Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2014-02013-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción especial de revisión: en acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2014-02013-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2014-02013-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
4 de junio de 2019
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – En acción de nulidad y restablecimiento del derecho / CADUCIDAD – Criterio para determinar norma aplicable / FECHA DE EXPEDICIÓN DE SENTENCIA – Determina aplicación normativa
Definida la fecha de radicación de la demanda, lo siguiente es establecer qué norma de caducidad le resulta aplicable, punto en el que la Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 2003, al efectuar el examen de constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declaró inexequibles las expresiones que en principio permitían que la acción especial de revisión allí contenida fuese ejercida en cualquier tiempo y, en su lugar, indicó que aquella debía formularse dentro del término establecido para el recurso extraordinario de revisión en el CCA, en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, o en el Código Procesal del Trabajo, para el caso de la jurisdicción ordinaria. En virtud de lo anterior, el ejercicio de la acción especial de revisión señalada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 sí está sometido a un plazo de caducidad, el cual, en materia de lo contencioso administrativo, se encuentra regulado tanto en el anterior estatuto (CCA), como en el actual (CPACA).En este caso, el término de caducidad aplicable es el del recurso extraordinario de revisión del CCA, en la medida en que, si bien la demanda se presentó en vigencia del CPACA, lo cierto es que el cómputo del término para interponer la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia de segunda instancia inició antes de la entrada en vigencia del CPACA, esto es, en vigencia del CCA
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20
LEGITIMIDAD POR ACTIVA – En favor de sucesor procesal de entidad demandante / CAJANAL – Entidad liquidada / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – Legitimación por activa
La Sala encuentra que, si bien la demanda fue presentada por la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, como consecuencia de la culminación de su proceso de liquidación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante también la UGPP), en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 22 del Decreto 2196 de 2009 era la entidad que, por sus funciones, debía atender el presente proceso. En efecto, la UGPP, según lo han reconocido la Corte Constitucional y esta Corporación, se encuentra habilitada por delegación para adelantar el presente trámite, en virtud de lo establecido por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Por tanto, la Sala ratifica que la entidad aquí demandante sí está legitimada para interponer la acción especial de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
FUENTE FORMAL: DECRETO 2196 DE 2009 / LEY 1151 DE 2007 – ARTÍCULO 156 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – Entidad propia / CAUSAL ESPECIAL DE REVISIÓN – Asociada al debido proceso / CAUSAL ESPECIAL DE REVISIÓN – Tratándose de cuantía del derecho / CAUSAL ESPECIAL DE REVISIÓN - Restricción
[L]a acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 tiene un carácter sui generis, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada – al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia. Entre dichas particularidades se encuentran las dos (2) causales especiales de revisión consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (…) [E]l contenido de las dos (2) causales especiales de revisión está asociado o vinculado con el debido proceso o la cuantía del derecho reconocido en cada caso por una sentencia, hecho que comporta para el juez extraordinario, que decide sobre la configuración de aquellas, analizar determinados aspectos que son propios de un fallo de fondo. En efecto, tratándose del debido proceso y la cuantía del derecho reconocido en una sentencia, su conformidad con la ley depende del criterio del juez en relación con lo que integra dicho derecho, como, por ejemplo, entre los elementos integrantes de las pensiones cabe mencionar la determinación de los rubros contra-prestacionales, sus valores y la parte de los mismos que debe ser incorporada en el ingreso base de liquidación de aquellas. [E]l análisis sobre la configuración de las causales especiales se encuentra restringido por los cargos alegados en la respectiva demanda de revisión, razón por la cual tampoco sería acertado sostener que la acción especial propicia una revisión integral del fallo ejecutoriado recurrido
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20
REVISIÓN ESPECIAL EN RAZÓN DE LA CUANTÍA – Elementos de configuración
De acuerdo con la causal especial alegada en este proceso, procede la revisión de una sentencia cuando la cuantía de la obligación de cubrir sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza (lo cual se traduce en el reconocimiento de un derecho a favor del acreedor o beneficiario respectivo), reconocida en una sentencia, exceda lo debido, de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Leída la causal en cuestión con base en los hechos del caso concreto, su configuración demanda establecer si la cuantía del derecho a la pensión de jubilación reconocido en la sentencia de 7 de octubre de 2010 excede lo debido, de acuerdo con la ley
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la evolución jurisprudencial de la liquidación de la bonificación especial ver: Sección Segunda. Sentencias de 11 de marzo de 2010 [Rads. 25000-23-25-000-2006-01195-01(0091-09) y 25000-23-25-000-2005-06131-01(0604-07)]. MP. Rafael Vergara Quintero, Sección Segunda. Sentencia de 14 de septiembre de 2011 [Rad. 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11)]. MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sección Segunda. Sentencia de 13 de julio de 2011 [Rad. 11001-03-15-000-2011-00677-00(AC)], MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sección Segunda. Sentencia de 7 de diciembre de 2016 [Rad. 25000-23-42-000-2013-04676-01]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Corte Constitutcional Sala Plena. SU-395 de 2017. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20
INCLUSIÓN DE BONIFICACIÓN ESPECIAL QUE EXCEDE LO DEBIDO – Configura casual especial de revisión / RECURSO ESPECIAL DE REVISIÓN – Juez no tiene competencia para dictar sentencia de reemplazo
En virtud de que la razón para que se encuentre configurada la causal especial de revisión de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estriba en la inclusión de la bonificación especial por un valor que excede el debido, de acuerdo con el precedente de 19 de junio de 2008, la Sala declarará fundada la causal de revisión interpuesta, se infirmará parcialmente la sentencia de 7 de octubre de 2010. Ahora bien, aún cuando no podía ser objeto de la acción especial de revisión, es importante aclarar que frente a los dineros que ya le han sido pagados en exceso a la señora Nereyda Oliva Zaparán León, en virtud de la reliquidación ordenada en la sentencia que aquí se infirma parcialmente, dado que los mismos fueron efectuados y recibidos de buena fe, resulta aplicable lo establecido en la parte final de la letra c) del numeral 1. del artículo 164 del CPACA. Esto, toda vez que fue una decisión judicial la que ordenó la reliquidación pensional en esos términos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por ella instaurado. Finalmente, la Sala no dictará sentencia de reemplazo, en la medida en que, para los casos en los que prospera alguna de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el ordenamiento jurídico no le atribuye dicha competencia al juez o tribunal a cargo del procedimiento del recurso extraordinario de revisión
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTICINCO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-02013-00(REV)
Actor: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN
Demandado: NEREYDA OLIVA ZAPARÁN LEÓN
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003
Temas: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA LEY 797 DE 2003 – Su carácter sui generis se evidencia, entre otros aspectos, en el contenido de las dos causales especiales de revisión consagradas en dicha normativa, que pueden implicar determinadas valoraciones propias de un fallo de instancia al momento de analizar la configuración de aquellas – las valoraciones del juez extraordinario frente al contenido de las causales especiales de revisión deben considerar el precedente vigente para el momento en que se decidió la sentencia objeto de la acción especial de revisión – en relación con las causales de la Ley 797 de 2003 no existe competencia para que el juez de la revisión dicte sentencia de reemplazo si ellas prosperan.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 080 de 2019, se procede a resolver la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, interpuesta por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación (en adelante también “CAJANAL”) contra la sentencia dictada el 7 de octubre de 2010 por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Meta el 4 de agosto de 2009, que accedió a las pretensiones de la demanda, y se modificó uno de los numerales de la parte resolutiva, precisándose su sentido.
ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 22 de noviembre de 2012, CAJANAL, por conducto de apoderada judicial, interpuso la “acción de revisión”, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida por la Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación el 7 de octubre de 2010.
2. Los hechos
Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron, básicamente, los siguientes:
• La Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución No. 8375 de 21 de febrero de 2005, reconoció y ordenó el pago a favor de la señora Nereyda Oliva Zaparán León de “una pensión mensual vitalicia por vejez”, efectiva a partir del 29 de agosto de 2003 y liquidada con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 9 años, 4 meses y 28 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que laboró por más de 20 años en entidades públicas, de los cuales, los últimos diez fueron al servicio de la Contraloría General de la República.
• La señora Zaparán León instauró una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, con el fin de atacar la legalidad de la Resolución No. 8375 de 21 de febrero de 2005 y así obtener la liquidación de su pensión con el Régimen Especial de los empleados de la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta la totalidad de los factores de salario devengados en los últimos seis meses de servicio.
• El conocimiento del proceso le correspondió a la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Meta, que profirió sentencia el 4 de agosto de 2009 y accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de reconocer la liquidación de la pensión con fundamento en la normativa especial y con la inclusión de todos los factores de salario devengados por la señora Zaparán León en el último semestre laborado.
• Contra la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 7 de octubre de 2010 – aquí cuestionada –, en el sentido de mantener la liquidación dispuesta en primera instancia, pero con la inclusión de la bonificación especial o quinquenio en su totalidad, es decir, sin fraccionamiento alguno.
3. El fallo objeto de revisión
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que la señora Nereyda Oliva Zaparán León, por cumplir con el requisito de haber prestado sus servicios por más de diez (10) años en la Contraloría General de la República, estaba cobijada por el régimen especial del Decreto 929 de 1976 y no las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que el artículo 1 de la Ley 33 excluyó de su régimen a los empleados oficiales que, de conformidad con la ley, disfrutaran de un régimen especial de pensiones.
Señaló que el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación de la señora Nereyda Oliva Zaparán León se regía por la legislación anterior, cuya aplicación procedía en forma integral, según la jurisprudencia de la misma Sección, porque la demandante tenía más de 35 años de edad y superaba los 15 de servicios exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, determinó que la entidad demandada debió liquidar la pensión de jubilación de la demandante con inclusión de los factores salariales enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aplicable por la remisión que hizo el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, el cual, en su artículo 7, preveía que el reconocimiento de la pensión de jubilación debía efectuarse con base en el promedio de los salarios devengados durante el último semestre.
Precisó que, además de los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 – previstos para los empleados de la Contraloría General de la República – debieron también tenerse en cuenta, en la liquidación de la prestación reclamada por la demandante, los consagrados en el artículo 40 del Decreto 720 de 1978, por el cual se dictaron normas especiales para esa misma entidad.
Indicó que las vacaciones no se tendrían como factor para el cómputo de la pensión de la demandante, por cuanto ya estaban incluidas dentro de la asignación salarial.
Agregó que la liquidación de la bonificación especial, causada cada vez que la empleada cumplía cinco años de servicios en la entidad, no era susceptible de ser pagada en forma proporcional y, por lo mismo, no podía ser fraccionada para efectos de computarla como factor pensional, amén de que esa prestación económica tenía la naturaleza de contraprestación y no de una prestación social.
Como consecuencia, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación confirmó parcialmente la sentencia del a quo, modificando lo concerniente al rubro de la bonificación especial (quinquenio) e indicó que debía incluirse en la liquidación pensional de forma total, previo el descuento realizado con destino a la Caja Nacional de Previsión, como aporte.
4. La causal de revisión invocada y su sustentación
Como ya se indicó, contra la sentencia de segunda instancia, dictada por esta Corporación el 7 de octubre de 2010, CAJANAL presentó demanda en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con fundamento en la causal contenida en la letra b).
A juicio de la entidad pública que solicita la revisión del fallo, de una parte, este vulneró los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 1, 7 y 17 del Decreto 929 de 1976 y 27 del Decreto 3135 de 1968; y, de otro lado, la liquidación de la pensión, en los términos reconocidos por la Sección Segunda, resulta improcedente, toda vez que, en sentencia de 14 de septiembre de 2011 se rectificó la postura que sostenía que la bonificación especial o quinquenio no podía ser fraccionada, para sostener lo contrario, es decir, que para la liquidación de pensiones del régimen especial de la Contraloría General de la República debe computarse la bonificación especial de manera proporcional, acogiendo el último valor devengado por tal concepto y dividirlo en una sexta parte.
En virtud de lo anterior, señaló que “la providencia objeto de revisión no puede mantenerse incólume, como quiera que contradice la reciente jurisprudencia del H. Consejo de Estado proferida para aclarar y precisar el tema que nos ocupa en esta oportunidad”.
5. La oposición
La señora Nereyda Oliva Zaparán León, beneficiaria del derecho pensional, por conducto de apoderado judicial, mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2015, se opuso a la procedencia de la acción especial de revisión interpuesta por CAJANAL EICE, en liquidación, para lo cual indicó: i) que la acción se ejerció de manera extemporánea, esto es, por fuera del término de dos (2) años previsto en el C.C.A.; ii) que la entidad que solicita la revisión carece de legitimación en la causa por activa para ello, por cuanto el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 solo habilita para tal propósito únicamente al Gobierno Nacional, por conducto de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público; al Contralor General de la República y al Procurador General de la Nación.
Respecto del fondo del asunto, señaló que la liquidación que hizo la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia se ajustó al criterio jurisprudencial de ese momento, sin que el monto pensional que se reliquidó a la entonces demandante fuese irracional ni comportara detrimento patrimonial alguno frente al erario, a lo cual añadió que la entidad pública aquí demandante pudo ejercer a plenitud su derecho a la defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se determinó la cuantía de la prestación económica a favor de la señora Zaparán León.
6. Mediante auto del 20 de agosto de 2015, se abrió el proceso a pruebas, para lo cual se decretaron las solicitadas por las partes y, por tanto, la Secretaría General libró oficios Nos. JTCM – 6818 y JTCM – 6884 del 2 de septiembre y 17 de septiembre de 2015, respectivamente, dirigidos al Tribunal Administrativo del Meta, para que allegara al proceso de la referencia copia de la demanda contentiva de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Nereyda Oliva Zaparán León, bajo el radicado No. 2005-20472-00.
En escrito allegado el 22 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta dio respuesta a los anteriores requerimientos, para lo cual allegó copia de dicho proceso.
7. Finalmente, a través de auto 13 de noviembre de 2015, se cerró la etapa probatoria y se dio traslado a las partes de los documentos aportados, para que ejercieran su derecho de contradicción, sin pronunciamiento alguno.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Dado que se trata de una decisión ejecutoriada dictada en segunda instancia por una de las Secciones del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 248 del CPACA, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través de las Salas Especiales de Decisión que fueron implementadas mediante el Acuerdo N° 321 de 2014, compilado en el Acuerdo 080 de 2019, es competente para conocer de la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003, interpuesta por CAJANAL contra la sentencia del 7 de octubre de 2010, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.
2. Presupuestos procesales
La Sala procederá a analizar los presupuestos procesales de la presente acción especial de revisión, en particular el ejercicio oportuno y la legitimación en la causa para ejercerla, aspectos que, además, rebatió la parte demandada.
2.1. Caducidad
En el presente caso, si bien en la página web de la Rama Judicial aparece registrado el 11 de agosto de 2014 como fecha de radicación del proceso, esa situación obedece a que, dado que el reparto inicial de 19 de febrero de 2013 se hizo al despacho del ponente de la decisión recurrida en acción especial de revisión, debió ser elaborada una nueva acta individual de reparto el 11 de agosto de 2014 para la asignación del proceso, el cual le correspondió al despacho de la suscrita ponente. En todo caso, la demanda interpuesta en ejercicio de la acción especial de revisión se presentó ante esta Corporación el 22 de noviembre de 2012, según el sello de recibido de la Secretaría General.
Definida la fecha de radicación de la demanda, lo siguiente es establecer qué norma de caducidad le resulta aplicable, punto en el que la Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 2003, al efectuar el examen de constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declaró inexequibles las expresiones que en principio permitían que la acción especial de revisión allí contenida fuese ejercida en cualquier tiempo y, en su lugar, indicó que aquella debía formularse dentro del término establecido para el recurso extraordinario de revisión en el CCA, en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, o en el Código Procesal del Trabajo, para el caso de la jurisdicción ordinaria.
En virtud de lo anterior, el ejercicio de la acción especial de revisión señalada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 sí está sometido a un plazo de caducidad, el cual, en materia de lo contencioso administrativo, se encuentra regulado tanto en el anterior estatuto (CCA), como en el actual (CPACA).
En este caso, el término de caducidad aplicable es el del recurso extraordinario de revisión del CCA, en la medida en que, si bien la demanda se presentó en vigencia del CPACA, lo cierto es que el cómputo del término para interponer la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia de segunda instancia inició antes de la entrada en vigencia del CPACA, esto es, en vigencia del CCA.
Dado que la ejecutoria de la decisión demandada en acción especial de revisión tuvo lugar el 22 de noviembre de 2010, al haberse presentado esta el 22 de noviembre de 2012, se concluye que se hizo oportunamente, puesto que el plazo de dos (2) años previsto en el artículo 187 del CCA fenecía el 23 de noviembre de 2012.
2.2. La legitimación en la causa por activa
La parte demandada señaló que la entidad demandante no se encuentra legitimada para promover el presente proceso, puesto que no aparece enlistada en el inciso final del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dentro de los entes (Ministerios) y las autoridades (Contralor General de la República y Procurador General de la Nación) autorizados para ello.
La Sala encuentra que, si bien la demanda fue presentada por la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, como consecuencia de la culminación de su proceso de liquidación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante también la UGPP), en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 22 del Decreto 2196 de 2009 era la entidad que, por sus funciones, debía atender el presente proceso.
En efecto, la UGPP, según lo han reconocido la Corte Constitucional y esta Corporación, se encuentra habilitada por delegación para adelantar el presente trámite, en virtud de lo establecido por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Por tanto, la Sala ratifica que la entidad aquí demandante sí está legitimada para interponer la acción especial de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3. Análisis de la causal especial de revisión de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, consistente en que la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido, de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables
3.1. Aspectos generales de la acción especial de revisión
La circunstancia de que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establezca que “la revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código”, no significa que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite y sus causales generales le resultan aplicables a aquella por remisión.
Por lo demás, la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 tiene un carácter sui generis, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada – al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia.
Entre dichas particularidades se encuentran las dos (2) causales especiales de revisión consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las cuales, por su contenido – vinculado a los derechos que hayan sido reconocidos en una sentencia – impactan el análisis que sobre su configuración realiza el juez extraordinario.
Sobre este último punto, es importante recordar que, según lo ha indicado la Sección Segunda de esta Corporación, en el caso del recurso extraordinario de revisión, la precisión de las causales legales generales permite aseverar que éstas no buscan reabrir un debate probatorio ni cuestionar el criterio del juez ni la estructura interna del fallo sino “garantizar la justicia de la sentencia”.
Dentro de ese contexto, la misma Sección, siguiendo a la Corte Constitucional, ha sostenido que se trata de un medio extraordinario, que constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos rescisorios, frente a una relación procesal cerrada, característica que se traduce en que no puedan discutirse los asuntos de fondo fuente de dicha relación, ni fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso.
En el caso de la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003, el contenido de las dos (2) causales especiales de revisión está asociado o vinculado con el debido proceso o la cuantía del derecho reconocido en cada caso por una sentencia, hecho que comporta para el juez extraordinario, que decide sobre la configuración de aquellas, analizar determinados aspectos que son propios de un fallo de fondo.
En efecto, tratándose del debido proceso y la cuantía del derecho reconocido en una sentencia, su conformidad con la ley depende del criterio del juez en relación con lo que integra dicho derecho, como, por ejemplo, entre los elementos integrantes de las pensiones cabe mencionar la determinación de los rubros contra-prestacionales, sus valores y la parte de los mismos que debe ser incorporada en el ingreso base de liquidación de aquellas.
Adviértase que no se está afirmando que, por su contenido, la decisión sobre la configuración de las causales especiales en cuestión propicie cualquier análisis de un fallo de instancia, puesto que la legitimación calificada y el contenido de aquellas constituyen una barrera que excluye del alcance de la acción de la Ley 797 de 2003 la revisión de derechos reconocidos en cuantías que estén por debajo de lo dispuesto por la ley, pacto o convención aplicable, cuando en el ingreso base de liquidación, por ejemplo, no hubieren sido incluidos todos los rubros contra-prestacionales procedentes.
Asimismo, el análisis sobre la configuración de las causales especiales se encuentra restringido por los cargos alegados en la respectiva demanda de revisión, razón por la cual tampoco sería acertado sostener que la acción especial propicia una revisión integral del fallo ejecutoriado recurrido. Precisamente, la efectiva configuración de las causales especiales, restringida a los cargos de la respectiva demanda, ha conducido a que sentencias ejecutoriadas demandadas en acción de revisión hayan sido infirmadas parcialmente.
3.2. La configuración de la causal especial de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en el caso concreto
De acuerdo con la causal especial alegada en este proceso, procede la revisión de una sentencia cuando la cuantía de la obligación de cubrir sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza (lo cual se traduce en el reconocimiento de un derecho a favor del acreedor o beneficiario respectivo), reconocida en una sentencia, exceda lo debido, de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Leída la causal en cuestión con base en los hechos del caso concreto, su configuración demanda establecer si la cuantía del derecho a la pensión de jubilación reconocido en la sentencia de 7 de octubre de 2010 excede lo debido, de acuerdo con la ley.
La entidad demandante sostiene en la demanda interpuesta que no cuestiona el derecho a la pensión de jubilación ni el monto que la sentencia del 7 de octubre de 2010 de la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación le reconoció a la señora Nereyda Oliva Zaparán León, con fundamento en el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y en la aplicación de la norma especial prevista en el Decreto-ley 929 de 1976.
El cuestionamiento gira únicamente en torno a la inclusión en dicha pensión de “la bonificación especial o quinquenio en su totalidad”, contradiciendo la sentencia posterior de la misma Sección Segunda de 14 de septiembre de 2011, en la que se indicó que dicha bonificación debía incluirse de manera proporcional.
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo de la acción especial de revisión fundamenta la configuración de la causal en cuestión en que, de conformidad con la sentencia que modificó la tesis de la Sección Segunda, la cuantía del derecho reconocido en la sentencia de 7 de octubre de 2010 no podía incorporar el 100% del valor de la bonificación especial a que tenían derecho los empleados de la Contraloría de la República vinculados antes del 1º de enero de 1992, el análisis de dicha causal exige establecer no solo si su configuración depende del cambio de precedente sino, además, si la incorporación de la contraprestación antedicha en el referido porcentaje conllevó a que se sobrepasara la cuantía del derecho en contravía del precedente vigente para el 7 de octubre de 2010, fundado, por lo demás, en las normas que considera vulneradas en la presente acción.
La forma en que debe ser liquidada la referida bonificación especial es un asunto que, si bien en la actualidad se encuentra definido en el fallo de unificación de 7 de diciembre de 2016 de la Sala Plena de la Sección Segunda, para la época en que se profirió la sentencia cuestionada, el 7 de octubre de 2010, constituyó un tema que fue objeto progresivo de varios pronunciamientos con tesis cambiantes.
Por esta última razón, resulta importante hacer referencia al desarrollo de la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema que se pone de presente, en orden a evidenciar, de una parte, cómo el precedente que aplicó o reiteró la sentencia de 7 de octubre de 2010 en relación con la liquidación de la referida bonificación especial perdió sus efectos porque, de acuerdo con la Corte Constitucional, la sentencia contentiva de aquel incurrió en los defectos sustantivos y en violación directa de la Constitución; y, de otro lado, si en este caso la definición sobre la configuración de la causal especial alegada, por el hecho de comportar una vinculación con la forma en que debía liquidarse esa contraprestación, habilita al juez extraordinario a pronunciarse y con qué alcance frente al criterio del juez ordinario.
Recuérdese que ya anteriormente, en esta misma providencia, se advirtió que el contenido de las dos (2) causales especiales de la acción de revisión de la Ley 797 de 2003 está asociado o vinculado con el debido proceso o la cuantía del derecho reconocido, en cada caso, por una sentencia, hecho que comporta para el juez extraordinario, que decide sobre la configuración de aquellas, analizar determinados aspectos que son propios de un fallo de fondo.
3.2.1. El desarrollo de la jurisprudencia frente a la liquidación de la bonificación especial
Observa la Sala que la providencia aquí cuestionada, de 7 de octubre de 2010, aun cuando no lo invocó expresamente, aplicó o reiteró el precedente de la Sala Plena de la Sección Segunda contenido en las sentencias de 11 de marzo de 2010, por ser este vinculante para la época en que fue proferida dicha providencia.
De acuerdo con el criterio contenido en dichas sentencias proferidas en el marco de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que, según el artículo 7 del Decreto-ley 929 de 1976, la pensión ordinaria de jubilación de los empleados de la Contraloría General de la República era equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre, solo podía ser susceptible de dicho promedio cualquier contraprestación que fuera pasible de ser fraccionada, lo cual ocurría con los rubros cuyo pago está previsto por anualidades causadas. Por el contrario, las que no fueren fraccionadas en esos términos, debían incluirse en su integridad.
Precisamente, según ese mismo criterio, la bonificación especial de los empleados de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1º de enero de 1992 no era pasible de ser fraccionada, en la medida en que se causaba cada vez que aquellos cumplieran cinco (5) años de servicios, motivo por el cual, en los casos de retiro del servicio antes de transcurrido este período, no se cumplía la condición que generaba el pago de dicha contraprestación. La tesis en cuestión concluía frente a la referida bonificación, de una parte, que:
“(…) si no es susceptible de ser pagada en forma proporcional, tampoco lo es de ser segmentada para computarla como factor pensional, pues con ello se le estaría dando un tratamiento equivalente al de otros factores que sí pueden ser pagados proporcionalmente, cuando el empleado se retira sin culminar el año completo de servicios”
Asimismo, que:
“(…) si el derecho a percibir la bonificación especial se consolidó el último semestre laborado, debe computarse en su totalidad, lo contrario pugnaría con el derecho del empleado que ha cumplido cinco años de servicios y ve frustrada la opción que le dio la ley de incluirla en el cómputo pensional, pese a que, se repite, su exigencia sólo surge el día que se cumple con el lapso de permanencia señalado en la norma”.
En las mismas sentencias contentivas del precedente aplicado o reiterado por el fallo cuestionado de 7 de octubre de 2010 se advirtió:
“De esta manera, la Sala replantea la tesis contenida en fallos en los que se había decidido promediar todos los factores salariales computables en la pensión de los empleados de régimen especial de la Contraloría General de la República”.
Posteriormente, CAJANAL, en la demanda que presentó en ejercicio de la acción especial de revisión, fundamentó la configuración de la causal contenida en la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en el hecho de que, para el 22 de noviembre de 2012 ya se encontraba vigente un precedente distinto de la Sala Plena de la Sección Segunda, en relación con la liquidación de la bonificación especial de los empleados de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1º de enero de 1992. Específicamente, hizo referencia al precedente contenido en la sentencia de 14 de septiembre de 2011, la cual fue expedida en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y en cuya virtud fue recogido el criterio contenido en las providencias de 11 de marzo de 2010, con fundamento en un fallo de tutela de la misma Sala.
De acuerdo con la sentencia de 14 de septiembre de 2011, con independencia de que la contraprestación objeto de análisis se adquiriera cada vez que se cumplieran 5 años de servicio, no existía norma que indicara que la última bonificación especial causada y pagada en su totalidad no pudiera ser fraccionada para efectos de liquidar la pensión y que, por el contrario, la posibilidad de fraccionamiento en sextas partes se desprendía de lo establecido en el artículo 7 del Decreto-ley 929 de 1976.
Posteriormente, la Sala Plena de la Sección Segunda, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2016, expedida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, volvió a pronunciarse en relación con el tema, previniendo esta vez que lo hacía por la importancia jurídica del asunto y con criterio de unificación, en los términos del artículo 271 de la Ley 1437 de 2011. Con el referido alcance, la sentencia señaló que unificaba la jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos:
“PRIMERO.- UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la manera como se calcula el IBL pensional de los beneficiarios del Decreto Ley 929 de 1976, en el sentido de definir que el quinquenio deberá tomarse como un mes de remuneración, sin importar que haya devengado una suma mayor por este concepto, conforme lo establecido en el artículo 23 del mismo.
´SEGUNDO.- UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la manera como se tendrá en cuenta el mes de remuneración-quinquenio a efectos de integrar el IBL pensional de los beneficiarios del Decreto Ley 929 de 1976, en el sentido de definir que el quinquenio- mes de remuneración deberá tomarse en una doceava parte”.
Recientemente, la Sala 4ª Especial de Decisión, en fallo de 1 de agosto de 2017, en el marco de la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003, al analizar una sentencia que había aplicado el criterio de las providencias de 11 de marzo de 2010, reconoció que estas sí constituyeron un precedente que estuvo vigente hasta que fue variado por la providencia de 14 de septiembre de 2011.
No obstante lo anterior, el mismo fallo de revisión señaló que el alcance de la causal especial allí alegada – coincidente con la del presente caso –, por corresponder a la comprobación del monto de la prestación y su ajuste normativo con incidencia en los recursos que nutren el sistema pensional y garantizan el pago de las pensiones de otros beneficiarios, le permitía al juez extraordinario el apartamiento del precedente de 11 de marzo de 2010, en la medida en que este avalaba una interpretación que desconocía los principios de dicho sistema y el de igualdad, habilitantes de la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003.
Este último planteamiento condujo a que la Sala Especial evidenciara que el fallo objeto de la acción especial de revisión había incorporado el 100% del valor recibido a título de bonificación especial, lo que condujo a aquella a entender configurada la causal de revisión de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la medida en que:
“(…) este porcentaje (el del 100%) desconoce los principios fundamentales del sistema pensional de sostenibilidad financiera, solidaridad y eficiencia en el reconocimiento de estas prestaciones para cubrir la vejez y que representan la garantía del derecho a gozar de una pensión, lo cual lleva implícito el que las sumas reconocidas garanticen su pago de manera sostenida e indefinida en el tiempo. La elevación de una pensión por considerar porcentajes diferentes a los previstos en la ley, genera una desproporción manifiesta y de no correspondencia con los niveles de ingreso habituales del funcionario, pese a que éste lo ampare un régimen especial, del que tampoco se puede generar una lectura equivoca relativa al deber de mantener y privilegiar una prestación liquidada en evidente desigualdad”.
Finalmente, es importante agregar que en la sentencia SU-395 de 22 de junio de 2017 la Corte Constitucional determinó que, con la interpretación del precedente contenido en las providencias de 11 de marzo de 2010, la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió, de una parte, en el defecto sustantivo por una interpretación contraria a la ley y, de otro lado, en el desconocimiento de precedentes constitucionales.
En esa oportunidad, la Corte Constitucional abordó el estudio de cinco demandas de tutela, formuladas contra cinco providencias de dicha Sección, entre ellas las referidas de 11 de marzo de 2010 que, se recuerda, plasmaron el precedente que implícitamente aplicó o reiteró la sentencia cuestionada en la presente acción especial de revisión, y concluyó:
Que se configuró el defecto sustantivo, dado que los factores salariales que debían tenerse en cuenta en la liquidación pensional correspondían a los consagrados en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no a los del régimen anterior.
Una interpretación contraria, como sucedió con las dos providencias de 11 de marzo de 2010, contradice no solo lo establecido en los incisos 2º y 3º de dicho artículo, sino también las sentencias de constitucionalidad C-168 de 1995 y C-258 de 2013 que tienen efecto erga omnes.
Que, en gracia de discusión del punto antecedente, se configuró el defecto por violación directa de la Constitución, dado que la inclusión total y no parcial del factor salarial correspondiente a la bonificación especial de los empleados de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1º de enero de 1992 desconoció el debido proceso de la entidad pública, en la medida en que se interpretó el artículo 7 del Decreto-ley 929 de 1976 de manera contraria a la estipulada expresamente por el legislador.
En efecto, al amparo de dicha interpretación contraria se incluyó en su totalidad, dentro del IBL, el valor de la bonificación percibido en los últimos 6 meses, pero causado en los últimos 5 años de servicio, equiparándose así, tanto desde la óptica lingüística como también jurídica – esta última reafirmada por una providencia de 7 de junio de 1980 del Consejo de Estado –, la expresión devengados del Decreto-ley 929 de 1976 con el término percibidos.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional dejó sin efectos las sentencias de 11 de marzo de 2010.
3.2.2. Las consecuencias que frente a la configuración de la causal de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tiene la decisión de la Corte Constitucional, que dejó sin efectos las sentencias de 11 de marzo de 2010, contentivas del precedente aplicado y por el fallo de 7 de octubre de 2010 cuestionado en acción especial de revisión
La sentencia de 7 de octubre de 2010 objeto del presente proceso, por sí misma, no fijó un precedente, sino que implícitamente preservó el que se encontraba vigente para la época en que fue proferida, es decir, el contenido en las providencias de 11 de marzo de 2010.
Teniendo en cuenta que en la sentencia SU-395 de 2017 la Corte Constitucional dejó sin efectos las providencias de 11 de marzo de 2010, sustrayendo así la fuerza vinculante al otrora precedente contenido en estas, aplicado o reiterado implícitamente por el fallo que se revisa de 7 de octubre de 2010, la Sala puede desconocerlo legítimamente, en la medida en que dichas providencias incurrieron en defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución, según lo anotó ese tribunal.
Además, la referida decisión de la Corte Constitucional tiene incidencia directa en el presente caso, en particular en la configuración de la causal de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la medida en que en la liquidación del derecho a la pensión de jubilación, reconocido por la sentencia cuestionada de 7 de octubre de 2010, se incorporó la bonificación especial en el porcentaje que prohijaban las providencias de 11 de marzo de 2010 – cargo que se recuerda fue el único que planteó y desarrolló la entidad pública demandante en la acción aquí interpuesta, con fundamento en la modificación de la tesis en virtud de la sentencia posterior de 14 de septiembre de 2011 –.
En efecto, la sentencia de 7 de octubre de 2010 ordenó que en la liquidación de la pensión de jubilación de la señora Nereyda Oliva Zaparán León se incluyera la bonificación especial de servicios (quinquenio) por la totalidad de su valor, proceder que excedió la cuantía de dicho derecho, en la medida en que incorporó esa contraprestación por un valor superior al debido, de acuerdo con el criterio jurisprudencial vigente para entonces.
Para la Sala, tratándose de la configuración de la causal de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el valor que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial vigente para cuando fue dictada la sentencia objeto de la acción especial de revisión, debe integrarse en el ingreso base de liquidación de la pensión por jubilación de la señora Nereyda Oliva Zaparán León, por concepto de la bonificación especial (quinquenio), corresponde al establecido en el precedente contenido en el fallo de 19 de junio de 2008 y no al del 14 de septiembre de 2011, por las siguientes razones:
La decisión sobre la configuración de la causal especial de revisión de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 involucra una esfera del derecho a la pensión de jubilación (la cuantía), cuyo análisis de concordancia con la ley, pacto o convención colectiva aplicable debe realizarlo el juez extraordinario, con base en el precedente que, en caso de que exista, así la establezca.
En ese sentido, el precedente que tenía fuerza vinculante para el 7 de octubre de 2010, fecha en que fue proferida la decisión objeto de la acción especial de revisión, era el contenido en la sentencia de 19 de junio de 2008, la cual precisaba el cálculo de la bonificación especial de manera proporcional, específicamente, la proporción que resultara de dividir el valor total certificado de dicho factor salarial entre los cinco años que sirvieron para su causación y enseguida entre los doce meses que comprende el año. Este cálculo resultaba en una cuantía menor a la de la sentencia de 7 de octubre de 2010.
El cambio de precedente contenido en la sentencia de 14 de septiembre de 2011, por sí mismo, no permite configurar la causal de revisión invocada, en la medida en que al juez ordinario, por razones apenas lógicas, le resultaba vinculante el precedente entonces vigente y no uno posterior que en ese entonces no podía anticipar ni mucho menos aplicar.
Existe una identidad fáctica y jurídica frente al precedente que debió aplicarse en la sentencia de 7 de octubre de 2010, en la medida en que, al igual que en esta, en el caso analizado en la providencia de 19 de junio de 2008 se trató de una empleada de la Contraloría General de la República, beneficiaria del Decreto ley 929 de 1976, en relación con quien el debate jurídico se centró, entre otros aspectos, en la parte de la bonificación especial (quinquenio) que integra el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida a dicha empleada beneficiaria.
Satisfecho ese requisito de identidad, el precedente de 19 de junio de 2008 resultaba obligatorio y no admitía la posibilidad de apartamiento, so pena de quebrantar el principio de coherencia, lo que daría lugar a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Valga agregar que en las corporaciones judiciales organizadas funcionalmente a través de salas o secciones y subsalas o subsecciones, las sentencias proferidas por estas, que no sean de unificación, pueden tener el valor de precedentes siempre que no existan criterios dispares insalvables, puesto que, en caso contrario, su fuerza vinculante en el plano horizontal y vertical pierde materialmente eficacia.
En efecto, si la fuerza vinculante de las decisiones de los órganos de cierre proviene, de acuerdo con la Corte Constitucional, de una serie de axiomas que la justifican, los mismos pueden resultar desvirtuados cuando en el seno de un mismo órgano de cierre surgen precedentes dispares insalvables, situación que, no obstante, en el plano teórico debiera resultar ilógica, según dicho Tribunal, puesto que “(…) en el caso del precedente horizontal, se supone que el mismo es plenamente conocido por quien lo profirió, lo que activa un deber de coherencia interna que conduce a entender que sería manifiestamente irracional que el juez se aparte caprichosamente de su aplicación, pues esa conducta se opone al principio lógico de no contradicción”.
Precisamente, en orden a salvaguardar la coherencia y uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho, la seguridad del sistema jurídico colombiano (concretada en la “razonabilidad previsible” de las decisiones judiciales), el derecho de los ciudadanos a la igualdad ante la ley, los principios de buena fe y confianza legítima y en general los axiomas de la fuerza vinculante de las decisiones judiciales de los órganos de cierre, emerge necesaria la concreción del deber que estos tienen de unificar la jurisprudencia de su respectiva jurisdicción, cometido que en la actualidad se cumple a través del mecanismo interno de unificación consagrado en el artículo 271 del CPACA.
El precedente de 19 de junio de 2008, vigente para el 7 de octubre de 2010, observa la ratio decidendi del precedente de la sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional en relación con el derecho al debido proceso en la liquidación de la bonificación especial de los empleados de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1º de enero de 1992, en la medida en que no se promueve la inclusión total sino parcial del factor salarial correspondiente a dicha contraprestación.
Recuérdese que una de las hipótesis en las que se predica la existencia de un precedente constitucional corresponde a cuando la Corte Constitucional fija el alcance de derechos fundamentales a través de la ratio decidendi de las sentencias de tutela. Lo anterior se reafirma en la medida en que, dada la condición de órgano de cierre de la Corte Constitucional, la revisión que esta realiza de las decisiones judiciales que resuelven procesos surtidos en ejercicio de las acciones de tutela interpuestas contra actuaciones administrativas y decisiones judiciales concretan el mandato de unificación de la jurisprudencia en la jurisdicción constitucional.
En virtud de que la razón para que se encuentre configurada la causal especial de revisión de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estriba en la inclusión de la bonificación especial por un valor que excede el debido, de acuerdo con el precedente de 19 de junio de 2008, la Sala declarará fundada la causal de revisión interpuesta, se infirmará parcialmente la sentencia de 7 de octubre de 2010.
Ahora bien, aún cuando no podía ser objeto de la acción especial de revisión, es importante aclarar que frente a los dineros que ya le han sido pagados en exceso a la señora Nereyda Oliva Zaparán León, en virtud de la reliquidación ordenada en la sentencia que aquí se infirma parcialmente, dado que los mismos fueron efectuados y recibidos de buena fe, resulta aplicable lo establecido en la parte final de la letra c) del numeral 1. del artículo 164 del CPACA. Esto, toda vez que fue una decisión judicial la que ordenó la reliquidación pensional en esos términos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por ella instaurado.
Finalmente, la Sala no dictará sentencia de reemplazo, en la medida en que, para los casos en los que prospera alguna de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el ordenamiento jurídico no le atribuye dicha competencia al juez o tribunal a cargo del procedimiento del recurso extraordinario de revisión.
En virtud de lo anterior y dado que la sentencia de 7 de octubre de 2010 de la Sección Segunda no se infirma total sino parcialmente, se remitirá el expediente a la Secretaría de dicha sección para que dentro del proceso con radicado 50001-23-31-000-2005-20472-01 (1673-09) se decida lo pertinente.
4. Costas
En este asunto no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la causal especial contemplada en la acción de la Ley 797 de 2003 se declarará fundada. Este hecho releva a esta Sala de realizar la fijación de costas, puesto que la normativa que rige sobre el particular solo impone su procedencia en el trámite del recurso extraordinario de revisión cuando este no ha prosperado, según se advierte del numeral 1 del artículo 365 del CPG, aplicable por remisión normativa expresa del artículo 188 del CPACA.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
PRIMERO: DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de caducidad formulada por el apoderado de la señora NEREYDA OLIVA ZAPARÁN LEÓN.
SEGUNDO: DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de falta de legitimación de la causa por activa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, formulada por el apoderado de la señora NEREYDA OLIVA ZAPARÁN LEÓN.
TERCERO: DECLARÁSE FUNDADA la causal especial de revisión de la acción de la Ley 797 de 2003 interpuesta por la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE – en liquidación contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación el 7 de octubre de 2010, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Nereyda Oliva Zaparán León contra la Caja Nacional de Previsión Social.
CUARTO: Como consecuencia, INFÍRMASE PARCIALMENTE lo que corresponde al ordinal segundo en cuanto dispuso que el único rubro que no sería incluido en forma proporcional sería el de la bonificación especial de servicios (quinquenio), por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDÉNASE la remisión de copia de esta providencia a la Secretaría de la Sección Segunda para que dentro del proceso con radicado 50001-23-31-000-2005-20472-01 (1673-09) se decida lo pertinente.
SEXTO: Sin costas en la instancia, por lo expresado en esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Presidenta
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTICINCO ESPECIAL DE DECISIÓN
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-02013-00(REV)
Actor: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN
Demandado: NEREYDA OLIVA ZAPARÁN LEÓN
Con el respeto acostumbrado, si bien comparto la decisión adoptada en el asunto de la referencia, aclaro el voto para precisar que, ante la prosperidad del recurso extraordinario y la decisión de infirmar parcialmente la sentencia del 7 octubre de 2010, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, era procedente que la sala 25 dictara la sentencia de reemplazo para justamente aplicar al caso concreto la providencia del 19 de junio de 2008, respecto de la forma de incluir el quinquenio en la base pensional de los exempleados de la Contraloría General de la República.
Razones de economía y celeridad procesal permiten sostener que la competencia para proferir la sentencia de reemplazo era de la misma sala que resolvió el recurso extraordinario, pues no restaba sino ordenar a la UGPP que reliquidara la pensión de Nereyda Oliva Zaparán León, en cuanto a la inclusión parcial y proporcional del quinquenio.
De hecho, en casos idénticos, las salas especiales de la Corporación han dictado la correspondiente sentencia de reemplazo, como, por ejemplo, en el fallo del 1° de agosto de 2017.
Atentamente,
Julio Roberto Piza Rodríguez
Fecha ut supra
De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 2196/09, modificado por el artículo 2 del Decreto 2040/11, los procesos judiciales que estuvieran en trámite al cierre de la liquidación de CAJANAL, respecto de las funciones que asumiría la UGPP, estaban a cargo de esta. La misma disposición agregó que el liquidador de CAJANAL continuaría atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto le fueran entregados a la UGPP, entre otros, los procesos que llegaren a iniciarse dentro de dicho término. En varias oportunidades el plazo para la liquidación de la referida entidad fue objeto de prórrogas, siendo la última la del Decreto 877/13 hasta el 11 de junio de 2013. Fue dentro de ese contexto que la demanda de revisión fue interpuesta por la apoderada de CAJANAL EICE el 22 de noviembre de 2012, poder que le fue revocado por el liquidador de ésta a partir del 12 de junio de 2013 y que le fue conferido, a la misma apoderada, por la UGPP el 10 de julio de 2013. En el auto de 14 de noviembre de 2013 proferido por el entonces despacho sustanciador se expresó (se transcribe de forma literal, incluidos los eventuales errores):
“Recónecese a la doctora Lucía Arbeláez de Tobón como apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación (…).
´Se acepta la revocatoria del poder conferido a la doctora Lucía Arbeláez de Tobón (…) por parte del representante legal de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANL EICE en Liquidación.
´Reconócese a la doctora Lucía Arbeláez de Tobón como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP (…)”. Folios 1 a 12, Cuaderno Principal. En dicha sentencia se resolvió (se transcribe de forma literal, incluidos los eventuales errores): “CONFÍRMASE la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso promovido por NEREYDA OLIVA ZAPARÁN LEÓN contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
´MODIFÍCASE el numeral SEGUNDO en el sentido de precisar que los rubros mencionados deben incluirse en forma proporcional, excepto la bonificación especial de servicios (quinquenio) rubro que se adiciona en su totalidad para liquidar la pensión, frente a cuyo monto se harán los correspondientes descuentos por concepto de aportes a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. – en liquidación - o la entidad de previsión social que la sustituya”. En particular las sentencias de 8 de junio de 2000 [Radicación 2729-99]. MP. Alejandro Ordóñez Maldonado y 21 de septiembre de 2000 [Radicación 470/99]. MP. Nicolás Pájaro Peñaranda. En la demanda se pretendió (se transcribe de forma literal, incluidos los eventuales errores): “1. Revocar la sentencia de 7 de octubre de 2010, proferida por el H. Consejo de Estado, que confirma el fallo de 4 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurada por la señora NEREYDA OLIVA ZAPARAN LEÓN contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, en proceso radicado con el No. 2005-20472.
´2. Declarar que a la señora NEREYDA OLIVA ZAPARAN LEÓN no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación se reliquide con l totalidad de lo devengado por concepto de bonificación especial o quinquenio, pues la inclusión de al factor debe ser de manera fraccionada.
´3. Condenar a la señora NEREYDA OLIVA ZAPARAN LEÓN a reintegrar a CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, los valores cancelados por concepto de la reliquidación de su pensión de jubilación, en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia de 7 de octubre de 2010, proferida por el H. Consejo de Estado, que confirma el fallo de 4 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal Administrativo del Meta, en proceso radicado con el No. 2005-20472”.
“Ley 797/03. Artículo 20.
Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública. (…)
´(…)
´La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
´(…)
´b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. Folio 10, Cuaderno Principal. Folios. 519 a 529, Cuaderno Principal. Es importante recordar que, para el momento en que la señora Nereyda Oliva Zaparán León contestó la demanda de revisión, ya había culminado el proceso de liquidación de CAJANAL. De allí que la excepción de legitimación en la causa por activa estuviera referida no a CAJANAL, que interpuso la demanda, sino a la UGPP, entidad a la que le correspondía atender este proceso, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2040/11. Folios 598 a 605, Cuaderno Principal. Folios 622 a 623, Cuaderno Principal. Folio 624, Cuaderno Principal.
“Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión”. Folio 458, Cuaderno Principal. Folio 490, Cuaderno Principal. Folio 457 (reverso), Cuaderno Principal.
“Ley 797/03. Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro o de fondos de naturaleza pública.
´(…)
´La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
´a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
´b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
“CCA. Artículo 187. Término para interposición del recurso. El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.
“Artículo 251.Término para interponer el recurso.
´(…)
´En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
“CPCA. Artículo 308. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
´Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
´Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Según lo reconoció el entonces ponente de este despacho, al admitir la demanda, el término de caducidad empezó a correr en vigencia de la norma anterior, de acuerdo con lo establecido por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que disponía “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. Sección Tercera. Subsección A. Auto de 19 de febrero de 2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-02013-00]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. Sección Tercera. Auto de 22 de agosto de 2007 [Rad. 73001-23-31-000-2003-02454-01(31450)]. MP. Enrique Gil Botero. Folio 424, Cuaderno No. 1.
“CCA. Artículo 187. Modificado por el art. 57 de la Ley 446/98. Término para la interposición para el recurso.
El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”. La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, fue creada mediante la Ley 6 de 1945, como un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, transformado en Empresa Industrial y Comercial del Estado, entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, mediante la Ley 490 de 1998, vinculada al Ministerio de la Protección Social; mediante Decreto 2196 de 2009, dicha entidad fue suprimida y se dispuso su liquidación. Posteriormente, a través de la Ley 1151 de 2007, artículo 156, se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
“Decreto 2196/09. Modificado por el artículo 2 del Decreto 2040/11. Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual.
´(…)
Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.
´(…)
Parágrafo 2. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.
´(…)” (subrayado fuera del texto). Sala Plena. C-835/03. MP. Jaime Araújo Rentería. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 10 de agosto de 2017 [Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01(1273-06)]. MP. William Hernández Gómez; y Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Entre las funciones de la UGPP se encuentra: “i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003” (subrayado fuera del texto). Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón.
La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sala Plena. Sentencias C-415 de 2015. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-520 de 2009. MP. María Victoria Calle Correa. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias de 20 de septiembre de 2018 [Rads. 11001-03-25-000-2015-00622-00(1837-2015) y 11001-03-25-000-2013-00853-00(1788-13)]. MP. Gabriel Valbuena Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002, que culminó con la promulgación de la Ley 797 de 2003, la intención del legislador con la consagración de la acción especial estuvo centrada en la revisión de los montos de las pensiones reconocidas irregularmente o en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna. Ver: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda. Subsección A. Sentencias de 21 de junio de 2018 [Rads. 11001-03-25-000-2014-00845-00(2572-14) y 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13)], 12 de julio de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00036-00(0091-13)] y 9 de agosto de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2017-00216-00(1223-17)]. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Sobre el particular, la Sección Segunda ha indicado que “El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un medio impugnatorio sui generis, por su creación y referirse, de manera puntual, a la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, por causales definidas en forma precisa, lo cual implica que las facultades del juez que lo conoce se reducen al estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente, que deben estar dirigidos a configurar la causal alegada como sustento de la pretensión bajo examen” (subrayado fuera del texto). Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 14 de junio de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00937-00(2805-12)]. MP. Carmelo Perdomo Cuéter. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 28 de octubre de 2010 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00904-00(2773-12)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y Subsección A. Sentencia de 5 de julio de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00124-00(0279-13)], 12 de julio de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00036-00(0091-13)]. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas y 26 de julio de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00515-00(1019-13)]. MP. Gabriel Valbuena Hernández. Aun cuando la Resolución No. 8375 de 21 de febrero de 2005 reconoció y ordenó el pago a favor de la señora Nereyda Oliva Zaparán León, de “una pensión mensual vitalicia por vejez”, la sentencia de 7 de octubre de 2010, objeto de la presente acción especial de revisión, se refirió a la pensión de jubilación en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento. En el acápite de “NORMAS JURÍDICAS VULNERADAS” la entidad demandante afirma (se transcribe de forma literal, incluidos los eventuales errores): “La decisión judicial objeto de la presente acción, trasgrede los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 1, 7 y 17 del Decreto 929 de 1976; 27 del Decreto 3135 de 1968”. Desde ya es importante indicar que, de acuerdo con esta Corporación, a diferencia de los precedentes contenidos en otras sentencias, en el caso de las de unificación dichos precedentes resultan obligatorios y no admiten la posibilidad de apartamiento. Ver: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sobre este mismo punto la Corte Constitucional indicó que “si ello ocurre [refiriéndose a la posibilidad de que las secciones y subsecciones del Consejo de Estado desconozcan las sentencias de unificación de esta misma Corporación] y el apartamiento es de tal gravedad que, más allá de quebrantar el mencionado principio de coherencia, da lugar a que se vulnere el derecho fundamental al debido proceso, se podría acudir a la acción de tutela (CP art. 86), como se puso de presente por varios intervinientes”. Ver: Sala Plena. Sentencia C-179 de 2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sección Segunda. Sentencia de 7 de diciembre de 2016 [Rad. 25000-23-42-000-2013-04676-01]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En relación el precedente, esta Corporación ha indicado que “el precedente no puede ser construido con base en un análisis de coincidencia semántica aislada, sino que debe integrar a la regla expuesta el juicio de valoración razonada”, afirmación que se enmarca, de una parte, en la conceptualización que del “precedente” ha construido la Corte Constitucional, de acuerdo con la cual se trata de “aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla – prohibición, orden o autorización – determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes”. Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 10 de diciembre de 2018 [Rad. 11001-03-26-000-2018-00053-00(61431)]; y Corte Constitucional. Sentencia T-292/06. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Y, de otra parte, en la consideración de que “no todo aspecto de la sentencia se considerada vinculante, pues esta contiene una norma que se construye con ayuda de la narración y de la argumentación. La regla judicial se edifica con una cadena de motivaciones y razones que se usan para resolver un caso, por lo que la norma debe ser extraída del texto”. Ver: Corte Constitucional. Sentencia SU-068 de 2018. MP. Alberto Rojas Ríos. Sección Segunda. Sentencias de 11 de marzo de 2010 [Rads. 25000-23-25-000-2006-01195-01(0091-09) y 25000-23-25-000-2005-06131-01(0604-07)]. MP. Rafael Vergara Quintero. Sección Segunda. Sentencia de 14 de septiembre de 2011 [Rad. 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11)]. MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sección Segunda. Sentencia de 13 de julio de 2011 [Rad. 11001-03-15-000-2011-00677-00(AC)], MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sección Segunda. Sentencia de 7 de diciembre de 2016 [Rad.
25000-23-42-000-2013-04676-01]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Este segundo punto objeto de unificación del fallo en cuestión se fundamentó en el siguiente análisis: “Para resolver este asunto la Sala tendrá en cuenta además el momento de causación de los factores de salario que están previstos por la ley, para hacer parte del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, pues de un lado, el salario básico que constituye el principal referente para remunerar el trabajo prestado por el empleado, se incluye en su totalidad debido a que se percibe de manera mensual, mientras que el quinquenio que corresponde a un mes de remuneración por cada período de cinco años al servicio de la entidad debe ser incluido en una doceava parte, lo cual es consecuente no solo con la inclusión de los factores en todas las bases liquidatorias de las pensiones aun siendo especiales, sino también con la tradición jurisprudencial de dividir aquellos concepto salariales que se causan en períodos distinto al mes”. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Aunque al abordar el estudio de la causal de revisión alegada el fallo de la Sala 4ª Especial de Decisión no aplicó la sentencia de unificación de 7 de diciembre de 2016 – dado que para cuando se expidió el fallo objeto de revisión aquella todavía no había sido dictada – sí reconoció que dicha decisión tiene un nivel de preponderancia que, a partir de su notificación, impuso su observancia forzosa y aplicación para los jueces que integran la jurisdicción contenciosa administrativa y la Administración. En orden a fundamentar la preponderancia de las sentencias de unificación respecto de las demás, dicho fallo señaló que “(…) en la práctica judicial existen algunas decisiones con características especiales que integran esa función orientadora sobre la interpretación de una norma y que son estos atributos los que garantizan que en cumplimiento de ese rol asignado a los operadores judiciales se vele por el mejor entendimiento y la realización del derecho. Y ello, porque no siempre la norma que se aplica en un debate judicial tiene esa plena comprensión que supone su encuadre y ajuste a los supuestos de hecho invocados.
´Así, ante los diversos significados que podrían dársele a una misma norma, debe privilegiarse en todo caso aquel que realice en mejor forma la construcción y ponderación de los principios del derecho, siendo en esta actividad interpretativa donde surge la actividad creadora del juez, la que logra ubicarse por su contenido y transcendencia en una fuente normativa del derecho con efectos de irradiación en la integración del ordenamiento positivo, que impone que los jueces la acojan para resolver casos similares”. Sala Plena. SU-395 de 2017. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 7 de junio de 1980. En esta providencia se declaró nula la expresión “percibidos” del artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 – el cual establecía la cuantía de la pensión de jubilación con base en el 75% del promedio de los salarios y primas “percibidos” en el último año de servicios –, al considerar que si bien algunas prestaciones se “causan” mes a mes, no se “devengan” o pagan con esa misma periodicidad, razón por la cual, el hacer equivalentes ambos conceptos quebrantaba el principio de igualdad. En la parte resolutiva de la sentencia SU-395 de 2017 fueron revocados los fallos de la Sección Cuarta que rechazaron las acciones de tutela por improcedentes y, en su lugar, se concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso frente a la configuración de las causales de la acción de tutela alegadas en relación con las sentencias de 11 de marzo de 2010 de la Sección Segunda, por haber incurrido estas en los defectos sustantivo y de violación directa de la Constitución.
Como consecuencia de lo anterior, la Corte dejó sin efectos, entre otras, las sentencias de 11 de marzo de 2010 proferidas dentro de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho independientes y ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – o a quien correspondiera, que, en lo sucesivo, no se incluyera en la mesada pensional el exceso que resultaba de la reliquidación ordenada por dichas sentencias. Se trató de una providencia que la doctrina especializada agrupa bajo la denominación de “sentencias confirmadoras o de reiteración” y que se definen como “aquellas que se ven a sí mismas como puras y simples aplicaciones a un caso del nuevo principio o ratio, contenido en una sentencia anterior. Con este tipo de sentencias los jueces descargan su deber de obediencia al precedente”. LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. 2ª Edición. LEGIS. Bogotá. 2006. pp. 166-167. Criterio que corresponde al precedente de la Sección Segunda. Fallo de 19 de junio de 2008 [Rad. 25000-23-25-000-2005-05720-01(1228-07)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve. Teniendo en cuenta que la sentencia SU-395 de 2017 dejó sin efectos el precedente contenido en las providencias de 11 de marzo de 2017 – aplicado o reiterado por la sentencia de 7 de octubre de 2010 –, el precedente con fuerza vinculante para cuando se profirió la sentencia objeto de acción especial de revisión debía corresponder al que dichas providencias expresamente dijeron replantear. En ese sentido, en dichas providencias se indicó que “De esta manera, la Sala replantea la tesis contenida en fallos en los que se había decidido promediar todos los factores salariales computables en la pensión de los empleados de régimen especial de la Contraloría General de la República”, tesis que según lo indica el salvamento de voto a dichas providencias, suscrito por el Magistrado Gerardo Arenas Monsalve, correspondía al fallo de la Sección Segunda de 19 de junio de 2008 [Rad. 25000-23-25-000-2005-05720-01(1228-07)], en el que aquel fue el ponente. Una posición opuesta implicaría aceptar que, para efectos de la configuración de la causal de revisión de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797/03, el análisis de la referida esfera (cuantía) del derecho a la pensión de jubilación puede realizarlo el juez extraordinario considerando un precedente posterior, dándole a este, efectos retroactivos. En ese sentido, téngase presente que, para determinar si se encuentra configurada la causal, la Sala está evaluando si la sentencia de 7 de octubre de 2010 no acató un precedente vigente en ese momento. De acuerdo con el precedente vigente para cuando fue proferida la sentencia de 7 de octubre de 2010, para el cómputo de la base liquidatoria de la pensión de jubilación, el mes de salario por cada cinco (5) años de servicios prestados en la Contraloría General de la República debía dividirse, primero, entre cinco (5) y, enseguida, entre los doce (12) meses del año, mientras que en el cálculo de la sentencia de unificación, dicho mes únicamente se dividía entre doce (12). No sobra indicar que el artículo 23 del Decreto-ley 929/76 estableció que “Los funcionarios de la Contraloría General de la República, tendrán derecho al pago de una bonificación especial de un mes de remuneración por cada período de cinco años cumplidos al servicio de la institución a partir de la vigencia de este Decreto, durante el cual no se haya aplicado sanción disciplinaria, ni de ningún otro orden (…)“, bonificación que el artículo 40 del Decreto 720/78 estableció que constituía factor salarial respecto de los empleados de dicha entidad. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
La disparidad de precedentes frente al mismo problema jurídico genera caos, inestabilidad e inseguridad jurídica, en la medida en que se pone en entredicho su fuerza vinculante. En el plano de la vinculación de dichos precedentes respecto de la Administración, la Corte, si bien ha reconocido la misma problemática, esta no constituye un obstáculo insalvable en la aplicación de la ley, ello en la medida en que “(…) cuando se esté ante la divergencia de interpretaciones de índole judicial, la administración deberá optar por aquella que mejor desarrolle los derechos, principios y valores constitucionales. De igual modo, deberá preferirse aquella interpretación judicial que se muestre más razonable, en términos tanto de aceptabilidad el ejercicio argumentativo realizado por la autoridad judicial, como de grado de protección y vigencia de dichos derechos, principios y valores”.
´(…)
´19.7. Inclusive en aquellos asuntos o materias que eventualmente no hayan sido interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o respecto de los cuales existan criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades administrativas no gozan de un margen de apreciación absoluto, por cuanto se encuentran obligados a interpretar y aplicar las normas al caso en concreto de manera acorde y ajustada a la Constitución y a la ley, y ello de conformidad con el precedente judicial existente de las altas cortes;
´19.8. Ante la falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde en primer lugar al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia. Del mismo modo, si se está ante la presencia de diversos criterios jurisprudenciales existentes sobre una misma materia, las autoridades públicas administrativas están llamadas a evidenciar los diferentes criterios jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, y optar por la decisión que de mejor manera interprete el imperio de la Constitución y de la ley, para el caso en concreto”. Sala Plena. C-634 de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Sala Plena. C-179 de 2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esta providencia se hizo referencia a (i) la obligación de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar la igualdad de trato; (ii) del principio de la buena fe, entendido como la confianza legítima en el respeto del propio acto de las autoridades; (iii) de la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos; (iv) el impacto que tiene en materia judicial el principio unitario de organización del Estado en un marco de desconcentración funcional congruente con la estructura jerárquica de la administración de justicia; y (v) el sentido que tiene el mandato de sometimiento de los jueces al imperio de la ley, como una expresión más amplia que incluye la sujeción al ´ordenamiento jurídico´, lo que conduce –entre otras – al deber de seguir y acatar los precedentes de los órganos de cierre, no sólo por la vinculación con la igualdad, la buena fe y la seguridad jurídica, sino también por la necesidad de realizar lo que la doctrina denomina la regla de la universalidad. Ver también: Sala Plena. C-836 de 2001 [MP. Rodrigo Escobar Gil], C-335 de 2008 [MP. Humberto Antonio Sierra Porto], C-539 de 2011 [MP. Luis Ernesto Vargas Silva], C-816 de 2011 [MP. Mauricio González Cuervo] y C-588 de 2012 [MP. Mauricio González Cuervo], entre otras. En la sentencia C-179 de 2016 [MP.
Luis Guillermo Guerrero Pérez], al referirse a la justificación para que las sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado no sean objeto del recurso extraordinario de unificación de sentencias, la Corte indicó que “es razonable que no se incluya a la misma autoridad que profiere la decisión, puesto que es ilógico concebir que ella desconozca o desatienda sus propias providencias”. Sala Plena. C-104 de 1993. MP. Alejandro Martínez Caballero y C-179 de 2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En la última sentencia se hizo hincapié en que la intención del legislador fue la de “excluir la posibilidad de cuestionar a través de recursos extraordinarios, las decisiones de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, cuando ellas se inscriben dentro de un marco de interpretación del derecho que permite la fijación de precedentes horizontales, pues para el efecto se apela a los mecanismos internos de unificación y a la coherencia que surge de la exigibilidad de un principio lógico de no contradicción (…)”. Sala Plena. SU-395 de 2017. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-1092 de 2017. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. En la primera de las sentencias de indicó en relación con el tema en cuestión que “(…) abarca aquellos casos en los que esta Corporación ha definido el alcance de un derecho fundamental a través de decisiones anteriores de tutela, con el propósito de determinar sus elementos esenciales derivados de la interpretación de una norma constitucional, circunstancia de la cual se deriva una clara limitación al ámbito de autonomía en el ejercicio de la función judicial”. De acuerdo con la Corte “Mientras la decisión de la Corte Constitucional -parte resolutiva de las providencias- goza de valor de cosa juzgada para el caso sub judice, la ratio decidendi -parte considerativa de las providencias que establece la regla jurídica de la decisión- tiene fuerza de precedente para otros casos y vincula a las mismas autoridades y personas sometidas a la Constitución” Sala Plena. C-816 de 2011. MP. Mauricio González Cuervo. Sala Plena. C-816 de 2011. MP. Mauricio González Cuervo.
“CPACA. Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
´1. En cualquier tiempo, cuando:
´(…)
´c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
´(…)” (subrayado fuera del texto). Mientras que el CPACA, en la regulación que hace del trámite del recurso extraordinario de revisión no establece las consecuencias que se derivan de la prosperidad de las causales establecidas en el artículo 250 de dicho estatuto (que incluyen las del artículo 20 de la Ley 797/03), el CGP, si bien sí establece dichas consecuencias para cada una de las causales previstas en su artículo 355, no contempla las del artículo 20 de la Ley 797/03 (Cfr. Artículo 359 del CGP). No se infirma la decisión de la Sección Segunda de esta Corporación de modificar la sentencia de primera instancia “en el sentido de precisar que los rubros mencionados deben incluirse en forma proporcional”, salvo, se reitera, lo que atañe a la bonificación especial, que también se incluye en la referida modificación al prevenirse respecto de esta “excepto la bonificación especial de servicios (quinquenio) rubro que se adiciona en su totalidad para liquidar la pensión, frente a cuyo monto se harán los correspondientes descuentos por concepto de aportes a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. – en liquidación - o la entidad de previsión social que la sustituya”.
“CGP. Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
´1.
Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
´Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
´(…)”. Rad. 1228 de 2007. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02022-00.
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