Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2014-02016-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Recurso extraordinario de revisión fundado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2014-02016-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2014-02016-00
Consejero ponente: César Palomino Cortés
6 de julio de 2021
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN FUNDADO / REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL CONGRESISTA / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL CONGRESISTA / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL CONGRESISTA / SENTENCIA DE REEMPLAZO
En el presente asunto, la Sala debe determinar si la sentencia proferida el 17 de abril de 2013, por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, consistente en que la cuantía de la pensión reconocida por Fonprecon excede “lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. Lo anterior, en atención a que, en criterio de la entidad demandante, la mesada pensional del señor [G.A.C.S.] no se liquida con el ingreso promedio de lo que por todo concepto devengaban los congresistas en ejercicio para el año 2004, fecha en que se decretó el reconocimiento pensional, como lo ordenó el fallador de segunda instancia; sino que debe corresponder a lo efectivamente devengado por aquél de julio de 1993 a julio de 1994. […]. De cara a la censura de Fonprecon, debe decir la Sala que la reliquidación pensional ordenada por la Sección Segunda, (…), sí excede lo debido conforme los pronunciamientos de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, contenidos en las sentencias C-608 de 1999 y C-258 de 2013 (…). El referido exceso se evidencia en el hecho que la mesada del pensionado fue reconocida en la Resolución 1620 del 6 de octubre de 2004 en el monto de $6.939.737, calculada con el 75% de lo devengado por el ex congresista en el último año de servicios que culminó el 19 de julio de 1994. Pero, con ocasión de lo ordenado en el fallo del 17 de abril de 2013, se aumentó en el valor de $11.587.085, en virtud de la equiparación que se realizó con lo devengado por un congresista en ejercicio para la fecha en que se decretó la prestación, tomando el periodo del 6 de octubre de 2003 y el 5 de octubre de 2004. Suma que no corresponde a lo realmente percibido por el señor [C.S.] en su ejercicio como congresista hasta el 19 de julio de 1994. Por tanto, la reliquidación de la mesada dispuesta en la providencia censurada, deviene excesiva bajo la luz de la Carta Constitucional, comoquiera que según el Acto Legislativo 01 de 2005 “para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. […]. Así pues, en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre la procedencia del recurso o acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 y en virtud de lo pedido por Fonprecon, se declarará fundado el recurso y se procederá a dictar sentencia de reemplazo, para confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 15 de mayo de 2008, que negó las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen especial de congresistas, Corte constitucional sentencia C-608 de 1999; sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013.
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL B / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 17
PRESUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / REINTEGRO DE SUMAS RECIBIDAS POR RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
[E]n lo que respecta a que se ordene al señor [G.A.C.S.] que reintegre las sumas recibidas por la reliquidación reconocida en la sentencia objeto de revisión, debe decir la Sala que la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, tal como lo indica el artículo 83 de la Constitución Política. Por tanto, Fonprecon tenía la carga de acreditar que el pensionado no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que, por el contrario, acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a las autoridades judiciales. Así las cosas, al no estar acreditada la mala fe, es improcedente condenar al pensionado al reintegro de las sumas que recibió por concepto de la reliquidación pensional.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 83
OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ALCANCE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
[…]. [E]n virtud de los principios de tutela efectiva judicial y justicia material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia. Más que un recurso, es un verdadero proceso sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de proferir la sentencia cuestionada”. Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de errores ‘in judicando’. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro del proceso ordinario.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 2
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-02016-00(REV)
Actor: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Demandado: GUILLERMO ALFONSO CURIEL SIERRA
Tema: Acción especial de revisión – artículo 20 de Ley 797de 2003, contra la sentencia del 17 de abril de 2013 de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
Causal regulada en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
La Sala decide la acción especial de revisión presentada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República contra la sentencia del 17 de abril de 2013, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó la reliquidación pensional reconocida al señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, tomando como base el 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devengaban los Congresistas en ejercicio el 6 de octubre de 2004, fecha en que se decretó la prestación, teniendo en cuenta para ello los factores de salario que para ese año certificara la entidad.
ANTECEDENTES
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra
El señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, a través de apoderado, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República para que se declarara la nulidad de las Resoluciones 0789 del 14 de junio y 975 del 14 de julio de 2005, que negaron la reliquidación de la pensión reconocida en la Resolución 1620 del 6 de octubre de 2004. A título de restablecimiento de derecho se solicitó la reliquidación pensional acorde con lo percibido por un congresista en el año 2004.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia del 15 de mayo de 2008, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el señor Curiel Sierra no tenía derecho a la reliquidación porque el ingreso base de liquidación a tener en cuenta corresponde al del año 1994, última anualidad laborada, y no a lo que devengaba un congresista en el año 2004, fecha del reconocimiento pensional.
2. Sentencia objeto de la acción especial de revisión
En segunda instancia, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en sentencia del 17 de abril de 2013, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a Fonprecon en los siguientes términos:
“A reliquidar la pensión de jubilación reconocida al señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, tomando como base el 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devengaban los congresistas en ejercicio el 6 de octubre de 2004, fecha en que se decretó la prestación, teniendo en cuenta para ello los factores de salario que para ese año certifique la entidad”.
Como fundamento de la decisión se sostuvo que lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 consistía en que el ingreso base de liquidación pensional del señor Curiel Sierra, quien es beneficiario del régimen especial, correspondía al ingreso mensual promedio de todo lo devengado por los congresistas a la fecha en que se decretó la prestación, así:
“Se concluyó entonces, que de la sentencia de la Corte Constitucional no fluye con certeza absoluta un mandato imperativo del cual se desprenda que para establecer el ingreso base para la liquidación de la pensión del Congresista deba tomarse el 75% del promedio de lo devengado por él en el último año de servicio en los términos pretendidos por el Fondo de Previsión Social del Congreso, sino que debe liquidarse “tomando como base el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la prestación”.
(…) En consecuencia, el ingreso base de liquidación se determina tomando lo devengado por los Congresistas en ejercicio en la fecha en que la entidad de previsión expide y notifica el acto de reconocimiento, independientemente de que su efectividad se de en fecha anterior.
Este es el criterio reiterado y uniforme que viene sosteniendo la Sala, tal como puede verificarse en las sentencias calendadas el 22 de junio de 2006, 12 de octubre de 2006, 21 de octubre de 2010, 22 de marzo de 2012 y 12 de julio de 2012, entre otras”.
Acoge la Sala en consecuencia, el criterio expuesto por el actor cuando argumenta que el ingreso base con el cual debe liquidarse la cuantía de su pensión equivale al “75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, a la fecha en que se decrete la prestación...” -año 2004- y no como lo hizo la entidad demandada, con el salario promedio del último año de servicios como congresista -1990, 157 días a 1994, 203 días- esto es, 10 años antes”.
3. Acción especial de revisión
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, mediante apoderado, interpuso acción especial de revisión, contra la sentencia del 17 de abril de 2013, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, con fundamento en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que señala:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
(…)
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
La entidad actora solicita que se infirme la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; para que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda; y se ordene al señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra que reintegre los pagos realizados como resultado de la reliquidación reconocida en la sentencia objeto de revisión.
Expuso los siguientes hechos y consideraciones con el fin de demostrar la causal alegada.
Indicó que el señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra desempeñó el último cargo como senador, durante el periodo del 1 de diciembre de 1991 al 20 de julio de 1994.
Relató que Fonprecon le reconoció una pensión de jubilación, a partir del 21 de enero de 2001, en cuantía de $6.939.737, a través de la Resolución 1620 del 6 de octubre de 2004. El pensionado solicitó la reliquidación de la mesada, para que el valor ascendiera a $14.634.783, que corresponde al 75% del sueldo total de un congresista para el año 2004. Petición que fue negada en las resoluciones 789 del 14 de junio y 975 del 14 de julio de 2005.
Adujo que el Tribunal en primera instancia negó la nulidad de los actos administrativos acusados, y que esta decisión fue revocada por el Consejo de Estado, quien ordenó a Fonprecon que reliquidara la mesada.
Manifestó que el Consejo de Estado no tuvo en cuenta la sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
Afirmó que se configura la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haberse reconocido en sede judicial una prestación en una cuantía que excede el monto a que tenía derecho el pensionado. Lo anterior, dado que se aplicó erradamente el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, pues la mesada no debía calcularse tomando como base el salario de los congresistas a la fecha en que se decretó la prestación, sino con el promedio de la remuneración del señor Curiel Sierra, en el último año de servicios
Expuso que en la sentencia C-258 de 2013 se trataron las pensiones por equiparación, esto es, las reajustadas con el único propósito de equiparar la pensión del interesado a la de otro congresista que se pensionó con un ingreso base superior. Al respecto citó el siguiente aparte:
“Es decir, que reclamaron, principalmente, a través de procesos judiciales y alegando el derecho a la igualdad matemática- que el monto de su pensión fuese exactamente igual al de otro Congresista, quien recibió ingresos diversos al peticionario. Bajo esta argumentación obtuvieron una mesada pensional con total falta de correspondencia entre lo recibido por el funcionario y lo cotizado, que incidió en forma desproporcionada en el monto efectivamente recibido por el congresista -u otro funcionario- en el monto de su pensión.
Todo lo anterior, desconociendo lo señalado por la sentencia C-608 de 1999 que estableció que resultaba necesario que el ingreso para reclamar la pensión- en el régimen especial de Congresistas- fuere el efectivamente recibido por el beneficiario, no por otro congresista y además ordenó que permanecieran en su cargo al menos un año”.
Precisó que la acción de revisión se funda en las instrucciones de la Corte Constitucional dadas en la sentencia C-258 de 2013. Por ello, explicó que la pensión liquidada por orden judicial, se calculó con base en los factores devengados por un congresista en ejercicio el 6 de octubre de 2004, pese a que realmente el último año de servicios del señor Curiel Sierra fue del mes de julio de 1993 a julio de 1994. Así pues, advirtió que el fallo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, cumple con los requisitos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para ser objeto de revisión.
Manifestó que “la regla según la cual el cálculo de la pensión de cada congresista debe hacerse a partir de lo que efectivamente haya devengado durante el último año, individualmente considerado, no es un obiter dicta [de la sentencia C-608 de 1999], y por el contrario, constituye un parámetro de interpretación obligatorio” del artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
Resaltó que el valor de la pensión reconocida era de $6.939.797, pero que en cumplimiento del fallo objeto de revisión ascendió a $11.587.085, lo que arroja un pago inconstitucional al ex congresista por el monto de $1.165.997.104.
5. Trámite
La acción especial revisión fue admitida mediante auto del 27 de abril de 2016. Posteriormente, en auto del 5 de julio de 2019 se decidió sobre el decreto y práctica de pruebas.
6. Oposición
El señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, mediante apoderado alegó que se no configura la causal de la acción especial de revisión porque la sentencia C-258 de 2013 es inaplicable a su derecho pensional.
Censuró que Fonprecon en la Resolución 933 del 18 de diciembre de 2013, cumplió la sentencia del 17 de abril de 2013 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y reliquidó “la pensión mensual vitalicia de jubilación reconocida a Guillermo Alfonso Curiel Sierra armonizándola con la sentencia C -258 del 7 de mayo de 2013, proferida por la honorable Corte Constitucional estableciendo en consecuencia el monto de la mesada pensional a partir de julio de 2013”. Decisión que reprochó porque realmente se redujo unilateralmente la mesada pensional, sin que existiera un proceso administrativo donde se debatiera la aplicación de la sentencia C-258 de 2013 a su caso.
Advirtió que goza de un derecho adquirido, porque su pensión se causó antes del 31 de julio de 2010, por ende, no se le aplica la providencia C-258 de 2013.
Solicitó que se deje sin efectos el artículo 3 de la Resolución 933 del 18 de diciembre de 2013, que cumplió la providencia de la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación; y que, en consecuencia, se debe ordenar reanudar inmediatamente el pago de la mesada pensional en el valor y la forma en que se venía haciendo antes del 1 de julio de 2013.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala Especial de Decisión es competente para conocer de la presente acción especial de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
Este asunto en virtud del artículo segundo del Acuerdo 321 de 2014 está asignado a las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011.
2. Oportunidad en la interposición del recurso
Dado que el fallo recurrido quedó ejecutoriado el 6 de agosto de 2013 y la demanda de revisión se presentó el 11 de agosto de 2014, se tiene que el recurso fue oportunamente formulado, conforme con el inciso final del artículo 251 del CPACA.
3. Problema jurídico
En el presente asunto, la Sala debe determinar si la sentencia proferida el 17 de abril de 2013, por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, consistente en que la cuantía de la pensión reconocida por Fonprecon excede “lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. Lo anterior, en atención a que, en criterio de la entidad demandante, la mesada pensional del señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra no se liquida con el ingreso promedio de lo que por todo concepto devengaban los congresistas en ejercicio para el año 2004, fecha en que se decretó el reconocimiento pensional, como lo ordenó el fallador de segunda instancia; sino que debe corresponder a lo efectivamente devengado por aquél de julio de 1993 a julio de 1994.
Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 3.1. Objeto y alcances del Recurso Extraordinario de Revisión; 3.2 Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y 3.3 Caso concreto.
3.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión
Para decantar la naturaleza del recurso extraordinario de revisión impera remitirse al fenómeno de la cosa juzgada, como emanación de la soberanía del Estado, que se configura una vez agotadas las instancias procesales y se produce cuando el juez ha dictado un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, obligando a las autoridades judiciales a no emitir una decisión nueva sobre los mismos hechos, partes y causa petendi. La cosa juzgada constituye entonces un derecho del usuario de administración de justicia para que lo definido por el juez sea inmutable.
Sin embargo, en virtud de los principios de tutela efectiva judicial y justicia material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia. Más que un recurso, es un verdadero proceso sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de proferir la sentencia cuestionada”.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de errores ‘in judicando’. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro del proceso ordinario.
3.2 Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 en cita prevé que pueden ser revisadas las providencias judiciales que hayan reconocido pensiones con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, y que la revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
En la exposición de motivos del proyecto de ley 206 de 2002 Senado (Ley 797 de 2003), al explicar la acción especial de revisión o recurso extraordinario de revisión se precisó que “estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden”.
Sobre su connotación, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003 refirió que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis de revisión, que se instituyó para el restablecimiento de la justicia material y que persigue un fin constitucionalmente válido, a saber, la defensa del Tesoro Público.
Ahora bien, el Consejo de Estado ha definido el alcance del literal b) ídem que regula la causal relativa a “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. Así, se ha señalado que entre los propósitos de esta norma “estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal”.
3.3 Caso concreto
Con el fin de demostrar la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República afirma que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en la sentencia del 17 de abril de 2013, desconoció el fallo C-608 de 1999 de la Corte Constitucional cuando ordenó la reliquidación de la pensión del señor Curiel Sierra en un valor al que no tiene derecho, pues la mesada no debía calcularse tomando como base el salario de los congresistas a la fecha en que se decretó la prestación, sino con el promedio de la remuneración del señor Curiel Sierra, en el último año de servicios.
En relación con la mesada pensional del señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, se observa que la sentencia del 17 de abril de 2013, cuya revisión se solicita, revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, disponer a título de restablecimiento del derecho que Fonprecon reliquidara “la pensión de jubilación reconocida al señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, tomando como base el 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devengaban los Congresistas en ejercicio el 6 de octubre de 2004, fecha en que se decretó la prestación, teniendo en cuenta para ello los factores de salario que para ese año certifique la entidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, con sus correspondientes reajustes legales”.
Sea lo primero señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C-608 de 1999 declaró exequible el artículo 17 de la Ley 4 de 1992: sin embargo, precisó que dentro del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen especial de congresistas, la expresión por todo concepto solo comprendía las sumas como salarios y primas con carácter remunerativo. Aunado a lo anterior, advirtió que lo razonable dentro del criterio de justicia es que el ingreso mensual promedio que se utiliza para calcular el valor de la pensión se establece en “relación directa y específica con la situación del Congresista individualmente considerado, es decir, que él refleje lo que el aspirante a la pensión ha recibido en su caso, durante el último año”. Así, claramente indicó que sería contrario al derecho a la igualdad que se tomara el promedio de lo devengado por los congresistas en ejercicio para la fecha en que decretó la prestación. Siguiendo dicha interpretación constitucional, se concluye entonces, que para determinar el valor de la pensión se debía tomar lo efectivamente recibido por el congresista.
Sin embargo, posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013 que declaró inexequibles las expresiones “durante el último año y por todo concepto“, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, del primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, y “por todo concepto”, del parágrafo.
En esta providencia se determinó que a partir de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005 se produjo una inconstitucionalidad sobreviniente del citado artículo 17 de la Ley 4 de 1992, aunque previamente la Corte Constitucional, en la sentencia C-608 de 1999, lo hubiese declarado exequible. Precisó que “los argumentos por los cuales la Corte descartó el desconocimiento del derecho a la igualdad en la Sentencia C-608 de 1999, deben ser revisados a partir de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005. Allí se consideró que la investidura que ostentan los Congresistas es razón suficiente para establecer a su favor un régimen pensional especial. No obstante, a partir del Acto Legislativo, el ordenamiento constitucional propugna por la existencia de un régimen general al cual deben encontrarse sometidos todos los habitantes sin distinción, sin perjuicio del llamado régimen de transición”.
Como resultado de este nuevo análisis de la constitucionalidad del citado artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la Corte llegó a las siguientes conclusiones, en la sentencia C-258 de 2013:
“La Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconoce el derecho a la igualdad, en armonía con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, (ii) genera una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existe falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto es, además, (v) incompatible con el principio de Estado Social de Derecho, puesto que, si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio”
A renglón seguido la Corte expuso que el entendimiento del régimen especial de los congresistas se somete a las siguientes reglas:
(i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo.
(ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
(iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013.
En todo caso, se resalta que, si bien en la demanda de revisión, se indica que el ingreso base de liquidación del pensionado, como beneficiario del régimen especial de congresistas, en cuanto a periodo, debe observar lo devengado en el último año de servicios; se destaca que la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 de 2013 declaró la inexequibilidad de la expresión “durante el último año”, contenida en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Determinó la Corte que para llenar el vacío normativo se debe acudir a la regla general del IBL contenida en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, al indicar:
“Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100.
(…)
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionadas a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”.
Nótese que la sentencia C-258 de 2013 se expidió aproximadamente 20 días después de proferirse el fallo de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, del 17 de abril de 2013, censurado en la demanda de revisión. Allí, la Corte Constitucional precisó que el Acto Legislativo 01 de 2005 previó que la ley establecería un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Empero, al no haber sido expedida aún, esto implicaba acudir a los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales “le permiten a la administración contar con herramientas legales para proceder a la realización de las reliquidaciones, de las revocatorias y de las revisiones de sentencias judiciales”. En este sentido la Corte señaló:
“Este procedimiento fue diseñado para otras causales y fue adoptado antes de 2005. Por lo tanto, no constituye el desarrollo del mandato contenido en el Acto Legislativo. Sin embargo, en ausencia de un vehículo legal específico, para esta hipótesis se dará aplicación a los artículos 19 y 20 de dicha ley. El primero, para las pensiones reconocidas exclusivamente por vía administrativa. El segundo, para las pensiones reconocidas en cumplimiento de una sentencia judicial sobre el alcance del derecho a la pensión, el derecho a la igualdad u otro derecho atinente al alcance del derecho pensional del interesado, no simplemente sobre el derecho de petición.
En este orden de ideas, estas normas consagran un procedimiento específico para la revocatoria de pensiones reconocidas a través de acto administrativo (art. 19) y un recurso de revisión judicial frente a las reconocidas por sentencias (art. 20)”.
La Corte Constitucional advirtió que los litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuando el asunto verse sobre problemas de interpretación del derecho, relativos a la normativa que rige el derecho pensional, la aplicación de un régimen de transición; o de un régimen especial frente a uno general.
Ahora bien, en el sub judice Fonprecon aduce en la demanda de revisión que el fallo de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado aumentó el valor de la mesada pensional del señor Curiel Sierra, desconociendo el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-608 de 1999. En la medida que la mesada no se podía reliquidar con lo devengado por un congresista para el año 2004, cuando se decretó el reconocimiento de la pensión, sino “con el promedio del último año de servicio del mismo [congresista], que es la única interpretación del artículo 17 de la Ley 4 de 1992”.
De cara a la censura de Fonprecon, debe decir la Sala que la reliquidación pensional ordenada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en la sentencia del 17 de abril de 2013, sí excede lo debido conforme los pronunciamientos de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, contenidos en las sentencias C-608 de 1999 y C-258 de 2013, previamente expuestas.
El referido exceso se evidencia en el hecho que la mesada del pensionado fue reconocida en la Resolución 1620 del 6 de octubre de 2004 en el monto de $6.939.737, calculada con el 75% de lo devengado por el ex congresista en el último año de servicios que culminó el 19 de julio de 1994. Pero, con ocasión de lo ordenado en el fallo del 17 de abril de 2013, se aumentó en el valor de $11.587.085, en virtud de la equiparación que se realizó con lo devengado por un congresista en ejercicio para la fecha en que se decretó la prestación, tomando el periodo del 6 de octubre de 2003 y el 5 de octubre de 2004. Suma que no corresponde a lo realmente percibido por el señor Curiel Sierra en su ejercicio como congresista hasta el 19 de julio de 1994.
Por tanto, la reliquidación de la mesada dispuesta en la providencia censurada, deviene excesiva bajo la luz de la Carta Constitucional, comoquiera que según el Acto Legislativo 01 de 2005 “para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Cambio constitucional cuya finalidad propende por la protección de los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, los cuales se desconocen cuando no hay correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo que conducía a que se tratara de pensiones pagadas con subsidios muy elevados, para sectores de la población que no los requerían.
Así pues, en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre la procedencia del recurso o acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 y en virtud de lo pedido por Fonprecon, se declarará fundado el recurso y se procederá a dictar sentencia de reemplazo, para confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 15 de mayo de 2008, que negó las pretensiones de la demanda.
Por otra parte, en lo que respecta a que se ordene al señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra que reintegre las sumas recibidas por la reliquidación reconocida en la sentencia objeto de revisión, debe decir la Sala que la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, tal como lo indica el artículo 83 de la Constitución Política. Por tanto, Fonprecon tenía la carga de acreditar que el pensionado no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que, por el contrario, acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a las autoridades judiciales. Así las cosas, al no estar acreditada la mala fe, es improcedente condenar al pensionado al reintegro de las sumas que recibió por concepto de la reliquidación pensional.
Por último, en lo que concierne a lo manifestado por el señor Curiel Sierra, en la oposición a la demanda, relativo a que se deje parcialmente sin efectos la Resolución 933 del 18 de diciembre de 2013 que cumplió el fallo del 17 de abril de 2013, dado que en su criterio es improcedente la aplicación a su mesada del tope pensional previsto en la sentencia C-258 de 2013, es importante precisar que dicho estudio no hace parte del marco del litigio en este proceso instaurado por Fonprecon, siendo entonces inviable pronunciarse sobre el particular.
SENTENCIA DE REEMPLAZO
1.ANTECEDENTES
Demanda
El señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicita la nulidad de las Resoluciones 0789 del 14 de junio de 2005 y 0975 del 14 de julio del mismo año, expedidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por las cuales se negó la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devengaban los congresistas en la fecha en que se decretó la jubilación.
Como restablecimiento del derecho pidió se ordene la reliquidación de su pensión de jubilación en un 75% de lo que recibía un congresista por todo concepto para el 6 de octubre de 2014 (cuando le fue reconocida), efectiva desde el 21 de enero de 2001, con los reajustes de ley a que haya lugar. Así mismo, solicitó el pago de las diferencias que resulten entre la mesada pensional reconocida y el valor que arroje la liquidación, y que se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria.
Los hechos y el concepto de violación en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
El actor desempeñó el último cargo como Senador de la República del 3 de enero al 19 de julio de 1994.
Indicó que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República le reconoció una pensión de jubilación, mediante la Resolución 1620 del 6 de octubre de 2004, pero en cuantía inferior a la que le correspondía, toda vez que para el año 2004 un congresista devengaba un sueldo total de $19’513.045, es decir que la suma que le correspondía es $ 14’634.783 y no $ 6’939.737 que le fue liquidada en la citada resolución.
Precisó que tiene derecho a que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República reliquide su mesada pensional sobre el promedio de todos los factores percibidos por un congresista a la fecha en que se decretó la prestación, esto es, el año 2004.
Contestación de la demanda
La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que para liquidar la pensión se acudió al 75% sobre el promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la fecha de desvinculación definitiva del Congreso, de conformidad con la sentencia C-608 de 1999.
Providencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda.
Adujo que cuando el artículo 5 del Decreto 1359 de 1993 establece que en la liquidación pensional se tiene en cuenta el ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los congresistas en el último año de servicios, hace referencia a los pagos percibidos como retribución directa de sus servicios.
Siguiendo la sentencia C-608 de 1999 indicó que la pensión se calcula con lo efectivamente recibido como congresista, no con las sumas que de forma general y abstracta han recibido todos los miembros del Congreso.
1.4. Recurso de apelación
El señor Curiel Sierra solicitó que se revoque el fallo del Tribunal, en tanto la Corte Constitucional en el fallo C-608 de 1999 declaró la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, por tanto, sí tiene derecho a lo pedido en la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por el señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra, corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si procede la reliquidación de la pensión del actor con el ingreso mensual promedio devengado por un congresista en ejercicio en el año 2004, cuando le fue reconocida la prestación.
2.2 Caso concreto
El señor Guillermo Alfonso Curiel Sierra solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida por Fonprecon, pues, en su criterio se debe reajustar con lo devengado por un congresista en ejercicio para la fecha en que se decretó, esto es, el 6 de octubre de 2004. El Tribunal negó sus pretensiones. Inconforme con esta decisión, el actor insiste en lo alegado en la demanda.
Visto lo anterior, en el proceso está acreditado que el señor Curiel Sierra prestó sus servicios al Estado durante más de 20 años, siendo su último cargo el de congresista, condición que ostentó en varios periodos, así:
• Representante suplente a la Cámara por la circunscripción electoral de la Guajira para los periodos constitucionales 1978-1982 (tomó posesión el 25 de julio de 1978) y 1986-1990 (tomó posesión el 29 de julio de 1986).
• Senador de la República, segundo renglón de la lista del doctor Amilkar Acosta, para el periodo constitucional 1991-1994, cargo del cual tomó posesión el 3 de enero de 1994. Se retiró del Congreso el 19 de julio de 1994.
También está probado que mediante la Resolución 1620 del 6 de octubre de 2004 el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República ordenó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación, en el monto de $6.939.737, calculada con el 75% de lo devengado en el último año de servicios que culminó el 19 de julio de 1994. La reliquidación se negó a través de las Resoluciones 789 del 14 de junio y 975 de 2005, dado que para Fonprecon el fallo C-608 de 1999 de la Corte Constitucional determinó que la pensión del congresista no se puede liquidar con los valores que genéricamente y en abstracto percibían los legisladores en 2004, año en que se decretó la prestación.
Ahora bien, como respuesta a lo alegado en la demanda y el recurso de apelación la Sala determina que las resoluciones que negaron la reliquidación pensional no están viciadas de nulidad, dado que, en virtud de los principios de equidad y de sostenibilidad fiscal que rigen el sistema pensional, el valor de las pensiones debe reflejarse en las cotizaciones realizadas por el trabajador. Siendo entonces contrario a derecho que la mesada pensional del actor se calcule con unos valores que no recibió como retribución de su trabajo.
Este fue el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-608 de 1999 cuando señaló, respecto del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que el promedio de los valores que se toman para calcular la pensión del congresista debe comprender lo recibido por él, así:
“lo razonable, dentro de criterios de justicia, es que el indicado promedio se establezca en relación directa y específica con la situación del Congresista individualmente considerado, es decir, que él refleje lo que el aspirante a la pensión ha recibido en su caso, durante el último año. Y ello por cuanto sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un mínimo equilibrio, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que se pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado período, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del Congresista cubre apenas unos pocos meses. En tal caso, el promedio de quien se pensiona debe comprender tanto lo recibido en su carácter de miembro del Congreso por el tiempo en que haya ejercido y lo que había devengado dentro del año con anterioridad a ese ejercicio”.
En torno al alcance de lo afirmado por la Corte en la citada sentencia, en el fallo C-258 de 2013, se analizó la misma norma, artículo 17 de la Ley 4 de 1992, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, para concluir que el ingreso para calcular la pensión debe ser el efectivamente recibido por el congresista y no por otro. Como se expuso con anterioridad la Corte declaró inexequibles las expresiones “durante el último año y por todo concepto“, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, del citado artículo 17, y declaró exequible el resto de la norma en el entendido que “Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas”.
Por ende, la Sala comparte la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda, en atención a que el señor Curiel Sierra no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos que negaron la reliquidación pensional.
Finalmente, no hay lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. En consecuencia, se INFIRMA la sentencia del 17 de abril de 2013, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas. La sentencia de reemplazo quedará así:
CONFIRMAR el fallo del 15 de mayo de 2008, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las súplicas de la demanda incoada por Guillermo Alfonso Curiel Sierra contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, dentro del proceso con radicado 25000-23-25-000-2005-08660-01.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la acción especial de revisión.
TERCERO: Sin lugar a condena en costas.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el recurso extraordinario de revisión.
Providencia estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ MILTON CHAVES GARCÍA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Sobre la legitimación en la causa por activa del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, para interponer el recurso o acción especial de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ver sentencia del 10 de agosto de 2017 de la Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 2500-23-25-000-2002-05275-01 (1273-06), que reiteró el auto del 3 de noviembre de 2015, de la Sala Especial de Decisión número 18. Consejero ponente Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-2014-03284-00.
Sección Segunda – Subsección B, radicado interno N° 8046-2005, Sentencia de 22 de junio de 2006. Actor: Jesús Orlando Gómez López.
Sección Segunda – Subsección A, radicado interno N° 8895-2005. Sentencia de 12 de octubre de 2006. Actor: Fernando Rueda Franco.
Sección Segunda – Subsección A, radicado interno N° 0968-2008. Sentencia de 21 de octubre de 2010. Actor: Rafael Crisanto Valdivieso Sarmiento.
Sección Segunda – Subsección A, radicado interno N° 0601-08. Actor: Caja Nacional de Previsión Social.
Sección Segunda, Subsección A, radicado interno N°0588-2007. Actor: Luis Javier Velásquez Restrepo.
El aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en la sentencia HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-835_2003.html" \l "1" C-835-03 de 23 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.
Folio 30 del cuaderno del recurso extraordinario.
Folio 85 del cuaderno del recurso extraordinario
Folios 38-73 del cuaderno del recurso extraordinario
“ARTÍCULO SEGUNDO. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
(…)”. En el mismo sentido, el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 reitera la competencia de las Salas Especiales de Decisión para decidir los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
Pues fue notificado mediante edicto que se desfijó el 13 de agosto de 2013, folio 640 del anexo del recurso extraordinario de revisión
Folio 28 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
M.P. Jaime Araújo Rentería
Consejo de Estado, Sala 19 Especial de Decisión, fallo del 5 de mayo de 2020, M.P. William Hernández Gómez, proceso con radicado 11001-03-15-000-2018-04700-00 (REV).
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
Folio 12 del cuaderno principal de la demanda de revisión
Folios 597-613 del cuaderno anexo
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