Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2005-00839-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Recurso extraordinario de revisión: generalidades
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2005-00839-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2005-00839-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
5 de junio de 2018
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Generalidades / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Finalidades de las causales / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Carencia actual de objeto
El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones consagradas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se consagró como un medio extraordinario de impugnación. (…) El recurso se encuentra sujeta al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador. (…) El artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. (…) Las causales de los numerales 1.º, 2.º (parcial), 5.º, y 7.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: la detección de documentos falsos o adulterados o de peritazgos fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos, la aparición de documentos que no pudieron ser conocidos porque la contraparte los ocultó, o el señalamiento penal de que la sentencia fue producto de cohecho o violencia.(…) Las causales de los numerales 2.º (parcial), 3.º, y 4.º, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica. La causal del numeral 6.º, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación.
Finalmente, la causal del numeral 8.º protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.(…) Considerando que al infirmarse la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, por hallarse procedentes las causales invocadas en el recurso extraordinario de súplica y, al proferirse una decisión de remplazo que se encuentra ejecutoriada, denegando las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es claro que cesaron los efectos jurídicos de las órdenes dadas en su momento en las instancias, referentes a: i) el reintegro de la señora Patricia del Pilar Ruiz Vera al cargo en que fue declarada insubsistente su nombramiento, ii) pago de salarios y prestaciones dejados de percibir con ocasión de su vinculación y, iii) efectuarse los descuentos percibidos por concepto de salarios recibidos en otras entidades públicas durante el lapso de tiempo ocurrido entre la desvinculación del servicio y el reintegro, aspecto último sobre el cual se argumentó el recurso extraordinario de revisión de la referencia. Por tanto, al presentarse hechos sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario de revisión que alteraron de manera significativa los supuestos fácticos y jurídicos sobre el que se estructuró, la Sala considera que se presenta una carencia actual de objeto que impide el pronunciamiento acerca de los argumentos presentados por el apoderado especial de la demandante referentes a la causal de revisión invocada
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 137 / DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 188
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2005-00839-00(REV)
Actor: PATRICIA DEL PILAR RUIZ VERA
Demandado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Asunto: Se resuelve recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Patricia del Pilar Ruiz Vera contra la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia
La Sala Especial de Decisión núm. 15 de lo Contencioso Administrativo resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por demandante contra la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, que confirmó y adicionó la sentencia de 13 de diciembre de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) recurso extraordinario de revisión; iii) consideraciones y iv) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. La demandante, por conducto de apoderado especial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 3756 de 27 de octubre de 1999, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, por la cual declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de delegada de Registrador Nacional del Estado Civil, Código 0020-02, en la circunscripción electoral de Caldas.
2. A título de restablecimiento solicitó que se ordenara a la entidad demandada reintegrarla en el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o superior categoría, así como reconocerle y pagarle todos los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro y, que se declarara que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios para todos los efectos legales.
Presupuestos fácticos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
3. Indicó que fue nombrada en el cargo Coordinadora 5005-19 de la Sección de Duplicados y Rectificaciones de cédulas de la División de Censos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución 0411 de 11 de marzo de 1983, el cual es de libre nombramiento y remoción, tomando posesión, el 7 de abril de 1983.
4. Señaló que estuvo vinculada a la entidad por un término de 16 años y 6 meses y, que el último cargo que desempeñó fue el de Delegada del Registrador Nacional del Estado Civil, Código 0020-02, en la circunscripción electoral de Caldas, el cual, ocupó hasta el 27 de octubre de 1999, fecha en la cual fue declarado insubsistente su nombramiento.
5. Adujo que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento no obedeció al mejoramiento del servicio, sino a móviles políticos, tal como se demuestra con el Acta 046 de octubre de 1999 del Consejo Nacional Electoral, donde se manifestó la búsqueda de un equilibrio político en los departamentos dentro de una mentalidad pluralista.
6. Finalmente, indicó que contaba con una mejor hoja de vida que la persona que la remplazó en el cargo, toda vez que cuenta con mayor experiencia debido a los casi 17 años de servicio en la entidad.
Normas violadas y concepto de violación
7. La demandante invocó en su escrito como normas violadas las siguientes:
Artículos 2, 6, 13, 25, 43, 121, 123, 125 y 209 de la Constitución Política.
Artículos 2, 36 y 84 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 39 del Decreto 2241 de 1986.
8. Señaló que se transgredieron las anteriores disposiciones, teniendo en cuenta que el acto administrativo demandado fue expedido con desviación de poder, en la medida que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento no obedeció al mejoramiento del servicio sino a móviles políticos, con lo cual, el nominador desbordó los límites constitucionales y legales para ejercer la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción.
Sentencia de 13 de diciembre de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 17001 23 31 000 2000 00286 01
9. El Tribunal Administrativo de Caldas, en la parte resolutiva de la sentencia de 13 de diciembre de 2001 resolvió:
“[…] 1.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución número 3756 del 27 de octubre de 1999, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Patricia del Pilar Ruiz Vera en el cargo de Delegada del Registrador nacional del Estado Civil, Código 0020-02 circunscripción electoral de Caldas, conforme a las consideraciones que anteceden.
2.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene el reintegro de la señora PATRICIA DEL PILAR RUIZ VERA al cargo que venía desempeñando en la Registraduría Nacional del estado Civil o a una de similar o superior categoría y el PAGO de los salarios y prestaciones sociales legales y extarlegales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el día de su reintegro a la entidad; sumas que deberán ser debidamente indexadas de acuerdo a la fórmula consignada en la parte considerativa de esta providencia.
3.- La Nación –Organización Electoral- Registraduría Nacional del Estado Civil dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 176 del CCA y reconocerá intereses en la forma prevista en el artículo 177 ibídem, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.[…]”
10. El Tribunal consideró que la demandante probó que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento no fue producto del mejoramiento del servicio sino por móviles políticos, con lo cual demostró que la Resolución 3756 de 27 de octubre de 1999 fue expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil con desviación de poder. Textualmente, señaló:
“[…] De otra parte se ha examinado la hoja de vida de la señora Ruiz Vera encontrándose que no existe allí sanción alguna, que por el contrario hay una copiosa correspondencia que hace ver que ha habido un buen desempeño de los cargos que ha ejercido. Otro tanto se puede predicar del candidato que fue designado en remplazo de aquella del cual puede decirse como ya se anotó atrás, que reúne los requisitos para el ejercicio del cargo pero carecía por completo de experiencia en el área electoral, lo que aunado al hecho de su militancia en el sector político abanderado por el señor Víctor Renán Barco López, produjeron el resquebrajamiento de la confianza en los términos electorales a nivel de la ciudad.
Todos los hechos narrados y probados según se han descrito atrás, llevan a la Sala al convencimiento que no se buscó el mejoramiento del servicio al momento de desvincular de su cargo a la demandante, sino la satisfacción de otros motivos, por cuanto inclusive el resultado fue adverso y perturbador, es decir, el servicio desmejoró. […] No hubo parcialidad política en el caso de la actuación de la demandante de quien se ha acreditado, exactamente lo contrario, es decir su imparcialidad en tal aspecto, razón por la cual también se ha vulnerado el artículo 39 del Código Electoral […]”
Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
11. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de abril de 2003, decidió:
“[…] Confirmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 13 de diciembre de 2001, en el juicio promovido por PATRICIA DEL PILAR RUIZ VERA contra la Nación –Registraduría Nacional del Estado Civil que accedió a las pretensiones de la demanda.
Adicionase la sentencia del 13 de diciembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de ordenar los descuentos percibidos por concepto de salarios recibidos en otras entidades públicas, siempre y cuando sean incompatibles con el servicio y no estén autorizadas en la ley […]”
12. Concluyó del acervo probatorio que: i) la entidad demandada no desvirtuó la capacidad ni las calidades de la funcionaria que destituyó y ii) la demandante probó que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento tuvo móviles políticos, en detrimento del interés general. Textualmente, indicó:
“[…] Sus condiciones de idoneidad y experiencia en el desempeño del cargo, adquirida por más de 16 años y con conocimientos específicos para el mismo, hacen presumir su capacitación para prestar un buen servicio.
Cabe señalar que los testimonios no fueron tachados de falsos o de inexactos, es más sirven de prueba al no observarse parcialidad en su contenido y en lo aquí glosado, se los encuentra serios contestes y responsivos frente al objeto de la prueba, la idoneidad laboral de la demandante y la incertidumbre que creó en la opinión pública su retiro.
La administración, por su parte, no desvirtuó la capacidad ni las calidades de su ex funcionaria ni explicó las razones por las que prescindió de una persona idónea. La desviación se configura, entonces, y por la falta de razones para desvincularla.
Esta falta de razones es más evidente si se tiene en cuenta que el retiro se efectuó a sólo un mes de la culminación del proceso electoral para la provisión del cargo de Alcalde de Manizales y que se designó en reemplazo a de (sic) dos personas vinculadas activamente a la denominada “coalición Barcoyerista”, permitiendo, como lo señaló el a quo, que la opinión pública perdiera la confianza que en ese instante le inspiraba la Registraduría de la circunscripción electoral de Caldas, según dan cuenta los recortes de prensa y las declaraciones recibidas, analizadas in extenso por el Tribunal […].”
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La solicitud
13. La demandante, por conducto de apoderado especial, presentó el 8 de agosto de 2005, recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, e invocó la causal 6.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, que señala:
“[…] Artículo 188. Son causales de revisión
[…]
6.- Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]”
14. Para sustentar la causal, argumentó que el fallo recurrido desconoció la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 28 de agosto de 1996 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento presentado por la señora Gloria Marina Vanegas Castro contra el Municipio de Cúcuta, que determinó la improcedencia de ordenar los descuentos percibidos por concepto de salarios recibidos en otras entidades públicas durante el lapso de tiempo ocurrido entre la desvinculación del servicio y el reintegro, dada su naturaleza o connotación de indemnización.
15. Precisó que la entidad demandada en ninguna de las instancias, sometió como punto de análisis y controversia los aludidos descuentos y, en esa medida, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió un fallo extra petita, incurriendo en una abierta vulneración al debido proceso y a la justicia rogada. En efecto, indicó:
“[…] La sentencia dictada por la Sección Segunda, Subsección B el día 3 de abril de 200, expediente con número interno de radicación 1663-2002, debidamente notificada y ejecutoriada, recurrida en revisión, está inmersa en la causal indicada, por cuanto no podía el Consejo de Estado (por carencia de competencia funcional) adicionarla von los respectivos descuentos, por cuanto dicha decisión va en contravía de lo establecido por la Sala Plena del H. Consejo de Estado, en la cual a solicitud de su sección segunda por importancia del asunto y trascendencia social , los valores que se deben como consecuencia de la condena impuesta, no corresponden al concepto de asignación, sino que se deben a título de indemnización, por ende, no cabe dentro de la prohibición consagrada en el artículo 128 de la Carta Política […].
Contestación al recurso extraordinario de revisión
16. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio de apoderado especial, se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión por considerar que, contra la sentencia recurrida, la entidad interpuso ante el Consejo de Estado recurso extraordinario de súplica, que fue decidido por la Sala Especial Transitoria de Decisión 2C de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de 1.º de julio de 2008, en la cual: i) infirmó la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; ii) revocó la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 13 de diciembre de 2001 y, iii) profirió sentencia de remplazo, negando las pretensiones de la demanda. Por lo anterior solicitó rechazar de plano los argumentos del recurso extraordinario de revisión.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Vistos: el artículo 186 del Código Contencioso Administrativo y el parágrafo 2.º, numeral 2.º del artículo 2.º del Acuerdo núm. 321 de 2014, esta Sala es competente para resolver el extraordinario de revisión de la referencia, con la exclusión del Consejero de la Sección Segunda doctor Carmelo Perdomo Cuéter que conforma esta Sala Especial de Decisión.
Problemas jurídicos
18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar: i) si el recurso extraordinario de revisión es objeto de estudio, en la medida que la sentencia recurrida fue infirmada por la Sala Especial Transitoria de Decisión 2C de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por la sentencia proferida el 1.º de julio de 2008 mediante la cual resolvió el recurso extraordinario de súplica presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil identificado con número único de radicación 11001 03 15 000 2004 01517 00 y, en caso afirmativo, ii) si se configura la causal de revisión invocada en el numeral 6.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.
19. Para resolver los problemas jurídicos planteados esta Sala analizará los siguientes temas: i) Marco normativo y generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión y; iii) análisis del cao concreto.
Marco normativo y generalidades del recurso extraordinario de revisión
20. Vistos los artículos 185, 186, 187, 188 y 189 del Código Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 contienen el marco normativo del recurso extraordinario de revisión, que se desarrollarán infra.
21. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
22. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones consagradas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se consagró como un medio extraordinario de impugnación.
23. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeta al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más […].
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada […].
24. En efecto, el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Textualmente, señala como causales:
“[…] 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada […]”
25. Esta Corporación ha señalado que las causales de los numerales 1.º, 2.º (parcial), 5.º, y 7.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: la detección de documentos falsos o adulterados o de peritazgos fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos, la aparición de documentos que no pudieron ser conocidos porque la contraparte los ocultó, o el señalamiento penal de que la sentencia fue producto de cohecho o violencia.
26. Por su parte, las causales de los numerales 2.º (parcial), 3.º, y 4.º, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica.
27. La causal del numeral 6.º, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente, la causal del numeral 8.º protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.
28. Por su parte, los requisitos de recurso están previstos en el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos del artículo 137 del mismo código, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda. Además, el recurrente debe allegar las pruebas que tenga en su poder y pretenda hacer valer.
29. Así pues, es claro que la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias taxativamente consagradas en la ley.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión.
30. Vistos los artículos 185 y 187 del Código Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, en el presente caso el recurso extraordinario de revisión al momento de su admisión era procedente, atendiendo a que la sentencia recurrida fue proferida el 3 de abril de 2003, por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación.
31. Asimismo, porque la sentencia quedó ejecutoriada el 15 de agosto de 2003 y, el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto el 8 de agosto de 2005, es decir, dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, término legal señalado por el Código Contencioso Administrativo.
32. No obstante lo anterior, la Sala al verificar el Sistema de Información Judicial Colombiano observa que la Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso, el 18 de noviembre de 2004, recurso extraordinario de súplica contra la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en los términos del artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, el cual, fue decidido por la Sala Especial Transitoria de Decisión 2C de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la sentencia proferida el 1.º de julio de 2008, así:
“[…] 1.- INFÍRMASE la sentencia de 3 de abril de 2003, proferida por la Subsección B de la Sección de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación. En su lugar se dispone:
2.- REVÓCASE la sentencia de 13 de diciembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar,
3.- NIÉGANSE las súplicas de la demanda. […]”
33. Atendiendo a que se presentó: a) una interpretación errónea del literal h) del artículo 6.º del artículo 3492 de 1986; del artículo 26 del Decreto 2400 de 1968 y del artículo 209 de la Constitución Política; b) inaplicación de los artículo 61 del Decreto 2400 de 1968, 22 y 107 del Decreto 1950 de 1973 y 187 del Código de Procedimiento Civil y c) violación del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
Análisis del caso concreto
34. Considerando que al infirmarse la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, por hallarse procedentes las causales invocadas en el recurso extraordinario de súplica y, al proferirse una decisión de remplazo que se encuentra ejecutoriada, denegando las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es claro que cesaron los efectos jurídicos de las órdenes dadas en su momento en las instancias, referentes a: i) el reintegro de la señora Patricia del Pilar Ruiz Vera al cargo en que fue declarada insubsistente su nombramiento, ii) pago de salarios y prestaciones dejados de percibir con ocasión de su vinculación y, iii) efectuarse los descuentos percibidos por concepto de salarios recibidos en otras entidades públicas durante el lapso de tiempo ocurrido entre la desvinculación del servicio y el reintegro, aspecto último sobre el cual se argumentó el recurso extraordinario de revisión de la referencia
35. Por tanto, al presentarse hechos sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario de revisión que alteraron de manera significativa los supuestos fácticos y jurídicos sobre el que se estructuró, la Sala considera que se presenta una carencia actual de objeto que impide el pronunciamiento acerca de los argumentos presentados por el apoderado especial de la demandante referentes a la causal de revisión invocada.
36. Considerando lo anterior, la Sala por sustracción de materia no se pronunciará acerca del segundo problema jurídico planteado en el numeral 18 de la presente providencia.
Condena en costas
37. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 sobre la condena en costas y considerando que en el presente caso no se advierte temeridad o mala fe y la existencia de pruebas sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, no se condenará en costas a la señora Patricia del Pilar Ruiz.
Conclusiones de la Sala
38. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que en el presente asunto se presentaron hechos sobrevinientes a la presentación del recurso extraordinario de revisión que alteraron de manera significativa los supuestos fácticos y jurídicos sobre el que se estructuró y, en esa medida se presenta una carencia actual de objeto que impide el pronunciamiento de fondo del asunto.
39. En suma, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, no sin antes señalar que no procede la condena en costas por cuanto no se advierte temeridad o mala fe de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO por carencia actual de objeto el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de la señora Patricia del Pilar Ruiz Vera contra la sentencia de 3 de abril de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Consejero de Estado
Por el cual se adopta el código electoral.
Folios 15 a 38
Folios 39 a 47
Folios 2 a 12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 1996, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, número único de radicación 11001 03 15 000 1996 00638 01 S-638
Folios 97 y 98
El citado artículo señala: De los recursos contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con la exclusión de los Consejeros de la Sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que estos puedan ser llamados a explicarlas
Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011. La citada norma dispone […] Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: […] Parágrafo 2. Cuando se trate del estudio y aprobación de los recursos extraordinarios de súplica y de los recursos extraordinarios de revisión, interpuestos en vigencia del Decreto 01 de 1984, se hará por las Salas Especiales de Decisión, con exclusión del integrante de la Sección que profirió la sentencia impugnada. La Sala podrá oír a cualquiera de los integrantes de la Sección excluida. […]”
El citado artículo señala: El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
De los recursos contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los Consejeros de la Sección que profirió la decisión, sin perjuicios de que estos puedan ser llamados a explicarlas.
El citado artículo señala: El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Son causales de revisión [….]
El recurso debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios. El recurrente deberá presentar con la demandas las pruebas documentales que tenga en su poder y pretenda hacer valer.
Cf. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110,
Vigente para la época de interposición del recurso extraordinario de revisión
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial de Decisión, providencia de 3 de mayo de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-1999-00212-01
El citado artículo señala: El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
El citado artículo señala: El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Folio 1
ARTÍCULO 194. Modificado Ley 446 de 1998, art. 57. Derogado. Ley 954 de 2005, art 2. El recurso extraordinario de súplica, procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquiera de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. Es causal del recurso extraordinario de súplica la violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las mismas. Los miembros de la Sección o Subsección falladora estarán excluidos de la decisión, pero podrán ser oídos si la Sala así lo determina.
En el escrito que contenga el recurso se indicará en forma precisa la norma o normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción; y deberá interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia impugnada, ante la Sección o Subsección falladora que lo concederá o rechazará.
Admitido el recurso por el ponente en Sala Plena, se ordenará el traslado a las demás partes para alegar por el término común de diez (10) días. Vencido el término de traslado, dentro de los treinta (30) días siguientes se registrará el proyecto de fallo. Si la Sala hallare procedente la causal invocada, infirmará la sentencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla. Si la sentencia recurrida tuvo cumplimiento, declarará sin efectos los actos procesales realizados con tal fin y dispondrá que el Juez de conocimiento proceda a las restituciones y adopte las demás medidas a que hubiere lugar.
Si el recurso es desestimado, la parte recurrente será condenada en costas, para lo cual se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil.
La interposición de este recurso no impide la ejecución de la sentencia. Con todo, cuando se trate de sentencia condenatoria de contenido económico, el recurrente podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la misma, prestando caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El ponente fijará el monto, naturaleza y término para constituir la caución, cuyo incumplimiento por parte del recurrente implica que se declare desierto el recurso. Los efectos de la sentencia quedan suspendidos hasta cuando se decida.
El citado artículo señala. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil
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