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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2014-00788-01

Fecha
2 de marzo de 2017
Consejero ponente
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2014-00788-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A CONFIRMAR la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, por las razones expuestas. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2014-00788-01

Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

2 de marzo de 2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA – Ampara / AUTORIDAD COMPETENTE PARA REALIZAR UNA CONSULTA POPULAR – Depende de la trascendencia nacional, departamental o municipal del asunto a consultar / COMPETENCIA COMPARTIDA Y COORDINADA ENTRE LA NACIÓN Y LAS AUTORIDADES TERRITORIALES PARA LLEVAR. A CABO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS – Municipio debe coordinar y armonizar sus actividades con las autoridades nacionales correspondientes

[Corresponde determinar a la Sala si] La providencia del 27 de febrero de 2014 incurrió en defecto sustantivo y procedimental, porque desconoció el régimen de competencias que la ley tiene establecido cuando se pretende convocar a una consulta popular un asunto de interés nacional. (…) La Sala observa que el artículo 103 de la Constitución Política prevé la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana y una expresión de la soberanía popular. Según la [Constitución Política], la determinación de la competencia para consultar al pueblo un determinado asunto requiere establecer si el objeto de la consulta es de transcendencia nacional o del respectivo departamento o municipio. En el primer caso, deberá ser convocado por el Presidente y, en el segundo caso, por los gobernadores o alcaldes. (…) Frente al caso en estudio es necesario precisar si el asunto que pretende consultar el Alcalde de Monterrey compete únicamente al municipio o, si por el contrario, también compete a las autoridades del orden nacional. (…) Al confrontar el contenido de los artículos 80, 332 y 334 de la Constitución Política se llega a la conclusión inobjetable que el Estado, por conducto de la Nación, es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, que a su cargo está la dirección general de la economía, la intervención en la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. En desarrollo de los mandatos constitucionales, la Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas, sigue los lineamientos en cuanto a la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables. En lo que interesa a la controversia, el artículo 37 del Código, vigente al momento de los hechos, como se anotó, disponía que ninguna autoridad regional, seccional o local, podrá establecer zonas del territorio que queden temporal o permanentemente excluidas de la actividad minera, con excepción a las facultades que se establecen en los artículos 34 y 35 de la misma disposición. (…) El Tribunal sostuvo que el alcance de los artículos 80, 332 y 334 de la Constitución no implican que la Nación sea la titular privativa y excluyente de toda posibilidad regulatoria de los recursos naturales, sino que pretende enfatizar que no son los particulares los que pueden pretender su apropiación y disposición. Sin perjuicio de estos planteamientos, lo cierto es que la normativa vigente al momento de la controversia, por lo menos, lleva a la conclusión que la restricción y regulación de actividades como la explotación de hidrocarburos escapa a la competencia excluyente de un municipio y que, por el contrario, requiere de la coordinación y articulación de las autoridades locales y nacionales. (…) [En tal sentido, la] Sala encuentra que le asiste razón al a quo al concluir que, si bien las entidades territoriales tienen responsabilidad en la protección ambiental, sin desconocer el principio de autonomía de que gozan los municipios, también deben coordinar y armonizar sus decisiones con las autoridades nacionales competentes, máxime cuando se trata de la disposición de los recursos no renovables y del subsuelo, cuya propiedad, se insiste, es de la Nación, [se] encuentra, entonces, acreditado el defecto sustantivo alegado y, por tanto, [se] confirmará la providencia impugnada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 80 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 332 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 334 / LEY 685 DE 2011 – ARTÍCULO 37

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00788-01(AC)

Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Zoraida Coronada Parra, tercera con interés, contra la providencia del 12 de mayo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que decidió:

DECRÉTASE el amparo del derecho fundamental del debido proceso de la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DÉJASE SIN EFECTOS tota la actuación surtida para el trámite de la consulta popular objeto de la presente acción de tutela, por las razones aquí expuestas.
(…)

ANTECEDENTES

Pretensiones

La Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL S.A.-, por medio de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al trabajo. En consecuencia, pidió:

(…)
Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso de la Accionante ECOPETROL S.A. al configurarse en este caso, tanto una vía de hecho por defecto sustancial, como varias vías de hecho por un defecto procedimental, contenida en el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Casanare el 27 de febrero de 2014, pronunciado en el radicado bajo el No.850012331002-2013-00277-00.
Que se deje sin valor y efecto la providencia emitida por el Tribunal Administrativo del Casanare el 27 de febrero de 2014, pronunciada en el curso del trámite radicado bajo el No. No.850012331002-2013-00277-00”.

Como medida provisional solicitó:

(…) le solicito a ese Despacho que disponga la suspensión del trámite administrativo de consulta popular del municipio de Monterrey (Casanare), mediante el envío de un oficio al alcalde de dicho municipio y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, mientras se resuelve esta acción de tutela.

Hechos

La Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Que el 12 de noviembre de 2013, el Alcalde del municipio de Monterrey (Casanare), en atención a la petición formulada el 4 de octubre del mismo año por un grupo de ciudadanos del municipio, solicitó al Concejo Municipal concepto sobre la procedencia de someter a consideración de la población la siguiente pregunta:

¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas Cacical, Guayabal, Piñalera y Guadualito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del Municipio de Monterrey? SÍ _ NO_.

Que el Concejo Municipal, según Acta n.° 101 del 29 de noviembre de 2013, rindió concepto favorable a la consulta del Alcalde, en consecuencia, el 13 de diciembre de 2013, este funcionario remitió al Tribunal Administrativo de Casanare la consulta popular para el examen de constitucionalidad.

Que el 16 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Casanare convocó a audiencia pública para el 16 de enero de 2014, con el propósito de escuchar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Corporinoquía y a los Ministerios de Minas y Energía y Ambiente.

Que, ECOPETROL S.A., como titular de los derechos otorgados por el Estado para la explotación de hidrocarburos en algunas veredas del municipio de Monterrey, en virtud del contrato de Exploración y Producción ODISEA 3D suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estimó vulnerado el derecho al debido proceso, pues no se le permitió participar en dicha audiencia. Por esta razón, ejerció acción de tutela ante el Consejo de Estado, en virtud de la cual, como medida previa, se suspendió la diligencia y, en fallo del 13 de febrero de 2014, se amparó el derecho fundamental invocado (Rad. 2014-00063).

Que en cumplimiento de la orden de tutela, el Tribunal Administrativo de Casanare prescindió de la audiencia y en providencia del 27 de febrero de 2014 declaró “ajustado a la Constitución el procedimiento previo y el texto de la pregunta que el Alcalde de Monterrey pretende someter a consulta popular”.

En la misma decisión, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre las peticiones, recursos y solicitudes de nulidad propuestos por varios interesados, al considerar que el trámite de constitucionalidad no tiene carácter litigioso por lo que no hay partes, en estricto sentido, y contra las decisiones allí adoptadas no procede algún medio de impugnación.

Que conforme con lo decidido por el Tribunal, el Alcalde de Monterrey dictó el Decreto 013 del 3 de abril de 2014, por medio del cual convocó a los ciudadanos del municipio a una consulta popular para el 27 de abril de 2014.

Argumentos de la tutela

ECOPETROL S.A. considera que la providencia del Tribunal del Casanare incurrió en defecto sustantivo y procedimental, pues desconoció el régimen de competencias que la ley tiene establecido para las convocatorias a consulta popular.

Que no observó las limitaciones de las entidades territoriales para convocar consultas populares, previstas en los artículos 8 y 51 de la Ley 134 de 1994 y omitió la Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios, los Decretos 2811 de 1974 y 2371 de 2010, así como el artículo 332 que prescribe que el Estado, por conducto de la Nación, es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.

Que el análisis de constitucionalidad de la consulta popular no fue correcto, porque no se practicaron pruebas para verificar si las veredas allí enunciadas están ubicadas en la zona de recarga hídrica del municipio y no se reparó en el hecho que la pregunta era confusa por contener conceptos técnicos, que no permitían su comprensión por la ciudadanía.
Finalmente, que no se decidieron los recursos, incidentes y peticiones presentados en el trámite de constitucionalidad.

Intervención del Tribunal Administrativo de Casanare (autoridad judicial demandada)

Los Magistrados Néstor Trujillo González y José Antonio Figueroa Burbano señalaron que la Corporación es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la convocatoria a una consulta popular en el municipio de Monterrey por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana del orden local, que no del ámbito nacional, como lo ordena el artículo 53 de la Ley 134 de 1994.

Que el fondo de la discusión planteada por el demandante está en los límites de la autoridad administrativa municipal para expedir actos con sustento en los resultados de la consulta popular, asunto que la providencia reprochada no abordó por las razones allí expuestas.

Que están suficientemente justificados los motivos por los que al trámite de constitucionalidad no fueron vinculados partes ni intervinientes, de allí que la afectación que alega ECOPERTROL S.A. no resulta fundada, pues no podía afectarse el derecho al debido proceso de quien no tenía aptitud jurídica para ser considerado como sujeto procesal. El análisis del Tribunal consistió en la confrontación de la pregunta con el ordenamiento y la decisión no obedeció a la contraposición de los argumentos expuestos por las partes en contienda, como sí sucede en un proceso judicial de carácter contencioso.

Intervención del Ministerio Público

La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó que la pregunta de la consulta popular utiliza términos técnicos y específicos, que al ser sometidos al electorado municipal no ofrecen garantía de que el objeto de la participación ciudadana se cumpla. Es necesario que, previo a la votación, se realice la difusión y pedagogía para que los participantes en la consulta puedan comprender efectivamente las consecuencias de su decisión.

Que si bien es cierto que el mecanismo de consulta popular puede ser adelantado en las entidades territoriales, también lo es que procede frente a asuntos de competencia del orden local, pero no del nivel nacional, como se advierte con claridad en los artículos 80, 332 y 334 de la Constitución Política, que prescriben que el Estado, por conducto de la Nación, es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales.

De manera que la competencia de las entidades territoriales no se puede extender frente a asuntos que competen exclusivamente a la Nación, aunque se trate controversias sobre el subsuelo de una localidad. Un planteamiento en contrario significa desconocer la articulación armónica y coherente fijada por la Constitución y la ley.

Que ECOPETROL S.A. está legitimada, como tercera directamente afectada, para intervenir en el procedimiento de la consulta popular, pues si bien es una sociedad comercial, su componente mayoritario es del Estado Colombiano, aunado a que celebró con la Agencia Nacional de Hidrocarburos el contrato de exploración y producción ODISEA. Con ocasión de este negocio jurídico, debe cumplir obligaciones durante el periodo exploratorio, que involucran la adquisición de 440 kilómetros de información sísmica ODISEA 3, actividad aprobada por CORPORINOQUÍA en su condición de autoridad ambiental.

En conclusión, la providencia reprochada no tuvo en cuenta las limitaciones y las restricciones establecidas por los artículos 8 y 51 de la Ley 134 de 1994, que impiden por vía de una consulta municipal decidir temas de competencia de las autoridades nacionales, tampoco el precedente fijado en la sentencia T-123 de 2009, en el sentido que el derecho de participación ciudadana no es absoluto, toda vez que este se debe ajustar a las restricciones impuestas en la Constitución y en la ley.

Intervención de terceros

La Directora de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado resaltó que el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas, ordena que ninguna autoridad regional, seccional o local puede establecer zonas del territorio que quedan permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-123 de 2014. El Decreto 934 de 2013 dispone que los municipios no tienen competencia para establecer zonas excluidas y restringidas de la minería.
Que las excepciones a este mandado, establecidas por los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001, están plenamente reguladas y condicionadas a que se cumplan determinados requisitos y si el municipio de Monterrey desea restringir la minería en algunos sectores de su territorio, no resulta viable esa prohibición por vía de la consulta popular, sino que le corresponde acreditar los requisitos y proceder al efecto.

Que la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare desconoce abiertamente el derecho al debido proceso de ECOPETROL, pues modifica el régimen de competencias para la definición del uso del subsuelo y somete su regulación a una consulta ciudadana del nivel local, en evidente pugna con las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia.

La apoderada de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. coadyuvó la solicitud de tutela, pues consideró que el Alcalde del municipio de Monterrey no puede convocar una consulta popular para decidir sobre asuntos que transcienden el ámbito local, máxime que en el presente caso se involucran decisiones de autoridades nacionales, la explotación de recursos naturales de interés de toda la población y se pretende restringir la actividad de la empresa estatal más importante.

El apoderado del Ministerio de Minas y Energía coadyuvó la solicitud de tutela y advirtió que la providencia reprochada es contraria al régimen de competencias de las autoridades nacionales, pues la ejecución de actividades del sector de hidrocarburos no solo reporta un beneficio presupuestal para la Nación, sino que de manera particular afecta a todos los sectores de la economía por su influencia en el suministro de materias primas, combustibles y productos de uso diario derivados del petróleo.

Que el Decreto 1056 de 1953 declaró que la industria del petróleo es de utilidad pública y la Ley 10 de 1969 dispuso que las minas y los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación, normas que se encuentran en perfecta armonía con el artículo 58 de la Constitución Política.

Que la providencia cuestionada desconoció que la Constitución Política determina que el Estado, por conducto de la Nación, es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, por tanto, a aquella compete exclusivamente la explotación de los recursos naturales.

La apoderada de la Agencia Nacional de Hidrocarburos coadyuvó la solicitud de tutela en cuanto consideró que de la decisión que aquí se adopte depende la ejecución del contrato suscrito el 6 de agosto de 2008 entre la agencia y ECOPETROL S.A., para la exploración y producción de hidrocarburos. La negativa a las pretensiones de la tutela implicaría la afectación de la economía del país y del servicio público que se pretende satisfacer con la explotación petrolera.

Que la decisión reprochada ignora la trascendencia del asunto que se pretende consultar a los habitantes del municipio de Monterrey, también que la Ley 134 de 1994 faculta únicamente a las autoridades nacionales para convocar a los ciudadanos a una consulta popular para decidir temas que competen a la Nación.

Que se incurrió en defecto sustantivo, porque se dejó de aplicar el artículo 332 de la Constitución Política, sobre la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables que pertenecen al Estado, el Decreto 1053 de 1953 que declaró que la industria del petróleo es de utilidad pública, previsión reiterada por la Ley 1274 de 2009.

Que la pregunta que se quiere poner a consideración de los pobladores del municipio de Monterrey no cumple con los criterios de claridad necesarios, pues debido a la inclusión de conceptos técnicos tales como la exploración sísmica, la perforación exploratoria, la producción de hidrocarburos y la recarga hídrica, su comprensión no es posible por todo el electorado y, por ende, se generará confusión y falta de certeza en la decisión.

Además, que la pregunta induce a una respuesta negativa, pues la redacción sugiere que la realización de las actividades que allí se indican afectará el recurso hídrico, lo cual no es preciso y, por el contrario, resulta tendencioso.

Que el derecho a la participación ciudadana no tiene carácter absoluto, como lo estableció la Corte Constitucional, mediante sentencia T-123 de 2009, pues en ningún caso el asunto sometido a decisión popular puede trasgredir la Constitución o la Ley.

El representante legal de la Asociación Colombiana del Petróleo coadyuvó la solicitud de tutela y legitimó el interés de la organización, porque agrupa las compañías dedicadas a las actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo.
Que la acción de tutela es procedente para que se precisen los alcances del control de constitucionalidad que establece la ley para el trámite de una convocatoria a consulta popular en el orden local.

Que la providencia reprochada excedió el marco normativo aplicable, porque avaló que, por vía de una consulta popular de carácter municipal, se decidieran asuntos de competencia de las autoridades nacionales, concretamente, la regulación de la explotación de hidrocarburos. Además, afectó el debido proceso de ECOPETROL S.A., pues le impidió participar del proceso judicial y, al mismo tiempo, facultó a una autoridad municipal para que tomara decisiones por fuera de sus competencias, situación que afecta la seguridad jurídica.

Que carece de sustentos fácticos sólidos, no existen medios probatorios que sustenten la razón de ser de la pregunta, con el agravante que se parte de una premisa falsa, a saber, la supuesta existencia de un conflicto entre la actividad petrolera y la preservación del recurso hídrico, hipótesis que no fue probada ni siquiera de manera sumaria por el Alcalde del municipio de Monterrey.

Que si lo pretendido con la consulta popular es proteger el ambiente, la pregunta aprobada por la providencia es inapropiada para alcanzar el propósito, porque parte del supuesto que en las veredas allí mencionadas existe una zona de recarga hídrica, sin que ello hubiese sido probado.

La señora Zoraida Coronado Parra intervino en la actuación, mediante documento suscrito por varios ciudadanos del municipio de Monterrey en el que solicitaron no acceder al amparo solicitado.

Señaló que las razones que dieron lugar a la convocatoria de la consulta popular son de transcendencia local, pues lo que se busca es preservar y proteger las reservas hídricas del río Túa, ubicadas en las veredas Guayabal, Casical, Piñalera y Guadualito, que surten de agua los acueductos de 21 veredas, el casco urbano de Monterrey y las veredas de Tauramena.

Que la consulta no pretende entorpecer la actividad petrolera, máxime que esa industria siempre ha estado presente en el municipio, lo que se busca es proteger las zonas de donde mana el recurso hídrico.
Que el procedimiento contemplado en el ordenamiento para la convocatoria a consulta popular no prevé la vinculación de alguna persona natural o jurídica, porque no se trata de un proceso contencioso, entonces, al no existir partes tampoco se puede afirmar la violación al debido proceso de los interesados.

Que tampoco se ha afectado el derecho de ECOPETROL S.A. a ejercer su actividad económica, por el contrario, la empresa ha ejecutado el contrato ODISEA en la jurisdicción de Monterrey, a pesar del daño ambiental y el deterioro a viviendas aledañas.

Que de permitirse la exploración mediante trabajos de sísmica en el sitio donde se encuentran las reservas hídricas del municipio, se estaría poniendo en riesgo el derecho fundamental a la vida.

Los representantes de las Resistencias Mineras declararon que el Gobierno Nacional desconoce los principios de autonomía y soberanía popular con la regulación sobre la extracción de recursos naturales no renovables. Ejemplo de ello es la expedición del Decreto 934 de 2013 y el desconocimiento de las decisiones adoptadas por las comunidades de Piedras (Tolima) y de Tauramena (Casanare) que, por conducto de la consulta popular, se opusieron al desarrollo de la industria minera y de hidrocarburos en el territorio de esos municipios.

Que el artículo 8 de la Constitución Política impone al Estado y a las personas la obligación de proteger los recursos naturales y culturales de la Nación, por su parte, el 58 ejusdem dispone que la propiedad cumple una función ecológica y social, de manera que prevalece el interés público sobre el particular.

El apoderado del Municipio de Monterrey sostuvo que la consulta popular objeto de la acción de tutela, en lo relacionado con la actuación del municipio de Monterrey, ha cumplido las disposiciones constitucionales y legales que reglamentan el tema.

7. Sentencia impugnada

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado accedió a las súplicas de la demanda por los siguientes argumentos:

Que en desarrollo del artículo 103 de la Constitución Política sobre la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, se dictó la Ley 134 de 1994, Estatutaria de los Mecanismos de Participación, que estableció los requisitos y procedimientos para adelantar las consultas populares. En relación con las consultas municipales se fijó como primer presupuesto la competencia, pues solo los asuntos del orden local pueden ser sometidos a la decisión de los ciudadanos.

Si bien el alcalde tiene competencias en materia ambiental en su respectivo territorio, no puede desconocer y limitar los aspectos que trascienden su ámbito de decisión, pues en ese escenario le corresponde acudir a la autoridad competente para que, de manera coordinada y concurrente, se implementen las medidas tendientes a lograr los fines del Estado, por ejemplo, mediante la búsqueda de espacios que involucren la participación de la ciudadanía directamente involucrada en la toma de decisiones.

Que en la providencia cuestionada no se realizó un examen armónico de las normas que asignan la competencia al Estado para regular los temas relativos a la explotación de los recursos naturales no renovables, pues tanto de la lectura de las disposiciones constitucionales, como de su desarrollo legal, es posible entender que, si bien las entidades territoriales tienen responsabilidad en la protección del ambiente, sin desconocer el principio de autonomía de que gozan los municipios, deben respetar la competencia de las autoridades nacionales.

Que la consulta en estudio trata aspectos que desbordaban el marco de competencia del ente territorial, toda vez que el subsuelo es de propiedad de la Nación y en la exploración y explotación de hidrocarburos están comprometidas entidades de ese orden.

Que en los términos en que fue planteada la pregunta lleva a equívocos, porque la redacción es tendenciosa y sugiere que la actividad a desarrollar está ubicada en zona de recarga hídrica y que el impacto de dicha actividad es totalmente negativo en aquellas zonas, sin contar con un soporte técnico que demuestre la afectación, sin valorar los planes y acciones presentados a la autoridad ambiental y sin haber puesto en conocimiento de la comunidad todos los elementos de juicio para la decisión.

En consecuencia, le asiste razón a ECOPETROL S.A. cuando afirma que la pregunta busca que, mediante un pronunciamiento de los habitantes de Monterrey, se limite la actividad petrolera, es decir, el propósito de la consulta trasciende la protección de las zonas de recarga hídrica del municipio.

Concluyó que el ejercicio de las competencias de las autoridades administrativas locales debe propender por el desarrollo sostenible, para lograr el progreso económico sin afectar el ambiente, de allí que es necesario analizar datos técnicos sobre las operaciones, sus consecuencias y la manera de mitigarlos. Con base en ello y en coordinación con las autoridades del orden nacional competentes, se deben adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos que la actividad de explotación de hidrocarburos puede generar en el ambiente.

8. Impugnación

La señora Zoraida Coronado Parra impugnó la decisión y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de intervención como tercera interesada y agregó que la tutela es temeraria, porque el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia de 13 de febrero de 2014, resolvió la acción de tutela interpuesta por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Casanare por los mismos hechos.

Que la providencia acusada no incurrió en defecto sustantivo ni procedimental, luego no se configuró la violación del debido proceso alegada.

El apoderado del municipio de Monterrey Casanare, fuera del término, impugnó la decisión de primera instancia. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de intervención.

CONSIDERACIONES

En orden a resolver la presente solicitud de amparo, la Sala se referirá, en primer lugar, a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Luego, verificará si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad establecidos por la Corte Constitucional. Si no se cumplen, la tutela se declarará improcedente. De lo contrario, se estudiará el fondo del asunto, en los términos que propuso la demandante.

La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para conceder la tutela.

A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. Además, debe examinar si el demandante identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales. No son suficientes las simples inconformidades frente a las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe demostrar que la providencia cuestionada vulneró o dejó en situación de amenaza derechos fundamentales.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (I) defecto sustantivo, (II) defecto fáctico, (III) defecto procedimental absoluto, (IV) defecto orgánico, (V) error inducido, (VI) decisión sin motivación, (VII) desconocimiento del precedente y (VIII) violación directa de la Constitución.

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

La tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales

Es de esa manera que se estudia una providencia judicial mediante el mecanismo excepcional de la acción de tutela.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales

De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute tiene relevancia constitucional porque se trata de garantizar el derecho de los ciudadanos de Monterrey a participar en la consulta popular que se adelanta en ese municipio.

De la inmediatez: la tutela cumple el requisito de inmediatez, por cuanto la providencia cuestionada es del 27 de febrero de 2014, mientras que la tutela se presentó el 4 de abril siguiente, término que resulta razonable.

Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito también está acreditado, pues conforme al artículo 53 de la Ley 134 de 1994, el tribunal administrativo de la jurisdicción donde se hará la consulta es competente para conocer la constitucionalidad, trámite que se da en única instancia.

No se cuestiona una providencia de tutela, sino una dictada en el curso de la consulta popular que adelanta el municipio de Monterrey.

Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, de acuerdo con la metodología anunciada, corresponde a la Sala resolver el asunto de fondo.

Planteamiento del problema jurídico

Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el Alcalde del municipio de Monterrey (Casanare), en atención a la petición formulada el 4 de octubre de 2013 por un grupo de ciudadanos de ese municipio, el 12 de noviembre del mismo año, solicitó al Concejo Municipal concepto sobre la conveniencia de someter a consideración de la población, mediante consulta popular, la siguiente pregunta:

¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas Cacical, Guayabal, Piñalera y Guadualito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del Municipio de Monterrey? SI _ NO_.

El Concejo Municipal, según Acta n.° 101 del 29 de noviembre de 2013, rindió concepto favorable a la consulta propuesta por el Alcalde, quien el 13 de diciembre del mismo año remitió la pregunta para el examen de constitucionalidad por el Tribunal Administrativo de Casanare.

El 16 de diciembre de 2013, el tribunal convocó a audiencia pública para el 16 de enero de 2014, en la que escucharía a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Corporinoquía y a los Ministerios de Minas y Energía y Ambiente.

ECOPETROL S.A., como empresa titular de los derechos otorgados por el Estado para la explotación de hidrocarburos en algunas veredas del municipio de Monterrey, en virtud del contrato de Exploración y Producción ODISEA 3D celebrado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estimó vulnerado el derecho al debido proceso, porque no pudo intervenir en esa diligencia.

De manera que ECOPTEROL S.A. ejerció acción de tutela ante el Consejo de Estado, que, como medida provisional, suspendió la audiencia y, en fallo del 13 de febrero de 2014, amparó el derecho fundamental al debido proceso. (Rad.: 2014-00063).

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Casanare prescindió de la audiencia y en providencia del 27 de febrero de 2014 declaró “ajustado a la Constitución el procedimiento previo y el texto de la pregunta que el Alcalde de Monterrey pretende someter a consulta popular”.

La providencia en mención señaló que se abstenía de decidir sobre las peticiones, recursos y solicitudes de nulidad propuestos por terceros, al considerar que el estudio de constitucionalidad de la consulta popular no tiene carácter contencioso, por tanto, no tiene partes en estricto sentido ni intervinientes y contra las decisiones allí adoptadas no procede recurso alguno.

En virtud de lo anterior, el Alcalde de Monterrey expidió el Decreto 013 del 3 de abril de 2014, por medio del cual convocó a los ciudadanos del municipio a una consulta popular para el día 27 de abril de 2014, pero fue suspendida por esta Corporación como una medida cautelar mediante auto del 23 de abril de 2014.

En primer lugar, la Sala aclara que solo resolverá la impugnación formulada por la señora Zoraida Coronado Parra, toda vez que el recurso propuesto por el apoderado del municipio de Monterrey fue extemporáneo, por lo que la Sala no lo tendrá en cuenta.

La Sala debe, entonces, resolver los siguientes problemas jurídicos:

I) Si la presente acción es temeraria, toda vez que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 13 de febrero de 2014, resolvió la acción de tutela interpuesta por la parte demandante contra el Tribunal Administrativo de Casanare, supuestamente por los mismos hechos que se alegan en esta tutela.

II) ¿La providencia del 27 de febrero de 2014 incurrió en defecto sustantivo y procedimental, porque desconoció el régimen de competencias que la ley tiene establecido cuando se pretende convocar a una consulta popular un asunto de interés nacional?

4. Temeridad

Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria se produce cuando una misma acción de tutela es presentada por la misma persona o por su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado.

En relación con el ejercicio temerario de la acción de tutela la Corte Constitucional, en la sentencia T-655 de 1998, se pronunció en los siguientes términos:

“Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria se produce cuando una misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado. Sin embargo, esta Corporación ha estimado que el evento de temeridad antes señalado debe ser complementado con las disposiciones de los artículos 73 y 74 del Código de Procedimiento Civil, en los cuales se consagran causales adicionales de temeridad o mala fe tales como la carencia de fundamento legal para demandar, la alegación a sabiendas de hechos contrarios a la realidad, la utilización del proceso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos, la obstrucción a la práctica de pruebas y el entorpecimiento reiterado del desarrollo normal del proceso por cualquier otro motivo.Conforme a la normatividad anterior, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe (C.P., artículo 83) y, por tanto, ha sido entendida como "la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso." En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una "actitud torticera", que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa", que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción", o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".

En el presente caso, de las pruebas que obran en el expediente se advierte lo siguiente:
Previa solicitud del Alcalde del municipio de Monterrey, sobre el examen de constitucionalidad del trámite de la consulta popular en mención, el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto del 16 de diciembre de 2013, convocó a audiencia pública el 16 de enero de 2014, en la que escucharía a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Corporinoquía y a los Ministerios de Minas y Energía y Ambiente.

ECOPETROL estimó vulnerado su derecho fundamental al debido proceso al no permitírsele participar en la audiencia referida, por lo que interpuso acción de tutela, que conoció el Consejo de Estado y que se decidió con sentencia del 13 de febrero de 2014.

En esa providencia se estudió siguiente problema jurídico: “de acuerdo con los antecedentes del caso, corresponde a la Sala verificar la presunta violación al debido proceso alegada por la Empresa Colombiana de Petróleos, en el trámite de revisión constitucional que se surte en el Tribunal accionado respecto del texto de la consulta popular que el alcalde de Monterrey pretende someter a consideración del electorado municipal; concretamente, al no permitir su intervención en la audiencia convocada mediante auto de 16 de diciembre de 2013, en condiciones de igualdad respecto de las autoridades del orden nacional en materia ambiental y del sector de hidrocarburos que sí fueron convocadas”.

En esa oportunidad la parte demandante invocó la protección del derecho fundamental al debido proceso, al considerarlo vulnerado porque no pudo intervenir en la audiencia convocada por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto del 16 de diciembre de 2013.

En la providencia referida, se llegó a la siguiente conclusión:

“De acuerdo con los anteriores razonamientos expuestos en esta decisión hay lugar a otorgar el amparo al derecho fundamental al debido proceso. Sin embargo la Sala no impartirá las órdenes solicitadas por la Empresa Colombiana de Petróleos en el escrito de tutela, pues según se vio la realización de la audiencia pública resulta contraria a las formas propias del procedimiento establecido en la Ley 134 de 1994, y al principio del juez natural.

Ahora bien, en vista que mediante auto de 7 de febrero de los corrientes el Tribunal prescindió de la audiencia que había programado, según informa la parte actora a través de memorial radicado el 14 de febrero en la Secretaría General, la Sala no emitirá orden alguna al Tribunal. No obstante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto ley 2591 de 1991, se prevendrá a la autoridad pública accionada para que en ningún caso incurra en las acciones que dieron origen a la presente decisión”.

En el caso bajo estudio es evidente que se configura un hecho nuevo para el ejercicio de la tutela, esto es, que la actora alega la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la providencia del 27 de febrero de 2014, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare declaró ajustado a la Constitución el procedimiento previo y el texto de la pregunta que el Alcalde del municipio de Monterrey pretende someter a consulta popular.

En consecuencia, la Sala no encuentra demostrada la conducta temeraria alegada en el escrito de impugnación, pues como se explicó, en la fecha en que se interpuso la primera solicitud de amparo, el tribunal demandado no había proferido la providencia cuestionada en el presente asunto, que es la sentencia definitiva que decidió sobre la constitucionalidad de la pregunta sometida a consulta.

Dicho lo anterior, se hace necesario el estudio de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial alegadas por la actora y que se cuestionaron en el escrito de impugnación.

5. Defecto sustantivo

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que una providencia judicial adolece del defecto sustantivo:

Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,

(ii)        Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,

(iii)       Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”

La actora considera que la providencia proferida por el Tribunal contiene defectos de orden sustantivo y procedimental, porque desconoció el régimen de competencias que la ley tiene establecido cuando se pretende convocar a una consulta popular.

6. Caso concreto

Previo a verificar la configuración de los defectos, conviene advertir que:

i) El artículo 37 de la Ley 685 de 2001 tenía previsto que: “Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.
Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo”.

La Corte Constitucional por sentencia C-123 de 2014 declaró exequible la norma con la condición que: “(…) en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política (…)”.

Asimismo, la Corte Constitucional por sentencia C-273 de 2016 declaró inexequible la norma.

Las dos sentencias de la Corte Constitucional son posteriores a la providencia del 27 de febrero de 2014 del Tribunal Administrativo de Casanare y los efectos de sus decisiones son a futuro, conforme con el mandato del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, luego no podían constituir el marco para el estudio de constitucionalidad de la consulta popular del municipio de Monterrey.

ii) La Ley 1757 del 2 de julio de 2015 adoptó disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Esta norma tuvo control previo de constitucionalidad, mediante sentencia C 150 de 2015. Como la ley es posterior a la consulta popular en estudio, tampoco puede ser tenida en cuenta para la decisión del asunto, por tanto el marco de referencia será la Ley 134 de 1994.

iii) El Decreto 934 del 9 de mayo de 2013, reglamentario del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 fue suspendido de manera provisional por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en providencia del 3 de septiembre de 2014, confirmada el 25 de noviembre de 2015, de manera que cuando se dictó la providencia objeto de tutela se encontraba produciendo efectos.

Hechas estas precisiones, se procede al análisis correspondiente.

ECOPETROL S.A. sostiene que la providencia reprochada no observó las limitaciones que tienen las entidades territoriales para convocar consultas populares, especialmente, los límites dispuestos por los artículos 8 y 51 de la Ley 134 de 1994, también que omitió la Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios, y los Decretos 2811 de 1974 y 2371 de 2010 y que pasó por alto el artículo 332 de la Constitución que prescribe que el Estado, por conducto de la Nación, es propietario del subsuelo, de los recursos naturales no renovables, por lo que solo a él le compete la regulación sobre la materia.

La parte demandante afirma que el estudio de constitucionalidad de la consulta popular desconoció que el principio de desarrollo sostenible es un postulado esencial del Plan Nacional de Desarrollo, el cual integra los intereses de la industria del petróleo con la conservación del ambiente sano, tanto en el nivel nacional como en el local.

Asimismo, la actora aduce que la providencia cuestionada no evaluó adecuadamente la pregunta presentada por el Alcalde de Monterrey, porque no se fundó en pruebas que permitieran verificar que las veredas allí enunciadas están ubicadas en la zona de recarga hídrica del municipio. Aunado a que la pregunta no es clara, pues contiene conceptos técnicos cuyo significado no es de dominio común para todo el electorado, por ende, la decisión de la consulta popular puede resultar viciada por falta de elementos de juicio de la ciudadanía.

Finalmente, ECOPETROL S.A. afirma que la providencia vulneró los derechos invocados, toda vez que no tuvo en cuenta los recursos, incidentes y peticiones que propuso como interesada en las resultas de la actuación.

La Sala observa que el artículo 103 de la Constitución Política prevé la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana y una expresión de la soberanía popular.

En relación con la competencia para realizar consultas populares los artículos, 104 y 105 de la Constitución Política, disponen lo siguiente:

“ARTÍCULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.
ARTÍCULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio”. (Negrillas fuera del texto original).

Según las normas constitucionales transcritas, la determinación de la competencia para consultar al pueblo un determinado asunto requiere establecer si el objeto de la consulta es de transcendencia nacional o del respectivo departamento o municipio. En el primer caso, deberá ser convocado por el Presidente y, en el segundo caso, por los gobernadores o alcaldes.

La Ley 134 de 1994, Estatutaria de los Mecanismos de Participación, establece los requisitos y el procedimiento para adelantar las consultas populares. En relación con la competencia de las entidades territoriales prevé:

“ARTÍCULO 8o. CONSULTA POPULAR. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República.
ARTÍCULO 51. CONSULTA POPULAR A NIVEL DEPARTAMENTAL, DISTRITAL, MUNICIPAL Y LOCAL. Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales”. (Negrillas fuera del texto).

Es claro, entonces, que, por un lado, la decisión del pueblo cuando se le consulta un determinado asunto es obligatoria y, por otro lado, que los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sólo sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales, no así sobre asuntos que también competen a las autoridades del orden nacional.

Frente al caso en estudio es necesario precisar si el asunto que pretende consultar el Alcalde de Monterrey compete únicamente al municipio o, si por el contrario, también compete a las autoridades del orden nacional. Recuérdese que ECOPETROL S.A. obtuvo los permisos y concesiones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de Corporinoquía, también que el contrato de exploración y explotación ODISEA se ejecuta en el territorio mencionado por la pregunta de la consulta.

Al confrontar el contenido de los artículos 80, 332 y 334 de la Constitución Política se llega a la conclusión inobjetable que el Estado, por conducto de la Nación, es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, que a su cargo está la dirección general de la economía, la intervención en la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

En desarrollo de los mandatos constitucionales, la Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas, sigue los lineamientos en cuanto a la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables. En lo que interesa a la controversia, el artículo 37 del Código, vigente al momento de los hechos, como se anotó, disponía que ninguna autoridad regional, seccional o local, podrá establecer zonas del territorio que queden temporal o permanentemente excluidas de la actividad minera, con excepción a las facultades que se establecen en los artículos 34 y 35 de la misma disposición.

La providencia reprochada se pronunció en favor de la constitucionalidad de la pregunta que el Alcalde de Monterrey puso en su conocimiento, la cual se plateó en los siguientes términos:

“¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas Cacical, Guayabal, Piñalera y Guadualito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del Municipio de Monterrey? SI _ NO_.”

De la revisión de la decisión acusada se observa que el tribunal señaló que “en un complejo escenario de fronteras porosas, no puede igualmente a priori, como lo pretenden los voceros de la Nación, privarse a las autoridades territoriales de toda oportunidad de ocuparse de la jurisdicción ambiental, en su jurisdicción propia, en asuntos de tanta importancia como la ponderación acerca de qué deba hacerse prevalecer si la industria extractiva de un recurso natural estratégico, como el petróleo, o a preservación de un modelo de vida (…)”.

El Tribunal sostuvo que el alcance de los artículos 80, 332 y 334 de la Constitución no implican que la Nación sea la titular privativa y excluyente de toda posibilidad regulatoria de los recursos naturales, sino que pretende enfatizar que no son los particulares los que pueden pretender su apropiación y disposición.

Sin perjuicio de estos planteamientos, lo cierto es que la normativa vigente al momento de la controversia, por lo menos, lleva a la conclusión que la restricción y regulación de actividades como la explotación de hidrocarburos escapa a la competencia excluyente de un municipio y que, por el contrario, requiere de la coordinación y articulación de las autoridades locales y nacionales.

De allí que el asunto que se pretende elevar a consulta popular desborda el interés y las competencias del municipio de Monterrey, en sustento de ello, conviene reiterar la existencia de permisos y licencias concedidas por autoridades del orden nacional, tales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Corporinoquía, para que ECOPETROL S.A. explore y explote yacimientos petroleros, que precisamente están en el área objeto de consulta. El Tribunal no reparó sobre este punto ni hizo consideración alguna.

Quiere decir lo anterior que si bien hay un interés municipal, el objeto de la consulta desborda ese ámbito por la protección nacional que tienen los bienes objeto de explotación, luego se debió, de manera coordinada, vincular a las autoridades nacionales.

La Sala encuentra que le asiste razón al a quo al concluir que, si bien las entidades territoriales tienen responsabilidad en la protección ambiental, sin desconocer el principio de autonomía de que gozan los municipios, también deben coordinar y armonizar sus decisiones con las autoridades nacionales competentes, máxime cuando se trata de la disposición de los recursos no renovables y del subsuelo, cuya propiedad, se insiste, es de la Nación.

De acuerdo con lo expuesto, la providencia reprochada debió analizar si el asunto sometido a consulta popular radica únicamente en las competencias del municipio como regulador del uso de su suelo, en los términos del artículo 313 de la Constitución Política y de la Ley 388 de 1997, o si, en efecto, el tema de la consulta también toca aspectos propios de competencia de la Nación, como lo prescribe el artículo 332 superior.

La Sala encuentra que lo anterior no desconoce que las autoridades locales deben propender por el desarrollo sostenible, por el contrario, como se señaló en la decisión impugnada, se debe buscar la coordinación con las autoridades del orden nacional competentes, para, una vez evaluados técnicamente las consecuencias de la actividad de explotación de hidrocarburos, se estudien y adopten las medidas pertinentes para mitigarlas.

La Sala encuentra, entonces, acreditado el defecto sustantivo alegado y, por tanto, confirmará la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

CONFIRMAR la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, por las razones expuestas.

ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito posible.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS
Presidente de la sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. La Sala Plena precisó:
2.1.11.- Entonces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela sí procede contra las providencias del Consejo de Estado, materializadas en autos y sentencias, en la medida en que la Corporación hace parte de una de las ramas del poder público –Rama Judicial-, conforme con los artículos 113 y 116 de la Constitución y, por tanto, es una autoridad pública.
Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra las providencias del Consejo de Estado, no es otra cosa que aceptar la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas y, por ende, desarrollar los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 1, 2, 4, 6, 121 y 230 Constitucionales.
2.1.12.- No puede perderse de vista que los autos y sentencias que profieren los jueces de las distintas jurisdicciones, incluidos los órganos que se encuentran en la cúspide de la estructura judicial, pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
Sobre este artículo y las distintas condiciones que determinan la actuación temeraria, véanse, entre otras, las sentencias T-10/92 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-327/93 (MP. Antonio Barrera Carbonell); T-007/94 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-014/94 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-053/94 (MP. Fabio Morón Díaz); T-574/94 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-308/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-091/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-001/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
Véanse las sentencias T-443/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-082/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-080/98 (MP. Hernando Herrera Vergara); SU-253/98 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-303/98 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
T-327/93 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
T-149/95 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
T-308/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
T-443/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
T-001/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
Corte Constitucional. Sentencia T-125/2012.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-123 del 5 de marzo de 2014.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-273 del 25 de mayo de 2016.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 3 de septiembre de 2014, Rad. 49150.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 24 de noviembre de 2014, Rad. 49150.

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