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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2015-02569-01

Fecha
16 de junio de 2016
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2015-02569-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral primero de la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por la Sección Quinta de la Corporación, en el sentido de DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto de los asuntos no alegados en el medio de control ordinario, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por la Sección Quinta de la Corporación, que denegó el amparo deprecado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PÚBLICOS DOMICILIARIOS, en relación con el desconocimiento de precedente jurisprudencial; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2015-02569-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

16 de junio de 2016

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no incurrió en vulneración del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura por aplicación del criterio ajustado al precedente jurisprudencial de la Corporación / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente respecto de los asuntos no alegados en el medio de control ordinario / REINTEGRO - El plazo para solicitar la devolución de lo pagado en exceso aún no había vencido

Corresponde establecer a la Sala si, en efecto, la SECCIÓN CUARTA DE LA CORPORACIÓN, incurrió en el defecto de desconocimiento de precedente jurisprudencial, al proferir la sentencia de 5 de marzo de 2015, mediante la cual revocó la providencia de 17 de julio de 2013, dictada por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) promovido por Empresas Públicas de Medellín en su contra (…). La Sala encuentra que (…). En relación con (…) requisito de procedibilidad de la acción de tutela, (…) NO se cumple respecto del reproche realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (…) resulta improcedente la acción de tutela para discutir este asunto, puesto que se estaría controvirtiendo un tema del que el juez de instancia no tuvo la oportunidad de pronunciarse y que la contraparte no tuvo posibilidad de refutar (…). Como consecuencia de lo anterior, procede la Sala a revisar si se dan los presupuestos relacionados con el defecto de desconocimiento de precedente jurisprudencial, únicamente en relación con el argumento alegado por la actora respecto de los efectos de la sentencia de 23 de septiembre de 2010, que declaró parcialmente nula la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005, y excluyó algunos factores para liquidar la contribución especial; y si la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín, se encontraba o no consolidada cuando ésta se profirió (…) En ese orden de ideas, (…) procede la Sala a determinar lo relativo al aspecto central que debió analizar la Sección Cuarta al momento de decidir el asunto bajo estudio, consistente en establecer si la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín, para el momento en que cobró ejecutoria la sentencia de 23 de septiembre de 2010, se encontraba consolidada o no, para con ello saber si le eran extensibles los efectos del fallo aludido. De la lectura de la sentencia es evidente que la autoridad judicial demandada efectuó dicho análisis, pues consideró que como el plazo para solicitar la devolución de lo pagado en exceso aún no había vencido, la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín no se había consolidado (…). [S]e puede establecer que el criterio aplicado al caso cuya decisión se controvierte, se encuentra ajustado al precedente jurisprudencial de la Corporación; por lo que en momento alguno puede predicarse que el pronunciamiento sea producto del capricho o de la arbitrariedad de la Sección Cuarta cuando analizó el asunto, toda vez que en el fallo cuestionado se citaron varios pronunciamientos en los que se ha establecido que mientras el término para solicitar la devolución no esté vencido, no puede tenerse una situación jurídica como consolidada y, en consecuencia, procede la solicitud de reintegro (…). En consecuencia, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por la entidad actora, la Sección Cuarta no incurrió en el defecto alegado (…). Así las cosas, y por las razones antes señaladas, se confirmará la providencia impugnada en tanto denegó el amparo invocado en cuanto al desconocimiento de precedente jurisprudencial y declarará la improcedencia de la tutela en relación con los asuntos no alegados en el medio de control ordinario.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 850 /CODIGO CIVIL - ARTÍCULO 2536

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Plena del Consejo de Estado admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando la misma vulnera derechos fundamentales, al respecto, consultar sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. De igual forma, sobre los requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Así mismo, la Sala Plena de esta Corporación sentó las bases hermenéuticas para la interpretación y aplicación de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sobre el particular, consultar sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp.11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Respecto del desconocimiento del precedente judicial ver: Corte Constitucional, sentencia T- 482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia T-660 de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, sentencia T-457 de 13 de mayo de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto, sentencia C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, sentencia C-037 de 05 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, sentencia SU- 640 de 05 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido, consultar Consejo de Estado, sentencia de 13 de marzo de 2013, exp. 11001-03-15-000-2012-02074-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 18 de abril, exp. 11001-03-15-000-2012-01797-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Frente a los efectos ex nunc y ex tunc de las providencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter general, consultar Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 10 de julio de 2014, exp. 73001-23-31-000-2010-00530-01(18865), C.P. Hugo Bastidas Bárcenas, sentencia de 19 de abril de 1991, exp. (3151), C.P. Guillermo Chahín Lizcano. En cuanto a las situaciones consolidadas consultar, Consejo de Estado, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 25000-23-27-000-2010-00159-01(20002), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de 23 de julio de 2009, exp. 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404), C.P. Hugo Bastidas Barcenas, sentencia de 24 de julio de 2008. exp. 05001-23-31-000-2001-03911-01(16859), C.P. Ligia López Díaz.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02569-01(AC)

Actor: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCION CUARTA

Se decide la impugnación oportunamente interpuesta por la parte actora en contra de la providencia de 30 de octubre de 2015, por medio de la cual la Sección Quinta de la Corporación, denegó la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia.

I.- LA SOLICITUD DE TUTELA

I.1.- La SUPERINTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; los cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia del 5 de marzo de 2015, proferida por la referida Sección de la Corporación, a través de la cual se revocó la providencia de 17 de julio de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 25000-23-37-000-2012-00146-01 [20485], promovido por Empresas Públicas de Medellín en contra de la citada Superintendencia.

I.2- La vulneración de los derechos invocados, es inferida por la accionante, en síntesis, de los siguientes hechos:

1º: Manifiesta que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 dotó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la facultad para exigir a los prestadores de tales servicios el cobro de una contribución especial, como forma de recuperar los costos del servicio de regulación de las comisiones y los de control y vigilancia prestados por ella.

2º: Asegura que, en atención a la facultad referida, la entidad accionante profirió la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005, por medio de la cual actualizó el Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades, fijando los conceptos para ser tenidos como gastos de funcionamiento, y con base en ellos fijar la tarifa de la contribución, así:

“Para todos los efectos previstos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y las demás normas que las modifiquen o adicionen, se entenderá que los gastos de funcionamiento de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios a los que las mismas se refieren, corresponden a los contabilizados en las cuentas de la Clase 5 – Gastos, con las adiciones de las cuentas del grupo 75- Costos de producción y las exclusiones que se hagan en los respectivos actos administrativos que expida la autoridad competente en cada caso”.

3º: Afirma que, con fundamento en dicho acto administrativo, expidió las Resoluciones 20081300016515 de 9 de junio de 2008, 20091300021905 de 27 de julio de 2009 y 20101300020835 de 24 de junio de 2010, por medio de las cuales estableció la tarifa de contribución especial para las vigencias 2008, 2009 y 2010.

4º: Señala que, teniendo como sustento los actos administrativos referidos en el numeral anterior, a través de liquidaciones oficiales, determinó el valor de la contribución especial a cargo de Empresas Públicas de Medellín por los años 2008, 2009 y 2010, por los servicios de energía eléctrica, acueducto, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010; valores que fueron cancelados en su totalidad por parte de Empresas Públicas de Medellín.

5º: Menciona que en el medio de control de nulidad radicado con el número No. 11001-03-27-000-2007-0049-00 (16874), la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de 23 de septiembre de 2010, declaró parcialmente nula la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005; en el sentido de excluir algunos factores para ser tenidos en cuenta como gastos de funcionamiento, entre ellos algunos de los comprendidos en la Clase 5-Gastos y el Grupo 75 – Costos de producción, toda vez que no se acompasaban con la definición que la jurisprudencia ha fijado para este tipo de gastos. En consecuencia, dispuso que los mismos no debían ser tenidos en cuenta para fijar la tarifa de la contribución especial a cargo de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

6º: Refiere que, en atención a la declaratoria de la nulidad parcial de la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005, y teniendo consideración que en las liquidaciones oficiales realizadas a las Empresas Públicas de Medellín se habían tenido en cuenta los factores excluidos y, además el pago de la contribución especial se había efectuado con base en ellos; el 12 de septiembre de 2011 la citada empresa elevó, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitudes tendientes a obtener la devolución de lo pagado en exceso.

7º: Precisa que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de Oficio 20115340891941 de 11 de noviembre de 2011, declaró improcedentes las solicitudes formuladas.

8º: Comenta que dicha decisión fue recurrida por Empresas Públicas de Medellín, por medio de recurso de reposición y, en subsidio de apelación, el cual fue resuelto por la Secretaría General de la entidad actora por medio de Oficio 20125000259521 de 25 de abril de 2012, declarando la improcedencia de los recursos interpuestos.

9º: Anota que las Empresas Públicas de Medellín promovieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada con el número 25000-23-37-000-2012-00146-00, con el propósito de declarar la nulidad de los oficios que negaban las devoluciones y, en calidad de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a reintegrar lo pagado en exceso.

10º: Señala que la demanda le correspondió, en primera instancia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, que por medio de sentencia de 17 de julio de 2013, negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue objeto de recurso interpuesto por Empresas Públicas de Medellín, el cual fue resuelto en proveído de 5 de marzo de 2015 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de revocar la decisión del a quo, para, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda y condenar, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Servicios Públicos a devolverle lo pagado en exceso por concepto de la contribución especial.

11º: Expresa que para fundamentar lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, consideró que debido a que la sentencia de 23 de septiembre de 2010 había anulado parcialmente la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005 y éste había sido el sustento para expedir las liquidaciones oficiales a cargo de Empresas Públicas de Medellín por concepto de la contribución especial, las mismas habían sufrido el fenómeno del decaimiento del acto administrativo, por haber sido anulado parcialmente el acto general en que se fundamentaron y, en esa medida, era menester que se le devolviera el mayor valor pagado por concepto de la contribución especial.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la decisión cuestionada, puso de presente que lo anterior encontraba apoyo en la jurisprudencia de la misma Corporación, la cual ha sido constante en establecer que mientras el término para solicitar la devolución de lo pagado en exceso no se haya vencido, no existe situación jurídica consolidada y, en tal virtud, se hace procedente el reintegro de las sumas adicionales que se pagaron.

12º: Comenta que, tanto la parte demandada como la parte demandante, presentaron solicitudes de aclaración y de adición, respectivamente, en contra de la sentencia de 5 de marzo de 2015. La Sección Cuarta de la Corporación, por medio de providencia de 24 de julio de 2015, negó la solicitud de aclaración y adicionó la sentencia, en el sentido de negar la condena en costas a cargo de la demandada.

13º: Arguye que con la decisión cuestionada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado le vulnera los derechos fundamentales a la entidad actora toda vez que la interpretación efectuada va en contravía de la realidad de las liquidaciones efectuadas por la Superintendencia, las cuales, además, nunca fueron controvertidas por las Empresas Públicas de Medellín y ya se encontraban consolidadas, puesto que ya se había efectuado el pago de las mismas.

14º: Asevera que en la sentencia de 5 de marzo de 2015, adicionada por providencia de 24 de julio de 2015, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en la que se estableció claramente que aun habiéndose retirado la norma que sirvió de base para el cobro de un tributo, no es posible solicitar la devolución de lo pagado en virtud del mismo, pues ello supondría afectar las situaciones jurídicas consolidadas y que fueron plenamente válidas a la luz del ordenamiento jurídico.

En ese orden de ideas, solicita declarar que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, violó sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, con ocasión de la expedición de la sentencia de 5 de marzo de 2015, adicionada por providencia de 24 de julio de 2015, y, en tal virtud, se deje sin efecto dicho proveído y se ordene a la Sección Cuarta de esta Corporación dictar una nueva providencia que no incurra en los defectos alegados.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 22 de septiembre de 2015, la Sección Quinta de la Corporación admitió la acción de tutela y ordenó su notificación a los Consejeros de la Sección Cuarta de esta Corporación y la vinculación de Empresas Públicas de Medellín, como tercera interesada en las resultas de este proceso, para que presentaran los argumentos de defensa en contra de lo reseñado en el escrito de tutela de la referencia.

Realizadas las notificaciones, las entidades vinculadas intervinieron en los siguientes términos:

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO. La doctora CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ, magistrada ponente de la decisión controvertida, en escrito de 6 de octubre de 2015 (fl. 78), solicitó se denegara la tutela, pues, lo pretendido por la entidad actora es reabrir el debate jurídico, ya que ahora en sede de tutela esgrime argumentos que no fueron aducidos en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Puso de presente que en la sentencia enjuiciada se hizo referencia a los efectos de las sentencias de nulidad de los actos administrativos de carácter general, precisando que dichos fallos afectan situaciones que no se encuentren consolidadas, condición que se predica no solo de aquellas que se estén debatiendo ante la misma Administración o ante la jurisdicción, sino de aquellas que sean susceptibles de hacerlo, porque el término para solicitar la devolución de lo pagado en exceso aún no ha vencido; siendo ésta última, la situación que se había presentado en el caso de Empresas Públicas de Medellín.

Con base en ello afirmó que la situación jurídica de la entidad demandante, en sede de instancia, no se había consolidado y, por tanto, le asistía el derecho a recibir el pago de las sumas pagadas en exceso, teniendo en cuenta los parámetros de la sentencia de 23 de septiembre de 2010, por medio de la cual se declaró la nulidad del acto general que sirvió como base para liquidar la tarifa de la contribución especial por la prestación de servicios públicos.

II.2. INTERVENCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. A través de memorial radicado el 13 de octubre de 2015 (fl. 83), el doctor IVAN DARIO POLO QUESADA, actuando en calidad de apoderado de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., se opuso a las pretensiones de la tutela.

Adujo que la decisión proferida por la Sección Cuarta es ajustada a derecho y contiene una fundamentación que no la hace incurrir en los defectos alegados.

Advirtió que las decisiones negativas que profirió la Superintendencia sobre las solicitudes de devolución de lo pagado en exceso sí constituyen verdaderos actos administrativos, pues de los mismos se vislumbró claramente una manifestación de voluntad de la Administración pública que generó efectos jurídicos, y eran, por tanto, susceptibles de control jurisdiccional.

III.- EL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta de la Corporación, en sentencia del 30 de octubre de 2015, denegó la solicitud de amparo deprecado por la entidad actora, al considerar que la Sección Cuarta de la Corporación efectuó el análisis adecuado en relación con los efectos de la declaratoria de los fallos de nulidad de actos administrativos de contenido general, en relación con las situaciones jurídicas particulares no consolidadas.

El A quo determinó que la autoridad judicial demandada había establecido, de manera acertada, que debido a que el plazo para solicitar la devolución de lo pagado en exceso aún no había vencido, la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín no se había consolidado, así se hubiere pagado la totalidad del monto de la liquidación oficial.

Concluyó que la Sección Cuarta no incurrió en el defecto alegado por la entidad accionante, ya que resultaba claro que la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín no se encontraba consolidada, conclusión a la que se llegó con base en una posición jurisprudencial plasmada en varios pronunciamientos de esta Corporación, aspecto que hace que la decisión cuestionada goce de razonabilidad y tenga sustento suficiente.

Precisó, además, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que la parte actora alega como precedente jurisprudencial desconocido, versa sobre situaciones jurídicas consolidadas, las cuales no guardan identidad con los supuestos fácticos y jurídicos del asunto al cual pretende sean aplicados.

IV.- FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante escrito del 11 de noviembre de 2015, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, arguyendo que el a quo no había realizado el análisis fundamental en relación con el derecho al debido proceso, al ignorar que la Sección Cuarta de la Corporación había dado trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para estudiar unos oficios que no son verdaderos actos administrativos.

Insistió en los argumentos expuestos en la demanda y en la evidente vulneración de los derechos fundamentales de la entidad actora, al haber aceptado como válida la interpretación del ad quem consistente en hacer extensivos los efectos de la nulidad del acto administrativo de carácter general a las liquidaciones oficiales; actos que hacen parte de una situación jurídica consolidada.

En ese orden de ideas, solicita revocar el fallo de primera instancia para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Problema jurídico a dilucidar

Corresponde establecer a la Sala si, en efecto, la SECCIÓN CUARTA DE LA CORPORACIÓN, incurrió en el defecto de desconocimiento de precedente jurisprudencial, al proferir la sentencia de 5 de marzo de 2015, mediante la cual revocó la providencia de 17 de julio de 2013, dictada por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 25000-23-37-000-2012-00146-01 [20485], promovido por Empresas Públicas de Medellín en su contra.

A fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; ii) los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a: iii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

V.2. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales.

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

V.3. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales.

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que éste instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

V.4. El caso concreto

En el sub lite pretende la entidad actora que se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia; y, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efecto la sentencia del 5 de marzo de 2015, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, que revocó la providencia de 17 de julio de 2013, dictada por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 25000-23-37-000-2012-00146-01 [20485], promovido por Empresas Públicas de Medellín en su contra.

En primera instancia se denegó el amparo deprecado al considerar que no se había configurado el defecto alegado; sin embargo, en el escrito de impugnación la actora insiste en la ocurrencia del mismo, toda vez que el a quo omitió realizar el análisis de fondo de las razones que se habían expuesto y que sustentan con suficiencia los motivos por los cuales sí se presenta la vulneración alegada.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si el defecto de desconocimiento de precedente, planteado por la entidad accionante, de acuerdo con los sustentos planteados en el recurso de apelación.

Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entra a examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala encuentra que, efectivamente tales requisitos se cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como es el del debido proceso; (ii) la entidad actora agotó todos los medios de defensa judicial de que disponían (agotó las instancias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho); (iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, es decir, de un (1) mes después de notificada la sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, mediante la cual se adicionó la del 5 de marzo de 2015, proferida por la Sección Cuarta de la Corporación; (iv) la irregularidad manifestada por la accionante es de naturaleza procesal (defecto por desconocimiento de precedente jurisprudencial), que de ser cierto, afecta la decisión de fondo porque tiene un efecto decisivo y determinante en la sentencia; (v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela; y (iv) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela, y por lo menos, respecto del asunto de los efectos de la aplicación de la sentencia de nulidad relativa y las situaciones consolidadas, fue alegado dentro del proceso judicial.

En relación con este último requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala precisa que el mismo NO se cumple respecto del reproche realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios frente a la calidad de acto administrativo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado le dio a los oficios mediante los cuales dicha entidad había negado la devolución de lo pagado de más por la contribución especial a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

La Sala resalta que, no obstante estuvo debidamente puntualizado y alegado en el escrito de tutela, éste no fue un asunto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hubiera discutido durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; y, en tal virtud, resulta improcedente la acción de tutela para discutir este asunto, puesto que se estaría controvirtiendo un tema del que el juez de instancia no tuvo la oportunidad de pronunciarse y que la contraparte no tuvo posibilidad de refutar.

En ese orden de ideas, tal y como lo determinó el a quo, no prospera la acción de amparo para analizar este aspecto, por lo que se declarará la improcedencia de la tutela frente a este aspecto.

Como consecuencia de lo anterior, procede la Sala a revisar si se dan los presupuestos relacionados con el defecto de desconocimiento de precedente jurisprudencial, únicamente en relación con el argumento alegado por la actora respecto de los efectos de la sentencia de 23 de septiembre de 2010, que declaró parcialmente nula la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005, y excluyó algunos factores para liquidar la contribución especial; y si la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín, se encontraba o no consolidada cuando ésta se profirió.

En ese orden de ideas, se tiene que en relación con el defecto de desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha determinado que por precedente jurisprudencial debe entenderse el “conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia.” (Negrilla fuera de texto)

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial, está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008, indicó:

“En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. (Negrilla fuera de texto)

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior, se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: (i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; (ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; (iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; (iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, (v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a éste –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Por tanto, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto de desconocimiento de precedente judicial, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En el sub lite, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la Sección Cuarta de esta Corporación, al proferir la sentencia de 5 de marzo de 2015, dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 25000-23-37-000-2012-00146-01 [20485], promovido por Empresas Públicas de Medellín; mediante la cual revocó la providencia de 17 de julio de 2013, dictada por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ordenó, a su juicio, injustificadamente, devolverle a Empresas Públicas de Medellín lo pagado, en exceso, por concepto de la contribución especial por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y gas natural.

En criterio del apoderado de la entidad accionante, la Sección Cuarta le vulneró el debido proceso a la actora, al haber considerado que los efectos de la sentencia de 23 de septiembre de 2010, que declaró parcialmente nula la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005, y excluyó algunos factores para liquidar la contribución especial, afectaba la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín, al no encontrarse consolidada.

Para determinar si la Sección Cuarta de la Corporación incurrió en el defecto alegado, resulta pertinente establecer i) el precedente jurisprudencial en relación con los efectos ex nunc y ex tunc de las providencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter general que sirve de sustento para los actos administrativos particulares; y, ii) el precedente jurisprudencial relativo a las situaciones no consolidadas.

Efectos ex nunc y ex tunc de las providencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter general. En relación con los efectos que deben tener las providencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter general respecto de la nulidad de los actos particulares, la discusión respecto de si éstos son ex nunc [“desde ahora” o hacia el futuro] o ex tunc [“desde entonces” o hacia el pasado] se ha superado.

En ese sentido, se ha establecido que, independiente de si las sentencias que declaran la nulidad de los actos generales deben aplicarse hacia el futuro o hacia el pasado, lo importante es que éstas sí tienen un efecto inmediato y automático en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos contra los actos particulares proferidos con fundamento en los actos generales declarados nulos.

Tal teoría encuentra su fundamento en que lo relevante es que éstas tienen la virtualidad de surtir efectos respecto de situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, en relación con aquellas que están pendientes de una decisión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo o no ha ocurrido la caducidad del medio de control a través se puede controvertir.

El criterio antes expuesto se sustenta en los efectos que de conformidad con el artículo 189 del C.P.A.C.A, se le atribuyen a la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo, esto es que “tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes”, lo cual significa que produce efecto general contra todos. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha entendido que se parte del supuesto de que la norma viciada “no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia, siempre que no esté consolidada la situación que del mismo se desprende”.

Siguiendo la misma línea, en pronunciamientos más recientes al citado, la Corporación ha expresado lo siguiente:

“Respecto de los efectos temporales de la nulidad declarada, para la Sala está suficientemente decantada y consolidada tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, la posición conforme a la cual la sentencia que decreta la nulidad de un acto administrativo sea general o particular, tiene efectos hacia atrás, hasta el momento en que el acto anulado nació a la vida jurídica, de allí que se considere como regla general que, en tal caso, las cosas vuelven a su estado inicial, como si el acto no hubiera existido, excepto en relación con las situaciones ya consolidadas, es decir, aquellas particulares cuyos respectivos actos ya no son susceptibles de impugnación jurisdiccional, ora por caducidad de la acción, ora por tratarse de cosa juzgada”. (subrayado fuera de texto)

En esta oportunidad la Sala reitera los pronunciamientos transcritos, esto es, que la sentencia de nulidad de un acto administrativo tiene efectos retroactivos, es decir, a partir del momento en que se expidió el acto anulado, lo cual responde a la teoría clásica de la nulidad declarada que considera sin validez el acto desde su nacimiento.”

Así las cosas, la Sala procederá a hacer referencia a si existe o no un precedente relativo a las situaciones no consolidadas.

Situaciones no consolidadas. La jurisprudencia de la Corporación ha establecido como criterio unificado que una situación no consolidada es aquella que estaba siendo debatida o es susceptible de ser debatida, ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para el momento en que se profiere el fallo que declara la nulidad del acto de carácter general en el que se sustentaba.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha entendido que una situación no se encuentra consolidada, cuando está en debate ante la jurisdicción contencioso administrativa o, sin estarlo, el particular tiene la posibilidad de promover el medio de control para debatirla, al no haber ocurrido, al momento en que se dicta la sentencia que declara la nulidad del acto general, la caducidad de la acción correspondiente.

Para el asunto objeto de debate, tal circunstancia se predica de aquellas situaciones en las que “el término para solicitar la devolución no esté vencido, no existe situación jurídica consolidada y procede la solicitud de reintegro”.

Por tanto, siempre que se pueda controvertir una situación que nació a la vida jurídica con base en un acto administrativo de carácter particular, expedido con fundamento en uno de carácter general que hubiere sido declarado nulo; se entiende que los efectos de la sentencia de nulidad se aplican ex tunc [“desde entonces” o hacia el pasado], por tratarse de una situación no consolidada.

En ese orden de ideas, una vez aclarados los criterios antes expuestos, procede la Sala a determinar lo relativo al aspecto central que debió analizar la Sección Cuarta al momento de decidir el asunto bajo estudio, consistente en establecer si la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín, para el momento en que cobró ejecutoria la sentencia de 23 de septiembre de 2010, se encontraba consolidada o no, para con ello saber si le eran extensibles los efectos del fallo aludido.

De la lectura de la sentencia es evidente que la autoridad judicial demandada efectuó dicho análisis, pues consideró que como el plazo para solicitar la devolución de lo pagado en exceso aún no había vencido, la situación jurídica de Empresas Públicas de Medellín no se había consolidado. Concretamente se afirmó lo siguiente:

“De acuerdo con los parámetros a los que se hizo referencia, la Sala encuentra que a la fecha de la ejecutoria de la sentencia que anuló parcialmente la Resolución 20051300033635 del 2005, acto que sirvió de fundamento a la SSPD para proferir las liquidaciones oficiales que EPM pagó en su oportunidad y de las que reclama la devolución, no existía situación jurídica consolidada, pues no había vencido el plazo para solicitar la devolución del mayor valor pagado por concepto de la contribución especial para los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y gas natural, por los años 2008,2009 y 2010, por lo que, en principio, es procedente la devolución solicitada por la actora.

Así, al haber desaparecido el fundamento legal de la liquidación de la contribución especial, por efecto de la nulidad declarada del acto de carácter general, la demandante podía solicitar la devolución del mayor valor pagado”.

Del aparte trascrito, se puede establecer que el criterio aplicado al caso cuya decisión se controvierte, se encuentra ajustado al precedente jurisprudencial de la Corporación; por lo que en momento alguno puede predicarse que el pronunciamiento sea producto del capricho o de la arbitrariedad de la Sección Cuarta cuando analizó el asunto, toda vez que en el fallo cuestionado se citaron varios pronunciamientos en los que se ha establecido que mientras el término para solicitar la devolución no esté vencido, no puede tenerse una situación jurídica como consolidada y, en consecuencia, procede la solicitud de reintegro.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las solicitudes de devolución por lo pagado en exceso eran procedentes, la Sección Cuarta consideró que los Oficios 20115340891941 de 11 de noviembre de 2011 y 20125000259521 de 25 de abril de 2012, por medio de los cuales declaró improcedente la solicitud de devolución y la interposición de los recursos en contra de dicha decisión, respectivamente, estaban viciadas de nulidad; debía condenarse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a título de restablecimiento del derecho, a devolverle el mayor valor pagado por concepto de contribución especial a Empresas Públicas de Medellín.

En consecuencia, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por la entidad actora, la Sección Cuarta no incurrió en el defecto alegado.

Por último, en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado citada por la entidad accionante, se tiene que los casos allí relacionados, así como los asuntos abordados en ellos, resultan ajenos a la aplicación de la sentencia de nulidad en relación con situaciones no consolidadas, y por tanto, distan de los presupuestos de hecho y de derecho del asunto al que pretenden ser aplicados.

Así las cosas, y por las razones antes señaladas, se confirmará la providencia impugnada en tanto denegó el amparo invocado en cuanto al desconocimiento de precedente jurisprudencial y declarará la improcedencia de la tutela en relación con los asuntos no alegados en el medio de control ordinario, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral primero de la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por la Sección Quinta de la Corporación, en el sentido de DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto de los asuntos no alegados en el medio de control ordinario, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por la Sección Quinta de la Corporación, que denegó el amparo deprecado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PÚBLICOS DOMICILIARIOS, en relación con el desconocimiento de precedente jurisprudencial; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA

“Artículo 85. Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:

5.1. Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.
85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.
La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.
85.3. Si en algún momento las Comisiones o la Superintendencia tuvieren excedentes, deberán reembolsarlos a los contribuyentes, o abonarlos a las contribuciones del siguiente período, o transferirlos a la Nación, si las otras medidas no fueran posibles.
85.4. El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente, en cuanto a los costos de regulación, se hará teniendo en cuenta los costos de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos de vigilancia, atendiendo a los de la Superintendencia.
85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Superintendencia.
85.6. Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata esta Ley.”
Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.
Proceso radicado con el No. 11001-03-27-000-2007-0049-00 (16874), Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.
Hizo referencia a los siguientes fallos: Sentencia C-584 de 2001 MP Álvaro Tafur Galvis; Sentencia C-430 de 2009 MP Juan Carlos Henao Pérez.

Citó apartes de las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva. Sentencia de 9 de abril de 1999, radicado No. 25000232700012355-01 (9259). Actor: Philip Morris American Sales Corporation. Demandado DIAN; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Radicado No. 25000-23-27-000-1999-00769-01 (12555). Actor Media Planning Colombia S.A., Demandado: Cámara de Comercio de Bogotá, Departamento de Cundinamarca; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de 23 de febrero de 2012, Radicado No. 25000-23-26-000-2000-01907-01 (24655), Actor: Makro de Colombia S.A. Demandado: Ministerio de Hacienda.

Folios 71 -72.

Dicha posibilidad se encuentra consagrada en el artículo 850 del Estatuto Tributario. Con respecto al término, la jurisprudencia de la Sección Cuarta ha sido constante en afirmar que es de 5 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 2356 del Código Civil. Al respecto ver la sentencia de 31 de julio de 2009, exp.16577 con ponencia del Consejero Héctor J. Romero.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Notificada a través de edicto desfijado el 12 de agosto de 2015, de conformidad con el Sistema Siglo XXI de Consulta de Procesos de la Rama Judicial.

Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Sentencia T- 760A de 2011. Magistrado ponente doctor Juan Carlos Henao Pérez.

Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente  T-1.806.953,C.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.

Ibídem.

Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010.

Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia de 10 de julio de 2014. Radicación Número: 73001-23-31-000-2010-00530-01(18865). Actor: JOSE HELI TORRES VARON.

Consejo de Estado, Sentencia de 19 de abril de 1991, Expediente: (3151). C. P. Guillermo Chahín Lizcano.

Consejo de Estado. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Radicación: 66001-23-31-000-2004-02098-01(33832). Actor: Personero Municipal de Pereira y Otro. C.P.: Hernán Andrade Rincón (E).

Cfr. Consejo de Estado, Sentencia de 6 de mayo de 1999, Exp. 5260, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, 8 de marzo de 2007, radicado: 20001-23-31-000-2999-01 (15.052), actor: Carbones de los Andes S.A. “Carboandes”.

Ver entre otras sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado las siguientes:

sentencia de 28 de agosto de 2014. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Expediente: 25000-23-27-000-2010-00159-01(20002);
sentencia de 23 de julio de 2009. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente: 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404);
sentencia de 24 de julio de 2008. C.P. Ligia López Díaz. Expediente: 05001-23-31-000-2001-03911-01(16859);
sentencia de 8 de noviembre de 2007. C.P. Ligia López Díaz. Expediente: 05001-23-31-000-2001-03477-01(16284).

Sobre el particular, ver sentencias:

Consejo de Estado, sentencia 27 de octubre de 2005, exp. 15270 y 15303, C.P. Héctor J. Romero Díaz, de 11 de marzo de 2010,
Consejo de Estado. Exp. 17617, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E), de 30 de septiembre de 2010,
Consejo de Estado. Exp. 16576, C.P. William Giraldo Giraldo, de 7 de octubre de 2010;
Consejo de Estado. Exp. 17573, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

Dicha posibilidad se encuentra consagrada en el artículo 850 del Estatuto Tributario. Con respecto al término, la jurisprudencia de la Sección Cuarta ha sido constante en afirmar que es de 5 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 2356 del Código Civil. Al respecto ver la sentencia de 31 de julio de 2009, exp.16577 con ponencia del Consejero Héctor J. Romero.

Folios 38 y 39 Anv.
Resulta improcedente la acción de tutela cuando el asunto alegado en sede constitucional no fue puesto de presente, siendo ello posible, al interior del proceso ordinario cuyas decisiones se discuten.

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