Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-02204-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-02204-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2016-02204-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 24
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2016-02204-00
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandado : Gerardo Guevara Obando
Trámite : Causales previstas en las letras a y b del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
Tema : Compatibilidad pensional; reliquidación pensión de
jubilación conforme a la Ley 33 de 1985
Decisión : Sentencia de única instancia – Declara infundado el
Recurso extraordinario de revisión
Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia de 21 de octubre de 2013
proferida por el Consejo de Estado (subsección B de la sección segunda), mediante
la cual confirmó y adicionó el fallo de 27 de enero de 2011 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción (ff. 67 a 91 c. 1 del expediente ordinario). El señor Gerardo Guevara
Obando, a través de apoderada, concurrió ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho conforme
al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra la liquidada Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal), con el propósito de obtener la anulación
parcial de las Resoluciones 8747 de 25 de febrero de 2005 y 2119 de 25 de abril
siguiente, por medio de las cuales esa entidad le reconoció «pensión mensual vitalicia
por vejez», pero lo excluyó «[…] de la nómina de la pensión “de gracia” [y dispuso] la devolución
de los valores pagados por este concepto […]».
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se ordenara a la desaparecida Cajanal (i) «Seguir pag[ándole], en las mismas
condiciones en que fue inicialmente concedida, la pensión de jubilación (de gracia), reconocida
mediante Resolución No. 9592 de septiembre 5 de 1995, por ser compatible con la Pensión Ordinaria
de jubilación otorgada […] a través de la Resolución No. 8747 del 25 de febrero de 2005 […]»; (ii)
reajustar esta última prestación «[…] teniendo en cuenta la totalidad de los factores
devengados entre el 1º de abril de 1994 […] y el 1º de diciembre de 1999 (fecha en que […] cumplió
cincuenta y cinco (55) años de edad)»; (iii) cancelar las diferencias en las mesadas
pensionales a que hubiera lugar, debidamente indexadas; y (iv) sufragar intereses
moratorios sobre las sumas adeudadas, de conformidad con el artículo 111 de la
Ley 510 de 1999 o, en su defecto, en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de
1993. Por último, que se condenara en costas a la accionada.
1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte actora. Relató el señor
Gerardo Guevara Obando que nació el 1 de diciembre de 1944 y, por medio de
Decreto 190 de 1972, fue nombrado en el empleo de supervisor de educación media
por el entonces Distrito Especial de Bogotá.
Que «Por virtud de la excepción constitucional para poder mantener más de una relación de trabajo,
prevista para los maestros, […] se vinculó a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, como
Profesor de Tiempo Completo, según nombramiento hecho mediante Resolución No. 01690 del 24
de octubre de 1978», empleo que mantuvo hasta el 16 de enero de 2005; esto es, prestó
sus servicios para dicha institución de educación superior por más de 26 años , «[…]
que le dan derecho a la pensión ordinaria de jubilación a cargo de CAJANAL».
Dice que, con Resolución 307 de 9 de febrero de 1996, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció pensión de jubilación «[…] “por los
servicios prestados como docente NACIONALIZADO por más de veinte años”, al servicio del Distrito
Especial de Bogotá (hoy Distrito Capital)».
Que la extinguida Cajanal, por intermedio de Resoluciones 9592 de 5 de septiembre
de 1995, le concedió pensión gracia al acreditar más de 20 años laborados y 50 de
edad en la educación oficial en Bogotá; y 25446 de 1º de noviembre de 2001 y 692
de 17 de febrero de 2003, le negó la pensión de jubilación por el trabajo desarrollado
en la Universidad Pedagógica Nacional, comoquiera que ya disfrutaba de aquella
prestación (pensión gracia).
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Aduce que, mediante Resolución 8747 de 25 de febrero de 2005, la liquidada
Cajanal le otorgó pensión de jubilación, a partir del 17 de enero de 2005, empero,
la recurrió por cuanto (i) «[…] nunca hizo la petición de reconocimiento de este derecho, como
[allí] se afirma […]»; (ii) «[…] ordenó cambiar la pensión de jubilación (de gracia) por la pensión
ordinaria de jubilación, por ser supuestamente más favorable […] y sin que existiera incompatibilidad
entre las dos»; (iii) dispuso la devolución de los dineros pagados por concepto de
pensión gracia; y (iv) «[…] para determinar el valor de la primera mesada, […] [n]o incluyó la
totalidad de los factores salariales devengados durante el período comprendido entre el 1º de abril
de 1994 y el 1º de diciembre de 1999». Este acto administrativo fue confirmado a través
de Resolución 2119 de 25 de abril de 2005.
1.3 Contestación de la demanda (ff. 97 a 99 c. 1 del expediente ordinario). La
extinguida Cajanal, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda; se refirió a los hechos, en el sentido de que debían
probarse. Precisó que, en efecto, le concedió al accionante «pensión mensual vitalicia
por vejez, mediante Resolución No. 0747 [sic] del 27 de febrero del 2005, […] por ser esta más
favorable […], por cuanto la pensión de jubilación gracia reconocida inicialmente mediante la
Resolución No. 9592 del 05 de septiembre [de] 1995, no puede ser percibida conjuntamente»,
conforme a los artículos 128 de la Carta Política y 19 de la Ley 4ª de 1992.
Por otra parte, sostuvo que no era dable reajustar la mentada pensión de jubilación
ordinaria, «[…] por cuanto el actor adquirió el derecho […] en vigencia de la Ley 100 de 1993, por
lo cual se le debe aplicar en su parte pertinente, con excepción de la edad, el tiempo y el 75% del
ingreso mensual tal como lo dispuso el artículo 36 de la misma norma y la liquidación se efectuó con
el 75% del promedio de 10 años».
II. PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado (subsección B de la sección segunda), en sentencia de 21 de
octubre de 2013 (ff. 165 a 176 vuelto c. ppal.), confirmó y adicionó el fallo de 27 de
enero de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la
sección segunda) [ff. 155 a 164 c. ppal.], que accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda, así:
«Dicha disposición [numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989] es el soporte legal
para que un trabajador goce tanto de la pensión de jubilación como de la pensión
gracia simultáneamente, beneficio que se causa en razón a que las dos prestaciones
tienen regímenes diferentes y por ende, su reconocimiento no se contrapone al
mandato constitucional referido a la prohibición de percibir dos asignaciones del
tesoro público.
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Lo anterior implica que el régimen pensional de los docentes en este aspecto
reconoce que no hay prohibición para percibir pensión ordinaria juntamente con la
pensión gracia, como le acontece a los demás servidores públicos en virtud del
mandato consagrado en el Decreto 3135 de 1968, es decir, no existe fundamento
legal que permita concluir que exista incompatibilidad entre estas dos prestaciones.
Expuesto lo anterior, concluye la Sala que no hay duda sobre la compatibilidad entre
la pensión gracia y la pensión vejez. En consecuencia a continuación se analizará si
fue acertada la decisión de revocar el beneficio pensional gracia, para reconocer la
pensión de vejez y dar la orden de devolución de los dineros que el demandante
percibió por concepto de la mesada de la pensión gracia.
[…]
Ahora bien, teniendo claro que el reconocimiento pensional de gracia se realizó dado
el cumplimiento de los requisitos legales dispuestos para el efecto y que dicho
reconocimiento pensional es compatible con la pensión de vejez, debe anotar la Sala
que la pensión gracia no podía suspenderse al actor como lo hizo la entidad en el
acto administrativo acusado.
Por lo anterior, se confirmará la decisión del A quo en cuanto declaró la nulidad parcial
del acto acusado, y dispuso que se continué pagando la pensión gracia en las
condiciones en que fue reconocida y estableció que no había lugar a efectuar
descuento alguno por mesadas pensionales recibidas.
De otra parte, y antes de abordar el estudio de la procedencia de la reliquidación del
monto pensional de vejez reconocido mediante la Resolución No. 8747 de 2005, es
pertinente realizar las siguientes precisiones respecto a este reconocimiento
pensional:
Se evidencia por la Sala que el actor manifestó que recibe una pensión mensual de
jubilación, la cual fue reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio mediante la Resolución No. 00307 de 9 de febrero de 1996, por los
servicios prestados como docente nacionalizado por más de 20 años en el Distrito
Capital de Bogotá […].
En efecto, se produjo aquí la situación poco frecuente pero valida, según la cual le
era permitido al docente por disposiciones especiales que regulan a los servidores
vinculados al magisterio, el percibir la pensión gracia, la pensión de jubilación y el
salario resultante de su vinculación laboral como docente de la Universidad
Pedagógica Nacional hasta el 16 de enero de 2005, fecha en que el ente universitario
lo desvinculó del servicio.
Esa vinculación laboral como docente vinculado al ente universitario le permitió al
señor Guevara Obando seguir afiliado y cotizando a CAJANAL, para obtener el
reconocimiento pensional por parte de la entidad demandada, como efectivamente se
obtuvo.
En este punto, la Sala encuentra que son compatibles la pensión de vejez obtenida
en CAJANAL con la pensión gracia de jubilación reconocida por la misma entidad.
Por la misma razón, la pensión gracia y la pensión de jubilación son igualmente
compatibles.
[…]
Se tiene, en consecuencia en el presente caso, la situación excepcional y poco
frecuente pero valida –se insiste- de un docente que por su vinculación al Distrito en
calidad de nacionalizado (entre 1972 y 1999) tuvo derecho, por una parte a la pensión
gracia, que le reconoció CAJANAL mediante la Resolución 9592 de 1995, y por esa
misma vinculación, también a la pensión ordinaria de jubilación que le reconoció el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante Resolución 307 de
1996.
Adicionalmente, por haber laborado y cotizado a CAJANAL como docente
universitario entre los años 1978 y 2005, tuvo derecho a que CAJANAL le reconociera
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
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María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
la pensión de vejez, en vigencia de la Ley 100 de 1993, mediante la Resolución 8747
de 2005.
Debe advertirse, por último que aquí no cabe el debate sobre la prohibición
constitucional de percibir más de una asignación del tesoro, pues la ley hace
compatibles, expresamente, la pensión gracia con la de jubilación o la de vejez. Y en
cuanto a la posibilidad de reclamar pensión de vejez por cotizaciones al sistema
general y pensión jubilatoria de un régimen exceptuado como el del Magisterio, la
propia legislación (Ley 100 de 1993, artículo 279) y la jurisprudencia la admiten al
considerar que la pensión de vejez no proviene del “tesoro” sino de los aportes
pensionales que tienen naturaleza parafiscal.
[…]
No obstante lo anterior, la Sala al evidenciar que en el acto acusado la pensión de
vejez fue liquidada en forma incorrecta, pues tomó para determinar el ingreso base el
75% del promedio de lo devengado en los diez últimos años de servicio, se ordenará
a la CAJA revisar el monto del ingreso base de liquidación pensional teniendo en
cuenta el régimen aplicable para el caso, incluyendo en la base la totalidad de los
factores devengados por el servidor durante el último año de servicios y de ser esta
más favorable al señor Guevara Obando modificar el ingreso base de liquidación
pensional dispuesto en el acto acusado, ello en aras de no desmejorar el monto
pensional que ya recibe el pensionado por vejez (sic para toda la cita)».
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La UGPP, por intermedio de apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión
(ff. 240 a 254 y 282 a 3051 c. ppal.), el 27 de julio de 2016 (f. 1 c. ppal.), contra la
anterior providencia, con fundamento en las causales previstas en las letras a y b
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , en su
orden, al estimar, respecto de la primera, que la reliquidación de la pensión de
jubilación, concedida a través de Resolución 8747 de 25 de febrero de 2005, no «[…]
corresponde, pues lo correcto es que se tuvieran en cuentas [sic] las disposiciones contenidas en el
artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación […]», además de que se incurrió en una «Doble
asignación del Erario […]», en la medida en que en la providencia objeto de revisión se
afirma que no existe incompatibilidad entre las pensiones gracia y de jubilación
«reconocidas por ei [sic] mismo fondo», ni entre esta última y la de jubilación otorgada por
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2.
Frente a la segunda causal, asevera que «[…] la cuantía del derecho reconocido excede lo
debido […], al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez en contravía de lo
1 Escrito de subsanación.
2 Cabe anotar que varios apartes del escrito de subsanación del recurso extraordinario presentado por la UGPP
son ininteligibles y, en esa medida, fue necesario consultar el contexto de este y del escrito primigenio para
dilucidar los argumentos allí expuestos.
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993», dado que, al calcularla conforme a lo
ordenado, «[…] teniendo en cuenta la expectativa de vida […]» del beneficiario, «[…] se observa
que el valor pagado en exceso indexado es de: $34.411.370».
En consecuencia, pide (i) revocar las sentencias de 21 de octubre de 2013 de esta
Corporación (subsección B de la sección segunda) y de 27 de enero de 2011 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda); (ii)
declarar que al señor Gerardo Guevara Obando no le asiste derecho a acceder a
las pensiones gracia y de jubilación por parte de la UGPP, «[…] por encontrarse en un
caso de incompatibilidad manifiesta, al encontrarse pensionado por el FONDO NACIOANL [sic] DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO»; (iii) declarar que «[…] existió falta de
legitimación en la causa […], pues CAJANAL no era la […] llamada a satisfacer las pretensiones de
la demanda, habida cuenta de no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se
recaudan para el sistema de Seguridad Social en Salud»; (iv) anular la Resolución RDP
32331 de 24 de octubre de 2014, por la cual dio cumplimento al fallo objeto de
revisión; y (v) ordenar al demandado reintegrar los valores cancelados en exceso,
debidamente indexados.
IV. TRÁMITE PROCESAL
4.1 Admisión del recurso. Mediante auto de 3 de diciembre de 2018 (f. 310 c.
ppal.), se admitió el recurso y se ordenó la notificación a los señores Gerardo
Guevara Obando y procurador delegado ante esta Corporación, oportunidad
aprovechada por estos.
El señor Gerardo Guevara Obando (ff. 330 a 363 c. ppal.), por conducto de
apoderado, pide despachar desfavorablemente las súplicas de la UGPP, puesto que
(i) no se configura ninguna de las causales consagradas en los artículos 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y 20 de la Ley 797 de 2003, ni mucho menos hay argumentos que las
soporten; (ii) la pensión gracia que se le reconoció con Resolución 9592 de 5 de
septiembre de 1995, «jamás» fue demandada por la UGPP, como tampoco los actos
administrativos por los cuales el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le concedió pensión de jubilación; (iii) en este trámite «[…] no hay
posibilidades procesales de pedir el “reintegro” de dineros por mesadas pensionales reconocidas
con respaldo legal y constitucional percibidos de buena fe», cuanto más si «[…] no se ha ejercido
la Acción procedente, para dejar su vigencia o efectos jurídicos los Actos Administrativos que
reconocen y ordenan el pago de las prestaciones»; y (iv) carece de competencia para
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
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Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
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interponer este recurso extraordinario, dado que «[…] no hace parte del Gobierno Nacional
y no representa a ninguna de las otras autoridades enumeradas […]» en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 (Contralor General de la República o Procurador General de la Nación),
amén de que aunque el Decreto 575 de 2013 «[…] le otorga facultades para establecer las
políticas para la revisión de las prestaciones reconocidas, […] no le otorga competencia para
instaurar acciones como la que ahora nos ocupa».
Que fue afiliado obligatorio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en su condición de supervisor de educación media de Bogotá, y de la
liquidada Cajanal, «al tratarse de la única caja de previsión que […] cubría los riesgos de
invalidez, vejez y muerte a favor de los servidores públicos, […] como empleado público, Docente
de Planta de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, en cuya condición no podía afiliarse ni
efectuar aportes al […]» aludido Fondo.
Sostiene que, cotizó a cada una de las anteriores entidades, por lo que le
reconocieron las pensiones de jubilación a que tenía derecho al colmar los
respectivos requisitos, prestaciones diferentes y compatibles con la pensión gracia,
conforme lo establecen el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 91 de 1989.
El señor procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado (ff. 322 a 329
vuelto c. ppal.), quien funge como representante del Ministerio Público dentro del
presente proceso, es del criterio que se debe declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión, comoquiera que, en primer lugar, no reúne los
requerimientos para su estudio y decisión, «[…] porque no se tipifica […] alguna de las
causales previstas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ni en las del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 y […] el artículo 252 del mismo estatuto, [que exigen] “la indicación precisa y razonada de
la causal invocada”, lo cual brilla por su ausencia»; además, «[…] los fallos atacados fueron producto
de lo contenido en el expediente, sin obrar oposición real a ellos, pues de manera alguna se tacharon
los documentos de falsos o de adolecer de defectos de cualquier naturaleza para el cumplimiento de
los requisitos para obtener las pensiones en conflicto […]».
Concluye que, la vinculación del señor Guevara Obando de 1972 a 1999, «[…]
constituyó el presupuesto fáctico tanto de la pensión gracia, la cual, si bien se identifica con esa
denominación, no corresponde […] a esa clase de prestaciones sociales en cuanto no es
indispensable cotizar para ser derechohabiente de ella, como de la ordinaria pensión de jubilación
reconocida por el cumplimiento de los servicios oficiales educativos y, ahí sí, el cabal cumplimiento
del deber de cotización», al paso que la prestación concedida «[…] por servicios docentes
universitarios prestados en el lapso de 1978 a 2005, […] surge de los aportes pensionales pagados
para atender las contingencias específicas de dicha actividad, sin que para nada incumban las
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circunstancias del servicio docente prestado como Nacionalizado en el Distrito Capital».
4.2 Período probatorio. A través de proveído de 16 de septiembre de 2019 (ff. 385
y 385 vuelto c. ppal.), se tuvieron como pruebas los documentos allegados por la
UGPP.
V. CONSIDERACIONES
5.1 Término para su interposición. Antes de decidir si en el asunto se configuran
las causales de revisión invocadas, resulta necesario precisar el régimen jurídico
aplicable, toda vez que, el recurso extraordinario de revisión fue presentado el 27
de julio de 2016 (f. 1 c. ppal.), contra la sentencia de segunda instancia proferida el
21 de octubre de 2013 (ff. 165 a 176 c. ppal.), ejecutoriada el 11 de agosto de 2014
(f. 567 c. 1 del expediente ordinario).
Conforme al artículo 251 del CPACA, «En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».
En este orden de ideas, comoquiera que la providencia objeto del presente recurso
extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el 11 de agosto de 2014 (f. 567 c. 1
del expediente ordinario), el término de 5 años para presentarlo vencía el 15 de
agosto de 2019, y como este recurso extraordinario se presentó el 27 de julio de
2016 (f. 1 c. ppal.), el régimen jurídico aplicable es el contenido en el CPACA, en
armonía con el artículo 20 (inciso 3°) de la Ley 797 de 2003, según el cual «La revisión
se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código […]».
5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para conocer
del recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, este dispone que «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias […]» (inciso 1°)3.
3 Los apartes «en cualquier tiempo» fueron declarados inexequibles, a través de sentencia C-835 de 2003 de
la Corte Constitucional.
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Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Por su parte, el artículo 249 del CPACA preceptúa:
«De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión[ 4].
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de
Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos».
De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra un fallo proferido por una sección o
subsección del Consejo de Estado, corresponde a la sala plena de lo contencioso-
administrativo de la Corporación.
Ahora bien, el artículo 107 (inciso 4º) del CPACA ordenó «Cr[ear] en el Consejo de Estado
las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir
los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende,
salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman,
con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso», cuya «[…] integración y
funcionamiento […] se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno»
(inciso 5º).
En cumplimiento de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado expidió el
Acuerdo 321 de 2 de diciembre de 2014, «Por medio del cual se reglamenta la integración
y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de
2011», y en el actual reglamento interno del Consejo de Estado (adoptado por
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019), en lo pertinente, previó:
«ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de
Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un
(1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
La designación de un nuevo magistrado no modificará la integración de las Salas
Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar parte de la Sala a que
pertenecía quien se retiró.
La conformación o modificación de la integración de cada una de estas Salas será
publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
4 Elaparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa
publicación en el sitio web del Consejo de Estado.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas Especiales de
Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras
Secciones, en orden alfabético por apellido».
De igual forma, en el artículo 29 del mentado Acuerdo 80 de 2019, la sala plena de
esta Colegiatura le asignó competencia a las salas especiales de decisión para
decidir «Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado» (numeral 1).
Analizado el asunto sometido a consideración, a partir de las disposiciones
anotadas, se observa que el fallo objeto del recurso extraordinario de revisión fue
dictado, en segunda instancia, por el Consejo de Estado (subsección B de la sección
segunda), el 21 de octubre de 2013.
Dichos presupuestos permiten concluir que esta sala especial de decisión es
competente para conocer del presente recurso, por cuanto se cuestiona una
providencia dictada por una subsección del Consejo de Estado.
Así las cosas, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP contra la sentencia de 21 de octubre de 2013 proferida por
el Consejo de Estado (subsección B de la sección segunda), mediante la cual
confirmó y adicionó la de 27 de enero de 2011 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda.
5.3 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión. Sea lo primero
decir que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», prescribe:
«Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables[ 5]».
El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, es un medio de impugnación sui generis, por su creación y al prever la revisión
del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública, por causales definidas en forma precisa, lo cual, implica que las
facultades del juez que lo conoce se reducen al estudio de los planteamientos
aducidos por el recurrente, que deben estar dirigidos a configurar la causal alegada
como sustento de la pretensión bajo examen.
5.4 Término para su interposición. Conforme al artículo 251 del CPACA, «En los
casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional
o conciliatorio».
En este orden de ideas, comoquiera que la providencia objeto del presente recurso
extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el 11 de agosto de 2014 (f. 567 c. 1
del expediente ordinario), el término de 5 años para presentarlo vencía los mismos
día y mes de 2019, y en esa medida, como en el sub lite ello ocurrió el 27 de julio
de 2016 (f. 1 c. ppal.), se tendrá como oportunamente interpuesto.
5.5 Legitimación. El demandado dentro del trámite si bien no planteó de manera
expresa alguna excepción previa que enerve esta acción, advirtió que la UGPP
carecía de competencia para promover el recurso objeto de estudio, por cuanto no
es una de las entidades o autoridades autorizadas para tal fin por el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003; argumentación que amerita examinar la legitimación en la causa
por activa en este caso.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso extraordinario de
5 Las frases tachadas fueron declaradas inexequibles, a través de sentencia C-835 de 23 de septiembre de
2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
revisión podrá ser promovido por el Gobierno nacional, por intermedio de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, el
Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación.
Asimismo, a través del artículo 6 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 , «Por el
cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias», el presidente de la República le asignó a tal entidad, entre otras
funciones, la de «Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen» (numeral 6)6.
En este orden de ideas, comoquiera que en el asunto sub judice la UGPP cuestiona
una providencia judicial que impuso el reajuste y pago de unas pensiones de
jubilación y gracia a cargo del Estado, en su orden, que considera incurre en las
causales previstas en las letras a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se tiene
que está legitimada para interponer el recurso extraordinario de revisión de que trata
esta última norma, motivo por el cual carece de asidero jurídico la afirmación del
demandado sobre tal aspecto.
5.6 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si la
sentencia de 21 de octubre de 2013 proferida por el Consejo de Estado (subsección
B de la sección segunda), mediante la cual confirmó y adicionó el fallo de 27 de
enero de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la
sección segunda), se encuentra inmersa en los supuestos fácticos previstos en las
letras a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como causales de revisión
invocadas por la UGPP y, en consecuencia, si al señor Gerardo Guevara Obando
le asiste el derecho (i) al pago de las pensiones gracia y de jubilación a cargo de la
UGPP junto con la de jubilación docente por parte del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; y (ii) en su condición de beneficiario del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a la
reliquidación de su pensión de jubilación (la reconocida por Cajanal) con la inclusión
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, o al
contrario, debe ser reajustada conforme a las reglas previstas en los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993.
6 Facultad que, con anterioridad y la misma redacción, ya se le había delegado por medio del numeral 6 del
artículo 6 del Decreto 5021 de 2009, «Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– y
las funciones de sus dependencias».
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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5.7 Caso concreto. En el presente caso, la UGPP invocó las causales contenidas
en las letras a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es , «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables», en su orden, al estimar que (i) se incurrió en una «Doble
asignación del Erario […]», dado que, en la providencia objeto de revisión se asegura
que no existe incompatibilidad entre las pensiones gracia y de jubilación «reconocidas
por ei [sic] mismo fondo», ni entre estas y la de jubilación otorgada por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) la reliquidación de la pensión concedida
a través de Resolución 8747 de 25 de febrero de 2005, no «[…] corresponde, pues lo
correcto es que se tuvieran en cuentas [sic] las disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la
Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar
la prestación […]»; y (iii) «[…] la cuantía del derecho reconocido excede lo debido […]»,
comoquiera que al calcular la pensión de jubilación conforme a lo ordenado en el
fallo cuestionado, «[…] teniendo en cuenta la expectativa de vida […]» del beneficiario, «[…]
se observa que el valor pagado en exceso indexado es de: $34.411.370».
Sobre la primera de las causales invocadas, la sala plena de esta Colegiatura 7 ha
precisado que «[…] es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre
el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una
actuación administrativa o judicial», la cual comprende tres grandes elementos: «i) El
derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento […]; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
En el asunto sub judice, observa la Sala que la UGPP no cuestiona, en últimas, que
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-
2005-05796-01 incoada por el señor Gerardo Guevara Obando contra la entonces
Cajanal, se hayan vulnerado las formas propias de ese tipo de proceso, se hubieran
desconocido los derechos de defensa y contradicción o se pretermitieran las etapas
del juicio, sino que cuestiona la manera como el ad quem ordenó reajustar la
pensión de jubilación a favor del allí accionante y el presunto yerro al avalar esta
prestación y la pensión gracia (cuyo pago también dispuso reanudar), pese a que
7 Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sala especial de decisión 22, C. P. Alberto
Yepes Barreiro, providencia de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV),
actora: UGPP, demandada: Julia Inés Sánchez de Salgado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
este ya contaba con otra de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, pues considera que son incompatibles entre sí, lo que, en
esencia, constituye un reproche respecto de un eventual pago que, conforme a la
ley, no es dable conceder. Por lo anterior, lo adecuado es estudiar ese reparo de
acuerdo con la causal b de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 20038.
En lo concerniente a esta causal de revisión, se destaca que esta constituye una
herramienta concebida por el legislador con el objetivo de conjurar las graves
afectaciones al erario y fortalecer el principio de moralidad que rige las actuaciones
administrativas, como consecuencia de los desafortunados actos de corrupción
evidenciados en el sistema pensional, que permite al Gobierno nacional promover
la revisión de decisiones judiciales, conciliaciones o transacciones que pudieran
haber reconocido pensiones irregularmente o por valores que no corresponden a la
ley y, de haber lugar a ello, la posibilidad de revocarlas, por esas precisas causales,
como una excepción al principio de la cosa juzgada9.
Esto tiene su razón de ser en la innegable necesidad de proteger los recursos
destinados a la seguridad social10, cuyos destinatarios principales son las personas
más vulnerables, quienes podrían verse seriamente afectadas en caso de que
aquellos se vean menguados al ser pagados a quienes no tienen ese derecho o
que, pese a tenerlo, se les haya concedido más allá de lo que correspondía.
8 Ibidem: «Y si bien la demandante manifiesta que la pensión de la señora […] fue expedida con violación del
derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que los argumentos se dirigen, básicamente, a cuestionar
el porcentaje del IBL reconocido mediante la sentencia, así como los factores tenidos en cuenta al momento de
liquidar la prestación discutida, sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de los núcleos
fundamentales que componen este derecho.
En consonancia con lo anterior, para la Sala el cuestionamiento de la actora se enmarca en la causal de revisión
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que refiere a la cuantía de la pensión reconocida
en exceso, pues ninguno de los argumentos presentados ni las pruebas aportadas se encaminan a demostrar
la vulneración atribuida a la sentencia objeto de revisión y, por esa razón, se desechará el cargo por violación
al debido proceso y se analizará el cargo por exceso en la cuantía de la prestación reconocida».
9 Exposición de motivos de la Ley 797 de 2003: «EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO.
A continuación se procede a explicar los artículos del proyecto de ley en los que se contempla el sistema
nacional de protección y seguridad social, así como algunos nuevos proyectos y programas y se proponen
modificaciones al Sistema General de Pensiones y a los regímenes especiales y exceptuados consagrados en
la Ley 100 de 1993. El espíritu del proyecto es mejorar la solidaridad y la equidad, bajo una óptica de
responsabilidad fiscal.
[…]
ARTÍCULOS 20 Y 21. REVISIÓN Y REVOCATORIA DE PENSIONES.
Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las
transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así
mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se
permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir
la Nación» (https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm).
10 Como manifestación de los principios de prevalencia del interés general y universalidad consagrados en los
artículos 1º de la Carta Política y 2 (letra b) de la Ley 100 de 1993.
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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contra Gerardo Guevara Obando
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Ahora bien, con el propósito de desatar el recurso, lo primero que ha de recordarse
es que las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por
el señor Gerardo Guevara Obando estaban orientadas a que se ordenara a la
extinguida Cajanal (i) reanudar el pago de la pensión gracia (otorgada con
Resolución 9592 de 5 de septiembre de 1995), la cual se «excluyó de nómina de
pensionados» por cuenta de la Resolución 8747 de 25 de febrero de 2005, cuando
esa entidad, al reconocerle la pensión de jubilación por los servicios prestados para
la Universidad Pedagógica Nacional, solo autorizó pagar esta última por ser más
favorable que aquella y ser incompatibles; y (ii) reliquidar la citada pensión de
jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados entre el 1º de
abril de 1994 (entrada en vigor de la Ley 100 de 1993) y el 1º de diciembre de 1999
(al cumplir 55 años de edad), y no sobre los 10 últimos años de servicios, como lo
realizó la demandada.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección A de la sección segunda) accedió parcialmente a lo reclamado y, en
consecuencia, ordenó a la accionada continuar «pagando la pensión gracia en las mismas
condiciones en que fue reconocida y no se de cumplimiento a la orden de descontar las mesadas
pensiónales canceladas por dicho concepto» (sic). Por otra parte, aunque concluyó que al
actor le asistía el derecho a que la aludida pensión de jubilación se le calculara
conforme a la Ley 33 de 1985, con la totalidad de factores salariales devengados
durante el último año de servicios, como este pidió el reajuste según el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, negó tal pretensión.
Esa decisión fue confirmada de manera parcial por el Consejo de Estado
(subsección B de la sección segunda), al reiterar que «el reconocimiento pensional de
gracia se realizó dado el cumplimiento de los requisitos legales dispuestos para el efecto y que dicho
reconocimiento pensional es compatible con la pensión de vejez, [por lo] que la pensión gracia no
podía suspenderse al actor como lo hizo la entidad en el acto administrativo acusado». Asimismo,
la adicionó para ordenar a Cajanal calcular la pensión de jubilación que le concedió
al accionante, «incluyendo en la base la totalidad de los factores devengados por el servidor
durante el último año de servicios», conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, que le eran
aplicables, y de ser más favorable que el cómputo realizado en el acto de
reconocimiento, reajustarla.
En tal sentido, la UGPP considera que en el fallo acusado se erró al afirmar que al
allí demandante le asistía derecho a las pensiones gracia y de jubilación por parte
15
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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de la liquidada Cajanal, «[…] por encontrarse en un caso de incompatibilidad manifiesta, al
encontrarse pensionado por el FONDO NACIOANL [sic] DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO»; así como al ordenar el reajuste de la pensión de jubilación «en contravía
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993» (f. 300).
Para dilucidar si los mencionados argumentos tienen vocación de prosperidad, se
abordarán por separado, por concernir a asuntos disímiles entre sí.
5.7.1 Sobre la doble asignación del erario. Al respecto, la Sala observa que, la
UGPP insiste en la incompatibilidad de la pensión de jubilación reconocida por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con aquellas otorgadas
por la entonces Cajanal (gracia y de jubilación).
De la revisión integral de ese expediente, se encuentra que, aunque el señor
Guevara Obando informó en el escrito de demanda que el referido Fondo le había
concedido una pensión de jubilación por su labor en el sector educativo oficial, la
acción judicial se circunscribió al análisis sobre la compatibilidad de las pensiones
gracia y de jubilación a cargo de Cajanal y las razones que dieron lugar a la
suspensión de la primera por la concesión de la segunda, y así lo entendieron las
Corporaciones de primera y segunda instancias al decidir la controversia.
Ahora, el hecho de que el Consejo de Estado (subsección B de la sección segunda)
se haya pronunciado sobre la prestación reconocida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales de Magisterio, en el sentido de que «[…] era plenamente
compatible con la pensión gracia, reconocida un año atrás por CAJANAL», y con la de jubilación
también asignada por esta entidad por los servicios prestados en la Universidad
Pedagógica Nacional, no significa que fuera el fundamento de la decisión, pues, se
trató de un obiter dicta que surgió al evidenciar «la situación excepcional y poco frecuente
pero v[á]lida –se insiste- de un docente que por su vinculación al Distrito en calidad de nacionalizado
[…] tuvo derecho, por una parte a la pensión gracia, que le reconoció CAJANAL […], y por esa misma
vinculación, también a la pensión ordinaria de jubilación que le reconoció el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», y, «Adicionalmente, por haber laborado y cotizado […] como
docente universitario […], tuvo derecho a que CAJANAL le reconociera la pensión de vejez», lo
cual, solo expuso una vez estudió y confirmó la determinación del a quo en cuanto
a disponer la reanudación del pago de la pensión gracia.
16
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Así las cosas, no puede la UGPP acusar que la providencia revisada dio lugar a una
doble asignación proveniente del erario, cuando en las respectivas diligencias el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, que otorgó una de las
prestaciones que se pregona incompatible (de la cual no se estableció su estado o
si aún se paga), no fue vinculado, ni mucho menos, la entonces Cajanal, como parte
demandada, incoó demanda de reconvención contra el actor, si estimaba que la
pensión de jubilación que él ya devengaba por parte de ese Fondo impedía
concederle otra nueva. Al contrario, dicha Caja, dentro del proceso, nunca hizo
alusión sobre ese asunto.
Aceptar tales razones en el recurso extraordinario que nos ocupa, sería promover,
sin lugar a dudas, el desconocimiento del principio de congruencia que, valga decir,
garantizó el Consejo de Estado (subsección B de la sección segunda), puesto que
al zanjar la mentada controversia lo hizo en «consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades […] y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley»11.
De manera que si bien el recurso extraordinario de revisión deviene como excepción
al principio de la cosa juzgada que ampara a todas las sentencias ejecutoriadas, en
tanto se instituyó por el legislador para enmendar, entre otros, los errores o ilicitudes
cometidas en su expedición, con el fin de que, a través de una nueva providencia,
se restituya el derecho de quien resultó afectado con una decisión injusta12, también
lo es que con este, que, se reitera, es extraordinario, no es dable ignorar tal principio
de congruencia, con el ánimo de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia13.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte a la recurrente que, tal como lo anotó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), las
vías idóneas para dejar sin efectos la Resolución 9592 de 5 de septiembre de 1995,
que reconoció la pensión gracia al señor Guevara Obando, es la revocación directa,
11 Artículo 305 del entonces Código de Procedimiento Civil (CPC) [hoy 281 del Código General de Proceso],
vigente para la fecha en que fue proferido el fallo objeto de revisión.
12 Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sala especial de decisión 20, consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 16 de octubre de 2018, expediente: 11001-03-15-000-
2014-01658-00 (REV).
13 Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sala especial de decisión 22, C. P. Alberto
Yepes Barreiro, fallo de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV).
17
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
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tal como lo preceptúa el artículo 97 del CPACA14 (antes, 73 del CCA15), o demandar
su propio acto 16 , trámites en los que puede alegar, como aquí lo hace, que es
contrario a la Constitución o a la ley o, incluso, previa vinculación del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, permitir al pensionado optar, de probarse
la alegada incompatibilidad, por aquella prestación que más le convenga
económicamente, tal como lo autoriza el artículo 88 del Decreto 1848 de 196917.
En este orden de ideas, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión,
en lo que atañe a la doble erogación alegada por la UGPP.
5.7.2 Sobre la reliquidación de la pensión de jubilación. En primer lugar, cabe
recordar que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin,
entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes
pensionales especiales existentes.
No obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se
encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se
previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100
de 1993.
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se
14 «Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando
un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley,
deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al
procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional».
15 «Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría,
no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo
positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios
ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para
corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión».
16 Puesto que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 164 del CPACA, la demanda podrá ser presentada en
cualquier tiempo, cuando «Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
17 «Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En
caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente».
18
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen al cual se
encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo
de servicio y «monto» se les aplicará el régimen anterior.
Con referencia al concepto monto, es necesario precisar que desde la expedición
de la Ley 100 de 1993, se plantearon variadas interpretaciones que, en los años
siguientes, dieron lugar a providencias encontradas entre las altas corporaciones
judiciales.
En un primer momento, la Corte Constitucional, en sentencia C-168 de 1995, al
estudiar la constitucionalidad de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la mencionada
norma, destacó el interés del legislador por salvaguardar las expectativas de
quienes estaban próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de jubilación, «lo que corresponde a una
plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua [sic] al artículo 25 que
ordena dar especial protección al trabajo»; además, afirmó que no contenían ninguna
disposición discriminatoria «entre las personas que quedan comprendidas por el precepto
demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior», comoquiera que la situación
de quienes están próximos a pensionarse es disímil a la de aquellos que apenas
inician su vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos
de la exigida, situación que justifica ese trato diferente.
En virtud de lo expuesto, declaró exequibles los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, a excepción del aparte final del último18, habida cuenta de que
consagró un trato inequitativo, «irrazonable e injustificado» para efectos de la liquidación
de la pensión de jubilación entre los trabajadores de los sectores privado y público,
pues mientras que para los primeros tomaba como base el promedio de lo
devengado durante los dos (2) últimos años de servicios, para los segundos se
calculaba solamente sobre lo recibido en la última anualidad.
Ahora bien, en la parte considerativa la aludida Colegiatura anotó que «Dado que en
la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se
establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de acusación, un régimen de transición que
da derecho a obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de
servicio, o semanas cotizadas estatuídas (sic) en la legislación anterior, para las personas que a la
18 «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en
vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los
dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos».
19
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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fecha de entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o más de edad si son
mujeres, y 40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de
servicios cotizados. Las demás condiciones y requisitos […] para obtener tal derecho son los
contenidos en las disposiciones de la nueva ley». Para algunos, la anterior cita constituye el
escenario primigenio por el cual la Corte Constitucional fijó lo que, en adelante, sería
su postura respecto de la regla de aplicación del IBL, conforme al cual este no hace
parte de los aspectos que conforman la transición19.
Sin embargo, del contexto de la mentada providencia, la Sala no encuentra que
haya establecido reglas específicas respecto de la interpretación del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 o sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de
liquidación20, en tanto (i) la aludida trascripción constituye un obiter dicta del que no
puede predicarse obligatoriedad alguna, precisamente porque no incide en la
decisión 21 ; y (ii) como se explicó, solo hubo pronunciamiento frente a la
diferenciación que realizaba la norma original entre trabajadores de los sectores
público y privado22.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional, en providencias tales como las
19 Por ejemplo, la Corte Constitucional, en auto 229 de 10 de mayo de 2017, M. P. José Antonio Cepeda Amarís;
los magistrados Aquiles Ignacio Arrieta Gómez, Iván Humberto Escrucería Mayolo y Alberto Rojas Ríos salvaron
su voto. También lo entendió así la sala especial de decisión 22 del Consejo de Estado, en providencia de 5 de
febrero de 2019, C. P. Alberto Yepes Barreiro, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV), con
salvamento de voto de los consejeros de Estado Milton Chaves García y Hernando Sánchez Sánchez.
20 Así lo precisó la propia Corte Constitucional, en auto 326 de 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González
Cuervo, al sostener que «[…] no existía un pronunciamiento de constitucionalidad expreso de la Sala Plena
antes de la Sentencia C-258 de 2013, sobre la interpretación del monto y el ingreso base de liquidación en el
marco del régimen de transición […] En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se
declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad
frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no
se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de
liquidación».
21 Concepto 1948 de 21 de mayo de 2009 de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, C. P.
Enrique José Arboleda Perdomo, expediente 11001-03-06-000-2009-00022-00 (1948): «La parte motiva de una
sentencia también incluye comentarios, observaciones, posiciones, recomendaciones, atinentes al asunto sobre
el que versa la decisión o a otros conexos o similares; tales expresiones constituyen los obiter dicta, que en
palabras de la Corte Constitucional, son “… aquellas afirmaciones que no se relacionan de manera directa o
necesaria con la decisión…” […]
De los obiter dicta no puede predicarse obligatoriedad alguna precisamente porque no inciden en la decisión al
punto de que si se suprimieran no se alterarían ni los fundamentos de la resolución ni ésta misma.
Del alcance y las características de los contenidos que integran la parte motiva y la parte resolutiva de una
sentencia surge la necesidad del estudio cuidadoso que permita conocer en cada caso, a partir de la decisión,
cuáles son los argumentos que por sustentarla configuran los ratione decidendi e integran con ella el contenido
de obligatoria aplicación, y cuáles son las afirmaciones o comentarios que constituyen los obiter dicta y como
tal, carecen de fuerza vinculante».
22 Así lo precisó la propia Corte Constitucional, en auto 326 de 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González
Cuervo, al sostener que «[…] no existía un pronunciamiento de constitucionalidad expreso de la Sala Plena
antes de la Sentencia C-258 de 2013, sobre la interpretación del monto y el ingreso base de liquidación en el
marco del régimen de transición […] En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se
declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad
frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no
se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de
liquidación».
20
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Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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T-47223 y T-1122 de 200024; T-23525, T-63126 y T-1000 de 200227; T-169 de 200328;
T-62529, T-65130, C-75431 y T-830 de 200432; C-17733, T-38634 y T-1160 de 200535;
T-14736, T-15837, T-62138, T-91039 y T-1087 de 200640; T-25141, T-52942 y T-711 de
200743; T-14344, T-18045 y T-248 de 200846 y T-1947 y T-610 de 200948, aseveró que
se vulneran derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen
en el que se encuentra amparado el beneficiario de la transición y cuando se
desconoce que el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad
inescindible y, por tanto, corresponde implementar la totalidad de lo establecido en
aquel y no lo consagrado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 199349.
Entretanto, las subsecciones A y B de la sección segunda del Consejo de Estado50,
en relación con el concepto monto, adoptaron el criterio según el cual este estaba
conformado por la tasa de reemplazo y el ingreso base de liquidación, de manera
que la persona beneficiaria de la referida transición tenía derecho al reconocimiento
pensional con aplicación íntegra del régimen anterior que regía su situación
jurídica51.
23 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
24 M. P. Alejandro Martínez Caballero.
25 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
26 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
27 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
28 M. P. Jaime Araujo Rentería.
29 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
30 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
32 M. P. Rodrigo Uprimny Yepes (E).
33 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa
34 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
35 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
36 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
37 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
38 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
39 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
40 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
41 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
42 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
43 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
44 M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
45 M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
46 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
47 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
48 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
49 Sobre este aspecto se refirieron las sentencias SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional y de 28 de agosto
de 2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado.
50
Valga recordar, «tribunal supremo de lo contencioso administrativo» en materia administrativa-laboral
(artículos 237 de la Constitución Política y 13 del acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la sala plena del
Consejo de Estado).
51 Ver fallos de (i) 21 de septiembre de 2000, subsección A, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente 470-9;
(ii) 30 de noviembre de 2000, subsección B, expediente 2004-2000, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; (iii)
21 de noviembre de 2002, subsección B, C. P. Tarsicio Cáceres Toro, expediente 25000-23-25-000-1998-
08045-01 (2147-01); (iv) 13 de marzo de 2003, subsección A, C. P. Ana Margarita Olaya Forero, expediente
17001-23-31-000-1999-0627-01 (4526-01); (v) 16 de febrero de 2006, subsección B, expediente 25000-23-25-
000-2001-01579-01(1579-04), C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; (vi) 29 de noviembre de 2007, subsección
A, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 25000-23-25-000-2005-06662-01 (0212-07); y (vii) 26
de julio de 2008, subsección A, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2374-07.
21
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
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Esta tesis no solo subsistió en el seno de la sección segunda del Consejo de Estado,
sino que se afianzó por su sala plena en la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 201052. En efecto, en dicha providencia se analizó una discusión relativa a la
reliquidación de la pensión de un empleado bajo el régimen especial de la Ley 33
de 1985 y cuya situación particular se enmarcaba dentro de la transición consagrada
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En ese orden, recordó que la última norma
«[…] creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor
de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley,
en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión,
se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados».
A renglón seguido, agregó que se imponía la integralidad en la aplicación del
régimen de transición de pensiones, lo que significaba que debía aplicarse el
régimen anterior a la Ley 100 de 1993, «[…] sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la pensión,
especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación y así lo solicitó
en la demanda 53 ». Además, sostuvo que los factores que se debían incluir en la
liquidación de la pensión de quienes estaban en la transición correspondían a los
contenidos en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 y que constituyeran
remuneración en estricto sentido, salvo que el legislador les diera ese carácter aun
cuando no lo tuvieran.
Hasta aquí, la posición pacífica del Consejo de Estado apuntaba a que no era
admisible la aplicación fraccionada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al
tener en cuenta su inciso tercero se incurría en violación del principio de
inescindibilidad de la ley, que prohíbe dentro de una sana hermenéutica
desmembrar las normas legales54. Esa perspectiva, entonces, se fortaleció y siguió
vigente en los años subsiguientes.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo C-258 de 7 de mayo de 2013, al
estudiar la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al
52 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 25000-23-25-000-
2006-07509-01 (112-2009), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
53 Al respecto ver la sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda de esta Corporación, Consejera ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero, Radicación
número: 17001-23-31-000-1999-0627-01(4526-01), Actor: Carlos Enrique Ruiz Restrepo, Demandado:
Universidad Nacional de Colombia.
54 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Alfonso
Vargas Rincón, fallo de 22 de agosto de 2013, expediente 47001-23-32-000-2011-00221-01 (202-13). Ver
también providencia de 10 de septiembre de 2019, sala especial de decisión 12, consejero ponente: Ramiro
Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2016-01410-00 (REV).
22
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
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régimen pensional de los congresistas, declaró inexequibles las expresiones
«durante el último año y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el primer inciso, así como «por todo
concepto», citada en el parágrafo, y concluyó, entre otros aspectos, que (a) «Como
factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos
efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se
hubieren realizado las cotizaciones respectivas»; y (b) «Las reglas sobre ingreso base de
liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en
los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso».
Ante el vacío generado por la inexequibilidad del aparte «durante el último año», la Corte
fijó el criterio que debía utilizarse respecto del IBL: «[…] (i) no permitir la aplicación
ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el
propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley
100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito
de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005,
específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan
diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione
expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará
la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo
a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas».
En suma, coligió que el beneficio derivado del régimen de transición fue la aplicación
ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados,
relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa
de reemplazo, con exclusión del ingreso base de liquidación.
Luego, con la sentencia SU-230 de 2015, la sala plena de la aludida Colegiatura
«cambió» su jurisprudencia, para lo cual aclaró que si bien las reglas del IBL
establecidas en la C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial
consagrado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, «ello no excluye la interpretación en
abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que
el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben
observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se
pertenezca». Es decir, precisó que tenía carácter vinculante la postura efectuada en
la mentada providencia C-258 de 2013 respecto del ingreso base de liquidación
pensional de las personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
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En lo sucesivo, la Corte Constitucional reafirmó su apreciación sobre el alcance de
la sentencia C-258 de 2013, al insistir en que la regla de interpretación frente al IBL
«[…] no solo constituye un precedente para la población objeto de dicho pronunciamiento, sino que
resulta un “precedente interpretativo de acatamiento obligatorio que no puede ser desconocido en
forma alguna”»55 (verbigracia, fallos SU-427 de 201656, SU-21057, SU-39558 y SU-631
de 201759 y T-39 de 201860 y auto 326 de 2014).
Paralelo a estos cambios conceptuales del máximo tribunal constitucional, el
Consejo de Estado aún acogía la tesis consistente en que la mesada pensional o
monto incluye el IBL y la tasa de reemplazo previstos en los regímenes anteriores.
Empero, la disparidad de criterios entre una y otra Corporación provocó que varias
decisiones dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa (del Consejo de
Estado, tribunales y juzgados administrativos del país) fueran dejadas sin efectos
por la Corte Constitucional, en sede de tutela, al considerar que pasaban por alto el
derrotero adoptado en los precitados fallos C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
panorama complejo que, por afectar la seguridad jurídica, exigía adoptar medidas
que conjuraran esa situación.
En virtud de lo anterior, la sala contencioso-administrativa del Consejo de Estado
profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la
que al estudiar una controversia en la que se reclamaba el reajuste de la pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, asumió una nueva posición y
coligió que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó
del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de
obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen
anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella; por ende, según
el principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al
momento de la liquidación pensional, debe determinar el ingreso base de liquidación
que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993
permite optar por el promedio de lo cotizado durante (i) el lapso que le hiciere falta
entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1º de abril de 1994) y la adquisición del
55 Fallo SU-395 de 2017, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
56 M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
57 M. P. José Antonio Cepeda Amarís (E).
58 M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
59 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
60 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) todo el tiempo, si el monto es
superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii)
los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.
Asimismo, en tal providencia se aclaró que las reglas jurisprudenciales fijadas serían
aplicables a los casos pendientes de solución tanto en sede administrativa como
judicial, al paso que «No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso
del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada» (se subraya).
Así las cosas, a partir del 28 de agosto de 2018 el Consejo de Estado modificó su
criterio pacífico y constante de casi 20 años, en cuanto a que el monto de la pensión
para los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, es el establecido en las normas previas a su entrada en vigencia, entendido
como tal no solo el porcentaje de la mesada, sino la base de este (IBL), para
acompasarlo con aquel fijado por la Corte Constitucional, en cuanto a que el
beneficio derivado de ese régimen fue la aplicación ultractiva de las reglas
prestacionales anteriores a las que tenían derecho, relacionadas con los requisitos
de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, con exclusión del
ingreso base de liquidación.
Ahora bien, aunque se echan de menos razonamientos claros, precisos y ordenados
de la UGPP para sustentar su dicho, además de que fue un argumento que solo
invocó al subsanar el escrito inicial61, la Sala estima que el reproche deviene de la
decisión del Consejo de Estado (al adicionar el fallo de primera instancia) de ordenar
revisar la pensión de jubilación reconocida por medio de Resolución 8747 de 25 de
febrero de 2005, «incluyendo en la base la totalidad de los factores devengados por el servidor
durante el último año de servicios y de ser esta más favorable […] modificar el ingreso base de
liquidación pensional […], ello en aras de no desmejorar el monto pensional que ya recibe […] », lo
que, a su juicio, contraviene la correcta interpretación del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
61 Inadmitido precisamente porque no mencionó «la causal o causales invocadas» (auto de 21 de agosto de
2018, f. 279).
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En tal sentido, se encuentra que si bien, como se vio, la posición actual del máximo
tribunal de lo contencioso-administrativo coincide con la adoptada en el 2013 por la
Corte Constitucional, lo cierto es que para el 21 de octubre de ese año, fecha en
que fue dictada la providencia acusada en sede de revisión, la tesis vigente,
imperante y pacífica era la fijada por la sección segunda del Consejo de Estado
desde inicios de siglo (2000), refrendada luego en sentencia de unificación de 4 de
agosto de 2010, fundamentada por los principios de inescindibilidad normativa y
favorabilidad laboral; el primero que impone la aplicación integral al caso concreto
del régimen que corresponda, sin que sea dable acudir a fragmentos de otro en lo
favorable (o desfavorable); el segundo, edificado en el artículo 53 de la Carta
Política, que exige reconocer la «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho».
Entonces, con base en las anteriores consideraciones, el Consejo de Estado
(subsección B de la sección segunda) dispuso reliquidar la pensión de jubilación del
señor Gerardo Guevara Obando con base en el 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, por estar
acreditado que es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en caso de resultar más favorable que el cálculo inicial.
Por lo tanto, no puede pregonarse, como lo hace la recurrente, que la providencia
censurada interpretó indebidamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, habida
cuenta que decidió conforme al criterio vigente en la jurisdicción contencioso-
administrativa.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente, y, apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto.
5.8 Condena en costas.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por lo previsto en el artículo 255 del CPACA,
modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021, se condenará en costas a la
parte vencida.
26
Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
Quiere decir que como el sub-judice, el recurso de revisión propuesto salió
desfavorable a los recurrentes, debe condenárseles en costas, incluyendo el
concepto de agencias en derecho, atendiendo el rango contemplado en el Acuerdo
No. PSAA16-1055462, de agosto 5 de 2016:
«[…]
ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […]
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.»
Por consiguiente, como el ciudadano demandado solo contestó la demanda y no
ejecutó otro tipo de actuaciones, se limitará la condena por concepto de agencias
en derecho a la suma equivalente de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de esta providencia y a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como
parte vencida en el recurso.
Finalmente, por cumplir con los requisitos exigidos en la ley, se reconocerá
personería adjetiva al abogado Jorge Iván Palacio Palacio, como apoderado de la
UGPP, de conformidad con el poder general contenido en la escritura pública 1957
de la Notaría 55 de Bogotá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo, Sala Especial de Decisión 24, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia de 21 de octubre
de 2013 proferida por el Consejo de Estado (subsección B de la sección segunda),
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-
2005-05796-01 incoada por el señor Gerardo Guevara Obando contra la entonces
Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), conforme a la parte motiva.
62 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
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Expediente: 11001-03-15-000-2016-02204-00
Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 (4355-2016)
Recurso extraordinario de revisión de la UGPP
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Gerardo Guevara Obando
María Irene Nieto Cárdenas contra la UGPP
SEGUNDO. Condenar en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Por
secretaria liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia.
TERCERO. Reconocer personería adjetiva al abogado Jorge Iván Palacio Palacio,
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.453 de Medellín y portador de la
tarjeta profesional No. 12.100 del C. S. de la J., como apoderado de la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP, de conformidad con el poder general contenido en la escritura pública
1957 de la Notaría 55 de Bogotá.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al
Tribunal de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones
que fueren menester.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM BARRERA MUÑOZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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