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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2012-01159-00

Recurso extraordinario de revisión: naturaleza y alcance

Fecha
15 de mayo de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2012-01159-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado de la sociedad Cuarto Frio, en contra de la sentencia proferida el 12 de mayo de 2011, por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, por la razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVUÉLVASE el expediente contentivo del proceso ordinario al Tribunal Administrativo de Magdalena.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2012-01159-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

15 de mayo de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Naturaleza y alcance

El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa juzgada que ampara a todas las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador para enmendar los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, con el fin de que a través de una nueva providencia se restituya el derecho a la persona afectada con una decisión injusta. Ciertamente, el recurso ha sido diseñado para que proceda eventualmente frente a sentencias ejecutoriadas, y por las causales taxativas que en cada caso haya definido el legislador, ello con el fin de garantizar la justica real y material como valor fundante del Estado de Derecho

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 88

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – CAUSAL 6 DEL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSAL SEXTA DE REVISIÓN – Exigencias

La causal del numeral 6º busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación (…) [S]iguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala recuerda que la causal invocada exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la decisión de fondo (…) [N]o resulta procedente alegar como causal del recurso extraordinario nulidades procesales ocurridas en una etapa previa de la decisión de fondo

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 88 NUMERAL 6 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 57 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 142 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 137 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29

OBRA INCLUIDA EN OBJETO CONTRACTUAL – Debe reclamarse a través de la acción de controversia contractual

[N]o entiende la Sala cómo el apoderado de la recurrente, de una parte, precisó que las obras eran adicionales y que no estaban dentro del objeto contractual y, de otra, en el escrito contentivo del recurso de extraordinario, indicó que dichas obras eran absolutamente necesarias para la culminación del “objeto contractual” y, en consecuencia, para “proporcionar de aire acondicionado a la clínica Santa Marta”. Cabe resaltar que las obras realizadas por la sociedad recurrente fueron las atinentes al suministro e instalación de la torre de enfriamiento No. 2, con la consecuente mano de obra. En este mismo sentido, no debe perderse de vista que el acta de iniciación de obras suscrita por el Interventor, Joaquín Campo V., y por el representante de la sociedad Cuarto Frio, Alfonso R. Linero C., se señala expresamente que “[…] el contratista manifiesta que para la Instalación de los equipos de aire es necesario ejecutar previamente las siguientes obras contempladas dentro del contrato: “[…] instalación de equipos – mano de obra: Chillers, Bombas de condensación, Bombas de agua fría, Torres de enfriamiento…” (…) la reclamación tiene un[a] causa cierta que no es otra que el contrato 032 de 1998 celebrado entre las partes, por lo que válidamente puede afirmarse que la inconformidad por la presunta falta de pago se relaciona con el alcance y ejecución del objeto mismo del negocio jurídico (…) [L]a Sala considera que la reclamación planteada por parte de la sociedad Cuarto Frio no se deriva de un enriquecimiento sin causa, sino de una controversia estrictamente contractual, cuya regulación estaba prevista, para la época de los hechos, en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 87

ACTIO IN REM VERSO – Procedencia siempre que no exista un contrato estatal

[L]a acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 ibídem, se encontraba establecida para solicitar la reparación del daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos. Respecto de la actio in rem verso, en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que dicha acción independiente y autónoma resulta procedente siempre que no exista un contrato estatal, porque cuando éste constituye, como en este caso, la fuente de una controversia, la ley prevé como acción pertinente la de controversias contractuales

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 86 / LEY 80 DE 1993

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la figura de actio in rem verso ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 7 de diciembre de 2016. Rad.: 2000 – 10277. Magistrada Ponente: doctora Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 2012. Rad.: 24.897

INTERPRETACIONES LEGALES EFECTUADAS EN LA SENTENCIA DE INSTANCIA – Improcedencia de refutarla, cuestionarla y controvertirlas en sede de revisión

[E]l recurso extraordinario de revisión no fue concebido para refutar, para cuestionar o controvertir las interpretaciones legales efectuadas en la misma sentencia, pues no es dable reabrir el debate en relación con tales aspectos. Esta Corporación ha sostenido reiteradamente que esta clase de reproches no encajan en la causal alegada, pues ellos se refieren a las valoraciones que escapan al objeto del recurso extraordinario. Dicho en otros términos, lo que pretende el recurrente, en sede del recurso extraordinario de revisión, es que se realice nuevamente un estudio en relación con la responsabilidad del Instituto de los Seguros Sociales y, en consecuencia, se deje en firme la decisión de primera instancia que decidió reconocerle los mayores valores dejados de pagar por las obras adicionales que se realizaron en el marco del contrato de obra 032 de 1998, suscrito entre la referida entidad y la sociedad Cuarto Frio

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 86

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2012-01159-00(REV)

Actor: SOCIEDAD CUARTO FRIO

Demandado: INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES

Tema: CAUSALES DE REVISIÓN – CAUSAL 6ª DEL ARTÍCULO 188 DEL CCA – PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – COBRO DE OBRAS ADICIONALES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO – IMPROCEDENCIA AL REFUTAR, CUESTIONAR Y CONTROVERTIR LAS INTERPRETACIONES LEGALES EFECTUADAS EN LA SENTENCIA DE INSTANCIA

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado de la sociedad Cuarto Frio, en contra de la sentencia de 12 de mayo de 2011, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se revocó la providencia de fecha 28 de noviembre de 2003, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, se dispuso inhibirse para resolver de fondo el asunto por indebida escogencia de la acción.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La sociedad Cuarto Frio, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable al Instituto de los Seguros Sociales por el presunto detrimento patrimonial que sufriera con ocasión de la instalación de aires acondicionados en la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. EL SEGURO SOCIAL SECCIONAL MAGDALENA, es administrativamente responsable a causa del enriquecimiento sin justa causa generado por no reconocer y pagar los costos asumidos por el señor ALFONSO LINERO CELEDÓN en representación del establecimiento de comercio denominado CUARTO FRIO, quien de buena fe procedió al suministro de partes e instalación de equipos para dotar de aire acondicionado a la Unidad Básica la Clínica Santa Marta generando un incremento patrimonial de la entidad pública y un empobrecimiento correlativo del demandante.

SEGUNDA: Condenar en consecuencia, al SEGURO SOCIAL SECCIONAL MAGDALENA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, como reparación del daño ocasionado, a pagar al actor o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de ($173.052.869), sin perjuicio a lo que resulte probado.

TERCERA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA y se reconocerán los intereses legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos, los que a partir del 18 de mayo de 1999, hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso luego de ejecutoriada […]”.

I.2. Los hechos

Como fundamento de las pretensiones formuladas, el apoderado de la parte recurrente manifestó que con ocasión de la construcción de la Clínica Santa Marta, entre el Instituto de los Seguros Sociales y la sociedad Cuarto Frio, se suscribió el contrato de obra 032 de 1998, cuyo objeto consistió en “[…] ejecutar las obras de instalación de equipos de aire acondicionado […]”.

Sostuvo que el día 28 de julio de 1998 se firmó el acta de iniciación de obra, en la cual se dejó constancia en torno a que la instalación del sistema de aires acondicionados requería la realización de obras adicionales y, además, exigía contratar mano de obra; actividades que fueron ejecutadas por un valor de $8’500.000, pero que, según el mismo actor, no fueron recibidas ni canceladas por el Instituto de los Seguros Sociales.

Recordó que en el acta de iniciación de obra se había hecho referencia a la instalación de “torres de enfriamiento”, pero que únicamente se había contratado el suministro de una torre, motivo por el cual el Comité de Obra ordenó suministrar e instalar la segunda torre por valor de $62’640.000.

Aseveró que, una vez desarrollado y finalizado el objeto contractual, presentó las siguientes facturas para que fueran canceladas: i) 0781-99 por la suma de $8’500.000; ii) 0783-99 por el monto de $62’640.000 y; iii) 0872-99, por el valor de $5’995.407.

Señaló que ante la negativa del Instituto de Seguros Sociales para recibir las obras ya mencionadas, el actor solicitó como prueba anticipada la práctica de una inspección judicial con la presencia de peritos en el sitio donde se encuentra la obra, la cual fue decretada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta y se practicó el día 18 de noviembre de 1999.

Añadió que el día 21 de marzo de 2000 presentó una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 43 Judicial II para Asuntos Administrativos de Santa Marta, la cual fue declarada fallida, a través de acta de fecha 20 de junio del 2000, dado que la parte convocada no se hizo presente.

Precisó, finalmente, que el día 3 de marzo de 2001 las partes suscribieron un nuevo contrato de obra, cuyo objeto consistió en el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aire acondicionado de la segunda planta de la Clínica Santa Marta, motivo por el cual sostuvo que era un “[…] hecho insólito que se contrate el mantenimiento y puesta en funcionamiento de un equipo que aún el instituto no ha recibido y cancelado y que actualmente está disfrutando para el normal desarrollo de la clínica […]”.

I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

La actora citó como disposiciones violadas los artículos 6º, 83 y 90 de la Constitución Política; 86 del Código Contencioso Administrativo; la Ley 80 de 1993; y los Decretos 2251 de 1993 y 679 de 1994.
Señaló que “[…] la omisión en que incurrió el Seguro Social Seccional Magdalena, Gerencia Administrativa, se desprende de los hechos descritos que muestran con claridad un desplazamiento patrimonial de la sociedad […], consistente en la construcción de unas obras adicionales y la falta de previsión del contrato original sobre el particular, máxime cuando se encontraba previamente diseñado, tal fenómeno generó, por acrecentamiento, un incremento en el patrimonio de la entidad pública y un empobrecimiento correlativo de la sociedad actora […]”.

Agregó que esas obras eran absolutamente necesarias para la culminación del objeto contractual y, en consecuencia, para proporcionar de aire acondicionado a la Clínica Santa Marta.

I.4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia el 28 de noviembre de 2003, en la cual accedió a las súplicas de la demanda, para lo cual se consideró que, de conformidad con el acervo probatorio recaudado en el proceso, había lugar a concluir la responsabilidad de la entidad demandada en relación con el daño cuya indemnización se demandó, comoquiera que se demostró que el señor Alfonso Linero Celedón, representante de la sociedad Cuarto Frio, procedió al suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado en una clínica del ISS en la ciudad de Santa Marta, el cual era necesario para el funcionamiento la Unidad Básica de ese centro de salud; sin embargo, la entidad demandada se negó a reconocer la obra y, en consecuencia, el valor de su costo. En ese sentido, el Tribunal a quo expuso las siguientes consideraciones:

“[…] El hecho dañoso, consiste, se reitera, en autorizar verbalmente el implemento de un equipo, sin contratar su adquisición y eludir la cancelación de su costo, que en el presente asunto se encuentra demostrado, conducta de los funcionarios del ISS que a juicio del Tribunal, si bien resultó perjudicial para los intereses económicos del demandante, lo cierto es que comporta o representa la solución de hecho o saneamiento fáctico que quisieron efectuar a la falencia de no haber contratado la compra-venta de las dos (2) torres de enfriamiento tal como estaban diseñadas para el buen funcionamiento del sistema de aire acondicionado de la Unidad Básica con la cual se pretendía, a su vez, mejorar el servicio de salud.

“Innegable resulta que la actuación del ISS a través de los funcionarios de la Seccional Magdalena –Gerente Administrativo e Interventor–, es el origen o base del perjuicio que se predica ocasionado y que en suma su no reconocimiento representa un enriquecimiento sin causa para la entidad demandada y un detrimento para el demandante sin que medie obligación constitucional o legal para ello […]”.

1.5. Recurso de apelación

El apoderado del Instituto de los Seguros Sociales interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, razón por la que el expediente fue enviado a la Sección Tercera del Consejo de Estado y repartido al despacho del Magistrado German Rodríguez Villamizar, quien por auto del 1º de abril de 2004, corrió traslado para que sustentara el recurso, sin embargo, el apoderado de la parte actora guardó silencio.

Mediante auto calendado el 14 de mayo de 2004, el recurso de apelación fue declarado desierto, por tal motivo se ordenó que por Secretaría de la Sección Tercera se surtiera el trámite correspondiente al grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes por el término común de 5 días para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto, todos los mencionados guardaron silencio.

1.5. El grado jurisdiccional de consulta

La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011, decidió el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el sentido de revocarla e inhibirse para resolver de fondo el asunto sometido a su conocimiento, luego de considerar que existió una indebida escogencia de la acción. Las razones que fundamentaron la decisión, en concreto, fueron las siguientes:

Manifestó que la fuente del daño es la que determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y esta determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda, por ello, si el debate fáctico y jurídico tiene origen en un contrato estatal la acción procedente es la de controversias contractuales.

Comentó que la acción de reparación directa, ejercida en este caso, resulta improcedente porque existe incongruencia entre lo que aduce la parte actora en los diferentes momentos procesales y las pruebas arrimadas al proceso.

Señaló que la condición indispensable para que se solicite la reparación directa debe consistir en la ausencia total de una causa que pudiera servir de justificación o al menos de explicación al enriquecimiento que se pretende reprochar a la entidad demandada y que, en este caso, sí existe una causa evidente y jurídica que sirve de título al enriquecimiento que es el contrato estatal 032 de 1998, celebrado entre las partes.

Indicó que el objeto del referido contrato fue la ejecución de las obras de instalación de equipos de aire acondicionado para la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta, dentro de las cuales se entiende que se encuentra incluido el montaje de todo lo necesario para que el sistema de aire acondicionado funcionara en debida forma, lo que lleva a concluir que las dos torres de enfriamiento también estarían contenidas dentro del objeto contrato.

Precisó que la discusión que demanda el actor no deviene de un enriquecimiento sin causa sino de una controversia contractual, para determinar y definir el alcance del objeto del contrato y la interpretación de las obligaciones asumidas por el contratista.

En efecto, advirtió que el daño cuya indemnización se pretende deviene de una controversia contractual derivada de la negativa del ente demandado de reconocer y pagar al actor el valor de la mayor cantidad de obra que realizó para la instalación de una segunda torre de enfriamiento, necesaria para el funcionamiento del sistema de aire acondicionado en la clínica del Instituto de los Seguros Sociales de Santa Marta.

Recordó que la acción de reparación directa se instituyó para demandar la reparación del daño derivado de una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos.

Expuso que “[…] aun cuando la parte actora dijo ejercer la acción de reparación directa, lo cierto es que del contenido de los hechos, de las pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma se advierte que lo que se pretende es el reconocimiento y pago de unas obras que se encuentran contenidas en el contrato número 032 de 1998 […]”.

Así, resaltó que la acción pertinente es la de controversias contractuales, porque no es posible discutir, por vía de la actio in rem verso, el reconocimiento económico causado por la ejecución de una prestación, cuando existe de por medio un contrato en los términos de ley.

Concluyó que uno de los presupuestos para que se pueda proferir sentencia de mérito es el atinente a la adecuada escogencia de la acción y que, en este caso, hubo una indebida escogencia de la misma, razón por la cual debía revocarse la sentencia de instancia e inhibirse de pronunciarse sobre el fondo del asunto.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. La solicitud

Mediante escrito fechado el 29 de junio de 2012, la sociedad Cuarto Frio, mediante apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 12 de mayo de 2011, proferida por la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, e invocó como causal la consagrada el numeral 6° del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo – CCA, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

Como sustento del mismo, manifestó que el Consejo de Estado erró al considerar que la acción procedente es la de controversias contractuales en tanto las pretensiones reclamadas se dirigen a la obtención del pago de una obra ejecutada por el demandante a favor del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Santa Marta.

Afirmó que el señor Alfonso Linero Celedón, representante de la sociedad Cuarto Frio, actuó de buena fe y confió en que el Instituto de los Seguros Sociales pagaría esta obra, pues ya existía una relación comercial entre ambos.

Alegó que es notoria la existencia de un enriquecimiento sin justa causa por parte del Instituto de los Seguros Sociales seccional Magdalena, siendo procedente la acción de reparación directa, tal y como el Tribunal administrativo del Magdalena lo declaró en la sentencia de primera instancia.

En este sentido, sostuvo que se vulneró el derecho al debido proceso por no interpretar la demanda y aplicar al proceso un trámite diferente al que legalmente le corresponde, toda vez que se está frente a un enriquecimiento sin causa que da lugar a la actio in rem verso y esta se solicita por medio de la acción de reparación directa.

II.2.- Intervención del Instituto de Seguros Sociales

El apoderado del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales Liquidado P.A.R. – I.S.S., se opuso a la prosperidad del recurso, para lo cual señaló que la acción de reparación directa incoada por el representante de establecimiento de comercio Cuarto Frio es improcedente por cuanto esta acción se refiere específicamente a la responsabilidad del Estado ante un daño causado a una persona, originado por causa de la acción, omisión, ocupación u operación imputable a la entidad pública o particular, siempre que lo haga en representación directa del Estado, mientras que la acción de controversias contractuales describe situaciones propias derivadas de un contrato.

Expuso que, en este caso, la empresa Cuarto Frio pretende una indemnización por un presunto detrimento patrimonial y allegó como pruebas los documentos que acreditan la existencia de un contrato estatal de obra, correspondiente a un contrato de suministro de aires acondicionados junto con su instalación y puesta en funcionamiento.

Anotó que el demandante alega que las mayores cantidades de obras no fueron recibidas, pagadas, ni formalizadas en un contrato estatal adicional, por tanto, se trata de un típico incumplimiento contractual que debía demandarse mediante la acción pertinente, esto es, la acción de controversias contractuales.

Resaltó que no hubo un enriquecimiento sin causa por parte del Instituto de los Seguros Sociales porque existió un contrato con un objeto claro y específico, que era el suministro de sistemas de aires acondicionados en la Clínica Santa Marta y que, además, “[…] el enriquecimiento sin causa es una acción civil ordinaria que requiere la existencia de tres requisitos que deben probarse: 1) un enriquecimiento o aumento de un patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro; y 3) que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico, no puede determinarse tal condición, puesto que existe un fundamento jurídico contractual que la misma accionante declara y reconoce […]”.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

El artículo 185 del Código Contencioso Administrativo – CCA, establece que el recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Asimismo, la norma dispone que el recurso debe interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, mediante demanda que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo 137 de ese mismo estatuto procesal, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que la recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.

En el presente caso, la sociedad Cuarto Frio, el 29 de junio de 2012, interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de 12 de mayo de 2011, proferida por la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, por lo que el recurso fue presentado oportunamente.

Ahora bien, es la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través de las Salas Especiales de Decisión, implementadas mediante el Acuerdo 321 de 2014 “por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión”, la competente para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto.

Finalmente y siguiendo lo decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en providencia de 8 de mayo de 2018, no se excluirá al Consejero de Estado que integra al Consejero de la Sección Tercera que conforma esta Sala Especial de Decisión, en tanto “[…] no existe razón lógica para apartar del conocimiento del recurso extraordinario de revisión a los miembros de la Sala que, si bien emitió el fallo, no participaron de la misma, pues si lo que se pretendía por el legislador era salvaguardar el principio de imparcialidad, este no se ve afectado si los miembros de la Sala que dictó el fallo no tomaron parte de la discusión y decisión de la providencia objeto de revisión […]”.

III.2. Naturaleza y alcance del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa juzgada que ampara a todas las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador para enmendar los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, con el fin de que a través de una nueva providencia se restituya el derecho a la persona afectada con una decisión injusta.

Ciertamente, el recurso ha sido diseñado para que proceda eventualmente frente a sentencias ejecutoriadas, y por las causales taxativas que en cada caso haya definido el legislador, ello con el fin de garantizar la justica real y material como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C – 871 de 2003, según se lee a continuación:

“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido […]” (Negrillas fuera de texto).

En coherencia con lo anterior, el Consejo de Estado ha precisado que “[…] el recurso extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política […]”.

Así las cosas y en la medida en que a través de este recurso se puede ver alterada la certeza que brinda la cosa juzgada, tal mecanismo solo procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras, y esta taxatividad es razonable “[…] pues se trata de una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada […]”.

En este sentido, el artículo 188 del CCA, enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, resultan ser los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza.
De la lectura de ellas se advierte que son similares a las estatuidas para los recursos extraordinarios de revisión en materia civil, penal y laboral, en cuanto responden a principios de justicia material que justifican desconocer la cosa juzgada, al cuestionar una decisión fundamentada en supuestos falsos, o erróneos, los cuales no pudieron ser conocidos en el momento en que se profirió la sentencia objeto del recurso.

Como puede observarse, las causales consagradas en los numerales 1º, 2º (parcial), 5º y 7º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: la detección de documentos falsos o adulterados o de peritazgos fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos, la aparición de documentos que no pudieron ser conocidos porque la contraparte los ocultó, o el señalamiento penal de que la sentencia fue producto de cohecho o violencia.

Por su parte, las causales consagradas en los numerales 2º (parcial), 3º, y 4º, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haber sido identificadas, habrían dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica.

La causal del numeral 6º busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente, la causal del numeral 8º protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.

En este sentido, se advierte que el recurso extraordinario especial de revisión “[…] no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso […]”, pues para estas circunstancias se encuentran establecidos los recursos ordinarios dentro del propio proceso.

En síntesis, en todos los eventos previstos en el artículo 188 ejusdem, se pretende proteger al perjudicado con una sentencia que desconoce la justicia material, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener la protección de sus derechos.

III.3. La causal alegada

La causal del recurso extraordinario de revisión que se invoca por el recurrente, es la prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Código de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, cuyo tenor literal es el siguiente:

“[…] Son causales de revisión: […]

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]”.

De la lectura de la norma transcrita y siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala recuerda que la causal invocada exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la decisión de fondo, “[…] por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa actuación […]”; dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, “[…] en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la infirmación de una sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada […]”.

En este sentido, no resulta procedente alegar como causal del recurso extraordinario nulidades procesales ocurridas en una etapa previa de la decisión de fondo, máxime si se tiene en cuenta que la formulación de las mismas se encuentra sometidas a las reglas de oportunidad y legitimación consagradas en el artículo 142 del CPC (hoy artículo 134 del CGP), sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem (hoy artículo 137 del CGP), impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe “antes de dictar sentencia”.

En relación con las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidades originadas en la sentencia, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que son las siguientes:

“[…] La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General del Proceso, que por su contexto pueden originar la nulidad de la providencia, para no confundirlas con aquellas generadas en las instancias o etapas anteriores a esta, dado que el recurso de revisión solo se puede presentar cuando la nulidad se materialice en el fallo y no en una fase que lo anteceda.

Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue fijando las circunstancias que podían configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada una de las causales establecidas en el artículo 140 del C. de P. C., hoy 133 del Código General del Proceso, para indicar, entre otras cosas, lo siguiente:

“… la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida – se hace alusión al artículo 140 del C. de P.C.-, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos.”
En un pronunciamiento posterior precisó:

“Las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se originan en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran cuando quiera que se dan los motivos consagrados taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, partiendo del contenido de la misma disposición, las segundas deben interpretarse restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos que esta Corporación ha precisado y que conducen a determinar que la nulidad originada en la sentencia puede ocurrir:

a) cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia;

b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme;

c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido;

d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia;
e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en ésta,

f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia;

g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida […]” (Negrillas fuera de texto).

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se originan en la vulneración del artículo 29 constitucional. Así pues, la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de revisión en comento.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 29 de la Constitución Política dispone que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

En coherencia con el precepto constitucional la jurisprudencia ha definido el derecho al debido proceso “como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”.

Como se observa, toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, se desconocerían no solo ese derecho sino el atinente al acceso a una real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al derecho en comento.

En ese contexto, la Sala concluye que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido y razonable una providencia.

III. 4. El caso concreto

En el sub lite, la Sala encuentra que la sociedad Cuarto Frio, presentó, ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, demanda de reparación directa, con el fin de que se declarara administrativamente responsable al Instituto de los Seguros Sociales por el presunto detrimento patrimonial que sufriera por la falta de reconocimiento y pago de los costos asumidos al suministrar las partes e instalar los equipos necesarios para dotar de aire acondicionado a la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2003, declaró patrimonialmente responsable al Instituto de los Seguros Sociales por los perjuicios causados a la sociedad Cuarto Frio y ordenó el pago de la suma de $101.160.454 por concepto de daño emergente.

La Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, a través de proveído de 12 de mayo de 2011, en grado jurisdiccional de consulta, revocó la sentencia dictada por la referida corporación judicial y, en su lugar, decidió inhibirse para resolver de fondo el asunto por indebida escogencia de la acción.

Frente a la anterior decisión, el apoderado de la recurrente, a través del recurso extraordinario de revisión mencionado en la referencia, invoca la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, relacionada con la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.

Como sustento de la causal, manifestó que de conformidad con la sentencia cuestionada, la acción procedente para el reclamo de la obra dejada de pagar era la de controversias contractuales y no la de reparación directa que se ejerció, por tanto, existe una nulidad en los términos del numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – CPC, esto es, “[…] cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde […]”.

Con fundamento en lo anterior, la Sala entra a considerar si en el presente caso se estructuran los presupuestos para la procedencia de la causal invocada con base en el criterio jurisprudencial antes citado.

En este sentido, lo primero que advierte la Sala es que se trata de una sentencia proferida en grado jurisdiccional de consulta, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, frente a la cual no le procede recurso. Cabe resaltar que el legislador estableció como primer requisito para que se configure la causal el atinente a que contra la sentencia cuya revisión se pide no le proceda recurso de apelación.

Ahora bien, en cuanto al presunto vicio de nulidad se refiere, la Sala observa que el recurrente sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de Estado pretende dar al proceso un trámite distinto al establecido para la causa petendi.

La Sala recuerda que la causal de nulidad invocada se encuentra referida al desconocimiento de las reglas procesales que determinan la competencia para tramitar y decidir el asunto.

En sub lite, se encuentra que el demandante, en el libelo de demanda, pretende que el Instituto de los Seguros Sociales sea declarado patrimonialmente responsable por el “[…] enriquecimiento sin causa generado por no reconocer y pagar los costos asumidos por el señor Alfonso Linero Celedón, en representación del establecimiento de comercio denominado Cuarto Frio, quien de buena fe procedió al suministro de partes e instalación de equipos para dotar de aire acondicionado a la Unidad Básica la Clínica Santa Marta […]” (negrillas fuera de texto).
Al respecto, la Sala estima que la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, acertó al considerar que la acción procedente es la de controversias contractuales y no la de reparación directa en desarrollo de la actio in rem verso, por cuanto del contenido de los hechos, de los fundamentos de derecho y de la causa petendi se advierte que en realidad lo que se pretende es el reconocimiento y pago de unas obras e instalaciones realizadas en la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta relacionadas y comprendidas dentro del objeto del contrato de 032 de 1998, celebrado entre la sociedad Cuarto Frio y el Instituto de los Seguros Sociales.

Al respecto, la Sala encuentra que el contratista sociedad Cuarto Frio se comprometió para con el Instituto de Seguros Sociales Seccional Magdalena “[…] a ejecutar las obras de instalación de equipos de Aire Acondicionado para la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta […]”, conforme a los siguientes ítems y valores:

Descripción
Unidad
Cantidad
Valor unitario
Valor total
1 Ducto en lámina galvanizada
Kgs
3000
6’415
19’245.000
Aislamiento
Mts
450
11’725
5’276.250
2 SISTEMA TUBERIA AGUA FRIA CHILLER NO. 1

TUBERIA DE 8’ ACERO SCH40

Con aislamiento
Mts
68
252.497
17’169.796
Tubería de 6’ acero con aislamiento
Mts
120
181,306
21’756.720
Tubería de 6’ acero con aislamiento
Mts
120
181,306
21’756.720
Tubería de 3’ PVC RDE 21
Mts
12
36’925
443.100
Tubería 2:2/2 PVC RDE 21
Mts
8
28.179
225.360
Tubería de 2’ PVC RDE 21
Mts
120
26.511
3’181.320
Tubería 1 ½ PVC RDE 21
Mts
50
22.236
1’111.800
Tubería de 1 ¼ PVC RDE 21
Mts
40
20.066
802.640
SISTEMA DE TUBERIA AGUA FRIA CHILLER NO. 1

Tubería de 8 acero SCH40
Mts
220
252.497
15’149.820
SISTEMA DE TUBERIA AGUA FRIA CHILLER No. 2

Tubería 8’ acero
Mts
220
252.497
55’549.349
Tubería 2 ½’ PVC RDE
Mts
110
28.170
3’098.700
Tubería de 1 1/4 ‘ PVC
Mts
90
20.066
1’805.940
SISTEMA DE TUBERIAS CONDENSACION CHILLER NO. 2

Tubería de 8’ acero SCH40
Mts
40
252.497
10’099.880
4 TUBERIA DE COBRE

De 1 ½’
Mts
83
15.012
1’245.996
De 1 3/8’
Mts
83
22.208
199.872
De 2’
Mts
9
28.549
256.941
5 Válvulas de globo

De 4’
Und
2
332.00
664.000
6 Válvulas de cheque

De 4’
Und
2
415.000
830.000
7 Filtros absolutos

Al 90%
Und
12
265.00
3.180.000
Al 60%
Und
12
215.000
2.580.000
8 LIMPIEZA Y ENJUAGUE DE SISTEMAS DE AGUA

Limpieza sistema de agua de arranque
Glb
1
1.850.000
1.850.000
9 Balance aire en conductos de suministro
Glb
1
1.950.000
1.950.000

INSTALACION

Instalación de lo aquí propuesto
Glb.
1
6.293.000
6.293.000
Iva 16%

27’834.476
TOTAL OFERTA

201’799,95

De la lectura de la anterior cita, resulta claro que el objeto del contrato de 032 de 1998 no era otro que la instalación de todo lo necesario para que el sistema de aire acondicionado funcionara en debida forma dada la necesidad técnica del mismo, como se precisó en la sentencia objeto de revisión, en la que al respecto se señaló:

“[…] lo cierto es que de la lectura del referido contrato puede precisarse que el objeto del mismo consistió en “ejecutar las obras de instalación de equipos de Aire Acondicionado para la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta”, dentro de las cuales podría entenderse que se encuentra incluida la instalación de todo lo necesario para que el sistema de aire acondicionado funcionara en debida forma […]”.

En efecto, si bien es cierto que el representante de la sociedad recurrente afirmó que había tenido que realizar unas actividades que estaban por fuera de lo convenido en el contrato en mención, también lo es que de la lectura del negocio jurídico se puede concluir que el objeto del acuerdo de voluntades consistió en ejecutar todas y cada una de las obras de instalación de equipos de aire acondicionado, entre las cuales se encuentran las realizadas por la recurrente.

Lo anterior es corroborado por el propio apoderado de la recurrente cuando en los hechos del libelo de la demanda señaló que el día 28 de julio de 1998 se suscribió el acta de iniciación de obra, en la cual se dejó constancia en torno a que la instalación del sistema de aires acondicionados requería la realización de dicha obras y, además, exigía la contratación de mano de obra para la instalación de las mismas.

Así las cosas, no entiende la Sala cómo el apoderado de la recurrente, de una parte, precisó que las obras eran adicionales y que no estaban dentro del objeto contractual y, de otra, en el escrito contentivo del recurso de extraordinario, indicó que dichas obras eran absolutamente necesarias para la culminación del “objeto contractual” y, en consecuencia, para “proporcionar de aire acondicionado a la clínica Santa Marta”.

Cabe resaltar que las obras realizadas por la sociedad recurrente fueron las atinentes al suministro e instalación de la torre de enfriamiento No. 2, con la consecuente mano de obra.

En este mismo sentido, no debe perderse de vista que el acta de iniciación de obras suscrita por el Interventor, Joaquín Campo V., y por el representante de la sociedad Cuarto Frio, Alfonso R. Linero C., se señala expresamente que “[…] el contratista manifiesta que para la Instalación de los equipos de aire es necesario ejecutar previamente las siguientes obras contempladas dentro del contrato: “[…] instalación de equipos – mano de obra: Chillers, Bombas de condensación, Bombas de agua fría, Torres de enfriamiento […]” (fls. 30 y 31. negrillas y subrayado fuera de texto).

Nótese cómo desde el inicio de la ejecución del contrato la firma contratista y hoy recurrente, conocía y aceptaba que debía instalar las “torres de enfriamiento” que se requerían, y no solamente una como lo pretende hacer valer en el caso de autos.

Aunado a ello, la Sala observa que la sociedad plurimencionada reclama el valor sufragado por el suministro e instalación de tuberías de 2, 2.5 y 3 pulgadas, válvulas de 1, 2, 2 ½, 3 y 6, sistema para expansión de agua fría, el traslado de las Chillers, Bombas, Torres, ventiladores y otros elementos del sistema de aire de la clínica, los cuales, como se observa, hacen parte del contrato y se encontraban contemplados en el acta de inicio, en la que se estipuló que se requería de la instalación de ductos, sistema de tuberías de agua fría, sistema de tuberías de condensación, tubería de cobre, válvula de globo, válvulas de cheques y balanceo de aire, entre otros.

En este sentido, resulta claro que la reclamación tiene un causa cierta que no es otra que el contrato 032 de 1998 celebrado entre las partes, por lo que válidamente puede afirmarse que la inconformidad por la presunta falta de pago se relaciona con el alcance y ejecución del objeto mismo del negocio jurídico, circunstancia que es confirmada de la lectura de la causa petendi de la demanda, la cual se circunscribe a solicitar el reconocimiento y pago de lo gastado respecto de las todas las obras necesarias técnicamente para la instalación y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados en la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta.

Cabe resaltar que la Corte Constitucional ha sostenido que existen obras adicionales y hechos cumplidos cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual, circunstancia que, como se anotó, no ocurre en el sub lite.

En este mismo sentido, no puede pasarse por alto que la sociedad recurrente conocía de la procedencia de la citada acción de controversias contractuales, circunstancia que se desprende de la lectura del libelo de demanda, toda vez que el propio apoderado judicial señaló como normas violadas las disposiciones contendidas en la Ley 80 de 1993 “[…] por la cual se expide el Estatuto General de Contratación […]”, y los Decretos 2251 de 1993 “[…] por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 […]” y 679 de 1994 “[…] por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 […]”. Concretamente, la Sala observa que se citaron las disposiciones atinentes a la responsabilidad contractual de las entidades públicas (artículos 50, 51, 53), además del capítulo vii respecto de la solución de controversias contractuales (artículos 68 y s.s.) y, finalmente, los derechos y deberes de las entidades Estatales, consagrado en el artículo 4º, numerales 4º y 8º del Estatuto de Contratación.

Por lo anterior, la Sala considera que la reclamación planteada por parte de la sociedad Cuarto Frio no se deriva de un enriquecimiento sin causa, sino de una controversia estrictamente contractual, cuya regulación estaba prevista, para la época de los hechos, en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, norma que disponía:

“[…] Artículo. 87 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas […]”.

Ahora bien, debe recordarse que la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 ibídem, se encontraba establecida para solicitar la reparación del daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos. Respecto de la actio in rem verso, en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que dicha acción independiente y autónoma resulta procedente siempre que no exista un contrato estatal, porque cuando éste constituye, como en este caso, la fuente de una controversia, la ley prevé como acción pertinente la de controversias contractuales.

Recuerda la Sala que la jurisprudencia vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la figura de la actio in rem verso, derivada del enriquecimiento sin causa, en los eventos de ejecución material de un trabajo o servicio sin contrato escrito, fue unificada a través de sentencia del 19 de noviembre de 2012, y en la cual se sostuvo lo siguiente:

“[…] la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos […].

“Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:

a) “Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) “En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios,
suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) “En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993 […]”

En estos casos, no obstante faltar el contrato escrito, si se prestó el servicio, entregó el bien o la obra, por lo que es posible reclamar el pago que corresponda a esas actividades, en razón a que en tales supuestos es injustificado que una parte se enriquezca y la otra se empobrezca, evento que no acontece en el caso de autos, por cuanto, se repite, la controversia se origina en un contrato y en las obras contempladas en el mismo.

Por lo anterior, no le asiste razón al recurrente cuando señaló que se le dio un trámite distinto al proceso, por cuanto, como se concluyó, la acción escogida por el demandante no era la adecuada. Además, tampoco existen elementos probatorios de los cuales se desprenda que a la recurrente se le desconoció su derecho al debido proceso, toda vez que, por el contrario, se le habilitó la doble instancia, se le dio valor a las pruebas aportadas con el libelo de demanda, tuvo la oportunidad de controvertir las aportadas por la parte demandada, e impugnó las decisiones proferidas dentro del trámite del proceso ordinario, garantizando el acceso a la administración de justicia.

Por otra parte, la Sala estima acertada la decisión en cuanto a que resultaba improcedente la aplicación al principio iura novit curia, toda vez el juez no podría modificar los hechos, la causa pretendi y, menos aún, el petitum, tal y como lo precisa el siguiente acápite de la sentencia recurrida:

“Finalmente, la Sala estima necesario precisar que en el presente asunto resulta improcedente dar aplicación al principio iura novit curia, dado que la acción que fue incoada, así se hubiere denominado de reparación directa (en ejercicio de la acción de enriquecimiento sin causa), realmente no corresponde a las características que identifican a dicha acción, pues la misma tiene como finalidad la solución de controversias suscitadas en relación con un contrato estatal concebido en los términos establecidos por el Estatuto Contractual.

Para la Sala resulta claro que la causa petendi de la demanda, esto es los hechos que sirven de fundamento a la pretensión, consiste en obtener la indemnización de los perjuicios irrogados al actor como consecuencia del “enriquecimiento sin causa generado por no reconocer y pagar los costos asumidos por el señor Alfonso Linero Celedón, quien de buena fe procedió al suministro de partes e instalación de equipos para dotar de aire acondicionado a la Unidad Básica la Clínica Santa Marta”. Así pues, resulta improcedente el análisis de la demanda en virtud de la acción contractual, toda vez que si bien en aplicación del principio iura novit curia corresponde al juez, frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso, ello no puede ni debe confundirse con la modificación de la causa petendi y menos aún del petitum, es decir variar los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión, o de las pretensiones mismas, habida consideración del acervo probatorio respecto del cual se puede inferir que la prestación realizada a cargo del actor se encuentra contenida en el contrato No. 032 de 1998”.

Finalmente y en lo atinente a las demás cuestiones planteadas por la recurrente, la cuales se refieren a la valoración fáctica y jurídica que hizo la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia, la Sala recuerda que las mismas no se refieren a presuntas irregularidades provenientes de la sentencia, sino a las consideraciones que se tuvieron en cuenta para concluir que la acción procedente era la de controversias contractuales y no la reparación directa ejercida por ella.

Sobre el particular, la Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no fue concebido para refutar, para cuestionar o controvertir las interpretaciones legales efectuadas en la misma sentencia, pues no es dable reabrir el debate en relación con tales aspectos.

Esta Corporación ha sostenido reiteradamente que esta clase de reproches no encajan en la causal alegada, pues ellos se refieren a las valoraciones que escapan al objeto del recurso extraordinario.

Dicho en otros términos, lo que pretende el recurrente, en sede del recurso extraordinario de revisión, es que se realice nuevamente un estudio en relación con la responsabilidad del Instituto de los Seguros Sociales y, en consecuencia, se deje en firme la decisión de primera instancia que decidió reconocerle los mayores valores dejados de pagar por las obras adicionales que se realizaron en el marco del contrato de obra 032 de 1998, suscrito entre la referida entidad y la sociedad Cuarto Frio.

En este contexto, y sin perjuicio de lo expuesto respecto de la improcedencia de la causal de nulidad incoada, se precisa que los demás argumentos de inconformidad expuestos no están orientados a que se declare la nulidad de la sentencia, pues lo cierto es que ellos guardan relación con aspectos relacionados con la presunta responsabilidad misma de la entidad demandada, lo que impide la prosperidad del recurso.

En consecuencia, la Sala desestimará el recurso extraordinario de revisión, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, no sin antes poner de relieve que no procede la condena en costas por cuanto no se advierte temeridad o mala fe de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Veinte Especial de Decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad la Ley,

F A L L A :

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado de la sociedad Cuarto Frio, en contra de la sentencia proferida el 12 de mayo de 2011, por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, por la razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVUÉLVASE el expediente contentivo del proceso ordinario al Tribunal Administrativo de Magdalena.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado

SALVAMENTO DE VOTO / RECLAMACIÓN JUDICIAL – No tiene relación directa con el contrato de obra

El objeto del contrato no implicaba el suministro de una torre de enfriamiento. El contrato era simplemente de instalación de un equipo de aire acondicionado que fue suministrado por unos terceros ajenos al contrato celebrado por la sociedad Cuarto Frío y que, se insiste, solo constaba de una sola torre de enfriamiento. No obstante, como dan cuenta las pruebas que se aportan al proceso, el ISS le ordenó a Cuarto Frío el suministro de una torre de enfriamiento adicional, sin la cual no podía funcionar el sistema de aire acondicionado, asunto que es completamente distinto a un contrato de obra. Por eso, lo que se reclama por vía judicial no tiene relación directa con el contrato de obra suscrito entre las partes, que tenía como objeto la instalación de un equipo de aire acondicionado, sino el suministro e instalación de una torre de enfriamiento, que excedía el objeto contractual. Además de lo señalado, una interpretación racional de la demanda nos permitiría concluir que, a pesar de invocarse la acción de reparación directa, en los fundamentos de derecho se hace referencia también a la acción contractual y a la actio in rem verso. Por eso, el argumento de que únicamente se invocó la acción de reparación directa y no se hizo referencia a los asuntos contractuales se cae de su propio peso. El juez natural del contrato y de la reparación directa –que es el mismo- debió interpretar la demanda de manera racional, más cuando la Sección Tercera había afirmado que no era procedente la acción contractual en los eventos en lo que el contrato no se celebraba de acuerdo con las formas y ritualidades previstas por el ordenamiento. En todo caso, se advierte que en el presente asunto la administración no siguió las formalidades propias de la contratación estatal para ampliar el objeto del contrato o celebrar uno nuevo, como en efecto lo hizo con posterioridad para el mantenimiento de ese sistema de aire acondicionado

NOTA DE RELATORÍA: En este salvamento de voto se incluye una línea jurisprudencial de la sección tercera del Consejo de Estado sobre la teoría del enriquecimiento sin causa y la acción procedente

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Vocación de prosperidad / PRECEDENTE VIGENTE PARA LA FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA – Hechos cumplidos podían reclamarse por acción de reparación directa

El recurso extraordinario de revisión presentado por la sociedad Cuarto Frío debía prosperar por existir nulidad originada en la sentencia, al configurarse violación al debido proceso y denegación del derecho de acceso a la administración de justicia. Y eso es así porque (i) se vulneró de manera evidente el precedente de la Sección Tercera sobre la acción procedente para reclamar un enriquecimiento sin causa y (ii) porque no se aplicó, en caso de considerarse que la acción procedente era la contractual, el principio iura novirt curia, profiriéndose una sentencia inhibitoria sin fundamento alguno. 4.2.- De acuerdo con el precedente de la Sección Tercera vigente al momento de la interposición de la demanda (año 2001), los hechos cumplidos podían reclamarse vía judicial mediante la teoría del enriquecimiento sin causa por vía de (i) la acción de reparación directa, (ii) la actio in rem verso o, incluso, (iii) la acción de controversias contractuales. En ese sentido, no existe justificación válida para que esa misma Sección se hubiese declarado inhibida para decidir el presente asunto por “indebida escogencia de la acción”, circunstancia que vulneró el debido proceso y el acceso a la administración de justicia del demandante, pues no hay una justificación válida de la inhibición. Y eso es así, se insiste, porque la acción de reparación directa sí era procedente para reclamar el suministro de una torre de enfriamiento –asunto que no se encontraba amparado por el objeto del contrato celebrado entre las partes-, pues el precedente vigente para la fecha de la interposición de la demanda así lo avalaba

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS CONSEJEROS JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ Y WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2012-01159-00(REV)

Actor: SOCIEDAD CUARTO FRIO

Demandado: INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala Veinte Especial de Decisión, nos permitimos salvar el voto frente a la sentencia proferida el 15 de mayo de 2019, por la que se desestimó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Cuarto Frío en contra de la sentencia proferida el 12 de mayo de 2011 por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado.

El análisis del expediente nos permite concluir, contrario a lo decidido por la mayoría, que el recurso extraordinario de revisión debía prosperar por existir nulidad originada en la sentencia, al configurarse violación al debido proceso y denegación del derecho de acceso a la administración de justicia, pues no hay una justificación válida de la inhibición.

Pasamos a explicar las razones que sustentan nuestra postura:

De la demanda de revisión y el alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia

1.1.- En la demanda se invoca como causal de revisión la prevista en el numeral 6 del artículo 188 del CCA, esto es, existir nulidad originada en la sentencia.

Esta causal se sustentó en tres argumentos: (i) en la vulneración del precedente de la Sección Tercera sobre la acción procedente para reclamar un enriquecimiento sin causa, (ii) en la violación del debido proceso, por darle prevalencia al derecho formal sobre el sustancial y no aplicar el principio iura novirt curia y (iii) en la nulidad procesal prevista en el artículo 140-4 del CPC, al darle al proceso un trámite diferente al previsto.

En palabras del recurrente:

“Ahora bien, es claro que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para los efectos de fallar en el grado jurisdiccional de consulta el proceso de reparación directa iniciado por CUARTO FRIO/ALFONSO LINERO CELEDÓN contra el ISS Seccional Magdalena, omitió su propio precedente, desconociendo no sólo principios como el de equidad, justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal, sino además el debido proceso al engendrar en dicha sentencia de segunda instancia de una nulidad, consistente en , por una parte, no interpretar la demanda estableciendo la materia del litigio con prescindencia del formalismo, y por otra, pretender imprimirle al proceso un trámite diferente del establecido para la causa petendi debate, pues como se señal{o durante todo el trámite procesal y con evidencia probatoria suficiente, se encontraba en presencia de un enriquecimiento injustificado que daba lugar a la actio in rem verso, la cual se solicita por vía de la acción de reparación directa, y no ante una controversia contractual como equivocadamente supuso la Subsección” (subrayas propias).

1.2.- Si bien la demanda de revisión fue presentada en el año 2012, cuando en la Sala Plena sólo se admitían como hechos constitutivos de nulidad los previstos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, no puede perderse de vista que en sentencia del 8 de mayo de 2018 se replanteó esa postura y, en consecuencia, se unificó el alcance de esa causal de revisión para incluir en ella eventos adicionales a los previstos por la ley como causal de nulidad, como ocurre, por ejemplo, con la expedición de una sentencia inhibitoria sin justificación válida, por violación al debido proceso y al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

1.3.- En ese sentido, es perfectamente posible analizar la demanda de revisión no sólo por el argumento de nulidad fundado en el hecho de haberle dado al proceso un trámite que no correspondía, sino también y, fundamentalmente, por incurrir en violación al debido proceso y en vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia al proferirse una sentencia inhibitoria en contra del precedente reiterado de la Sección Tercera, cargo que encaja en el segundo supuesto de la demanda (ver numeral 1.1).

De la acción de reparación directa

2.1.- El 18 de mayo de 2001, la sociedad Cuarto Frío interpuso demanda de “reparación directa (actio in rem verso)” en contra del Instituto del Seguro Social – Seccional Magdalena, por el suministro e instalación de una torre de enfriamiento que no estaba en el objeto del contrato celebrado entre las partes, pero que era indispensable para el funcionamiento del aire acondicionado de la clínica Santa Marta.

Revisadas las pruebas que obran en el expediente, se observa que mediante contrato No. 032 de 1998 el ISS contrató con la sociedad Cuarto Frío la instalación del equipo de aire acondicionado para la clínica Santa Marta, en el que se incluía únicamente una torre de enfriamiento. Sin embargo, al advertirse que el sistema de aire acondicionado no era funcional con una sola torre de enfriamiento, el ISS requirió de manera verbal a Cuarto Frío para que suministrara e instalara una torre de enfriamiento adicional.

Como el suministro e instalación de esa torre adicional no estaba comprendida en el objeto del contrato 032 de 1998, la obra no fue recibida formalmente por la administración y, por ende, no se pagó su costo, pese a las múltiples solicitudes efectuadas por el demandante.

De ello da cuenta, entre otras pruebas, la comunicación del 18 de mayo de 1999, en la que el gerente de la sociedad Cuarto Frío le manifestó al gerente administrativo del ISS-Magdalena lo siguiente:

“El sistema de enfriamiento de la Unidad Básica de la Clínica Santa Marta del I.S.S. comprende dos enfriadores de tipo chillers, varias manejadoras, junios fancolls, ventiladores centrífugos, bombas de agua fría, bombas de agua condensada, tuberías y valvulería de acero de 8” aisladas y torres de enfriamiento.

Entre los contratos suscritos entre el I.S.S. y los distintos proveedores se adquirieron dos chillers a la firma TECNOAIRE; seis manejadores, cinco ventiladores centrífugos, dos bombas de agua fría, dos bombas de agua condensada y una torre a la firma PARAMO; la instalación de las tuberías la realizó la firma CUARTO FRÍO.

Al realizar las instalaciones distribuimos las manejadoras en las distintas áreas, lo mismo que los ventiladores centrífugos; los dos chiller los instalamos en la caseta donde funcionaría de acuerdo con los planos suministrados por la Interventoría; pero observamos que solo había una sola Torre de enfriamiento siendo necesario dos para el correcto funcionamiento de los aires en la unidad básica.

En los comités de obra se ventiló el tema llegando a la conclusión de que era necesaria la torre adicional para cumplir con el objeto de suministrarle aire acondicionado a la Unidad Básica; se acordó que mi firma CUARTO FRÍO la suministrara y la instalara, y así se procedió. La instalación fue supervisada por la INTERVENTORÍA contratada por el I.S.S., la que estuvo al tanto del proceso de ensamble.

Solicito a esa Gerencia me indique los pasos necesarios para la cancelación de la misma”.

2.2.- Las pruebas que obran en el proceso son suficientes para concluir que lo que se reclamó por parte de Cuarto Frío fue el pago del suministro de un bien que no estaba contemplado en el contrato No. 032 de 1998, asunto que se ha conocido en la Sección Tercera del Consejo de Estado como “hechos cumplidos”.

De acuerdo con el precedente de esa Sección, los hechos cumplidos son situaciones en las que un particular realiza una obra, presta un servicio o suministra un bien a la administración, con su asentimiento tácito o expreso o con invitación suya, sin ningún respaldo contractual o cuando éste es inejecutable.

En el primer supuesto se encuentran incluidas las situaciones en las que en un contrato se ejecutan prestaciones adicionales sin que se haya firmado contrato adicional o cuando se ejecutan prestaciones después de su terminación.

2.3.- Así las cosas, es posible concluir que en el presente caso nos encontramos ante hechos cumplidos, no ante una “mayor cantidad de obra” como se expuso en la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, porque el contrato celebrado entre las partes tenía como objeto la instalación –no el suministro- del equipo de aire acondicionado de la clínica de Santa Marta, que constaba de una sola torre de enfriamiento, lo que en términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 constituye un contrato de obra.

Ese era el objeto del contrato única y exclusivamente. Sin embargo, de manera posterior se incluyó el suministro y la instalación de una nueva torre de enfriamiento, lo que evidentemente no queda contemplado en lo que se ha entendido como “objeto del contrato”.

2.4.- La jurisprudencia de la Sección Tercera ha entendido por objeto del contrato aquello que tiene una relación directa con lo pactado en el contrato y lo estipulado en el pliego de condiciones.

De no limitarse el objeto del contrato a la existencia de esa relación directa se violarían fácilmente las normas de contratación y, por esa vía, se podrían contratar muchos otros bienes o servicios que no estén cobijados por la cobertura o alcance del contrato.

Por eso, se repite, no puede hablarse de mayor cantidad de obra en este caso concreto.

2.5.- El objeto del contrato no implicaba el suministro de una torre de enfriamiento. El contrato era simplemente de instalación de un equipo de aire acondicionado que fue suministrado por unos terceros ajenos al contrato celebrado por la sociedad Cuarto Frío y que, se insiste, solo constaba de una sola torre de enfriamiento.

No obstante, como dan cuenta las pruebas que se aportan al proceso, el ISS le ordenó a Cuarto Frío el suministro de una torre de enfriamiento adicional, sin la cual no podía funcionar el sistema de aire acondicionado, asunto que es completamente distinto a un contrato de obra.

Por eso, lo que se reclama por vía judicial no tiene relación directa con el contrato de obra suscrito entre las partes, que tenía como objeto la instalación de un equipo de aire acondicionado, sino el suministro e instalación de una torre de enfriamiento, que excedía el objeto contractual.

2.6.- Además de lo señalado, una interpretación racional de la demanda nos permitiría concluir que, a pesar de invocarse la acción de reparación directa, en los fundamentos de derecho se hace referencia también a la acción contractual y a la actio in rem verso. Por eso, el argumento de que únicamente se invocó la acción de reparación directa y no se hizo referencia a los asuntos contractuales se cae de su propio peso.

El juez natural del contrato y de la reparación directa –que es el mismo- debió interpretar la demanda de manera racional, más cuando la Sección Tercera había afirmado que no era procedente la acción contractual en los eventos en lo que el contrato no se celebraba de acuerdo con las formas y ritualidades previstas por el ordenamiento.

En todo caso, se advierte que en el presente asunto la administración no siguió las formalidades propias de la contratación estatal para ampliar el objeto del contrato o celebrar uno nuevo, como en efecto lo hizo con posterioridad para el mantenimiento de ese sistema de aire acondicionado.

Línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la teoría del enriquecimiento sin causa y la acción procedente

3.1.- Una mirada a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado permite concluir que en la mayoría de las providencias dictadas entre los años 1990 a 2005 se afirmó que la acción procedente para reclamar un enriquecimiento sin causa era la de reparación directa, como quiera que se estaba frente a un hecho de la administración y no de un contrato.

En otras oportunidades, la Sección ni siquiera le dio importancia a la acción escogida, ya sea de reparación directa o contractual, pues si se encontraba justificada la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, así no fuera invocada en la demanda, la administración era condenada al reconocimiento económico al particular.

Con esa tesis vale la pena destacar las siguientes providencias:

(i) Sentencia del 3 de julio de 1990: a través de un proceso instaurado en acción contractual se conoció de un caso donde una entidad pública no celebró un contrato adicional para la realización de unas obras -adecuación del terreno- que se requerían para que el contratista pudiera ejecutar oportunamente el objeto contractual y, que de acuerdo con pliego de condiciones, estaban a cargo de la entidad.

A pesar de haberse demandado en acción contractual sin existir contrato adicional, el Consejo de Estado aplicó la teoría del enriquecimiento sin causa, toda vez que ello no violentaba “los principios que gobiernan las controversias contractuales” y su aplicación estaba fundada en la justicia y equidad.

(ii) Sentencia del 15 de noviembre de 1990: se admitió que la violación de normas de contratación estatal no era óbice para la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, en tanto la legalidad de las actuaciones contractuales era un asunto que debía controlar la entidad pública y su omisión no tenía por qué afectar el patrimonio del particular.

En consecuencia, al encontrarse probado el enriquecimiento de la administración y el correlativo empobrecimiento del contratista, se afirmó que el demandante “no tenía la acción contractual propiamente dicha que le hubiera permitido obtener el restablecimiento de un derecho, porque el contrato de obra pública no se celebró como lo mandaba el ordenamiento y ni siquiera aparece por escrito”. Por esta razón, la Corporación condenó al pago de una indemnización plena.

(iii) Sentencia del 22 de febrero de 1991: se trataba de una acción de reparación directa en la que se reclamaban los perjuicios patrimoniales generados por la prestación de un servicio de interventoría, que tenía respaldo en un contrato adicional legalmente celebrado pero no perfeccionado, toda vez que la entidad no aprobó la fianza correspondiente.

En esa sentencia se expuso que “cuando las obras encajan dentro del objeto del contrato, las acciones derivadas de su ejecución y cumplimiento son típicamente contractuales” y, “cuando ciertas obras no quedan comprendidas en él y se ejecutan a instancia de la entidad pública y bajo su apremio y ese exceso no tiene su respaldo en un contrato, su controversia no debe ser contractual”.

En consecuencia, se condenó a la administración en aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, toda vez que era una solución más justa que obligar al contratista a demandar contractualmente.

(iv) Sentencia del 6 de septiembre de 1991: en virtud de la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa se protegió a una empresa privada que le prestó un servicio de mantenimiento de equipos de oficina a una entidad estatal sin haberse celebrado contrato previo, pero con autorización expresa de la administración.

Como el actor ejerció la acción de reparación directa, la Corporación concluyó que debía “enfocarse la conducta de la administración como un hecho; hecho perjudicial para la sociedad que prestó un servicio de suyo oneroso sin percibir tras prestación alguna y favorable para la entidad pública que se lucró de dicho servicio”.

(v) Sentencia del 3 de julio de 1992: se aplicó la teoría del enriquecimiento sin causa en un contrato de arrendamiento no perfeccionado por causas imputables al propietario del inmueble.

En esa providencia la Corporación expuso que la acción procedente era la de reparación directa y no la contractual, por no existir contrato alguno que respaldara la situación de hecho. Afirmó que el asunto debía resolverse a la luz de la prohibición de que nadie podía enriquecerse sin justa causa a expensas de otro (artículo 831 del Código de Comercio), toda vez que es una disposición que “trasciende el derecho positivo para constituir un principio general del Derecho sustentado en la equidad y en la justicia”.

(vi) Sentencia del 10 de septiembre de 1992: En esa oportunidad se estudió un caso en el que a un particular se le adjudicó un contrato de obra que no se suscribió, en vista de que fue revocada la autorización para celebrarlo. Pese a esa situación, la administración toleró que la constructora ocupara los terrenos e iniciara la ejecución del contrato, “con el mejor deseo de terminar rápidamente las obras” y, luego de siete meses, le solicitó la suspensión de las mismas.

En esta sentencia se afirmó que la acción procedente era la de reparación directa, toda vez que “la obligación de reparar no tiene en este caso su origen en ningún contrato, pues éste no llegó a celebrarse, sino en el hecho de haberse ejecutado unas obras por una entidad particular a instancias y por instrucciones de la entidad oficial en terrenos de esta última ... En tales condiciones y no existiendo disposición especial en lo contencioso administrativo, la fuente de la obligación cuyo reconocimiento se impetra es la propia ley que consagra el principio según el cual nadie (incluidas las entidades públicas) puede enriquecerse a costa de otros”.

(vii) Sentencia del 24 de septiembre de 1992: se decidió, mediante una acción de reparación directa, la indemnización de los perjuicios ocasionados por la ejecución de unas obras adicionales que no tenían respaldo en un contrato adicional y, por la prestación del servicio de celaduría en la obra durante el tiempo que ésta estuvo suspendida por falta de presupuesto de la entidad pública.

Al encontrarse probados los elementos de la teoría de enriquecimiento sin causa y atendiendo el principio de equidad, el Consejo de Estado condenó a una indemnización plena de los perjuicios, máxime que las obras adicionales fueron hechas con apremio y con la complacencia de la administración.

(viii) Sentencia del 4 de julio de 1997: mediante el ejercicio de la acción de reparación directa se conoció de un caso en el que a un particular le adjudicaron un contrato que no se logró firmar por la urgencia de la obra, pese a lo cual no le fue reconocido su trabajo.

En dicha providencia la Corporación afirmó que el enriquecimiento sin causa es una fuente autónoma de derechos y obligaciones, que “tiene su fundamento legal y constitucional en la responsabilidad patrimonial del Estado”, por lo que debe dársele el trámite de la acción de reparación directa, en cuanto no se está frente a un acto administrativo, ni a un contrato, sino a un hecho de la Administración.

(ix) Sentencia del 29 de enero de 1998: en esta oportunidad se condenó a la administración a indemnizar los perjuicios generados por la prestación de un servicio de trasmisión de pautas publicitarias durante la difusión del Campeonato Mundial de Fútbol Italia-90, sin haber respaldo contractual.

En aquella ocasión, la Corporación dedujo una mala fe en la conducta de la administración, toda vez que pese a existir apropiación presupuestal, autorización para contratar, concertación de las cláusulas del contrato, minuta del contrato, minuta de otro sí y ejecución de prestaciones contractuales por parte de funcionarios de la administración, el contrato nunca fue firmado por negligencia del director de la entidad pública.

Es por ello que, aunque el accionante hizo uso de la acción contractual y no invocó la teoría del enriquecimiento sin causa, el Consejo de Estado interpretó la demanda y aplicó el principio general de no enriquecimiento sin justa causa, al constatar que todos los elementos de la teoría se encontraban configurados.

(x) Auto del 18 de julio de 2002: se improbó una conciliación judicial por no haberse demostrado la ejecución real de las cantidades de obra extra reclamadas por el particular y reconocidas por la entidad pública.

Se concluyó que cuando las obras adicionales no tienen sustento en un contrato adicional ni son reconocidas en la liquidación del contrato, al no ser parte del objeto del contrato principal, sino una variación del mismo, su reclamación procede en virtud del principio de no enriquecimiento sin justa causa, mediante la acción de reparación directa. Pero, tratándose de obra extra, esto es, de la mayor cantidad de obra ejecutada, la acción procedente para reclamar su pago es la contractual, en virtud que dicha situación “supone que ésta fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una ’prolongación de la prestación debida’, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual”.

(xi) Auto del 23 de mayo de 2003: se afirmó que si las prestaciones de un contrato continuaban ejecutándose luego de la terminación del mismo, la acción procedente para reclamar los perjuicios generados sería la de reparación directa, con aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, porque la falta de formalización del vínculo contractual no conduce, per se, a desconocer las situaciones jurídicas consolidadas, máxime cuando la Administración le genera confianza al particular.

(xii) Sentencia del 15 de abril de 2004: al estudiar un recurso de anulación de un laudo arbitral el estudio se centró en determinar qué tipo de responsabilidad -contractual o extracontractual- era procedente invocar en los eventos en los cuales se ejecutan obras adicionales sin respaldo contractual.

Luego de citar el precedente jurisprudencial sobre la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, se concluyó que dicha situación encajaba en los supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado, siguiendo con la pauta sentada en años anteriores.

3.2.- Entre los años 2006 y 2007 la Sección Tercera varió su postura jurisprudencial.

De esta época vale destacar la sentencia del 7 de junio de 2007, en la que se afirmó que la actio in rem verso era de aplicación subsidiaria porque tratándose de ejecución de prestaciones cuando no existe contrato o cuanto éste es inejecutable, existen otras vías jurídicas procedentes para reclamar los perjuicios generados con dichas situaciones.

Es así como se concluyó que:

Cuando la administración incumple las obligaciones legales que están a su cargo en la etapa de formación del contrato, “se debe acudir a las figuras propias de la responsabilidad precontractual”, ya sea demandando los actos previos al contrato mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o los hechos u omisiones de la administración a través de la acción de reparación directa.

Cuando se ejecutan prestaciones sin contrato a favor de la administración por parte de un particular que obra por cuenta propia y sin existir una relación precontractual, éste último debe asumir los efectos de su negligencia y de la violación de las normas de contratación estatal (culpa exclusiva), por lo que no tiene ningún derecho para reclamar el detrimento patrimonial sufrido.

Cuando existe una concurrencia de acciones y omisiones por parte de la administración y el particular, como cuando el contrato no es ejecutable pero el contratista lo ejecuta con asentimiento de la entidad pública “en la confianza de que prontamente todo se regularizará”, la acción procedente para reclamar los perjuicios generados por tal situación es la contractual, toda vez que la conducta de las partes “se traduce en un verdadero incumplimiento contractual”, pudiéndose acudir a la figura de compensación de culpas para efectos de efectuar la respectiva condena.

3.3.- Pese a la postura adoptada en los años 2006 y 2007, entre los años 2009 y 2011 la Sección Tercera, primero de una manera implícita y, luego de manera expresa, retomó, con algunas variaciones o precisiones, la tesis positiva sostenida durante los años 1990 a 2005 y aplicó de manera oficiosa el principio iura novit curia.

De ese periodo se destacan las siguientes providencias:

(i) Sentencia del 29 de enero de 2009: mediante una acción contractual se demandó al ISS para que fueran reconocidos los intereses causados por el no pago oportuno de los valores correspondientes al suministro de medicamentos a sus usuarios.

La Sección, haciendo a un lado las posturas jurisprudenciales sostenidas desde el año 2006 y aplicando el principio iura novit curia, interpretó la demanda y concluyó que realmente la acción incoada por el demandante no fue la contractual sino la acción de in rem verso, porque el contrato escrito nunca existió.

Partiendo entonces, de ese supuesto, se afirmó que “cuando un particular ejecuta prestaciones en favor de la Administración, sin que previamente se hubiere formalizado un contrato o impartido la orden correspondiente, con los requisitos indicados en la ley, dicho particular tiene derecho a un reconocimiento económico pero no con fundamento en el contrato, debido a que éste nunca se ha perfeccionado o existido, sino, en virtud del principio del no enriquecimiento sin causa”, toda vez que la no formalización de un contrato no puede convertirse en fuente de enriquecimiento de la administración.

(ii) Sentencia del 22 de julio de 2009: al resolver una demanda interpuesta por un particular en contra del Instituto Nacional de Vías, en la que se reclamaba el pago del valor de una interventoría realizada después de la vigencia del contrato estatal, se dijo expresamente que se retomaba la tesis positiva en cuanto a la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa.

En la providencia se hizo una distinción entre el enriquecimiento sin causa y la acción in rem verso, para concluir que “el enriquecimiento sin causa es un principio general de derecho, que prohíbe incrementar el patrimonio sin razón justificada; mientras que la actio in rem verso es la figura procesal a través de la cual se maneja la pretensión que reclama los efectos de la vulneración de dicho principio general”.

Por ello, se sostuvo que la acción procedente para invocar el principio del no enriquecimiento sin causa debe ser la in rem verso –prescripción de 10 años- y no la contractual ni la de reparación directa. La primera porque no existe contrato o éste no es ejecutable y, la segunda, porque la administración no le genera propiamente un perjuicio al particular, sino que le genera una expectativa que se desencadena en el desplazamiento patrimonial injustificado.

En otras palabras, igual que en materia civil, se afirmó que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la acción in rem verso es de naturaleza autónoma e independiente. Entonces, cuando se pretenda invocar el principio del no enriquecimiento sin justa causa, debe demandarse en uso de esta acción y no de otra, independientemente que “se rija por los postulados normativos del Código Civil, inclusive en materia de términos de caducidad”, lo que no le impide al juez de lo contencioso administrativo “conocer de la misma, para definir, en cada caso concreto, si las pretensiones de desequilibrio patrimonial injustificado, en las cuales interviene una entidad estatal –en los términos establecidos en el artículo 82 del C.C.A.- tienen o no vocación de prosperar, con la salvedad específica que el trámite correspondiente para ventilar ese tipo de pretensiones, será el contencioso ordinario establecido en los artículo 206 y s.s. del C.C.A.”.

(iii) Sentencia del 28 de febrero de 2011: se presentó una demanda en virtud de la acción de reparación directa pero con fundamento en la actio in rem verso.

Luego de analizar las pruebas del proceso, la Sección concluyó que en el caso no se acreditaban los presupuestos para la procedencia de la actio de in rem verso, pues no se configuraban los elementos de la teoría del enriquecimiento sin causa. Sin embargo, no se declaró inhibida para fallar por indebida escogencia de la acción, sino que aplicó el principio iura novit curia y, en consecuencia, procedió a estudiar la demanda como una acción contractual.

Se dijo en la providencia:

“… para la Sala es necesario, tal como se dijo en otro aparte de esta sentencia, aplicar en este caso el principio “iura novit curia”, el cual faculta al juzgador para interpretar si la acción es o no de naturaleza contractual, respetando la causa petendi, con el fin de que la inadecuada escogencia de la acción por parte del actor no constituya impedimento para emitir un fallo de fondo, estudiando o adecuando al asunto la acción que se debió escoger. Es decir, estudiando este asunto desde la óptica de la acción contractual.

Asumir una posición contraria por parte de la Sala, sería rendirle un culto injustificado a la forma por la simple forma, con desconocimiento del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 288 superior, en virtud del cual el juzgador está en el deber de interpretar la demanda, establecer la materia del litigio, con prescindencia de la forma.

El conjunto de estas circunstancias evidencia que la acción que fue incoada, (acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso), escogida por la parte actora y como lo entendió el a quo, realmente no correspondía a las características que identifican a dicha acción, ni las pretensiones tenían como finalidad la solución de controversias suscitadas en relación con un contrato estatal concebido en los términos establecidos por el Estatuto Contractual.

En este orden de ideas, no hay duda para la Sala que la acción ejercitada por el actor debió ser la acción contractual, en tanto que no es posible discutir, por vía de la acción in rem verso, el reconocimiento económico causado por la ejecución de una prestación, cuando está de por medio un contrato, es decir, cuando su fuente es contractual, por lo que se acometerá su estudio”.

Análisis del caso concreto

4.1.- El recurso extraordinario de revisión presentado por la sociedad Cuarto Frío debía prosperar por existir nulidad originada en la sentencia, al configurarse violación al debido proceso y denegación del derecho de acceso a la administración de justicia.

Y eso es así porque (i) se vulneró de manera evidente el precedente de la Sección Tercera sobre la acción procedente para reclamar un enriquecimiento sin causa y (ii) porque no se aplicó, en caso de considerarse que la acción procedente era la contractual, el principio iura novirt curia, profiriéndose una sentencia inhibitoria sin fundamento alguno.

4.2.- De acuerdo con el precedente de la Sección Tercera vigente al momento de la interposición de la demanda (año 2001), los hechos cumplidos podían reclamarse vía judicial mediante la teoría del enriquecimiento sin causa por vía de (i) la acción de reparación directa, (ii) la actio in rem verso o, incluso, (iii) la acción de controversias contractuales.

En ese sentido, no existe justificación válida para que esa misma Sección se hubiese declarado inhibida para decidir el presente asunto por “indebida escogencia de la acción”, circunstancia que vulneró el debido proceso y el acceso a la administración de justicia del demandante, pues no hay una justificación válida de la inhibición.

Y eso es así, se insiste, porque la acción de reparación directa sí era procedente para reclamar el suministro de una torre de enfriamiento –asunto que no se encontraba amparado por el objeto del contrato celebrado entre las partes-, pues el precedente vigente para la fecha de la interposición de la demanda así lo avalaba.

En todo caso, no puede perderse de vista que fue la imprecisión jurisprudencial de la época la que llevó a que el demandante planteara su demanda de esa manera y, por lo mismo, no es posible, so pena de vulnerar nuevamente su debido proceso, resolver el presente recurso extraordinario de revisión con la tesis de unificación proferida en el año 2012, es decir, con posterioridad a la expedición de la sentencia que es objeto de revisión.

4.3.- Si en gracia de discusión no se aceptara la tesis anterior, una interpretación razonable de la demanda presentada por Cuarto Frío permite concluir que, a pesar de invocarse la teoría del enriquecimiento sin causa, los hechos y pretensiones también tenían relación con las actividades contractuales desplegadas durante los años 1998 y 1999 por las partes, lo que le permitía a la Sección Tercera aplicar el principio iura novit curia y resolver de fondo el asunto en caso de considerar que se trataba de un asunto contractual.

Por eso, no es de recibo el único argumento expuesto en la sentencia inhibitoria para desechar la aplicación de este principio, esto es, que se estarían modificando la causa petendi y el petitum de la demanda, pues ambas acciones se estructurarían sobre los mismos hechos y la pretensión indemnizatoria sería la misma –el pago del suministro y la instalación de una torre de enfriamiento–, independientemente de que se entienda como una obra ajena al objeto del contrato celebrado entre las partes o como una mayor cantidad de obra.

4.4.- La Sección Tercera había aplicado en casos similares al que ocupa la atención de la Sala el principio iura novit curia, por lo que no existía justificación razonable para no hacerlo en este caso. Algunas sentencias que dan cuenta de ello fueron proferidas el 29 de enero de 2009, el 22 de julio de 2009 y el 28 de febrero de 2011.

Si bien las acciones de reparación directa y de controversias contractuales persiguen finalidades diferentes, ambas se tramitan por el mismo procedimiento y la competencia para conocerlas radica en el mismo juez. Además, no había operado el fenómeno de caducidad de la acción en ninguna de las dos y existían elementos probatorios suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo, trátese de hechos cumplidos –acción de reparación directa o actio in rem verso- o de un contrato –acción de controversias contractuales-.

4.5.- En síntesis, como la sentencia objeto de impugnación es del 12 de mayo de 2011, debía aplicarse la tesis vigente de la Sección Tercera para esa fecha, esto es, que la actio in rem verso era la vía judicial procedente para reclamar un enriquecimiento sin causa.

Sin embargo, si de los fundamentos de hecho y de derecho y de las pruebas recaudas en el proceso se encontraba que la acción procedente era otra –reparación directa o contractual- se debió aplicar de manera oficiosa el principio iura novit curia, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia.

En estos términos dejamos expuestos los argumentos que fundamentan nuestro desacuerdo con la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala.

Atentamente,

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Magistrado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Magistrado

Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2018. Rad.: 1998 – 00153. Magistrado Ponente: doctor Alberto Yepes Barreiro. Corte Constitucional. Sentencia C – 871 de 30 de septiembre de 2003. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 12 de julio de 2005. Rad.: Rev. 00143; reiterada en sentencia de 18 de octubre de 2005. Rad.: Rev. 00226. Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Ibídem. La Ley 600 de 2000, establece en el artículo 192. “La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: 1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas. 2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal. 3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. 4. Cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. 5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero. 6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones. 7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad”. La Ley 712 de 2001 establece lo siguiente en el artículo 30: “Recurso extraordinario de revisión. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios”. Artículo 31. “Causales de revisión: 1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas. 3. Cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal. 4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este artículo”. Corte Constitucional. Sentencia C – 520 de 4 de agosto de 2009. Magistrada Ponente: doctora María Victoria Calle Correa. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativa. Sentencia de 2 de marzo de 2010. Rad.: 2001 – 00091. Magistrado Ponente: doctor Mauricio Torres Cuervo. Ibidem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 19 de enero de 2016. Rad.: 2016 – 00070. Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2018.

Rad.: 1998 – 00153. Magistrado Ponente: doctor Alberto Yepes Barreiro. Contrato de Obra 033 de 1998. Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Magistrado Ponente: doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. La Corte sostuvo que: “[…] Sólo cuando se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales, porque ello implica una modificación fundamental del convenio inicial. Por lo mismo, debe entenderse que cuando la norma se refiere a la celebración de un contrato adicional por modificación del plazo o del valor se está frente a una mera reforma del contrato. Y que se celebra un contrato adicional cuando las partes contratantes acuerdan una modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato; como por ejemplo cuando en un contrato de obras públicas se pacta la construcción de un determinado tramo de una carretera y una vez en ejecución se determina que el tramo debe ampliarse; ese cambio obviamente redunda en la modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato principal, lo que conlleva necesariamente la celebración de un contrato adicional […]”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 7 de diciembre de 2016. Rad.: 2000 – 10277. Magistrada Ponente: doctora Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 2012. Rad.: 24.897. Ibídem. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Rad.: 2001 – 1504. Magistrado Ponente: doctor Mauricio Fajardo Gómez. Específicamente se cita la sentencia del 17 de marzo de 2010, proferida en el proceso con radicado 63001-23-31-000-1998-00164-01(16452), con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez, en la que al resolverse un caso similar se aplicó el principio iura novirt curia. En esa sentencia se dijo: “…a pesar de haber sido presentada la demanda con invocación de la acción de reparación directa, el juez, en aplicación del principio iura novit curia, está llamado a interpretar sus términos con el necesario respeto por la causa petendi y establecer que, en realidad, la ejercida fue precisamente la actio in rem verso,…con el fin de que la inadecuada escogencia de la acción por parte del actor no constituya impedimento para emitir un fallo de fondo”. Fl. 5 del cuaderno de revisión. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. Proceso 11001-03-15-000-1998-00153-0. CP. Alberto Yepes Barreiro. Fl. 3 y ss. del cuaderno de reparación directa. Fl. 66-71 del cuaderno de reparación directa. Cfr. Fls. 14-22, 96-102 del cuaderno de reparación directa. Fl. 99 del cuaderno de reparación directa. Fl. 243 del cuaderno de reparación directa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de noviembre de 1990, CP. Carlos Betancur Jaramillo, expediente 5883. Solo en una ocasión (sentencia del 11 de julio de 1996, CP Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicado: 9409), la Sección Tercera sostuvo que la acción procedente para obtener el pago de la ejecución de obras adicionales que no tenían respaldo en un contrato adicional era la contractual. De acuerdo con esa tesis aislada, cuando se efectúan obras indispensables para la ejecución del contrato principal, nace para el contratista el derecho a que se mantenga la ecuación financiera del contrato, principio con el cual deben resolverse este tipo de casos. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de julio de 1990, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente: 5579
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de noviembre de 1990, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente: 5883
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de febrero de 1991, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Radicado:

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Debe tenerse en cuenta que la firma venía prestando el servicio de interventoría por varios años, contrato que venía siendo adicionado en el plazo por otros contratos adicionales, lo que implica que se trataba del mismo objeto contractual. Dijo la sentencia: “Si se adopta la solución propuesta por el tribunal, ello obedece a que ante la ausencia del contrato adicional que debió celebrarse, es más justa para la persona que ejecutó la obra, pese a ese vacío, subsumir la acción en los supuestos de la actio in rem verso, que obligarla a demandar contractualmente apoyada en un contrato que no llegó a perfeccionarse”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 1991, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Radicado 6306
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de julio de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández, Radicado: 5876
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe Acosta, Radicado: 6822
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de septiembre de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández, Radicado: 6788
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de julio de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Radicado: 10030
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 1998, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Radicado: 11099
Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2002, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicado: 22178
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 23 de mayo de 2003, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente: 23532
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2004,Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicado: 25561
CP. Ramiro Saavedra Becerra. Radicado interno No. 14669. Obsérvese cómo el Consejo de Estado pretende utilizar dentro de una acción contractual, la figura de compensación de culpas, la cual es propia de la responsabilidad extracontractual. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar, Radicado interno: 15662
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Radicado interno: 35026
Dijo la sentencia: “En ese orden, en aquellos supuestos en que se despliega una actividad a favor de una entidad pública, sin que medie la existencia de contrato estatal no es posible enmarcar la reclamación derivada de la ejecución de las actividades adelantadas por el particular en la órbita contractual, puesto que, precisamente, hay una ausencia absoluta de negocio jurídico. Así mismo, no resulta viable encuadrar la eventual reclamación en la esfera de la responsabilidad extracontractual del Estado, en tanto que la administración pública en estos supuestos no genera como tal un perjuicio o lesión al particular, sino que, por el contrario, sin que exista causa jurídica de por medio, genera una expectativa en el sujeto particular que desencadena el desplazamiento patrimonial injustificado”. Sección Tercera, Subsección C, CP Olga Mélida Valle de De La Hoz, radicado 25000-23-26-000-2001-00540-01(36713). Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de julio de 1990, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente: 5579. Sentencia del 15 de noviembre de 1990, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente: 5883. Sentencia del 22 de febrero de 1991, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Radicado: 5618. Sentencia del 6 de septiembre de 1991, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Radicado 6306. Sentencia del 3 de julio de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández, Radicado: 5876. Sentencia del 10 de septiembre de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe Acosta, Radicado: 6822. Sentencia del 24 de septiembre de 1992, Consejero Ponente:

Juan de Dios Montes Hernández, Radicado: 6788. Sentencia del 4 de julio de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Radicado: 10030. Sentencia del 29 de enero de 1998, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Radicado: 11099. Auto del 18 de julio de 2002, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicado: 22178. Auto del 23 de mayo de 2003, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente: 23532. Sentencia del 15 de abril de 2004, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicado: 2556. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897), CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Proferida el 12 de mayo de 2011. Fl. 248 del cuaderno de reparación directa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, CP Myriam Guerrero de Escobar, radicado interno: 15662. Sentencia del 22 de julio de 2009, CP Enrique Gil Botero, radicado interno: 35026. Sentencia del 28 de febrero de 2011, CP Olga Mélida Valle de De La Hoz, radicado 25000-23-26-000-2001-00540-01(36713).

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