Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-01582-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-01582-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2016-01582-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
15 de mayo de 2024
Radicado: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: RAFAEL HUMBERTO PINZÓN MOLANO
Tesis: Es infundada la acción especial de revisión que se
interpone contra una sentencia que ordenó la
reliquidación de una pensión con fundamento en lo
previsto por el Decreto 546 de 1971, por tratarse del
régimen legal vigente para el momento en que se
reliquidó.
SENTENCIA
Corresponde a la Sala resolver la demanda interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP contra la sentencia proferida el
5 de septiembre de 2012 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, con fundamento en lo
previsto por el artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031,2.
1
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales.”
2
Se destaca que por auto del 15 de abril de 2024 se declaró infundado el impedimento
manifestado por la Consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya, y el expediente
ingresó de nuevo a despacho el 3 de mayo de 2024 con el fin de decidir el asunto.
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Radicado: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UGPP
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1. La demanda
1.1. La parte actora, actuando por conducto de apoderado, formuló las
siguientes pretensiones3:
“Por configurarse la causal de revisión prevista en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 se persigue con el ejercicio de la presente acción,
que la Honorable Corporación, declare:
PRIMERO: Revocar las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Caquetá de fecha 16 de septiembre de 2010 y
confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo -Sección Segunda- Subsección "A" de
fecha 05 de septiembre de 2012, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el señor Rafael Humberto
Pinzón Molano en contra de la extinta Cajanal, con Radicado No.
18001233100220040029901.
SEGUNDO: Declarar que al demandado, no le asiste el derecho a la
reliquidación pensional con la asignación básica mensual más elevada
dentro del último año de servicios y sin aplicación de topes, decretada
bajo los parámetros de la decisión judicial atacada y sin aplicación de
topes.
TERCERO: Condenar al demandado a las costas del proceso, de
haber lugar a estas”.
1.2. Fundamento fáctico
Como sustento de lo anterior se extraen los siguientes hechos4:
El señor Rafael Humberto Pinzón Molano nació el 1 de junio de 1940 y
adquirió su estatus pensional el 1 de julio de 1995, y el último cargo que
desempeñó fue el de fiscal delegado ante tribunal de la dirección seccional
de fiscalías de Florencia.
3
Las cuales se modificaron en el memorial radicado ante esta Corporación el 14 de
octubre de 2016 visible de folios 25 a 27 del cuaderno principal (expediente en físico).
4
Folios 4 a 6 cuaderno principal.
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Radicado: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UGPP
Mediante la Resolución nro. 3012 del 10 de marzo de 1997 la extinta
CAJANAL le reconoció una pensión de vejez, de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $1.181.992.13 m/cte,
efectiva a partir del 3 de mayo de 1996, condicionado a demostrar el
retiro definitivo del servicio.
Por Resolución nro. 15656 del 28 de mayo de 1998 se reliquidó la pensión
de vejez del señor Rafael Humberto Pinzón Molano atendiendo el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $1.763.030.94 m/cte, efectiva a
partir del 1 de enero de 1998, condicionado a demostrar el retiro definitivo
del servicio.
Por Resolución nro. 5600 del 11 de abril de 2000, se reliquidó la pensión
de vejez del señor Pinzón Molano de conformidad con el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en cuantía de $2.167.488.95 m/cte, efectiva a partir
del 1 de enero de 1999, condicionado a demostrar retiro definitivo del
servicio.
Mediante la Resolución nro. 13594 del 24 de julio de 2003 CAJANAL dio
cumplimiento a un fallo de tutela y, en consecuencia, reliquidó la
prestación económica por retiro definitivo del servicio, elevando la cuantía
a la suma de $4.036.212.17 m/cte, acto que fue confirmado mediante la
Resolución nro. 5475 del 18 de septiembre de 2003 que resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra dicho acto.
Por Resolución nro. 23545 del 4 de diciembre de 2003, se dio
cumplimiento a un fallo de tutela de carácter transitorio proferido por el
Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó reliquidarle la
pensión de vejez al señor Pinzón Molano de conformidad con lo
establecido por el Decreto 546 de 1971, motivo por el cual se aplicó el
75% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicio, y se elevó la cuantía a la suma
de $6.639.883.70 m/cte, efectiva a partir del 1 de enero de 2003 y hasta
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Radicado: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UGPP
cuatro meses después de que la entidad fue notificada del fallo, siempre
y cuando el interesado acreditara el inicio de la acción correspondiente
ante la Jurisdicción Contenciosa.
El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho proferida el 16 de septiembre de 2010,
declaró la nulidad parcial de las Resoluciones nros. 13594 de 2003 y 5475
de 2003 y dispuso reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor
del actor en cuantía del 75% de la asignación mensual más alta
devengada y certificada del último año de servicio, decisión que fue
confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 5 de septiembre de 2012.
Mediante la Resolución UGM 044190 del 27 de abril de 2012, se dio
cumplimiento al fallo judicial y se reliquidó la pensión de vejez, elevando
la cuantía a la suma de $6.640.000M/cte, suma que fue ajustada a 20
salarios mínimos.
Por Resolución RDP 010398 del 1 de octubre de 2012 se modificó la parte
motiva pertinente y el artículo primero de la Resolución UGM nro. 44190
del 27 de abril de 2012, en el sentido de indicar que la efectividad sería a
partir del 1 de enero de 2003.
La parte actora adujo que “el anterior acto administrativo fue revocado
mediante Resolución RDP 55169 del 5 de diciembre de 2013 y, en su
lugar, se modificó la Resolución UGM 44190 del 27 de abril de 2012, en
el sentido de indicar que la cuantía de la pensión reliquidada correspondía
a la suma de $6.726.304 m/cte, efectiva a partir del 1 de enero de 2003,
de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento, y a la cual se le
aplicarían topes a partir del 1 de julio de 2013, conforme a la sentencia
C- 258 de 2013”.
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Radicado: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UGPP
El señor Pinzón Molano instauró una acción de tutela, cuyo conocimiento
le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,
Sala de Decisión Penal, que, en sentencia del 7 de marzo de 2014, dejó
sin efectos las Resoluciones UGM 044190 del 27 de abril de 2012, RDP
010398 del 1 de octubre de 2012 y RDP 055169 del 5 de diciembre de
2013, y ordenó expedir un nuevo acto que reliquidara la pensión del señor
Rafael Humberto Pinzón Molano, dando cumplimiento a la sentencia del
16 de septiembre de 2010 dictada por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, confirmada el 5 de septiembre de 2012 por el Consejo de
Estado.
La parte actora señaló que, “mediante la Resolución RDP 9743 del 21 de
marzo de 2014 se reliquidó la pensión de vejez del interesado en
cumplimiento a un fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, elevando la
cuantía de la mesada a la suma de $6.726.304 m/cte, efectiva a partir
del 1 de enero de 2003”.
Por Resolución nro. RDP 30540 del 7 de octubre de 2014 se modificó la
Resolución nro. RDP 9743 del 21 de marzo de 2014, en el sentido de
indicar que la pensión reliquidada ascendía a la suma de $9.615.003
m/cte., efectiva a partir del 1 de enero de 2003, de conformidad con el
fallo objeto de cumplimiento, sin topes, y mediante Resolución RDP 31605
del 17 de octubre de 2014, se modificó nuevamente la Resolución nro.
RDP 9743 del 21 de marzo de 2014, que ordenó el pago de los intereses
moratorios.
1.3. La causal de revisión invocada
Corresponde a la prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 y se sustenta en que “(…) en ningún momento tanto el Decreto 1158
como el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 avalan la aplicación de un IBL
calculado con la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
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Demandante: UGPP
en el último año de servicio ya que tal beneficio no se arrastra de
regímenes anteriores, caso en el cual se incurrió por parte de los
juzgadores sobre los cuales hoy se solicita la revisión (sic)”5.
2. Contestación de la demanda
El señor Rafael Humberto Pinzón Molano, actuando como demandado e
invocando la condición de abogado titulado, se opuso a la prosperidad de
la presente acción y para ello manifestó6:
Arguyó que todo el contenido de la demanda presentada por la UGPP “no
contiene argumento distinto a cuestionar el tope de la pensión que la
justicia administrativa me concedió, tras más de 3 décadas de servicio
ininterrumpido en la Rama Judicial (…)”.
Consideró que para su caso el régimen aplicable no era el de Prima Media
con Prestación Definida, sino el Decreto 546 de 1971, y citó la sentencia
proferida por el Consejo de Estado en el radicado nro. 25 000 23 25 000
2005 03714 01, sin citar la fecha, para señalar que “el régimen especial
establecido en el Decreto Ley 546 de 1971 no estableció límites a las
pensiones de los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio
Público”. Finalmente concluyó:
“[…] Fueron seis funcionarios judiciales de distinta jerarquía y
especialidad quienes intervinieron en el largo y tortuoso trámite de la
pensión de vejez del suscrito, a saber:
1. Juez 40 Penal del Circuito de Bogotá
2. Tribunal Administrativo del Caquetá
3. Consejo de Estado – Sección Segunda
4. Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal
5. Nuevamente Tribunal Superior Sala Penal
6. Corte Suprema de Justicia – Sala Penal
Todos los anteriores, sin excepción alguna, compartieron la misma
tesis: que el (sic) mi caso, la pensión de jubilación no tenía topes.
5
Folios 25 y 26 cuaderno principal.
6
Folios 52 a 77 cuaderno principal.
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Demandante: UGPP
Por eso extraña que la U.G.P.P. haya puesto en tela de juicio una
decisión, no producto de un funcionario ignorante, sino el resultado
de una gama de jerarquías y especialidades, y en cuyos trámites,
absolutamente en todos, la U.G.P.P. intervino con la misma tesis que
ahora invoca ante la Sala de Revisión.
Finalmente quiero manifestar que la U.G.P.P. se concientizó y resolvió
realizar una nueva reliquidación manual de la pensión, reliquidando
ésta a partir del 1 de enero de 2003, sin topes y a partir del 1 de julio
de 2013, con tope a 25 S.M.L.M. […]”.
3. La sentencia objeto de revisión
Corresponde a la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de
septiembre de 2012 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A7, que confirmó la
sentencia del 16 de septiembre de 2010 del Tribunal Administrativo del
Caquetá.8
Como razones de la decisión, se afirmó que, el demandante había
prestado sus servicios al Estado por más de 20 años en la Rama Judicial
y no se discutía en el proceso que lo amparaba el régimen de transición
previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el régimen especial de
pensiones establecido por el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, lo que
se traducía en que la pensión debía liquidarse con el 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. COMPETENCIA
La Sala Especial de Decisión es competente para conocer de la presente
acción especial de revisión atendiendo el artículo 107 del Código de
7
Folios 166 a 178 cuaderno original expediente nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado nro. 18001 23 31 002 2004 00299 01.
8
El despacho de conocimiento por auto del 7 de mayo de 2018 ordenó oficiar a la
secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá con el fin de que enviara copia integral
y auténtica del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 18001 23 31 000 2004 00299 01 y fue remitido en préstamo el expediente
original.
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7
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Demandante: UGPP
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el
numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 20199.
En este evento, la demandante es la UGPP, y acorde con lo señalado por
la Corte Constitucional en la sentencia SU- 427 del 11 de agosto de 201610
dicho ente está legitimado para presentarla.
En cuanto al procedimiento, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció
que la acción especial de revisión contra las providencias que reconozcan
sumas periódicas de dinero, o pensiones a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública, debe tramitarse por el procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión en el respectivo código,
y como en este caso la demanda fue presentada el 31 de mayo de 201611,
esto es, en vigencia de la Ley 1437 de 201112, debe aplicarse lo allí
dispuesto.
2. OPORTUNIDAD
Conforme con el artículo 251 del CPACA, “(…) en los casos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial
(…)”.
En el caso concreto, la sentencia del 5 de septiembre de 2012 proferida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, quedó ejecutoriada el 30 de noviembre de 2012,
según constancia visible a folio 183 del cuaderno anexo13, y la presente
demanda fue radicada el 31 de mayo de 201614; por lo tanto, se desprende
que se interpuso en tiempo.
9
Reglamento interno del Consejo de Estado.
10
M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
11
Folio 20 cuaderno principal.
12
Que entró a regir el 2 de junio de 2012.
13
Expediente original con radicación nro. 18001 23 31 002 2004 00299 00 remitido en
préstamo por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
14
Folio 20 cuaderno principal.
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Demandante: UGPP
3. ANÁLISIS DE LA SALA
La Sala, en aras de determinar si hay o no lugar a infirmar la sentencia
proferida el 5 de septiembre de 2012 por la Sección Segunda, Subsección
A, de esta Corporación, examinará lo siguiente: (i) la acción especial de
revisión prevista por la Ley 797 de 2003; (ii) la causal de revisión
invocada; (iii) el régimen especial de pensiones señalado por el Decreto
546 de 1971, y (iv) el caso concreto.
3.1. La acción especial de revisión prevista por la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200315 previó la posibilidad
de revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública cuando el reconocimiento se hubiera obtenido con
violación al debido proceso o cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables16.
Frente a las causales de revisión señaladas por el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia, se ha
referido a los antecedentes legislativos de dicha disposición, indicando
15
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales.
16
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone: “Artículo 20. Revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública// Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. //La revisión
también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial. //La revisión se tramitará por el procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse en cualquier tiempo16 por las causales consagradas para este en el mismo
código y además: //a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. […]”.
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Radicado: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UGPP
que esta ley se originó para afrontar graves casos de corrupción en
materia de reconocimiento pensional y evitar los perjuicios que por esta
causa pudiera sufrir el erario17; por ende, la finalidad que tuvo el
legislador para establecer estas causales especiales de revisión es
permitir a las entidades reconocedoras de prestaciones económicas que,
a través de este mecanismo, se propenda por la protección del erario ante
decisiones judiciales que lo afectan.
3.2. La causal de revisión invocada en el caso
Se invocó la causal establecida por el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, y se afirma en la demanda que la cuantía de la mesada
pensional reconocida al señor Rafael Humberto Pinzón Molano excede lo
que en derecho le corresponde, por cuanto “(…) en ningún momento tanto
el Decreto 1158 como el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 avalan la
aplicación de un IBL calculado con la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio”.
Refiriéndose específicamente al literal b) del artículo 20, esta Corporación
ha dicho18: “(…) de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que
condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la
necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para
todos los ciudadanos […]». // (…) esta Corporación explicó que la causal
se erige como una herramienta legal útil, que persigue fortalecer el
principio de la moralidad administrativa y que permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en
especial, el principio de solidaridad y equilibrio financiero (…)”.
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 26 Especial de
Decisión. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia del 5 de febrero de 2019.
Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 01886 00.
18
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de
Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente
radicación nro. 11001 03 15 000 2018 001884 00 (REV).
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Demandante: UGPP
3.3. El régimen especial de pensiones del Decreto 546 de 1971
La Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, “por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, estableció los
requisitos para obtener la pensión de vejez (artículo 33); no obstante, en
el artículo 36 previó un régimen de transición para quienes, a la entrada
en vigencia de dicha ley, esto es, al 1 de abril de 1994, tuvieran 35 años
de edad si es mujer o 40 años si es hombre, o 15 años de servicios
cotizados, indicando que, para acceder a la pensión, se les aplicaría la
edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión señalado en el régimen
anterior al que estuviera afiliado a dicha fecha. Igualmente, estipuló que
“las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas
en la presente ley”.
Adicionalmente, el artículo 36 en el inciso final señaló que el ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas cobijadas por el régimen
de transición “(…) que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor (…)”.
El Decreto 546 de 197119 fijó un régimen especial para funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, estableciendo en
el artículo 6 que “(…) los funcionarios y empleados a que se refiere este
Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres
y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los
cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia
19
“por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios
y empleados de la Rama Jurisdiccional del Ministerio Público y de sus familiares”
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Radicado: 11001 03 15 000 2016 01582 00
Demandante: UGPP
de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades
citadas”. (se destaca)
En cuanto a la manera de aplicar el régimen especial de transición previsto
por el Decreto 546 de 1971, la sentencia de Unificación CE- SUJ- S2- 021-
20 del 11 de junio de 202020, aunque fue proferida de manera posterior al
asunto que aquí se examina, permite dilucidar las diferentes tesis que
existieron en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado. Así:
En la Corte Constitucional, la sentencia de unificación explicó:
“[…] la Corte Constitucional, por vía de la acción de tutela, en
múltiples pronunciamientos sostuvo en un primer momento que
cuando el funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público
reunía los requisitos para gozar del régimen especial, contenido en el
artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, ello representaba que se le
debía aplicar ese régimen en su integridad, lo que de paso se traducía
en que el ingreso base de liquidación de su pensión de vejez no podía
calcularse de acuerdo con lo señalado por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993; tal es el caso, entre otras, de las sentencias T-631 de
2002188, T-169 de 2003, T-158 de 2006, T-251 de 2007, T-180 de
2008, T-430 de 2011, T-860 de 2012.
Sin embargo, por vía de control de constitucionalidad, como se
evidencia en la sentencia C-168 de 1995, que estudió la demanda
contra el artículo 36 parcial de la Ley 100 de 1993, se esgrimió una
posición diferente, en el sentido de que dicha ley había modificado
algunos de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, porque
en el inciso 2.º de ese artículo estipuló un régimen de transición, al
que se tenía derecho con el cumplimiento de la edad, tiempo de
servicio, o semanas cotizadas estatuidas en la legislación anterior,
pero las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas
para obtener tal derecho, eran los contenidos en su inciso 3.º, en el
que se había fijado el ingreso base de liquidación.
En el mismo orden de ideas, cuando en la sentencia C-258 de 2013
se analizó la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª. de 1992,
se sostuvo que como el propósito original del Legislador era el de no
permitir la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de
liquidación de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100
de 1993, entonces fue por medio del artículo 21 y del inciso 3.º del
20
Que fue proferida con el propósito de unificar el criterio en torno al Ingreso Base de
Liquidación (período de liquidación y factores a incluir) que se debe aplicar a las
pensiones de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público
regulados por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho con ocasión del régimen
de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
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artículo 36 de la Ley 100, que se buscó unificar las reglas de ese
ingreso en el régimen de prima media, que además coincidían con el
propósito de unificación del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que la
exequibilidad de las restantes expresiones del artículo 17 de la Ley
4ª. de 1992 , se condicionaban a que se entendiera que las reglas
sobre ingreso base de liquidación aplicables a todos los beneficiarios
del régimen en análisis, son las contenidas en los artículos 21 y 36,
inciso 3.º, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
En la sentencia SU-230 de 2015, en sede de control abstracto de
constitucionalidad, se reafirmó que en la sentencia C-258 de 2013 se
había interpretado la regla a seguir sobre el ingreso base de
liquidación en el sentido que no era un aspecto sujeto a transición y,
por tanto, se debía ceñir a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 con independencia del régimen especial al que se
perteneciera.
(…)
En síntesis, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se han
esgrimido dos posiciones: una, a través de sus salas de revisión,
según la cual, a quienes eran beneficiarios del régimen especial
contemplado por el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, por virtud
del régimen de transición, se les debía aplicar en su integridad dicho
régimen con fundamento en el principio de inescindibilidad de las
normas. Y la otra, en la que en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, la Corte determinó que el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 consagra un régimen de transición para salvaguardar las
expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación
del sistema general de seguridad social, beneficio que consiste en la
aplicación ultractiva de los regímenes anteriores a los que se
encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los
requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de
reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación que
corresponde al determinado por la misma Ley 100 de 1993 en sus
artículos 21 y 36 inciso 3 […]”.
En lo concerniente al Consejo de Estado, la sentencia de unificación
expuso:
“[…] por su parte, el Consejo de Estado en su jurisprudencia, en
principio consideró que el Decreto 546 de 1971 en el artículo 6.º,
consagraba la pensión especial para la Rama Judicial y el Ministerio
Público, cuyo contenido se debía aplicar en su integridad.
Tal es el caso, entre otras, de la sentencia de 7 de febrero de 2013
emitida en el proceso con radicación 1723-2012, en la que se
consideró que un régimen de transición debía ser aplicado en forma
integral, por lo que los topes fijados en la sentencia C-258 de 2013,
no operaban en el evento de quien encontrara regida su situación
pensional por el Decreto 546 de 1971, pues eran contrarios a la
jurisprudencia estable y vinculante de la Corporación.
(…)
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Por medio de la sentencia de 9 de febrero de 2017 expedida en el
proceso con radicación 2489-2015, se expresaron varias de las
razones por las cuales, para ese momento, no se compartía la posición
asumida por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013
y SU-230 de 2015; esas razones fueron la siguientes: la complejidad
de los regímenes especiales pensionales aplicables en virtud del
régimen de transición, que justificaba la interpretación respecto de la
expresión «monto» contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993;
el no acogimiento de la sentencia SU-230 de 2015, porque afectaba
el derecho a la igualdad de muchos beneficiarios del régimen de
transición que tienen pensiones pendientes de decisión judicial o
administrativa; y el entendimiento del ingreso base de liquidación
contenido en la sentencia C-258 de 2013, que no podía extenderse a
las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público.
(…)
Hay que anotar que esta Sección en la sentencia de unificación del 4
de agosto de 2010 en lo referente al régimen de transición creado por
la Ley 100 de 1993, estimó que debía operar bajo el principio de
inescindibilidad normativa; que la noción de «monto» e «ingreso base
de liquidación» constituían una unidad conceptual; que los factores
que lo integraban eran meramente enunciativos y no taxativos; y que
el descuento por aportes se debía ordenar cuando no se hubiere
efectuado para mantener el equilibrio en las finanzas públicas
pensionales.
Esta posición varió a través de la sentencia de unificación, emitida por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el 28 de agosto de
2018, en la que al analizar el caso concreto del régimen pensional
ordinario de la Ley 33 de 1985, consideró que el ingreso base de
liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 que se pensionaron bajo el amparo de la mencionada Ley 33
de 1985, únicamente comprendió los elementos: edad, tiempo de
servicio y tasa de reemplazo, con lo que escindió el ingreso base de
liquidación”.
Finalmente, en la sentencia de unificación la Sección Segunda de la
Corporación fijó el marco aplicable para los funcionarios de la Rama
Judicial y del Ministerio Público que se pensionen al amparo del régimen
de transición, y específicamente en lo que tiene que ver con el Ingreso
Base de Liquidación determinó lo siguiente:
“[…] las pensiones de vejez reconocidas al amparo del régimen de
transición, que permite la aplicación de la norma anterior, solo pueden
tomar de ese régimen anterior, lo concerniente a los requisitos de
edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de reemplazo,
cuando se trate de personas que a la fecha de vigencia del nuevo
sistema de seguridad social, esto es para el 1.º de abril de 1994 en
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el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el territorial, tengan
35 años o más de edad si son mujeres, y 40 o más años de edad si
son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de servicios
cotizados.
No así en lo que se refiere al ingreso base de liquidación, porque de
acuerdo con esta interpretación, ese ingreso corresponde al del
régimen de transición que establece la Ley 100 de 1993 en el artículo
21 y en el inciso 3.º de su artículo 36, según sea el caso, pues el
propósito del legislador es el de evitar la aplicación ultractiva de las
reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes pensionales
vigentes antes de la Ley 100 en mención.
(…)
La regla que se fija es en el sentido de que «el artículo 36 contiene
todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias
del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la
edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de
reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo
artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 […]”.
La misma sentencia de unificación precisó que las reglas allí fijadas solo
tendrían aplicación para los conflictos que se encontraran en curso, no
para las sentencias ejecutoriadas, las cuales resultaban inmodificables,
así:
“[…] La Sección Segunda, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta
sentencia, disponiendo que la regla jurisprudencial fijada es
vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la
administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de
Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos
asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud,
los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la
cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la
seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales
de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de
igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia
de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas
en el régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que
sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales
replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario
de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio
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decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin
perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el
artículo 250 del CPACA.
[…]” (subrayas ajenas, negrillas en la providencia).
3.4. El caso concreto
Se recuerda que la UGPP pretende a través del presente recurso
extraordinario de revisión y con fundamento en lo establecido por el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que se revoque la sentencia
proferida el 5 de septiembre de 2012 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que confirmó la dictada por el Tribunal
Administrativo del Caquetá el 16 de septiembre de 2010, que dispuso
reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor del señor Rafael
Humberto Pinzón Molano en cuantía del 75% de la asignación mensual
más alta devengada y certificada del último año de servicio.
La Sala Especial de Decisión para resolver verifica que en el caso está
acreditado lo siguiente:
-) Según consta en la Resolución nro. 12296 del 13 de diciembre de 1996,
“por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia
de vejez”, proferida por la Subdirección General de Prestaciones
Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL21, el señor
Rafael Humberto Pinzón Molano nació el 1 de junio de 1940, el último cargo
desempeñado fue el fiscal regional, adquirió el estatus de pensionado el 1
de junio de 1995.
-) La prestación fue reliquidada mediante las Resoluciones números 3012
del 10 de marzo de 199722;15656 del 28 de mayo de 199823; 5600 del 11
21
Folios 114 a 117 cuaderno anexos cuaderno original expediente nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nro. 18001 23 31 002 2004 00299 01.
22
Folios 121 a 124 anexos cuaderno original ibidem.
23
Folios 141 a 145 anexos cuaderno original ibidem.
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de abril de 200024;13594 del 24 de julio de 200325 que precisó que “(…) el
porcentaje es del régimen especial del decreto 546-71 y la base reguladora
es la señalada en la ley 100 de 1993", confirmada mediante la Resolución
nro. 5475 del 18 de septiembre de 200326; nuevamente reliquidada
mediante la Resolución nro. 23545 del 4 de diciembre de 200327.
-) En la sentencia del 16 de septiembre de 2010 el Tribunal Administrativo
del Caquetá dispuso28:
“[…] PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones Nos
13594 de julio 24 de 2003 y 5475 del 18 de septiembre de la misma
anualidad, proferidas por la sugerencia General de Prestaciones
Económicas y Asesora de la Gerencia General de CAJANAL E.I.C.E.,
respectivamente, mediante las cuales se reliquidó la pensión vitalicia
por vejez al señor RAFAEL HUMBERTO PINZÓN MOLANO sin la
inclusión de todos los factores salariales que devengó durante el
último año de servicio, tal como lo ordena el Decreto -Ley 546 de
1971.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título
de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Caja Nacional de
Previsión Social "CAJANAL E.I.C.E." lo siguiente:
a) Reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor del señor
RAFAEL HUMBERTO PINZÓN MOLANO en cuantía del 75% de la
asignación mensual más alta devengada y certificada del último año
de servicio, incluyendo todos los factores salariales (doceavas partes
de las primas de vacaciones, navidad y de servicios), así como la
liquidación de los ajustes anuales de ley; según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia […]”. (negrillas originales)
Para ello precisó que las pensiones de jubilación de los empleados con
régimen legal especial o excepcional se liquidaban exclusivamente con
fundamento en las disposiciones del correspondiente estatuto, a menos
que el mismo remitiera a las de carácter general, y que los empleados de
la Rama Judicial tenían un régimen especial contenido en el Decreto 546
de 1971, cuyos factores salariales estaban enunciados en el Decreto 717
24
Folios 146 a 149 anexos cuaderno original ibidem.
25
Folios 173 a 177 anexos cuaderno original ibidem.
26
Folios 189 a 195 anexos cuaderno original ibidem.
27
Folios 206 a 210 anexos cuaderno original ibidem.
28
Folios 102 a 115 cuaderno original expediente nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado nro. 18001 23 31 002 2004 00299 00.
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de 1978, que favorecía a quienes estuvieran amparados con el régimen
de transición de que trata la Ley 100 de 1993.
La providencia concluyó que al confrontar los factores salariales liquidados
y percibidos por concepto de la pensión vitalicia de jubilación del señor
Pinzón, CAJANAL solo había tenido en cuenta la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados, la prima especial, los gastos de
representación y bonificación por compensación, omitiendo incluir las
primas de servicios, vacaciones y de navidad, habida cuenta que esta
pensión no tenía límite alguno en cuanto al tope porque la norma especial
no lo establecía.
En consecuencia, determinó que el demandante tenía derecho a que se le
reliquidara la pensión de jubilación con la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicios incluyendo como factores
salariales las primas de navidad, de servicios y de vacaciones.
-) En la sentencia del 5 de septiembre de 2012, la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado29, confirmó lo resuelto en “(…) la
sentencia del 16 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, por medio de la cual declaró la nulidad parcial
de los actos acusados y ordenó reliquidar la pensión de jubilación de
RAFAEL HUMBERTO PINZÓN MOLANO”.
Para ello sostuvo que, antes de la Ley 100 de 1993, las pensiones de
jubilación se regían por la Ley 33 de 1985; y que a los funcionarios de la
Rama Judicial, los gobernaba un régimen especial de pensiones
establecido por el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, especialidad que se
traducía en que la pensión se liquidaba con el 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios, siempre
y cuando el funcionario hubiese cumplido por lo menos diez años de
29
Folios 166 a 178 cuaderno original expediente nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado nro. 18001 23 31 002 2004 00299 01.
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servicio en la Rama Judicial, aspecto que en este caso no se discutía y
concluyó:
“[…] no resultan de recibo para la Sala los argumentos de la entidad
demandada, en cuanto señala que para establecer la base de
liquidación de la pensión de jubilación del demandante, debe acudirse
a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 junto con sus Decretos
reglamentarios, pues de aceptar tal argumentación, se desvirtuaría la
especialidad del régimen.
Del mismo modo comparte la decisión de primera instancia en cuanto
el Tribunal Administrativo del Caquetá declar[ó] la nulidad de los
actos administrativos demandados y a título de restablecimiento del
derecho ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social reliquidar la
pensión de jubilación al demandante, tomando como base el 75% de
la asignación mensual más elevada que hubiere devengado durante
el último año de servicio en la Rama Judicial y en el Ministerio Público,
en la cual se le incluyan todas las sumas que habitual y
periódicamente recibió como retribución de sus servicios.
[…]”. (subrayas ajenas)
Conforme lo anterior, la Sala Especial de Decisión estima que, no hay lugar
a infirmar lo decidido en la sentencia cuestionada, como quiera que la
respectiva pensión se reliquidó “en cuantía del 75% de la asignación
mensual más alta devengada y certificada del último año de servicio,
incluyendo todos los factores salariales (doceavas partes de las primas de
vacaciones, navidad y de servicios), aplicando el artículo 6 del Decreto 546
de 1971, cuyos factores salariales estaban enunciados por el Decreto 717
de 197830, tesis vigente para ese momento atendiendo la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda 31, de manera
que, no es posible afirmar que “la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley”.
Bajo dicho contexto, aunque en la sentencia de unificación CE- SUJ- S2-
021-20 del 11 de junio de 2020, la Sección Segunda de esta Corporación
modificó su criterio y precisó que el ingreso base de liquidación para las
pensiones reconocidas al amparo del Decreto 546 de 1971 corresponde al
30
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la
escala de remuneración correspondiente a dichos cargos y se dictan otras disposiciones”.
31
Expediente radicación 25000 23 25 000 2006 07509 01.
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del régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993 en los
artículos 21 y 36 inciso 3, se trata de una regla que no aplica para las
sentencias ejecutoriadas, como la del presente asunto, pues los efectos
retrospectivos solo operan para los casos que estuvieran en curso en sede
administrativa o judicial.
Acorde con lo explicado, dicha regla no afectó situaciones consolidadas, lo
que conlleva a que deban conservarse los reconocimientos pensionales en
los eventos donde ya exista cosa juzgada.
De otro lado, se observa que dentro de las pretensiones de la demanda se
solicitó que se declarara “(…) que al demandado, no le asiste derecho a la
reliquidación pensional con la asignación básica mensual más elevada
dentro del año de servicios y sin aplicación de topes, decretada bajo los
parámetros de la decisión judicial atacada y sin aplicación de topes”.
(subrayas ajenas).
En relación con los topes pensionales, esta Corporación a partir del acto
legislativo 01 de 2005, ha destacado que “(…) la aplicación de los topes
pensionales es producto de un mandato constitucional imperativo que
aplica, sin excepción, a todos los regímenes pensionales existentes en
Colombia, resaltando que a través de dicha medida se busca garantizar el
derecho fundamental de la seguridad social de todas las personas, bajo
criterios de oportunidad, igualdad, equidad, eficiencia y sostenibilidad
fiscal”32.
En el caso concreto, en la contestación de la demanda el señor Rafael
Humberto Pinzón Molano explicó que “(…) la U.G.P.P. se concientizó y
resolvió realizar una nueva reliquidación manual de la pensión,
reliquidando ésta a partir del 1 de enero de 2003, sin topes y a partir del
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 30 de noviembre de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2017 01538 00.
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1 de julio de 2013, con tope a 25 S.M.L.M. 33” y adicionalmente, en el
expediente obra certificación expedida el 1 de noviembre de 2017 por el
Consorcio FOPEP en la que hizo constar34:
“[…] Que una vez verificada nuestra Base de Datos el (la) señor (a)
PINZÓN MOLANO RAFAEL HUMBERTO con CC (…)
Recibe mesadas pensionales, así:
Concepto Valor
JUBILACION NAL $18.442.926 […]”.
Por consiguiente, frente a este reparo, se tiene que, la mesada pensional
reconocida al demandado ya se ajustó con los topes pensionales fijados en
el Acto Legislativo 01 de 200535.
Por las razones anotadas, la Sala Especial de Decisión declarará infundada
la presente acción especial de revisión.
4. Costas
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispuso en el artículo 188 que, “(…) Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
el Código de Procedimiento Civil (…)”.
A su turno el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
33
Folios 52 a 77 cuaderno principal.
34
Folio 78 cuaderno principal.
35
“Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”. Artículo 1. Parágrafo
Primero. “A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de
naturaleza pública".
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En este asunto, pese a que la presente acción especial de revisión será
resuelta de manera desfavorable a quien la propuso, no se condenará en
costas en la modalidad de gastos del proceso, porque no se acreditó su
causación.
En lo que tiene que ver con las agencias en derecho, está acreditado que
el señor Rafael Humberto Pinzón Molano compareció a este proceso en
nombre propio y en calidad de abogado a ejercer su defensa; por lo tanto,
se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del 5 de agosto de
201636 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá
a su favor por este concepto la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente.
En mérito de lo expuesto, la Sala Dieciocho Especial de Decisión de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundada la presente acción especial de revisión,
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, contra la
sentencia del 5 de septiembre de 2012 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.
SEGUNDO: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, pagar por
concepto de agencias en derecho en favor de la parte demandada, la suma
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado
en la parte motiva de esta providencia.
36
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Demandante: UGPP
TERCERO: Devolver el expediente ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado nro. 18001 23 31 000 2004 00299
01, allegado en calidad de préstamo al despacho de origen, esto es, al
Tribunal Administrativo del Caquetá.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Sala Especial
Consejero de Estado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara y salva parcialmente voto
MILTON CHAVES GARCÍA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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