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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-33-33-000-2022-00143-01

Subsidiariedad: existe un proceso en curso en el que se deben adoptar las

Fecha
29 de julio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-33-33-000-2022-00143-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-33-33-000-2022-00143-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

29 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 08001-33-33-000-2022-00143-01

Accionante: ISMAEL ANTONIO PINEDA LASTRE

Accionado: DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Por no haberse cobrado una sentencia judicial /
SUBSIDIARIEDAD – Existe un proceso en curso en el que se deben adoptar las
medidas necesarias para el cobro del título y no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que excepcione la regla de la subsidiariedad.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
proferida el 23 de mayo de 20221 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por
medio de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 9 de mayo de 2022, el señor Ismael Antonio Pineda
Lastre, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela en contra de la
Dirección Distrital de Liquidación de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla y el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna.

1 El proceso entró al despacho para fallo el 22 de junio de 2022.

1

Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

2. Hechos relevantes

El accionante señaló que trabajó en la Corporación Distrital para la Recreación y el
Deporte hasta su liquidación, entidad que le adeudaba para ese momento la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías del 2005 y el
2006.

Para su reconocimiento promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, razón por la que, el 31 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada,
el 21 de mayo de 2013, por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Para su pago se radicó una demanda ejecutiva en contra de la Dirección Distrital
de Liquidación, la que le correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo
de Barranquilla.

En este último proceso, el 15 de noviembre de 2016 se libró mandamiento de pago,
y el 27 de junio de 2017 se profirió sentencia de primera instancia, decisión que fue
recurrida y confirmada, el 29 de agosto de 2017, por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.

El 4 de marzo de 2022, el accionante presentó un derecho de petición ante la
Dirección Distrital de Liquidación solicitando información sobre los motivos por los
que no se le ha pagado la condena judicial, y el 11 de marzo siguiente, se le indicó
“una serie de argumentos distractores, y que no existen bienes en la masa
liquidadora para atender el pago de condenas (…)”.

Afirmó que el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla debía realizar todas
las gestiones necesarias para satisfacer “la obligación dineraria de carácter laboral,
hasta ahora desconocida e insoluta”.

Advirtió que actualmente se encuentra pensionado -70 años- pero que se ha visto
obligado a “vivir de préstamos y donaciones”, sumado a las deudas que ha
adquirido con diferentes bancos para su subsistencia.

2

Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

3. TUTELAR a favor del Sr. ISMAEL ANTONIO PINEDA LASTRE, los
derechos constitucionales, fundamentales MINIMO VITAL DE
SUBSISTENCIA Y VIDA DIGNA, que las accionadas vienen vulnerando.

2. ORDENAR Y CONMINAR, a la accionada JUZGADO DECIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, para que
en el término de 48 horas siguientes a la notificación del respectivo fallo,
proceda a expedir oficio o comunicación, dirigido a la DIRECCION
DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
para que adelante los trámites correspondientes a realizar las gestiones
pertinentes para garantizar el pago de la obligación reclamada y de ser
necesario en virtud de la colaboración administrativa, acudir ante el DEIP de
Barranquilla, en orden de superar la situación planteada, tal como lo dispuso
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO al decidir el recurso de
apelación de fecha 29 de agosto de 2017.

3. ORDENAR Y CONMINAR, a la DIRECCION DISTRITAL DE
LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA, para que en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del respectivo fallo, proceda, al adelantamiento de
los tramites ante el Distrito de Barranquilla, para la obtención de los recursos
necesarios para la satisfacción del crédito con fundamento en la Clausula
general de responsabilidad, consagrada en el Art 90 de la C.P, tal como lo
dispuso el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATL- al decidir el recurso de
apelación de fecha 29 de agosto 2017.

4. ORDENAR, a la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DE
BARRANQUILLA que una vez obtenga los recursos necesarios para la
satisfacción del crédito u obligación dineraria, sean puestos a disposición del
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de B/quilla.

5. NOTIFICAR en legal forma y por el medio más expedito, a los sujetos
procesales, la Sentencia que resuelva las pretensiones que constituyen el
objeto de la presente Tutela, conforme al Art. 30 del Decr. 2591 de 1991.

6. LIBRAR por Secretaria del Despacho los oficios y/o comunicaciones
pertinentes acorde al art. 36 del Decr. 2591 de 1991.

3.- La oposición

3.1. Mediante auto del 10 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades accionadas, las
que se pronunciaron en los siguientes términos:

3.2. La Dirección Distrital de Liquidaciones sostuvo que en el proceso ejecutivo que
está adelantando el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla es en el que
“se debe ventilar el pago (…) pretendido en esta acción de tutela”.

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Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

De otro lado, indicó que la tutela no es el mecanismo adecuado para reclamar el
cumplimiento de sentencias judiciales, pues para ello el ordenamiento jurídico
previó el proceso ejecutivo “el cual se encuentra ya en trámite”; además, que lo
pretendido es el pago de una sanción moratoria y no el de una pensión o salario,
por lo que no se le están vulnerando sus derechos fundamentales.

Finalmente, adujo que el accionante cuenta con una pensión que le garantiza su
mínimo vital “independiente a los descuentos que tenga por concepto de
préstamos, pues ya ello es decisión personal y patrimonial del pensionado”.

3.3. El Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla advirtió que en su despacho
se está adelantando el proceso ejecutivo que se cuestiona, razón por la que indicó
las etapas que se han surtido y aclaró que, el 5 de marzo de 2018, se decretaron
unas medidas cautelares, las que fueron reiteradas el 1º de marzo de 2021.

Sostuvo que el apoderado del accionante solicitó impulso procesal pero fue negado
porque no se acreditó “el cumplimiento de la carga de radicación de oficios emitidos
por la secretaría, ante las entidades bancarias”.

Finalmente, señaló lo siguiente (se transcribe de forma literal):

Como puede usted observar, Honorable Magistrado, este Despacho ha
agotados las etapas procesales que corresponden al proceso de ejecución,
encontrándose incluso vigente una medida cautelar de embargo de sumas de
dinero solicitadas por el ejecutante, no siendo del resorte de esta autoridad
judicial el que no haya sido posible hasta el momento obtener la satisfacción
de la obligación que reclama el ciudadano.

4.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró improcedente el amparo solicitado al incumplir con el requisito de
subsidiariedad, razón por la que aclaró que lo pretendido trasciende el ámbito de
competencia del juez constitucional, pues en el proceso ejecutivo se deben surtir
las etapas necesarias para reclamar el pago de lo adeudado.

Aunado a lo anterior, sostuvo lo siguiente (se transcribe de forma literal):

De acuerdo con el expediente ejecutivo allegado hasta el trámite de tutela por
la jueza accionada, la inconformidad traída por el actor hasta esta sede

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Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

constitucional, ya es conocida por la jueza natural de la causa y en virtud de
ello, libró nuevas medidas de embargo tal y como se desprende de la
providencia de 01 de marzo de 2021, en la cual se reiteraron las medidas de
embargo y secuestro de las sumas que posea la DDL en cuentas corrientes
o de ahorro.

En este punto resulta importante precisar que, de acuerdo con el informe
rendido por el juzgado accionado y las pruebas obrantes en el expediente, el
ejecutante no ha acreditado el cumplimiento de la carga procesal de radicar
los oficios emitidos por la secretaria de dicha dependencia judicial ante las
entidades bancarias, para proseguir con el trámite del mencionado proceso.

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
transcrita, en el presente asunto no se colman los presupuestos que habiliten
la intervención del juez constitucional para resolver de fondo el asunto, pues
el actor cuenta con el mecanismo judicial idóneo, que se encuentra en trámite
y que dicho sea de paso no ha podido continuar su curso por el
incumplimiento de la carga procesal arriba relacionada.

Finalmente, expresó que no se demostró la supuesta falta de capacidad económica,
toda vez que el accionante percibe una pensión de vejez.

5.- La impugnación

El accionante impugnó el fallo de primera instancia y manifestó que no se analizó
de fondo la problemática que planteó en el escrito de tutela.

Indicó que, el 6 de julio de 2018, se “hizo entrega de los oficios dirigidos a diversas
entidades bancarias con sellos de recibidos (...)” por lo que sí cumplió con la carga
procesal impuesta, en virtud de ello señaló (se transcribe de forma literal, incluso
con posibles errores):

Con lo anterior, contradigo, lo afirmado en el fallo que ‘el ejecutante acreditó
el cumplimiento de la carga procesal de radicar los oficios emitidos’. Pero este
aspecto de los oficios, es poco sustancial para el fin que se persigue, y
proteger los intereses dinerarios del demandante para quien debe prosperar
la acción de tutela para hacer efectiva la acreencia laboral.

Aclaró que el hecho de que en la actualidad tenga una pensión no implica que no
se le vulnere su derecho fundamental al mínimo vital, toda vez que el monto al que
tiene derecho es irrisorio.

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Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

En el presente asunto, el accionante pretende que se le amparen sus derechos
fundamentales al mínimo vital y vida digna, toda vez que en el proceso ejecutivo
que se está adelantando no ha logrado cobrar los intereses moratorias por pago
tardío de las cesantías reconocidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 21 de marzo de 2013.

De entrada, la Sala advierte que este caso, tal como lo indicó el Tribunal
Administrativo del Atlántico, no cumple con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad.

En cuanto al mencionado requisito, el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución
Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral
1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.

Frente a la subsidiariedad cuando se cuestionan decisiones judiciales que se
encuentran en curso, como en este caso, la Corte Constitucional2 ha sostenido:

4.1. La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad
cuando se atacan decisiones judiciales, se analiza de forma diferenciada en los
siguientes escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) se encuentra
en curso3. En el segundo de ellos, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos

2 T-600 de 2017.
3 Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.

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Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Sobre el particular
en la sentencia T-113 de 2013 se consignó: (…)

En tal sentido, la Corte ha sido enfática al considerar que la acción de tutela
no es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de conflictos,
por lo que no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en
la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas
especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo4. Es así
como esta Corporación ha precisado algunas razones que resaltan la
importancia del estudio del requisito de subsidiariedad, a fin de determinar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 5, dentro de
las que se destaca el respeto por el debido proceso propio de cada actuación
judicial. En concreto se indicó: ‘(…)’6.

Así mismo, en sentencia T-426 de 2014 este Tribunal precisó que los jueces
de tutela tienen la obligación de no intervenir en el marco de procesos
que se encuentran en trámite y sobre los cuales no existe decisión
definitiva, ello debido a que la intromisión en un asunto que hasta ahora
inicia puede llegar a desconocer las garantías constitucionales de los
administrados. En este sentido señaló: ‘Los administradores de justicia deben
respeto a la Constitución y a las leyes, más aún en el ejercicio de sus
competencias, ello implica que las decisiones judiciales han de ser adoptadas
con estricto apego al ordenamiento jurídico, en el cual la primacía de los
derechos fundamentales ocupa un lugar significativo. En ese sentido, el
proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr la corrección de las
actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías’.

En igual línea de pensamiento esta Corporación en la providencia SU-695 de
2015 destacó que ‘la jurisprudencia de este tribunal constitucional ha sido
enfática y reiterativa en señalar que la acción de tutela no procede de manera
directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la
posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento’,
salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.

4.2. En lo que atañe propiamente a la procedencia de la acción como
mecanismo transitorio y con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, como
lo ha venido acuñando la jurisprudencia de esta Corporación, el ciudadano
tiene la carga de probar, aunque sea sumariamente 7, la existencia de un
perjuicio que: ‘(i) sea inminente, es decir que produzca, de manera cierta y
evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la adopción de
medidas urgentes para conjurarlo8; (iii) amenace gravemente un bien jurídico
que sea importante en el ordenamiento jurídico 9 y; (iv) dada su urgencia y
gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el

4 Original de la cita: “Sobre el particular pueden verse las sentenciasT-475 de 2017, T-396 de 2014,

T-083 de 2007, T-1103 y 076 de 2003, T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de
2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998,
T-637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992, entre otras”.
5
Original de la cita: “Ver sentencias T-649 de 2011 Y T-211 de 2009”.
6 Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.
7 Sentencia T-199 de 2004.
8 Original de la cita: “Sentencia T-525 de 2007”.
9 Original de la cita: “Sentencia T- 640 de 1996”.

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Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

restablecimiento del orden social justo en toda su integridad 10, pues, de lo
contrario, la acción se torna improcedente. Sólo excepcionalmente, empero,
esta Corte ha considerado que, el juez de tutela puede no exigir la demostración
del perjuicio irremediable cuando el tipo de reclamo que se formula permite
razonablemente presumir que existe afectación gravosa de derechos
fundamentales y, en esa medida, corresponde es a la entidad demandada
desvirtuar la referida presunción’11.

(…) Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la evaluación
del perjuicio irremediable es, ‘un ejercicio de análisis que debe consultar
siempre las particularidades o supuestos fácticos del caso concreto y de las
condiciones personales de quien invoca la protección de sus derechos
fundamentales’12. En igual línea de pensamiento en sentencia SU-394 de 2016
este Tribunal tuvo la oportunidad de precisar que no toda alegación de la
existencia de un perjuicio debe darse por cierta, y en esa medida es carga del
accionante probar su existencia. Afirmó: (…)

En conclusión, el carácter subsidiario de la tutela impone al ciudadano la
obligación de acudir a los otros mecanismos judiciales antes de invocar la
protección de los derechos fundamentales a través del amparo constitucional,
la Corte ha indicado que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias y solo
en casos excepcionales, cuando se demuestre y pruebe la existencia de un
perjuicio irremediable es procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio13 (se desataca).

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el 15 de noviembre de 2016, el
Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla libró mandamiento de pago en
contra de la Dirección Distrital de Liquidación, a favor del señor Ismael Antonio
Pineda Lastre.

El 27 de junio de 2017 se ordenó seguir adelante con la ejecución.

El 5 de febrero de 2018, el mencionado juzgado aprobó la liquidación del crédito y
el 5 de marzo de la misma anualidad decretó el embargo y secuestro “de las sumas
de dinero que posea la entidad ejecutada en las cuentas de ahorro o corriente en
las siguientes entidades bancarias (…)”, esta última decisión fue apelada y
confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

El 1º de marzo de 2021, el juzgado reiteró la medida cautelar que había sido
decretada y ordenó librar los oficios correspondientes.

10 Original de la cita: “Sentencia T-535 de 2003”.
11 Original de la cita: “sentencias T-210 de 2011, T-141 de 2011, T-076 de 2011, y T-737 de 2010”.
12 Original de la cita: “sentencia T-1316 de 2001”.
13 Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.

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Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

El 25 de febrero de 2021, el apoderado del accionante solicitó impulso procesal,
petición que fue negada con fundamento en lo siguiente (se transcribe de forma
literal):

Revisado el proceso de la referencia, advierte el Despacho que la parte
ejecutante ha presentado en forma reiterada solicitudes de impulso procesal,
en los que pone de presente que a la fecha la entidad ejecutada no ha
procedido al pago del crédito que se encuentra liquidado y aprobado en el
presente asunto.

Al respecto cabe indicar que este Despacho mediante proveído de fecha 01
de marzo de 2021 reiteró las medidas cautelares de embargo sobre bienes
de la entidad ejecutada, de las cuales libró los correspondientes oficios. Sin
embargo, al Despacho la parte ejecutante no ha aportado la prueba de haber
procedido con la debida radicación de tales oficios antes las entidades
financieras correspondientes, lo cual impide al Despacho el poder ejercer sus
poderes de instrucción conforme lo solicita el ejecutante.

La anterior decisión fue recurrida y confirmada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, tras considerar que, si bien no le habían sido remitido los oficios
correspondientes, lo cierto es que dicha “situación fue subsanada pues consta que
con fecha 10 de octubre de 2021 la Secretaría del Despacho procedió a su
remisión”; además que (se transcribe de forma literal):

A la fecha de hoy, los oficios de embargo librados con fecha 2 de marzo de
2021, que le fueron remitidos al demandante con fecha 10 de octubre de 2021
y que se encuentran cargados en la plataforma TYBA WEB, no cuentan con
constancia de haber sido radicados ante sus destinatarios, siendo realmente
este el impulso procesal que le corresponde dar al apoderado ejecutante
conforme a su interés, toda vez que en el proceso el Despacho ha cumplido
con todas la etapas procesales que corresponden a la ejecución objeto de la
litis.

En ese orden de ideas, la Sala estima que el proceso ejecutivo que cursa ante el
Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla constituye el escenario pertinente
y válido para formular y realizar todas las gestiones tendientes a lograr el cobro de
la sentencia judicial que le reconoció los intereses moratorios por el pago tardío de
las cesantías al aquí accionante.

En otras palabras, no es procedente utilizar este mecanismo excepcional y residual
cuando el proceso ordinario que se promovió para el cobro del crédito se encuentra
en curso y tampoco para obviar las etapas establecidas en nuestra legislación para
el cobro de los títulos.

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Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

En este punto, resulta importante aclarar que, si bien el accionante en el 2018
remitió los oficios de embargo a las entidades financieras, lo cierto es que esa
medida cautelar fue reiterada y el señor Pineda Lastre no demostró cumplir con la
carga procesal impuesta.

De otro lado, se observa que el juzgado encargado de adelantar el proceso
ejecutivo ha cumplido con las etapas procesales y ha dado respuesta a las
peticiones elevadas por el accionante.

En un caso similar esta Corporación se pronunció en los siguientes términos14:

Así entonces, se advierte que el proceso ejecutivo número 70001-33- 33-008-
2015-00057-00 se encuentra en trámite, por lo cual es evidente que no es
procedente la solicitud presentada por la parte actora en la petición radicada
ante el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, así como tampoco lo es lo pretendido en la presente
acción de tutela, en cuanto a que se realice “el pago de la demanda ejecutiva
precitada que se promueve ante el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO”, al no cumplir el requisito de
subsidiariedad de la acción, en tanto que dicha solicitud debe surtirse bajo el
cauce de competencia del Juez natural que adelanta el proceso de ejecución
y no del juez constitucional, pues, la acción de tutela no se constituye para
omitir el agotamiento de las etapas procesales o para desconocer las
decisiones que dentro él se profieran, ya que ello desnaturalizaría su carácter
residual y excepcional15.

Así las cosas, la Subsección considera que el accionante pretende acceder a este
mecanismo constitucional de manera prematura, desconociendo que el Juzgado
Décimo Administrativo de Barranquilla, en su condición de juez natural de la causa
–que es el primer encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de los
ciudadanos– es el encargado de realizar y atender todas las gestiones necesarias
tendientes al cobro del título.

No sobra advertir que lo pretendido con la demanda de tutela es la sanción
moratoria por no pago oportuno de las cesantías, situación frente a la que la Corte
Constitucional se ha pronunciado y ha señalado que esta es “una prestación
accesoria del derecho principal a recibir cesantías”; además que:

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de

julio de 2021, expediente 20210268700, M.P. Oswaldo Giraldo López.
15 Original: En este mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 29 de agosto de 2019,
proferida en la acción de tutela con radicación número 11001 03 15 000 2019 02784 01, C.P.
Oswaldo Giraldo López.

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Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como
una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es ‘auxiliar a la persona
que se queda temporalmente sin trabajo’. Por tanto, solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo
vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a
una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal
con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez
de tutela (…)16.

Aunado a lo anterior, no se advierte la configuración de alguno de los eventos que
la Corte Constitucional ha considerado como excepciones al requisito de
subsidiariedad, si bien el señor Pineda Lastre alegó ser una persona de la tercera
edad y tener una pensión “irrisoria” que lo ha obligado a “vivir de préstamos y
donaciones”, la Sala estima que su contenido no resulta suficiente para probar tal
situación, máxime si se tiene en cuenta que actualmente percibe una pensión de
un salario mínimo y los descuentos que se le hacen son producto de créditos que
voluntariamente adquirió.

En ese contexto, debe rechazarse por improcedente la solicitud de amparo17, dado
que no le corresponde al juez de tutela hacer un pronunciamiento de fondo sobre
cuestiones propias del proceso ejecutivo, en el que el accionante no ha cumplido
con la carga procesal impuesta, y menos si no se probó un perjuicio irremediable,
razón por la que, como lo ha establecido esta Corporación en anteriores
oportunidades, “… la competencia del juez de tutela, que, como se sabe, es
restringida y solo puede intervenir en pro de proteger los derechos fundamentales
amenazados o en situación de amenaza”18.

16 Corte Constitucional, SU-573 del 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
17 Un caso similar ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia del 1º de julio de 2022, expediente 20220266500.
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia del 3 de
noviembre de 2015, radicado número 110010315000201502118 00.

11

Radicación: 08001-33-33-000-2022-00143-01
Actor: Ismael Antonio Pineda Lastre
Demandado: Dirección Distrital de Liquidaciones y otros
Referencia: Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de mayo de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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