contenido es de carácter particular, toda vez
que se resolvió una situación jurídica concreta de la que era titular,
exclusivamente, la empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA., razón
por la que la acción que resulta procedente es la de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Así las cosas, la Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 85
del CCA., son presupuestos procesales de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho: i) que el demandante tenga
capacidad jurídica y procesal para actuar; ii) que no haya
operado en fenómeno de la caducidad de la acción y: iii) que se haya
agotado la vía gubernativa, salvo que la Administración no haya
permitido ese agotamiento.
Revisado el expediente, se observa que no obra ningún medio de
prueba que demuestre la legitimación del actor en este proceso que
tiene por objeto la declaratoria de nulidad y restablecimiento de unos
actos administrativos de carácter particular y concreto que por sus
efectos y alcances incumbe únicamente a la empresa
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TRANSPORTES LOLAYA LTDA., tal y como lo ha venido
sosteniendo la Sala, en reiterados pronunciamientos, la legitimación
en la causa la tiene aquella persona que, de conformidad con la ley
sustancial, se encuentra jurídicamente habilitada para formular o
contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ostentar
la calidad de sujeto activo o pasivo de la relación jurídica en cuyo
contexto se desenvuelve la controversia a resolver.
Aunado a lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 1285 de 200917, si el asunto versa sobre conflictos de carácter
particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Ley 446 de 1998,
artículo 70), deberá agotarse el requisito previo de la conciliación
extrajudicial.
Siendo ello así, la Sala advierte que, en el caso sub judice, la
condición de propietario de cuatro vehículos de servicio público
colectivo de transporte de pasajeros, vinculados a la flota de buses
de la sociedad TRANSPORTES LOLAYA LTDA., no le confiere al
17
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.
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señor EFRAÍN TRIANA TRIANA la calidad de parte activa en el
proceso, pues ésta únicamente recae sobre la sociedad que fue
destinataria de las resoluciones acusadas.
Es por esta razón que la Sala estima que no le asiste razón al
recurrente al sostener que según el artículo 85 del CCA cualquiera
que se crea lesionado en un derecho puede acudir en ejercicio de
este medio de control para obtener una indemnización de perjuicios,
pues lo cierto es que la citada norma establece que: (i) cualquier
persona que se “crea lesionada en un derecho amparado por una
norma jurídica” está legitimada, por activa, para pedir la nulidad de
un acto particular, con el fin de (ii) obtener la nulidad de ese acto y
(iii) la pretensión consecuencial de restablecimiento u otra, siempre
que se establezca el daño antijurídico sufrido por el demandante y
el nexo de causalidad de aquel con el acto declarado nulo.
De manera que aunque el actor atribuya las pretensiones de su
demanda a la entidad demandada y, por esa vía, pretenda establecer
su legitimación en la causa, tal sería a lo sumo una legitimación de
hecho, mas no así material, debido a que no es el llamado a formular
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la pretensión de anulación de las resoluciones demandadas, habida
cuenta que no participó realmente en la causa que dio origen al
escrito demandatorio.
Conviene traer a colación la providencia de 23 de junio de 202318, en
la que la Sala, en un asunto en el que se demandaron los mismos
actos administrativos aquí acusados, se refirió a la falta de
legitimación en la causa, así:
“[…] Sobre la legitimación en la causa, esta Sección[19] ha
señalado lo siguiente:
“[…] La legitimación en la causa, conforme lo ha precisado la
Corte Constitucional, «es la idoneidad jurídica que tiene una
persona para discutir el objeto sobre que versa un litigio». En
tal sentido, puede ser entendida como la calidad que tiene una
persona para formular o contradecir las pretensiones de la
demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica
sustancial que se plantea en el proceso y respecto de la cual
gira la controversia. La legitimación en la causa por activa
debe entenderse como la facultad que tiene el demandante
como titular de un derecho subjetivo, para reclamarlo a través
de los medios de control creados para el efecto y, de otro lado,
la legitimación por pasiva, es la capacidad del demandado
para satisfacer tal derecho […]”.
Se entiende entonces por legitimación en la causa la idoneidad
jurídica que tiene una persona para formular la demanda o
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio
de 2023, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00470-02. C.p. NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.
[19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número de radicado:
44001-23-31-000-2009-00022-01. C.p. Guillermo Vargas Ayala.
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contradecir las pretensiones de ella, por ser el sujeto activo o
pasivo de la relación jurídica sustancial que plantea el proceso.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación ha diferenciado entre
la legitimación de hecho que hace referencia a la circunstancia
de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o
demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del
derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión
procesal; y la legitimación material referida a la participación o
relación que existe entre las personas naturales o jurídicas -sean o
no partes del proceso-, con los hechos que originaron la
demanda[20].
Ahora, acerca de la legitimación en la causa para demandar actos
que resuelven sobre la capacidad transportadora de las empresas
de transporte público o sobre la habilitación de rutas y revocatoria
de permisos, entre otros, la Sección Primera se ha pronunciado en
reiteradas oportunidades, como bien lo puso de presente el
Tribunal en la sentencia de primera instancia.
En efecto, al resolver los recursos de apelación interpuestos contra
autos mediante los cuales el Tribunal Administrativo del Atlántico
rechazó la demanda por caducidad, la Sección sostuvo:
“[…] Como primera medida, debe señalarse, en cuanto a la
naturaleza de los actos demandados, que su contenido es
particular y concreto, por cuanto resuelven una situación
jurídica en cabeza de la Empresa TRANSPORTES LOLAYA
LTDA., de manera que la acción procedente para enjuiciarlos
es la de nulidad y restablecimiento del derecho.
De conformidad con el artículo 85 del C.C.A., son
presupuestos procesales de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho: a) que el demandante tenga
capacidad jurídica y procesal para actuar, b) que la acción
no se haya extinguido por caducidad, y c) que se haya
agotado la vía gubernativa, salvo que la Administración no
haya permitido ese agotamiento. Adicionalmente, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009[21],
si el asunto versa sobre conflictos de carácter particular y
contenido económico de que conozca o pueda conocer la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Ley 446 de
[20] Cfr. Entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. sentencia de 28 de junio de
2019, número único de radicación: 05001-23-33-000-2015-00397-01 (57565). C.p. Ramiro Pazos
Guerrero.: y Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020; número
único de radicación 52001-23-31-000-2010-00653-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
[21] Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996.
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Número único de radicación: 08001-33-31-004-2011-00558-01
Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
1998, artículo 70), deberá agotarse el requisito previo de la
conciliación extrajudicial.
En consecuencia, corresponde a la Sala verificar si en el
presente caso se reúnen o no los mencionados requisitos
para la admisibilidad de la acción.
Como ya se indicó, el actor actúa en su condición de
propietario de dos vehículos de servicio público colectivo de
transporte de pasajeros que tiene vinculados al parque
automotor de la Empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA.
Para la Sala, tal circunstancia no le confiere la condición de
parte que en este proceso únicamente recae sobre la
empresa destinataria de los actos administrativos acusados.
Si bien es cierto que los propietarios de vehículos
vinculados al parque automotor de una empresa de
transporte podrían eventualmente tener un interés en
que a ésta le autoricen la operación de las rutas
solicitadas por ella, no lo es menos que ese interés no
los faculta para sustituirla en su condición de parte
demandante. A lo sumo les daría derecho a que pudiesen
intervenir en el proceso como terceros adhesivos.
De tal manera que al no haber alegado el actor una condición
diferente a la de ser propietario de vehículos, no está
legitimado para actuar en el proceso de la referencia
y es por esta razón que se confirmará el proveído que
rechazó la demanda, pues es evidente que ello incide
en la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la
acción, en la medida en que en quien recae el
verdadero interés dejó transcurrir el término para el
ejercicio oportuno de la misma […]”.[22] (Resaltado es
del texto original).
De igual manera, al resolver los recursos de apelación contra las
sentencias que declararon probada la excepción de falta de
legitimación en la causa, la Sección concluyó:
“[…] Para resolver, la Sala recuerda que la exigencia de la
legitimación en la causa alude a la aptitud que debe reunir
[22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 2 de
febrero de 2012, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00388-01, C.p. María Elizabeth
García González. Postura reiterada en las providencias de 26 de julio de 2012, número único de
radicación 08001-23-31-000-2011-00468-01, C.p. María Elizabeth García González; 31 de julio de
2012, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00423-02, C.p. María Elizabeth García
González; y 1o. de noviembre de 2012, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00517-
01, C.p. María Claudia Rojas Laso.
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Número único de radicación: 08001-33-31-004-2011-00558-01
Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
la persona – natural o jurídica – para acudir al proceso para
demandar un acto o en contra de quien se dirige la demanda
para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el actor
esgrime.
En ese orden, no basta con acudir al proceso como actor o
ser sujeto pasivo de demanda para concurrir legítimamente
a un juicio, dado que es imperioso estar debidamente
legitimado para ello.
En el caso de autos, de la revisión de los actos acusados[23]
y como bien lo consideró el a quo, la Sala advierte que las
resoluciones demandadas resuelven una situación jurídica
particular y concreta en cabeza de la empresa de
Transportes Lolaya Ltda., en tanto deciden sobre la
autorización para operar como empresa de servicio público
de transporte en unas rutas determinadas (Soledad 2000,
Calle 72 Zoológico - Valle Silencio - Prado Porvenir - Murillo
Soledad 2000, Granabastos) y regulan lo ateniente a su
capacidad transportadora[24].
(…)
En este sentido, si bien es cierto que la parte actora puede
llegar a tener un eventual interés en que se declare la
nulidad de los actos demandados y, por ende, se le autorice
continuar prestando el servicio público de transporte urbano
de pasajeros, también lo es que ello no lo habilita para
sustituir a dicha empresa en su condición de parte
legitimada para incoar la acción de la referencia.
En efecto, la situación jurídica particular se encuentra
radicada en la persona jurídica en mención y no en los
[23] Resoluciones 326-10 de 12 de julio de 2010, 327-10 de 12 de julio de 2010, 328-10 de 12 de julio
de 2010, 329 de 12 de julio de 2010, 463-10 de 4 de octubre de 2010 y 051-10 de 23 de febrero de
2010, expedidas por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla.
[24] La Sala de Decisión de la Sección Primera, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que la
Resolución 051 de 23 de febrero de 2010, a pesar de tratarse de un acto de contenido general tiene la
virtud de modificar o extinguir situaciones jurídicas particulares respecto de aquéllos a quienes les han
sido asignadas rutas de transporte público colectivo que circulan por el corredor de la Troncal de
Transmetro y que con ocasión de ello perdieron tal habilitación. En efecto, se consideró que dicho acto
administrativo reguló lo ateniente a la “pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte
público colectivo por la implantación del sistema de transmetro”, luego su eventual declaratoria de
nulidad daría lugar al restablecimiento automático del derecho de las empresas en comento. En este
sentido, la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 es pasible de control jurisdiccional por la vía de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no por la vía de la acción de nulidad. Sentencia de
2 de marzo de 2017. Rad.: 2011 – 00660. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sentencia de 6 de abril de 2017. Rad.: 2011 – 00658. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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propietarios de los vehículos automotores vinculados,
quienes procesalmente pueden acudir al proceso
como coadyuvantes […]”. [25] (Resaltado es del texto
original).
Y en la sentencia de 26 de noviembre de 2020[26], la Sala sostuvo:
“[…] [S]iguiendo el criterio de la Sala en los casos citados
supra, como los actos administrativos acusados: i) son de
contenido particular y concreto, por cuanto modificaron la
capacidad transportadora de la empresa Transportes
Lolaya Ltda., en su condición de persona jurídica,
encargada de la prestación del servicio público de trasporte,
y reestructuraron y revocaron rutas que le habían sido
asignadas directamente a dicha empresa; ii) tienen un
destinatario específico, por cuanto se dirigen
directamente hacia la empresa Transportes Lolaya
Ltda.; y, adicionalmente, iv) como el servicio de transporte
público se presta a través de empresas organizadas para ese
fin y habilitadas por el Estado, la Sala considera que la
única legitimada en la causa para demandar era la
empresa Transportes Lolaya Ltda. y no el señor
Ceferino Ramírez Bernal quien se encuentra
legitimado de hecho pero no de forma material
[…]”.(Resaltado es del texto original).[27]
De acuerdo con la postura de la Sección, quienes se encuentran
legitimados para demandar los actos que resuelven sobre
reestructuración de rutas o revocan permisos de operación de rutas
habilitadas a las empresas de transporte público, son precisamente
dichas empresas y no los propietarios de los vehículos vinculados,
quienes eventualmente pueden acudir al proceso como
[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2017, número único de radicación 08001-33-31-004-2011-00556-01, C.p. ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
[26] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
noviembre de 2020, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00369-01, C.p. Hernando
Sánchez Sánchez.
[27] Sobre el mismo asunto puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2017, número único de radicación
08001-33-31-004-2011-00556-01, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés; y Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de 2018, número único de
radicación 08001-23-31-004-2011-00559-01, C.p. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
coadyuvantes, más no pueden sustituir a la empresa en su
condición de parte […]”.28
En consecuencia, la Sala concluye que, efectivamente, la única que
se encontraba legitimada por activa para demandar las resoluciones
aquí acusadas era la empresa de TRANSPORTES LOLAYA LTDA.,
porque fue la destinataria directa de las medidas de reestructuración
y revocación de rutas de transporte público que le habían sido
asignadas por el Área Metropolitana de Barranquilla, por lo que se
confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y así se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio
de 2023, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00470-02. C.p. NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.
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Número único de radicación: 08001-33-31-004-2011-00558-01
Actor: EFRAÍN TRIANA TRIANA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriado esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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