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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2015-01658-00

Fecha
2 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2015-01658-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Nación –Ministerio del Trabajo contra la sentencia de segunda instancia del 10 de noviembre de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso identificado con el radicado Nro. 25000-23-25- 000-2004-90046-01 (0639-2008). 2. No condenar en costas. 3. Por Secretaría, devuélvase el expediente identificado con el radicado Nro. 25000-23-25-000-2004-90046-01 (0639-2008) al tribunal de origen. 4. En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2015-01658-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

2 de diciembre de 2022

Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2015-01658-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2015-01658-00
Demandante NACIÓN-MINISTERIO DEL TRABAJO
Demandado FRANCISCO FERNANDO SANZ MANRIQUE Y FONDO DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA -
FONPRECON-

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Nación –Ministerio del Trabajo contra la sentencia de
segunda instancia del 10 de noviembre de 2010, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el proceso identificado con el radicado Nro.
25000-23-25-000-2004-90046-01 (0639-2008), promovido por Francisco Fernando
Sanz Manrique.

ANTECEDENTES

1. Reconocimiento pensional

Por medio de la Resolución Nro. 000452 del 30 de mayo de 2002, el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República -Fonprecon- reconoció la pensión de
jubilación al señor Francisco Fernando Sanz Manrique con base en el régimen de
transición de congresistas. Para el efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en la
sentencia C-608 de 1999, liquidó la prestación con el 75% de lo que el pensionado
devengó en el último año de servicios (20 de julio de 1985 y el 19 de julio de 1986).

El 9 de octubre de 2002, mediante la Resolución Nro. 1066, Fonprecon negó la
solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación, pues no existió yerro en la
determinación y aplicación del ingreso base de liquidación, que correspondía a lo
devengado por el congresista individualmente considerado y no a lo percibido por
un congresista en ejercicio al momento de la liquidación de la prestación.

El 21 de marzo de 2003, a través de la Resolución Nro. 0565, Fonprecon negó la
solicitud de nivelación pensional formulada, en diciembre de 2002, por el señor Sanz
Manrique para que su mesada pensional se igualara con la de otros congresistas a
quienes se les liquidó con el 75% del ingreso mensual promedio percibido por un
congresista en la fecha en que se decretó la pensión. Determinación confirmada por
la Resolución Nro. 0950 del 8 de julio de 2003, al resolver el recurso de reposición
interpuesto.

Posteriormente, el señor Sanz Manrique interpuso acción de tutela, ya que, a su
juicio, la entidad previsional del Congreso aplicó erróneamente el ingreso base de
liquidación para la determinación de su pensión de jubilación.

1
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Recurso extraordinario de revisión
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El 2 de septiembre de 2003, el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Penal del Circuito de
Bogotá ordenó, como mecanismo transitorio, la reliquidación de la pensión en suma
no inferior “al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso mensual promedio que durante el último
año devenguen los congresistas en ejercicio, incluyendo dentro del cálculo respectivo su sueldo
básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima
de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren 1”. Determinación
confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 17
de octubre de 2003.

En cumplimiento de esa orden se expidió la Resolución Nro. 1139 del 8 de
septiembre de 2003 mediante la que se reliquidó la pensión del hoy demandado, la
cual ascendió a once millones trescientos setenta mil doscientos ochenta y cuatro
pesos con catorce centavos ($11.370.284,14)2, y fue efectiva “a partir del días dos (02)
de septiembre de 2.003, y hasta que la justicia contencioso-administrativa decida definitivamente”.

2. Proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1. Demanda

A través de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Francisco Fernando Sanz Manrique presentó
demanda para obtener la nulidad de las Resoluciones Nro. 00452 del 30 de mayo
de 2002; 01066 del 9 de octubre de 2002; 0565 del 21 de marzo de 2003; y, 0950
del 8 de julio de 2003, expedidas por Fonprecon.

Como consecuencia de esa declaración solicitó, a título de restablecimiento, (i) se
declarara que tenía derecho, a partir del 6 de septiembre de 1999, y con los
descuentos de la Ley 100 de 1993, a una pensión de jubilación en los términos de
los artículos 17 de la Ley 4 de 1992, y 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993; (ii) se
ordenara el pago de la diferencia entre lo efectivamente cancelado y lo que debió
recibir; y, (iii) se ordenara el reajuste previsto en el artículo 178 del C.C.A.

Ello, porque, a su juicio, era beneficiario del régimen de transición de congresistas
establecido en el Decreto 1293 de 1994; calidad en virtud de la cual tenía derecho
a una pensión de jubilación liquidada con el 75% del ingreso mensual promedio que,
por todo concepto, devengaran los congresistas en la fecha en que se decretara la
prestación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 la Ley 4ª de 1992.

2.2. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda, Subsección A-,
mediante sentencia del 24 de mayo de 2007, negó las pretensiones de la demanda
porque el señor Sanz Manrique no era beneficiario del régimen de transición de
congresistas.

Para el efecto, siguiendo el pronunciamiento del Consejo de Estado del año 20023,
inaplicó el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 que extendía el

1 Todo, porque en la liquidación inicial no se aplicaron las normas que regulaban la situación del ex-
congresista, esto es, la Ley 4 de 1992 y los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, según lo señalado por
Corte Constitucional en las sentencias T-214 de 1999, T-463 de 1995 y T-456 de 1994.
2
Los elementos que integraron la base del cálculo fueron los percibidos por un congresista en ejercicio
durante los años 2002 y 2003, que correspondieron a los siguientes: sueldo, gastos de representación, y
primas de localización y vivienda, de salud y de servicios.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P.: Alberto
Arango Mantilla, sentencia del 3 de mayo de 2002, radicado. 2001-01276.

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régimen especial de congresistas a los senadores o representantes a la cámara que
prestaron sus servicios antes del 1º de abril de 1994, pero que no se reincorporaron
al servicio con posterioridad a esa fecha. En sus palabras:

“Sobre el Decreto 1293 de 1994 debe decirse que se dictó en uso de las atribuciones
dictadas por la ley marco (Ley 4ª de 1992) y que como tal no podía exceder dichas
atribuciones. Cuando el decreto incluye a los Ex-congresistas dentro de las personas que se
encontraban dentro del régimen de transición lo que en verdad hizo fue ir en contravía a una
norma superior, lo cual no es posible, y por tanto, pese a no haber sido declarada tal norma
como ilegal [se refiere al parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293], si es imperativa su
inaplicación.
(…)
Este Tribunal considera que no es posible dar aplicación a la Ley 4ª de 1992 ni a sus decretos
reglamentarios a los ex-congresistas, como en el caso presente del señor Sanz Manrique,
por cuanto con ello se daría extralimitaría el alcance legal de una norma a quienes no tienen
derecho”.

2.3. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 10 de noviembre de 2010 revocó esa determinación y ordenó la reliquidación de
la pensión de jubilación “tomando como base el 75% del ingreso mensual promedio que durante
el último año y por todo concepto devengaran los congresistas en ejercicio al día 30 de mayo de
2002, fecha en que se decretó la prestación”.

Todo, porque el accionante sí era beneficiario del régimen de transición de los
congresistas, pues “para el día 1º de abril de 1994, contaba con una edad que excedía los 57
años, y había prestado sus servicios por más de 22 años en diferentes entidades de derecho público
incluido el Congreso de la República y cotizado parte en el sector privado ante el Instituto de Seguros
Sociales”.

En esa medida, su situación se regía por los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de
1994, al tenor de los cuales el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación
del entonces actor era equivalente al 75% de lo que “durante el último año y por todo
concepto [devengaran] los congresistas en ejercicio a la fecha en que se [decretara] la prestación” .

3. Recurso extraordinario de revisión

3.1. Demanda

Con fundamento en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, el
Ministerio de Trabajo solicitó lo siguiente:

“Con base en los hechos expuestos, solicito de manera respetuosa a esa Honorable
Corporación, que invalide la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, del 10 de Noviembre de 2010, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por Francisco Fernando Sanz Manrique, contra el
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, expediente
25000232500020049004601 (No. Interno 639-2008), dando la prosperidad de la causal
invocada y se dicte sentencia que en derecho corresponda, y en consecuencia se revoque la
sentencia del Consejo de Estado que ordeno (sic) reliquidar la pensión del señor FERNANDO
SANZ”.

A su juicio, la cuantía de la pensión reconocida al señor Sanz Manrique excede lo
legalmente debido, ya que el Consejo de Estado aplicó en forma errada el régimen

3
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de transición previsto en el Decreto 1293 de 1994 pues el señor Sanz Manrique no
fue congresista durante su vigencia.

Para fundamentar esas afirmaciones, el apoderado del Ministerio citó in extenso la
sentencia C-258 de 2013 en la que la Corte Constitucional trató el tema de las
pensiones reconocidas por equiparación, sin ofrecer ninguna otra explicación o
justificación.

3.2. Intervención del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
-FONPRECON-

FONPRECON coadyuvó las pretensiones de la demanda al considerar que la
pensión de jubilación del señor Sanz Manrique fue liquidada “tomando como base el
salario recibido por los congresistas en la fecha en que se reconoció la prestación y no el promedio
del último año de servicio del mismo, que es la única interpretación del artículo 17 de la Ley 4 de
1992 exequible de conformidad con la sentencia de constitucionalidad C-608 de 1999”.

Por tal razón, en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias
C-608 de 1999 y C-258 de 2013, la pensión debió liquidarse tomando como base el
promedio de lo recibido por el pensionado en el último año de servicio, y no el
promedio de lo que recibió un congresista en ejercicio en el año en que se decretó
la prestación.

3.3. Intervención del señor Francisco Fernando Sanz Manrique

Gabriel Jaime Torres Villa, curador ad-lítem del señor Francisco Fernando Sanz
Manrique, se opuso a las pretensiones de la demanda pues no es posible modificar
la decisión objeto de revisión, so pena de vulnerar el derecho al mínimo vital del
pensionado quien es un adulto mayor y goza, en tal calidad, de protección especial.

3.4. Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación4.

4 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.

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Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
C.P.A.C.A.5, mediante el Acuerdo 80 de 20196, que compiló, entre otros, el Acuerdo
321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la
creación de Salas Especiales de Decisión, encargadas de resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones de esta Corporación7.

Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.

2. Legitimación por activa

La Nación-Ministerio del Trabajo se encuentra habilitada para adelantar el presente
trámite de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, según el cual: “[l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación”.
(Resalto de la Sala).

3. Oportunidad de la acción

El inciso cuarto del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 prevé el término de
caducidad del recurso extraordinario de revisión para los casos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en “cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial”.

En el presente asunto, el 18 de junio de 20158 la Nación-Ministerio del Trabajo
interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 10 de
noviembre de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Luego, el recurso se presentó oportunamente.

4. Problema jurídico. Delimitación

De acuerdo con la demanda, le corresponde a esta Sala Especial de Decisión
establecer si en el caso concreto se configura la causal establecida en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la pensión reconocida al señor
Francisco Fernando Sanz Manrique lo fue en cuantía superior a la que correspondía
según la ley aplicable, bajo el entendido de que se concedió a una persona que no
era beneficiaria del régimen de transición respectivo.

5 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
6
Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
7 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
8 Folio 73 vto., cuaderno principal.

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Para el efecto, se procederá con la exposición de las características, finalidad y
causales del recurso especial de revisión; posteriormente, se efectuarán algunas
anotaciones frente al régimen pensional de congresistas en la Constitución de 1991;
luego, se señalará el alcance de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional
en la sentencia C-258 de 2013; y, finalmente, se abordará la resolución del caso
concreto.

Esta Sala Especial de Decisión no pierde de vista que con la demanda se allegó el
memorando Nro. 45442 del 16 de marzo de 2015, suscrito por la Subdirectora de
Pensiones Contributivas del Ministerio del Trabajo, en el que se analizó la pensión
del señor Sanz Manrique y se señaló el desconocimiento de lo previsto en la
sentencia C-608 de 1999.

Sin embargo, ese aspecto no será examinado por cuanto no constituyó un cargo del
libelo introductor; es más, en el texto del mismo ni siquiera se mencionó o puso de
presente dicha situación. Prueba de eso es que en la demanda solo se consignó lo
siguiente como fundamentación de la causal de revisión invocada; sustentación de
la que no puede inferirse cuestionamiento respecto de la base de cálculo de la
prestación:

“Para que el Honorable Consejo de Estado, invalide la sentencia revisada y dicte la que en
derecho corresponda, invoco como causales de revisión las contempladas en el literal b) del
artículo 20 de la ley 797 de 2003, por haberse reconocido por vía judicial una prestación en
cuantía que excede el monto a que tenía derecho el pensionado.
La sentencia cuya revisión se solicita excede la previsión legal, al aplicar en forma errada el
Decreto 1293 de 1994, régimen de transición de los congresistas, pues le aplicó un régimen
de transición a quien nunca tuvo derecho al régimen De (sic) congresista existente en el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
Es claro que un régimen de transición lo que busca es proteger a quien tenía derecho o
expectativas en régimen legal, por el cambio o pérdida de beneficios que le causaría un
régimen nuevo, pero el señor ORTIZ PEÑA [entiéndase SANZ MANRIQUE] no tenía ningún
derecho en el régimen especial de congresistas pues NO FUE CONGRESISTA EN
EXISTENCIA DEL CITADO REGIMEN”. (Mayúsculas del original).

Y si bien existe la facultad de interpretación racional de la demanda, lo cierto es que
su ejercicio no habilita al operador judicial para reemplazar a la parte en la
formulación de sus pretensiones ni en su fundamentación, tal como sucedería en
caso de que se decidiera ampliar o extender el análisis al desconocimiento de la
sentencia C-608 de 1999.

Súmese a ello, que lo atinente a la base de cálculo de la pensión reconocida no es,
en el caso bajo examen, un elemento cuya resolución sea necesaria para absolver
el cargo propuesto por la parte actora: una cuestión es si se está, o no, ante un
beneficiario real de la prestación; otra, perfectamente diferenciable, si los elementos
considerados para el cómputo de la pensión eran los procedentes de acuerdo con
el ordenamiento jurídico.

5. Recurso especial de revisión. Características, finalidad, y causales de la
Ley 797 de 2003

La revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública se
encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes
términos:

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“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO
DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias
judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” 9

Esa revisión, cuyo trámite es el del recurso extraordinario de revisión, tiene un
carácter sui generis10, pues, más allá de que puede dar lugar a la infirmación de una
sentencia ejecutoriada, presenta unos aspectos particulares que le dan entidad
propia. Dentro de esas notas características pueden referirse las siguientes:

• Procedencia. El recurso procede no solo frente a sentencias ejecutoriadas
sino también respecto de otro tipo de providencias cuyo efecto sea el
reconocimiento de una prestación (v.gr., autos que terminan anormalmente el
proceso, o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación). De ahí, entonces, que las providencias denegatorias del
derecho no serían susceptibles del recurso.

Con todo, el recurso no procede para la revisión de derechos reconocidos en
cuantías que estén por debajo de lo dispuesto por la ley, pacto o convención
aplicable.

• Legitimación por activa. La legitimación para su interposición recae en el
Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, al tenor de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. También se encuentran legitimadas las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones públicas.

• Propósito del recurso. El objetivo principal del recurso es la protección del
patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional11

• Alcance del recurso. El análisis que se efectúa en el recurso de revisión
impide que el proceso se utilice como instancia adicional para la resolución de

9 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de
2003.
10 Tal como se señaló en la sentencia C-835 de 2003.
11 Y es que tal como lo ha sostenido esta corporación: “[la] revisión de los montos de las pensiones reconocidas
en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
así́ como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad
del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia del 1° de agosto de 2017. radicado: 11001-03-15-000-2016-02022-00.

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aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario correspondiente. No
se trata de un mecanismo para la exposición y resolución de simples
discrepancias respecto de las determinaciones adoptadas en las instancias.

Por eso, como lo ha expresado esta corporación, “no se trata de una tercera
instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se
encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido
proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde 12”

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, el recurso especial de revisión procede cuando el reconocimiento con
cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública se obtuvo con violación al
debido proceso.

Así, la causal se configurará cuando en el reconocimiento de la prestación se
desconoció alguna o algunas de las garantías que integran el debido proceso,
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: (i) el derecho a juez natural o
funcionario competente, (ii) el derecho a ser juzgado según las normas de cada
juicio o procedimiento, (iii) el derecho a la defensa y/o contradicción -que incluye,
entre otros, la presentación y participación en la producción de las pruebas, la
defensa técnica, el proceso público y sin dilaciones injustificadas, la motivación de
la decisión, el derecho a impugnar la decisión- , y (iv) el derecho a la independencia
o imparcialidad del juez13.

Por su parte, el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que el recurso
de revisión procederá “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

En la exposición de motivos de la referida norma se advirtió sobre la necesidad de
“construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos” . Entonces, la finalidad del artículo en mención era
reducir el déficit fiscal y hacer que el sistema pensional sea factible en términos
económicos, de allí́ que se permitiera la revisión de prestaciones periódicas a cargo
del erario, cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

6. Régimen pensional de congresistas en vigencia de la Constitución de
1991

La Ley 4ª de 1992 señaló las normas, objetivos y criterios que el Gobierno Nacional
debía observar para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

Tratándose de pensiones, reajuste y sustitución de pensiones de congresistas, el
artículo 17 de dicha codificación fijó las siguientes pautas para su liquidación: (i) el
porcentaje de la pensión, reajustes y sustituciones no podía ser inferior al 75%; (ii)

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 19, M.P.:
William Hernández Gómez, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-03092-00.
En similar sentido, ver, entre otras, las sentencias proferidas por: Sala Especial de Decisión Nro. 4 el 3 de
noviembre de 2020 con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez dentro del radicado
Nro. 11001-03-15-000-2020-03151-00; Sala Especial de Decisión Nro. 25 el 8 de noviembre de 2021 con
ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico dentro del radicado Nro. 11001-03-15-0002020-
04141-00.
13
Aspectos todos esos relevantes si se tiene presente que el debido proceso constituye una garantía para
todas las personas durante el trámite de las actuaciones administrativas o judiciales en que ellas
intervengan, según el artículo 29 constitucional.

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el ingreso base de liquidación (IBL), correspondía al último ingreso mensual
promedio que, por todo concepto, devengaran los congresistas en la fecha en que
se decretara la jubilación, el reajuste, o la sustitución, y, (iii) el incremento de la
mesada en el mismo porcentaje en que se reajustara el salario mínimo legal.

Esos criterios se acogieron en el Decreto 1359 de 199314, aplicable a quienes para
la vigencia de la Ley 4ª de 1992 -18 de mayo- tuvieren la calidad de Senador o
Representante a la Cámara, se encontraran afiliados a FONPRECON, y efectuaran
los aportes y/o cotizaciones del caso (arts. 1, 3 y 4)15. De ahí que el IBL correspondía
a lo devengado, por todo concepto, por los congresistas en ejercicio al momento del
reconocimiento pensional; el porcentaje de la pensión ascendía al 75%; y el
porcentaje de incremento era el que operaba para el salario mínimo legal mensual,
según los artículos 5, 6 y 16 del Decreto 1359, respectivamente.

Ahora bien, el Decreto 1293 de 199416 también adoptó las pautas establecidas por
la Ley 4ª de 1992. Téngase en cuenta que la aplicación de este régimen no solo
permitía alcanzar la pensión de jubilación con los requisitos de edad y tiempo de
servicios (o semanas cotizadas) dispuestos en el Decreto 1359, sino, también, que
el cálculo de la pensión, el ingreso base de liquidación y los factores de liquidación
fueran los establecidos en esa misma codificación –Decreto 1359-, según lo
consagrado en el artículo 3º del Decreto 1293.

Por lo tanto, el régimen de transición dispuesto por el Decreto 1293 de 1994 contaba
con las siguientes características:

• Beneficiarios. El régimen era aplicable a dos categorías de servidores.
Primero, a quienes para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1 de
abril de 1994- se encontraran vinculados como congresistas y acreditaran uno
de los siguientes supuestos: 35 ó 40 años de edad (tratándose de mujeres y
hombres respectivamente), ó, 15 años cotizados o de prestación de servicios.

Segundo, a los congresistas que durante la legislatura que terminaba el 20 de
junio de 1994 tuvieran una situación jurídica consolidada, por cumplir, antes
de dicha fecha, 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o
diferentes entidades de derecho público (incluido el Congreso), o, que los
hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto
de Seguros Sociales en cualquier modalidad. En este caso, la edad de
jubilación era de 50 años.

• Extensión de beneficiarios. El parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293
extendió el régimen de transición a quienes hubieren sido congresistas antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100, siempre que para esa fecha

14 Por el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las
mismas, aplicable a los Senadores y Representantes a la Cámara.
15 También cobijaba a los “congresistas pensionados vueltos a elegir”, esto es, los Senadores y
Representantes a la Cámara que al momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar
temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho
público, siempre que su vinculación al Congreso y la contribución a FONPRECON no fueren inferiores a un
año de servicio.
16
Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso
de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales
y económicas de tales servidores públicos.

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acreditaran 35 ó 40 años de edad (tratándose de mujeres y hombres
respectivamente), ó, 15 años cotizados o de prestación de servicio.

Sin embargo, esa extensión fue anulada por el Consejo de Estado en
sentencia del 27 de octubre de 200517 porque no existían expectativas
legítimas que proteger frente a esos ex-servidores, quienes no cumplían, ni
podían hacerlo, con los presupuestos del Decreto 1359 de 1993, esto es,
encontrarse en servicio activo para el 18 de mayo de 1992, o para el 1 de abril
de 1994, o reincorporarse como congresistas con posterioridad a esas
fechas18.

• Requisitos para acceder a la prestación. De conformidad con la remisión
normativa del artículo 3º del Decreto 1293, los elementos de la pensión de
jubilación del régimen de transición de congresistas correspondían a los
siguientes:

a) Edad: 55 años, o, 50 años cuando se tratara de congresistas con situación
consolidada al 20 de junio de 1994.

b) Tiempo de servicios: 20 años continuos o discontinuos en una o varias
entidades de derecho público, incluido el Congreso, o, que se hayan
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el ISS.

c) Monto, IBL, y factores de liquidación: 75% del ingreso mensual promedio
que, durante el último año y por todo concepto, devengaran los
Congresistas en ejercicio en la fecha en que se decretara la pensión, el
reajuste o la sustitución.

Con posterioridad a la expedición de esas normas, la Corte Constitucional se
pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 en dos
oportunidades.

Primero, en la sentencia C-608 de 1999, en la que condicionó la exequibilidad del
artículo 17 de la Ley 4ª bajo el entendido de que (i) la base del cálculo para la
pensión de los congresistas no podía integrarse “por todo concepto”, sino por aquellos
que de manera directa remuneraran la actividad parlamentaria19; (ii) el ingreso
mensual promedio para el reconocimiento pensional era el obtenido durante el
último año de servicios por el congresista individualmente considerado y no por los
rubros o conceptos que, de manera general y abstracta, cobijaran a todos los
miembros del Congreso; y, (iii) el promedio de los congresistas que se
desempeñaron por menos de un año comprendía lo percibido en ejercicio de esa
calidad y lo devengado con anterioridad a la misma, en aplicación de los principios

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P.: Ana Margarita Olaya
Forero, sentencia del 27 de octubre de 2005, exp.: 5677-03.
18 Fue por ello que la Corporación manifestó lo siguiente en la sentencia de anulación referenciada en la nota
anterior: “[q]uien había sido congresista antes del 19 de diciembre de 1992 y no fuera elegido posteriormente,
no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho pensional conforme al
régimen especial por cuanto no reunía uno de sus requisitos: estar en servicio activo. Resultaba pues que,
aun estando en el régimen de transición, nunca alcanzaría la condición necesaria para adquirir el derecho a
la pensión especial prevista para los congresistas”.
19 La determinación de esos elementos, que correspondían a la “asignación” del congresista, era competencia
del Gobierno al desarrollar las pautas de la Ley 4ª, comprendía salarios, primas y otras erogaciones que
remuneraran la actividad parlamentaria, y excluía todos aquellos que “al no gozar de un sentido
remuneratorio, [pagaban] servicios ajenos a la asignación”.

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de eficiencia, universalidad y solidaridad y como pauta para asegurar la viabilidad
financiera del sistema pensional.

Segundo, en la sentencia C-258 de 2013, en la dicha corporación declaró la
inexequibilidad de las expresiones “durante el último año y por todo concepto” , “Y se
aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal” , contenidas en el
primer inciso del artículo 17 de la Ley 4ª, así como la expresión “por todo concepto”
contenida en su parágrafo. Adicionalmente, declaró la exequibilidad condicionada
de los demás apartes de la misma norma, en el entendido que: “(i) No puede extenderse
el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren
afiliados al mismo. (ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos
ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo
del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.(iii) Las reglas sobre
ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son
las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso. (iv) Las
mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no
podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de
julio de 2013”

Ello, por cuanto la disposición examinada consagraba un tratamiento diferenciado
e injustificado que resultaba favorable para un grupo de individuos en “mejores
condiciones que los grupos comparables” , al tiempo que obstaculizaba, de manera
considerable, el cumplimiento de los objetivos del sistema pensional en materia de
cobertura, universalidad, solidaridad y eficiencia, al disponer de subsidios elevados
que no guardaban correspondencia con el nivel de ingresos, de cotizaciones y el
tiempo de dedicación del beneficiario20.

7. Órdenes de la sentencia C-258 de 2013

Con el fin de establecer los efectos del fallo y como medida para proteger los
derechos adquiridos, la Corte Constitucional impartió diferentes órdenes
dependiendo del tipo de reconocimiento pensional de que se tratara: pensiones
reconocidas con fraude a la ley o abuso del derecho, amparadas por la buena fe y
la confianza legítima, y las reconocidas mediante equiparación.

Tratándose de pensiones reconocidas con abuso del derecho y fraude a la ley21, la
Corte Constitucional le ordenó a la Administración revocar y reliquidar
unilateralmente la pensión22, mediante un procedimiento que garantizara el derecho
20 Por eso se señaló que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 “(i) desconoce el derecho a la igualdad, en armonía
con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional
equitativo, (ii) genera una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del
artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existe falta absoluta de correspondencia entre el valor
de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con
recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto es, además, (v) incompatible con el principio de
Estado Social de Derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios
a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la
dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio”.
21 Como ejemplos de pensiones reconocidas con abuso del derecho o fraude a la ley, de acuerdo con lo
manifestado en la sentencia C-258 de 2013, se encuentran los siguientes eventos: (i) cuando el
reconocimiento pensional se obtuvo por medios o mecanismos ilegales; (ii) cuando un servidor público
beneficiario del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijado por la transición, obtiene, en el último año
de servicio, un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no corresponde con su vida laboral,
y por el contrario, representa un salto abrupto y desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia
productiva, en aprovechamiento de las tesis de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas de la
transición y del Ingreso Base de Liquidación; (ii) cuando un servidor durante la mayor parte de su vida laboral
cotiza de acuerdo con las reglas que definen topes de las cotizaciones. Luego, en el último año de servicios
–según el régimen especial del que es beneficiario- cotiza al sistema sin tope con el fin de obtener una
pensión sin tope, amparado por la doctrina de la integralidad de los regímenes pensionales.
22 Para lo cual se otorgó un plazo que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2013.

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a la defensa, en el que no se suspendiera el pago de la pensión, y se aplicara otro
régimen pensional más favorable que cobijara la situación del pensionado, siempre
que este lo solicitara expresamente y se reunieran los requisitos previstos por la
normativa aplicable.

Por su parte, tratándose de pensiones amparadas por la buena fe y la confianza
legítima23 se dispuso su ajuste a futuro al tope de 25 SMLMV, “sin necesidad de hacer
reliquidaciones caso por caso”; actuación que debía registrarse a partir del 1º de julio de
2013 y dentro de la cual estaba prohibido suspender el pago de las mesadas
pensionales por demoras administrativas en la realización del ajuste. Luego, no
procedía la reliquidación de dichas pensiones, sino su disminución hasta el tope de
los 25 SMLMV.24

Finalmente, respecto de las pensiones reconocidas mediante equiparación25 se
dispuso su reliquidación, incluso, en cuantía inferior a los 25 SMLMV aspecto este
último en el que no se podían reducir las mesadas de forma desproporcional, ni
exigir al pensionado que reingresara al mercado laboral26. Para el efecto, ante la
ausencia de regulación del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005,
la Administración debía aplicar los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, según
se tratara de una pensión reconocida en vía administrativa o de una reconocida o
avalada en vía judicial, respectivamente.

8. Caso concreto

Una vez analizadas las pruebas que obran en el proceso y de cara al cargo
formulado en la demanda -que no incorporó lo atinente al desconocimiento de la
sentencia C-608 de 1999-, la Sala estima que la prestación se reconoció a un
“beneficiario real” del régimen de transición de congresistas, en aplicación de lo
previsto en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, al tenor del cual:

“[e]l régimen de transición se aplicará también para aquellas personas que hubieran sido
senadores o representantes con anterioridad al 1o de abril de 1994, sean o no elegidos para
legislaturas posteriores, siempre y cuando cumplan a esa fecha con los requisitos de que
tratan los literales a) o b) de este artículo, salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen
aplicable diferente, en cuyo caso este último será el que conservarán”

23 Pensiones para cuyo otorgamiento se cumplieron las exigencias dispuestas en el ordenamiento jurídico ya
que: (i) se reconocieron a los beneficiarios reales del régimen de transición, esto es, a quienes para el 1 de
abril de 1994 cumplían con los requisitos de vinculación, y edad o tiempo de cotización; (ii) cumplieron con
los requisitos legales, atendiendo los criterios o posiciones jurisprudenciales aplicables, bajo la convicción
de actuar de buena fe; y, (iii) cotizaron sobre los factores de cotización establecidos por el Gobierno
Nacional, y no por aquellos definidos por el cotizante.
24 De una parte, porque no era posible pretender que se hubiera acumulado un capital suficiente para financiar,
sin subsidio de ninguna clase, la pensión, amén de que tal situación no se debió a la voluntad de los
cotizantes. De otra, porque una reducción adicional a los 25 SMLMV podría aparejar la vulneración del
mínimo vital y la afectación de la protección de las personas de la tercera edad.
25 Pensiones obtenidas por quienes no eran beneficiarios reales del régimen de transición, desconociendo lo
previsto en la sentencia C-596 de 1997; o, por quienes siendo beneficiarios de dicho régimen obtuvieron el
reajuste pensional con el único propósito de equiparar la pensión a la de otro Congresista que se pensionó
con base en un ingreso superior, sin que existiese norma que ordenara tal equiparación, desconociendo así
lo previsto en la sentencia C-608 de 1999. También, pensiones causadas con posterioridad al 31 de julio de
2010, pero liquidadas en contravía de los criterios dispuestos en el Acto Legislativo 01 de 2005 (tope máximo
de 25 salarios mínimos, y correspondencia entre lo cotizado y la pensión recibida).
26
En palabras de la Corte Constitucional: “…los administradores deben ser cuidadosos al aplicar estos
procedimientos, en especial, al tomar la decisión de iniciarlos. El ajuste a 25 salarios hacia el futuro satisface
los mandatos constitucionales. Por lo tanto, la pertinencia de una reducción adicional hacia el futuro debe
ser sopesada caso por caso y justificada a la luz de la magnitud de la reducción de la mesada y del impacto
que ello podría tener en personas cuyos derechos al mínimo vital no pueden ser desconocidos”.

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Ello, porque el señor Sanz Manrique fue congresista con anterioridad al 1º de abril
de 1994 y para esa fecha contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años
de servicios.

De hecho, tal como lo reconoció la Resolución Nro. 00452 del 30 de mayo de 200227,
el señor Sanz Manrique nació el 13 de octubre de 193628, por lo que al 1º de abril
de 1994 tenía 57 años de edad; además, a esa fecha había laborado por 22 años,
8 meses y 18 días, de los cuales 3 años y 4 meses fueron en el Senado de la
República –entre el 20 de julio de 1982 y el 19 de julio de 1986-, último cargo que
ocupó antes de adquirir su derecho pensional29.

Dichas circunstancias llevaron, precisamente, a que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la sentencia objeto de la presente acción, concluyera
que “la situación jurídica del demandante FRANCISCO FERNANDO SANZ MANRIQUE se subsume
dentro de los presupuestos señalados en los artículos 2º y parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293
de 1994, pues para el día 1º de abril de 1994, contaba con una edad que excedía los 57 años, y
había prestado sus servicios por más de 22 años en diferentes entidades de derecho público incluido
el Congreso de la República y cotizado en parte en el sector privado ante el Instituto de Seguros
Sociales, lo que lleva a concluir que es beneficiario del régimen de transición, por lo que el monto de
su pensión y la forma de su liquidación, está gobernada por el Decreto 1359 de 1993 aplicable al
presente asunto por remisión expresa del decreto 1293 de 1994” .

No desconoce la Sala que la Sección Segunda de esta Corporación, mediante
sentencia del 27 de octubre de 200530, declaró la nulidad del parágrafo del artículo
2º del Decreto 1293 de 1994, que extendía el régimen de transición a las personas
que fueron congresistas con anterioridad al 1º de abril de 1994 –siempre que
cumplieran con los requisitos de edad y tiempo de servicios allí previstos-.

Sin embargo, la situación del señor Sanz Manrique, y su pertenencia al régimen de
transición, deben respetarse, porque la misma se definió para cuando la norma se
presumía legal y conforme al ordenamiento jurídico. En efecto, el pronunciamiento
anulatorio -que data del año 2005- no existía para cuando se consolidó el derecho
pensional (6 de septiembre de 1999), ni para la fecha en que se reconoció la
prestación social (30 de mayo de 2002).

Siendo así las cosas, el recurso de la referencia debe declararse infundado.

No obstante, la Sala desea anotar que la pensión del señor Sanz Manrique fue
ajustada a 25 SMLMV a partir del mes de julio de 2013, a través de la Resolución
Nro. 0443 del 12 de dicho mes y año31; decisión comunicada al pensionado
mediante el oficio Nro. 20133170067971 del 16 de julio de 201332.

27 Fl. 228-234 del cuaderno de antecedentes administrativos.
28 Información que se corrobora con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 156 del cuaderno
de antecedentes administrativos.
29 Cfr. Folios 7-32, 122-157, 169-177 y 183-192 del cuaderno de antecedentes administrativos.
30 Expediente No. 5677, Consejera Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero.
31 Acto de ejecución no susceptible de control judicial. C.fr., Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B: (i) sentencia del 10 de septiembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2017-02362-01(6307-18); y, (ii)
sentencias del 23 de octubre de 2020, radicados: 25000-23-42- 000-2016-01822-01(0188-19) y 25000-23-
42-000-2016-03684-01(4164-17).
32 Acto de ejecución no susceptible de control judicial, tal como se estableció en la providencia del 28 de marzo
de 2019 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de
radicado Nro. 25000-23-42-000-2015-02106-01 promovido por el señor Sanz Manrique en contra de dicha
comunicación.

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9. Costas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”.

Para la Sala Especial de Decisión este es un proceso en el que se ventila un interés
público como lo es la protección del erario, razón por la que es improcedente la
condena en costas. Así es preciso observar que, como lo ha establecido la
jurisprudencia de la corporación, “el ejercicio del mecanismo de revisión de que trata el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios
de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio
público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional 33”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Nación –Ministerio del Trabajo contra la sentencia de segunda instancia del 10
de noviembre de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en el proceso identificado con el radicado Nro. 25000-23-25-
000-2004-90046-01 (0639-2008).

2. No condenar en costas.

3. Por Secretaría, devuélvase el expediente identificado con el radicado Nro.
25000-23-25-000-2004-90046-01 (0639-2008) al tribunal de origen.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Magistrada Magistrado

33 Cfr., entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
Nro. 19, sentencia del 18 de agosto de 2021, M.P.: William Hernández Gómez, radicado Nro.: 11001-03-15-
000-2020-03549-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión Nro. 9, sentencias del 22 de noviembre de 2021, 10 de diciembre de 2021, y, 25 de febrero de
2022, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández, radicados Nro.: 11001-03-15-000-2020-03231-00, 11001-03-15-
000-2019-05024-00, y, 11001-03-15-000-2019-04468-00, respectivamente.

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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado Magistrado
ACLARA EL VOTO

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