Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2000-06686-01
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Recurso extraordinario de súplica: procede por violación de normas demandadas. Medio idóneo para impugnar errores iuris in…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2000-06686-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2000-06686-01
Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero
6 de diciembre de 2016
RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA – Procede por violación de normas demandadas. Medio idóneo para impugnar errores iuris in judicando / RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA – No constituye una nueva instancia / RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA – No admite argumentos dirigidos a cuestionar el análisis probatorio del Juez / ACLARACIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL – No está prevista como causal del recurso extraordinario de súplica / INDICACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Requisito del recurso extraordinario de súplica
El artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que se interpuso este recurso (24 de enero de 2001), contemplaba el recurso extraordinario de súplica contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por las Secciones o Subsecciones de esta Corporación y señalaba como única causal posible la violación directa de norma sustancial (…). La norma es aplicable en este caso por expresa disposición de los artículos 7º de la Ley 954 de 2005 y 164 de la Ley 446 de 1998, que preceptuaba la procedencia del recurso con una precisa exigencia: sólo procedía por violación directa de norma sustancial en cualquiera de sus formas o conceptos de trasgresión u aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las normas. Significa lo anterior que sólo podía examinarse por la vía del recurso extraordinario de súplica los yerros iuris in judicando en que pudo incurrir el juzgador, esto es, el juicio que el fallador realizó sobre la existencia, validez y alcance de la disposición jurídica sustancial que gobernó la litis, al inaplicarla, aplicarla en forma indebida o interpretarla equivocadamente. (…) De acuerdo con la jurisprudencia que esta Corporación desarrolló sobre el recurso extraordinario de súplica en la actualidad derogado-, puede afirmarse que presenta las siguientes características: i) sólo procede por los llamados errores iuris in judicando, esto es, por violación directa de normas jurídicas, sin que se admita al impugnante la presentación de argumentos dirigidos a cuestionar, ni siquiera en forma limitada, el análisis probatorio efectuado por el juzgador, ii) es necesario que las disposiciones citadas como violadas en el recurso de súplica tengan el carácter de normas sustanciales, “entendiendo por tal (...) la regla jurídica de carácter nacional, cuyo contenido sea la declaración, creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas concretas, siendo por tanto el contenido del precepto legal y no su ubicación en uno u otro código, lo que permite calificarlo como sustancial” (…) De lo anterior puede concluirse que el recurso extraordinario de súplica no puede utilizarse como si se tratara de la segunda o de una tercera instancia, razón por la cual no es admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso, y menos pueda cuestionar la actividad judicial que antecede al fallo y que está compuesta por actuaciones interlocutorias o de mero trámite, que preparan el camino para la decisión final. (…) Vale decir que no cabe estudiar por esta vía las mencionadas inconformidades, en tanto no versan sobre yerros in judicando, pues no se solicita un análisis objetivo del marco jurídico aplicado en el fallo, sino que se pide revisar de nuevo los supuestos fácticos del proceso, máxime cuando el examen impone un juicio de valor sobre los elementos de prueba aducidos y analizados en el proceso.
Nótese entonces cómo el censor edificó su argumentación a partir de aspectos fácticos, ajenos al estudio de la actividad in judicando del fallador, porque en este evento no se trata de una violación directa de la norma sino indirecta, que no se contempló como causal del recurso extraordinario de súplica, en el cual no es posible discutir hechos ni juicios de valor relacionados con los elementos de prueba que se hayan aducido y analizado en el curso procesal, en tanto con ello se continuaría o replantearía el debate sobre el fondo del asunto. (…) Si lo que pretende el recurrente a través de este recurso es despejar dudas acerca de cómo se debe cumplir la condena, tal cuestión escapa a la finalidad del recurso extraordinario de súplica que tiene como propósito principal examinar los yerros en los que pudo incurrir el fallador sobre la existencia, validez o alcance de una disposición jurídica sustancial, por su inaplicación, aplicación indebida o indebida interpretación. (…) Conforme se desprende del inciso segundo del artículo 194 del C.C.A., para formular el recurso extraordinario de súplica es requisito esencial la indicación precisa de la norma o normas sustanciales supuestamente infringidas por la sentencia objeto de la impugnación y la exposición clara de los motivos sobre los cuales se edificaron los cargos, razón por la cual, esta Corporación ha expresado que no son admisibles las acusaciones de carácter general al contenido del proceso ni la invocación general de leyes o estatutos para formular los cargos. En consonancia con lo anterior, la Sala no encuentra que el Hospital de Caldas se refiera de manera específica a las normas sustanciales presuntamente infringidas por la sentencia objeto del recurso extraordinario de súplica, pues no identifica qué preceptos estima desconocidos con la decisión tomada en el fallo de segunda instancia en la que se ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro del señor Luis Guillermo Trujillo al cargo que ocupada y el pago de sueldos y prestaciones dejados de percibir desde el día en que fue desvinculado hasta que efectivamente fuera reintegrado.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 E 194 – ARTÍCULO 194 / LEY 954 DE 2005 – ARTÍCULO 7 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 164
DESVINCULACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO – Restablecimiento de derechos / DESVINCULACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO – Reintegro. Descuentos / RETIRO ILEGAL DE EMPLEADOS – Forma de restablecer el derecho en cuanto a los salarios y prestaciones dejados de percibir. Posición jurisprudencial / DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO – Prohibiciones
Respecto de la forma cómo se debe proceder para restablecer los derechos de aquellos servidores públicos que han sido desvinculados mediante actos administrativos, posteriormente demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y finalmente anulados por sentencia judicial, especialmente en cuanto a si es preciso reconocerles a los funcionarios, en su integridad, lo dejado de percibir desde que fueron retirados del servicio hasta que sean efectivamente reintegrados o si se deben aplicar descuentos durante el lapso en que hayan permanecido fuera de la entidad demandada por el desempeño de otro cargo oficial, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han adoptado diversas posiciones, a las cuales será preciso hacer referencia por separado. (…) Esta Corporación definió el tema del reconocimiento de los salarios dejados de percibir, en el sentido de que a estos no debía aplicársele ningún descuento en el caso de que el servidor hubiere ocupado otro cargo público, habida cuenta que ello no implicaba la transgresión del precepto inserto en el artículo 128 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos desempeñar más de un empelo con el Estado y recibir más de una asignación salarial, ya que el pago ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de retiro ostenta un carácter meramente indemnizatorio y no involucra el desempeño de otro cargo o el pago de otro salario. En esa misma medida, no se aceptó la tesis del enriquecimiento sin causa por el pago de salarios y prestaciones como consecuencia del reintegro, pues el reconocimiento deviene del perjuicio irrogado al servidor por la administración al haberlo desvinculado ilegalmente
LÍMITES INDEMNIZATORIOS – Persona desvinculada del cargo que ocupaba en provisionalidad. Retiro producido por acto administrativo sin motivación / DESVINCULACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO – Descuentos
Es palmario que en la actualidad la Corte Constitucional, por virtud de la sentencia SU 556 de 2014, considera que para efectos de la indemnización es menester descontar la remuneración que haya recibido la persona desvinculada, no solo del tesoro público sino también del privado, pues la reparación debe corresponder al daño que efectivamente se causó. (…) En esa medida, el máximo órgano de control constitucional determinó que las órdenes que se debían adoptar en casos de retiro sin motivación, de personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, eran las siguientes: (i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario. En consecuencia, pese a que el Consejo de Estado ha mantenido una posición uniforme respecto del reconocimiento de perjuicios como consecuencia de la nulidad de un acto que dispone el retiro de un funcionario del Estado, en el sentido de reconocer los salarios y prestaciones generadas desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo sin solución de continuidad, tesis que en alguna época también compartió la Corte Constitucional con ocasión de varias sentencias de tutela y de las SU – 917 de 2010 y 691 de 2011, no lo es menos que a partir de la sentencia SU 556 de 2014 hay un cambio jurisprudencial tendiente a descontar la remuneración de personas injustamente desvinculadas conforme a los criterios allí expuestos
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA – Garantía constitucional
Expresó el recurrente que se dejó de aplicar el artículo 13 de la Constitución Política, comoquiera que el debido proceso debía ser aplicable a todo ciudadano, y en este caso, no era de recibo que la sentencia recurrida trajera a colación una disposición no citada en el concepto de violación. Frente a lo anterior, la Sala precisa que el artículo 29 de la Constitución Política reviste el carácter de norma de derecho sustancial donde se consagra el principio del debido proceso, uno de cuyos componentes es el derecho de defensa que le asiste a toda persona que actúe en todo proceso, judicial o administrativo, bien sea como parte o como tercero interviniente, en cuanto constituye el conjunto de garantías que busca asegurar al ciudadano que acude a un determinado proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida fundamentación de las decisiones, tanto jurisdiccionales como administrativas, a través del cumplimiento cabal de las formas preestablecidas para cada caso por el legislador. (…) En ese orden de ideas, según la jurisprudencia constitucional, el proceso es debido cuando se ajusta a las previsiones legales, se acomoda a las formas propias de cada juicio y garantiza el derecho de defensa de los asociados. Por consiguiente, una de las garantías que integran el debido proceso y, por ende el derecho de defensa, es precisamente la posibilidad de controvertir lo alegado por la contraparte. (…) El hecho de que la sentencia de segunda instancia del 14 de septiembre del 2000, expedida por la Sección Segunda de esta Corporación, haya anulado el acto administrativo demandado relativo a la declaratoria de insubsistencia del actor, con sustento en la pretermisión de las exigencias contenidas en el señalado Decreto 1335 de 1990, el consecuente desmejoramiento del servicio y que, por ello, se hubiera predicado una desviación de poder, no es motivo suficiente para colegir la vulneración del debido proceso, pues tal análisis e inferencias se hicieron a partir de un cargo que sí fue planteado en la demanda y reiterado en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado, respecto del cual la demandada tuvo diversas oportunidades para pronunciarse, verbigracia, en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión de primera y segunda instancia
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 137 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-15-000-2000-06686-01(S)
Actor: LUIS GUILLERMO TRUJILLO
Demandado: HOSPITAL DEL CALDAS E.S.E.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 954 de 2005 y en el artículo 3º del Acuerdo n.° 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala Especial de Decisión n.° 12 procede a resolver el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de septiembre de 2000, emitida por la Sección Segunda – Subsección “B” de esta Corporación, mediante la cual se revocó la sentencia de 14 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, y en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luís Guillermo Trujillo López presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución n. º GHP-694-92 del 31 de diciembre de 1992 que declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de médico cirujano en el Hospital de Caldas. El 14 de enero del 2000, el Tribunal Administrativo de Caldas denegó las súplicas de la demanda y, posteriormente, en vía de apelación, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia apelada al considerar que el acto atacado estaba viciado por desviación de poder, y en su lugar, accedió a las pretensiones. La parte demandada interpone recurso extraordinario de súplica con el propósito de que se revoque la sentencia de segunda instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Lo que se demanda
El señor Luís Guillermo Trujillo López a través de apoderado y mediante escrito presentado el 3 de mayo de 1993 ante el Tribunal Administrativo de Caldas (fl. 42 – 59, c.1) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
1º. Declarar nula La Resolución GHP-694-92 de Diciembre 31 de 1992 “Por medio de la cual se declara insubsistente un funcionario” proferida por el Gerente del Hospital del Caldas.
2º. Que como consecuencia del anterior pronunciamiento y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al señor Gerente del Hospital del Caldas:
Reintegrar a mi representado al mismo cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración.
Que igualmente y a título de restablecimiento del derecho, se condene al Establecimiento público descentralizado “Hospital de Caldas” a reconocer, liquidar y pagar al actor los sueldos, primas, subsidios, vacaciones, bonificaciones, y demás emolumentos dejados de percibir desde el día en que surtió sus efectos legales la decisión de declarar insubsistente su nombramiento, hasta la fecha en que efectivamente sea reintegrado, como consecuencia de la sentencia que ponga término a la acción.
4º. Que no ha existido solución de continuidad en los servicios prestados al HOSPITAL DE CALDAS por el actor, para todos los efectos legales y en especial lo relacionado con el conocimiento y pago de las prestaciones sociales.
5º. Se establezca la responsabilidad conexa, si a ello hubiere lugar, de conformidad con los dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.
Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el demandante expresó que estuvo vinculado laboralmente al Hospital de Caldas en el cargo de médico cirujano desde el 22 de marzo de 1988; institución donde desempeñó varios cargos, el último como médico especialista, hasta que por medio de Resolución n. º GHP-694-92 del 31 de diciembre de 1992 fue declarado insubsistente.
3. En la referida demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se expuso como concepto de violación lo siguiente (fl. 42 – 59, c.1):
3.1. Manifestó que el Gerente del Hospital de Caldas no tenía competencia para proveer sobre la declaratoria de insubsistencia, pues de los estatutos de esa institución no se derivaba la facultad de nombrar y remover a los servidores de la entidad.
3.2. Señaló que, de conformidad con las leyes 10 de 1990 y 61 de 1987, las personas que para la época se encontraran desempeñando un cargo de carrera tenían derecho a ser inscritos en la misma, siempre y cuando cumplieran los requisitos para el empleo, según lo exigido en el respectivo manual de funciones.
3.3. Aclaró que la obligación de inscribir a los empleados en carrera estaba en cabeza de las diferentes entidades territoriales y de los entes descentralizados, según lo ordenaba el artículo 10 de la Ley 10 de 1990, obligación no acatada por el Hospital de Caldas.
3.4. Expresó que el empleo que desempeñaba al momento de su desvinculación, médico especialista código 321520, era de carrera, según lo disponía el Decreto 1335 de 1990 que regulaba el manual de funciones del sector salud, de suerte que la administración no podía declarar insubsistente su nombramiento. Además dijo que para la época ya se encontraba vigente la Ley 27 de 1992 que reguló la carrera administrativa y exigía que los cargos debían proveerse mediante el sistema de méritos.
3.5. Aclaró que el referido decreto preveía los requisitos para el desempeño del cargo: título de formación universitaria en medicina, postgrado en una de sus especialidades y un año de experiencia relacionada; exigencias que no cumplía el funcionario que lo reemplazó, de modo que su desvinculación no se produjo con la finalidad de mejorar el servicio, de ahí que también se transgrediera el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo que regulaba la aplicación del principio de proporcionalidad a las facultades discrecionales. Por consiguiente, manifestó que se había incurrido en una desviación de poder, una falsa motivación y extralimitación de funciones.
3.6. También dijo que se lo declaró insubsistente de un nombramiento inexistente el de “médico cirujano”, siendo que el último cargo que desempeñó fue el de médico especialista.
II Trámite procesal
4. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia de primera instancia el 14 de enero de 2000 y denegó las pretensiones de la demanda con sustento en lo siguiente (fl. 111 – 123, c.1):
4.1. No había lugar a la excepción de inepta demanda, propuesta por el demandando, pues pese a que el concepto de violación era impreciso y no se desarrolló respecto de algunas normas, sí se había hecho en relación con otras.
4.2. El funcionario que expidió el acto acusado, por autorización del Decreto 1355 de 1990, sí tenía competencia para proveer sobre la insubsistencia, y en general, de todo lo relacionado con novedades de personal, siempre que no estuviera atribuido expresamente a la Junta Directiva del Hospital de Caldas.
4.3. El demandante no estaba inscrito en régimen de carrera, de suerte que el Gerente del Hospital de Caldas podía hacer uso de la facultad de libre nombramiento y remoción. Agregó que la prueba encaminada a demostrar que con la desvinculación del actor se desmejoró el servicio era inane, por cuanto no se acreditó que el servidor designado en su reemplazo no reuniera los requisitos exigidos.
4.4. No se vulneró el régimen de carrera administrativa, pues el solo hecho de ocupar un cargo de carrera no implicaba que automáticamente el servidor tuviera esta condición, ya que para ello se requería acogerse a todos los requisitos y presupuestos previstos en la legislación para el sistema de carrera en el empleo público.
5. Contra la sentencia de primera instancia la parte demandante interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación el 19 de julio de 1994 (fl, 129 -138, c.1), con el fin de que se revocara la decisión y, en su lugar, se acogieran las pretensiones de la demanda, los argumentos fueron:
5.1. La desvinculación del señor Luís Guillermo Trujillo y el posterior nombramiento de Juan Carlos López Villegas no trajo consigo el mejoramiento del servicio, pues el primero ostentaba calidades superiores a las que detentaba el segundo, máxime cuando no cumplía los requisitos previstos por el Decreto 1335 de 1990 para ocupar el cargo de médico especialista.
5.2. Dentro del periodo probatorio solicitó se oficiara al Hospital de Caldas para que allegara copia de las hojas de vida de los médicos Luís Guillermo Trujillo y de López Villegas, pero estas no fueron aportadas y se profirió sentencia, de suerte que se desconoció el debido proceso, pues dichas pruebas hubieran permitido determinar si quien lo reemplazó reunía los requisitos de ley para ocupar el empleo.
5.3. El Decreto 1335 de 1990 contemplaba los requisitos mínimos para ocupar el cargo de médico especialista, código 311520, esto es, título de formación universitaria en medicina, posgrado en una de sus especialidades y 1 año de experiencia relacionada. Así, quien reemplazó al demandante no reunía tales exigencias, pues no contaba con el título de especialista y solo lo obtuvo hasta el 26 de febrero de 1993, en fecha posterior al nombramiento (5 de enero de 1993) y posesión (2 de febrero de 1993), situación que resultaba suficiente para inferir que se trató de una vinculación arbitraria y constitutiva de una desviación de poder.
5.4. El doctor López Villegas tampoco reunía el requisito de experiencia dada la reciente obtención del título de especialista, misma que debía estar relacionada con la especialidad propia, la cirugía general.
5.5. Insistió en que si se observaba con atención la declaratoria de insubsistencia, esta se refiere al cargo de médico cirujano, siendo que su último nombramiento se produjo en calidad de médico especialista.
6. El 14 de septiembre de 2000, la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia en el sentido de revocar el fallo impugnado y acceder a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos (fl. 186 – 202, c.1):
6.1. El Hospital de Caldas era un establecimiento público de orden municipal, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, su régimen de personal estaba determinado por la Ley 10 de 1990 y a partir del Decreto Extraordinario n.º 489 de 1991, la primera autoridad ejecutiva de la entidad era el Gerente, quien tenía competencia para el nombramiento de los empleados del hospital, excepto de algunos cargos directivos.
6.2. Atinente a la desviación de poder, encontró que, efectivamente, de acuerdo con el Decreto 1335 de 1990, para desempeñar el cargo que ocupaba el actor se requería: (i) estudios, título de formación universitaria en medicina y postgrado en una de sus especialidades; y (ii) un año de experiencia relacionada.
6.3. Observó que aparecía probado que el profesional de la medicina Juan Carlos López Villegas fue nombrado, en reemplazo del demandante, en el cargo de médico especialista a partir del 5 de enero de 1993, quien había terminado sus estudios de posgrado en cirugía general el 11 de diciembre de 1992, por lo que para la fecha en que se produjo su nombramiento no cumplía con el requisito del año de experiencia, según el Decreto 1335 de 1990.
6.4. A partir de lo anterior concluyó que el nominador con la expedición del acto acusado no persiguió razones de buen servicio, pues resultaba contradictorio declarar la insubsistencia de un servidor público que cumplía a cabalidad con sus funciones por otro que no reunía los requisitos mínimos, situación que ponía en evidencia la desviación de poder en la que había incurrido el ente acusado y daba lugar a la nulidad de la Resolución n.º GHP-694-92 del 31 de diciembre de 1992.
7. Contra la sentencia de segunda instancia, la parte demandante interpuso y sustentó en tiempo el recurso extraordinario de súplica el 24 de enero de 2001, con el fin de que se revocara la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, se confirmara la dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas que denegó las pretensiones de la demanda, así (fl. 4 – 12, c.4):
7.1. Expresó que se habían vulnerado de manera directa los artículos 29 de la Constitución Política y numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.
7.2. Manifestó que la sentencia de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, tuvo en cuenta el contenido del Decreto 1335 de 1990 como fundamento central para la declaratoria de la nulidad del acto atacado, particularmente en lo relacionado con los requisitos para desempeñar el cargo de médico especialista. Estimó, no obstante, que el ad-quem vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto se trata de una norma respecto de la cual el demandante no había desarrollado adecuadamente el concepto de violación en el escrito inicial y solo se trajo a discusión con la interposición del recurso de apelación, pues de haberlo hecho antes, como contraparte hubiera tenido la oportunidad para controvertir el cargo.
7.3. Resaltó además que el análisis realizado por el fallador respecto del Decreto 1335 de 1990 fue incompleto, pues la norma debió interpretarse en conjunto con el Decreto 500 de 1991 que se refería a las equivalencias y compensaciones en cuanto a la experiencia para desempeñar empleos en el sector salud, de suerte que el servidor designado en reemplazo del accionante pudo haber cumplido a cabalidad los requisitos para desempeñar el cargo de médico especialista. En esos términos propuso una falta de aplicación de la norma, así:
Como fundamento para presentar el recurso extraordinario con el que se propone es la FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA, y en el presente caso el demandante no la invoca, pero el juzgador al tomarla olvida las disposiciones complementarias de la misma, la cual nos conduce desafortunadamente a que no fue aplicada debidamente, por cuanto la figura de las compensaciones u equivalencias hacen parte integral de la misma y en tal sentido el servidor designado podía cumplir cabalmente con los requisitos del cargo(…)
7.4. Alegó la aplicación indebida del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la apreciación de las pruebas, ya que, en su parecer, la escasez de elementos de convicción nada podían indicar acerca de los requisitos que reunía el médico López Villegas para acreditar los requisitos mínimos del cargo y en el fallo atacado solo se aludió a la fecha de terminación de estudios para inferir la falta de experiencia específica, aunque a la luz del artículo 28 del Decreto 33 de 1990 también contaba la experiencia relacionada, de suerte que se hubiere podido incluir a la lograda por el médico reemplazante en la práctica clínica realizada durante sus estudios de especialización.
7.5. Arguyó que el demandante desatendió el requerimiento hecho por el despacho de primera instancia al decretar la prueba del interrogatorio de parte como razón para su defensa y, en claro desacato, no solo dejó de asistir sino que tampoco dio explicación a su renuencia.
7.6. Destacó la falta de aplicación de la Ley 27 de 1992 y de sus decretos reglamentarios, si bien era cierto que el actor desempeñaba un cargo inscrito dentro de la carrera administrativa, no por ello le asistían los derechos equivalentes, ya que para el efecto se requería la correspondiente inscripción.
7.7. Agregó que para la época en que el doctor Juan Manuel López Villegas ingresó a laborar en el Hospital de Caldas, ya había sido promulgada la ley de carrera que concedía un año de plazo para acreditar los requisitos mínimos del empleo que también incorporaba una serie de equivalencias y compensaciones para su cumplimiento, de suerte que también se trataba de una norma que debió aplicarse al caso concreto, pues ello pudo haber favorecido al referido médico.
7.8. Dijo también que en vista de que el cargo era de carrera, era necesario resolver si el reintegro ordenado debía ser “ordinario” o provisional.
7.9. Igualmente expresó que en la sentencia de segunda instancia se ordenó el reconocimiento de primas, bonificaciones, subsidios y demás prestaciones dejadas de percibir, pero no se tenía claridad histórica acerca del pago de aportes, retenciones, pensiones y seguridad social, por lo que en caso de que el demandante hubiera laborado en entidades del Estado ello constituiría un doble pago.
7.10. Finalmente aludió a la falta de aplicación del artículo 13 de la Constitución Política, pues pese a que las normas vigentes debían ser aplicables a todo ciudadano, en su caso no se habían observado las relativas al debido proceso, por lo que insistió que no era de recibo traer a discusión una disposición no citada como vulnerada (el Decreto 1335 de 1990).
8. El recurso extraordinario de súplica fue concedido por la Sección Segunda – Subsección “B” el 8 de febrero de 2001 (fl. 14 y 15, c.4) y admitido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 25 de octubre de 2002 (fl. 47, c.4), por lo que el 18 de julio de 2003 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por un término de 10 días para alegar de conclusión (fl. 63, c.4).
8.1. Dentro del término para alegar, el demandante, Luís Guillermo López Trujillo, mediante apoderado judicial presentó escrito donde expresó (fl. 64 – 77, c.4):
8.1.1. No se advierte vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, ya que el Decreto 1335 de 1990 sí formó parte integral del concepto de violación expuesto en la demanda, de suerte que era obligación del juez administrativo remitirse a dicha norma para analizar su contenido.
8.1.2 Respecto de la falta de aplicación del Decreto 500 de 1991, no se encontró que este tuviera relación alguna con lo debatido durante el trámite procesal, por lo que se corrobora que para la época en que se posesionó el doctor López Villegas en el cargo de médico especialista este no había cumplido con el requisito de postgrado exigido por el Decreto 1335 de 1990.
8.1.3. En relación con la indebida aplicación 187 del Código de Procedimiento Civil, se tiene que el juez de instancia apreció en conjunto las pruebas aportadas al proceso y con base en ellas decidió.
8.1.4. Atinente a la falta de aplicación de la Ley 27 de 1992 y sus decretos reglamentarios, se trata de una norma aplicable a quienes se encontraban vinculados al momento de su expedición y no a los funcionarios que ingresaran con posterioridad.
8.1.5. Frente a la falta de aplicación del artículo 13 de la Constitución Política, a las partes se le concedieron la mismas garantías procesales, pero “la omisión por parte de una de ellas, frente a lo que pudo hacer y no hizo, no pueden ir en detrimento de lo que consagran las normas para fallas en derecho”.
8.2. Por su parte, el Ministerio Público y el demandando guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
9. En relación con la competencia, los artículos 97 y 194 del C.C.A., en consonancia con lo prescrito por el artículo 3º del Acuerdo n.° 321 de 2014, corresponde a esta Sala decidir el recurso extraordinario de súplica interpuesto mediante apoderado por la parte demandada el 24 de enero de 2001, contra la sentencia del 14 de septiembre del 2000 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, M.P. Dr. Carlos A. Orjuela Góngora mediante la cual se revocó la sentencia del 14 de enero del 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado contra el Hospital de Caldas.
9.1 Adicionalmente, el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, dispuso la exclusión de los Consejeros de la Sección que profirieron la decisión, razón por la cual la Consejera de Estado doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, en tanto forma parte de la Sección Segunda, no hace parte de la Sala Especial de Decisión para el presente asunto.
10. Concerniente a la oportunidad, el artículo 194 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, prevé que el recurso extraordinario de súplica debe interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia impugnada.
10.1. Para el caso concreto, se tiene que la sentencia objeto de recurso fue notificada por edicto el 4 de diciembre del 2000, según constancia secretarial (f. 203 c. 1) y quedó ejecutoriada tres días después, esto es, el 7 de diciembre de 2000. Así, el conteo de los 20 días hábiles empieza a partir de esta última fecha, si se tiene en cuenta que no corrieron términos desde el 20 de diciembre de 2000 hasta el 10 de enero de 2001, inclusive, con motivo de vacancia judicial, el plazo máximo para interponer el recurso era el 29 de enero de 2001. Por tanto, teniendo en consideración que el recurso se radicó el 24 de enero de ese año, se concluye que fue presentado en tiempo (fl. 12 vto, c.4).
II. El recurso extraordinario de súplica
11. El artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que se interpuso este recurso (24 de enero de 2001), contemplaba el recurso extraordinario de súplica contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por las Secciones o Subsecciones de esta Corporación y señalaba como única causal posible la violación directa de norma sustancial. Dicha norma establecía:
ART. 194.-Modificado. L. 446/98, art. 57. Del recurso extraordinario de súplica. El recurso extraordinario de súplica, procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado. Es causal del recurso extraordinario de súplica la violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las mismas. Los miembros de la sección o subsección falladora estarán excluidos de la decisión, pero podrán ser oídos si la sala así lo determina.
En el escrito que contenga el recurso se indicará en forma precisa la norma o normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción; y deberá interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia impugnada, ante la sección o subsección falladora que lo concederá o rechazará (...) (se destaca)
11.1. La norma es aplicable en este caso por expresa disposición de los artículos 7º de la Ley 954 de 2005 y 164 de la Ley 446 de 1998, que preceptuaba la procedencia del recurso con una precisa exigencia: sólo procedía por violación directa de norma sustancial en cualquiera de sus formas o conceptos de trasgresión u aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las normas.
11.2. Significa lo anterior que sólo podía examinarse por la vía del recurso extraordinario de súplica los yerros iuris in judicando en que pudo incurrir el juzgador, esto es, el juicio que el fallador realizó sobre la existencia, validez y alcance de la disposición jurídica sustancial que gobernó la litis, al inaplicarla, aplicarla en forma indebida o interpretarla equivocadamente.
11.3. De ahí que la labor del juez de súplica al revisar la sentencia se contraiga, únicamente, a hacer la confrontación objetiva de legalidad con la norma de derecho que sirvió de fundamento del fallo, para colegir, de esa confrontación, si se quebrantó el precepto normativo por desconocimiento dentro del fallo de la norma que amparaba el derecho del recurrente, por cualquiera de las modalidades de infracción de la norma sustancial, anteriormente descritos.
11.4. En este orden de ideas, como el análisis del recurso se limita al marco jurídico utilizado en el fallo, queda por fuera del mismo examinar los aspectos fácticos del proceso y los preceptos de carácter procedimental o probatorio. Esto supone la exclusión de planteamientos subjetivos que eventualmente se expongan, y tampoco es posible discutir hechos ni juicios de valor relacionados con los elementos de prueba aducidos y analizados en el curso del proceso.
11.5. Por otra parte, es requisito esencial del recurso la indicación precisa de la norma o normas sustanciales supuestamente infringidas por la sentencia objeto de la impugnación y la exposición clara de los motivos sobre los cuales se edifican los cargos; razón por la cual, no son admisibles las acusaciones de carácter general al contenido del proceso ni la invocación general de leyes o estatutos para formular los cargos. Es necesario también que entre la infracción de la norma sustancial invocada y los presuntos errores del fallo impugnado, exista afinidad de materia.
11.6. En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia que esta Corporación desarrolló sobre el recurso extraordinario de súplica en la actualidad derogado-, puede afirmarse que presenta las siguientes características: i) sólo procede por los llamados errores iuris in judicando, esto es, por violación directa de normas jurídicas, sin que se admita al impugnante la presentación de argumentos dirigidos a cuestionar, ni siquiera en forma limitada, el análisis probatorio efectuado por el juzgador, ii) es necesario que las disposiciones citadas como violadas en el recurso de súplica tengan el carácter de normas sustanciales, “entendiendo por tal (...) la regla jurídica de carácter nacional, cuyo contenido sea la declaración, creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas concretas, siendo por tanto el contenido del precepto legal y no su ubicación en uno u otro código, lo que permite calificarlo como sustancial”;
11.7. No tienen de consiguiente categoría sustancial “los preceptos legales que, sin embargo de encontrarse en los códigos sustantivos, se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a describir los elementos de éstos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo”.
11.8. De lo anterior puede concluirse que el recurso extraordinario de súplica no puede utilizarse como si se tratara de la segunda o de una tercera instancia, razón por la cual no es admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso, y menos pueda cuestionar la actividad judicial que antecede al fallo y que está compuesta por actuaciones interlocutorias o de mero trámite, que preparan el camino para la decisión final.
11.9. La técnica del recurso impone que éste debe circunscribirse únicamente a la estricta confrontación, de manera directa, de la sentencia impugnada con las normas sustanciales que se adujeron violadas y, además, sin consideración al aspecto probatorio. Por tanto, no puede el juez que conoce del recurso extraordinario separarse de las conclusiones a que llegó el juez natural sobre los hechos probados o no probados, es decir, no cabe revivir la discusión sobre la causa petendi, objeto de la litis.
III. Problema jurídico
12. La Sala debe dilucidar si está llamado a prosperar el cargo de súplica formulado por el demandado Hospital de Caldas, en contra de la sentencia del 14 de septiembre de 2000 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó la sentencia apelada.
IV. Análisis de la Sala
13. Previo a adentrarse en el análisis que llama la atención de la Sala, es necesario precisar, en resumen, cuáles fueron los motivos por los que el ente demandado estimó debe accederse al recurso extraordinario de súplica, a saber: (i) aplicación indebida del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil; (ii) falta de aplicación de la ley 27 de 1992; (iii) incertidumbre acerca de la ejecución de la sentencia; (iv) falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política, 137 del Código Contencioso Administrativo y 13 de la Constitución Política; y (v) falta de aplicación del decreto 500 de 1991.
13.1. Vale destacar, igualmente, que, por cuestiones de índole metodológico, los argumentos del recurrente serán analizados en el orden antes mencionado. No obstante, se aclara que algunos de los cuestionamientos hechos por el apoderado del Hospital de Caldas no pueden tomarse como verdaderos “cargos” para efectos de desatar el recurso extraordinario de súplica, especialmente los relacionados en los puntos (i), (ii) y (iii), tal como pasará a explicarse:
14. Concerniente al primer punto, se avizora que el demandado sostiene que hubo una indebida aplicación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, pues estimó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una indebida valoración probatoria respecto de los requisitos que debía reunir el médico López Villegas para desempeñar el cargo, quien reemplazó en el empleo de médico especialista al demandante, médico Luis Guillermo Trujillo, pues para contabilizar su experiencia solo aludió a la terminación de estudios (v. párr. 8.4.). Así mismo, afirmó que el demandante desatendió el requerimiento hecho por el despacho de primera instancia para efectos de practicar un interrogatorio de parte (v. párr. 7.5.).
14.1. Frente a lo anterior, vale decir que no cabe estudiar por esta vía las mencionadas inconformidades, en tanto no versan sobre yerros in judicando, pues no se solicita un análisis objetivo del marco jurídico aplicado en el fallo, sino que se pide revisar de nuevo los supuestos fácticos del proceso, máxime cuando el examen impone un juicio de valor sobre los elementos de prueba aducidos y analizados en el proceso.
14.2. Nótese entonces cómo el censor edificó su argumentación a partir de aspectos fácticos, ajenos al estudio de la actividad in judicando del fallador, porque en este evento no se trata de una violación directa de la norma sino indirecta, que no se contempló como causal del recurso extraordinario de súplica, en el cual no es posible discutir hechos ni juicios de valor relacionados con los elementos de prueba que se hayan aducido y analizado en el curso procesal, en tanto con ello se continuaría o replantearía el debate sobre el fondo del asunto. De manera que no se trata de un verdadero cargo.
15. En relación con el segundo punto, el libelista alude a una falta de aplicación de la ley 27 de 1992 y de sus decretos reglamentarios, pues si bien el actor había desempeñado un cargo en carrera, el de médico especialista, no por ello le asistían derechos de la misma índole, pues para tal propósito requería la correspondiente inscripción en dicho régimen (v. párr. 7.6.).
15.1. De cara a dicha aseveración, la Sala debe recordar que comoquiera que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 14 de enero del 2000 fue desfavorable para el demandante (v. párr. 4 – 4.4), este interpuso el correspondiente recurso de apelación donde expresó su desacuerdo con el fallo de primera instancia y simplemente expuso dos cargos: en el primero, insistió en que había motivos suficientes para predicar una desviación de poder por cuanto quien lo reemplazó en el empleo de médico especialista no reunía los requisitos de ley y, en esa medida, era evidente una desviación poder; y el segundo, insistió en que la declaratoria de insubsistencia versó sobre el cargo de médico cirujano, siendo que su último nombramiento fue como médico especialista.
15.2. Acorde con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de segunda instancia del 14 de septiembre de 2000 estudió el tema de la desviación de poder y encontró que por dicha causal procedía la nulidad del acto administrativo atacado, dado que quien reemplazó al demandante no reunía los requisitos mínimos para ocupar el cargo (v. parr. 7.2 – 7.4), de suerte que no aludió a otros cargos por sustracción de materia y por cuanto su competencia se restringía a lo que era materia del recurso según lo ordena el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
15.3. Se advierte entonces que la aplicación de la Ley 27 de 1992 no fue un aspecto analizado por la sentencia de segunda instancia, debido a que no fue un ítem propuesto en el recurso de apelación y ante la presencia de una desviación de poder carecía de relevancia verificar si el cargo que desempeñaba el señor Luís Guillermo Trujillo era de carrera o si al actor le asistían derechos en tal condición.
15.4. Así las cosas, el cargo de la referencia deviene en impertinente, toda vez que no es posible endilgarle a la sentencia de segunda instancia la falta de aplicación de un precepto cuyo análisis no viene al caso, de manera que no tienen vocación de prosperidad.
16. En el recurso de súplica también se afirmó que no era clara la forma en que debía cumplirse la orden de la sentencia de segunda instancia (v párr. 7.8 y 7.9), pues no se especificó si el reintegro del señor Luís Guillermo Trujillo debía ser en provisionalidad u “ordinario” y cómo debía hacerse el pago de las primas, bonificaciones, subsidios y demás prestaciones dejadas de percibir en el caso de que dicha persona hubiese laborado para un ente público entre la época de su desvinculación y su reintegro, todo para efectos de no incurrir en un doble pago.
16.1. Al respecto, vale aclarar que en el escrito del recurso de súplica, este cargo fue incluido en el denominado “falta de aplicación de la ley 27 de 1992 y de sus decretos reglamentarios”, al que se hizo referencia en el acápite anterior, pero por cuestiones de índole metodológica fue escindido para mayor claridad, pues los aspectos que en este punto se analizarán no refieren a si el señor Trujillo tenía o no derechos de carrera, sino a lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia en relación con el restablecimiento del derecho, dada la nulidad del acto que lo desvinculó del cargo de Médico Especialista en el Hospital de Caldas. Así, se tiene que en el recurso de revisión, de manera textual se afirmó:
Y al respecto surgen interrogantes que se hace necesario resolver si tenemos en cuenta que el cargo en mención es de carrera administrativa y al ordenarse su reintegro, a la luz de las normas de carrera, su reintegro es Ordinario? (sic) Provisional? (sic) Cuál puede ser su forma de desvincularlo cuando estos cargos son típicos de carrera administrativa y la designación está reglada en las normas legales.
Finalmente se concluye en la sentencia que ha de hacerse el reconocimiento de todas las primas, bonificaciones, subsidios, vacaciones, etc. dejadas de percibir, pero no se ha tenido claridad histórica frente al pago de aportes en pensiones y seguridad social y retenciones durante este tiempo y en caso afirmativo si las mismas se puede deducir de las sumas a cancelar?? (sic)
Igualmente si a criterio de la sala estos valores no constituyen un doble pago en el evento de haber laborado en otras entidades del estado (sic), dentro de una laxa interpretación que desdice totalmente el carácter indemnizatorio con el que se ordena, el reconocimiento de los aportes de ley antes comentados no tipifican percibir ese doble emolumento que señala como prohibición nuestra normatividad vigente, pero como se garantiza el mencionado aporte para seguridad social o la cuota parte en el evento de encontrarse en el régimen de transición?? (sic)
16.2. Visto el contenido del cargo, la Sala advierte que este no es claro en su formulación, pues en lugar de plantear la existencia de una vulneración a normas sustanciales por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea, expone una serie de interrogantes en cuanto a la forma cómo debería ser ejecutada la condena contenida en el fallo de segunda instancia emitido por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de septiembre del 2000, que en su parte resolutiva expresó (fl. 201, c.3):
1º Declárase la nulidad de la Resolución N. º GHP – 694-92 de 31 de diciembre de 1992, expedida por el Gerente del Hospital de Caldas, por medio de la cual se declaró insubsistente al actor.
2º. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénese el reintegro al cargo que ocupaba o a otro igual o de superior categoría y remuneración, y al pago de todos los sueldos y primas, subsidios, vacaciones, bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el día en que surtió su desvinculación hasta la fecha en que efectivamente sea reintegrado. Con la aclaración que para todos los efectos legales y prestacionales no ha existido solución de continuidad en la prestación de servicios.
De igual modo se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del C.C.A, dando aplicación a la siguiente fórmula (…)
Declárese que para todos los efectos legales no constituye doble asignación recibida del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, lo percibido por el libelista desde la fecha de la insubsistencia hasta la fecha de reintegro al Hospital de Caldas y que por lo mismo, no podrá deducírsele suma alguna por tal concepto, debiendo reconocerse al punto el carácter intangible de lo recibido por el actor en dicho interregno
16.3. Así, el cargo es improcedente por dos razones principales:
16.3.1. Primero: Si lo que pretende el recurrente a través de este recurso es despejar dudas acerca de cómo se debe cumplir la condena, tal cuestión escapa a la finalidad del recurso extraordinario de súplica que tiene como propósito principal examinar los yerros en los que pudo incurrir el fallador sobre la existencia, validez o alcance de una disposición jurídica sustancial, por su inaplicación, aplicación indebida o indebida interpretación.
16.3.2. Así, se destaca que la aclaración de una providencia judicial no está prevista en el artículo 194 del C.C.A. como causal de recurso extraordinario de súplica, máxime cuando se contemplan otras herramientas judiciales diseñadas para ello, como la preceptuada en el artículo 309 del C.P.C., según la cual, de oficio o a solicitud de parte, le compete al mismo juez que dictó la sentencia, dentro del término ejecutoria, aclarar conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda.
16.3.3. Segundo: Conforme se desprende del inciso segundo del artículo 194 del C.C.A., para formular el recurso extraordinario de súplica es requisito esencial la indicación precisa de la norma o normas sustanciales supuestamente infringidas por la sentencia objeto de la impugnación y la exposición clara de los motivos sobre los cuales se edificaron los cargos, razón por la cual, esta Corporación ha expresado que no son admisibles las acusaciones de carácter general al contenido del proceso ni la invocación general de leyes o estatutos para formular los cargos.
16.3.4. En consonancia con lo anterior, la Sala no encuentra que el Hospital de Caldas se refiera de manera específica a las normas sustanciales presuntamente infringidas por la sentencia objeto del recurso extraordinario de súplica, pues no identifica qué preceptos estima desconocidos con la decisión tomada en el fallo de segunda instancia en la que se ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro del señor Luis Guillermo Trujillo al cargo que ocupada y el pago de sueldos y prestaciones dejados de percibir desde el día en que fue desvinculado hasta que efectivamente fuera reintegrado.
16.4. No obstante lo anterior, habida cuenta que el recurrente considera que la condena impuesta al Hospital de Caldas en segunda instancia podría constituir una doble asignación del tesoro público, por cuanto la sentencia revisada ordenó el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación de Luis Guillermo Trujillo del cargo de médico especialista hasta su reintegro efectivo, sin tener en cuenta que este pudo haber laborado en otras entidades del Estado, la Sala considera pertinente, a título meramente ilustrativo, hacer las siguientes precisiones:
16.4.1. Respecto de la forma cómo se debe proceder para restablecer los derechos de aquellos servidores públicos que han sido desvinculados mediante actos administrativos, posteriormente demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y finalmente anulados por sentencia judicial, especialmente en cuanto a si es preciso reconocerles a los funcionarios, en su integridad, lo dejado de percibir desde que fueron retirados del servicio hasta que sean efectivamente reintegrados o si se deben aplicar descuentos durante el lapso en que hayan permanecido fuera de la entidad demandada por el desempeño de otro cargo oficial, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han adoptado diversas posiciones, a las cuales será preciso hacer referencia por separado.
16.5. Concerniente al Consejo de Estado, vale indicar que en sentencia de Sala Plena del 28 de julio de 1996, rad. n.º S – 638, se rectificó la tesis mayoritaria que para esa época sostenía la Sección Segunda que contemplaba la posibilidad de aplicar descuentos en casos similares al que aquí se trata, básicamente por lo siguiente:
16.5.1 (i) Las sumas a las que se condena y para las cuales se toma en cuenta la equivalencia las prestaciones y los salarios dejados de percibir entre las fechas de desvinculación y reintegro no revisten el carácter de otro empleo público u otra asignación proveniente del tesoro público, sino tiene como propósito resarcir el perjuicio que el acto ilegal, declarado nulo, le genera a la demandante; (ii) no es ilícito recibir sueldo e indemnizaciones al mismo tiempo, por cuanto provienen de causas diferentes, lo que no está prohibido por la Constitución Política, pues lo que esta prohíbe en el artículo 128 es que una misma persona desempeñe simultáneamente dos o varios empleos públicos, y como consecuencia de ello, perciba dos o más salarios; (iii) el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir que se ordena como consecuencia del reintegro del servidor desvinculado busca reparar el daño o perjuicio que le irrogó el acto nulo que lo desvinculó ilegalmente del servicio, distinto a los salarios y prestaciones que se pudiese haber recibido de otra relación laboral de derecho público que tienen su fuente en la prestación laboral del servicio y constituyen la remuneración por esa actividad personal; y (iv) no existe disposición legal de ninguna clase que le ordene a la jurisdicción contencioso administrativa aplicar descuentos a las condenas y el juez no puede crear una disposición no prevista en esos términos en la Constitución Política ni en la ley.
16.5.2. No obstante lo anterior, en sentencia del 16 de mayo de 2002, la Sala Plena de la Sección Segunda, con ponencia de la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, consideró que cuando se ordenara el reintegro de un servidor público debía ordenarse el descuento de todo lo percibido por él en razón de los salarios recibidos de otras entidades públicas, siempre y cuando fueran incompatibles con el servicio y no estuvieren autorizadas por la ley, así:
De manera que, cuando la sentencia de primera instancia ordenó en el numeral 5º de la parte resolutiva el descuento de lo percibido por el actor, por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el interregno, estuvo ajustada a derecho, pues las sumas así generadas no podrían quedar repetidas en las que dispuso cancelar a título de restablecimiento del derecho, porque constituirían no sólo enriquecimiento sin causa, sino que estarían inmersas en la prohibición constitucional de percibir doble asignación del tesoro público. Reza así el artículo 128 de la Carta Política:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.”
Así mismo el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 prescribe:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado(...)”.
Ahora bien, el hecho de que no exista disposición legal alguna que ordene a la jurisdicción contenciosa disponer que se efectúen los descuentos, en el evento de que se incurra en la situación atrás descrita, resulta irrelevante porque el cumplimiento de la Norma Superior y de la ley que prohíben la doble percepción impone per se la aplicación de la medida con todo el rigor.
En este orden, para la Sala no hay duda que cuando el juez ordena que como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro, el demandante sea reintegrado al cargo, que se le paguen los salarios y prestaciones dejados de devengar, se tenga para todos los efectos legales como de servicio el tiempo que permaneció desvinculado de la administración y adicionalmente sean indexadas las sumas que se le deben por ese lapso, no está disponiendo nada distinto que hacer efectiva la consecuencia de volver las cosas a su estado anterior, como si el empleado nunca hubiere sido retirado del servicio, es decir, que restablece el derecho. Por ello la percepción de los pagos ordenados conjuntamente con otros que tienen origen en el desempeño de un empleo público, dentro del mismo lapso, es claramente contraria a la Constitución y la ley.”
16.5.3. La providencia antes referida dio pie para que el 29 de enero de 2008 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo emitiera un nuevo pronunciamiento, con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante, por cuanto se estimó que contrariaba la tesis planteada en la sentencia del 28 de julio de 1996 (v. párr. 16.5.1). Así, en aras de definir la controversia, se rectificó el criterio jurisprudencial sostenido por la Sección Segunda de la Corporación, en el siguiente sentido:
(...) Indudablemente el artículo 128 de la Carta Política prohíbe a los servidores públicos desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la Ley.
Empero de esta preceptiva no puede deducirse la prohibición para ordenar el pago de las sumas de dinero que por concepto de salarios y prestaciones provenientes de un empleo público hubiese recibido el demandante durante el lapso transcurrido entre el retiro y el cumplimiento de la orden de reintegro impartida por el juez contencioso administrativo al decidir a su favor la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por él impetrada.
El pago ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de retiro ostenta un carácter indemnizatario, vale decir, en estos casos el restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización de los perjuicios irrogados por el acto ilegal. (...)
Cuando se dispone el reintegro de un trabajador con el consecuente pago de los salarios y prestaciones dejadas de recibir desde la fecha del retiro hasta la del reintegro efectivo las cosas vuelven a su estado anterior, como si durante el tiempo en que estuvo cesante hubiera estado efectivamente prestando el servicio y devengando el salario correspondiente.
Si durante ese lapso el servidor público desempeñó otro cargo y recibió el salario a él asignado este valor no debe descontársele porque su causa es diferente, la efectiva prestación del servicio como empleado público.
Adoptar como política el descuento de los salarios percibidos por el servidor público en otro cargo público equivaldría a obligarlo a permanecer sin empleo si quiere obtener la reparación o a considerar que esta no corre a cargo de la administración sino del propio interesado, o a devolver el valor del salario percibido como consecuencia del trabajo por él realizado, cuando uno de los elementos básicos de la relación laboral es la remuneración.
Como el pago impuesto en la condena no tiene por causa la prestación del servicio sino el daño causado por el retiro ilegal no tiene la connotación de asignación laboral dirigida a remunerar el servicio prestado y, por ende, no debe considerarse incurso en la prohibición establecida por el artículo 128 de la Carta Política (…)
No puede aceptarse la tesis de que existe enriquecimiento sin causa por el pago de salarios y prestaciones como consecuencia del reintegro, habida cuenta de que el empleo cuyo pago se ordena efectivamente no se desempeñó, porque la razón del reconocimiento de estos valores es el perjuicio irrogado al servidor por la administración al despedirlo ilegalmente, dado que el servicio en verdad no se prestó. Los salarios y prestaciones se deberán pagar por el tiempo en que legalmente hubiera permanecido el servidor público en el cargo, teniendo en cuenta las situaciones laborales específicas como la supresión posterior del empleo, empleos de período fijo, edad de retiro forzoso, reintegro posterior al cargo, haber alcanzado el estatus de pensionado, etc. (Se destaca)
16.5.4. Nótese entonces, como a través de menciona sentencia de Sala Plena, esta Corporación definió el tema del reconocimiento de los salarios dejados de percibir, en el sentido de que a estos no debía aplicársele ningún descuento en el caso de que el servidor hubiere ocupado otro cargo público, habida cuenta que ello no implicaba la transgresión del precepto inserto en el artículo 128 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos desempeñar más de un empelo con el Estado y recibir más de una asignación salarial, ya que el pago ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de retiro ostenta un carácter meramente indemnizatorio y no involucra el desempeño de otro cargo o el pago de otro salario. En esa misma medida, no se aceptó la tesis del enriquecimiento sin causa por el pago de salarios y prestaciones como consecuencia del reintegro, pues el reconocimiento deviene del perjuicio irrogado al servidor por la administración al haberlo desvinculado ilegalmente.
16.5.5. La mencionada tesis se ha mantenido a través del tiempo y ha sido reiterada por esta Corporación, verbigracia lo expresado por la Sección Segunda Subsección “B”, en la sentencia del 12 de julio del 2012, rad. 0412-2012, con ponencia del Dr. Víctor Hernando Alvarado, en la que se dijo:
Entre tanto, no se ordenará el descuento de los valores que el actor haya recibido del Tesoro Público, como consecuencia de otra relación laboral que haya tenido desde el retiro del servicio dispuesto mediante el acto cuya nulidad se declara en esta sentencia, porque la condena que se ordena tiene una connotación indemnizatoria por el perjuicio causado al ciudadano con la expedición del acto ilegal. (Se destaca)
16.5.6. En sentido similar, la Sección Segunda Subsección “A”, en sentencia del 7 de febrero de 2013, rad. n. º 1107-11, con ponencia del Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, adujo:
Por otro lado, se declarará que no hay lugar al descuento de suma alguna por el desempeño de otro cargo, durante el tiempo en que el actor estuvo separado del servicio, en aplicación de la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 29 de enero de 2008, actor Amparo Mosquera Martínez, con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante (…)
16.6. Por su parte, la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre el tema en múltiples decisiones, especialmente en vía de acción de tutela, dirigida contra actos administrativos donde se ordenaba la desvinculación de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera sin motivación alguna, so pretexto del ejercicio de una facultad discrecional. Comoquiera que la Corte ha sido reiterativa en predicar la tesis, según la cual los actos administrativos de desvinculación deben estar debidamente motivados pese a tratarse de funcionarios en provisionalidad, al momento de ordenar las respectivas medidas de protección esta ha adoptado las siguientes posturas:
16.6.1. Entre los años 1998 a 2003, la Corte Constitucional se limitó a ordenar el reintegro del servidor público desvinculado hasta que el asunto fuera resuelto por la autoridad competente, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como se afirmó en la sentencia T – 800 de 1998, veamos:
Por lo expuesto, la Sala Novena de Revisión considera procedente otorgar esta tutela como mecanismo transitorio mientras la jurisdicción contencioso-administrativa resuelve sobre la legalidad del acto administrativo y los posibles perjuicios ocasionados, para lo cual la demandante deberá iniciar el correspondiente proceso dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela, tal como lo ordena el artículo 9º del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior, sin perjuicio de que el cargo que aquella viene ejerciendo provisionalmente, sea ocupado de manera definitiva una vez se lleve a cabo el concurso de méritos a que ha hecho referencia el director del hospital.
16.6.2. Después, entre 2003 y 2010, la Corte Constitucional estimó que para proteger los derechos constitucionales al debido proceso, lo procedente era ordenarle a la Administración que motivara los actos que ordenaban el retiro o desvinculación, y solo en el evento en que esta se negara a hacerlo dentro del trascurso de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, debía hacerse efectivo el reintegro del servidor. Ejemplo de ello es lo ordenado en la sentencia T -023 de 2009:
Por las anteriores razones, esta Sala de Revisión protegerá el derecho fundamental de los actores al debido proceso y, en consecuencia, ordenará al municipio de Dosquebradas y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CORPODIQUE- que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a motivar las Resolución Número 230 y 231 del 21 de abril de 2008 y 242 del 18 de marzo del mismo año, y, en el evento en el que no lo hagan en el plazo establecido en esta Sentencia, procedan al reintegro de los accionantes al cargo que venían desempeñando en las entidades accionadas.
16.6.3. No obstante, se destaca lo dispuesto en la sentencia T-108 de 2009, donde se resolvió:
ORDENAR al Municipio de Mocoa que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre inmediatamente y sin solución de continuidad a Olga Inés Gómez Macías al cargo de “Técnico operativo sisben municipal, grado 05, código 314”, o a uno de igual o superior categoría, con efectos desde la fecha de su desvinculación. (Se destaca)
16.6.4. Posteriormente, la Corte Constitucional conoció de desvinculaciones emitidas, previas a la expedición de la Ley 909 de 2004, con la variante de que las tutelas no se dirigían contra los actos administrativos de retiro sino contra las sentencias proferidas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en las que se negaba la nulidad de los actos pese a no estar motivados. En esos casos, la mencionada Corte, en sintonía con lo que para la época había expuesto el Consejo de Estado en sus sentencias de unificación, consideró viable que se retrotrajeran los efectos de los actos administrativos afectados de nulidad, es decir, se procediera al reintegro de los funcionarios y al pago de los salarios dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo, sin considerar que haya existido solución de continuidad. Tal criterio quedó expuesto en la sentencia SU – 917 de 2010:
En consecuencia, en esos asuntos la Corte declarará la nulidad de los actos de insubsistencia y, a título de restablecimiento del derecho, ordenará el reintegro a los cargos ocupados o a uno equivalente sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sean efectivamente reintegrados, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/SU917-10.htm" \l "_ftn144" \o "" [144] y en atención a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
Cabe advertir que lo anterior no genera fuero de inamovilidad alguno, pues el retiro del servicio en todo caso podrá hacerse por las causales previstas en la Constitución y la Ley (por ejemplo ante la provisión del empleo mediante concurso de méritos), siempre con la motivación del acto de retiro en los términos señalados en la presente sentencia. (Se destaca)
16.6.4. Los anteriores planteamientos fueron reiterados por la alta corporación, como en la sentencia T – 656 de 2011 y en la sentencia SU-691 de 2011, donde se señaló:
Así pues, en el caso concreto, la Sala deberá seguir el precedente sentado en la sentencia SU- 917 de 2010, y por ende, adoptar las siguientes decisiones: (i) revocar los fallos de tutela que negaron el amparo solicitado; (ii) dejar sin efectos los fallos de instancias, proferidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (iii) dictar una sentencia sustitutiva o de reemplazo; (iv) no conceder el reintegro del trabajador, por cuanto el cargo que venía desempeñando fue suprimido; y (v) ordenar el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta la fecha de supresión del cargo, sin solución de continuidad, con las actualizaciones pertinentes, y en atención a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. (Se destaca)
16.6.5. No obstante lo anterior, en la sentencia T – 961 de 2011, la Corte Constitucional consideró que como consecuencia de la nulidad del acto administrativo atacado, era procedente el reintegro del interesado, pero aclaró que ello dependía de que el cargo no hubiere sido provisto por concurso de méritos, esto, además del pago de salarios y prestaciones a partir del momento en que solicitó protección de sus derechos fundamentales y hasta la fecha del reintegro efectivo o la vinculación del funcionario en propiedad como consecuencia del correspondiente concurso de méritos.
16.6.6. Finalmente, en sentencia SU 556 de 2014, la Corte Constitucional varió su criterio, bajo la consideración, según la cual quien está nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera se encuentra en una situación excepcional y temporal de permanencia, dado que esta debe proveerse mediante concurso de méritos, de suerte que el empleado provisional debe asumir que cuenta con una estabilidad intermedia y solo puede esperar mantenerse en el empleo hasta tanto sea provisto en el término legal, así:
Así, es claro que, para el caso de los provisionales que ocupan cargos de carrera y que son desvinculados sin motivación alguna, el pago de los salarios dejados de percibir, desde que se produce su desvinculación hasta el momento en que sus derechos son reconocidos judicialmente, resulta ser una indemnización excesiva a la luz de la Constitución Política y la Ley, que puede dar lugar a un enriquecimiento sin justa causa. Ello por dos razones fundamentales. Inicialmente, por cuanto el servidor público afectado con la medida de retiro se encontraba en una modalidad de vinculación temporal, que desde el punto de vista estrictamente jurídico no tiene vocación de permanencia, lo que claramente inhibe que a la persona se le genere una expectativa de permanencia indefinida, representada en la posible indemnización que tenga derecho a recibir por esa causa. De allí, que sea contrario a la ley presumir que su permanencia en el cargo habría de superar el plazo máximo para ello consagrado, y que, por tanto, se deba indemnizar más allá de las expectativas legítimamente generadas. Además, porque, constitucionalmente, en la persona radica la responsabilidad de su propio sostenimiento, por lo que al haber sido declarada insubsistente, debe asumir la carga consigo misma, y no pretender trasladarla a su empleador, adelantando las acciones necesarias para recuperar su autonomía y generar sus propios ingresos. Entonces, no es posible presumir que el daño causado se proyecte sobre la totalidad del tiempo transcurrido desde la desvinculación hasta la decisión judicial de reintegro, ni que al servidor público afectado se le deban pagar los salarios dejados de percibir por un servicio que es imposible que preste en esa entidad hacia el pasado, y que, en contraste, si pudo haber prestado en otra institución de la sociedad (…)
3.6.3.13.1. En efecto, como ya se señaló, la jurisprudencia constitucional ha venido evolucionando en la dirección de vincular el monto de la indemnización a que tiene derecho el servidor público que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad y es retirado sin motivación, con el daño efectivamente sufrido por éste. Dicho daño debe corresponder necesariamente a lo dejado de percibir durante el tiempo en que ha permanecido cesante con motivo de su retiro injustificado, debiéndose considerar también, para efectos de que haya lugar a una verdadera reparación integral y se evite el pago de una indemnización excesiva, la expectativa de permanencia y estabilidad laboral propia del cargo de carrera provisto en provisionalidad, y la carga que le corresponde a la persona de asumir su propio auto-sostenimiento.
3.6.3.13.2. En ese contexto, desarrollando los criterios fijados por la Corte en la SU-691 de 2011, estima la Sala que la fórmula que resulta aplicable al caso de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y son desvinculados sin motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin solución de continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir. Cabe entender que el salario se deja de percibir, cuando, por cualquier circunstancia, una persona se ve privada de la posibilidad de generar un ingreso como retribución por su trabajo, de manera que, cuando quiera que la persona accede a un empleo o a una actividad económica alternativa, deja de estar cesante, y, por consiguiente, ya no “deja de percibir” una retribución por su trabajo.
Siendo ello así, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma indemnizatoria es preciso descontar todo lo que la persona, durante el periodo de desvinculación, haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independiente.
3.6.3.13.3. De esta forma, la Corte amplía las reglas de decisión que se han venido adoptado en la materia, particularmente en lo que tiene que ver con la orden relativa al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y la previsión aplicada de descontar de dicho pago lo que la persona desvinculada hubiese percibido del Tesoro Público por concepto del desempeño de otros cargos públicos durante el tiempo que estuvo desvinculada. Así, conforme con la nueva lectura, la regla de decisión se extiende, en esas circunstancias, a descontar la remuneración que recibe la persona desvinculada, no solo del tesoro público sino también del sector privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente.
3.6.13.4. Ahora bien, siendo consecuente con el propósito de que la reparación debe corresponder al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, se dispondrá que, en todo caso, la indemnización a ser reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.
16.6.7. De esta manera, es palmario que en la actualidad la Corte Constitucional, por virtud de la anotada sentencia de unificación, considera que para efectos de la indemnización es menester descontar la remuneración que haya recibido la persona desvinculada, no solo del tesoro público sino también del privado, pues la reparación debe corresponder al daño que efectivamente se causó.
16.6.8. En esa medida, el máximo órgano de control constitucional determinó que las órdenes que se debían adoptar en casos de retiro sin motivación, de personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, eran las siguientes:
(i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
16.7. En consecuencia, pese a que el Consejo de Estado ha mantenido una posición uniforme respecto del reconocimiento de perjuicios como consecuencia de la nulidad de un acto que dispone el retiro de un funcionario del Estado, en el sentido de reconocer los salarios y prestaciones generadas desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo sin solución de continuidad, tesis que en alguna época también compartió la Corte Constitucional con ocasión de varias sentencias de tutela y de las SU – 917 de 2010 y 691 de 2011, no lo es menos que a partir de la sentencia SU 556 de 2014 hay un cambio jurisprudencial tendiente a descontar la remuneración de personas injustamente desvinculadas conforme a los criterios allí expuestos.
16.7.1. De esta forma, es del caso poner de presente que el Consejo de Estado ha aceptado, y así lo considera esta Sala, que las sentencias de unificación que profiere la Corte Constitucional, cuyo fundamento normativo se encuentra en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, constituyen precedente, pues se trata de la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales y la que tiene a su cargo la eventual revisión de los fallos de tutela proferidos por todos los jueces. De esta manera, la naturaleza vinculante de dicho tipo de decisiones, deviene de la función de guarda que le asiste a la Corte Constitucional de la integridad y supremacía de la Constitución Política en los términos del artículo 241 ibídem, quien en desarrollo de dicha atribución establece el alcance de los derechos fundamentales o interpreta un disposición de la forma que más se ajusta al ordenamiento superior, lo que lleva a inferir que para los operadores jurídicos es menester tener en cuenta las consideraciones expuestas en la mencionada SU – 556 de 2014, en los eventos en que se resuelvan situaciones similares a las allí tratadas.
16.8. Esclarecido lo anterior, para el caso concreto es indefectible reiterar, como se hizo al inicio del estudio del presente cargo, que este no reúne los requisitos elementales para su valoración (v. párr. 16.3 a 16.3.4). No obstante, en gracia de discusión, no está de más afirmar que comoquiera que la sentencia objeto del recurso de súplica fue proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de septiembre del 2000, época en la que se encontraba en plena vigencia la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual los efectos de la nulidad del acto que dispone el retiro del servidor conllevan a ordenar su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo, la decisión objeto de esta súplica no pudo desconocer, aplicar indebidamente o interpretar de manera errónea las normas sustanciales que sirvieron de sustento para ordenar, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro del médico Luis Guillermo Trujillo al cargo que ocupaba en el Hospital de Caldas y al pago de todas las prestaciones dejadas de percibir desde que fue declarado insubsistente hasta cuando fue efectivamente reintegrado.
17. De otra parte, en el recurso extraordinario de súplica el Hospital de Caldas aludió a la falta de aplicación o vulneración del artículo 29 de la Constitución Política y del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, básicamente, porque la sentencia de segunda instancia declaró la nulidad del acto acusado con apoyo en el Decreto “3135” de 1990 (del contexto se infiere que en realidad alude al Decreto 1335 de 1990, referente a los requisitos para desempeñar cargos en el sector salud) (v. párr.. 7.2); no obstante, a juicio del demandado, se trata de una norma de la cual no se desarrolló en la demanda el correspondiente concepto de violación, por lo que su aplicación no debió ser objeto de estudio. En otras palabras, para el Hospital del Caldas, el ad-quem desconoció el debido proceso y el derecho de defensa pues durante el trámite no tuvo la posibilidad de pronunciarse respecto de la aplicación de las normas contenidas en el anotado decreto.
17.1. También expresó el recurrente que se dejó de aplicar el artículo 13 de la Constitución Política, comoquiera que el debido proceso debía ser aplicable a todo ciudadano, y en este caso, no era de recibo que la sentencia recurrida trajera a colación una disposición no citada en el concepto de violación.
17.2. Frente a lo anterior, la Sala precisa que el artículo 29 de la Constitución Política reviste el carácter de norma de derecho sustancial donde se consagra el principio del debido proceso, uno de cuyos componentes es el derecho de defensa que le asiste a toda persona que actúe en todo proceso, judicial o administrativo, bien sea como parte o como tercero interviniente, en cuanto constituye el conjunto de garantías que busca asegurar al ciudadano que acude a un determinado proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida fundamentación de las decisiones, tanto jurisdiccionales como administrativas, a través del cumplimiento cabal de las formas preestablecidas para cada caso por el legislador.
17.3. Se trata entonces de un derecho de rango fundamental predicable respecto de toda actuación judicial o administrativa, al respecto, la Corte Constitucional ha expresado:
No hay que olvidar que si los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, no pueden apartarse de ella bajo ningún pretexto. Hay que tener presente que el derecho al debido proceso, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución, es un verdadero derecho sustancial. (Negrillas del original).
17.4. En ese orden de ideas, según la jurisprudencia constitucional, el proceso es debido cuando se ajusta a las previsiones legales, se acomoda a las formas propias de cada juicio y garantiza el derecho de defensa de los asociados. Por consiguiente, una de las garantías que integran el debido proceso y, por ende el derecho de defensa, es precisamente la posibilidad de controvertir lo alegado por la contraparte.
17.5. Un aspecto adicional del debido proceso es que nadie puede ser juzgado sino conforme a los preceptos preexistentes y con observancia de las normas propias de cada juicio. Así, el recurrente estimó que se había transgredido la señalada norma constitucional debido a la inobservancia, en la sentencia del segunda instancia, del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo que exige a los demandantes, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación:
ARTÍCULO 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. (Texto Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14505" \l "0" Sentencia C-197 de 1999)
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
17.6. Tal como se destaca, la norma en mención fue objeto de estudio por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-197 de 1999 en la que expresó que si bien es cierto la exigencia establecida en el aludido artículo es una carga procesal mínima, racional, proporcionada y necesaria que deben cumplir las personas que acuden ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no lo es menos que en los eventos en que se evidencie la inobservancia de un derecho fundamental de aplicación inmediata es deber del juez acudir a su protección, no obstante el demandante no hubiere cumplido con el requisito atinente a señalar de manera precisa las normas vulneradas y el concepto de violación.
17.7. Por su parte, el Consejo de Estado ha expresado que la exigencia del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo se cumple cuando en la demanda se hace referencia a la norma vulnerada y se sustenta el respectivo cargo, sin que las resultas del proceso dependan de un modelo estricto de técnica jurídica y solo ante la ausencia total de ese requisito se entenderá defectuosa la demanda:
Sea la oportunidad para manifestar, que a juicio de la Sala, la exigencia procesal contemplada en el numeral 4º del artículo 137 del C.C.A., se satisface cuando en el libelo demandatorio se consigne la invocación normativa y la sustentación de los cargos. Naturalmente, la parte actora, por la significación sustantiva que puede tener un concepto de violación en el que se evidencie de forma manifiesta la ilegalidad del acto acusado, requiere empeñarse en su elaboración, sin que los resultados del proceso dependan de un modelo estricto de técnica jurídica.
Solamente en ausencia total de este requisito o cuando adolezca de la enunciación normativa sin la correspondiente sustentación, a contrario sensu, se entenderá defectuosa la demanda por carencia de uno de sus presupuestos y necesaria la subsanación en el lapso contemplado en el artículo 143 del C.C.A., aserto que ratifica el carácter formal de la exigencia plasmada en el artículo 137 numeral 4º ibídem.
17.8. Para el caso de autos se tiene que en el escrito inicial, en el acápite de “fundamentos de derecho y normas violadas” respecto de la aplicación del Decreto 1335 de 1990, se expresó (fl. 50 – 51, c.1):
El Decreto 1335 “Por el cual se expide parcialmente el Manual General de Funciones y requisitos del Subsector Oficial del Sector Salud establece que el cargo desempeñado por mi mandante es de carrera, según se desprende del Código 321520 “Médico Especialista” y por tanto no ha podido ser objeto su nombramiento de la declaratoria de insubsistencia.
Adicionalmente establece como requisitos para el desempeño del cargo:
“Estudios: Título de formación Universitaria en medicina y postgrado en una de sus especialidades”
“Experiencia: Un (1) año de experiencia relacionada”
El funcionario que reemplazó a mi mandante a la fecha de que da cuenta su nombramiento no reunía tales presupuestos, y en tal orden de ideas se ha procedido a desvincular a mi mandante que sí reunían los requisitos y experiencia, para vincular a un funcionario que no daca cumplimiento a los presupuestos de la normatividad citada y en tal virtud no puede pregonarse que con la determinación adoptada se hubiere pretendido el mejoramiento del servicio público, y así las cosas también se ha infringido el artículo 36 del Código Contencioso administrativo que establece: … (Se destaca)
17.9. Del texto anteriormente transcrito se infiere que si bien es cierto el cargo carece de técnica jurídica, no lo es menos que no es necesario realizar mayores elucubraciones para inferir que la norma que se estimó vulnerada es el Decreto 1335 de 1990, que regulaba los requisitos para desempeñar, entre otros, el cargo de médico especialista, y que el desconocimiento se da, justamente, porque quien reemplazó al demandante en el cargo de “médico especialista” no reunía los requerimientos mínimos para ello, de suerte que en criterio del actor tal situación no contribuía al mejoramiento del servicio.
17.10 En consecuencia, contrario a lo expresado por el recurrente, sí se está ante un verdadero cargo respecto del cual el demandado, Hospital de Caldas, tuvo la oportunidad de pronunciarse, pues en esas condiciones fue admitida la demanda y ordenada la respectiva fijación en lista (fl. 65 – 66, c.1) para efectos de la contestación que efectivamente fue radicada el 3 de agosto de 1993 (fl. 75 – 87, c.1), donde el accionado propuso la excepción de inepta demanda, solo que la sentencia de primera instancia no la encontró probada (fl. 123, c.1), es más, el a-quo se pronunció sobre el tema del desmejoramiento del servicio, así:
Se refiere tangencialmente el demandante al desmejoramiento del servicio cuando expresa en el hecho duodécimo que la persona que fue designada para reemplazarlo no reunía los requisitos del cargo, pero nada de ello se acreditó.
La prueba encaminada a esta finalidad resultó inane en el presente proceso pues no se acreditó que el reemplazo del demandante no cumpliera con los requisitos del cargo, como tampoco que eran cargos diferentes aquel respecto del cual se decretó la declaratoria del insubsistencia del nombramiento y el que ocupara el actor, ni que el nominador al desvincular a la demandante (sic) hubiera actuado inspirado en circunstancia diferentes a las políticas ajenas al buen servicio, pues no basta con afirmar estos dos puntos para que se configure la causal de desviación de poder, sino que se requiere, para salir avante en tal cargo llevar al juzgador a la certeza de haber procedido la administración en forma diversa a los intereses generales del buen servicio.
17.11. Comoquiera que en primera instancia se denegaron las súplicas de la demanda, inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de apelación dónde insistió en que su desvinculación no trajo consigo el mejoramiento del servicio, pues quien fue designado en su reemplazo no cumplía los requisitos mínimos previstos por el Decreto 1335 de 1990, veamos (fl. 131, c.1):
… Solo del análisis de las hojas de vida, se podía concluir si éste último citado reunía o no los requisitos de ley y si con la medida adoptada se mejoró e desmejoró el servicio.
Sobre este último aspecto establece el Decreto 1335 de 1990, “Por el cual se expide el (sic) parcialmente el Manual General de Funciones y requisitos del Subsector Oficial del Sector Salud”, los requisitos para ocupar el cargo de Médico Especialista Código 311520 los siguientes:
Estudios: Título de Formación Universitaria avanzada en medicina y postgrado en una de sus especialidades.
Experiencia: Un (1) año de experiencia relacionada
El doctor Juan Carlos López Villegas, fue nombrado el día cinco (5) de enero de 1993 mediante Resolución n.º GHP-01-92; posesionado el días dos de febrero de 1993 y obtuvo su título de especialista “Cirujano General” el día 26 de febrero de 1996.
Se infiere en consecuencia que la obtención de su título fue posterior al acto de nombramiento y posesión y ello resulta suficiente para concluir que la vinculación del Doctor López Villegas se surtió de manera abiertamente ilegal al ser nombrado y posesionado sin cumplir con las exigencias de ley, presupuesto válido y contundente para concluir que no encontramos frente a una desviación de poder, como frente a una falsa motivación que la constituye el hecho claro y concreto que “mejoramiento tendiente al servicio público jamás existió”.
17.12. Si bien el anotado cargo es más preciso y elaborado que el formulado en la demanda, no es extraño a la litis, pues en esencia se refiere a un aspecto debatido desde el inicio por parte del actor, consistente en el incumplimiento, de quien lo reemplazó, de los requisitos mínimos para ocupar el empleo de médico especialista, contemplados en el Decreto 1335 de 1990.
17.13. De esta forma, el hecho de que la sentencia de segunda instancia del 14 de septiembre del 2000, expedida por la Sección Segunda de esta Corporación, haya anulado el acto administrativo demandado relativo a la declaratoria de insubsistencia del actor, con sustento en la pretermisión de las exigencias contenidas en el señalado Decreto 1335 de 1990, el consecuente desmejoramiento del servicio y que, por ello, se hubiera predicado una desviación de poder, no es motivo suficiente para colegir la vulneración del debido proceso, pues tal análisis e inferencias se hicieron a partir de un cargo que sí fue planteado en la demanda y reiterado en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado, respecto del cual la demandada tuvo diversas oportunidades para pronunciarse, verbigracia, en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión de primera y segunda instancia, de manera que el cargo de la referencia no prospera.
17.14. Ahora, respecto del cargo, según el cual se transgredió el artículo 13 de la Constitución Política, se encuentra que tal como fue formulado, está estrechamente relacionado con el del presunto desconocimiento del debido proceso, que como se vio en líneas precedentes no fue vulnerado, de suerte que también será denegado.
18. Concerniente al cargo de falta de aplicación del Decreto 500 de 1991, el recurrente manifiesta que la anotada norma debió ser observada por el fallador de segunda instancia, en conjunto con el Decreto 1335 de 1990, pues de haberlo hecho hubiere advertido que el ordenamiento contemplaba equivalencias y compensaciones, de suerte que el servidor designado en lugar del accionante pudo haber cumplido con los requisitos para desempeñar el cargo.
18.1. En lo concerniente, es preciso recordar cuáles fueron los argumentos principales esgrimidos en la sentencia de segunda instancia para anular el acto acusado (fl. 197 – 198, c.1):
El Decreto 1335 del 1990, por el cual se expide parcialmente el manual general de funciones y requisitos del Subsector Oficial del Sector Salud, señala en el artículo 1º que los requisitos mínimos que se establecen en él regirán para los diferentes organismos de subsector oficial del sector salud, entidades territoriales y sus entes descentralizados.
En el mismo decreto se estableció que el cargo desempeñado por el actor como Médico Especialistas, Código 321520, debe reunir los siguientes requisitos:
1) Estudios: Título de formación universitaria en medicina y post grado en una de sus especialidades.
2) Experiencia: Un año de experiencia relacionada.
Está probado en autos que el Dr. Juan Carlos López Villegas fue nombrado como Médico Especialista, en reemplazo del actor, a partir del 5 de enero de 1993 (fl. 30 -31).
Con la certificación que corre a folio 32 del informativo se estableció, que el Dr. López Villegas terminó sus estudios de Post grado en Cirugía General el 11 de diciembre de 1992: lo anterior significa que para la fecha en que fue nombrado Médico Especialista (5 de enero de 1993), no cumplía con el requisito de un año de experiencia relacionada según las voces del decreto 1335 de 1990.
Demostrado como queda que la persona que sucedió al actor no reunía los requisitos mínimos para desempeñar el cargo, surge con meridiana claridad que el nominador con la expedición del acto acusado no persiguió razones del buen servicio, pues resultaría una conclusión absurda retirar un funcionario que cumplía a cabalidad con sus funciones y que en su momento satisfizo los requisitos, y entender como mejora del mismo, relevarlo por una persona que no tenía ni la experiencia ni los requisitos mínimos (…)
18.2. Es preciso advertir entonces como el ad-quem tomó como norma de referencia el Decreto 1335 de 1990 para establecer como premisa que el título de formación universitaria en medicina, el posgrado en una de sus especialidades y un año de experiencia relacionada, eran los supuestos a tener en cuenta para ocupar el cargo de médico especialista, requisitos que a su juicio el doctor Juan Carlos López Villegas no reunía, pues no cumplía con el año de experiencia relacionada.
18.3. En contraste, el recurrente estima que también debió tenerse en cuenta lo preceptuado por el Decreto 500 de 1991 “Por el cual se establecen equivalencias para el desempeño de algunos empleos del subsector oficial del sector salud” y que en el artículo 1º disponía:
ART. 1º: A partir de la vigencia del presente decreto, los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 1335 de 1990 podrán compensarse de acuerdo con las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el artículo 15 del Decreto 33 de 1990, con la restricción de que trata el artículo 16 de dicho decreto.
ART. 2º: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona el Decreto 1335 de 1990. (Se destaca)
18.4. Tal como lo expresa el Hospital de Caldas, el Decreto 500 de 1991 era complementario del Decreto 1335 de 1990, de suerte que esas dos disposiciones debían interpretarse de manera armónica, especialmente para efectos de las equivalencias entre estudios y experiencia, máxime cuando el primero de los citados remitía, a su vez, al artículo 15 del Decreto 33 de 1990 que preveía:
ARTICULO 15. EQUIVALENCIAS GENERALES.
1. Título de formación avanzada o de postgrado por cuatro años de experiencia específica o relacionada con las funciones del cargo y viceversa, siempre que se acredite el título de formación universitaria requerido para el desempeño del empleo.
2. El título de formación universitaria será equivalente al de tecnólogo especializado.
3. Título de formación universitaria o de tecnólogo especializado por cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo y viceversa siempre y cuando se acredite terminación de estudios en la respectiva formación.
4. Título de formación tecnológica, por dos años de experiencia relacionada con las funciones del cargo y viceversa, siempre y cuando se acredite dos años aprobados de formación tecnológica o por el título de formación técnica profesional y un año de experiencia adicional a la exigida para el desempeño del empleo.
5. Título de formación técnica profesional por dos años de experiencia relacionada con las funciones del cargo y viceversa, siempre y cuando se acredite un año de los estudios correspondientes.
6. Un año aprobado de formación universitaria, especialización tecnológica o técnica profesional por dos años de experiencia y viceversa.
7. Un año aprobado de educación secundaria o de bachillerato por dos años de experiencia y viceversa.
8. Un año aprobado de educación primaria por un año de experiencia y viceversa.
9. El diploma de bachiller comercial o técnico comercial de seis años, por el diploma de bachiller en comercio de cuatro años y dos años de experiencia relacionada con las funciones del cargo.
10.Aprobación de cuatro años de bachillerato comercial o técnico comercial por aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y dos años de experiencia específica o curso de 240 horas y un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.
11. El diploma de bachiller técnico comercial o comercial de seis años, por el diploma de bachiller académico o clásico y dos años de experiencia relacionada.
12. La capacitación que imparte el SENA podrá ser requisito para el desempeño de los empleos de los niveles técnico, administrativo y operativo, siempre que se relacionen con las funciones del cargo, conforme a las siguientes equivalencias:
• El certificado de aptitud profesional en el modo de formación "técnica" será equivalente a la aprobación de tres años de estudios superiores en formación universitaria o tecnológica o a seis años de experiencia.
• El certificado de aptitud profesional en el modo de formación "complementación", será equivalente al diploma de bachiller o a cuatro años de experiencia.
• El certificado de aptitud profesional en el modo de formación "aprendizaje" será equivalente a la aprobación de tres años de educación secundaria o a tres años de experiencia.
13. Veinte horas de un curso relacionado con las funciones del cargo por un mes de experiencia y viceversa.
Cuando se trate de un curso especial contemplado como requisito mínimo en el manual general, se podrá compensar por experiencia, salvo que a juicio de la respectiva entidad se considere estrictamente necesario para el desempeño del cargo.
PARAGRAFO 1o. Cuando se trate de compensar los estudios a que se refiere el numeral 6o. será necesario que dichos estudios correspondan a una misma disciplina académica.
PARAGRAFO 2o. Los empleos en los cuales se exija como requisito para su desempeño, la aprobación de uno, dos y hasta tres años de educación superior ésta se entenderá que corresponde a una de las modalidades de formación educativa de que tratan el Artículo 25 del Decreto 80 de 1980 y la Ley 25 de 1987. Los empleos de nivel profesional, podrán ser desempeñados por quienes ostenten los títulos obtenidos en la educación superior correspondiente a las modalidades descritas en el Artículo 25 del Decreto 80 de 1980 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
ARTICULO 16. De la prohibición de hacer equivalencias o compensar requisitos. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1846_1990.htm" \l "7" 7 del Decreto 1846 de 1990:> Cuando para desempeñar las funciones de un empleo sea necesario ejercer una profesión, arte u oficio debidamente reglamentada, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstos en las leyes o en sus reglamentos no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades salvo cuando las mismas leyes o sus reglamentos así lo establezcan. El Manual específico o mediante acto administrativo autónomo de la entidad, especificará cuando fuere necesario, qué empleos conllevan el ejercicio de una profesión arte u oficio. (Se destaca)
18.5. El artículo trascrito prevé una serie de reglas, conforme a las cuales los títulos de formación académica pueden tenerse en cuenta para acreditar experiencia específica o relacionada, lo señalado en el numeral 1º donde se prevé que un título de formación avanzada o de posgrado equivale a 4 años de experiencia específica o relacionada. Sin embargo, el mismo acápite se encarga de aclarar que tal equivalencia está sometida a una condición, esto es, “que se acredite el título de formación universitaria requerido para el desempeño del empleo”.
18.6. De igual manera, se encuentra que el artículo 16 del Decreto 33 de 1990, prohíbe de manera expresa que cuando se exija la posesión de grados o títulos previstos en las leyes, estos no pueden ser compensados por experiencia u otras calidades.
18.7. Bajo tales términos, para el caso concreto vale advertir que conforme al Decreto 1335 de 1990, para el cargo de médico especialista (código 32150) se requería de la obtención de dos títulos académicos: (i) haber obtenido el grado de formación universitaria en medicina y (ii) posgrado en alguna especialidad, de suerte que si estos eran los requisitos mínimos en materia de formación académica, los mismos no podían tenerse en cuenta para compensar la experiencia requerida para el empleo, esto es, un año de experiencia relacionada, a no ser que se contara con títulos adicionales.
18.8. Así las cosas, de la providencia recurrida no es posible predicar el desconocimiento o la falta de aplicación del Decreto 500 de 1991, pues al no encontrar el fallador de segunda instancia que el Dr. López Villegas, quien reemplazó al actor en el cargo de médico especialista, contara con un título de formación profesional o avanzada adicional a los requerimientos mínimos exigidos por el Decreto 1335 de 1990, no era procedente aplicar ninguna de las equivalencias descritas en el artículo 15 del Decreto 33 de 1990. En consecuencia, el cargo estudiado será denegado, toda vez que no demostró un título adicional al requerido.
20. En suma, en vista de que ninguno de los cargos formulados en el recursos extraordinario de súplica contra la sentencia del 14 de septiembre del 2000 de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene vocación de prosperidad, es preciso declararlo infundado.
21. Finalmente, de acuerdo con el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, si el recurso de súplica es desestimado “la parte recurrente será condenada en costas, para lo cual se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil”. Y comoquiera que en el presente caso el recurso no tuvo vocación de prosperar es preciso condenar en costas a la parte recurrente, el Hospital de Caldas E.S.E.
En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión n.° 12 del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el HOSPITAL DEL CALDAS contra la sentencia del 14 de septiembre de 2000, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual revocó la sentencia de 14 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se accedió a las pretensiones de la demanda.
Segundo.- CONDÉNASE en costas a la parte recurrente, tal como lo preveía el artículo 194 del C.C.A. modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.
En firme esta providencia, devuélvase el expediente a la Sección Segunda de esta Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HUGO F. BASTIDAS BÁRCENAS RAMIRO PAZOS GUERRERO
Magistrado Magistrado
GUILLERMO VARGAS AYALA ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado Magistrado
RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA – Procede por violación directa de normas sustanciales / VIOLACIÓN DIRECTA DE NORMAS SUSTANCIALES – Puede presentarse por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea / RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA – No procede por no demostrarse la violación directa de normas sustanciales. Falta de técnica del apoderado judicial del demandado / DESVÍO DE PODER – La carga para demostrarlo corresponde al demandante
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS CONSEJEROS HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS Y ALBERTO YEPES BARREIRO
Radicación número: 11001-03-15-000-2000-06686-01(S686)
Actor: LUÍS GUILLERMO TRUJILLO
Demandado: HOSPITAL DEL CALDAS E.S.E.
Con el acostumbrado respeto, nos permitimos exponer las razones de la aclaración de voto a la providencia del 6 de diciembre de 2016, que declaró infundado el recurso extraordinario de súplica formulado por el Hospital de Caldas E.S.E. contra la sentencia del 14 de septiembre de 2000, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Generalidades del recurso extraordinario de súplica
El artículo 194 del derogado Decreto 01 de 1984 consagraba el recurso extraordinario de súplica como un mecanismo excepcional para impugnar las decisiones ejecutoriadas de las diferentes secciones del Consejo de Estado.
La única causal para la procedencia del recurso era el quebranto de una norma de derecho sustancial por vía directa, fenómeno que puede darse en tres sentidos: la falta de aplicación, la aplicación indebida o la errónea interpretación de una norma sustancial.
Justamente por esa razón, el recurrente, además de señalar de manera precisa las normas sustanciales vulneradas, debía indicar la forma cómo se habría producido la violación directa. No eran suficientes las acusaciones generales y abstractas de que una sentencia violó, sin decir cómo ni porqué, todo o parte del ordenamiento jurídico.
Ahora, como se trata de la violación directa de la norma sustancial, el objeto del recurso extraordinario de súplica no podía dirigirse al reexamen del acervo probatorio para obtener conclusiones fácticas distintas a las que obtuvo el fallador de instancia. El recurso debía dirigirse hacia la confrontación directa entre el contenido u objeto de la sentencia y la norma invocada como violada por el recurrente, confrontación que debía ser precisa y, en todo caso, demostrativa de la infracción.
Sobre el carácter de sustancial que debe tener la norma violada, el Consejo de Estado ha dicho que constituye un error formular los cargos si no se invocan como violadas normas de esa categoría, como cuando se invocan como violadas normas meramente procesales.
Las normas sustanciales, en general, son las que regulan de forma esencial la manera en que se declaran, crean, modifican o extinguen los derechos u obligaciones de las personas, sin importar el estatuto al que pertenezcan. Es frente a esas normas que puede invocarse la falta de aplicación, la aplicación indebida o la errónea interpretación.
Ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma, ora porque el juzgador ignora su existencia, ora porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en la parte resolutiva de la sentencia.
Se presenta la segunda manera de violación directa de una o más normas de derecho sustancial por vía directa, cuando aparezca la aplicación indebida, es decir, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: i) porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma consagra, y ii) porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma o normas un sentido o alcance que no le corresponde.
Cuando el recurrente suplica la sentencia con base en razones sustentadas en la equivocada apreciación o valoración de las pruebas en que aparentemente incurrió el sentenciador, indudablemente propone la violación indirecta de la ley, vía esta que no era admisible en el recurso extraordinario de súplica.
El recurso extraordinario de súplica no se creó como una tercera instancia para volver a examinar los hechos propuestos en la demanda inicial y que ya fueron analizados por las instancias respectivas, el recurso extraordinario de súplica solo procedía si se verificaba que las acusaciones lanzadas en el recurso se concentran en la violación directa de la ley, en las modalidades tradicionalmente admitidas: falta de aplicación, interpretación errónea y aplicación indebida.
El recurso extraordinario de súplica en el caso concreto
Compartimos la decisión de la sentencia del 6 de diciembre de 2016, pues ciertamente los argumentos que ofreció el Hospital de Caldas E.S.E. resultaron insuficientes para demostrar que la sentencia recurrida incurrió en un auténtico caso de violación a la ley.
Empero, no es que la violación de la ley no se hubiera configurado, sino que fue evidente la falta de técnica del apoderado judicial de ese hospital para cuestionar la sentencia del 14 de septiembre de 2000 y así demostrar que se configuraba la violación de la ley, ora por falta de aplicación de la ley sustancial, ora por aplicación indebida, ora por interpretación errónea, en los términos que explicamos en la primera parte del texto de esta aclaración.
En efecto, en el recurso extraordinario de súplica se aludió a: i) la falta de aplicación del artículo 187 del Código Procedimiento Civil; ii) la falta de aplicación de la Ley 27 de 1992; iii) la incongruencia de la sentencia; iv) la falta de aplicación de los artículos 29 de la Constitución Política y 137 del Decreto 01 de 1984, y v) falta de aplicación del Decreto 500 de 1991.
De esa forma se estudiaron en la providencia que justifica esta aclaración de voto, al punto que compartí los razonamientos que se hicieron para desestimar el recurso. De hecho, la providencia aclaró que algunos de esos cuestionamientos no eran propiamente cargos para desatar el recurso de súplica, en especial, los relacionados con los numerales i), ii) y ii). Y por eso compartimos los argumentos que se expusieron para descartar los argumentos del recurrente.
Pero ocurre que la sentencia del 14 de septiembre de 2000 tiene un grave vicio de violación de la ley que habilita a la administración a remover a los empleados de libre nombramiento y remoción.
Si bien en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se probó que el Hospital de Caldas desconoció los requisitos para la vinculación de Juan Carlos López Villegas como médico especialista, código 311520, (en especial, el que se refiera a la experiencia), lo cierto es que esa irregularidad únicamente afectaba la legalidad del acto de nombramiento. Pero eso no permitía concluir que también era nulo el acto de insubsistencia del señor Luis Guillermo Trujillo (demandante en el proceso ordinario).
Entonces, no es cierto que el acto de insubsistencia hubiera estado viciado por desvío de poder, como equivocadamente lo concluyó la sentencia objeto del recurso de súplica. O, por lo menos, el vicio de desvío de poder que reveló la sentencia recurrida no estaba probado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La carga de demostrar el desvío de poder correspondía al señor Trujillo. Y eso no ocurrió, esto es, no se demostró que el acto de insubsistencia del señor Trujillo se hubiera dictado con una finalidad distinta a la que la ley permite: el mejoramiento del servicio.
La insubsistencia del señor Trujillo pudo estar motivada, como ocurre la mayor de las veces, en la pérdida de confianza del funcionario o cualquier otra circunstancia objetiva y verificable que justifique la decisión de desvincularlo del Hospital de Caldas E.S.E. Y si eso no fue así, se insiste, el señor Trujillo era el encargado de desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia y demostrar que el funcionario que lo expidió incurrió en un auténtico caso desvío de poder, que, como se sabe, ocurre cuando se desconoce el elemento finalidad del acto y el funcionario lo expide con un fin diferente a la fijada por la ley, fin que, generalmente, es anómalo, malicioso o abusivo.
Dicho de otro modo: una cosa es la ilegalidad del nombramiento (por falta de cumplimiento de los requisitos legales) y otra muy distinta la nulidad del acto de insubsistencia, que en este caso no estaba acreditada. La nulidad del nombramiento del señor Juan Carlos López Villegas no generaba automáticamente la nulidad de la insubsistencia del señor Luis Guillermo Trujillo.
A nuestro modo de ver, ese debió ser el argumento central al promover el recurso extraordinario de súplica. Fue la evidente falta de técnica del apoderado judicial del Hospital de Caldas E.S.E. la que dio al traste con la prosperidad del recurso.
Esas son las razones de la aclaración de voto.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Alberto Yepes Barreiro
Fecha ut supra
Mediante auto del 24 de mayo de 2001 la Sala Plena del Consejo de Estado ya había admitido el recurso de extraordinario de súplica (fl. 20, c.4) y el 9 de julio del mismo año corrido traslado para que las partes alegaran de conclusión (fl. 23, C.4). No obstante, el 19 de julio de 2002 se declaró la nulidad de lo actuado por cuanto no se había surtido la notificación a la parte demandada (fl. 28, c.4), razón por la que el 25 de octubre de 2002 se emitió un nuevo auto admisorio.
Dicha norma es del siguiente tenor literal: “Funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión. Cada Sala Especial de Decisión será presidida por el Magistrado Ponente. Actuará como secretario ad hoc el secretario de la Sección a la que pertenezca el Ponente. En caso de programarse varias salas simultáneas en las que los Ponentes pertenezcan a una misma Sección, el secretario de esta designará secretarios ad hoc para aquellas salas a las que él no pueda asistir. Las Salas Especiales de Decisión sesionarán el primer martes de cada mes a las 9:00 a.m. y, en forma extraordinaria, cuando así lo determine el Ponente de la Sala Especial de Decisión. Los días martes en que se reúnan las Salas Especiales de Decisión no sesionará la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Las Salas podrán realizarse haciendo uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. El Ponente de cada Sala, quien será el que la presida, convocará a las respectivas sesiones con una antelación no inferior a tres (3) días. La copia del aviso de la convocatoria se fijará en un lugar público de la Secretaria General del Consejo de Estado. El registro de los proyectos que serán estudiados por cada una de las Salas Especiales de Decisión será repartido a todos los magistrados que integran la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo e indicará el tema de cada proyecto. El texto del proyecto se pondrá a disposición del magistrado que lo requiera, por cualquier sistema interno de información electrónica. Parágrafo. Estas Salas considerarán, en cada sesión, los proyectos de fallo incluidos en el orden del día, siempre que hayan sido entregados a sus integrantes con antelación no inferior a tres (3) días calendario”.
El artículo 2 de la Ley 954 de 2005 derogó el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo que contemplaba el recurso extraordinario de súplica, no obstante, el artículo 3º de la misma norma dispuso la creación de Salas especiales transitorias de decisión encargadas de decidir los recursos extraordinarios de súplica que para la fecha de su entrada en vigencia contaran con el respectivo auto admisorio, así: “Artículo transitorio. Salas Especiales Transitorias de Decisión. Créanse en el Consejo de Estado Salas Especiales Transitorias de Decisión, encargadas de decidir los recursos extraordinarios de súplica que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tengan proferido el respectivo auto admisorio. Estas Salas estarán conformadas por cuatro Magistrados de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, pertenecientes a cada una de las Secciones que integran dicha Sala, con excepción de la Sección que profirió la providencia impugnada. Su integración y funcionamiento se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el Reglamento que para tal efecto expida el Consejo, y el fallo se adoptará dentro de los términos previstos en el mismo…”
Según lo preveía el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil ante de la modificación introducida por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003, respecto de la ejecutoria de las sentencia se preveía: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva” (Se destaca).
El 22 de agosto de 2002, la Secretaria General de Consejo de Estado certificó que la sentencia del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Sección Segunda – Subsección “B” dentro del proceso con radicado n. º 930503031/1410/2000, quedó ejecutoriada el 7 de diciembre del 2000 (fl. 32, c.4).
Acorde con la Ley 31 de 1971, artículo 1º, para todos los efectos judiciales, son días de vacancia: “Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados de la rama civil, contencioso administrativo, laboral y los de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Aduanas y Salas Penales de los Tribunales de Distrito, así como los respectivos agentes del ministerio público que corresponden a tales despachos, disfrutarán colectivamente de la prestación social de vacaciones anuales”.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de junio de 2003, exp. S-131, M.P. Alier Eduardo Enríquez.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 20 de enero de 1995, exp. 4305, M.P. Rafael Romero Sierra.
La Sección Cuarta de esta Corporación en providencia de 29 de noviembre de 1988, exp. 1874, M.P. Álvaro Lecompte Luna, señaló: “...se entiende por norma sustantiva aquella que define o demarca los derechos subjetivos y sus alcances y que puede hallarse, indistintamente, como las normas adjetivas, en cualesquiera códigos o estatutos o recopilaciones de disposiciones legales. Y, en contraste, ha de entenderse por norma adjetiva aquella que señala los ritos, las formas, las maneras de actuar en determinados asuntos o circunstancias”.
El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.
La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.
El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.
El inciso segundo del artículo 194 del Código Contencioso Administrativo preveía: “(…) En el escrito que contenga el recurso se indicará en forma precisa la norma o normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción; y deberá interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia impugnada, ante la sección o subsección falladora que lo concederá o rechazará”.
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Doce Especial De Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2005-00822-00(S), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de julio de 1996, rad. S-638, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 16 de mayo de 2002, rad. n.º 19001-23-31-000-1998-0397-01(1659-01), C.P. Ana Margarita Olaya Forero.
El artículo 128 de la Constitución Política dispone: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.
En similar sentido se pronunció la Corte Constitucional en las sentencias T-884 de 2002 y T-752 de 2003.
En sentido similar las sentencias T-951 de 2004, T-1204 de 2004, T-1206 de 2004, T-1240 de 2004, T-031 de 2005, T-123 de 2005, T-161 de 2005, T-454 de 2005, T-1323 de 2005, T-706 de 2006, T-597 de 2007, T-007 de 2008, T-011 de 2009, y T-610 de 2010.
Decisión en la que se trató el caso de una persona nombrada en provisionalidad en el cargo de Profesional Especializado de la Dirección Nacional del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien posteriormente fu desvinculada sin que el acto de retiro expresara el fundamento de la decisión los motivos de tal determinación. Con base en esos elementos, la Corte Constitucional ordenó el reintegro del accionante al cargo, además del pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el reintegro efectivo.
Por ejemplo en la sentencia del 14 de julio de 2016, de la Sección Quinta, rad. n.º 11001-03-15-000-2016-00657-01(AC). C.P. Rocío Oñate Araujo
Corte Constitucional, sentencia C-407 del 28 de agosto de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
Corte Constitucional, sentencia T-945 del 26 de noviembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
En la sentencia C-197 de 1999, la Corte Constitucional, con ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell, dijo: “En conclusión, por las razones anteriormente expuestas, considera la Corte que el aparte normativo acusado no viola las normas invocadas por el demandante ni ningún otro precepto de la Constitución. No obstante, la norma será declarada exequible condicionada a que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito tantas veces mencionado, y que cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica deberá aplicar el art. 4 de la Constitución”
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de diciembre de 2011, rad. 2069-09, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Sobre la naturaleza y el alcance del recurso extraordinario de súplica, puede consultarse la providencia del 2 de mayo de 2011, expediente N° 11001031500020030057201.
Cf Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de octubre de 1985.
Cf. Humberto Murcia Ballén. Recurso de Casación Civil, Bogotá. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 4ª. Ed. Pág.340
Ver página 16 de la providencia.
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