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Consejo de Estado · Sentencia

Sentencia del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2014-00915-00

Recurso extraordinario de revisión: tránsito de legislación

Fecha
3 de abril de 2018
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2014-00915-00

Consejo de Estado

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, el 22 de marzo de 2012. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al accionante José Henrique Rizo Pombo en favor de la Procuraduría General de la Nación. Tásense por Secretaría General del Consejo de Estado. TERCERO: En firme esta providencia, el expediente debe regresar al Despacho de la ponente para la fijación de agencias en derecho. CUARTO: Surtido el trámite de las costas, devuélvase el expediente del proceso 25000-23-25-000-2003-05420-02, que fue remitido en préstamo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejando constancia de la devolución. QUINTO: Por Secretaria General expídanse las copias dirigidas a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Radicado 11001-03-15-000-2014-00915-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

3 de abril de 2018

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Tránsito de legislación / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia / CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Origen jurisprudencial / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA – Requisitos

En materia de términos para interponer el recurso extraordinario de revisión, frente al evento de tránsito de legislación, se debe tener en cuenta la norma vigente al momento en que empezó a correr el respectivo término. (…) Si bien el recurso extraordinario se presentó en vigencia del C.P.A.C.A. – 23 de abril de 2014-, cabe destacar que la sentencia objeto de revisión se profirió el 22 de marzo de 2012, providencia que, luego de ser notificada por edicto, cobró ejecutoria el 23 de mayo de 2012. De ahí que la norma regente para el tiempo en que comenzó el respectivo cómputo correspondía al artículo 187 del C.C.A que contemplaba un plazo de dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…) “Asimismo, ha identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia: a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente concluido. b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido. c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada). e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez. Del mismo modo, en varios de los precedentes revisados sobre la causal en estudio, se suman como motivos de nulidad de la sentencia las causales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil” (…) Se establecieron como causales de nulidad, para lo exclusivos efectos del recurso extraordinario de revisión: i) que la sentencia haya sido firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se haya proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii) que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (…) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa y taxativamente define el artículo 140 del CPC –hoy art. 133 del CGP-. Esta posición sostiene que las nulidades a que se refiere el artículo 188.6 del CCA. son las que consagra el artículo 140 del CPC. –hoy art. 133 CGP-, porque las nulidades tienen un régimen específico, y están gobernadas por los principios de taxatividad y legalidad. (…) Las causales de nulidad de la sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC. En otras ocasiones la Sala Plena ha considerado que las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el artículo 140 del CPC., pero también las creadas por su jurisprudencia”. (…) Como se aprecia, para la cristalización de esta causal de revisión resulta indispensable que: i) se funde en la ocurrencia de un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso, siempre que las mismas se prediquen respecto de la sentencia; ii) los supuestos creados jurisprudencialmente tales como haberse dictado sentencia no obstante haberse terminado anticipadamente el proceso, haberse dictado fallo pese a que el proceso se hallare suspendido, proferir sentencia sin el quorum necesario, proferir una sentencia sin motivarla, transgredir la condición de apelante único, resolver cuestiones que no corresponden y, iii) que se haya vulnerado el debido proceso

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 187 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 140 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 133

ACCIÓN DISCIPLINARIA – Prescripción

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia del 29 de septiembre de 2009, consideró que debía unificarse el criterio interpretativo acerca de la prescripción de la acción disciplinaria consagrada por el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 y, en ese sentido, estableció que dicho fenómeno no operaba si dentro de los cinco años siguientes a la comisión del hecho investigado, el ente competente emitía la decisión primigenia que definiera la conducta disciplinaria como constitutiva de falta, con independencia de que por fuera de ese plazo se resolvieran los recurso interpuestos en contra de aquella. (…) Cabe recordar que para la época en que se profirió la sentencia revisada –22 de marzo de 2012-, ya se había expedido la Ley 1437 de 2011, norma que, aunque para entonces no había entrado en vigor, en su articulado ya se avizoraba la regulación que habría de regir los linderos temporales de la potestad sancionadora de la Administración Pública, cuyo ejercicio en el ámbito temporal se perfiló acudiendo a parámetros similares que guardaban correspondencia con la exégesis ofrecida por la sentencia del 29 de septiembre de 2009 al artículo 34 de la Ley 200 de 1995.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTICINCO ESPECIAL DE DECISION

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00915-00(REV)

Actor: JOSÉ HENRIQUE RIZO POMBO

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 321 de 2014, se procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por José Henrique Rizo Pombo, por conducto de apoderado, contra la sentencia dictada el 22 de marzo de 2012 por la Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación, mediante la cual se revocó la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de febrero de 2008 y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 23 de abril de 2014, el señor José Henrique Rizo Pombo, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, contra la sentencia proferida por la Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación el 22 de marzo de 2012.

2. Los hechos

Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron, básicamente, los siguientes:

• La Procuraduría General de la Nación, mediante fallos proferidos el 4 de octubre de 2002 y el 19 de diciembre del mismo año, declaró la responsabilidad disciplinaria del señor José Henrique Rozo Pombo, en su condición de Ministro de Transporte, y le impuso una multa equivalente a quince días de salario devengado, por incumplimiento de los deberes de selección objetiva y de planeación en la celebración de varios contratos estatales, suscritos entre 1997 y 1998 con la cooperativa territorial Codeter.

• El señor José Henrique Rizo Pombo instauró demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, con el fin de atacar la legalidad de los actos administrativos contenidos en las decisiones de responsabilidad disciplinaria proferidas el 4 de octubre y el 19 de diciembre de 2002, por las cuales el órgano de control le impuso una multa equivalente a quince (15) días de salario. Como restablecimiento, solicitó que se le restituyeran las sumas pagadas por concepto de sanción y se condenara al ente accionado al pago de los perjuicios morales causados por cuenta de esas decisiones.

• El conocimiento del proceso le correspondió a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Corporación que profirió sentencia el 21 de febrero de 2008, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las decisiones acusadas y ordenar la devolución de las sumas pagadas por el demandante, en caso de que se hubiere efectuado el desembolso y negó los perjuicios morales solicitados. Como fundamento de esa decisión, indicó que la Procuraduría carecía de competencia temporal para imponer la sanción, dado que el término de prescripción para iniciar la investigación, adelantar el procedimiento disciplinario y notificar al investigado de las decisiones adoptadas vencían el 26 de diciembre de 2002 y el 16 de enero de 2003, esto es, antes de haberse resuelto los recursos formulados en contra de aquellas.

• Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de sentencia proferida el 22 de marzo de 2012 –aquí cuestionada–, en el sentido de revocarla y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

3.- El fallo objeto de revisión

El Consejo de Estado, en el fallo antes descrito, consideró que el órgano de control no desconoció el límite temporal establecido para el válido ejercicio de su potestad punitiva, cuestión que desvirtuaba la operancia de la prescripción de la acción disciplinaria.

Al desarrollar su planteamiento, evidenció que el término prescriptivo en el caso de falta de ejecución instantánea se contabilizaba desde que se verificara la ocurrencia de la conducta externa infractora, a la vez que en el evento de faltas de ejecución continuada se contaba a partir del momento en que se finalizara en el tiempo su perpetración.

En el marco de lo anterior, anotó que el reproche esbozado en el sublite se centraba en la falta de planeación consumada en la etapa previa a la celebración de los contratos estatales de obra Nos. 0275 de 1997 y 018 de 1998, por ausencia de estudios y de diseños preliminares, lo que impidió establecer con certeza el tipo y las cantidades de las obras a realizar.

En el orden trazado, explicó que la indebida planeación era una falta de ejecución instantánea, al margen de que hubiera generado efectos nocivos en la celebración y avance mismo de los contratos. Seguido de lo afirmado, señaló que la fecha de referencia para efectos prescriptivos correspondía a la de celebración de los aludidos contratos (26 de diciembre de 1997 y 16 de enero de 1998), dado que era partir de entonces cuando se entendía agotada la etapa precontractual.

Así las cosas, advirtió que dentro del término de cinco años asignado para ejercer la potestad disciplinaria se expidió (4 de octubre de 2002) y se notificó la decisión principal o de única instancia (17 de octubre de 2002), con independencia de que, a la luz de la posición de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, adoptada en sentencia del 9 de septiembre de 2009, al cabo de ese lapso se hubiera resuelto el recurso de reposición interpuesto en contra de aquella.

A lo dicho añadió que, si bien la indagación preliminar tuvo una duración superior al término de 6 meses previsto en el artículo 141 de la Ley 200 de 1995, no era menos cierto que el incumplimiento de ese lindero no conducía a que la Procuraduría automáticamente hubiera incurrido en una afectación grave de garantías constitucionales, pues tal acontecer solo tendría lugar en el evento de que luego de ese momento se practicaran pruebas y adelantaran actuaciones injustificadas, lo cual en el sub examine no se acreditó.

4.- La causal de revisión invocada y su sustentación

Como ya se indicó, contra la sentencia de segunda instancia, dictada por esta Corporación, el señor Jorge Henrique Rizo Pombo, por conducto de apoderado interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal contenida en el ordinal 5) del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según la cual:

“5) Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Sostuvo el accionante que la sentencia “de unificación” proferida el 29 de septiembre de 2009, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la cual se apoyó la decisión de segunda instancia objeto de revisión para concluir acerca de la aplicación del término de prescripción de la acción disciplinaria, fue revocada por la Sala de Conjueces de la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación mediante fallo dictado el 17 de abril de 2013, en el que resolvió una demanda de tutela promovida por el señor Álvaro Hernán Velandia contra el Consejo Estado, con ocasión de la sentencia referida.

Con base en lo anterior, el demandante adujo que la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 no se había expedido para la fecha en que se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, como tampoco en el momento en que se emitió el fallo de primera instancia, por lo que no era admisible que en el fallo revisado el Consejo de Estado acudiera a su aplicación, en tanto su efectos debían producirse hacia el futuro y no de manera retroactiva.

Indicó que la sentencia materia de revisión violaba el principio de legalidad por dar a la Ley 200 de 1995 una interpretación que no correspondía en relación con el fenómeno prescriptivo, a la par con lo cual era evidente que el fundamento jurisprudencial en que se cimentó era inexistente por vía de su revocatoria en sede de tutela.

Añadió que en el caso subexamine el Consejo de Estado desconoció el principio de confianza legítima del actor, quien albergó la expectativa de que su caso fuera resuelto desde el ángulo de la posición jurisprudencial imperante al tiempo en que formuló la acción, es decir, aquella de conformidad con la cual la prescripción se cumplía al cabo de cinco años sin que se hubiesen notificado los recursos presentados contra el acto administrativo contentivo de la sanción.

4.- La admisión del recurso extraordinario de revisión

En providencia del 25 de abril de 2017, el Despacho de la magistrada conductora del proceso admitió el recurso extraordinario de revisión, ordenó notificar de manera personal esa decisión a la entidad pública demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, bajo la prevención de que surtidas las notificaciones de rigor empezaría a correr el traslado común de 10 días para que se pronunciaran.

5.- La oposición

La Procuraduría General de la Nación, mediante escrito allegado oportunamente el 26 de mayo de 2017, se opuso a la prosperidad de este recurso extraordinario, bajo el argumento de que el demandante no lo fundó en alguna de las causales de nulidad consagradas por el Código General del Proceso.

Esgrimió que la lectura del recurso permitía colegir que lo pretendido por el recurrente consistió en controvertir la decisión de instancia aduciendo que la interpretación correcta respecto del término prescriptivo de la potestad sancionadora era la adoptada en la decisión de primera instancia, lo que conducía a inferir que lo perseguido era abrir una instancia adicional de un asunto que cerró su ciclo por la vía ordinaria.

En cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso, alegó que la textura abierta del artículo 34 de la Ley 200 de 1995 daba lugar a que sobre la misma existieran varias interpretaciones jurisprudenciales. No obstante, aclaró que el fallo objeto de revisión se amparó en la línea imperante en ese momento que se encontraba recogida en la sentencia de unificación proferida el 29 de septiembre de 2009.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, se abordarán los siguientes temas: 1) del régimen legal aplicable al caso concreto; 2) jurisdicción y competencia; 3) oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión – tránsito de legislación; 4) de la causal de revisión consistente en “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”; 5) del caso concreto: 5.1) de la supuesta vulneración al debido proceso por la aplicación retroactiva de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2009 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; 5.2) de la alagada vulneración al debido proceso derivada de la revocatoria de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2009 en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por haber impartido una interpretación desacertada a la prescripción de la acción disciplinaria y 6) costas.

1) Del régimen legal aplicable al caso concreto

La Sala parte por señalar que la Ley 1437 de 2011, vigente a partir del 2 de julio de 2012, es la norma aplicable al presente asunto, teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló el 23 de abril de 2014, esto es, cuando ya se encontraba en rigor la referida normativa; de ahí que con apego a lo dispuesto en el 308 del referido estatuto se deba dar aplicación a las disposiciones que sobre el particular contiene este cuerpo legal.

2) Jurisdicción y competencia

Establecido el régimen legal aplicable, es de advertir que de acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación.

Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del C.P.A.C.A., mediante el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación.

3).- Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión – tránsito de legislación

En materia de términos para interponer el recurso extraordinario de revisión, frente al evento de tránsito de legislación, se debe tener en cuenta la norma vigente al momento en que empezó a correr el respectivo término.

En este caso, si bien el recurso extraordinario se presentó en vigencia del C.P.A.C.A. – 23 de abril de 2014-, cabe destacar que la sentencia objeto de revisión se profirió el 22 de marzo de 2012, providencia que, luego de ser notificada por edicto, cobró ejecutoria el 23 de mayo de 2012.

De ahí que la norma regente para el tiempo en que comenzó el respectivo cómputo correspondía al artículo 187 del C.C.A que contemplaba un plazo de dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

Sobre el particular, no puede perderse de vista que la aplicación inmediata de las normas sustanciales y procesales, en atención a la fecha de presentación del recurso extraordinario, es un asunto distinto a la regla de aplicación de la ley en el tiempo cuando, previo a su interposición se encontraba corriendo un término, como en este caso alude a la oportunidad para formular el medio de impugnación, evento en el cual resulta imperioso remitirse a las normas que regulan la materia.

Así pues, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, consagraba lo siguiente:

“Artículo 40.  Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Sobre la concreta la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la oportunidad para acudir ante la jurisdicción cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma situación, esta instancia puntualizó:

“(…) la Sala considera que el 40 -se refiere al artículo- de la Ley 153 de 1887 debe aplicarse para definir el conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto, cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior, se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal, son de aplicación inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente” (se subraya por la Sala).

En relación con la interpretación sistemática de los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887, la Sala conviene la necesidad de reiterar el pronunciamiento de este Corporación en orden a distinguir la naturaleza procesal de las normas relativas a la oportunidad para reclamar judicialmente y el imperativo de aplicar, para efectos de establecer la oportunidad en dicho ejercicio, “la normatividad vigente al momento que ocurre el supuesto que permite acudir a la jurisdicción”, tal como se concluyó en la siguiente providencia:

“Las normas relativas a la caducidad de la acción son de naturaleza procesal, pese a que tienen un trasfondo sustancial, porque limitan en el tiempo el ejercicio del derecho público de acción, por consiguiente, los límites objetivo - temporales que extinguen con el paso del tiempo la posibilidad de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional se encuentran supeditados a la normatividad imperante al momento en que acontece el supuesto que permite acudir a la jurisdicción, en procura de la protección o de la satisfacción del derecho subjetivo conculcado, de manera que la inactividad del administrado, por el período determinado en la ley, genera inexorablemente la caducidad de la acción. Tal planteamiento se acompasa con lo previsto por los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887.”.

En pronunciamiento más reciente se reiteró esta posición y, en tal sentido, se expuso:

“Según lo planteado, comoquiera que para el momento en que fue adoptada la Ley 1437 de 2011, ya había iniciado a correr el término de caducidad, (…) es preciso que dicho término continúe rigiéndose por lo señalado en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984, sin perjuicio de que en los demás asuntos procesales le sea dispuesto lo establecido en el Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (se destaca por la Sala).

Así las cosas, teniendo en consideración que la sentencia objeto del recurso de revisión cobró ejecutoria el 23 de mayo de 2012, se concluye que en la época en que se presentó el recurso extraordinario -23 de abril de 2014- no habían transcurrido los dos años previstos en el artículo 187 del C.C.A. para esos efectos.

4).- De la causal de revisión consistente en “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”

El recurso extraordinario de revisión, como tal, constituye una excepción a la cosa juzgada que imprime a la sentencia ejecutoriedad y firmeza, por lo cual, en caso de que prospere, hay lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal razón resulte infirmada.

En esta medida, quien ejerce el recurso extraordinario tiene la elemental obligación de indicar con precisión cuál es la causal que invoca y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y las razones, excluyendo argumentos de inconformidad que no estén estrechamente relacionados con la causal invocada.

Ahora bien, resulta pertinente advertir que la causal a la que se alude, invocada como fundamento del presente recurso extraordinario de revisión y consagrada en el ordinal 5) del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, anteriormente se encontraba regulada en idénticos términos en el Código Contencioso Administrativo, razón por la cual de antaño el alcance de su contenido ha constituido materia de interpretación jurisprudencial por parte de esta Corporación.

En ese orden, y bajo el entendido de que la nueva consagración legal que la contempla no introdujo variación alguna respecto de los términos en que se encontraba concebida en la codificación anterior, la Sala estima pertinente referirse a las planteamientos jurisprudenciales que han existido en torno al tratamiento que merece dispensarse a dicha causal, al margen de que los mismos se hubieran proferido con ocasión del análisis de la causal recogida en el derogado Estatuto de lo Contencioso Administrativo.

A propósito de su aplicación, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en pronunciamiento del 2014 discurrió como sigue:

“Respecto de esta causal ha dicho esta Corporación que la nulidad se origina en la sentencia cuando al momento de dictarla o por hechos que le sobrevengan, ocurren irregularidades o vicios graves e insaneables en las ritualidades sustantivas a las que está sometida, ‘que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar sea distinta’.

“Asimismo, ha identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia: a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente concluido. b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido. c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada). e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez. Del mismo modo, en varios de los precedentes revisados sobre la causal en estudio, se suman como motivos de nulidad de la sentencia las causales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil”.

Sobre los requisitos que abren paso a la configuración de esta causal se ha convenido acerca con su coincidencia con los supuestos contenidos en las causales de nulidad reguladas taxativamente en el Código de Procedimiento Civil y, por vía jurisprudencial, se ha extendido su concreción a la vulneración de debido proceso, así como a aquellas situaciones de creación judicial:

“El Código Contencioso Administrativo se limitó a establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la sentencia, pero no definió las causales, por tanto le correspondió a la jurisprudencia esclarecer este aspecto, lo que, como es apenas obvio, propicio múltiples interpretaciones, algunas contradictorias entre sí y otras complementarias. En la actualidad se distinguen tres tendencias: i) las causales de nulidad de la sentencia son de creación jurisprudencial, ii) las causales de nulidad de la sentencia son las del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" Código de Procedimiento Civil y iii) las causales de nulidad de la sentencia provienen de la combinación de los dos criterios anteriores. (…) Primero: Las causales de nulidad de la sentencia son las que define la jurisprudencia. Esta posición, que en su interior tiene variables, se caracteriza porque la jurisprudencia de esta Corporación ha formulado causales de nulidad propia de las sentencias, diferente de las consagradas en el  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" CPC. En vista de esto, y como la causal 6 de revisión no precisó a qué nulidades se refería, y como muchas veces no se aplican las del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" CPC., la jurisprudencia creó una lista de supuestos de nulidad que se originan en la sentencia. (…) Se establecieron como causales de nulidad, para lo exclusivos efectos del recurso extraordinario de revisión: i) que la sentencia haya sido firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se haya proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii) que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (…) Segundo: Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa y taxativamente define el  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" CPC –hoy art. 133 del CGP-. Esta posición sostiene que las nulidades a que se refiere el artículo 188.6 del CCA. son las que consagra el  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" CPC. –hoy art. 133 CGP-, porque las nulidades tienen un régimen específico, y están gobernadas por los principios de taxatividad y legalidad. (…) Tercero: Las causales de nulidad de la sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" CPC. En otras ocasiones la Sala Plena ha considerado que las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" CPC., pero también las creadas por su jurisprudencia”.

En oportunidad posterior, al referirse a la operación de esta causal en un caso resuelto en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se consideró:

“La Sala Plena de esta Corporación, de forma reiterada, ha dicho que para que se configure la causal de revisión de ‘nulidad originada en la sentencia’, es necesario que concurran dos circunstancias: A) Que el vicio que se alega se configure en el momento procesal en que se profiere la sentencia, no antes. B) Que el vicio alegado se fundamente en un desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación. (…) La nulidad originada en la sentencia se produce cuando el acto procesal consistente en dictar la providencia que desata el litigio se encuentra viciado desde el punto de vista formal por circunstancias de lugar, tiempo o modo que se consuman en el preciso instante en que el juez toma la decisión. Por tal razón, en atención al carácter extraordinario del recurso de revisión, esta Corporación ha entendido que esta causal de revisión se configura únicamente cuando se acredita alguna de las causales de nulidad del proceso, previstas de manera taxativa por el legislador en el  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" artículo 140 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-procedimiento-civil-42856652" Código de Procedimiento Civil hoy,  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-n-expide-codigo-proceso-dictan-391649121" artículo 133 del  HYPERLINK "https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-n-expide-codigo-proceso-dictan-391649121" Código General del Proceso, siempre que ella pueda predicarse, exclusivamente, de la sentencia cuya infirmación se solicita.

“A las causales de nulidad previstas por ley debe agregarse la nulidad de la prueba obtenida con violación al debido proceso, en los términos de la  HYPERLINK "https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43559215" sentencia C-491 de 1995, circunstancia que podría ocasionar la nulidad de la sentencia por violación al debido proceso, si la decisión del juez se sustenta únicamente en dicha prueba. También se ha admitido por la Sala Plena de esta Corporación que la sentencia es intrínsecamente nula cuando la legalidad de la decisión está viciada, entre otros supuestos excepcionales, por los siguientes: I) Cuando se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso. II) Cuando la sentencia no cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación. III) Cuando la sentencia carece de motivación formal y material. (…) De acuerdo con las premisas expuestas, para la Sala es claro que el recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar porque la nulidad que se alega, esto es, la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia el proceso, no se originó en la sentencia sino en un momento previo a su emisión: desde que la subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado avocó conocimiento del proceso mediante auto del 12 de marzo de 2012”.

Como se aprecia, para la cristalización de esta causal de revisión resulta indispensable que: i) se funde en la ocurrencia de un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso, siempre que las mismas se prediquen respecto de la sentencia; ii) los supuestos creados jurisprudencialmente tales como haberse dictado sentencia no obstante haberse terminado anticipadamente el proceso, haberse dictado fallo pese a que el proceso se hallare suspendido, proferir sentencia sin el quorum necesario, proferir una sentencia sin motivarla, transgredir la condición de apelante único, resolver cuestiones que no corresponden y, iii) que se haya vulnerado el debido proceso.

5) Del caso concreto

Al revisar el escrito contentivo del recurso, la Sala evidencia que aun cuando se alegó la configuración de la casual correspondiente a “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, el supuesto fáctico en que se estructuró su ocurrencia no da cuenta de la convergencia de alguno de los supuestos legales taxativos, ni jurisprudenciales configurativos de nulidad de la sentencia.

Se recuerda que el argumento principal en que se basó el mecanismo extraordinario, en síntesis, se contrajo a sostener que el Consejo de Estado decidió el asunto en segunda instancia con fundamento en una tesis jurisprudencial que no se hallaba vigente para la época en que se formuló la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la causa, ni en el momento en que se profirió el fallo de primera instancia que fue favorable al accionante.

A lo dicho sumó que la postura jurisprudencial que fungió de cimiento a la decisión revisada interpretó indebidamente la Ley 200 de 1995, al punto que, con posterioridad, dicho precedente fue revocado en sede de tutela por una Sala de Conjueces de esta Corporación.

Al leer el cargo planteado por la parte recurrente, se puede deducir que, lejos de encuadrarse en un evento con la virtualidad de viciar la validez de la sentencia revisada, su inconformidad radica en una supuesta indebida orientación jurisprudencial que se le impartió al asunto por parte de esta Corporación, ora por haberse aplicado una postura que no estaba vigente cuando se presentó la demanda, ora por cuanto la misma era desacertada al extremo de que fue revocada ulteriormente en sede de acción de tutela.

Como se anotó, ninguno de los cargos formulados tiene vocación para encuadrarse en las causales de nulidad reguladas taxativamente por el artículo 140 del C.P.C., ni guarda correspondencia con las concebidas jurisprudencialmente a las que se hizo anterior mención.

Con todo, incluso de interpretar que los fundamentos del supuesto invocado apuntan a la posible vulneración del debido proceso como causal anulatoria del fallo, tampoco en ese escenario se hallaría fundado el recurso, según pasa a exponerse:

5.1.).- De la supuesta vulneración al debido proceso por la aplicación de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2009 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual no se hallaba vigente al momento en que se interpuso la demanda

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia del 29 de septiembre de 2009, consideró que debía unificarse el criterio interpretativo acerca de la prescripción de la acción disciplinaria consagrada por el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 y, en ese sentido, estableció que dicho fenómeno no operaba si dentro de los cinco años siguientes a la comisión del hecho investigado, el ente competente emitía la decisión primigenia que definiera la conducta disciplinaria como constitutiva de falta, con independencia de que por fuera de ese plazo se resolvieran los recurso interpuestos en contra de aquella.

Si bien la línea de pensamiento condensada en este fallo se aplicó a la resolución del caso concreto, el cual fue iniciado en 2003, cuando aún no existía un criterio uniforme sobre cuál lectura del artículo 34 debía privilegiarse, la Sala no considera que tal acontecer conduzca a una transgresión del debido proceso.

Como aspecto de relevancia, no puede perderse de vista que la labor de las altas Corporaciones, como órganos encargados de interpretar el orden jurídico, consolidar su interpretación y aplicarlo a cada caso concreto, entraña un ejercicio constructivo y dinámico del derecho que impone la constante autoevaluación de sus propias teorías en orden a ajustarlas a los principios, reglas y normas y a la realidad que rodea la demanda del servicio de justicia.

Ello puede traer como consecuencia que se recojan algunas tesis jurisprudenciales y, en su lugar, se adopten lineamientos distintos para la resolución de casos análogos, escenario en el cual habrá que determinarse que tal variación no afecte de manera sustancial al usuario. Sin embargo, el respectivo análisis que ello conlleve deberá abordarse en cada caso particular y concreto.

En el caso sometido a examen, se observa que la materia de debate gira en torno a la interpretación del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, norma que si bien indicaba desde cuando iniciaba el cómputo del término de prescripción de cinco años de la acción disciplinaria, no ofrecía claridad en cuanto a cómo se concluía la actuación administrativa sancionadora, esto es, si con la expedición del acto impositivo de la sanción o si resultaba indispensable que dentro de ese lapso se desataran los recursos interpuestos en su contra para entenderse agotada la potestad punitiva.

Fue esa oscuridad la que determinó la existencia de varias tesis jurisprudenciales sobre el tratamiento que debía impartirse a este tópico; finalmente, en 2009, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en la sentencia a la que se alude, concluyó que debían “unificarse las posturas existentes” hasta entonces, bajo el entendido de que la sanción disciplinaria se imponía cuando se expedía y notificaba el acto administrativo principal o primigenio que resolvía de fondo el proceso, dado que en él se concretaba la expresión de la voluntad de la Administración.

Siguiendo ese mismo esquema de pensamiento, advirtió que los actos que resolvían los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no podían considerarse en sí mismos impositivos de la sanción, en tanto se proferían en una etapa posterior cuya finalidad se reservaba a la revisión de la decisión a instancias del investigado.

Al respecto, se observa que aunque el caso que culminó con la sentencia materia de revisión se inició con antelación a la existencia de esa tesis jurisprudencial, lo cierto es que previamente a que esta fuera proferida no existía una postura consolidada dirigida a definir el asunto y que obligara al fallador de turno a resolverlo de determinada manera, de tal suerte que la aplicación de la tesis vigente al momento en que dictó la sentencia recurrida no transgredió la confianza legítima ni vulneró un mejor derecho existente al tiempo en que se formuló la demanda y cuya concreción, en términos del actor, debiera garantizarse.

A lo dicho se añade que, además de que la sentencia que se revisa se sustentó en el precedente judicial vigente hasta entonces, ciertamente lejos de existir argumentos que indicaran su desconocimiento, convergían circunstancias que justificaban el sometimiento a esa interpretación.

En lo que concierne a esta cuestión, cabe recordar que para la época en que se profirió la sentencia revisada –22 de marzo de 2012-, ya se había expedido la Ley 1437 de 2011, norma que, aunque para entonces no había entrado en vigor, en su articulado ya se avizoraba la regulación que habría de regir los linderos temporales de la potestad sancionadora de la Administración Pública, cuyo ejercicio en el ámbito temporal se perfiló acudiendo a parámetros similares que guardaban correspondencia con la exégesis ofrecida por la sentencia del 29 de septiembre de 2009 al artículo 34 de la Ley 200 de 1995.

Así las cosas, la Sala no encuentra que el hecho de que la sentencia que se revisa se apoyara en la sentencia de unificación de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación hubiera comportado una vulneración al debido proceso, habida consideración de que, aunque la misma se profirió con posterioridad al nacimiento del litigio, su aplicación en este caso no desconoció derechos adquiridos por el libelista o atentó contra el justo resultado de la controversia entablada.

5.2) De la alegada vulneración al debido proceso derivada de la revocatoria de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2009 en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por haber impartido una interpretación desacertada a la prescripción de la acción disciplinaria

Para el recurrente la interpretación ofrecida al artículo 38 de la Ley 200 de 1995 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su fallo de 29 de septiembre de 2009, incurría en una vía de hecho, al extremo de que la misma fue revocada en sede de tutela por una Sala de Conjueces de este alto tribunal.

En relación con este aspecto, conviene destacar que si bien la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2009 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la cual, al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Álvaro Hernán Velandia, fijó los parámetros para interpretar la forma cómo operaba la prescripción de la acción disciplinaria, fue revocada en sede de tutela en sentencia proferida el 17 de abril de 2013 por una Sala de Conjueces del Consejo de Estado, tras considerar que no podía declararse impuesta la sanción disciplinaria y terminando el procedimiento antes de que este concluyera con la plenitud de las formalidades legalmente establecidas para su trámite, lo cierto es que esa sentencia de tutela únicamente surtió efectos temporales respecto de las partes cobijadas por esa decisión, sin que pudieran extenderse a extremos que no fueron parte de la litis.

A lo dicho ha de sumarse un aspecto de la mayor importancia, consistente en que la sentencia proferida el 17 de abril de 2013 en sede de tutela por una Sala de Conjueces del Consejo de Estado, a su turno, fue igualmente revocada por esta Corporación, manteniéndose así el vigor de la censurada tesis hermenéutica.

Con base en esto último, es válido concluir que el fundamento en cuya virtud el accionante apoyó la procedencia de una interpretación más favorable a sus intereses para la solución de su caso se desvaneció por cuenta de la revocatoria de la sentencia en la cual basaba la defensa de su criterio.

En efecto, mediante sentencia del 6 de marzo de 2014, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al desatar la impugnación interpuesta contra la pluricitada sentencia de tutela, resolvió revocar el fallo dictado 17 de abril de 2013 por una Sala de Conjueces del Consejo de Estado y, en su lugar, negó por improcedente el amparo constitucional. Dentro de sus consideraciones expuso:

“En este orden de ideas, la posibilidad de dejar sin efectos las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante un procedimiento preferente y sumario como la acción de tutela, constituye una flagrante violación a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues termina convirtiéndose en un recurso alterno para, finalmente, reabrir un debate jurídico resuelto, en el caso concreto, por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

“(…).

“En consecuencia, dentro del marco de las competencias asignadas a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, se contempló un procedimiento extraordinario para atacar las decisiones judiciales por violación directa de las normas sustanciales que, por el aparente mejor criterio del juez de tutela, no puede revocarse y dejarse sin efectos con la excusa de incurrir ésta en vía de hecho por defecto sustantivo, pues, precisamente, pretendió fijar la interpretación y alcance de una norma”.

De lo esbozado se colige que la postura interpretativa que se reprocha como constitutiva de vía de hecho, luego de haber sido cuestionada en sede de tutela y después de ser avalada por la sentencia que resolvió la impugnación en su contra, ha conservado su vigencia y en tal mérito ha sido acogida en pronunciamientos que con posterioridad ha dictado esta alta Corporación.

6. Costas

6. Costas

De conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A. y con la disposición especial del artículo 365 del C.G.P., para el caso particular del recurso extraordinario de revisión procede la condena en costas a cargo de la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso, lo cual aplica a la parte actora, en la medida que se declare infundado su recurso.

Por otra parte, tratándose de única instancia ante esta Corporación, procede la liquidación de costas por Secretaría de la Sección Tercera de esta Corpopración, a la cual pertenece la Consejera ponente.

La liquidación se debe adelantar de acuerdo con el artículo 366 del C.G.P., a cuyo tenor:
“Artículo 366 C.G.P. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
“1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
“(…)
“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
“(…).
“6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
En el presente caso se encuentra acreditado que la Procuraduría General de la Nación contestó el recurso extraordinario de revisión a través de su apoderado, el 26 de mayo de 2017, lo cual se estima como suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

Las agencias en derecho serán fijadas por auto de la Magistrada ponente, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Por último, se hace notar que bajo las reglas del C.G.P. la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se imponen, toda vez que bajo el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de revisión, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” .

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, el 22 de marzo de 2012.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al accionante José Henrique Rizo Pombo en favor de la Procuraduría General de la Nación. Tásense por Secretaría General del Consejo de Estado.

TERCERO: En firme esta providencia, el expediente debe regresar al Despacho de la ponente para la fijación de agencias en derecho.

CUARTO: Surtido el trámite de las costas, devuélvase el expediente del proceso 25000-23-25-000-2003-05420-02, que fue remitido en préstamo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejando constancia de la devolución.

QUINTO: Por Secretaria General expídanse las copias dirigidas a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

CÉSAR PALOMINO CORTÉS JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Salvo voto parcial

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTICINCO ESPECIAL DE DECISION

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00915-00(REV)

Actor: JOSÉ HENRIQUE RIZO POMBO

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Con el respeto acostumbrado por la posición de la Sala, aun cuando comparto la decisión contenida en la sentencia de tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018), considero necesario aclarar mi voto respecto de un punto sobre el que la Sala Especial de Decisión resolvió, relativo al procedimiento y la aplicación del ordenamiento procesal vigente al momento de presentarse el recurso extraordinario de revisión.

El fallo indica que, si bien este asunto se rige por la Ley 1437 de 2011, en lo que concierne al término para interponer el recurso no sucede lo mismo, al precisar que la sentencia objeto del mismo se profirió el 22 de marzo de 2012, de manera que cobró ejecutoria el 23 de mayo de 2012. En esa medida, afirma que la norma regente para el tiempo en que comenzó el respectivo cómputo correspondía al artículo 187 del CCA que contemplaba un plazo de 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Como se presentó el 23 de abril de 2014, se entiende que está en término.

No obstante, resulta contradictorio que se advierta que la norma aplicable al recurso extraordinario es la Ley 1437 de 2011, pero para efectos de contabilizar el término con miras a verificar la oportunidad del recurso, se indique que debe aplicar el CCA.

Resultaba entonces necesario que se unificara el régimen legal aplicable, tanto para el trámite y procedimiento como para el término que debe observarse.

De manera que, en la sentencia debió advertirse que el régimen legal aplicable al asunto de la referencia era el Código Contencioso Administrativo en su integridad y no de manera parcial, solo para efectos de contabilizar el término requerido para la presentación del recurso.

En los anteriores términos dejo expuesta la aclaración de mi voto.

Fecha ut supra

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTICINCO ESPECIAL DE DECISION

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL DEL CONSEJERO CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00915-00(REV)

Actor: JOSÉ HENRIQUE RIZO POMBO

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Con mi acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, consagró a continuación la razón por la cual salvo mi voto parcialmente en la decisión de la referencia.

Comparto plenamente la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, por no encontrarse configurada la causal invocada. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la decisión de condenar en costas en este caso, con fundamento en que esté acreditado en el proceso que “la Procuraduría General de la Nación contestó el recurso extraordinario de revisión a través de su apoderado, el 26 de mayo de 2017”, lo cual, a juicio de la Sala, se estimó como suficiente para disponer la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso establece las reglas para la condena en costas en los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, así:

Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

De acuerdo a estas disposiciones, las costas se causan y en la medida en que se prueben. La Corte Constitucional, en sentencia C-157 de 2013, al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 206 de la ley 1564 de 2012 (juramento estimatorio), hizo la siguiente precisión sobre la condena en costas:

“5.1.8. La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365 (se transcribe el artículo a pie de pág.). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366 (se transcribe el artículo a pie de pág.), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.

De acuerdo con lo anterior, si en el expediente no aparece que se causaron y no se pueden comprobar, no debe hacerse la condena, y así se evita un trámite procesal innecesario posteriormente.
Además, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, debe tenerse en cuenta los criterios que dicha disposición señala en su artículo segundo, que dice:

“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor”.

En atención a dichas normas, considero que procedería la condena en costas por agencias en derecho si estuviera acreditado que la entidad incurrió en un gasto adicional para su defensa en este recurso extraordinario, como sería la contratación de algún profesional del derecho que la representara, con la prueba del pago de los honorarios o de su estipulación. Sin embargo, cuando la defensa de la entidad demandada se lleva a cabo con un funcionario de su propia planta, no se causa ninguna erogación.

Ciertamente, debe tenerse en cuenta que en la administración pública es un deber que se ejerza una oportuna y adecuada defensa de la entidad que se representa. Así, hace parte de las funciones de las oficinas jurídicas de las entidades intervenir en los procesos que se adelantan en su contra y realizar dicha defensa, como en este caso, contestar el recurso extraordinario de revisión.

Por ello considero que, en casos como el presente, si en el expediente no aparece que se causaron y no se pueden comprobar, no es procedente la condena en costas, sin que sea suficiente, a mi juicio, que por la sola respuesta del recurso extraordinario se disponga la fijación de agencias en derecho como costas del proceso.

En estos términos dejo plasmadas las razones que me llevaron a salvar parcialmente el voto en la providencia de la referencia.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Fecha Ut Supra.

Fls. 1 - 14 c ppal.
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

“Artículo 111 C.P.A.C.A. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”.

“Artículo 248 C.P.A.C.A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

“Artículo 249 C.P.A.C.A. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.

“Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”.
“Acuerdo 321 de 2014. (…). Artículo 2º. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.

Ley 153 de 1887. “Artículo  40.  Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Fl. 362 C3.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente, Mauricio Fajardo Gómez, providencia del 11 de octubre de 2006, Exp: 30.566.

Ley 153 de 1887. “Artículo 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptúanse de esta disposición:

“1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y, 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido”.

Ley 153 de 1887. “Artículo 40 (modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso). “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad". (La negrilla no es del texto).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 9 de octubre de 2013, radicación número: 85001-23-31-000-2002-00289-01(25440), actor: Cooperativa de Desarrollo Territorial – Codeter, demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.- Corporinoquía; reiterada en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón (e), sentencia de 16 de julio de 2015, radicación 25000232600020050017601 (40325), demandante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, demandado: Agropecuaria El Palmarito Limitada y Seguros del Estado S.A.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Auto de fecha 5 de marzo de 2015, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Exp: 49.307.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013, exp. 110010315000200500865-00; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

“Artículo 188 del C.C.A. Son causales de revisión:

“(…).

“6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarto, 29 de mayo de 2014, exp. 18915, C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 2011-01639, 3 de febrero de 2015,C.P.Olga Mélida Valle de De la Hoz (e).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Revisión, 7 de junio de 2016, exp. 2015-02493, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

“ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
“1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.
“2. Cuando el juez carece de competencia.
“3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
“4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.
“5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.
“6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.
“7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.
“8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.
“9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.
“Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla
“PARAGRAFO.  Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.

La inexistencia de un criterio uniforme es reconocida por el recurrente cuando afirma en su demanda luego de hacer un recorrido jurisprudencial que “de lo anterior expuesto queda demostrado que el Consejo de Estado no tenía una posición definida cuando se impuso la sanción al señor José Henrique Rizo Pombo y mucho menos al momento de haberse proferido la sentencia del Tribunal de 30 de octubre de 2003”.
“Art. 34. - TÉRMINOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.

“Parágrafo 1. Cuando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más.

“Parágrafo 2.  La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

“Estos términos prescriptivos se aplicarán a la acción disciplinaria originada en conductas realizadas por los miembros de la fuerza pública”.

“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
“Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.
“La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria”.

Fls. 35-59 C principal.

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que “[l]os efectos de los fallos de amparo son inter partes, por regla general” [sentencia de Unificación de 28 de abril de 2016, M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos, entre muchas otras decisiones de ese Alto Tribunal].

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 6 de marzo de 2014, AC 2010-00076.

Ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A, 30 de junio de 2016, exp. 2011-00170, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero y en el mismo sentido se puede consultar sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B, 1 se septiembre de 2016, exp. 2013-00436, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

“Artículo 188 C.P.A.C.A. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
“Artículo 365. C.G.P. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (la negrilla no es del texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 1º de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Fls. 120-133 C principal.

“Artículo 365 C.G.P. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

“9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”

Corte Constitucional, sentencia C 157 de 2013. “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.

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