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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2012-00642-00

Recurso extraordinario de revisión: finalidad

Fecha
3 de abril de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2012-00642-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Sociedad DRUMMOND LTD. contra la sentencia de 25 de marzo de 2010, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado. En firme esta providencia, devuélvase el expediente a la Sección Cuarta de esta Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2012-00642-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

3 de abril de 2018

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Finalidad / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No permite reabrir el debate jurídico o la valoración probatoria / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia / CAUSAL SEXTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – La violación al debido proceso constitucional puede ser causal de revisión

El objeto del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una justicia material en un caso que ya se ha decidido, un caso que ha hecho tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza; sino que por razones distintas al debate mismo de fondo de la instancia, que dio lugar a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a la protección, en algunos casos, de derechos fundamentales que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial. (…) La nulidad debe darse en la sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos o tomar la medida que fuera necesaria para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8 Especial de Decisión en pronunciamiento reciente, “[…] para que esta causal de revisión prospere, entre otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio in pejus […]”. Para ello se requiere que el recurrente aduzca una anomalía que se haya configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía. (…) Hay otros motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. (…) Al igual que en la invocación de cualquier causal que implique la nulidad originada en la sentencia, se requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que se trate de una anomalía procesal y que sea de tal envergadura que, de no haberse presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional, se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o probatorio que se dio en la instancia correspondiente.(…) El actor sostiene que el juzgador de segunda instancia vulneró su derecho al debido proceso, porque omitió decretar de oficio la traducción de las facturas expedidas por proveedores extranjeros, que obraban ya en el proceso, pero en inglés, y que, en su sentir, pondrían fin de manera favorable a sus pretensiones.

Sin embargo, para esta Sala de Decisión, tal violación no se advierte, pues con la sugerencia de la sociedad demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de que el Consejo de Estado decretara una prueba de oficio, se pretendía subsanar la deficiente aportación al proceso de las facturas que ya obraban en el expediente y que por estar en idioma extranjero, sin la traducción conforme con el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, no pudieron ser apreciadas como sustento de sus pretensiones. (…) Los argumentos en que la sociedad funda su recurso, por más que se esfuercen en invocar aspectos procesales como la falta de congruencia del fallador por desconocer el carácter rogado de la jurisdicción, o la aplicación de un tratamiento probatorio no establecido al momento de la presentación de la demanda, so pretexto de mostrar un punto dudoso de la contienda, solo demuestran el deseo tardío de subsanar la deficiente aportación de una prueba al proceso, cuya admisibilidad está sujeta al cumplimiento de un requisito legal, como es la traducción al idioma castellano por un intérprete oficial, el cual no fue obedecido oportunamente. (…) La Sala no advierte la violación al debido proceso de la sociedad recurrente como causal de anulación de la sentencia impugnada, conforme al numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo; motivo por el cual se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 188 NUMERAL 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 29

FACULTADES OFICIOSAS DEL JUEZ EN MATERIA PROBATORIA

El ejercicio de las facultades oficiosas del juez, en materia probatoria, tiene una finalidad trascendental para la solución del debate sometido a conocimiento y resolución judicial y es el esclarecimiento de la verdad ante cualquier duda u oscuridad que le surja al fallador; pero de ninguna manera está previsto para liberar o suplir la carga probatoria que compete a las partes en un proceso. Si ello fuera así se podría “[…] afectar la igualdad de las partes en el proceso y su propia imparcialidad. Esa facultad es principalmente complementaria y no para sustituir a la parte accionante en la carga de probar todo los hechos que alega en su favor, menos cuando la prueba estuvo a su alcance, y le fue factible de obtener y allegar al proceso”; por ello, el precepto normativo contenido en el inciso segundo del artículo 169 del C.C.A. señala que las pruebas de oficio operan “para esclarecer puntos oscuros o dudosos en la contienda”

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DOS ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación numero: 11001-03-15-000-2012-00642-00(REV)

Actor: DRUMMOND LTD.

La Sala 2 Especial de Decisión falla el recurso extraordinario de revisión presentado por la sociedad de la referencia contra la sentencia de 25 de marzo de 2010, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por la sociedad Drummond Ltd., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, modificó mediante Liquidación Oficial de Revisión el impuesto a las ventas por el segundo bimestre de 2003 e impuso sanción por inexactitud.

ANTECEDENTES

1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

La sociedad DRUMMOND LTD., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 310642005000035 de 26 de abril de 2005 y la Resolución de Recurso de Reconsideración No. 310662005000057 de 23 de agosto de 2005, expedidas en relación con la declaración del impuesto a las ventas por el segundo bimestre de 2003. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) que se acepte el total del impuesto al valor agregado, IVA, descontable liquidado en la mencionada declaración; (ii) que no hay lugar a la determinación de un menor valor de IVA descontable ni a la imposición de la sanción por inexactitud; y (iii) que se declare conforme a derecho el saldo a favor determinado en la declaración del IVA por el segundo bimestre de 2003.

Como fundamento de la demanda, la sociedad consideró improcedente el rechazo del IVA descontable originado en retenciones practicadas a no domiciliados o residentes en Colombia por la suma de $256.524.000, lo cual es violatorio, entre otras disposiciones, de los artículos 771-2, 485, 488 y 489 del Estatuto Tributario, pues la DIAN exige que exista un contrato escrito como documento equivalente a la factura, cuando lo cierto es que los extranjeros no domiciliados en el país no están obligados a expedir facturas ni documentos equivalentes regulados en las normas colombianas. Además, no se puede exigir que los contratos con extranjeros cumplan con los requisitos previstos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, como es el NIT del vendedor o proveedor o una numeración consecutiva en los contratos.

Explicó que la sociedad contaba con otros soportes, como son las facturas expedidas por los proveedores del exterior, pero son conforme a las leyes de sus países, y comprobantes de contabilidad, pruebas con las cuales puede verificarse las retenciones practicadas. Que si bien el contrato sirve como soporte para efectos tributarios, no puede significar que la ausencia del mismo implique la pérdida del derecho al descuento del IVA originado en las retenciones en la fuente practicadas sobre los pagos a extranjeros sin domicilio en Colombia por la prestación de servicios gravados en el país.

Señaló que Drummond siempre ha practicado la retención en la fuente por el IVA generado en la prestación de servicios de extranjeros sin residencia o domicilio en el país y han sido trasladadas al Estado, luego, tiene derecho a tomar como descontable ese IVA retenido en operaciones con tales extranjeros.

Consideró que la actuación demandada era violatoria del derecho de defensa y del debido proceso, pues la resolución que decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación de revisión no se contrajo a lo planteado en el acto recurrido. La DIAN puso en tela de juicio que Drummond siempre practicó las retenciones en la fuente del IVA originado en los servicios prestados por extranjeros sin residencia ni domicilio en el país, gravados en el IVA, tema que nunca había sido discutido por la DIAN y cuya realidad es completamente cierta, como la misma oficina tributaria lo ha verificado.

Por lo anterior, señaló que la sociedad cumplió con la obligación formal y sustancial de actuar como agente retenedor y de declarar y pagar dicho impuesto, por lo tanto, no se puede rechazar ese beneficio tributario a que tiene derecho, so pretexto de una formalidad, que es la existencia o no de un contrato escrito.

Finalmente, controvirtió la imposición de la sanción por inexactitud, por cuanto el IVA descontable declarado por la sociedad por el segundo bimestre de 2003 es procedente. En todo caso, advirtió que se trataba de una diferencia de criterios sobre la interpretación de las normas aplicables y por tal razón no es legal dicha sanción.

1.2. La oposición

La DIAN contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, teniendo en cuenta que los actos administrativos se ajustaron a la normativa aplicable y no se violó el debido proceso ni el derecho de defensa de la actora.

Explicó que por disposición del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y de los artículos 5 del Decreto 1165 de 1996, 13 y 20 del Decreto 380 de 1996, 5 del Decreto 3050 de 1997 y 2 del Decreto 1514 de 1998, constituían documentos equivalente a la factura, entre otros, los contratos celebrados con extranjeros sin domicilio o residencia en el país, en cuyo caso, para la procedencia del IVA descontable se debía acreditar; adicionalmente, que se ha practicado la respectiva retención en la fuente; y agregó: “Mi representada observó que el valor de los impuestos descontables solicitados está relacionado con la prestación de servicios por personas no domiciliadas o no residenciadas en Colombia […], las cuales no tienen la calidad de responsables del impuesto sobre las ventas del régimen simplificado a que se refiere el artículo 3 del Decreto 3050 del 23 de diciembre de 1997 para estar exoneradas de la exigencia de documento en el caso de que se pretenda solicitar el valor de la retención practicada como impuesto descontable. En tales condiciones y para efectos de que pueda tenerse el derecho a solicitar valor por impuestos descontables por parte del contribuyente […] se debe contar con un ‘contrato’ que cumpla con los requisitos del artículo 3 y numeral 2 del artículo 5 del Decreto 3050 del 23 de diciembre de 1997, además de haberse llevado una subcuenta en la contabilidad en donde se registren las retenciones en la fuente practicadas y que correspondan a los ‘soportes’ expedidos por dichos terceros a favor de los adquirentes de bienes o servicios en el que claramente conste el valor y concepto de pago […]”.

Señaló que la contribuyente, si bien presentó la declaración la retención en la fuente por el mes de marzo de 2003, con sus respectivos recibos oficiales de pago, lo cierto es que la relación de “IVA descontable II bimestre de 2003” que presentó la sociedad, certificada por revisor fiscal, no identifica las cuentas o subcuentas contables en que Drummond registró la retención en la fuente del IVA pagado en la adquisición de bienes o servicios, como tampoco informa sobre el registro de los libros en que ello consta y, principalmente, no señala cuáles son los comprobantes internos y externos, ni adjunta copia de los registros y soportes como contrato y/o documento en el que conste el valor y concepto del IVA pagado, por lo que no era suficiente para dar certeza sobre la existencia de los hechos en que se podría fundar el derecho a solicitar los impuestos descontables, conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario. Asimismo, defendió la imposición de la sanción por inexactitud.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante sentencia de 16 de mayo de 2007, negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se configuraba la alegada incongruencia entre la liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, ni había violación al debido proceso o derecho de defensa.

En lo de fondo, consideró que el rechazo de los impuestos descontables se había ajustado a derecho, teniendo en cuenta que la prueba en materia de estos impuestos era calificada, bien fuera la factura o, a falta de ella, un documento soporte, el cual, tratándose de servicios contratados con personas extrajeras, debía ser el contrato mismo.

Señaló que el dictamen pericial practicado en primera instancia evidenciaba que en la cuenta “IVA RETEN. NO DOMICILIADOS- Código PUC No. 23670300, estaban contabilizadas las retenciones efectuadas por la sociedad a diferentes proveedores por $256.524.207,21; sin embargo, los soportes son unas facturas que no cumplen los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario; además, provienen de empresas extranjeras, de las que no se puede determinar claramente, y sin lugar a dudas, el origen y la naturaleza de la operación, ya que se encuentran en idioma extranjero y no cumplen con lo señalado en el artículo 260 del C.P.C.

Indicó que los contratos celebrados con extranjeros, para los que la normativa tributaria no establece ningún requisito específico, son el documento idóneo para la procedencia del impuesto descontable, junto con la prueba de las declaraciones de retención donde se acredite la respectiva retención y su pago. Y como en este caso no se allegaron los respectivos contratos, no puede proceder el descuento del IVA generado en las mencionadas operaciones, razón por la cual, también estaba ajustada a derecho la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados.

1.4. Sentencia objeto de revisión

La Sección Cuarta de la Corporación, mediante sentencia de 25 de marzo de 2010, revocó la sentencia del tribunal y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la actora, en el sentido de levantar la sanción por inexactitud, pues advirtió que el rechazo de los impuestos descontables obedeció a falta de prueba, sin que se evidenciara una conducta de la sociedad dirigida a incluir impuestos descontables inexistentes, falsos o desfigurados.

La Sección Cuarta consideró que la sentencia del Tribunal de Cundinamarca había analizado la legalidad de los actos administrativos que habían sido demandados, y no otros, y que el error de la fecha en la cita de uno de ellos no tenía la trascendencia planteada por el recurrente.

Asimismo, consideró que no existió incongruencia entre la liquidación de revisión y la resolución que decidió el recurso de reconsideración, pues la prueba de las retenciones fue un argumento que surgió con la resolución, en atención a la alegada indebida aplicación e interpretación del artículo 5 del Decreto 3050 de 1997.

En lo de fondo, reiteró el criterio establecido por la Sala en la sentencia del 12 de febrero de 2010, que resolvió un caso similiar al presente. Señaló que, con base en los artículos 437-1, 437-2 y 485 del Estatuto Tributario; 12 del Decreto 1165 de 1996 y 5 del Decreto 3050 de 1997, la Sala había puntualizado que “la procedencia del IVA descontable exige la presentación de la factura o documento equivalente a esta, que, para el caso de operaciones con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, es el contrato. Y, por tratarse de una operación generadora de IVA, la administración tributaria requiere el documento o soporte de los hechos generadores de impuestos y la inclusión de su monto para así determinar la base gravable o de retención” (Subraya propia del texto).

De igual modo, indicó que, del análisis de los artículos 485(9), 771-2 del Estatuto Tributario y 5 del Decreto 3050 de 1997, la Sala había concluido que “el contrato celebrado con extranjeros es una de las pruebas para la procedencia de los impuestos descontables, puesto que es el documento equivalente a la factura en tales operaciones y sirve de sustento para respaldar los impuestos descontables en IVA. De manera que la realidad negocial puede ser demostrada a través de otros medios probatorios que le permitan a la Administración tener certeza de la operación y su cuantía. Es decir, que estos medios probatorios, en conjunto, contengan todos los elementos de un contrato. En efecto si bien el contrato es el medio legal idóneo para probar las operaciones con proveedores de servicios extranjeros, ello no le resta valor probatorio a otros documentos, como la factura, dado que la norma reglamentaria equiparó el contrato a aquella” (Subrayas originales del texto).

En el caso concreto, la Sección Cuarta se refirió al dictamen pericial practicado en primera instancia y coincidió en la valoración efectuada por el Tribunal, pues aunque las facturas podían soportar el derecho a reclamar los impuestos descontables, lo cierto es que ellas no podían dar certeza de tales operaciones, independientemente que no estuvieran sometidas a los requisitos de la ley tributaria colombiana, ya que estaban en idioma extranjero y no estaban traducidas conforme al C.P.C.

Señaló que la valoración del dictamen pericial no estaba sometida a una tarifa legal, sino que se valoraba de acuerdo con la sana crítica, por ello, si alguno de los elementos que se tuvieron en cuenta para emitir la pericia no otorgaba la certeza suficiente para soportar el dictamen, esta prueba perdía su valor, como era el caso de las facturas que estaban en idioma extranjero y que desde la vía gubernativa la DIAN le advirtió a la sociedad la imposibilidad de apreciar, sin que la sociedad hubiera hecho algo para lograr su valoración, sino solo con los alegatos de conclusión en segunda instancia; que, por lo demás, bajo ninguna de las circunstancias del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, podían ser decretadas, ni tampoco como pruebas de oficio, pues la finalidad de esta potestad judicial no era para suplir la carga de la prueba de alguna de las partes del proceso. Por las anteriores razones, la Sección Cuarta negó la procedencia de los impuestos descontables solicitados por la sociedad por el segundo bimestre de 2003.

1.5. Fundamento del recurso extraordinario de revisión

La sociedad DRUMMOND LTD., a través de apoderado judicial, solicitó la nulidad de la sentencia dictada el 25 de marzo de 2010, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso No. 2006-00173 y, en consecuencia, que se declare la procedencia de las pretensiones de la demanda de ese radicado.

Invocó como causal del recurso extraordinario la prevista en el numeral 6° del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo: “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, por las siguientes razones:

Nulidad originada en la violación del debido proceso. Señala que el Consejo de Estado ha considerado que es aceptado invocar la violación del artículo 29 de la Constitución Política, especialmente en lo que atañe al derecho de contradicción, como una de las nulidades cobijadas por el numeral 6 del artículo 188 del CCA.

Nulidad originada en la violación al debido proceso por omitir el fallador de segunda instancia el deber legal de decretar pruebas de oficio frente a elementos oscuros del proceso. Explica que la discusión que surgió entre la sociedad y la DIAN por los impuestos descontables declarados en el segundo bimestre del año 2003, se concretó en establecer si los contratos celebrados con personas no domiciliadas o no residentes en Colombia era el único medio probatorio con el cual se podía demostrar la calidad de descontables que se predicaban de las retenciones efetuadas por concepto de IVA a dichos no domiciliados. Así, la DIAN afirmaba que se debía demostrar la procedencia del impuesto sobre el IVA descontable, aportando el contrato o los contratos respectivos y, al referirse a las facturas que figuraban en el expediente, señalaba que por sí mismas no serían suficientes, si no se contaba con el registro contable y el contrato.

Indica que luego de surtirse todo el proceso contencioso, la Sección Cuarta del Consejo de Estado acogió los argumentos de la compañía para determinar que las facturas sí podían demostrar la calidad de descontable de las retenciones efectuadas por IVA a no residentes o no domiciliados en el pais y que “no obstante, afirmaba la Sección Cuarta que, al igual que la autoridad tributaria, se hallaba en la imposibilidad de valorar las facturas que soportaban las operaciones con los extranjeros porque no obraban en idioma castellano”.

Lo anterior mostró una cuestión problemática que obligaba a la Sección Cuarta del Consejo de Estado hacer uso de su facultad oficiosa y decretar pruebas conforme con el artículo 169 del CCA, “pues se hacía evidente que de no proceder a decretar de oficio la traducción del material probatorio al castellano, la decisión que pusiera fin a la controversia no iba a resolver la cuestión de fondo, en un claro desconocimiento del mandato constitucional a la realización de la justicia material”, núcleo esencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Señala que la Corte Constitucional ha considerado que el decreto oficioso de pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del juez, sino un verdadero deber legal y que una actitud pasiva en ese sentido trae como consecuencia un defecto fáctico.

Violación al debido proceso al desconocer el carácter rogado de la justicia contencioso administrativa. Con fundamento en los artículos 170 del C.C.A. y 305 del C.P.C., explicó que la discusión siempre giró en torno a si el contrato era o no el único medio de prueba para la procedencia del impuesto descontable, pues la DIAN afirmó que aunque existieran las facturas, y estas estuvieran traducidas al castellano, serían insuficientes, pues no había contrato. De lo que concluye que “[…] si las facturas hubiesen sido parte de la discusión en sede administrativa la Compañía hubiera argumentado con ellas, por lo que no resulta ajustado a derecho que posteriormente, en vía judicial, se les otorgue valor en la discusión. Si ese valor era fundamental (que no lo fue en la vía gubernativa), el Consejo de Estado debió solicitar de oficio la traducción de las mismas, sin que ello implicase una inclinación hacia la parte demandante […]”.

Análisis de las facturas aportadas en el proceso. Se refiere a los requisitos que deben contener las facturas, conforme al artículo 617 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997 y en un cuadro confronta a manera de ejemplo el contenido de las facturas expedidas por uno de sus proveedores del exterior, para concluir que las mismas cumplen ampliamente con lo dispuesto en dicha normativa. Esta circunstancia, y el reducido número de expresiones en inglés, obligaba a la Sección Cuarta del Consejo de Estado a decretar de oficio su traducción. De no hacerlo así los derechos sustanciales de la actora se verían amenazados, sin que se tratara de beneficiarla.

Violación al debido proceso por haberse aplicado un tratamiento probatorio no establecido al momento de la presentación de la demanda. Señala que la existencia de una nueva construcción jurisprudencial sobre el tema que fue materia de discusión en el expediente 2006-00173 ha modificado, de manera contundente, la concepción que debía tenerse del litigio. Lo que en principio era una discusión eminentemente sustancial se convirtió en algo totalmente probatorio (a posteriori), lo cual se desprende del fallo del Consejo de Estado del 12 de febrero de 2010, con ponencia de la magistrada Martha Teresa Briceño de Valencia, en el que según el recurrente se creó la siguiente regla: premisa mayor: “todas las pruebas que den certeza de la operación y a la cuantía son equivalentes a la factura”; premisa menor: “las facturas extranjeras son pruebas que permiten tener certeza de la operación y cuantía”; y conclusión: “las facturas extranjeras son equivalentes a una factura”.

De acuerdo con lo anterior, asegura que “en este caso, no se aportaron las facturas debidamente traducidas, ni bajo la óptica que se habrían aportado actualmente, porque al momento en que la discusión fue entablada, la litis era conceptual y la jurisprudencia y el pleito giraban en torno a si era o no indispensable la existencia del contrato para efectos de la procedencia de los impuestos descontables originados en operaciones con personas no domiciliadas ni residentes en colombia. Por lo anterior, debe procederse a aceptar esta argumentación y, en consecuencia, validarla antes del fallo, brindándosele al recurrente la oportunidad de aportar las facturas en debida forma, de conformidad con el nuevo marco jurídico existente”.

Trámite del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto de 16 de abril de 2015.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de apoderado judicial, solicitó que se confirme en su totalidad la sentencia de 25 de marzo de 2010 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Señala que desde el inicio de la investigación, la DIAN le brindó a la actora todas las oportunidades para que aportara las pruebas que le daban derecho al impuesto descontable. También contó con las oportunidades procesales ante la jurisdicción; sin embargo, la sociedad desaprovechó la oportunidad para aportar o solicitar la práctica de pruebas y su omisión no puede derivar en el desgaste de la justicia contenciosa administrativa.

Indica que la interpretación que hace el recurrente de la facultad de decretar pruebas de oficio es errada, pues si el demandante no conoce la existencia de las pruebas, mas sí el operador jurídico, en ese caso sí podría pensarse en un decreto oficioso; pero no, como en este caso, que el demandante desde el principio conocía los pormenores de los procesos y sabía de la existencia de las pruebas, pero que por su propia voluntad no las aportó.

Cuestiona el alegado desconocimiento del carácter rogado de la justicia contenciosa administrativa, pues la decisión recurrida fue congruente con el objeto de la controversia, concentrando su labor no solo en el cumplimiento estricto de la ley, sino también en una valoración integral de los diferentes elementos probatorios y argumentativos presentes en el proceso.

Considera que el recurrente distorsiona la realidad procesal. Que si se analizan en conjunto, no de manera sesgada, los argumentos de los actos administrativos demandados, como lo hizo el Tribunal y el Consejo de Estado, el procedimiento de la DIAN fue garantista, en múltiples oportunidades le indicó al contribuyente cuáles eran los documentos que permitían acreditar el derecho para reclamar los impuestos descontables y los requisitos que debían tener esos documentos; sin embargo, la sociedad hizo caso omiso a esos requerimientos, pretendiendo ahora con este recurso revivir actuaciones ya precluidas, dando un indebido alcance a este recurso extraordinario.

Señala que el recurso extraordinario de revisión no puede sustentarse con el mismo material probatorio que sirvió de soporte para la decisión en sede judicial. Advierte que la sentencia recurrida es clara, precisa y congruente con la demanda y su contestación, además de estar fundamentada en pruebas legalmente decretadas, practicadas y valoradas conforme a la sana crítica, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción.

Manifiesta que los hechos descritos en los puntos 4º y 5º del recurso extraordinario, no encajan en ninguna de las causales taxativamente señaladas por la ley; por lo tanto, no es procedente solicitar la nulidad de la sentencia frente al análisis de las facturas que fueron aportadas y valoradas por el juez de instancia, o por la presunta violación al debido proceso por haberse aplicado un tratamiento probatorio no establecido al momento de la presentación de la demanda, porque se base en una nueva valoración probatoria y una nueva interpretación, que no corresponde a hechos nuevos que afecten la decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala Dos Especial de Decisión es competente para conocer del presente recurso extraordinario de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Código Contencioso Administrativo, que señala que de los recursos contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los consejeros de la sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que estos puedan ser llamados a explicarlos; asunto que, en virtud del parágrafo 2 del artículo segundo del Acuerdo 321 de 2014, está asignado a las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión, contra la sentencia de 25 de marzo de 2010, se presentó el 16 de abril de 2012, el procedimiento aplicable al presente proceso es el previsto en el Código Contencioso Administrativo y, por lo tanto, se excluye de esta decisión al señor Consejero de la Sección Cuarta perteneciente a esta Sala Dos de Decisión, de conformidad con el artículo 186 ibídem.

2.2. Problema jurídico

En el presente asunto, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 25 de marzo de 2010 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 6° del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo que consiste en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, por violación al debido proceso constitucional, por cuando el fallador de segunda instancia no decretó de oficio, al momento de decidir, la traducción de unos documentos allegados al proceso en idioma extranjero.

2.3. Resolución del problema jurídico

La sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Corporación fue dictada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter tributario, en segunda instancia conforme con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo; por lo tanto, como contra ella no procede el recurso de apelación, se da paso a la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Ahora bien, ha sido jurisprudencia pacífica de la Corporación considerar que el objeto del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una justicia material en un caso que ya se ha decidido, un caso que ha hecho tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza; sino que por razones distintas al debate mismo de fondo de la instancia, que dio lugar a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a la protección, en algunos casos, de derechos fundamentales que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.

Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

En efecto, las causales del Recurso Extraordinario de Revisión están previstas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo así:
“Artículo 188. Causales de revisión. Son causales de revisión:
1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar.
4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el o proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en sentencia de 2 de marzo de 2010, precisó la naturaleza de este recurso extraordinario, así:
“[…] Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Ciertamente, a excepción de la causal del numeral 5°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 6°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°).

Como lo sostuvo esta Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política”[1]. Y, precisamente, bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el recurso extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada material”.

A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto[2].  Por ello, dice la Corte, “El recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P.”[3].

[…] De modo que por la vía del recurso extraordinario de revisión no es posible reabrir el debate propio de las instancias, sino revisar la sentencia mediante la cual fue resuelta esa controversia a fin de determinar la justicia de ese pronunciamiento a la luz de estrictas causales legales”.

Bajo el mismo criterio es necesario examinar la causal prevista en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, consistente en “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]”.

Ciertamente, es importante señalar que la nulidad debe darse en la sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos o tomar la medida que fuera necesaria para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8 Especial de Decisión en pronunciamiento reciente, “[…] para que esta causal de revisión prospere, entre otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio in pejus […]”.

Para ello se requiere que el recurrente aduzca una anomalía que se haya configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.

Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos anteriores del 10 de marzo de 2010, señaló:

“[…] Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente ilustración de esta Sala Plena[9]:

“En esta materia  - (nulidad originada en la sentencia) -  los procesalistas están de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere estando legalmente suspendido el proceso.  Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley.  Igualmente, la que provea sobre aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de jurisdicción.  Podría darse también la causal cuando la providencia carece completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´.

[…]

En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.  Dijo en aquella oportunidad[10]:

“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.  Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos.

[…]

Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial, esta Sala anotó[11]:

Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil […]”.

Asimismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós, al considerar: “[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 2017: ‘En este caso, el juez no está creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso […]’”.

Al igual que en la invocación de cualquier causal que implique la nulidad originada en la sentencia, se requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que se trate de una anomalía procesal y que sea de tal envergadura que, de no haberse presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional, se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o probatorio que se dio en la instancia correspondiente.

En el presente caso, el recurrente sustenta el recurso extraordinario de revisión por la nulidad originada en la sentencia en una causal diferente a las previstas en el ordenamiento procesal civil, que es la violación al debido proceso; y aunque está desarrollada a través de tres argumentos centrales, lo cierto es que todos ellos convergen en la falta del deber legal del juzgador de segunda instancia de haber acudido a su facultad oficiosa, en materia probatoria, para esclarecer un punto oscuro de la contienda, como lo ordena el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, que dispone:
“ARTÍCULO 169. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.
Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso”.
En efecto, el recurrente considera que la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado violó el debido proceso: (i) por no haber decretado una prueba de oficio; (ii) por desconocer el carácter rogado de la justicia contencioso administrativa y (iii) por haber aplicado un tratamiento probatorio no establecido al momento de la presentación de la demanda; sin embargo, el eje central del recurso extraordinario consiste en cuestionar que el juez de segunda instancia no hizo uso de su facultad oficiosa para decretar la traducción de unas facturas expedidas por unas sociedades extranjeras, que aunque se encontraban en el proceso, estaban en inglés.

Para el recurrente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado debió decretar de oficio la traducción de dichas facturas, porque, contrario a lo sostenido por la DIAN a lo largo del proceso administrativo tributario, para la procedencia de los impuestos descontables declarados en el segundo bimestre del año 2003, los contratos celebrados con personas no domiciliadas o no residentes en Colombia no eran el único medio probatorio con el cual se podía demostrar la calidad de descontables que se predicaban de las retenciones efetuadas por concepto de IVA a dichos no domiciliados. A su juicio, las facturas también eran idóneas para acreditar la procedencia del impuesto sobre el IVA descontable; sin embargo, no fueron valoradas porque no estaban en idioma castellano.

Señala que el deber de decretar de oficio la traducción de las facturas que obraban en el proceso se hizo más importante a partir del momento en que dichos documentos adquirieron, en la vía judicial, un valor trascendental en la discusión, valor que la DIAN no le había dado en el proceso administrativo, donde siempre se desestimó su idoneidad ante la falta del contrato, como único medio de prueba para la procedencia de los impuestos descontables. Por tener ese valor fundamental, el Consejo de Estado debió solicitar de oficio su traducción. Además, eran pocas las expresiones que se tenían que traducir.

Asimismo, la sociedad explicó que no se aportaron las facturas traducidas, porque en un principio la discusión era simplmente conceptual. Señaló que el pleito giraba en torno a la existencia de los contratos como único medio de prueba válido para la procedencia del IVA descontable. Explicó que, posteriormente, luego de presentada la demanda, y en virtud de otro pronunciamiento del Consejo de Estado, la discusión se tornó en probatoria, concretamente, en la existencia de las facturas como forma de demostrar la procedencia de los impuestos descontables. Luego, era necesario, y un deber, que la Sección Cuarta de esta Corporación, con el fin de esclaracer la duda de la existencia de tales operaciones con extranjeros no domiciliados o sin residencia en el pais, decretara de oficio la traducción de dichas facturas.

Pues bien, la Sala considera importante precisar que el ejercicio de las facultades oficiosas del juez, en materia probatoria, tiene una finalidad trascendental para la solución del debate sometido a conocimiento y resolución judicial y es el esclarecimiento de la verdad ante cualquier duda u oscuridad que le surja al fallador; pero de ninguna manera está previsto para liberar o suplir la carga probatoria que compete a las partes en un proceso. Si ello fuera así se podría “[…] afectar la igualdad de las partes en el proceso y su propia imparcialidad. Esa facultad es principalmente complementaria y no para sustituir a la parte accionante en la carga de probar todo los hechos que alega en su favor, menos cuando la prueba estuvo a su alcance, y le fue factible de obtener y allegar al proceso”; por ello, el precepto normativo contenido en el inciso segundo del artículo 169 del C.C.A. señala que las pruebas de oficio operan “para esclarecer puntos oscuros o dudosos en la contienda”.

Han sido varios los pronunciamientos de esta Corporación en acciones constitucionales de tutela en los que se ha analizado la violación al debido proceso por la omisión del juez en el decreto oficioso de pruebas. Sobre el tema, el Consejo de Estado ha considerado que tal omisión “[…] no puede ser reprochable ni violatoria de los derechos fundamentales alegados, en la medida que la carga de la prueba radica en la parte demandante y la misma no puede ser trasladada al operador judicial contencioso administrativo so pretexto del ejercicio de las facultades oficiosas […]”.

Ciertamente, el Consejo de Estado ha sido consistente en señalar que la facultad oficiosa del juez contencioso no surge como un instrumento que reemplace el deber de las partes de probar los supuestos de hecho de las normas jurídicas cuya aplicación pretenden a su favor. Así lo ha señalado la Corporación:

“[…] Ahora la parte actora, al tiempo que reclama que se tenga en cuenta sin restricción el dictamen, se duele de que el Tribunal no haya utilizado sus facultades oficiosas para efectos de acceder a la certeza sobre los daños ocasionados y su monto.

En este punto, vale anotar que la facultad consagrada en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, que le permite al juez de manera oficiosa decretar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no comporta la sustitución de las cargas que en materia probatoria le corresponden a las partes. Es importante evidenciar que, sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con el restablecimiento de los derechos comprometidos en los procesos, en los términos del artículo 2 constitucional, lo cierto es que ello no comporta que los jueces asuman la adopción de medidas en orden a sustituir a las partes, en cuanto ello desequilibraría la Litis […]”.

Bajo el criterio expuesto, es dable concluir que la facultad oficiosa del juez administrativo, en materia probatoria, opera con una única y exclusiva finalidad: aclarar, al momento de decidir, puntos dudosos u oscuros de la Litis. Por tal motivo, mal podría considerarse que la omisión en el ejercicio de esta potestad oficiosa constituya una afectación a las garantías fundamentales de una de las partes procesales, si su propósito no es esclarecer un punto dudoso de la litis, sino suplir la carga probatoria de una de las partes, máxime si la aportación de la prueba hubiese sido posible efectuarla por ella. Considerar lo contrario implicaría contradecir el espíritu de esta institución y subsanar la incuria o negligencia de una de las partes en aquello que era su obligación procesal.

En el caso que ocupa el estudio de la Sala, el actor sostiene que el juzgador de segunda instancia vulneró su derecho al debido proceso, porque omitió decretar de oficio la traducción de las facturas expedidas por proveedores extranjeros, que obraban ya en el proceso, pero en inglés, y que, en su sentir, pondrían fin de manera favorable a sus pretensiones.

Sin embargo, para esta Sala de Decisión, tal violación no se advierte, pues con la sugerencia de la sociedad demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de que el Consejo de Estado decretara una prueba de oficio, se pretendía subsanar la deficiente aportación al proceso de las facturas que ya obraban en el expediente y que por estar en idioma extranjero, sin la traducción conforme con el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, no pudieron ser apreciadas como sustento de sus pretensiones.

Las consideraciones expuestas por la Sección Cuarta en el fallo impugnado fueron las siguientes:

“[…] Desde la vía gubernativa la DIAN advirtió a la actora la imposibilidad de valorar las facturas que soportaban las operaciones con los extranjeros porque no obraban en idioma castellano de acuerdo con los artículos 102 y 260 del Código de Procedimiento Civil, 50 del Código de Comercio y 123 y 124 del Decreto 2649 de 1994. Esta omisión no fue subsanada por la sociedad ni con ocasión de la demanda ni para la práctica del dictamen pericial. Sólo con la oportunidad de alegar de conclusión en segunda instancia, el apoderado de la actora manifiesta que “en relación con la insinuación de valoración de una prueba de oficio, considero importante aportar, para que, si se considera, se valoren en los mismos términos del acto administrativo mencionado […] copias de las facturas y comprobantes de contabilidad del periodo en cuestión, los cuales fueron verificados por la DIAN en la oportunidad fiscalizadora […]”.

Para la Sala no es admisible que tan sólo en los alegatos de conclusión en segunda instancia la actora pretenda subsanar una omisión suya que fue puesta de presente desde la vía gubernativa y que ni siquiera corresponde a alguna de las causales previstas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para decretar pruebas en segunda instancia. Tampoco puede considerarse que la potestad oficiosa del juez, consagrada en el artículo 169 ibídem, tenga por objeto subsanar, mejorar o perfeccionar una prueba que alguna de las partes ha presentado de manera deficiente; su finalidad es esclarecer puntos oscuros o dudosos de la litis. Además, no debe olvidarse que conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De manera que no puede considerarse que la facultad oficiosa del juez en materia probatoria supla el principio de la carga de la prueba […]”.

Del estudio del proceso contencioso adelantado por la contribuyente contra la DIAN, para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por la sociedad cuando afirma que no aportó las facturas debidamente traducidas porque al momento de entablar la demanda, la discusión era de tipo conceptual y no probatorio, pues el debate se centraba en determinar “si era o no indispensable la existencia del contrato para efectos de la procedencia de los impuestos descontables originados en operaciones con personas no domiciliadas ni residentes en Colombia”. Y no se acepta el argumento, porque al momento de presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en un aparte del capítulo del concepto de violación, la demandante adujo lo siguiente:

“[…] Por tanto, y con base en el tenor literal de esta norma [artículo 5 del Decreto 3050 de 1997], no puede concluirse, como lo hace la DIAN, que tales contratos son los únicos soportes ni que sean necesarios para la procedencia del IVA descontable derivado de las operaciones con extranjeros no domiciliados en el país.

Al respecto, cabe anotar que Drummond cuenta con soportes tales como las facturas expedidas por los proveedores extranjeros de los servicios (obviamente, conforme a las leyes de su país de origen), las órdenes de servicios (emitidas por Drummond), los comprobantes de contabilidad en los que consta la retención en la fuente del IVA, etc., como ha podido verificarlo y establecerlo la misma DIAN.

Por tanto, si bien estos soportes (que la DIAN conoce) no son documentos equivalentes a la factura, sí son soportes para la procedencia del IVA descontable que la DIAN está cuestionando, conforme a lo anteriormente expresado, es decir, porque el artículo 771-2 del E.T. no es aplicable en este caso y porque el artículo 5 del Decreto 3050 de 1997 no puede interpretarse como lo ha hecho la DIAN […]”.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que si bien la DIAN consideró que no se aceptaban las facturas, porque, además de que no estaban traducidas, no se acompañaron los contratos con los proveedores extranjeros, lo cierto es que el debate que planteó la actora sí fue el valor que se le debía dar a esas facturas; y si esa era la pretensión del demandante, debió aportarlas al proceso con su traducción oficial, para que fueran admitidas probatoriamente. Sin embargo, así no lo hizo y ahora quiere trasladar esa carga probatoria al fallador, aduciendo una violación al debido proceso como fundamento inadecuado del recurso extraordinario de revisión.

La Sala considera, como se hizo al principio de estas consideraciones, que el recurso extraordinario de revisión no está previsto para discutir aspectos propios del debate de la instancia, ni para cuestionar o replantear la valoración probatoria del caso. Desde el punto de vista probatorio, este recurso extraordinario, conforme con el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, cuenta con tres causales que están dirigidas a invalidar la sentencia en caso de que tales circunstancias ocurran. Tales causales son la primera: “[…] Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados […]”; la segunda: “[…] Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]”; y la séptima: “[…] Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición […]”.

Ciertamente, ninguna de estas causales encuadra en la argumentación expuesta por la sociedad, siendo evidente que lo que se pretende ahora, mediante el uso de este recurso extraordinario, es que se supla la inactividad probatoria de la demandante y se valore una prueba que fue deficientemente aportada, con el propósito de invalidar la sentencia recurrida.

Para esta Sala de Decisión, los argumentos en que la sociedad funda su recurso, por más que se esfuercen en invocar aspectos procesales como la falta de congruencia del fallador por desconocer el carácter rogado de la jurisdicción, o la aplicación de un tratamiento probatorio no establecido al momento de la presentación de la demanda, so pretexto de mostrar un punto dudoso de la contienda, solo demuestran el deseo tardío de subsanar la deficiente aportación de una prueba al proceso, cuya admisibilidad está sujeta al cumplimiento de un requisito legal, como es la traducción al idioma castellano por un intérprete oficial, el cual no fue obedecido oportunamente.

En efecto, aunque la actora considere que la discusión en un primer momento fue teórica y que a partir de la sentencia de 12 de febrero de 2010 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, citada en el recurso extraordinario, se dio un nuevo derrotero probatorio, que obligaba al juez de segunda instancia de este caso, acudir a su facultad oficiosa para dilucidar la duda que surgió sobre la realidad de las operaciones y la retención del IVA, lo cierto es que la traducción de las facturas con las que se pretendían soportar tales supuestos nunca dejó de ser una carga de la sociedad para la admisibilidad de las mismas, como fácilmente se advierte en la propia sentencia que cita la actora, al considerar: “[…] Tampoco puede aceptarse el descuento respecto de las operaciones que se soportan en facturas diligenciadas en idioma extranjero, toda vez que no se aportó su correspondiente traducción (artículo 260 del Código de Procedimiento Civil) […]”; idéntica situación a la planteada en este caso.

Por las anteriores razones, la Sala no advierte la violación al debido proceso de la sociedad recurrente como causal de anulación de la sentencia impugnada, conforme al numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo; motivo por el cual se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

Por último, la Sala no condenará en costas a la recurrente vencida en este proceso debido a que en virtud de lo establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite. Además de la conducta de la parte recurrente no se advierte que amerite una condena en tal sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Sociedad DRUMMOND LTD. contra la sentencia de 25 de marzo de 2010, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente a la Sección Cuarta de esta Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de abril de 2018.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Folios 1 y ss. del cuaderno del proceso ordinario.
Folios 395 y ss. del cuaderno ordinario.
Fls. 1-15 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión, presentado el 16 de abril de 2012.
Folio 123 del cuaderno del recurso extraordinario.
Folio 156 del cuaderno del recurso extraordinario.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
[…]
Parágrafo 2. Cuando se trate del estudio y aprobación de los recursos extraordinarios de súplica y de los recursos extraordinarios de revisión, interpuestos en vigencia del Decreto 01 de 1984, se hará por las Salas Especiales de Decisión, con exclusión del integrante de la Sección que profirió la sentencia impugnada. La Sala podrá oír a cualquiera de los integrantes de la Sección excluida.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).

Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, sentencia del 20 de mayo de 2010, Exp. No. 76001-23-31-000-2001-03414-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia del 22 de febrero de 2018, Exp. No. 11001-03-15-000-2017-02318-01(AC). En similar sentido se pueden consultar las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, del 11 de mayo de 2017, Exp. No. 25000-23-37-000-2012-00403-02(20999) y del 19 de julio de 2017, Exp. No. 11001-03-15-000-2017-01486-00(AC), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 16 de noviembre de 2017, Exo. No. 11001-03-15-000-2017-02341-00(AC), C.P. William Hernández Gómez
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Exp. No. 25000-23-26-000-1999-01782-01(26203).
ARTÍCULO 260. Documentos en idioma extranjero. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.

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