Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-33-33-000-2013-00315-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-33-33-000-2013-00315-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-33-33-000-2013-00315-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
2 de mayo de 2025
Radicación: 08001 33 33 000 2013 00315 01
Demandante: Permar S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 08001 33 33 000 2013 00315 01
Actor: PERMAR S.A.S.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
(DIAN)
Tesis: Es infundado el recurso extraordinario de revisión por la
causal de nulidad originada en la sentencia, si el
recurrente reitera los argumentos que expuso en el
proceso primigenio.
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado
por la sociedad Permar S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, en
contra de la sentencia del 18 de septiembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1.1.1. La sociedad Permar S.A.S., por intermedio de apoderado judicial,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de
obtener las siguientes declaraciones1:
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Folios 59 a 61 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicación: 08001 33 33 000 2013 00315 01
Demandante: Permar S.A.S.
“1. Que es NULA la RESOLUCION DE DECOMISO No 1588 de Octubre 8 de 2012.
proferida por el Jefe G. L T. de Investigaciones Aduaneras de la División de
Gestión de Fiscalización Aduanera.
2.- Que es NULA la Resolución No 287 de Marzo 5 de 2013, mediante la cual
confirmo en todas sus partes la Resolución de Decomiso No 2273 de Diciembre
19 de 2011, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica Aduanera de esta
Dirección Seccional de Aduanas al resolver negativamente el recurso de
Reconsideración interpuesto en su contra.
3.- Que es NULA la Resolución No 0685 de Mayo 29 de 2013 Ejecutoriada en
Junio 5 de 2013. Resolución que modifica a la Resolución No 01588/13.
4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
Restablecimiento del Derecho se ORDENE la continuación del trámite, a efectos
de que nacionalice la mercancía decomisada mediante los Actos -
Administrativos que se demandan Y/O, el PAGO DE LA MERCANCIA, que fue
decomisada, en caso de que a la fecha de la sentencia, la DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS
DE BARRANQUILLA, haya dispuesto de la mercancía motivo de esta acción, la
cual avaluó la entidad demandada en la suma de CATORCE MILLONES CIENTO
DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M. L.
($14.116.553.00).
4.- Que se CONDENE a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
• DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA a INDEMNIZAR a la
firma PERMAR S. A. S., por el monto de los perjuicios materiales (LUCRO
CESANTE) causados con la ilegal actuación administrativa, contenida en las
Resoluciones cuya nulidad se demanda. Perjuicios que estimo en la suma de
DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS CON 00/100 M .E. ($18.086.244,00). Suma compuesta por
valor de la mercancía de haber dispuesto la entidad demandada de la mercancía,
más los perjuicios materiales, causados por el decomiso Perjuicios totales que
describo en el siguiente cuadro:
VALOR DE LA MERCANCIA: $14.116.553.00
DANOS MATERIALES:
LUCRO CESANTE.
Intereses a la tasa de 19.85% en 12 meses
Liquidados sobre $79.642.662.00 liquidados
Desde la fecha del Acta de Aprehensión Julio
19 de 2012 hasta Diciembre 19 de 2013 3.969.691.00
DAÑO EMERGENTE
Total Indemnización $18.086.244.00
Los valores e intereses deberán actualizarse e indexarse, hasta el día en que
sea proferida la sentencia y/o el pago por parte de la demandada”.
1.1.2. Como fundamento de las pretensiones, Permar S.A.S. alegó, en
síntesis, que: (i) bajo el Conocimiento de Embarque EGLV-143284374164
del 25 de mayo de 2012, recibió en el puerto de Barranquilla el contenedor
DRYU-9179775 de 40 pies, que contenía 810 cajas de cartón con un peso
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Demandante: Permar S.A.S.
de 18.000 kilogramos, mercancía amparada con la Factura Comercial MA-
120518 del 18 de mayo de 2012 y el Manifiesto de Carga
116575003355263 de 17 de junio de 2012; (ii) el 30 de junio de 2012,
en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, la DIAN efectuó el
reconocimiento de la carga y detectó mercancías que no coincidían con el
documento de transporte, en concreto, 105 bultos de herramientas, 10
bultos de manguera y una caja con memorias USB; (iii) por lo anterior, el
contenedor fue trasladado al depósito aduanero de Almagrario S.A. para
separar la mercancía y allí se levantó el Acta de Aprehensión 87-
00567COMEX del 19 de julio de 2012, con fundamento en la causal
consagrada en el numeral 1.27 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999
(Estatuto Aduanero), aplicable cuando se encuentra mercancía
descargada no amparada en un documento de transporte; (iv) la DIAN
profirió la Resolución 1588 del 8 de octubre de 2012, mediante la cual
ordenó el decomiso de varios ítems de la mercancía, (v) la importadora
interpuso el recurso de reconsideración, que fue resuelto mediante la
Resolución 287 del 5 de marzo de 2013, que confirmó parcialmente la
resolución de decomiso, y (vi) mediante la Resolución 0685 del 29 de
mayo de 2013, se modificó la Resolución 287 el 5 de marzo de 2013.
1.1.3. En el concepto de la violación, Permar S.A.S. expuso los
argumentos que pasan a sintetizarse.
1.1.3.1. Alegó que la DIAN efectuó el reconocimiento de la carga en el
depósito aduanero de Almagrario S.A., y no en el puerto, por lo que
infringió el artículo 1 del Decreto 2685 de 1999.
Asimismo, considera que se infringió el artículo 72 de la Resolución 4240
de 2000, “Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de
1999”, porque la administración incumplió el deber de informar, a través
de medios electrónicos, al transportador, agente de carga internacional o
al puerto sobre la decisión de practicar el reconocimiento de la carga.
Arguyó que la DIAN infringió el derecho a la igualdad porque, mediante
la Resolución 000805 del 24 de mayo de 2012, proferida en el expediente
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AO-2011-2011-1316, resolvió de manera diferente un caso similar,
correspondiente al importador Distribución Grafica Ltda.
1.1.3.2. Adujo que la entidad vulneró el artículo 27-3 del Decreto 2685
de 1999 e incumplió el artículo 72 de la Resolución 4240 del 2000, que
establece que el reconocimiento de la carga debe iniciarse después de que
el transportador presenta el informe de descargue sin inconsistencias o
después de que se hayan justificado las inconsistencias informadas.
1.1.3.3. Arguyó que el funcionario competente se demoró 23 días para
elaborar el acta de aprehensión, por lo que se infringió el artículo 504 del
Decreto 2685 de 1999 y los principios de eficiencia y justicia, consagrados
en el artículo 2 ibidem, obstaculizando la operación de comercio
internacional, lo que causó un perjuicio económico a la demandante, que
no pudo disponer de la mercancía para la venta en la temporada
decembrina.
1.1.3.4. Advirtió que la entidad procedió directamente a la aprehensión
de la mercancía, en lugar de aplicar la medida cautelar de inmovilización
y aseguramiento por un plazo de cinco días, para permitir la presentación
de la documentación que soporte la operación comercial, como lo dispone
el artículo 73-1 de la Resolución 4240 del 2000.
1.1.3.5. Adujo que la DIAN violó el artículo 83 de la Constitución y la
Convención de Viena de 1980, porque sus actuaciones no se ciñeron a los
postulados de la buena fe, si se tiene en cuenta que, al presentarse una
inconsistencia en la descripción de la mercancía en el documento de
transporte, lo procedente era subsanarla, verificando la información en la
factura comercial.
1.1.3.6. Advirtió que la administración desconoció la doctrina contenida
en el Concepto 04 de 2004 y en el Oficio 53401 del 19 de julio 2011, que
establecen que, cuando existe una diferencia entre la mercancía descrita
en los documentos de transporte y la efectivamente introducida al país,
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se produce una inconsistencia en el manifiesto de carga, caso en el cual
se debe dar la oportunidad al transportador y al importador de dar las
justificaciones del caso, mediante la presentación de los documentos
soporte de la operación comercial. Y que, si la diferencia se debe a un
error o transposición de dígitos y se puede verificar la información
correcta en los documentos, no procede la aprehensión de la mercancía.
1.1.3.7. Arguyó que la Resolución 1588 del 8 de octubre de 2012 fue
falsamente motivada al exigir un mínimo descriptivo en el documento de
transporte, pues tal figura no está contemplada en la ley, y en todo caso,
la descripción de la mercancía en ese documento era suficiente. A su vez,
alegó que la Resolución 287 del 5 de marzo de 2013 interpretó
erróneamente el parágrafo del artículo 73-1 de la Resolución 4240 de
2000.
1.1.3.8. En suma, aseveró que la medida cautelar de aprehensión y
decomiso, basados en la violación de normas aduaneras y en la
inaplicación de la doctrina oficial de la DIAN, desconoce los fines
esenciales del Estado, en virtud de los cuales este debe promover el
desarrollo económico y proteger los derechos de los ciudadanos.
1.1.4. La demanda fue identificada con el radicado 08-001-33-33-002-
2013-00315-00/01-C, y de ésta conoció en primera instancia el Juzgado
Segundo Administrativo de Barranquilla y en segunda instancia el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B.
1.2. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
A través de sentencia del 18 de septiembre de 20152, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, confirmó el
fallo del 6 de febrero de 2015, mediante el cual el Juzgado Segundo
Administrativo de Barranquilla denegó las pretensiones de la demanda.
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Folios 35 a 50 del cuaderno de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento.
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1.2.1. Expuso que de los artículos 72, 73 y 73-1 de la Resolución 4240 de
2000 se desprendían consecuencias diferentes para la carga no
presentada y para los errores en la identificación de las mercancías. Dijo
que, sobre estos últimos, procede la medida cautelar de inmovilización y
aseguramiento por un plazo máximo de cinco días, dentro de los cuales
debe presentarse la documentación soporte la operación comercial, so
pena de que proceda la aprehensión de la mercancía.
En tal sentido, advirtió que, de acuerdo con el artículo 98 del Decreto
2685 de 1999, en los casos en los que sea posible la verificación con los
documentos que soportan la operación comercial, no habrá lugar a la
aprehensión y, por el contrario, el transportador y los agentes de carga
pueden corregir los errores de transcripción que existan en el manifiesto
de carga o los documentos de transporte. Sin embargo, enfatizó que tal
previsión solo es aplicable cuando el transportador o el agente de carga
internacional hubieren incurrido en errores en la identificación de las
mercancías o en la transposición de dígitos.
Por el contrario, de acuerdo con el artículo 73 de la Resolución 4240 de
2000, cuando se trata de carga no presentada, es decir, cuando la
mercancía descargada no se encuentra amparada en un documento de
transporte, sí procede la aprehensión. En tal caso, de acuerdo con el literal
d del artículo 232 del Decreto 2685 de 1999, se entiende que la mercancía
no ha sido presentada ante la DIAN, y procede la aprehensión y el
decomiso. Además, el numeral 1.27 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999 establece entre las casuales de aprehensión y decomiso de
mercancías, “Cuando se encuentre mercancía descargada no amparada
en un documento de transporte”.
Señaló que, contra lo argüido por la demandante, en este caso no se había
presentado un error en la descripción de la mercancía en el documento
de transporte, que diera lugar a su confrontación con la factura comercial,
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sino que se trataba de una carga no presentada, pues dicho documento
no contenía ninguna descripción de los respectivos bienes.
1.2.2. En tal sentido, advirtió que la DIAN había distinguido entre las
mercancías no descritas —y, por lo tanto, no amparadas en el documento
de transporte—, y las que presentaban errores de identificación, dando a
cada una el tratamiento que correspondía, esto es, disponiendo el
decomiso únicamente respecto de las no amparadas, conforme lo previsto
en el numeral 1.27 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Entonces,
no podría reprocharse a la DIAN no haber confrontado la carga con la
factura comercial, conforme con el artículo 73-1 de la Resolución 4240 de
2000, pues se trataba de mercancías no presentadas, por lo que lo propio
era la aprehensión y el decomiso.
1.2.3. Por la misma razón, consideró que no se había desconocido la
doctrina de la DIAN, pues esta tenía como premisa que se tratara de
errores en la identificación de la mercancía, lo que no ocurrió en este
caso, en el que se trató de mercancías no presentadas. Y tampoco se
desconoció el derecho a la igualdad, pues en el caso estudiado por la DIAN
en la resolución invocada por la demandante sí se había presentado error
en la identificación de la mercancía.
1.2.4. En cuanto a la supuesta obligación de informar sobre el inicio de la
diligencia de reconocimiento de carga, adujo que el auto de apertura de
una investigación como la que se estudia es un acto de trámite que no
tiene que ser notificado al interesado, y que, de acuerdo con el artículo
504 del Decreto 2685 de 1999, el proceso administrativo de definición
jurídica de la mercancía comienza con el acta de aprehensión.
Agregó que, en todo caso, la demandante conocía la existencia de la
investigación, comoquiera que el 3 de julio de 2004 presentó ante la DIAN
los documentos soporte de la operación de comercio y se pronunció
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respecto de las inconsistencias advertidas en el reconocimiento de la
carga.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
2.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión
Mediante escrito radicado el 12 de octubre de 20163, la sociedad Permar
S.A.S. interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
del 18 de septiembre de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, con fundamento en la causal
consagrada en el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)4, “existir
nulidad originada en la sentencia”.
Por auto del 3 de marzo de 20175, el despacho sustanciador inadmitió el
recurso para que se expusieran las razones por las que, a juicio de la
recurrente, se habría configurado la causal invocada. A través de escrito
fechado el 7 de marzo de 20176, la recurrente subsanó el defecto
advertido.
En suma, como fundamento de las pretensiones, en los escritos del
recurso y de la subsanación, la sociedad Permar S.A.S. expuso los
siguientes argumentos:
2.1.1. Argumentó que en la actuación administrativa se aportaron los
documentos de soporte de la operación de comercio, como la factura
comercial, que demostraban la correspondencia de la mercancía, pero que
la DIAN no tuvo en cuenta su propia doctrina al respecto, fijada en el
Concepto 04 de 2004 y el Oficio 053401 del 19 de julio de 2011, que
3
Folios 1 a 20 del expediente del recurso extraordinario de revisión.
4
Ley 1437 de 2011.
5
Folio 146 del expediente del recurso extraordinario de revisión.
6
Folios 149 a 159 ibidem.
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establecen que no es procedente la aprehensión cuando se presentan los
documentos que soportan la operación comercial y se puede comprobar
que la diferencia se debe a un error o transposición de dígitos.
2.1.2. Atacó el fallo del 6 de febrero de 2015, dictado por el Juzgado
Segundo Administrativo de Barranquilla, que decidió el asunto en primera
instancia, pues considera que: (i) demostró el desconocimiento de la
autoridad judicial sobre el tema aduanero; (ii) no tuvo en cuenta que el
error en la descripción genérica de la mercancía en el documento de
transporte no fue cometido por Permar S.A.S., sino por el transportador;
(iii) no aplicó la doctrina de la DIAN, contenida en el Concepto 04 de 2004
y en el Oficio 53401 del 19 de julio 2011; (iv) afirmó falsamente que no
se habían aportado los documentos contentivos de dicha doctrina de la
DIAN, (v) desconoció el artículo 98 del Decreto 2685 de 1999, que
establece que los errores en la identificación de las mercancías pueden
ser subsanados con los documentos de soporte de la operación comercial,
con lo que descalificó injustificadamente la factura comercial, y (vi) pasó
por alto que la diligencia de reconocimiento de la carga se practicó en un
lugar diferente al del arribo de la mercancía, lo cual constituye una
violación del artículo 72 de la Resolución 4240 de 2000.
2.1.3. Insistió en que la DIAN y las decisiones judiciales de primera y
segunda instancia vulneraron el debido proceso y desconocieron los
artículos 72, 73 y 73-1 de la Resolución 4240 del 2000, que regulan el
procedimiento de reconocimiento de la carga.
2.1.4. Dijo que la sentencia del 18 de septiembre de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
creó un nuevo tipo de infracción no contemplada en el Estatuto Aduanero,
esto es, los “errores en la identificación de mercancías”, lo que calificó
como un error garrafal.
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Alegó que la decisión judicial recurrida interpretó de manera errónea el
artículo 98 del Decreto 2685 de 1999, pues limitó la posibilidad de corregir
errores en la descripción de las mercancías o de transposición de dígitos,
lo que abarca todas las inconsistencias que son verificables, demostrables
y comprobables ante la autoridad aduanera. En especial, enfatizó que la
providencia recurrida desconoció la factura comercial que fue presentada
a la DIAN antes de la diligencia de reconocimiento de carga, y que
contiene la descripción correcta de la mercancía.
2.1.5. Señaló que las sentencias no comprendieron el alcance del término
hardware tools, que es una descripción genérica de la mercancía
aceptable en el comercio internacional, y se limitaron a la acepción que
esta puede tener en Colombia, que se refiere únicamente a herramientas,
las cuales bien pueden ser de construcción u otros, pero sin entender que
esta puede incluir una variedad más amplia de productos.
2.1.6. Expuso que en un caso igual, correspondiente al importador
Novamundo S.A.S., se presentó error en la descripción genérica de la
mercancía, y la DIAN la aprehendió y decomisó, pero, en Acta del 21 de
enero de 2015, el comité de conciliación tuvo en cuenta los documentos
soporte de la operación comercial, que habían sido allegados antes de la
aprehensión y decomiso, evidenciando que la descripción diferente de la
carga inspeccionada se originó de un error del transportador, y concluyó
que la decisión de decomisar la mercancía debía ser revocada de manera
directa, conforme con la causal prevista en el numeral 1° del artículo 93
del CPACA.
2.2. Oposición al recurso extraordinario de revisión
El recurso fue admitido por el despacho sustanciador a través de proveído
del 7 de abril de 20177, que ordenó notificar y dar traslado a la DIAN,
conforme con lo previsto en el artículo 253 del CPACA.
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Folios 164 y 165 del expediente del recurso extraordinario de revisión.
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Por intermedio de apoderado, la DIAN se pronunció durante el término
del traslado del recurso y expuso los argumentos que pasan a sintetizarse.
2.2.1. Argumentó que el Conocimiento de Embarque EGLV-
143284374164 de 25 de mayo de 2012 relaciona de manera genérica la
mercancía, por lo que no puede considerarse que esta estuviera
amparada en el documento de transporte ni que hubiera sido presentada
a la autoridad aduanera, de conformidad con el artículo 232 del Decreto
2685 de 1999.
Señaló que no es cierto que el acto demandado haya desconocido la
doctrina de la propia DIAN y, por el contrario, realizó una extensa
interpretación del artículo 94-1 del Decreto 2685 de 1999 y del artículo
61-1 de la Resolución 4240 de 2000, en relación con la información que
debe contener el documento de transporte, lo cual no se opone a los
conceptos citados por el recurrente. En todo caso, argumentó que la
situación fáctica estudiada no coincide con la estudiada en dicha doctrina,
y que, por el contrario, se dieron los presupuestos legales del numeral
1.27 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 para ordenar el decomiso
de la mercancía.
Arguyó que, si bien el artículo 98 del Decreto 2685 de 1999 determina
que no habrá lugar a la aprehensión de la mercancía cuando la
información correcta sea susceptible de ser verificada con los documentos
que soportan la operación comercial, esto solo se previó para los errores
en la identificación de las mercancías o la transposición de dígitos, lo cual
no ocurrió en este caso.
Adujo que la sentencia objeto de recurso no incurrió en un error garrafal,
como indicó la demandante, y que, por el contrario, el Tribunal encuadró
adecuadamente en el artículo 73 de la Resolución 4240 de 2000 la
situación fáctica planteada, pues se trataba de mercancía no presentada
por omisión en la descripción.
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Demandante: Permar S.A.S.
Insistió en que la factura comercial no podía subsanar la falta de
identificación de la mercancía en el documento de transporte y que su
actuación se ajustó a las normas y la doctrina vigente. No obstante,
insistió en que la situación fáctica estudiada en los conceptos invocados
en el recurso no se ajustaba a los supuestos analizados en el sub lite.
2.2.2. Por otra parte, alegó que los argumentos del recurso no buscan
argumentar la configuración de una nulidad en la sentencia, sino
controvertir los hechos que ya se debatieron en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como la aplicación de normas y la
doctrina de la DIAN. Es decir, que la recurrente pretende acceder a una
nueva instancia, finalidad para la cual no es procedente el recurso
extraordinario de revisión.
En tal sentido, agregó que, para argumentar la configuración de la causal,
no es suficiente con cuestionar la sentencia por errores en la apreciación
de las pruebas, inaplicación de normas, aplicación indebida o
interpretación errónea de la ley, sino que se requiere que esta haya
incurrido en una irregularidad estructurante de nulidad.
2.3. Concepto del Ministerio Público
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia y oportunidad
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política, así como con lo ordenado en los artículos 107, 111 numeral 2º y
249 del CPACA, esta Sala es competente para conocer del asunto de la
referencia.
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12
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Demandante: Permar S.A.S.
La sentencia del 18 de septiembre de 2015, objeto del recurso
extraordinario de revisión, fue notificada el 23 de octubre del mismo año8,
y la presente demanda se radicó 12 de octubre de 20169, es decir, dentro
del plazo de un año, establecido en el artículo 25110 del CPACA.
3.2. Del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que
implica una excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de
impugnación de las sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.
Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia
judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su
interposición son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que
se convierta en una tercera instancia11. No comporta entonces una nueva
oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir la omisión
probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación
del derecho o en la valoración de las pruebas.
En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la
demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además
de designar las partes y su representante, el nombre y domicilio del
recurrente y los hechos y omisiones que el sirven de fundamento, deberá
señalar con precisión la causal y exponer los motivos que justifican su
procedencia12.
8
Folio 51 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia.
9
Folio 1 del expediente del recurso extraordinario.
10
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso. (…)”. (Subrayas de la Sala).
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993, Rad.
1992-00037-00 (Rev).
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad.
2012-00231-00 (Rev).
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3.3. La causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 del
CPACA
El numeral 5º del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión
la de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha
precisado que, para la configuración de esta causal, deben estar reunidos
los siguientes presupuestos13:
(i) Que contra la decisión objeto del recurso extraordinario no proceda el
recurso de apelación.
(ii) Que la causal de nulidad se haya originado en la sentencia, y no antes,
ya que la proposición de nulidades procesales está sometida a las reglas
de procedibilidad establecidas en el artículo 134 del Código General del
Proceso (CGP).
(iii) Debe corresponder a alguno de los vicios señalados por el artículo
133 ibidem o alguna de las siguientes situaciones: cuando se le haga más
gravosa la situación al demandante sin que exista demanda de
reconvención; en los eventos en que la providencia carezca de
motivación14; cuando se profiera un nuevo fallo en un proceso concluido
con sentencia en firme; si se procede a dictar sentencia cuando
previamente se ha aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención; si se profiere fallo como única actuación; cuando
se condena a quien no ha sido parte en el proceso; cuando se dicta
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.
14
Frente a la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, esta Corporación ha precisado
que “se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente
erróneas, incompletas o de actitudes dolosas”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Expediente
radicación nro. 11001 03 26 000 2019 00143 00 (64827). Así mismo la Corporación ha dicho que esta causal
también se presenta por violación al debido proceso por falta de congruencia. En este punto ver: Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P. Alberto Yepes
Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.
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sentencia después de ocurrida alguna de las causales de interrupción o
suspensión; cuando existe un mayor o menor número de magistrados o
de votos a los previstos, u otras situaciones que comporten una violación
del derecho fundamental al debido proceso.
Así mismo, la jurisprudencia ha explicado que15 “se desprende del artículo
29 constitucional, cuya violación puede originar la nulidad del fallo
respectivo, cuando la transgresión (…) se presente directamente en el
fallo, por ejemplo, cuando no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva, o se decide por fuera de los términos que originaron la
controversia”.
Por último, es importante resaltar que, como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta corporación16, “en principio, esta causal está
limitada a los vicios procesales que surgen al momento de la expedición
de la sentencia, mas no los acaecidos en etapas anteriores17. La
jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación18, sin embargo, ha
aceptado como hechos constitutivos de esta causal los vicios procesales
ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado no
haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los
conoció cuando fue proferida la sentencia recurrida19. Quien considere fue
afectado, en todo caso, tiene la carga de probar que no tuvo la
oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De
15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.
16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 26 de enero de 2023. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2019 04168 00.
17
Cita original: “La Sala Plena, en uno de sus pronunciamientos concluyó que esa causal de revisión exige
que el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar
como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia,
máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de
oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del
deber que el artículo 145 ejusdem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe
‘antes de dictar sentencia’ ”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp. 11001- 03-15-000-2001-0091-01”.
18
Cita original: “En este sentido, la Corporación se ha pronunciado en las siguientes providencias: del 31 de
mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00; del 9 de marzo de 2010, expediente
número 1100103150002002-1024-01; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 7 de febrero de
2006, expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 18 de octubre de 2005, expediente número
11001-03-15-000-2000-00239-00, y del 20 de abril de 2004, expediente número 11001-03-15-000-1996-
0132-01”.
19
Cita original: “La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada
en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no
apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Sentencia del 2 de marzo de
2010, exp. 11001-03-15-000-2001-0091-01”.
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lo contrario, la causal de revisión en cuestión será una anormal
oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso
ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer
en la oportunidad prevista en el artículo 134 del Código General del
Proceso (C.G.P.) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ibidem”.
3.4. Análisis del caso
3.4.1. La sociedad Permar S.A.S. interpuso el recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 18 de septiembre de 2015, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
con fundamento en la causal consagrada en el numeral 5º del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)20, “existir nulidad originada en la sentencia”.
En el recurso, Permar S.A.S. ataca la actuación administrativa y las
decisiones adoptadas por la DIAN, pues estima que ésta infringió las
disposiciones que regulan el procedimiento de reconocimiento de la carga,
y que la autoridad no tuvo en cuenta su propia doctrina ni las normas que
rigen el asunto, que determinan que no es procedente la aprehensión
cuando se presentan los documentos que soportan la operación comercial
y se puede comprobar que la diferencia en la identificación de la
mercancía se debe a un error o transposición de dígitos.
Asimismo, ataca el fallo del 6 de febrero de 2015, dictado por el Juzgado
Segundo Administrativo de Barranquilla, que resolvió en primera instancia
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
DIAN, pues considera que este evidenció el desconocimiento de la
autoridad judicial sobre el tema aduanero, y pasó por alto argumentos y
pruebas relevantes presentados con la demanda, como los relacionados
con el error en la descripción de la mercancía, la inaplicación de la doctrina
20
Ley 1437 de 2011.
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de la propia administración, la valoración de la factura comercial como
soporte de la mercancía y la práctica del reconocimiento de la carga en
un lugar diferente al del arribo.
Contra la sentencia del 18 de septiembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
alegó que ésta también interpretó de manera errónea el artículo 98 del
Decreto 2685 de 1999, pues desconoció la posibilidad de corregir errores
en la descripción de las mercancías en los documentos de transporte, lo
que puede hacerse presentando los soportes de la operación comercial,
como la factura, que en este caso contenía la descripción correcta de
aquellas. Además, estima que el Tribunal no comprendió que la
descripción de la mercancía se hizo mediante un término genérico21, que
puede incluir una variedad más amplia de productos, y que, en un caso
similar, en el que también se empleó una descripción genérica, el comité
de conciliación de la DIAN optó por la revocatoria directa del acto de
aprehensión y decomiso, pues se evidenció que la descripción diferente
de la carga inspeccionada se originó en un error del transportador.
3.4.2. Frente al debate así propuesto, lo primero que la Sala debe advertir
es que los argumentos presentados contra la sentencia del 6 de febrero
de 2015, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo de
Barranquilla decidió el asunto en primera instancia, no pueden ser
analizados en esta oportunidad, comoquiera que, de conformidad con el
artículo 249 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede
contra sentencias ejecutoriadas, dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos, contra las que no proceda el recurso de apelación; lo que
no ocurre en este caso, pues contra el referido fallo procedía la alzada, la
cual, en efecto, fue promovida por la parte demandante.
21
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Dicho de otro modo, los argumentos que la recurrente propone contra la
sentencia del juzgado no pueden ser tenidos en cuenta porque esa
providencia no es susceptible del recurso extraordinario de revisión, el
cual sí procede contra la decisión del 18 de septiembre de 2015, dictada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B, pues es la sentencia que agotó el asunto en segunda instancia, contra
la que no procede apelación y se encuentra ejecutoriada.
3.4.3. Sin embargo, la Sala observa que los argumentos expuestos por la
sociedad Permar S.A.S. en el recurso extraordinario de revisión contra la
decisión referida no corresponden a ninguno de los vicios enlistados en el
artículo 133 del CGP, y la recurrente no expone la configuración de alguna
irregularidad constitutiva de violación del derecho fundamental al debido
proceso.
Por el contrario, la recurrente se limita a reiterar los argumentos que ya
expuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en cuanto
al fondo de la cuestión allí debatida, esto es, respecto de la legalidad de
las actuaciones y decisiones adoptadas por la DIAN frente a las
mercancías objeto de aprehensión y decomiso, por lo que es claro que lo
que persigue es reabrir la discusión jurídica que ya se surtió.
Se insiste, el recurso extraordinario de revisión no procede para
controvertir las razones del fallo y mucho menos para reiterar los
fundamentos del recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, pues en tales eventos, es claro que se está intentando emplear
este mecanismo como una tercera instancia.
3.4.4. Por lo expuesto, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Permar S.A.S.
contra la sentencia del 18 de septiembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B.
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3.5. Costas
Vistos los artículos 188 del CPACA22 y 365 del CGP23, en especial su
numeral 8º, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 255 ibidem, y
a lo expuesto por esta corporación, la Sala considera que hay lugar a
decretar condena en costas por agencias en derecho, en la medida en que
se comprueba que la DIAN compareció a este proceso por conducto de
apoderado debidamente constituido.
En consecuencia, se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del
5 de agosto de 201624, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
y se impondrá a su favor y a cargo de Permar S.A.S., la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. No se condenará al pago
de gastos y expensas, toda vez que no se acreditó probatoriamente su
causación.
3.6. Renuncia a poder
Mediante memorial del 3 de marzo de 2022, la DIAN otorgó poder a la
abogada María Consuelo Dearcos León25. No obstante, a través de
memorial del 10 de octubre de 202326, la apoderada presentó renuncia al
mandato. Por lo tanto, la Sala aceptará tal renuncia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 76 del CGP.
22
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.”
23
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. (…)”.
24
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
25
Índice 49 ibidem.
26
Índice 56 ibidem.
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19
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Demandante: Permar S.A.S.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la sociedad Permar S.A.S. contra la sentencia del
18 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad Permar S.A.S. por
concepto de agencias en derecho, por lo que deberá pagar a la DIAN la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
TERCERO: ACEPTAR la renuncia de la abogada María Consuelo Dearcos
León al poder que le otorgó la DIAN.
CUARTO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
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Demandante: Permar S.A.S.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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21
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