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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-00134-00

Acción de tutela contra providencia judicial: improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad

Fecha
10 de marzo de 2016
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-00134-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: DECLÁRASE LA IMPROCEDENCIA del amparo invocado por el señor JUAN CARLOS GRILLO POSADA, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2016-00134-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

10 de marzo de 2016

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - Omisión en el agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial / NULIDAD ELECTORAL - Cuando este medio de control aún esta en trámite el actor tiene la posibilidad de controvertir las decisiones que le sean adversas

La Sala entrar a examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación; para encontrar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. En efecto, en el sub examine, está acreditado que el actor no ha agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios que tiene a su alcance, porque, como se advirtió, la providencia que controvierte es el auto de 15 de diciembre de 2015, proferido en el medio de control de nulidad electoral, radicado con el número 1100103280002015004800; proceso que se encuentra en trámite. Cabe resaltar que, además, el actor ha ejercido los recursos propios de ese medio de control, en las oportunidades procesales establecidas en el marco del medio de control de nulidad electoral, que no ha culminado. Es así como, interpuso el recurso de reposición en contra del auto de 15 de diciembre de 2015, en el que solicita la revocatoria de dicha providencia, aduciendo la vulneración del debido proceso… El anterior recurso fue resuelto mediante auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual se determinó confirmar “el numeral 2º de la providencia de 15 de diciembre de 2015 que decretó la suspensión provisional del Acuerdo No. 009 de 2015 a través del cual se eligieron a los miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial”. En ese orden de ideas, la solicitud del recurso de reposición interpuesto por el actor en el medio de control de nulidad electoral, se sustenta en los mismos argumentos y su finalidad es idéntica a la que expuso en la presente acción de amparo; aunado a ello, ya fue resuelto por el juez natural de la causa… Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela procede contra toda clase de providencias judiciales, entendiendo que en éstas se encuentran incluidos los autos que se profieran en el curso del proceso, ello no implica que se pueda promover el amparo contra todas las decisiones que se emitan mientras el medio de control no hubiere llegado a su fin, a menos que se tramite como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable… En ese sentido, el requisito de la subsidiariedad hace que la tutela se torne improcedente contra providencias judiciales cuando, entre otras, no se han agotado los medios de defensa judicial que se tienen al alcance o el asunto esté en trámite, porque, se reitera, de permitirse que el juez de tutela revise cada una de las actuaciones que se profieran al interior de un medio de control ordinario mientras éste no hubiere culminado, haría que aquel vaciara las competencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en una tercera instancia de las decisiones que éstos emitieran. En adición a lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso que ocupa su atención, tampoco procede el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, puesto que no se encontró un indicio o prueba que acredite la existencia de un perjuicio… En consecuencia, y por las razones antes señaladas, se torna en improcedente el amparo invocado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORIA: En relación a la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales, ver, Corte Constitucional, sentencia T-006 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-00134-00(AC)

Actor: JUAN CARLOS GRILLO POSADA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCION QUINTA

Se decide la acción de tutela interpuesta por el señor JUAN CARLOS GRILLO POSADA en contra de la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, con ocasión de la providencia de 15 de diciembre de 2015, proferida en el medio de control de nulidad electoral, radicado con el número 1100103280002015004800, promovido por el señor Freddy Antonio Machado López en contra de los doctores Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón.

I.- LA SOLICITUD DE TUTELA

I.1.- El señor JUAN CARLOS GRILLO POSADA instauró acción de tutela a fin de que se protejan los derechos fundamentales antes mencionados, los cuales considera vulnerados con ocasión de la providencia del 15 de diciembre de 2015, dictada por la Sección Quinta de la Corporación, por medio de la cual dispuso la adopción de una medida cautelar, en el medio de control de nulidad electoral, radicado el número 1100103280002015004800, consistente en “la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo No. 009 de 2015 del Consejo de Gobierno Judicial Por el cual se declaran elegidos los tres (3) miembros de dedicación exclusiva para conformar el Consejo de Gobierno Judicial”.

I.2- Las violaciones antes enunciadas las infiere el accionante, en síntesis, de los siguientes hechos:

1°: Manifiesta que el Acto Legislativo No. 002 del 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 15, creó el Consejo de Gobierno Judicial, señalando sus funciones y su composición; destacando que se hubiera dispuesto que habrá tres (3) miembros permanentes de dedicación exclusiva.

2º: Menciona que, en cumplimiento de lo previsto en el Acto Legislativo No 002 de 2015, el Consejo de Gobierno Judicial expidió la Convocatoria Pública No. 01 de 2015, con el propósito de que los interesados en ocupar los referidos cargos, participaran del proceso de selección allí determinado.

3º: Relata que, mediante Acuerdo No. 006 de 19 de octubre de 2015, el Consejo de Gobierno conformó la lista de aspirantes preseleccionados, para ser escuchados en audiencia pública, entre los cuales se encuentra su nombre.

4º: Asegura que, con el Acuerdo No. 007 de 5 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno Judicial aclaró la convocatoria No. 001 de 2015 y modificó el Acuerdo No. 006 del 19 de octubre de 2015, en el sentido de adicionar la lista antes referida para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política y en el artículo 6 de la Ley 581 de 2000.

5º: Afirma que el Consejo de Gobierno Judicial, el 9 de noviembre de 2015, expidió el Acuerdo 009, por medio del cual declaró la elección de los tres (3) miembros permanentes de dedicación exclusiva, entre los cuales él fue seleccionado para el período de cuatro (4) años.

6º: Refiere que, en atención a su elección, procedió a presentar carta de renuncia de los contratos que venía ejecutando, a partir de la fecha en que tomara posesión del cargo como miembro de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial.

7º: Indica que tomó posesión del mencionado cargo, ante el Presidente de la República, el 11 de diciembre de 2015.

8º: Señala que el 15 de diciembre de 2015, la Sección Quinta de la Corporación, dentro del proceso de nulidad electoral radicado con el número 1100103280002015004800, medio de control promovido por el señor Freddy Antonio Machado López en contra de Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón; decretó como medida cautelar la suspensión de los efectos del Acuerdo No. 009 de 2015, por medio del cual había sido declarada su elección.

9º: Arguye que la Sección Quinta de la Corporación, con la providencia referida, le está vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, toda vez que tal decisión fue proferida en contravía de lo dispuesto en los artículos 229, 231 y 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que radica la competencia para la expedición de ese auto, en la Sala Unitaria.

10º: Critica que, como consecuencia de lo anterior, se le está negando la posibilidad de presentar el recurso de súplica contemplado en los artículos 244 y 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

11º: Resalta que, aunado a ello, la Sección Quinta de la Corporación decretó la medida cautelar desconociendo las reglas establecidas en los artículos 231 y 232 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; al impedirle controvertir las razones expuestas por el actor en dicho medio de control; y eximir al accionante del mismo, de prestar caución para poder decretar la medida cautelar solicitada.

En consecuencia, solicita:

“TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, por ende a que se ajuste lo actuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme la Constitución y las normas que regulan el asunto objeto de tutela.

En consecuencia, solicito, (…), se ordene revocar la medida cautelar de suspensión del Acuerdo 009 del 2015, emitido por el Consejo de Gobierno Judicial “Por el cual se declaran elegidos tres (3) miembros permanentes de dedicación exclusiva para conformar el Consejo de Gobierno Judicial”.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

Con auto de 22 de febrero de 2016, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta de la Corporación, en condición de accionados, al señor Fredy Antonio Machado López, y a las doctoras Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón, por tener interés directo en las resultas del proceso. (Fls. 60-61).

Realizadas las comunicaciones a las entidades vinculadas, la única que intervino fue la Sección Quinta de la Corporación en los siguientes términos:

Mediante escrito del 25 de febrero de 2016, la doctora LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, en su calidad de Consejera de la Sección Quinta de la Corporación, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues el objeto de la misma es controvertir una decisión contenida en una providencia proferida en el medio de control de nulidad electoral, que es el medio idóneo que el legislador ha dispuesto para esos efectos, lo que desplaza a la acción de tutela.

Explica que, contrario a lo manifestado por el actor, de acuerdo con el artículo 277 del C.P.A.C.A., norma especial electoral, en caso de haberse solicitado en la demanda, la suspensión provisional del acto acusado, ésta deberá resolverse en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la Sala o la Sección. A más de lo anterior, la disposición indica que en contra de ese proveído sólo procede el recurso de reposición, cuando sea en procesos de única instancia; mientras que en aquellos que se profieran en primera instancia, será posible interponer el de apelación.

Pone de presente que el proceso de nulidad electoral radicado con el número 1100103280002015004800, dentro del cual se profirió la providencia cuestionada en sede constitucional, es de competencia del Consejo de Estado en única instancia, en los términos del artículo 149.3 de la Ley 1437 de 2011; correspondiéndole a la Sección Quinta de la Corporación, en aplicación del Reglamento Interno, y por su especialidad, el conocimiento y trámite de los procesos electorales.

En ese sentido, existe plena certeza de la competencia con base en la cual se dictó el auto de 15 de diciembre de 2015, en el medio de control referido; el que debe ser proferido por la Sección y no por la Sala Unitaria como lo pretende el accionante, y contra el que únicamente procede el recurso de reposición.

Resalta que, el actor, en calidad de accionado, en el proceso de nulidad electoral referido, interpuso el recurso de reposición para debatir la providencia del 15 de diciembre de 2015; el cual fue resuelto mediante proveído del 4 de febrero de 2016.

La Sección Quinta de la Corporación precisó que, no obstante resultaba evidente la improcedencia de la acción de tutela en el presente asunto, consideraba pertinente realizar un recuento del trámite procesal llevado a cabo en el medio de control de nulidad electoral, y, por tanto expuso el sustento jurídico y fáctico de la providencia controvertida.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política dispone:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (…)

“Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Negrilla fuera del texto).

Por su parte, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM" \l "86"86 de la Constitución Política”, establece que la acción de tutela “garantiza los derechos constitucionales fundamentales.”

En concordancia con tal finalidad, el artículo 5 ibídem, señala:

“ART. 5º—Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito” (Negrilla fuera del texto).

Dedúcese de las normas transcritas que los presupuestos esenciales de la acción constitucional no son otros distintos que la existencia cierta, concreta y fundada de una conducta activa o pasiva que cause la violación o amenaza de los derechos consagrados por el constituyente como fundamentales, así como de aquellos que les fueren conexos, de acuerdo con las pautas trazadas por la jurisprudencia.

En este sentido, la procedencia de la acción de tutela se determina según el demandante carezca o no de un medio judicial idóneo y expedito para proteger sus derechos fundamentales, para lo cual no basta con registrar en abstracto la eventual existencia de otros instrumentos procesales sino que se torna necesario evaluar su eficacia a la luz de las circunstancias concretas.

En suma y conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela es el instrumento preferente de protección y garantía de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener su amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

III.2. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales.

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, se concluyó, en sentencia de 31 de julio de 2012, que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Corporación había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, también lo es que las distintas Secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Rad.: AC-10203), abrieron paso, de manera excepcional, para que cuando se advirtiera la vulneración de derechos constitucionales fundamentales fuera procedente este instrumento de naturaleza constitucional.

Por lo anterior, en aras de rectificar y unificar el criterio jurisprudencial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

III.3. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales.

En la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional (Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño), se señaló que “no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales” (Negrilla fuera del texto).

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales, los siguientes:

“Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional.
Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- de que disponga el afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental.
Cuando se trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.
Que quien solicita el amparo tutelar identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.
Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente”.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial” (Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos:

Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que éste instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

III.4. El caso concreto

En el presente asunto, pretende la parte actora que se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa; y, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efectos el auto del 15 de diciembre de 2015, proferido por la Sección Quinta de la Corporación, mediante el cual dispuso la adopción de una medida cautelar, en el medio de control de nulidad electoral, radicado el número 1100103280002015004800, consistente en “la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo No. 009 de 2015 del Consejo de Gobierno Judicial”.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si la Sección Quinta de la Corporación, quebrantó los derechos fundamentales del actor, al haber establecido, con la medida cautelar de urgencia, la suspensión de la elección de los tres (3) miembros de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial.

Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, le correspondería a la Sala entrar a examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación; para encontrar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad.

En efecto, en el sub examine, está acreditado que el actor no ha agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios que tiene a su alcance, porque, como se advirtió, la providencia que controvierte es el auto de 15 de diciembre de 2015, proferido en el medio de control de nulidad electoral, radicado con el número 1100103280002015004800; proceso que se encuentra en trámite.

Cabe resaltar que, además, el actor ha ejercido los recursos propios de ese medio de control, en las oportunidades procesales establecidas en el marco del medio de control de nulidad electoral, que no ha culminado.

Es así como, interpuso el recurso de reposición en contra del auto de 15 de diciembre de 2015, en el que solicita la revocatoria de dicha providencia, aduciendo la vulneración del debido proceso al manifestar, i) la carencia de competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las demandas contra los actos de elección de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial; ii) el desconocimiento del artículo 229 del C.P.A.C.A., al corresponder tal decisión al ponente y no a la Sala; y, iii) por defecto sustantivo al interpretar de manera indebida la convocatoria, al confundirla con el concurso de méritos.

El anterior recurso fue resuelto mediante auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual se determinó confirmar “el numeral 2º de la providencia de 15 de diciembre de 2015 que decretó la suspensión provisional del Acuerdo No. 009 de 2015 a través del cual se eligieron a los miembros permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial”.

En ese orden de ideas, la solicitud del recurso de reposición interpuesto por el actor en el medio de control de nulidad electoral, se sustenta en los mismos argumentos y su finalidad es idéntica a la que expuso en la presente acción de amparo; aunado a ello, ya fue resuelto por el juez natural de la causa. En tal sentido, al existir un medio eficaz e idóneo establecido por el legislador para la defensa de los derechos fundamentales, se desplaza la acción de tutela como mecanismo para obtener dicho propósito.

Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela procede contra toda clase de providencias judiciales, entendiendo que en éstas se encuentran incluidos los autos que se profieran en el curso del proceso, ello no implica que se pueda promover el amparo contra todas las decisiones que se emitan mientras el medio de control no hubiere llegado a su fin, a menos que se tramite como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela no tiene la finalidad de ser un mecanismo alterno, adicional o paralelo a los medios jurisdiccionales existentes, por lo que no está diseñada para desplazar ni reemplazar a los jueces ordinarios en sus atribuciones propias.

En ese sentido, el requisito de la subsidiariedad hace que la tutela se torne improcedente contra providencias judiciales cuando, entre otras, no se han agotado los medios de defensa judicial que se tienen al alcance o el asunto esté en trámite, porque, se reitera, de permitirse que el juez de tutela revise cada una de las actuaciones que se profieran al interior de un medio de control ordinario mientras éste no hubiere culminado, haría que aquel vaciara las competencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en una tercera instancia de las decisiones que éstos emitieran.

Así las cosas, en el sub lite, por encontrarse en curso el medio de control de nulidad electoral que promovió el señor Freddy Antonio Machado López en contra de Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón, radicado con el número 1100103280002015004800, en principio, deviene en improcedente la presente acción; pues, como se explicó, le está vedado al juez constitucional conocer de fondo las controversias que se susciten al interior del mismo, aunado a que el actor tiene la posibilidad de controvertir las decisiones que le sean adversas en ese escenario judicial, por ser asuntos de competencia del juez ordinario; recursos que ha ejercido y han sido resueltos.

En adición a lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso que ocupa su atención, tampoco procede el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, puesto que no se encontró un indicio o prueba que acredite la existencia de un perjuicio bajo las características que, para el mismo, determinó la Corte Constitucional en la sentencia T-214 del 13 de abril de 1999 , esto es, que el perjuicio revista las características de (i) ser inminente, (ii) las medidas para corregirlo deben ser urgentes, (iii) el daño debe ser grave y, (iv) su protección debe ser impostergable; supuestos no alegados ni acreditados en el plenario.

En consecuencia, y por las razones antes señaladas, se torna en improcedente el amparo invocado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: DECLÁRASE LA IMPROCEDENCIA del amparo invocado por el señor JUAN CARLOS GRILLO POSADA, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA

Medio de Control de Nulidad Electoral promovido por el señor Freddy Antonio Machado López en contra de Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón.
El artículo 40 de la Constitución Política establece la obligación para las autoridades “de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública (…)”.

El artículo 6º de la Ley 581 de 2000 determina que “para la designación en los cargos que deben proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción”.
Folios 72 a 79
Ibídem.

Medio de Control de Nulidad Electoral, radicado con el número 1100103280002015004800, promovido por el señor Freddy Antonio Machado López en contra de Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón.

Idem.
Medio de Control de Nulidad Electoral, promovido por el señor Freddy Antonio Machado López en contra de Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón.

Providencia por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, dispuso la adopción de una medida cautelar de urgencia.

Providencia de 4 de febrero de 2016, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, confirmó el proveído recurrido del 15 de diciembre de 2015.
Sobre el tema ver: T-888 de 2012, T-006 de 2015, T-396 de 2014 y T-103 de 2014, entre otras.

Corte Constitucional. Sentencia T-006 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Las otras circunstancias en las que se torna improcedente la acción de tutela contra providencias, son: “(ii) no se han agotado los medios de defensa judiciales, ordinarios y extraordinarios; y (iii) se use para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”.

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