RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2014-03889-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2014-03889-00

Fecha
14 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2014-03889-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Fonprecon contra la sentencia del 12 de julio de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo expuesto en esta providencia. En consecuencia: 24 Folio 86 del expediente ordinario. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001031500020140388900 Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República 2. Infirmar la sentencia del 12 de julio de 2012, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar: 3. Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, pero por las razones expuestas en esta providencia. 4. Devolver, por secretaría, el expediente 25000232500020070043200, que fue enviado en calidad de préstamo a esta Corporación. 5. Cumplido lo anterior, archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2014-03889-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

14 de septiembre de 2022

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 3

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, 14 de septiembre de 2022

Recurso extraordinario de revisión 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (en
adelante, Fonprecon)
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal: literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003. Procedencia de la revisión porque la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley

PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Fonprecon contra
la sentencia del 12 de julio de 2012, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que resolvió:

1. REVÓCASE la sentencia de 17 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las súplicas de la demanda incoada por
el Doctor VÍCTOR ESTEBAN URUETA VELILLA contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República. En su lugar,

2. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones Números 1878 del 31 de octubre de 2006 y 2294 del
30 de noviembre del mismo año expedidas por FONPRECON. A título de restablecimiento del derecho,

3. CONDÉNASE al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República a reliquidar la pensión de
jubilación reconocida al demandante VÍCTOR ESTEBAN URUETA VELILLA (q.e.p.d.) tomando como
base el 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen
los Congresistas en ejercicio al día 26 de diciembre de 2001, fecha en que se decretó la prestación,
teniendo en cuenta para ello los factores de salario que para ese año certifique la entidad demandada,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, con sus correspondientes
reajustes legales.

Para el efecto, la entidad demandada deberá establecer la cuantía de la diferencia con el valor que
pagó efectivamente al actor -con ocasión del acto de reconocimiento pensional- y lo que le debió
reconocer conforme lo certificado por la entidad demandada, y a partir del 24 de octubre de 2003, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Sobre estas sumas FONPRECON
realizará los descuentos contributivos (cotizaciones pensionales a cargo del afiliado) en la proporción
que sirve de base para la respectiva liquidación pensional.

Las sumas a que se condena a la entidad demandada por medio de esta sentencia se actualizarán,
aplicando para ello la fórmula indicada en la parte motiva.

ANTECEDENTES

1. Demanda

El 27 de noviembre 2014, mediante apoderado judicial, el Fonprecon presentó recurso
extraordinario de revisión, previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la
sentencia del 12 de julio de 2012, dictada, en segunda instancia, por la Subsección A de la

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Sección Segunda del Consejo de Estado.

Expresamente, solicitó1:

(…) que (se) invalide la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”, del 12 DE JULIO DE 2012 dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
instaurada por el señor VÍCTOR ESTEBAN URUETA VELILLA contra el FONDO DE PREVISIÓN
SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, dada la prosperidad de la causal invocada y se dicte
sentencia que en derecho corresponda en la cual se absuelva a la demandada de todas y cada una de
las pretensiones impetradas, y en consecuencia ordenar al señor VÍCTOR ESTEBAN URUETA
VELILLA, reintegrar al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA los
pagos que se hayan hecho con fundamento en la pensión reconocida por la sentencia objeto de
revisión.

2. Los hechos

La sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Que, entre el 20 de julio de 1970 y el 19 de julio de 1978, el señor Víctor Esteban Urueta
Velilla ejerció como Representante a la Cámara.

Que, mediante Resolución 01483 del 28 de diciembre de 2001, el Fonprecon reconoció
pensión de jubilación a favor de Víctor Esteban Urueta Velilla, efectiva a partir de la fecha
de retiro del servicio, retiro que se produjo el 1º de enero de 2002. Esa resolución liquidó
la pensión con “el promedio en relación directa y específica con la situación individualmente
considerado, es decir, lo que el aspirante ha percibido en su caso durante el último año que
devengaba emolumentos en calidad de congresista -1978-2.

Que, en octubre de 2006, el señor Urueta Velilla solicitó que se liquidara la pensión con el
75 % de lo que por todo concepto devengaba un congresista para la fecha en que se
reconoció la prestación (2001).

Que, sin embargo, esa petición fue negada por el Fonprecon, mediante resoluciones 1878
del 31 de octubre 2006 y 2294 del 30 de noviembre de 2006.

Que el señor Urueta Velilla promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra las resoluciones 1878 y 2294. A título de restablecimiento del derecho, pidió que la
pensión se reliquidara con el 75 % de todo lo percibido por un congresista en el año 2001,
por encontrarse amparado por el régimen de transición de los artículos 2 y 3 del Decreto
1293 de 1994.

Que, mediante sentencia del 17 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, denegó las súplicas de la demanda. En
concreto, concluyó que ni la Ley 4ª de 1992 ni el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 podían
aplicarse a excongresistas que tuvieran la pensión reconocida, como es el caso del señor
Urueta Velilla, que fue Representante a la Cámara, entre el 20 de julio de 1970 y el 19 de
julio de 1978.

Que, a instancias del recurso de apelación presentado por el señor Urueta Velilla, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por sentencia del 12 de julio de 2012,
revocó la providencia y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se resumirán en el acápite siguiente.
1 Folio 24 del cuaderno del recurso.
2 Folio 808 del cuaderno de anexos.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Que la pensión hoy la recibe la señora Josefina Isabel Rosales de Urueta, en calidad de
cónyuge supérstite del señor Víctor Esteban Urueta Velilla.

3. La sentencia recurrida

En la sentencia objeto de revisión, la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación
revocó la sentencia de primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, ordenó que la pensión del señor Víctor Esteban Urueta Velilla se reliquidara
“tomando como base el 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por
todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio al día 26 de diciembre de 2001,
fecha en que se decretó la prestación, teniendo en cuenta para ello los factores de salario
que para ese año certifique la entidad demandada”.

Según la sentencia recurrida, el señor Ureta Velilla está amparado por el régimen de
transición previsto por los artículos 2 y 3 del Decreto 1293 de 1994, ya que, para el 1º de
abril de 1994, tenía más de 40 años y había prestado sus servicios por más de 20 años en
el sector oficial. Que, asimismo, adquirió el estatus pensional desde 1977, cuando cumplió
los requisitos de edad y tiempo de servicios, razón por la cual la pensión debía reliquidase
conforme con el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

La sentencia del 12 de julio de 2012 resolvió apartarse de la sentencia C-608 de 1999, que
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 17 de la Ley 4ª, por cuanto consideró que
la cuantía pensional no podía ser inferior al 75 % del ingreso mensual promedio que,
durante el último año y por todo concepto, perciba un congresista al momento en que se
decrete la prestación. Es decir, la sentencia objeto de revisión concluyó que la cuantía no
correspondía al 75 % del ingreso mensual promedio que el causante percibió en el último
año de servicio como congresista, como lo dijo la sentencia C-608.

4. Argumentos del recurso extraordinario de revisión

El Fonprecon ejerció el recurso de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 e invocó
la causal prevista por el literal b), que procede cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley.

Para argumentar la procedencia del recurso, adujo que, de acuerdo con la sentencia C-258
de 2013 de la Corte Constitucional, el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 790 de 2003 era el mecanismo idóneo para cuestionar las sentencias judiciales que,
por aplicación del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, hayan reconocido pensiones a través del
mecanismo de la equiparación, esto es, cuando el reajuste de la pensión se obtuvo “con el
único propósito de equiparar la pensión del interesado a la de otro congresista que se
pensionó con base en un ingreso superior, sin que existiese norma que ordenara esa
equiparación”.

En cuanto al fondo del asunto, la parte recurrente expuso que la sentencia cuestionada
aplicó de forma errada el artículo 17 de la Ley 4ª, pues ordenó tener como base para la
reliquidación de la p0ensión el salario devengado por los congresistas en la fecha en que
se reconoció la prestación (2001), mas no el promedio de lo devengado por el congresista
en el último año de servicio (1977-1978), que es lo que realmente correspondía.

Para sustentar la anterior afirmación, el Fonprecon explicó que la Corte Constitucional, en
sentencia C-608 de 1999, declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 17 de la
Ley 4ª, en el entendido de que el ingreso mensual promedio que sirve para liquidar la
pensión se establece “en relación directa y específica con la situación del Congresista

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

individualmente considerado, es decir, que él refleje lo que el aspirante a la pensión ha
recibido en su caso, durante el último año”.

Además, el Fonprecon expuso que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencias C-539 de 2011, C-492 de 2000, T-389 de 2009, C-171 de 12, C-
569 de 2004 y SU 047 de 1999), los efectos de la declaratoria de exequibilidad condicionada
son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, pues la interpretación fijada resulta ser la
única compatible con la Constitución.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto del 11 de junio de 2015, el despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, ordenó notificar a Josefina Isabel Rosales de Urueta (cónyuge
supérstite y beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor Víctor
Esteban Urueta Velilla) y al Ministerio Público.

5.2. Mediante providencia del 4 de diciembre de 2017, el despacho sustanciador reconoció
como pruebas las aportadas por las partes. Además, solicitó al Tribunal Administrativo del
de Cundinamarca que remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
25000232500020070043201, que fue aportado al proceso.

De las pruebas incorporadas, la secretaría general de la Corporación corrió el traslado de
rigor.

5.3. El 4 de julio de 2018, el magistrado ponente manifestó impedimento para conocer el
asunto. Sin embargo, la sala, por auto del 16 de febrero de 2022, lo declaró infundado.

5.4. Mediante auto 6 de abril de 2022, la sala decretó prueba de oficio para que el
Fonprecon aportara al proceso: (i) Los actos administrativos proferidos para cumplir el fallo
de tutela del 18 de febrero de 2010, dictado por el Tribunal Superior de Sincelejo; (ii) los
actos administrativos proferidos para cumplir la sentencia del 12 de julio de 2012, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., y (iii) la certificación de los
pagos realizados, en cumplimiento de las aludidas providencias.

Las pruebas decretadas fueron aportadas por el Fonprecon y la secretaría corrió el traslado
respectivo.

6. Intervención de la señora Josefina Isabel Rosales de Urueta (cónyuge
supérstite y beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor
Víctor Esteban Urueta Velilla)

Mediante apoderado judicial, la señora Josefina Isabel Rosales de Urueta se opuso al
recurso extraordinario de revisión. En síntesis, dijo que el condicionamiento de la sentencia
C-608 de 1999 no era aplicable al caso de Víctor Esteban Urueta Velilla, porque el
condicionamiento del artículo 17 de la Ley 4ª recayó sobre las expresiones “por todo
concepto” e “ingreso mensual promedio”, pero no restringió el alcance de la proposición
jurídica contenida en el parágrafo de ese artículo, que prescribe que “la liquidación de las
pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual
promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en
que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución”.

Mencionó, además, que la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
proferida en el expediente 25000232500020020415801, explicó, de manera detallada, el

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

alcance del condicionamiento de la sentencia C-608 de 1999 y concluyó que la pensión de
ese régimen debía liquidarse teniendo en cuenta lo que “durante el último año y por todo
concepto devenguen los congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la
prestación”.

Por último, adujo que la Corte Constitucional se ha pronunciado en ese mismo sentido, en
las sentencias T-456 de 1994, T-463 de 1995, T-214 de 1999 y T-211 de 2005.

7. Ministerio Público

El Ministerio Público no intervino, a pesar de que fue notificado3.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 107, 111 y 249 CPACA, 2 del Acuerdo 321 de 2014 de la
Sala Plena del Consejo de Estado y 28 a 32 del Acuerdo 080 de 2019, la Sala Especial de
Decisión 3 es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido por
el Fonprecon contra la sentencia del 12 julio de 2012, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.

2. Oportunidad del recurso

La sentencia recurrida se dictó el 12 de julio de 2012, se notificó por edicto desfijado el 18
de septiembre de 2012 y cobró ejecutoria el 21 de septiembre siguiente4. Mientras tanto, el
Fonprecon presentó el recurso extraordinario el 27 de noviembre de 20145, esto es, dentro
de los cinco años siguientes a la ejecutoria, conforme lo exige el artículo 251 del CPACA.

3. Planteamiento del problema jurídico

Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, el Fonprecon invocó el literal b)
artículo 20 de la Ley 797 de 2013 y las sentencias C-608 de 1999 y C-258 de 2013, en
razón a que el reajuste pensional reconocido a la señora Josefina Isabel Rosales de Urueta,
como beneficiaria del señor Víctor Esteban Urueta Velilla, desconoció la exequibilidad
condicionada del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y, por ende, la cuantía del derecho
desconoce lo debido de acuerdo con la ley.

Corresponde, entonces, a la sala decidir el siguiente problema jurídico:

¿La sentencia del 12 de julio de 2012, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, incurrió en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797, por
haber ordenado el reajuste pensional del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto
1395 de 1993, conforme con lo devengado por un congresista para el año 2001 (fecha en
la que le fue reconocida la prestación al causante)?

Para decidir dicho cuestionamiento, la sala se referirá, como primera medida, al recurso
extraordinario de revisión y, luego, examinará el caso concreto.

3 Folio 36 del cuaderno del recurso.
4 Folio 225 del cuaderno de anexos.
5 Ver contraportada del cuaderno del recurso.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

4. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión6

En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, cuyo propósito principal es restablecer tanto el imperio de la justicia
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por
sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa,
ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para
discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que
pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de
lo que en buena ley se deduce de su texto.

Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente tienen
que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido
proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que
puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea
de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley sustancial.

Ahora bien, recientemente, la Corte Constitucional7 se refirió a las causales de revisión para
controvertir providencias judiciales relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de
prestaciones periódicas:

El artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y otras normas dividen las causales de revisión en cuatro grupos,
a saber: i) los numerales 2, 3 y 4 se basan en la configuración de ilícitos y se fundan en la necesidad
de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos
que fueron determinantes para la adopción de la decisión; ii) las causales consagradas en los
numerales 1 y 6 tienen como fin corregir los errores generados por circunstancias desconocidas al
momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haberlo conocido, hubiesen originado una
sentencia distinta; iii) las enumeraciones 5 y 8 del CPACA contienen las opciones de corregir la nulidad
de una sentencia que no era apelable y proteger la intangibilidad de la cosa juzgada.; y (sic) iv) la
causal 7 de esa norma, el artículo 20 de la Ley 796 de 2003 (sic) y el artículo 48 de la Constitución
permiten la revisión de sentencias que reconocieron prestaciones periódicas sin tener las aptitudes
legales o perderlas con posterioridad, en ausencia de requisitos o acceder a la pensión en abuso del
derecho.

Para resolver el presente asunto, interesa mencionar el cuarto grupo, porque el Fonprecon
invocó el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2013, que estableció la acción especial
para revisar judicialmente las sentencias, conciliaciones o acuerdos transaccionales que
impongan al erario o fondo de naturaleza pública la obligación de cubrir prestaciones
periódicas. El recurso se tramita mediante el procedimiento previsto para el recurso
extraordinario de revisión y, además de las causales del artículo 250 del CPACA, procede:
a) por la violación al debido proceso, y b) cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables.

6 Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001031500020130199800, M.P. Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas.
7 Sentencia SU 068 de 2018.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

La acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 ha sido considerada como una
herramienta legal útil que fortalece el principio de la moralidad administrativa 8 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los
principios que orientan el sistema general de pensiones9, en especial, los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.

Según lo ha explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte
Constitucional11, el objeto principal del recurso especial de revisión es proteger el patrimonio
público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema pensional, mediante el
mecanismo de examinar judicialmente la legalidad de las prestaciones reconocidas. Para
esos propósitos, el juez del recurso podría infirmar la sentencia que, a pesar de gozar del
atributo de la cosa juzgada, incurre en alguna de las causales mencionadas.

Por su parte, el Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó el artículo 48 de la CP y estableció
que la ley definiría un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas (i)
con abuso del derecho o (ii) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o
en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados.

La Corte Constitucional, por sentencia C-258 de 2013, se refirió a las causales del Acto
Legislativo 01 de 2005 y explicó que, a pesar de que la ley no reguló el procedimiento breve,
el mecanismo previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es expedito para la revisión
de las sentencias que reconocieron pensiones o reliquidaciones por esas dos causales. En
lo que interesa para resolver el presente recurso, la Corte sostuvo:

(…)
El Acto Legislativo 01 de 2005 consagra que la "La ley establecerá un procedimiento breve para la
revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados". Hasta la
fecha, el legislador no ha desarrollado tal disposición, y por tanto, no existe actualmente en el
ordenamiento jurídico un procedimiento específico y propio para la revocatoria de estas pensiones.
No obstante, al no haber sido desarrollado aún por el legislador, debe darse aplicación a las
herramientas con las que en la actualidad se cuenta y que se encuentran establecidas en los artículos
19 y 20 de la Ley 797 de 2003.
Así, a pesar que con posterioridad a la expedición de este acto legislativo, no se ha regulado el
procedimiento por él contemplado, los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, le permiten a la
administración contar con herramientas legales para proceder a la realización de las reliquidaciones,
de las revocatorias y de las revisiones de sentencias judiciales.

Este procedimiento fue diseñado para otras causales y fue adoptado antes de 2005. Por lo tanto, no
constituye el desarrollo del mandato contenido en el Acto Legislativo. Sin embargo, en ausencia de
un vehículo legal específico, para esta hipótesis se dará aplicación a los artículos 19 y 20 de dicha
ley. El primero, para las pensiones reconocidas exclusivamente por vía administrativa. El segundo,
para las pensiones reconocidas en cumplimiento de una sentencia judicial sobre el alcance del
derecho a la pensión, el derecho a la igualdad u otro derecho atinente al alcance del derecho
pensional del interesado, no simplemente sobre el derecho de petición.
(…)

Adicionalmente, la sala considera que el mecanismo de revisión establecido en el artículo
248 del CPACA, también procede para revisar las sentencias por las causales del Acto
8 Ver: Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1 de agosto de 2017, radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-

00 (rev) y Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2018. Radicado: 11001-03-25-000-2014-00665-
00.
9 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión

racional.
10 Entre otras, ver sentencia del 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00.
11 Sentencia C-835 de 2003.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Legislativo 01.

5. Solución del problema jurídico

5.1. Para resolver, la sala destaca los siguientes hechos relevantes:

 El señor Víctor Esteban Urueta Velilla nació 10 de septiembre de 1924.

 El señor Urueta Velilla prestó servicios al estado, por más de 20 años, así12:

Entidad o corporación Periodo Tiempo de servicio
Del 1 de septiembre de 1950
Universidad de Cartagena al 15 de mayo de 1952 1 año, 8 meses y 1 día
Del 18 de abril de 1952 al 17
Servicio Seccional de Salud de Bolívar de abril de 1953 11 meses y 16 días
Del 16 de enero de 1956 al
Hospital San Francisco de Asís Bolívar 18 de noviembre de 1965 9 años, 10 meses y 3 días
Del 18 de noviembre de 1965
Gobernación de Bolívar al 16 de septiembre de 1966 9 meses y 27 días
Del 20 de julio de 1970 al 19
Cámara de representantes de julio de 1978 7 años, 6 meses y 4 días
TOTAL 20 años, 9 meses y 21 días

 Mediante Resolución 01483 del 26 de diciembre de 200113, el Fonprecon reconoció
pensión de jubilación al señor Víctor Esteban Urueta Velilla, conforme con la Ley 4ª de
1992, los decretos 1353 de 1993 y 1293 de 1994, y la sentencia C-608 de 1999, en la que
la Corte Constitucional declaró la exequilbilidad condicionada del artículo 17 de la Ley 4ª.

Para la liquidación pensional, el Fondo tuvo en cuenta lo percibido por el causante en el
último año de servicios como congresista (19 de julio 1977 al 19 de julio de 1978).

 A instancias de la solicitud realizada por el causante en la que pretendía que se tuviera
en cuenta todo lo devengado por un congresista a la fecha en que se decrete el
reconocimiento pensional, el Fonprecon, por Resolución 1878 del 31 de octubre de 200614,
denegó la reliquidación de la pensión.

Con fundamento en el condicionamiento de la sentencia C-608 de 1999, se concluyó15 que
“es claro que para liquidar una pensión que se reconozca en virtud del régimen especial de
Congresista, se debe tener en cuenta lo que individualmente haya devengado cada
parlamentario en el último año de servicio ya sea en calidad de miembro del Congreso o lo
devengado en cualquier otra actividad realizada por el asegurado dentro del año anterior, y
no la asignación que en general devenguen los Congresistas, como claramente lo anota la
Honorable Corte Constitucional”.

 Mediante Resolución 2294 del 30 de noviembre de 200616, el Fondo resolvió el recurso
de reposición y confirmó la Resolución 1878.

 El 12 de abril de 2007, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, el señor Urueta Velilla demandó las resoluciones 1878 y 2294 de 2006 y solicitó

12 Folios 323-324 de los anexos del proceso ordinario.
13 Folios 323-334 de los anexos del proceso ordinario.
14 Expedida por el Fonprecon.
15 Folio 358 de los anexos del expediente.
16 Folios 32-48 del cuaderno principal del proceso ordinario.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

que la pensión se reliquidara teniendo en cuenta lo devengado por un congresista en la
fecha en que se reconoció la prestación.

 El 20 de julio de 2009 falleció el señor Víctor Esteban Urueta Velilla.

 Por Resolución 1483 del 7 de octubre de 200917, el Fonprecon sustituyó la pensión de
jubilación a la señora Josefina Isabel Rosales de Urueta, en calidad de cónyuge supérstite,
a partir del 21 de julio de 2009.

 En cumplimiento de la sentencia de tutela del 16 de febrero de 2010, el Fonprecon, por
Resolución 0429 del 7 de abril de 2010, reliquidó la pensión de jubilación, con base en el
75 % del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto percibían
los congresistas en ejercicio para la fecha en que se le reconoció la prestación año 2001.
El artículo cuarto de la parte resolutiva de dicho acto dispuso que:

El presente acto administrativo perderá fuerza ejecutoria en caso de que el fallo de tutela proferido por
el Tribunal Superior de Sincelejo sea revocado en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia,
en sede de revisión por parte de la Honorable Corte Constitucional o en caso de que la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo niegue las pretensiones de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho iniciada por el causante VÍCTOR ESTEBAN URUETA VELILLA y en consecuencia la señora
ROSALES DE URUETA deberá reintegrar las sumas de dinero reconocidas en virtud del fallo de tutela.

 Mediante Resolución 0530 del 30 de abril de 2010, el Fonprecon decretó la pérdida
de fuerza ejecutoria de la Resolución 0428, habida cuenta de que la Corte Suprema de
Justicia, Sala Civil, mediante providencia del 9 de abril de 2010, declaró la nulidad de lo
actuado y ordenó remitir el expediente de tutela a los Juzgados del Circuito de Sincelejo.
Por consiguiente, el Fonprecon dispuso que la cuantía de la pensión sería la determinada
por las Resoluciones 01483 del 2001 y 1045 de 2009.

 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
sentencia del 17 de junio de 201018, denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Fundamentalmente, consideró que “no es posible dar
aplicación a la Ley 4ª de 1992 ni a sus decretos reglamentarios a los ex – congresistas
cuando ellos ya tuvieren la pensión reconocida con anterioridad a la entrada en vigencia,
como en el caso presente del señor Urueta Velilla, dado que él fue representante a la
Cámara durante el periodo comprendido entre el 20 de julio de 1970 a 19 de julio de 1978,
es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y esta norma, no previó
efectos retroactivos”.

 El señor Urueta Velilla apeló y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la sentencia recurrida19, declaró la nulidad de las resoluciones 1878
del 31 de octubre de 2006 y 2294 del 30 de noviembre de 2006. Por consiguiente, ordenó
al Fonprecon “reliquidar la pensión de jubilación reconocida al demandante VÍCTOR
ESTEBAN URUETA VELILLA (q.e.p.d.) tomando como base el 75% del ingreso mensual
promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en
ejercicio al día 26 de diciembre de 2001, fecha en que se decretó la prestación, teniendo
en cuenta para ello los factores de salario que para ese año certifique la entidad
demandada”.

17 Folios 890-894 de los anexos del proceso ordinario.
18 Folios 157-168 del cuaderno principal del proceso ordinario.
19 Folios 204-224 del cuaderno principal del proceso ordinario.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

 En cumplimiento de esa providencia judicial, Fonprecon expidió la Resolución 1026
del 7 de diciembre de 201220 y reliquidó la pensión de Víctor Esteban Urueta Velilla con los
factores salariales que percibía un congresista en ejercicio en los años 2000 y 2001, esto
es, el 75 % del ingreso mensual promedio que, durante el último año y por todo concepto,
devengaron los congresistas en ejercicio al 26 de diciembre de 2001, fecha en la que se
decretó la prestación. La parte resolutiva dispuso:

ARTÍCULO PRIMERO: Acatar la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de fecha 12 de julio de 2012, a través
de la cual revocó la sentencia de primera instancia proferida el 17 de junio de 2010 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y en consecuencia declaró la
nulidad de las Resoluciones números 1878 del 31 de octubre de 2006 y 2294 del 30 de noviembre del
mismo año y ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso reliquidar la pensión de jubilación
reconocida al demandante VÍCTOR ESTEBAN URUETA VELILLA (q.e.p.d.) tomando como base el
75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los
congresistas en ejercicio al día 26 de diciembre de 2001 con efectos fiscales a partir del 24 de octubre
de 2003, fecha en la que se decretó la prestación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reliquidar la Pensión Mensual Vitalicia de Jubilación reconocida mediante
Resolución No. 1483 del 26 de diciembre de 2001 al señor Víctor Esteban Urueta Velilla identificado
con la cédula de ciudadanía número 976.512, estableciendo su cuantía a partir del 24 de octubre de
2003 en DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON 26/100 ($12.999.868,26), de conformidad con la parte motiva de la presente
resolución.
(…)
ARTÍCULO CUARTO: Reconocer a la señora JOSEFINA ISABEL ROSALES DE URUETA, identificada
con la cédula de ciudadanía número 23.166.997, en calidad de cónyuge supérstite del causante de
VÍCTOR ESTEBAN URUETA VELILLA, las siguientes sumas de dinero.

PARÁGRAFO 1: RETROACTIVO PENSIONAL: la suma bruta de SETECIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($771.938.964), correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de julio de 2009 y el 30 de
noviembre de 2012, fecha hasta donde se adeudan las mesadas reliquidadas.
(…)
ARTÍCULO QUINTO: Dejar en suspenso el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, indexación
e intereses moratorios por concepto PAGO A HEREDEROS entre el 24 de octubre de 2003 y el 20 de
julio de 2009, aclarando, que los intereses se cancelan hasta la fecha en que se profiere el presente
acto administrativo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
(…)

 Por Resolución 0627 del 6 de septiembre de 2013, el Fonprecon reconoció a Josefina
Isabel Rosales de Urueta (beneficiaria de la pensión), María Josefina Urueta Rosales, y
Lucía Beatriz Urueta Rosales (hijas) el pago de retroactivo pensional reconocido
judicialmente, en calidad de herederas del señor Urueta Velilla.

 Por cuenta de la reliquidación ordenada en la sentencia recurrida, la cuantía de la
mesada pensional, a partir de diciembre de 2012, pasó de $ 3.479.522 a $ 22.189.83521.

5.2. La sentencia objeto del presente recurso, esto es, la proferida el 12 de julio de 2012,
concluyó que el señor Víctor Esteban Urueta Velilla estaba amparado por el régimen de
transición previsto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, conforme con los artículos 2 y 3
del Decreto 1293 de 1994. Por tanto, ordenó que la pensión se reliquidara con el 75 % del
ingreso mensual promedio que, durante el último año y por todo concepto, devengue un
congresista en ejercicio, a la fecha en que se decrete la prestación, es decir, lo devengado
al 26 de diciembre de 2001.

20 Folios 113-121 de los anexos del expediente.
21 Índice 63 del expediente digital visible en el aplicativo Samai.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Ahora bien, el Fonprecon no cuestiona la aplicación del régimen de transición para la
reliquidación pensional, sino que discute que la sentencia recurrida hubiera desconocido la
exequibilidad condicionada que fijó la Corte Constitucional al artículo 17 de la Ley 4ª,
mediante sentencia C-608 de 1999.
En esa medida, la sala únicamente se ocupará de decidir, en los términos del recurso de
revisión, si se configura la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, de cara a la orden de reliquidación de la pensión del beneficiario de acuerdo con lo
devengado por un congresista para el 2001.

5.3. La sala empieza por decir que la sentencia recurrida se apartó de la exequibilidad
condicionada del artículo 17 de la Ley 4ª, fijada en la sentencia C-608 de 1999, a partir del
siguiente análisis, que se transcribe in extenso:

(…)
11. Como puede observarse, el legislador previó que la cuantía pensional de los Congresistas no puede
resultar inferior al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año y por todo concepto
sea percibido por ellos, y el parágrafo del art. 17 de la citada ley 4ª. es enfático en precisar que la
liquidación se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto
devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la prestación, ya sea la
jubilación, el reajuste o la sustitución. Esta disposición fue objeto de control ante la Corte Constitucional,
la cual mediante sentencia C-608 de 23 de agosto de 1999 lo declaró exequible (sic), condicionado al
alcance que se fijara a los aspectos especiales que se puntualizaron en la misma providencia, de la
cual se destaca lo siguiente:
(…)
En relación con la decisión adoptada por la Corte constitucional, esta Corporación definió su alcance
en los siguientes términos22:

“(…) las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, ya sea por vía de acción, de revisión previa,
o con motivo del ejercicio de control automático de constitucionalidad, “…sólo serán de obligatorio
cumplimiento y con efectos erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio
auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general.” (Carta
Política, artículo 243 en armonía con el artículo 48 de la Ley 270/96).
(…)
En efecto, tanto el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 como el decreto reglamentario 1359 de 1993, al
señalar la manera como debe establecerse el ingreso base de liquidación de la pensión, el reajuste
o la sustitución de la misma, no dejan espacio dentro del cual quepa el menor asomo de duda, en
el sentido de que ella no será inferior al “… 75% del ingreso mensual promedio que durante el último
año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la
prestación…”.

Los aspectos que motivaron la declaración de exequibilidad condicionada, versaron sobre el alcance
de varias expresiones: “por todo concepto” e “ingreso mensual promedio” contenidos en el artículo
17 de la Ley 4ª de 1992 cuyo sentido en palabras de la Corte Constitucional no comprende
simplemente el ingreso promedio restringido al concepto salario básico, sino que alude al nivel de
ingresos señalados para el Congresista en razón de sus funciones, estructurado en términos de
razonabilidad y proporcionalidad.

El período que por mandato legal ha de tomarse para determinar el ingreso base de liquidación de
la pensión, no da margen para que se le fije un entendimiento diferente al previsto en la disposición
legal: “que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio a la
fecha en que se decrete la prestación.” Señalarle un alcance diferente equivale a desatender el tenor
literal de la ley a pretexto de desentrañar lo que no definió expresamente la Corte Constitucional en
la citada sentencia.
(…)
Darle la aplicación que sugiere el Fondo de Previsión Social del Congreso, implica desatender el
tenor de la Ley y ello no es posible, pues de una parte, por mandato expreso del artículo 230 de la

22 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado

Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia de 22 de junio de 2006, Expediente No.
25000232500020020415801 (8046-05), Actor: Jesús Orlando Gómez López.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Carta Política los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la Ley, y de la otra,
de conformidad con el artículo 27 del Código Civil, cuando el sentido de la ley sea claro no se
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Si el sentido hubiera sido distinto al
consignado expresamente en el artículo 17 de la ley 4ª de 1992, reiterado en el Decreto 1359 de
1993, fuera contrario a los postulados de la Política, la Corte Constitucional lo hubiera declarado
inexequible.”.
12. Se concluyó entonces, que de la sentencia de la Corte Constitucional no fluye con certeza absoluta
un mandato imperativo del cual se desprenda que, para establecer el ingreso base para la liquidación
de la pensión Congresista deba realizarse con el 75% del promedio de lo devengado por él en el último
año de servicio en los términos pretendidos por el Fondo de Previsión Social del Congreso, sino que
debe liquidarse “tomando como base el último ingreso mensual promedio que por todo concepto
devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la prestación”.

13. En este orden de ideas, resulta claro que el período que por mandato legal ha de tomarse para
determinar el ingreso base de liquidación de la pensión, no da margen para que se le fije un
entendimiento diferente al previsto en la disposición legal: “que durante el último año y por todo
concepto devenguen los Congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación”. En
consecuencia, el ingreso base de liquidación se determina tomando lo devengado por los Congresistas
en ejercicio en la fecha en que la entidad de previsión expide y notifica el acto de reconocimiento,
independientemente de que su efectividad sea de fecha anterior.

Acoge la Sala en consecuencia, el criterio expuesto por el actor, cuando argumenta que el ingreso base
con el cual se debe liquidar la cuantía de la pensión debe liquidarse con “el 75% del ingreso mensual
promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, a la
fecha en que se decrete la prestación...” (año 2001) y no como lo hizo la entidad demandada, con el
salario promedio del último año de servicios del actor como congresista (1977-1978) esto es, 22 años
antes.

14. En conclusión, la liquidación de la pensión del actor se debe hacer teniendo en cuenta el último
ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la
fecha en que se decrete la prestación, que corresponde al día 26 de diciembre de 2001, fecha en que
se expidió la Resolución No. 1483, momento a partir del cual se debe reajustar el valor de la pensión
mensual vitalicia de jubilación, teniendo en cuenta que el monto no podrá ser inferior al “…75% del
ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas
en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación…”, que para el caso del actor, corresponde a lo
devengado por un Congresista entre el 26 de diciembre de 2000 y el 26 de diciembre de 2001.

15. Esta interpretación se aviene al principio de la inescindibilidad de las leyes, en virtud del cual la
norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido el desmembramiento de
las disposiciones legales para dar origen a nuevos mandatos y, a su turno, quebrantando el principio
de seguridad jurídica que irradia al ordenamiento jurídico vigente.

16. Además no es equitativo que el actor se hubiese pensionado con salarios envilecidos de 1977 y
1978, que como es sabido perdieron su valor adquisitivo por el paso del tiempo como resultado de los
procesos inflacionarios en economías como la nuestra; por ello, la ley estableció otra forma de
revalorización de los montos salariales y prestacionales, en este caso, se realizó por los salarios
actuales de los funcionarios en actividad y no por sistema de indexación con los índices de precios al
consumidor del DANE dispuesto por la Ley 100 de 1993 y en algunos casos por jurisprudencia.

17. La jurisprudencia contencioso administrativa y constitucional han aceptado lo que se ha
denominado la indexación de la primera mesada pensional que consiste básicamente en actualizar la
mesada pensional (liquidada con salarios envilecidos) cuando esta ha sufrido los rigores del paso del
tiempo como sucede en el sub lite.

18. En estos casos, fue la propia ley (arts. 17 de la ley 4ª. de 1992) la que ideó con referencia a los
salarios vigentes a la fecha del reconocimiento prestacional el sistema de actualización o revalorización
monetaria. Aun cuando ciertamente no resulta fácilmente asimilable en un sistema netamente
contributivo donde los salarios y las cotizaciones deben ser proporcionales a los montos pensionales;
por ello en esta sentencia se ordenará a FONPRECON que del retroactivo adeudado se realicen los
descuentos contributivos (cotizaciones pensionales a cargo del afiliado) en la proporción que sirve de
base para la respectiva liquidación pensional.

19. Finalmente, atendiendo lo manifestado por la apoderada del actor en los alegatos de conclusión,

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

cuando informa que el Doctor Urueta Velilla ya falleció, dirá la Sala que en todo caso la sentencia
producirá efectos respecto de los sucesores, aunque no hayan concurrido al proceso, de conformidad
con el art. 60 del C. de P.C., debiendo realizar los trámites y acreditaciones de orden legal, ante las
autoridades competentes.

20. La Sala precisa que la normatividad aplicable en el sub judice es la vigente al tiempo en que se
consolidó el status pensional (1977-1978) y la de la fecha en que se decretó el reconocimiento
pensional (año 2001).

21. Por las razones que anteceden, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las suplicas
(sic) de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad de las Resoluciones 1878 del 31 de octubre
de 2006 y 2294 del 30 de noviembre del mismo año. A título de restablecimiento del derecho, la entidad
demandada deberá reliquidar la pensión de jubilación, tomando como base el 75% del ingreso mensual
promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio al día
26 de diciembre de 2001, fecha en que se expidió la Resolución No. 1483 que decretó la prestación,
teniendo en cuenta para ello los factores prestacionales que certifique la entidad demandada.

22. Reliquidada la pensión en los términos indicados, a la mesada pensional en lo sucesivo, se le harán
los ajustes legales a que haya lugar en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal
(artículo 17 de la Ley 4ª de 1992) pero el pago se hará al actor con efectos fiscales a partir del día 24
de octubre de 2003, por virtud de la prescripción trienal, pues la petición de reliquidación se elevó el 23
de octubre de 2006 (fls. 15 y 16).

Para el efecto, la Entidad demandada deberá establecer la cuantía de la diferencia con el valor que
pagó efectivamente al actor -con ocasión del acto de reconocimiento pensional- y lo que le debió
reconocer conforme lo certificado por la entidad demandada y a partir del 24 de octubre de 2003.

Las sumas que resulten a favor del demandante, se ajustarán en su valor como lo ordena el artículo
178 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final
índice inicial

En donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por
el demandante, por concepto de diferencias en sus mesadas pensionales, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de la
ejecutoria de la sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por
mes, para cada mesada pensional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice
inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

La sentencia C-608 de 1999 se refirió a la base para calcular la pensión y declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 17 de la Ley 4ª, a partir del siguiente razonamiento:

(…)
La norma demandada se ocupa de tres aspectos que merecen un análisis a partir de estas
consideraciones.

El primero de ellos es el de la base para calcular la pensión, el reajuste o la sustitución pensional. La
Constitución en su artículo 187 emplea el término "asignación", lo cual permite tomar como base
elementos adicionales al salario. Sin embargo, éstos deben tener carácter remunerativo de las
actividades que realizan los congresistas en el ejercicio de su función de representación política. Esta
comprende diversas acciones de intermediación política, de deliberación y de participación en la
articulación de intereses sociales, que implican, por ejemplo, contacto personal con ciudadanos.
Además, el derecho a la seguridad social, al ser individual, requiere que la apreciación de la pensión,
el reajuste o la sustitución pensional sea efectuada de manera igualmente individual, atendiendo al
ingreso de cada Congresista a lo largo del período determinado por el legislador. El respeto a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad reafirman lo anterior, en la medida en que ello
permite fijar reglas y criterios tendientes a asegurar la viabilidad del sistema pensional, condición
indispensable del goce efectivo de este derecho por las actuales y futuras generaciones (art. 2 C.P.).

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

El segundo aspecto tiene que ver precisamente con el período de referencia para calcular el ingreso
mensual promedio de cada Congresista. El legislador en las normas demandadas estima que éste debe
corresponder al "último año". De tal forma que el período para calcular el monto de la pensión no puede
ser uno diferente mientras el legislador no modifique esta norma. Tomar tan sólo unos cuantos meses
en unos casos, además de ser contrario a la ley, crearía una desigualdad entre los mismos miembros
del Congreso, carente de justificación.
El tercer aspecto es el del monto de la pensión como proporción de la asignación. El legislador goza
en este campo de un amplio margen de apreciación, como lo ha sostenido la Corte reiteradamente. Las
normas demandadas establecen el mínimo del 75%, que parece razonable habida cuenta de los
criterios que justificaron la creación del régimen pensional especial para los miembros de la Rama
Legislativa.

Con base en las expuestas consideraciones, el precepto demandado debe ser declarado exequible,
pero su exequibilidad se condicionará en los siguientes aspectos:
(…)
2. Tanto en el texto del artículo 17, que establece el mínimo de la pensión, como en su parágrafo,
relativo a la liquidación de pensiones, reajustes y sustituciones, se alude a la base del ingreso mensual
promedio que durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista en la fecha en que se
decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.

Aunque, a juicio de la Corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales
ni rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter especial,
resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce la actividad legislativa, debe
precisarse que una cosa es el último año de ingresos como punto de referencia para la
liquidación de las cuantías de pensiones, reajustes y sustituciones -lo que se aviene a la Carta-
y otra muy distinta entender que el concepto de ingreso mensual promedio pueda referirse a la
totalidad de los rubros que, de manera general y abstracta, han cobijado a todos los miembros
del Congreso.

En efecto, lo razonable, dentro de criterios de justicia, es que el indicado promedio se establezca
en relación directa y específica con la situación del Congresista individualmente considerado,
es decir, que él refleje lo que el aspirante a la pensión ha recibido en su caso, durante el último
año. Y ello por cuanto sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un mínimo
equilibrio, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que se pudiese acceder a la
pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el
mencionado período, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el
tiempo de ejercicio del Congresista cubre apenas unos pocos meses. En tal caso, el promedio
de quien se pensiona debe comprender tanto lo recibido en su carácter de miembro del
Congreso por el tiempo en que haya ejercido y lo que había devengado dentro del año con
anterioridad a ese ejercicio. (…) (negrillas fuera de texto).

5.4. La anterior interpretación fue reiterada por la Corte Constitucional, en la sentencia C-
258 de 2013, en la que insistió en que, para efectos de las pensiones reconocidas con
fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª, no puede tenerse en consideración cualquier
rubro recibido por el pensionado, sino solo los que tienen carácter remunerativo de la
función que ejercen. La Corte también reiteró que, a partir de la exequibilidad condicionada
del artículo 17, los factores salariales computados para la pensión debían ser los
efectivamente recibidos por el peticionario de la prestación.

Por otra parte, la sentencia C-258 de 2013 explicó que, cuando se trata de pensiones
reconocidas con el promedio de lo devengado por cualquier congresista, y no por el
“peticionario de la pensión”, es procedente la reliquidación por debajo del tope de los 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la administración respete el
debido proceso y, en cada caso, examine la situación particular del pensionado para no
afectar el mínimo vital. Además, debe valorar si, en virtud del principio de favorabilidad, el
pensionado pudiera tener derecho a otro régimen23.

23 De ahí que, en lo que interesa, se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 17 de la Ley 4ª para precisar que,

como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente
por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

5.5. En el caso concreto, se constata que la sentencia recurrida explicó las razones por las
que se apartaba de la sentencia C-608 de 1999, esto es, cumplió con la carga de
transparencia que correspondería en estos casos. Sin embargo, la sala considera que las
razones ofrecidas no son suficientes para desconocer la exequibilidad condicionada, que
es una figura utilizada para determinar que una norma es exequible cuando se interprete
con los parámetros fijados por la Corte Constitucional.

La sentencia C-608 de 1999 fue proferida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad (artículo 241-3 CP) y, por ende, no solo está amparada por el atributo de
la cosa juzgada, sino que tiene efectos erga omnes y pleno carácter vinculante, al haber
sido proferida por el órgano judicial encargado de velar por la integridad y supremacía
constitucional.

Pues bien, las sentencias de la Corte Constitucional que examinan la correspondencia de
una ley con la Carta Política tienen carácter vinculante y obligatorio no solo para los
particulares, sino para las autoridades. Cuando un juez decide un conflicto concreto le
corresponde identificar la ley aplicable y eso, desde luego, supone examinar los
pronunciamientos de la Corte sobre la constitucionalidad. Si la Corte ha declarado la
constitucionalidad de una ley, a condición de que se interprete de determinada manera y
no de otra, esa interpretación (que también es general, impersonal y abstracta, como lo es
la ley interpretada) vincula positivamente al juez, ya que lo obliga a aplicarla en el caso
concreto con el condicionamiento incorporado.

5.6. De manera que, para la sala, la sentencia objeto de revisión debió aplicar el artículo 17
de la Ley 4ª de 1992, en los términos de la exequibilidad condicionada que estableció la
Corte, en la sentencia C-608 de 1999, esto es, para entender que la interpretación
constitucional del artículo 17 indica que la pensión debía reliquidarse con el promedio de lo
devengado por el congresista individualmente considerado. Lo razonable, en términos de
equidad y justicia, conforme lo explicó la sentencia C-608 de 1999, es que el promedio se
calcule en relación directa y específica con la situación del congresista individualmente
considerado para reconocer únicamente lo que el aspirante a la pensión recibió, durante el
último año de servicios como congresista.

Para el caso del señor Víctor Esteban Urueta Velilla, el desconocimiento de la exequibilidad
condicionada incidió directamente y de forma desproporcionada en la cuantía de la mesada
pensional, toda vez que no se tuvo en cuenta el promedio de lo devengado en el último año
que ejerció como congresista (20 de julio de 1977 al 20 de julio de 1978), sino el promedio
de lo devengado por un congresista en ejercicio en el año en que se decretó la prestación,
específicamente, lo devengado al 26 de diciembre de 2001, según lo explicó la sentencia
cuestionada en revisión.

En efecto, las resoluciones 1878 del 31 de octubre y 2294 del 30 de noviembre de 2006
(que corresponden a los actos demandados en el proceso ordinario) aceptaron que el señor
Urueta Velilla estaba amparado por el régimen de transición previsto para congresistas y,
por ende, ordenaron, como legalmente correspondía, que se reliquidara la mesada
pensional con el 75 % del promedio de lo devengado por el señor Urueta Velilla en el último
año de servicio como congresista (1977-1978), con inclusión únicamente de la asignación
básica.

Mientras tanto, la sentencia cuestionada concluyó que la reliquidación debía tener en

respectivas.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

cuenta el 75 % del ingreso mensual promedio que, durante el último año y por todo
concepto, devengaron los congresistas en ejercicio, al día 26 de diciembre de 2001, a partir
de los factores que certificara la entidad. De hecho, según el certificado expedido por la
Cámara de Representantes24, para el año 2001, un congresista devengaba: asignación
básica, gastos de representación y las primas de salud, localización y vivienda.

Por cuenta de la reliquidación ordenada en la sentencia recurrida, la cuantía de la mesada
pensional tuvo un incremento desproporcionado, puesto que, a partir de diciembre de 2012,
pasó de $ 3.479.522 a $ 22.189.835.

La sala destaca que la pensión así reliquidada excede lo debido de acuerdo con la ley, en
detrimento de los principios de solidaridad y sostenibilidad del sistema pensional, por cuanto
el pensionado no tenía derecho a: 1) que se incluyeran factores salariales que no percibió
en su condición de congresista y 2) que se calculara la pensión en un monto que no
correspondía a lo realmente devengado —y cotizado— en el último año de servicio como
congresista.

5.7. En conclusión, el acto administrativo que reconoció la pensión a Víctor Esteban Urueta
Velilla y los actos que denegaron la reliquidación pensional sí estaban ajustados a derecho
y, por lo tanto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no debió
declarar la nulidad ni ordenar la reliquidación pensional en la forma que lo hizo.

Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: la sentencia del 12 de julio de
2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sí
incurrió en la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues
desatendió el condicionamiento del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y ordenó la reliquidación
de la pensión de Víctor Esteban Urueta Velilla, de acuerdo con el ingreso mensual promedio
de un congresista en ejercicio para el año 2001, aun cuando el último año de servicio del
señor Urueta Velilla transcurrió entre 1977 y 1978. La orden impartida en la sentencia
recurrida generó el reconocimiento de un derecho pensional que, sin duda, excede lo
debido de acuerdo con la ley.

Por consiguiente, la Sala declarará fundado el presente recurso de revisión e infirmará la
sentencia recurrida. En su lugar, confirmará la sentencia del 17 de junio de 2010, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, pero no
porque el señor Urueta Velilla no sea beneficiario del régimen de transición de congresistas,
pues sí lo es, sino porque las resoluciones 1878 del 31 de octubre y 2294 del 30 de
noviembre de 2006 están conforme con la ley.

No habrá lugar a ordenar la devolución de los mayores valores reconocidos y pagados, en
virtud de la sentencia del 12 de julio de 2012, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, ya que fueron recibidos de buena fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 3, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Fonprecon
contra la sentencia del 12 de julio de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, según lo expuesto en esta providencia. En consecuencia:

24 Folio 86 del expediente ordinario.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001031500020140388900
Recurrente: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

2. Infirmar la sentencia del 12 de julio de 2012, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En su lugar:

3. Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, pero por las razones expuestas en
esta providencia.

4. Devolver, por secretaría, el expediente 25000232500020070043200, que fue enviado
en calidad de préstamo a esta Corporación.

5. Cumplido lo anterior, archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.

Notifíquese y cúmplase,
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
Julio Roberto Piza Rodríguez
Presidente de la sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Oswaldo Giraldo López Fredy Ibarra Martínez

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Gabriel Valbuena Hernández Luis Alberto Álvarez Parra

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.